El Derecho A La Existencia

Presentación de EL DERECHO A LA EXISTENCIA. LA PROPUESTA DEL SUBSIDIO UNIVERSAL GARANTIZADO de Daniel Raventós

por Antoni Domènech Con el último impulso mundializador, se han enquistado por doquier inmensas bolsas de paro y de pobreza. Entre el primer mundo y el tercero, y también dentro del primero, en los pasados veinticinco años las desigualdades económicas no han hecho sino crecer. Las eufóricas esperanzas que el entero espectro de fuerzas políticas democráticas puso al final de la segunda guerra mundial en la pronta erradicación de la pobreza, en la paulatina pero radical mitigación de las desigualdades y en el progresivo desarrollo de las naciones oprimidas colonialmente parecen haberse desvanecido.

En aquella época, las fuerzas tradicionales de izquierda y un nuevo centro-derecha democráticamente domesticado —si no amedrentado— por las revoluciones y por las reformas socialistas europeas y tercermundistas, así como por la gran transformación que trajo consigo el New Deal norteamericano y su "segunda carta de derechos sociales", compartían una enorme confianza en las posibilidades y aun en los deberes regulatorios del Estado. Esa confianza cuajó, como es sobradamente conocido, en el gran experimento político, económico y social que llamamos Estado del Bienestar. También ese experimento epocal, y su raíz más fibrosa —el crédito moral y pericial concedido a la acción pública político-administrativa sobre la vida económica y social—, parecen ahora desmayados, puestos en jaque por muchas de las fuerzas hoy por hoy democráticamente incontrolables que modelan los actuales procesos de globalización económica, y desde luego sesgada e interesadamente vituperados por una novísima derecha política que ha recuperado, tal vez en odres nuevos, sus vinos más rancios y viejos, más viejos que la filoxera.

Así como el amplio abanico de posibilidades regulatorias que parecía ofrecer el Estado después del New Deal confundió —digámoslo así— a la derecha política en sus valores más

característicos, y por unas décadas pareció coincidir con la izquierda en la necesidad ética y técnica de corregir políticamente determinados resultados de la acción espontánea de los mercados (provisión política de bienes públicos, regulación jurídico-política de las relaciones laborales, políticas afirmativas antidiscriminatorias, políticas redistributivas más o menos igualitaristas, políticas asistenciales universales, etc.); así también lo que hoy se percibe como drástico estrangulamiento de ese abanico de posibilidades regulatorias ha llevado a la izquierda política a una confusión —digámoslo así— en la articulación y en la defensa de sus valores más característicos.

Desde hace unos lustros, el grueso de la izquierda política tiende a coincidir —por primeras, por segundas o por "terceras vías"— con la vieja-nueva derecha en considerar, al más puro estilo pre-New Deal, los derechos de propiedad como precipitados sociales más o menos libres e independientes de construcciones y constricciones jurídicas pasadas; tiende a coincidir en la indeseabilidad moral de corregir los resultados de mercados que operan más o menos libremente, restringidos, entre otros, por esos derechos; y finalmente, en tomar todo esto como base line, como punto de partida y criterio fundamental para juzgar la neutralidad del Estado, según interfiera éste o no en aquellos derechos y resultados.

Aunque la investigación científica honrada de las limitaciones regulatorias del Estado, de sus "fallos", nos ha hecho aprender muchas cosas sobre las limitaciones del gran experimento que ha sido la implantación de los Estados del Bienestar en las décadas subsiguientes a la postguerra — y no digamos sobre las de los experimentos trágicos del sedicente "socialismo real"—, ni de lejos ha probado que, al final, los llamados "fallos del Estado" impidan o anulen la corrección política de los "fallos del mercado". Lo contrario es lo cierto.

Sin embargo, aunque no fuera así, aunque definitivamente los gurús de la escuela de la elección pública, o los filósofos libertarianos, u otros adalides menos acreditados intelectualmente del laissez faire a ultranza, hubieran probado analítico-empíricamente o normativamente la inanidad o la indeseabilidad moral de la acción administrativa pública a gran escala sobre la vida económicosocial, lo más que habrían logrado argüir es que los valores ético-sociales de la izquierda: la erradicación de la pobreza y la ignorancia, la autorrealización de los ciudadanos, la desaparición de

la dominación o interferencia arbitraria de unas clases sociales sobre otras, la corrección de desigualdades sociales injustas, la eliminación de discriminaciones de diversos tipos, la abolición de la exclusión político-social de amplios segmentos de población, la preservación de la bio- y de la culturo-diversidad, el fomento de la fraternidad entre los pueblos y las culturas, etc.; lo más que habrían logrado argüir, digo, es que esos valores no son alcanzables con el instrumento que es la acción pública administrativa sobre la vida social.

Es el caso que una izquierda política o timorata o desnortada tiende a confundir ahora, como hace cincuenta o sesenta años una derecha, si no derrotada, en franco reflujo, la posible o aun probable oxidación y el encasquillamiento de un instrumento de promoción de sus valores, con la periclitación de esos mismos valores.

Parece claro que a la rearticulación de las líneas programáticas y argumentatorias de la izquierda se ofrecen por lo pronto estas dos posibilidades: o repensar y refinar el viejo y tradicional instrumento de la acción político-administrativa democrática sobre la vida económica y social, o pensar en vías distintas, en nuevos instrumentos promotores de los valores socialistas tradicionales. Estas dos posibilidades no son necesariamente excluyentes, es decir, que pueden acabar confluyendo; pero hay que saber al menos que implican tareas distintas, y que por ahora, señalan caminos distintos, tal vez con metas convergentes.

La elaboración en mi opinión más solvente de la primera posibilidad es la que recibe el nombre de "republicanismo", el cual consiste básicamente en una teoría normativa de la libertad y de la neutralidad del Estado democrático, una teoría antagónica de la concepción liberal puramente negativa de la libertad y antagónica también de la concepción liberal de la neutralidad del Estado como puro respeto del statu quo. Entre otras cosas, lo que esa elaboración promete es un diseño institucional nuevo de la acción pública política sobre la sociedad civil, y por lo mismo, una fértil renovación del tradicional instrumento de realización de los valores de la izquierda.

La segunda posibilidad, en cambio, puede entenderse como una respuesta a la vez más conservadora y más radical que la republicana a los retos a que nos enfrentamos. Más radical, en el sentido de que tendría que valer, como respuesta, aun en el caso de que tanto el pesimismo cívico-

antropológico —el supuesto de villanía universal de los ciudadanos y de los funcionarios, tan característico del modo liberal ortodoxo de argüir—, como la crítica neoliberal de las capacidades regulatorias del Estado —y a fortiori, del Estado del Bienestar—, fueran irrebatibles. Más conservadora, porque recompone la línea de retaguardia argumentativa retrocediendo unos cuantos metros, dando en prenda —o fingiendo ex hypothesi darlo— lo que ni analítica, ni empírica, ni normativamente está obligada a conceder: el supuesto de la futilidad, o la peligrosidad, o la inmoralidad de la regulación política democrática a gran escala de la vida económica y social, y/o el supuesto, presuntamente hiperrealista, de unos agentes sociales y políticos poco menos que sociópatas. Se pretende con esa concesión ganar en ecumenismo lo que tal vez se perdiera al cruzar algunas fronteras que muy notoriamente parecen configurar buena parte del actual statu quo económico, político, y en general, institucional. La elaboración en mi opinión más consistente de esa segunda posibilidad la encarnan dos teorías normativas muy diferentes entre sí: la propuesta de un socialismo de mercado del economista matemático John Roemer, y la propuesta de un subsidio universal garantizado para todos los ciudadanos, cuyo promotor más tenaz y más agudo ha sido hasta ahora el filósofo belga Philippe van Parijs.

El sólo hecho de que el pensamiento de izquierda haya sido capaz en los últimos lustros de levantar todo un abanico de propuestas de transformación ética y analíticamente robustas tiene por fuerza que ser motivo de esperanza en la vitalidad y en la viabilidad de su ideario. Pero todas estas iniciativas de rearticulación del programa moral y político de la izquierda (la republicana, la socialista de mercado y la del subsidio universal garantizado), precisamente por su extraordinaria calidad intelectual y por su aguzado refinamiento técnico, corren el riesgo de no hallar la difusión social y política que sin duda merecen, de no engranar con las fuerzas sociales y políticas que habrían de sostenerlas y realizarlas. En una palabra, corren el riesgo de convertirse en raras piezas objeto de admiración y de aplauso casi estrictamente académicos.

El derecho a la existencia procede, ciertamente, de un acontecimiento académico; su origen remoto es la tesis doctoral presentada por Daniel Raventós en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Pero Dani ha conseguido convertir aquella sesuda tesis de doctorado en este librito que, sin renunciar al rigor argumentativo no obstante servirse de una prosa transparente, directa y resuelta, expone eficazmente para un público amplio las líneas

maestras de la propuesta de un subsidio universal garantizado para todos los ciudadanos. De las tres propuestas mencionadas antes, probablemente sea la del subsidio universal garantizado la que, por su increíble ecumenismo, por el amplio sostén social que puede verosímilmente atraerse, consiga la primera abrirse camino en la opinión pública democrática y en la discusión programática de las fuerzas políticas y sindicales de izquierda, en el primer y en el tercer mundo. Una vez sentado, claro está, como cumplidamente se hace en este libro, que, contra una apariencia engañosa, el subsidio universal garantizado no es pura especulación fantasiosa, de todo punto inviable.

Dani Raventós, ahora brillante profesor de teoría social y compañero con rara unanimidad querido y respetado por todos sus colegas del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, es un soissantehuitard antiguo militante de la extrema izquierda y veterano luchador sindicalista. Uno de los héroes intelectuales de la tradición política de la que Dani procede, George Orwell, dejó escrito una vez que el peor enemigo de la claridad de estilo es la falta de genuinidad y sinceridad intelectuales. En rigor, por la elocuente claridad de su exposición y por la tersa acuidad de su argumentación, este libro no necesitaba presentación alguna. Valga ésta que me ha pedido como modesto homenaje a la provisional culminación de una azacaneada biografía personal, política e intelectual, y como testimonio de mi admiración por la genuinidad y la coherencia de su extraordinaria trayectoria. Así espero que lo entiendan los lectores. Por lo demás, deseo que este libro tenga muchos, y que —por difícil que eso resulte en ciertos ambientes sectarizados e ignaros de una izquierda pensante española, cuando no acomodaticia, hueramente declamatoria o estólidamente falsaria— lo lean y lo discutan con la misma honradez intelectual y con la misma libertad de prejuicios y de gazmoñería con que está concebido El derecho a la existencia.

Barcelona, 27 de mayo de 1999

Antoni Doménech Catedrático de la Universidad de Barcelona Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales