Tercera Via Y Neoliberalismo (Spanish Edition)

el mundo del siglo xxi COORDINADOR

Daniel Cazés Menache FUNDADOR

Pablo González Casanova CONSEJO EDITORIAL

Pablo González Casanova Daniel Cazés Menache John Saxe-Fernández Maya Aguiluz Ibargüen COMITÉ EDITORIAL DEL CEIICH

Hugo Aréchiga Urtuzuástegui Norma Blazquez Graf Daniel Cazés Menache Enrique Contreras Suárez Rolando García Boutigue Alejandro Labrador Sánchez Rogelio López Torres John Saxe-Fernández Guadalupe Valencia García

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TERCERA VÍA Y NEOLIBERALISMO Un análisis crítico por JEREMY LESTER · JOSÉ GANDARILLA · BOGDAN DENITCH BEATRIZ STOLOWICZ · MASSIMO MODONESI FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA · ATILIO A. BORÓN JULIO GAMBINA · JEFF FAUX · MANUEL MONEREO · EMIR SADER GUILLERMO GUAJARDO · ERIC TOUSSAINT JOHN SAXE-FERNÁNDEZ · GIAN CARLO DELGADO-RAMOS GUILLERMO ALMEYRA

coordinado por

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

siglo veintiuno editores

siglo veintiuno editores, s.a. de c.v. CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D.F.

siglo xxi editores argentina, s.a. LAVALLE 1634, 11 A, C1048AAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

portada de ivonne murillo edición al cuidado de victoria schussheim primera edición, 2004 © siglo xxi editores, s.a. de c.v. en coedición con el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, unam isbn 968-23-2505-6 derechos reservados conforme a la ley impreso y hecho en méxico/printed and made in mexico

En EL MUNDO DEL SIGLO XXI se publican algunas obras significativas de pensadores contemporáneos que, desde distintos espacios sociales, políticos y académicos, estudian los problemas locales, nacionales, regionales y globales que constituyen la compleja agenda de nuestro tiempo. Las primeras veinte obras que reúne esta colección son una muestra de la variedad de puntos de vista con que se observan y analizan la condición global del mundo y los intensos cambios experimentados en los últimos decenios en la sociedad, la economía, la política y la cultura.

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ÍNDICE

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PREFACIO EL SENTIDO COMÚN, LA REALIDAD Y LA TERCERA VÍA: LA ILUSIÓN DE UNA ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO,

por

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JEREMY LESTER

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE LA GLOBALIZACIÓN? AMÉRICA LATINA, por JOSÉ GANDARILLA UNA INCURSIÓN METODOLÓGICA DESDE

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ALTERNATIVAS A LA TERCERA VÍA,

por

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BOGDAN DENITCH

LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA PARA CONSTRUIR ALTERNATIVAS

por

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BEATRIZ STOLOWICZ

IZQUIERDA INSTITUCIONAL VS. IZQUIERDA SOCIAL,

por MASSIMO MODONESI

89

LA ALTERNATIVA CUBANA,

por FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA

102

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE: REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA ARGENTINA,

por ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

129

LA TERCERA VÍA HACIA NINGUNA PARTE: LAS LECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE CLINTON,

por JEFF FAUX

178

NEOLIBERALISMO Y TERCERA VÍA: UNA REFLEXIÓN DESDE LA IZQUIERDA EUROPEA,

por

201

MANUEL MONEREO

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ÍNDICE

HEGEMONÍA Y CONTRAHEGEMONÍA PARA OTRO MUNDO POSIBLE,

por EMIR SADER

214

LA BRECHA CON EL MUNDO DESARROLLADO: ALTERNATIVAS, ORTODOXIAS Y SUBVERSIONES EN AMÉRICA LATINA,

por GUILLERMO GUAJARDO

233

GARANTIZAR PARA TODOS LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES Y SALIR DEL CÍRCULO VICIOSO DEL ENDEUDAMIENTO,

por

ERIC TOUSSAINT

260

BANCO MUNDIAL Y DESNACIONALIZACIÓN INTEGRAL EN MÉXICO,

por JOHN SAXE-FERNÁNDEZ y GIAN CARLO DELGADO-RAMOS

281

LA INSOPORTABLE LIGEREZA DEL SER TEÓRICO,

por GUILLERMO ALMEYRA

315

PREFACIO

Hasta hace pocos años, antes del reciente hit parade de las extremas derechas de Estados Unidos y Europa, la socialdemocracia, que gobernaba casi todos los países de la Unión Europea, impulsó una campaña conocida en Alemania como “el nuevo centro” y en Inglaterra bajo la rúbrica de la “tercera vía”. Su mensaje, elaborado para el “nuevo” laborismo británico por Anthony Giddens (1996; 1999) y adoptado por Tony Blair y Gerhard Schröder, se centró en la propuesta de que se había emprendido un camino hacia la renovación de ideas y la modernización programática centrada en la promoción de la justicia social, el dinamismo económico y “la liberación de la creatividad y de la innovación” (Blair y Schröder, 1999: 5-13). El paquete publicitario de la tercera vía, como parte de la disputa por la “porción de izquierda” del centro político (véase Díaz Polanco, 1999: 15-23), en ningún momento abandonó sus antiguos valores y objetivos: la preservación y modernización del capitalismo, ofreciendo una “teorización” como parte central del armamento ideológico en el ejercicio de la dominación (Almeyra, 1999: 32-36). En 1999, por sugerencia de Pablo González Casanova, el programa El Mundo Actual, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizó un seminario sobre esta temática, ya que, de este lado del Atlántico, las propuestas “teóricas” de Anthony Giddens habían tenido un éxito insospechado en diversos sectores de la izquierda y de una parte apreciable de la intelectualidad y de la clase política, que aparentemente representan un mercado asegurado para este pensamiento leve (Almeyra, 1999: 32-36), algo que en México llegó a calificarse como “globalismo con rostro humano”. Como todo discurso del poder, la tercera vía ofrece un lenguaje y un conjunto de metáforas que, junto con la retórica de la “globalización”, se encamina a desactivar o a limar las fricciones y la conflictividad de clase generada por una mayor depredación capitalista, íntimamente vinculada con la crisis de acumulación que aflige al sistema, de manera crónica, desde hace tres décadas. Del lado académico, quienes juraban por un marxismo de conven[1]

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to de monjas, a decir de Guillermo Almeyra, “escupieron sobre esa moda que les daba influencia y poder”, y adoptaron la tercera vía porque necesitaban “preservar su coto de caza intelectual con la teoría de izquierda ma non troppo aceptable en los mejores salones” (Almeyra 1999: 35). Desde los trabajos contenidos en este volumen se realiza un análisis crítico de la tercera vía y del “neoliberalismo”, ampliamente validado por la experiencia histórica de los últimos años, en los que asistimos a una profunda modificación de la geografía del poder político y económico-monetario y a una creciente militarización y geopolitización de las relaciones económicas internacionales, manifestación inequívoca de la acentuación de la mencionada crisis estructural que ha venido experimentando el capitalismo desde la década de 1970. En esencia, este cambio implica la materialización de la redistribución del poder económico en la llamada “tríada” en la que Estados Unidos, Europa y Asia del este comparten y compiten por el poder, simultáneamente con la recesión y creciente amenaza de una internacionalización del estupor deflacionario ya experimentado por Japón y otras economías asiáticas y la derechización política gestada al calor de aumentos del desempleo en los principales polos capitalistas, así como en la periferia, con su secuela de expresiones xenofóbicas y de preocupación del electorado por el factor “seguridad”. Asimismo, con el gobierno de corte derechista-fundamentalista de Bush se registra un radical abandono de instrumentos multilaterales para el control armamentista, la protección del medio ambiente, las regulaciones contenidas en las convenciones sobre armas termonucleares, químicas y biológicas, y abiertamente contra el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. En general estamos en presencia de un peligroso desdén por parte de la primera potencia ante la vigencia del derecho internacional. Esto ocurre junto con una concentración y una proyección unilateral del poderío militar estadunidense, un proceso con claras manifestaciones durante el gobierno de Clinton por medio de operaciones militares en Yugoslavia —que marginaron a la ONU y a la normatividad internacional vigente—, y que se aceleró después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con la masacre perpetrada por Washington —también, como en Yugoslavia, con el aval de Blair— sobre la población de Afganistán. Es un fenómeno que en Estados Unidos afecta de manera profunda las relaciones cívico-militares, los equilibrios constitucionalmente establecidos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-

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cial y los derechos y libertades civiles, con la instalación de un régimen de excepción so pretexto de la guerra contra el terrorismo, en el que se explicitan los elementos de estado policial que ya contenía ese sistema político, y se acentúa, todavía más, el uso de una diplomacia de fuerza que persiste precisamente en el uso del terrorismo de estado, uno de los principales ejes causales de la catástrofe ocurrida en Nueva York y en Washington.1 Como bien lo señaló Charles Pena, especialista en terrorismo del Instituto Cato, la mejor manera para evitar que se repitan ataques del tipo experimentado traumáticamente el 11 de septiembre “es con un cambio a la política exterior de Bush”: ¿Cómo? Terminando con el envío de tropas a países cuya cultura y religión no entendemos ni asimilaremos, y sobre todo dejar de intervenir en los problemas de otras sociedades. Ésta es la mejor arma que tiene Bush para defender al país de un ataque terrorista y no con [...] las amenazas de una posible guerra con Irak para finiquitar la gran tarea pendiente: matar a Hussein (citado en Esquivel, 2002: 59).

Las repercusiones internacionales y en especial regionales para los dos vecinos geográficamente inmediatos de la política de confrontación e intervencionismo unilateral del gobierno de Bush son amplias e inquietantes, sobre todo en lo referido a la integridad geográfica y a la soberanía de Canadá y México. Ya la prensa informó, por ejemplo, que el presidente Fox, sin consultar con los otros poderes de la Federación, aceptó reforzar medidas de seguridad en la frontera entre ambos países con tecnología y personal especializado estadunidense, todo bajo la propuesta, elaborada por la firma Stratford, que asesora en estos asuntos a la Casa Blanca, de que Estados Unidos sólo puede defenderse desplegando dispositivos de seguridad “desde” el territorio mexicano y canadiense. El esquema trata básicamente de “instalar una red donde se revise a todo el extranjero que caiga en ella, sea visitante legal o inmigrante indocumentado, para evitar que presuntos terroristas entren al territorio estadunidense”.2 Todo esto ocurre en medio de una creciente redistribución regresiva de la riqueza entre las naciones y dentro de ellas. Las asimetrías entre el centro y la periferia capitalista se acentúan, mientras los es1

Para un análisis pormenorizado sobre la relación causal entre terrorismo internacional y terrorismo de estado, consúltese Johnson, 2000. 2 Información ofrecida por Charles Pena a J. Jesús Esquivel, 2002: 58.

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quemas “neoliberales” gestados como resultado de la instauración de un régimen de acreedores a ultranza han lanzado a la calle a millones de trabajadores y campesinos y generado una intensificación de las presiones migratorias hacia los países del “norte”, que a su vez es rechazada por medios policiaco-militares y de legislaciones antiinmigrantes, el racismo y el populismo de derecha. Este juego de fuerzas y de concentración de contradicciones, de crisis y de expoliación, fueron olímpicamente ignorados por los “teóricos” de la tercera vía. Por lo que en su momento llamó la atención cómo, la tercera vía, esfuma de un plumazo la cuestión de la explotación [...] Parecería que el fenómeno de la “globalización” hace irrelevante cualquier referencia a las fundamentales relaciones Norte-Sur y a las asimetrías entre países centrales-periféricos. En ese marco, por ejemplo, carecería de importancia la reveladora información, construida por Pablo González Casanova y su equipo, en el sentido de que “en los cinco años comprendidos entre 1992 y 1995 la transferencia de excedentes (un billón 364 000 millones de dólares) triplicó la correspondiente al periodo de 1972 a 1981 y es superior a cualquiera de los cuatro quinquenios precedentes”. Si la explotación no sólo no va en retroceso, sino que experimenta un incremento brutal [...] ¿cómo puede tomarse en serio o esperarse algo bueno de una “tercera vía” que lo ignora por completo? Lo mismo puede decirse en relación con las cuestiones del poder y de las clases sociales, las cuales están prácticamente ausentes, si descontamos la preocupación por la ingeniería social y la renovación de las formas de “gobernancia” (Díaz Polanco, 1999: 22).

La intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, por la vía de brutales topes salariales, simultáneamente con desregulaciones y liberalizaciones de los precios, así como con persistentes intentos para propiciar más regresiones en la legislación laboral, eufemísticamente bautizadas como esquemas de “flexibilización”, y la transferencia de excedentes, por medio de las privatizaciones de las empresas públicas, un proceso cargado de corrupción y dinamizado bajo el principio de la privatización de las ganancias y la socialización de los costos, ocurren como parte de una amplia campaña del alto capital en favor de sus empresas multinacionales. Este programa, en algún momento bautizado como el “Consenso de Washington”, ha sido articulado por medio de la imprescindible utilización de los instrumentos de proyección de poder del capital, a saber: los estados nacionales del centro y de la periferia y el concurso

PREFACIO

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del grupo de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, orientado a la subordinación de grandes espacios geográficos de manera paralela y funcional a la incautación de empresas públicas y activos naturales estratégicos, petróleo, gas natural, agua, biodiversidad y minerales, entre otros. En el presente volumen se incluye un trabajo de investigación documental sobre estos aspectos, el cual elaboré posteriormente en coautoría con Gian Carlo Delgado-Ramos, investigador del programa El Mundo Actual, como complemento a las ponencias presentadas ante el seminario. Como lo muestran los estudios y reflexiones incluidos en este libro, y que representan sólo las conferencias magistrales presentadas en el seminario (en el que también participaron representantes de los movimientos del sindicalismo independiente ferrocarrilero y eléctrico, así como grupos de pequeños y medianos empresarios), no es sorprendente ni difícil de explicar la velocidad con que las contradicciones estructurales que caracterizan la actual fase del capitalismo sometieron a la ideología de la tercera vía a implacables procesos digestivos, además de manera tan expedita y ágil. Las nuevas condiciones surgidas a raíz de los acontecimientos de septiembre de 2001 están modificando el fondo más amplio de la dinámica social, económica y estratégica. La abrumadora y desconcertante sucesión de acontecimientos observados desde entonces ha puesto de manifiesto, de manera inquietante, un incremento en el orden de probabilidad de una conflagración generalizada que, según lo indican las dos guerras mundiales registradas a lo largo del siglo anterior, parecerían estar vinculadas a las contradicciones irreconciliables entre los estados nacionales centrales en rivalidad y las problemáticas tendencias del alto capital a la expansión, con la simultánea propensión hacia la centralización y la monopolización de la riqueza. También está presente la inclinación del alto capital, en tiempos de crisis, a lanzarse primero sobre las líneas de menor resistencia, como las empresas públicas del centro y de la periferia, y a los ya referidos recursos naturales estratégicos, un mecanismo que, en el pasado, postergó sólo de manera perentoria el estallido de hostilidades intercapitalistas y confrontaciones comerciales, monetarias y, eventualmente, político-militares. La historia demuestra que ni el dominio del sistema global por parte de unos pocos monopolios, ni el control de la dinámica interna del capitalismo hacia la expansión, pueden ser consideradas opciones realistas. “En lugar de ello”, como lo asevera István Mészáros,

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PREFACIO

La humanidad tuvo que experimentar la intensificación de los antagonismos del sistema y su explosión en dos guerras mundiales, para no mencionar el anticipo, en Hiroshima y Nagasaki, de una catástrofe global en la eventualidad de una tercera conflagración... y todo sin acercarse ni una pulgada al logro de una solución viable (Mészáros, 1995: 170).

AGRADECIMIENTOS

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a Daniel Cazés, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, y a Norma Blazquez, secretaria académica, por su apoyo y estímulo en la realización del seminario y en la preparación de este volumen, así como a la Dirección General de Apoyo al Personal Académico, DGAPA, que por medio del proyecto sobre la Territorialización de la Inversión Extranjera Directa, a mi cargo, ayudó en la preparación de jóvenes investigadores, participantes centrales del seminario, y en la obtención de documentos, hemerografía y bibliografía. Asimismo, reconocemos la colaboración y participación como ponentes, comentaristas y moderadores de Jorge Calderón, Guillermo Almeyra, Salvador Zarco, Luz Rosales, Enrique Brito, Emilio López, Ramón Pacheco, José Luis Manzo, José Luis Calva, Arturo Guillén, Arturo Ortiz Wadgymar, Adán Rivera, Luis González Souza, Héctor Díaz Polanco, Ignacio Román, Jaime Estay, Guillermo Guajardo, Fernando Carmona, Beatriz Stolowicz, Elvira Concheiro, Carlos Fazio, José Luis Piñeiro, Héctor Islas, Alberto Arroyo, Eduardo Ruiz Contardo y Víctor Suárez. Un reconocimiento especial a Diego Bunge Vivier, que revisó conmigo la traducción de los textos en inglés y quien, junto a Manolo Pérez Rocha Loyo, Massimo Modonesi y Eugene Zapata, ofreció importantes sugerencias para el diseño y la convocatoria del seminario. A Isabel Blancas y al equipo a cargo de Gladys Castillo del CEIICH, por su apoyo secretarial y administrativo, y a Josefina Morales, Salvador Zarco, Omar Núñez y Roberto Guerra, por su contribución en el desarrollo de la bibliografía, hemerografía y banco de datos que sustentaron esta actividad. De igual manera expresamos nuestro agradecimiento por la activa participación de representantes de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Foro de Apoyo Mutuo, la Federación Mundial de Ciudadanos Unidos,

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la Asociación Nacional de Industrias de la Transformación, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, la Confederación de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. Reconocemos la contribución de investigadores, profesores y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Structural Adjustment Participatory Review Iniciative Network, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Economic Policy Institute de Washington D.C., la Universidad Estatal de Río de Janeiro, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, y la City University de Nueva York, así como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. JOHN SAXE-FERNÁNDEZ julio de 2002

BIBLIOGRAFÍA

Almeyra, Guillermo, 1999, “La insoportable ligereza del ser retórico”, Memorias, núm. 126, agosto. Blair, Tony y Gerhard Schröder, 1999, “Europa: La tercera vía/El nuevo centro”, Memorias, núm. 126, agosto. Díaz Polanco, Héctor, 1999, “La tercera vía: El centro político de la discordia”, Memorias, núm. 126, agosto. Esquivel, J. Jesús, 2002, “Detener atentados terroristas: Misión imposible”, Proceso, núm. 1334, México, 26 de mayo. Giddens, Anthony, 1996, “Más allá de la izquierda y la derecha”, en El futuro de las políticas radicales, Barcelona, Cátedra. ——, 1999, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus. Johnson, Chalmers, 2000, Blowback: The costs and consequences of American empire, Nueva York, Metropolitan Books. Mészáros, István, 1995, Beyond capital, Londres, Merlin.

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EL SENTIDO COMÚN, LA REALIDAD Y LA TERCERA VÍA: LA ILUSIÓN DE UNA ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO* JEREMY LESTER**

Entre los dos mundos, la tregua en la cual no existimos. PIER PAOLO PASOLINI

Las cenizas de Gramsci Ahora, todo es cuestión de estilo. TONY BLAIR

entrevista de la BBC

Cuando Karl Marx escribió acerca de la naturaleza repetitiva de ciertos fenómenos en la historia, en El 18 brumario de Luis Bonaparte, utilizó las palabras “tragedia” y “farsa” (con un toque de “parodia” y “caricatura” para dar buen sabor) para describir el orden de su aparición y reaparición. Me pregunto qué otras palabras habría utilizado para los mismos fenómenos que se repetían, no sólo dos veces, sino casi ad infinitum y ad nauseam. Un fenómeno que cae dentro de la última categoría es la tercera vía. Como un proceso del eterno retorno nietzscheano o la compulsión freudiana a repetir, el deseo de algún tipo de tercera vía (el tercer camino, la tercera alternativa, la tercera posición o cualquier número de derivaciones posibles que uno quiera imaginar) rehúsa perecer o decaer, obviamente sin la conciencia de la regla de que cada acto de avanzar repetitivamente es, la mayoría de las veces, un paso hacia atrás en la realidad. En su forma actual, la tercera vía se ha reinventado como la nueva cara de la socialdemocracia. En su atractivo atuendo, se dice una alternativa distinta a la brusquedad vulgar e insolente de la derecha neoliberal que ha dominado el reino global de la política la mayor * Traducción de Edward Bush Malabehar; revisión de la traducción a cargo de John Saxe-Fernández y Diego Bunge Vivier. ** Director de estudios europeos de la Universidad de Reading, Reino Unido. Es doctor en relaciones soviético-RDA por la Universidad de Hull.

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JEREMY LESTER

parte de las últimas dos décadas. Se argumentará que esta declaración no es nada más que una ilusión. Una ilusión que no sorprende, ya que la tercera vía misma no es nada más que pura invención, una quimera genéticamente modificada. Pero antes de sujetar esta quimera a un examen fisiológico, permítaseme proporcionar primero unas reflexiones generales sobre la naturaleza esencial de este fenómeno.

EL SÍNDROME DE JANO

Si fijamos nuestra perspectiva histórica sobre las encarnaciones previas de la tercera vía, y si las analizamos desde un punto de vista genérico, inmediatamente podemos detectar un número de rasgos comunes. Por ejemplo, lo primero que salta a la vista es que pocas de las encarnaciones previas, si acaso alguna, realmente han sido sintetizadas en un marco teórico coherente y sólido. En general se han rehusado a ocupar cualquier tipo de posiciones rígidamente fijas, prefiriendo en cambio verse como los ocupantes de un “espacio político abierto”, condicionado sólo por las llamadas dinámicas del proceso político mismo. En breve, a lo que han llegado en gran parte, cuando mucho, es a una especie de búsqueda cautelosa muy desigual de una estrategia política adecuada para los tiempos en que estuvieron vigentes estas encarnaciones. Además, el verdadero enfoque siempre ha sido un esfuerzo por destacar lo que invariablemente se consideraban mitos y obstáculos del pasado hacia un desarrollo del futuro. Este rasgo ha sido aplicado, por un lado, a esas construcciones fenomenológicas de la tercera vía que se han autoconcebido como tendencias político-ideológicas distintivas (más notablemente por los fascistas italianos en los años treinta), y por el otro en esas versiones que se han autodesignado sólo como instrumentos locales de actividad política orientada principalmente hacia una forma de política consensual. Proveniente en gran parte de esta falta de profundidad teórica y de coherencia es, además, muy notable cómo las ideas de la tercera vía han dado la impresión de tener menos confianza en sí mismas que otras orientaciones políticas o filosóficas; de hecho no sería una exageración afirmar que la característica principal es la torpeza. Sin duda por esta razón constantemente han estado expuestas a las acu-

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saciones de que son “volubles”, “amorfas”, “sin raíces” o, peor aún, “oportunistas”, acusaciones que tradicionalmente ha sido difícil desmentir. La falta de verdaderos puntos de referencia fijos o estables ha significado que la naturaleza de cada manifestación de la tercera vía se haya derivado de su actuación política. Su significación coincide con sus propios actos de enunciación, y éstos tienen la capacidad de envolver toda clase de elementos contradictorios. Finalmente, como el Jano de doble cara con el cual a menudo se las compara, las nociones de la tercera vía frecuentemente han sido atacadas a causa de su manipulación intrínseca, su hipocresía y falta de sinceridad. Al mismo tiempo, el dios romano al que se hace alusión metafóricamente también era un portal a un nuevo mundo. Así, desde su propia perspectiva, cualquier criterio de éxito siempre ha dependido de la capacidad de la tercera vía de retratarse como la encarnación de un nuevo comienzo, al estilo de Jano. En otras palabras, el atributo que más ha sostenido a la tercera vía en el pasado ha sido la capacidad de llenar un vacío estratégico y proporcionar un sentido de “renovación”, así como de “novedad”. En el siguiente análisis de la encarnación actual de la tercera vía veremos cómo todos estos rasgos genéricos del pasado están muy incrustados en la versión contemporánea. Sin embargo, lo que me preocupa en este momento es hasta dónde es posible que la tercera vía actual declare que representa algo fundamentalmente nuevo e innovador. ¿Es, como sostienen sus defensores, un nuevo paradigma para pensar y crear políticas que satisfagan nuestra necesidad de adaptarnos a un mundo que ha cambiado radicalmente a lo largo de las últimas dos o tres décadas? (Giddens, 1998: 26). ¿Representa una trascendencia genuina de modelos y procesos de pensamiento anteriores? ¿O es un fenómeno, utilizando la terminología de Antonio Gramsci, que sigue viviendo bajo la raída túnica de la historia antigua? (Hoare y Smith, 1971: 453). La respuesta inmediata a estas preguntas es un conjunto de “sí” y “no”. Si uno restringiera su análisis a los resultados concretos de los programas y políticas de la tercera vía contemporánea —esto es, el nivel de las experiencias inmediatas o vividas—, creo que no tardaríamos en llegar a la conclusión de que lo que tenemos entre manos no es en realidad nada nuevo. El espacio correspondiente a la versión actual de la tercera vía es notablemente más restringido que aquel ocupado por la mayor parte de sus antecesores. Se ha situado entre los “extremos” de una versión derechista del conservadurismo, una

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gama de extremos que muchos considerarían inmediatamente como algo propagado de manera falsa. En consecuencia, cualquier aspiración que declara tener en cuanto a la “renovación” de la socialdemocracia, de acuerdo con su propia naturaleza, ha cambiado el “centro” de la política hacia la derecha. Así, este campo muy restringido de su existencia le da muy pocas oportunidades de inventar algo realmente nuevo. El espacio para la novedad simplemente no existe. Lo único que ha buscado hacer la tercera vía es reducir las ambiciones tradicionales de la izquierda a una serie de eufemismos que luego son adaptados eficazmente a las formas y las costumbres actuales de las prácticas neoliberales derechistas. Por esta razón se ha afirmado correctamente que es un síntoma de un nuevo repliegue total por parte de las fuerzas de la socialdemocracia, un retroceso final e irreversible. Para decirlo sin rodeos, la tercera vía no es más que una celebración obscena del capitalismo al parecer a gusto consigo mismo, que se encuentra en las mejores condiciones de salud y totalmente seguro; el sistema se felicita a sí mismo por haber presenciado la derrota de sus principales contrincantes. Tal vez represente la naturalización y la normalización del mundo social creado e impuesto por las fuerzas del neoliberalismo, lo que podría denominarse quizá la “fase revolucionaria pasiva” del neoliberalismo. Ha ayudado a apoyar las condiciones previas del experimento político colectivo del neoliberalismo, y ha respaldado por entero sus estrategias de alianza, asegurando de este modo —por medio de un discurso de baja intensidad, muy de vez en cuando más compasivo— una forma mucho más estable de hegemonía que la que existía previamente, en su fase revolucionaria más activa. Por esta razón los mismos comentaristas derechistas pueden exponer sin ambages las virtudes de la tercera vía y sugerir que “en la actualidad uno no se atreve a ser ‘globalizador’ sin ser socialdemócrata” (Friedman, 1999: 354). Si no hay nada realmente nuevo en la tercera vía en cuanto a resultados concretos de su sistema de creencias e ideales, ¿qué hay del modo en que son representadas esas creencias? ¿Hay algo de su estructura de representación que pueda afirmarse es nuevo? En este punto me inclino a contestar afirmativamente, y pienso que al respecto debería hacerse el verdadero análisis de lo que representa la tercera vía. En su modo o estructura de representación sin duda hay un “grado” de novedad unido a la tercera vía, que le ha sido otorgado por medio de su oportunidad de ser el primer sistema de creencias que

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no tiene que operar en un dominio social cargado de ideología; es decir, la tercera vía actual es, en efecto, el primer fenómeno “posideológico”, y a menos que entendamos y aclaremos las estructuras clave sobre las cuales ha tratado establecerse, nuestra capacidad de resistir y cuestionarla se verá seriamente socavada.

EL SUICIDIO COGNOSCITIVO DEL SENTIDO COMÚN

El primer modo de representación de la tercera vía, y posiblemente el crucial, es la manera en que raras veces pierde la oportunidad de revestirse con lo que considera los atributos (o “dictados”) muy positivos del sentido común. En esencia, por “sentido común” dan a entender que hay ciertas verdades inmutables acerca de cómo es el mundo, verdades que pueden decirnos algo acerca de la representación de las mentalidades y que nos obligan a decir que eso no podría ser falso o algo diferente de lo que es. Es invocado con autoridad como el imperativo de que todo es real o, por lo menos, de que todo lo que supone es real, y de hecho con frecuencia se lo utiliza bajo la apariencia de ese “sexto sentido” o “sentido de sentidos” que Aristóteles fue el primero en tratar de conceptualizar.1 En una época en que —práctica, si no materialmente— todas las nociones de ideología han sido corrompidas, por supuesto no es sorprendente que esto haya conducido a la revalidación de la primacía del sentido común. El sentido común es en la actualidad el árbitro dominante de los debates políticos, hasta el punto de que en Inglaterra la oposición conservadora se ha visto obligada a emprender una lucha que ella misma ha denominado “la revolución del sentido común”... ¡una contradicción política y fenomenológica! Sin embargo, el tránsito desde la ideología hasta el sentido común no puede ser considerado, de manera alguna, un avance. Por el contrario, no es más que un paso fundamental hacia atrás. Si en el pasado la esperanza de toda ideología era “naturalizarse a partir de la historia y entrando en la naturaleza, y así hacerse invisible y operar inconscientemente” (May, 1988: 8), era una esperanza que raras veces se cumplía. Y la razón principal de este fracaso era el mismo atri1 Con mucho, la Ética nicomaquea de Aristóteles puede ser considerada la primera investigación real de una tercera vía.

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buto intrínseco del proceso ideológico. Muy bien podía haber estado presente la “falsa conciencia”, pero al mismo tiempo por lo menos había un proceso crítico que también tenía la capacidad de generar, como mínimo, cierto grado de desconfianza y un sentido saludable de cinismo. Por supuesto, como señaló sagazmente Peter Sloterdijk, es posible que una apreciación cínica de la ideología no tenga mucho efecto en la práctica (Sloterdijk, 1988). Si para Marx, al escribir El capital, la mejor definición básica de la ideología se resume en la máxima “no la saben hacer, mas la hacen”, un acercamiento más cínico a la ideología podría dar como resultado la nueva máxima: “saben muy bien lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo”. Sin embargo, dentro del proceso de la conciencia revolucionaria había por lo menos el potencial de llegar a un momento más catártico, en que uno tendría la oportunidad de declarar: “sí lo saben, y por esa razón no lo están haciendo”. Es precisamente este potencial catártico de la conciencia el que repudia por entero la causa de la regresión al sentido común. En cuanto al sentido común, lo que domina es la condición de pre conciencia. La base de la autoridad engendrada por el sentido común es la de una mística sublime. Por supuesto, en los escritos de Gramsci se generaron los cimientos de una desmitificación completa del sentido común, y se expusieron la “comicidad”, la “crudeza desordenada” de tales conceptos populares, a pesar de que uno ignoraba bajo su propio riesgo el campo del sentido común, y que podría contener ciertos elementos de ventaja en cualquier lucha revolucionaria y contrahegemónica. Gramsci vio en el fenómeno del sentido común un número de atributos distintivos que eran considerados en extremo retrógrados. Al verlo como un depositario de la “pesada y confusa herencia teológica y filosófica”, que siempre es “absorbida sin crítica”, pensó que su rasgo principal era una “concepción que, incluso en el cerebro de un individuo, es fragmentaria, incoherente e inconsecuente, y conforme con la posición cultural y social de las masas cuya filosofía es así” (Hoare, 1971: 419); así como la religión “no puede constituir un orden intelectual porque no puede llegar a tener unidad y coherencia siquiera dentro de la conciencia individual, sin hablar de la conciencia colectiva”. Luego, “el sentido común vulgar [...] es dogmático y deseoso de certezas perentorias” (Hoare, 1971: 435). Y, por último, es “estrechamente tradicional y conservador”, “vulgarmente neófobo” y muy propenso a las tendencias “tolemaicas” (Hoare, 1971: 420423; véase también Nun, 1986: 202).

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Para Gramsci, pues, dado su carácter desigual, episódico, incoherente, asistemático y dispar, el sentido común siempre es la herramienta en la cual uno encuentra lo que le agrada. Es formado por la metafísica más ingenua que nos despojó casi por completo de nuestra dependencia de un sistema de conocimiento y conciencia crítica. En cuanto al campo del sentido común, sentimos que estamos ante los hechos irrefutables, que inmediatamente nos eliminan como sujetos conocedores a fin de restaurar lo que supuestamente nos es “natural”. Lo que es peor, busca explicar algo al mismo tiempo que se proclama a sí mismo como algo inexplicable. Por medio de su repudio de todo logos (teoría), cualquier relación entre la conciencia y el contenido es inevitablemente decomisada y perdida. De hecho, de muchas maneras, el sentido común no es nada menos que el suicidio cognoscitivo. No se trata tanto de sentido común como, más bien, de sin sentido.2 En lo que respecta a las consecuencias sociopolíticas de este paso a la primacía del sentido común, los efectos no podrían ser más claros. Merced a su identificación estrecha con este fenómeno, la tercera vía contemporánea se ha hecho portavoz de la idea de que el sistema en que vivimos ahora puede ser reproducido por sus propios mecanismos, con poca o nula necesidad de validación en el nivel de la conciencia. Lo que hace posible el sentido común (en la forma de una construcción intersubjetiva de significados compartidos), y lo que al mismo tiempo ayuda a oscurecer su limitación cognoscitiva esencial, es el lenguaje. Por ejemplo, de acuerdo con el punto de vista de Pierre Bourdieu, lo que significa a fin de cuentas el sentido común es la lucha simbólica por el monopolio legítimo del nombrar: poder imponer la visión legítima oficial (esto es, explícita y pública) del mundo social. Con esta lucha simbólica siempre habrá actos simbólicos de imposición que tendrán a su lado la fuerza unida a los llamados al sentido común (Bourdieu, 1992: 239). Es, pues, en este poder simbólico del lenguaje y el discurso, y en el carácter del acto de nombrar, donde se puede ubicar la segunda estructura clave de representación en la tercera vía.

2 Aquí hay un juego de palabras. En inglés dice “Not so much common sense as nonsense”, siendo nonsense “tontería”, y non-sense “sin sentido” [E.]

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EL PODER SIMBÓLICO DEL LENGUAJE Y EL DISCURSO

Se aseveró arriba que todas las concepciones históricas de la tercera vía se han caracterizado por una carencia generalizada de cualquier autoafirmación ontológica y sólida. Una de las maneras en que podemos ver esta ausencia de autoafirmación en su actual encarnación, diría yo, es la forma en que ha buscado basarse en una lógica exclusiva del lenguaje. Pocos pueden dudar de que lo que más sostiene la noción contemporánea de la tercera vía es su uso particular del lenguaje. En esencia es un fenómeno puramente lingüístico que busca gobernar sólo mediante la retórica, y que trata al lenguaje como el instrumento más poderoso y decisivo. De hecho la mejor manera —la única— de acercarse a la tercera vía es observarla desde la perspectiva de un juego lingüístico. De seguir a Wittgenstein, el juego que tendríamos en mente es el ajedrez, y querríamos evocar la imagen de que una palabra es igual a una pieza del tablero de ajedrez. Sin embargo esta analogía no sincroniza del todo con la práctica de la tercera vía. Las piezas de ajedrez, después de todo, están muy estructuradas en una lógica determinada de movimiento. Pero precisamente de esta lógica determinada es de lo que carece el uso del lenguaje de la tercera vía. Una analogía mejor, entonces, sería aquella que lo ve como jugar al trompo. Al dar un giro adecuado al lenguaje que utiliza, la tercera vía puede meterse en una forma no adulterada de indeterminación. En lo que dura el efecto de los giros del trompo, se repetirá, se ritualizará y convertirá en lema un conjunto de sortilegios. Al detenerse el trompo podrá tomar su lugar un nuevo conjunto de ritualizaciones, que a menudo es contradictorio con el anterior. La verdadera habilidad del juego del trompo, pues, es el arte de “trucos verbales evocadores” (Wood, 1986: 70). Dadas las reglas, pocos podrían negar que hay un plusvalor constante del significado unido al lenguaje de la tercera vía, y en este punto es donde podemos identificar los niveles más fuertes de la “violencia simbólica” del juego. Al querer representar deliberadamente de modo falso y no reconocer las consecuencias de sus acciones, un elemento inserto en el juego no puede hacer más que infligir una opresión y un daño considerables, sobre todo en lo que respecta a las clases explotadas y oprimidas en la sociedad. Si el juego del trompo es el brillo superficial unido a la tercera vía, lo que subyace a esta estrategia discursiva es la creencia fundamental

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(posestructuralista) de que el discurso es la “única” creación de la realidad. Para los defensores actuales de la tercera vía contemporánea toda realidad y significado no son más que el efecto inestable de las relaciones cambiantes de las palabras y el discurso. Todo cuanto nos rodea, a fin de cuentas, está constituido por la naturaleza del discurso que proporciona un sentido a cualquier relación o fenómeno particular. En otras palabras, la práctica del discurso es lo único que fija el significado a un acontecimiento; no se trata de algo intrínseco o propio de ese acontecimiento. Para los defensores de la tercera vía nada puede tener la posición de una centralidad esencial. De acuerdo con su punto de vista, una forma de interés es tan importante y significativa como cualquier otra. Y, una vez más, cuando hablan de “intereses” quieren decir un conjunto de aspiraciones y deseos que han sido creados por una forma del discurso. No puede haber intereses que existan independiente, autónoma ni objetivamente más allá del reino del discurso creativo. La pregunta de por qué un individuo puede poseer un conjunto dado de intereses no tiene nada que ver con su lugar particular en la coyuntura social. El proceso del discurso, pues, no es una reflexión de la realidad, sino que es por sí mismo “constitutivo” de la realidad. Como resultado, las identidades y los intereses individuales son vistos como cosas totalmente maleables, las cuales toman forma a partir del discurso y lo atractivo de éste. Hasta el encuentro con el discurso, los intereses y elementos sociales son intrínsecamente neutrales. En esencia, lo que tenemos entre manos es, pues, una idea de comprensión a través de la proclamación. Haciendo una paráfrasis de un comentario de Ellen Wood, uno podría decir: “En el principio (y en el fin) existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, el último sujeto hecho carne en la figura de [...] Tony Blair” (Wood, 1986: 75). Mas como podría haber respondido Jacques Lacan: si la tercera vía es como Dios, nunca debería olvidarse que tiene todas las perfecciones excepto una: ¡no existe! Sin duda una de las consecuencias de la estrategia discursiva de la tercera vía, especialmente tal como busca escindirse de todo factor social o histórico posible, que podría decirse que la ha condicionado, es la medida en que sus signos y códigos lingüísticos son completamente “autorreferenciales”. A partir de aquí podemos movernos al siguiente punto de sus representaciones estructurales: su apropiación del “espectáculo” y su colonización del reino de la “hiperrealidad”.

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LA HIPERREALIDAD

En una era en que se prefiere al signo por encima de la cosa significada, y se prefiere la apariencia antes que la esencia, naturalmente se sigue que la ilusión es considerada algo sacrosanto mientras que la verdad (y la realidad) son cosas profanas. Por supuesto, tales contemplaciones distan de ser novedosas. Ludwig Feuerbach dijo algo similar a mediados del siglo XIX, e innumerables comentaristas han repetido el mismo mensaje desde esa época. Sin embargo hay pocas encarnaciones tan puras de estos sentimientos como en la tercera vía contemporánea. Tras haber desechado la mayor parte de las pocas anclas materiales restantes, con frecuencia la tercera vía no es más que una mota flotando en un vacío sin sustancia material, un nombre sin un portador real (algo semejante a “George Kaplan” en la película de Alfred Hitchcock North by Northwest. Éste es, para utilizar la jerga (pos)moderna, el mundo de la “hiperrealidad” de Jean Baudrillard. Un mundo que ha extraviado su razón de ser (“el significado sin significado”) y en el que la línea divisoria entre la realidad y su representación se ha resquebrajado totalmente. Un mundo donde reina “el determinismo semiótico”, creando una sociedad controlada por la significación; donde “ya no es cuestión de una representación falsa de la realidad (la ideología), sino de esconder el hecho de que lo real ya no es real” (Baudrillard, 1983: 48). Para los defensores de la tercera vía no hay nada tan satisfactorio como ver imágenes de sí mismos haciendo imágenes de sí mismos: un proceso tautológico de los medios unidos a los fines. No puede haber otro contexto para la tercera vía más allá de éste. Bajo la regla del “signo” y el “espectáculo” se nos dice repetidamente que se ha desintegrado el espacio social para la intervención. Como escribió Guy Debord: “aquello que parece es bueno; aquello que es bueno, parece” (Debord, 1983: 12). Lo que se exige por encima de todo es la aceptación pasiva.

LA ANTIPOLÍTICA Y LA SÍNTESIS ILUSA

En este “imperio de pasividad (pos)moderna”, que la tercera vía considera su tarea promover, la descontextualización del espacio que ha

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colonizado es unida a su creciente despolitización. Ahora que los signos y las imágenes de este espacio descontextualizado se han vuelto autorreferenciales se puede prestar más atención para completar la transición de una existencia en la que los signos disimulaban algo a otra en la que se puede disimular que no hay nada. En otras palabras, ya que se considera muerta a la ideología, y reemplazada por el sentido común, a la “política”, en sentido tradicional, se la deja “desvanecerse”. Sin duda un signo de la despolitización del discurso político puede verse en el nivel del partido político. Por ejemplo, cuando uno observa un partido como el New Labor inglés, viene a la mente el comentario de Gramsci de que el lenguaje político que tal partido utiliza ahora no es otra cosa que “jerga”. Es jerga porque ya no se considera a sí mismo como poseedor de las funciones estrictamente políticas, sino tan sólo de “las técnicas de propaganda y de orden público, y de peso cultural y moral” (Hoare, 1971: 149). Cualquier función política que perdura se cataloga ahora como “indirecta”. En cambio predominan las funciones “culturales”, porque cuando las cuestiones políticas se disfrazan de cuestiones culturales tienen el “mérito” de la “insolubilidad”. No obstante, no es sólo en el nivel del partido político donde se resienten las consecuencias de la despolitización. Por ejemplo, ciertamente no cabe la menor duda de que la “antipolítica” de la tercera vía ha incrementado los niveles de la desposesión política. Tampoco cabe la menor duda de que ha ayudado a engendrar altos niveles de fetichismo político, por medio de los cuales los reinos oficiales institucionalizados de la política son dotados de vida y valor independientes. Quizás antes que cualquier otro fenómeno, la tercera vía, conscientemente, ha pretendido establecer para sí una apariencia fundamental de autosuficiencia. Así, sus defensores “pueden entablar luchas verbales que caracterizan el campo de la política con cierto grado de autonomía, ocultando de sí mismos y de otros las bases sociales (reales) sobre las que descansan su poder y el poder de sus palabras” (Bourdieu, 1992: 27). Y una vez más esta “autosuficiencia” es adquirida por sus afirmaciones constantes de que no es una fuerza “ideológica”, sino una fuerza que tipifica las actitudes de “sentido común”, de la condición posideológica, poshistórica y posmoderna en la que nos encontramos inmersos. De modo similar, nunca debe olvidarse que la tercera vía contemporánea es tanto un producto como un defensor clave de la idea de

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que todos vivimos en una sociedad de consumo totalizada, que es capaz de perpetuarse y reproducirse sin más recurso que ella misma. Visto desde esta perspectiva, pues, ya no somos ciudadanos (o sujetos), sino consumidores. En calidad de consumidores, existimos para ser seducidos por el poder de las imágenes puestas ante nosotros. Como consecuencia, la política de la lucha o la política de la liberación es vista como algo superfluo. Lo que más cuenta ahora es la “política de la seducción”. ¿Cómo o por qué deberíamos querer ser liberados de una sociedad basada en el consumo, que se retrata a sí misma como un reino perfeccionado de la libertad, y que es vista como la encarnación pura de la liberación? Este retrato hecho por la tercera vía de la aparente superficialidad de una lucha política también tiene otras consecuencias de enorme importancia. Por ejemplo, como ha dicho Pierre Bourdieu: Este lenguaje carente de posicionamiento político está caracterizado por una retórica de imparcialidad, está marcado por los efectos de la simetría, del equilibrio, del justo medio, está sostenido por un rasgo distintivo de la propiedad y de la decencia, ejemplificada por evitar las formas polémicas más violentas y por la discreción; en breve, por todo aquello que exprese la negación de la lucha política como lucha. Esta estrategia de neutralidad (ética) naturalmente se cumple con la retórica de la cientificidad (Bourdieu, 1992: 132).

Sin embargo, lejos de ser vistas como algo positivo o benéfico, esta retórica de la imparcialidad y esta búsqueda del justo medio se consideran sumamente perjudiciales. A pesar de todos los llamados de la tercera vía a la reconciliación y a una sociedad totalmente cohesionada, lo que en verdad sostiene esta retórica es una forma aberrantemente ilegítima de síntesis. Esta especie de unidad concebida está basada en premisas por entero falsas. Primero, es una forma irreal de unidad que enmascara la división de clases sobre la que descansa la verdadera unidad del sistema capitalista (Debord, 1983: 72). Segundo, es una búsqueda de la unidad que, en efecto, obliga a que haya una separación. Con el deseo de unir las fuerzas en puntos de coincidencia, no hay un verdadero intento de superar el aislamiento de las partes. En consecuencia, la unidad de las partes separadas es aún una unidad de las partes en su calidad de separadas. En lugar de haber un proceso de trascendencia, cuando mucho sólo hay un proceso de asimilación. Pero dentro de esta asimilación lo único que se logra es

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una unidad de miseria. Para tomar prestada la terminología de Guy Debord, Detrás de la máscara de la opción absoluta, se enfrentan distintas formas de la misma enajenación, todas las cuales se basan en las verdaderas contradicciones que son reprimidas [Todo cuanto existe] no es más que una imagen de la unión feliz cercada por la desolación y el miedo que están en el centro tranquilo de la miseria (Debord, 1983: 63).

LA VULNERABILIDAD “ORWELLIANA”

Al emitir un juicio general, sea de las prácticas de la tercera vía a lo largo del último par de años, sea de sus estructuras de representación que hasta aquí han sido el tema principal del presente trabajo, hay dos conclusiones ineludibles. La primera se relaciona con el modo en que los defensores de la tercera vía se han echado al bolsillo las fuerzas dominantes del capitalismo. Más que nada, han conceptualizado demasiado la propiedad inherente de la explotación que es parte intrínseca de la composición del sistema capitalista. Al hacer “invisibles la lógica totalizadora y el poder coercitivo del capitalismo”, en efecto, han reconocido y aceptado el estatus hegemónico permanente del mismo (Wood, 1990: 65). Segundo, como consecuencia de lo primero, han intentado desesperadamente devaluar casi todo aquello por lo que ha luchado la izquierda. Ambos rasgos, diría yo, son sintomáticos de un estado crónico de amnesia. En los casos de trastornos cerebrales severos se desvanece gradualmente la realidad del presente, formada por el pasado, y en su lugar se crea una realidad imaginada que puede ser mucho menos práctica, pero siempre es más cómoda.3 El tema de máxima importancia para nosotros es cómo podemos 3 Esta conclusión es relatada maravillosamente en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Lo único que salvó a los habitantes de Macondo, cuando sufrían una plaga colectiva, primero de insomnio y luego de amnesia, fue el hábito de apuntar cosas en pedazos de papel antes de olvidarlas. Al principio esto consistía en darles nombres a los objetos específicos, mas con el tiempo involucraba descripciones detalladas de las tareas que desempeñaban tradicionalmente los objetos y los fenómenos. Parece que es una tarea que debe repetirse sin fin con fenómenos como “clase”, “lucha”, “opresión” y “explotación”.

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recobrar la memoria y la vista de la lógica explotadora y coercitiva del capitalismo contemporáneo. ¿Cómo podemos interrumpir y vencer esta dialéctica de la desvalorización de la izquierda que la tercera vía ha promovido activamente? En la actualidad se ha argumentado repetidamente que el marxismo (bajo cualquier aspecto que intente adoptar) no es capaz de comprender las nuevas tendencias y procesos que se han suscitado en tiempos recientes. Tampoco puede proveer las estrategias de resistencia adecuadas a estos acontecimientos. Ambos supuestos son, a todas luces, erróneos, pero en el resto de este ensayo quisiera concentrarme en el segundo de ellos. Brevemente, el argumento será que al renegar de los principales fundamentos metodológicos y estratégicos del marxismo, renegamos casi por completo de la única estrategia “viable” de resistencia que aún nos queda. Permítaseme decirlo de otra manera. Durante la evolución de sus modos o estructuras de representación, no cabe la menor duda de que la tercera vía ha construido para sí una versión novedosa del newspeak orwelliano, que no sólo ha proporcionado un medio de expresión para la cosmovisión y los hábitos mentales propios de los devotos de la tercera vía, sino que también ha intentado degradar los demás modos de pensamiento crítico.4 Sin embargo, al reconocer esto, nunca olvidemos la otra parte del mensaje orwelliano, la cual nos recuerda que el peligro principal del newspeak tiene su raíz en las herejías reconocidas y asociadas con el oldspeak. En tanto que el oldspeak permanezca en la memoria y la conciencia de la gente, el newspeak siempre se sentirá amenazado y vulnerable. En otras palabras, precisamente en este punto de la preservación de las perspectivas asociadas con la “antigua izquierda” clásica la tercera vía reconoce su propia falta de confianza en sí misma. Y es precisamente en este punto donde debemos explotar esta vulnerabilidad. 4 En un documental televisivo reciente que criticaba la justificación del gobierno británico de las políticas de sanciones contra Irak, John Pilger dio un ejemplo clásico del newspeak de la tercera vía: “Justo antes de Navidad, el Departamento de Comercio e Industria en Londres bloqueó un cargamento de vacunas para proteger a los niños contra la difteria y la fiebre amarilla. El doctor Kim Howells [ministro de Gobierno] dio sus razones al parlamento. Su posición de subsecretario de Estado en lo relativo a la competencia y los asuntos de los consumidores estuvo de acuerdo con su respuesta orwelliana.” Dijo que se habían prohibido las vacunas “porque tienen la capacidad de ser usadas en armas de destrucción masiva”. Pareció no ocurrírsele que su dedo descansaba sobre el gatillo de un arma probada de destrucción masiva: las sanciones. The Guardian Weekend, 4 de marzo de 2000, p. 29.

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EL BUEN SENTIDO DE LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS

En cualquier estrategia de resistencia a los dictados del discurso de la tercera vía, el lugar de honor primero debe corresponderse a la necesidad de socavar su apropiación del reino del sentido común. En sus Cuadernos de la cárcel Gramsci escribe: ¿Es mejor “pensar”, sin tener una conciencia crítica, de un modo desunido y episódico? [...] ¿O, por el contrario, es mejor formarse consciente y críticamente una concepción del mundo y así, en relación con el trabajo del propio cerebro, escoger una esfera de actividad, tomar parte activa en la creación de la historia mundial, ser uno mismo su propio guía que rehúsa aceptar pasiva y sumisamente desde fuera la formación de la propia personalidad? (Hoare, 1971: 323-424).

Por el modo en que se plantea esta pregunta retórica, me parece que inmediatamente se nos presentan muchas de las bases para sobreponernos a la negatividad del sentido común. La primera de estas bases es el desarrollo de la propia conciencia crítica. La tarea de oponerse al sentido común no implicaba, para Gramsci, un asalto doctrinario a los “sentimientos espontáneos de las masas”. Como dice más adelante: “no es cuestión de introducir desde los comienzos una forma científica del pensamiento en la vida cotidiana del individuo, sino de renovar y hacer ‘crítica’ una actividad ya existente” (Hoare, 1971: 323-324). Sin importar cuánto pueda embalsamar, momificar y degenerar los procesos de pensamiento individuales una idea dada del sentido común, siempre ocurrirá que, en las experiencias concretas de las masas populares, dentro del marco del sentido común se generará un “núcleo del buen sentido”. A fin de utilizar este “núcleo” no debe olvidarse que todos, hasta cierto punto y en cierto grado, son filósofos. Es claro que las resistencias son muchas, pero Gramsci nunca dudó de que este acceso a la “razón filosófica” jamás sería totalmente saboteado por las inercias del sentido común, o por lo que Paulo Freire (1993) llamaría después “la cultura del silencio”. El factor más importante en el desarrollo de la propia inteligibilidad crítica es, con mucho, la realización de una concepción coherente y unitaria del mundo que nos rodea. De hecho, no por nada Gramsci definió al socialismo precisamente como la “visión integral de la vida”; la conciencia de que una comprensión adecuada de los

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fenómenos complejos sólo se sigue de una apreciación de cómo están unidos. Cada fragmento tiene que ser puesto en un marco más grande y con significado, pues sólo por estos medios el conocimiento de los hechos aislados puede llegar a ser un conocimiento de la realidad. Como lo ejemplificó Lukács, la realidad sólo se da en la totalidad del desarrollo social. Siempre existe la necesidad de distinguir la realidad de lo que tan sólo es la “factualidad” de la existencia. La inmediatez del momento aislado siempre está imbuida de un sentimiento del sinsentido. Para entender la realidad así planteada, es necesario ser el amo de los hechos inminentes, no el esclavo (Lukács, 1970). En síntesis, lo que tenemos aquí es la suprema superioridad metodológica del materialismo histórico. Al cimentar cada fenómeno en una estructura más amplia, dentro de la cual cada uno es una parte y tiene una función particular, podemos llegar a una comprensión del presente que tiene una profundidad constitutiva fundamental. Además si, como subrayó correctamente Gramsci, el énfasis se da siempre en el primero y no en el segundo de los dos elementos metodológicos, esto nos permite ver la historia no como un simple proceso mecánico de hechos y acontecimientos, sino como un proceso en el que somos protagonistas activos de un drama muy real y muy efectivo, un drama en el que “sólo conocemos la realidad en relación con el hombre, y puesto que el hombre es el devenir histórico, el conocimiento y la realidad también son devenires, al igual que la objetividad” (Hoare, 1971: 446). De hecho ésta es la base real de la unidad de la teoría y la práctica; una praxis que ve en la voluntad humana la conciencia operativa de la necesidad histórica. En este punto Jean-Paul Sartre estaba absolutamente en lo correcto cuando insistía en que “la praxis sobrepasa el Conocimiento en cuanto a su eficiencia real” (Sartre, 1991: 24).

LA LUCHA COMO NEGACIÓN

La base de la necesidad es la práctica, entendida como la motivación por luchar por las propias necesidades. Mientras tanto, la lucha es una de las categorías más altas del ser-para-otros. Por esta razón la invalidación real del sentido común se asegura principalmente en el dominio de la política. El reino de la lucha política es por excelencia

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el reino donde están en riesgo “el conocimiento del mundo social y, más precisamente, las categorías que lo hacen posible” (Bourdieu, 1992: 236). Como subraya Bourdieu, siempre es inseparablemente teórico y práctico, y una de sus preocupaciones importantes es “el poder de preservar o transformar el mundo social por medio de la preservación o transformación de las categorías de percepción de ese mundo” (Bourdieu, 1992: 236). Perseguir las formas directas de la lucha política —y en ciertos casos los actos de violencia—5 debe ser visto, entonces, como la negación práctica de un destino diseñado para infligir la enfermedad de la inercia común. Ahí, donde la tercera vía busca acrecentar y recalcar al máximo el sufrimiento que es el resultado de esta enfermedad, la izquierda debe considerar esto como la realización del propio ser-objeto (object-being). Como dijo una vez Gramsci: “la vida siempre es una revolución”. Es ese verdadero proceso “catártico” en el que las masas abandonan el terreno del sentido común e ingresan en el reino de la realidad “efectiva” con la ambición final de transformar ese reino en uno de libertad, ya no de necesidad. Fuera de la lucha no puede haber libertad. Esto, entonces, nos lleva a otro punto. Si sólo por medio de la lucha (y sobre todo de la lucha de clases) es posible hallar una alternativa auténtica a la existencia social actual, nunca debe perderse de vista la verdadera base dialéctica de esta alternativa, base que por su propia naturaleza excluye toda asimilación posible de los sectores explotadores de la sociedad con los explotados. En la dialéctica no existe una base para el procedimiento en el que las dos fuerzas sencillamente se unen o se fusionan. De modo que es necesario tratar de restablecer la dialéctica como la ley principal de la antropología. Lo que hace superior al método dialéctico es su modo de priorizar el antagonismo de las necesidades. Como dijo Sartre: “la dialéctica y la praxis son una y la misma; en su 5 Como escribió Freire en respuesta a la violencia cotidiana de la opresión social y la explotación, los actos de rebelión, que a menudo se manifiestan bajo la forma de la violencia, están invariablemente basados en el deseo de hacer valer el derecho de ser humano. En consecuencia, las dos formas de violencia se basan en fundamentos totalmente opuestos. “En la medida en que los opresores deshumanizan a los demás y violan sus derechos, ellos mismos se deshumanizan. En la medida en que los oprimidos, en su lucha por ser humanos, les quitan a los opresores el poder de dominar y suprimir, les devuelven a los opresores la humanidad que perdieron en el ejercicio de la opresión” (Freire, 1993: 38).

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indisolubilidad, son la reacción de la clase oprimida a la opresión” (Sartre, 1991: 802). En contraste con la aproximación ingenua e ilusoria de la tercera vía, que busca adoptar un sentido de orden y unidad sin la necesidad de renunciar a la estructura social existente, hay que ver el verdadero motor de la historia como una contradicción y una negación determinada. Debe haber una confrontación con las contradicciones sociales y los antagonismos — y la eliminación de los mismos— antes de que se logre un grado auténtico de unidad social o armonía social. Uno no puede hacer que desaparezcan mágicamente estos antagonismos y contradicciones por medio de un discurso rimbombante. Sólo con la lucha directa y activa y “la reciprocidad del antagonismo” puede producirse la unidad de todos a través del Otro. Y todo aquel dedicado a la trascendencia socialista del capitalismo debe prestar la atención debida a las palabras de Rosa Luxemburgo: los peores utópicos, que están completamente divorciados de cualquier base, son en realidad precisamente aquellos políticos que siguen proclamando la idea de una desaparición estable y sin enfrentamientos del capitalismo.

EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

En uno de sus cuentitos maravillosos acerca de Don Durito de la Lacandona, con el título de “El neoliberalismo: La catastrófica conducción política de la catástrofe”, el subcomandante Marcos (1998: 7683) escribe acerca del misterioso “Señor X” que ocupa el lugar principal de cada gobierno en la actualidad. Con aires de Sherlock Holmes, Durito se propone descubrir la identidad de este personaje misterioso. La búsqueda comienza en un país sin nombre que se sitúa aleatoriamente al fondo del imperio de las barras y las estrellas tenebrosas. (Y cuando digo “al fondo”, realmente es al fondo.) Como todo y todos que están bajo el control efectivo del Señor X, el país sufre una plaga terrible. No es ébola. No es sida. No es cólera, sino algo mucho más letal y destructivo que todas estas enfermedades: ¡el neoliberalismo! Con la esperanza de salvar a este país, una generación de políticos jóvenes ha sido enviada a estudiar al extranjero. Desafortunada-

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mente todo es en vano. La única manera en que pueden concebir la “salvación” es ignorar el pasado del país y subirse al tren veloz de la brutalidad y la imbecilidad humana que tiene por nombre “capitalismo”. Su fracaso no se debe a que sean malos estudiantes; al contrario, han aprendido mucho en poco tiempo. Pero sucede que han aprendido una sola lección en todas las materias que han cursado, y esta lección siempre es la misma: “finge que sabes muy bien lo que estás haciendo”. Parece que, según su maestro, éste es el axioma político fundamental del poder del neoliberalismo. En cuanto los alumnos quieren ahondar en la materia el maestro se niega a contestar sus preguntas y, en cambio, sólo repite el axioma. A pesar de que se ruboriza y “le cae la baba”, es evidente que el miedo es realmente lo que le impide decir toda la verdad a sus alumnos. No es de extrañarse puesto que, como descubre Durito, el neoliberalismo no es nada menos que la teoría caótica del caos económico, la exaltación estúpida de la estulticia social y la conducción catastrófica de la catástrofe. De regreso a casa, o a lo que queda de ella, los alumnos llegan con un mensaje mesiánico que nadie logra entender. Sin embargo, impertérritos, se dan a la tarea de aplicar la única lección aprendida con todos los medios a su alcance. Tras haber obtenido niveles maravillosos de simulación, finalmente llegan al punto de construir una realidad virtual en la cual todo parece funcionar a la perfección, pero aún hay un obstáculo por vencer. Paralela a esta realidad virtual existe la obra, la verdadera. Entonces, algo debe hacerse; comienzan por hacer lo primero que se les ocurre: pasar un día en un reino de la realidad y el día siguiente en el otro, y así sucesivamente. Resulta que poco a poco comienzan a alejarse de la realidad verdadera y a creer que la realidad virtual que han creado con mentiras y simulaciones es, en realidad, la realidad. No es sorprendente que uno de los problemas causado por esta situación sea un alto índice de esquizofrenia. Mas éste no es el peor de los problemas. También ha ocurrido que cada alumno ha creado su propia realidad virtual y cada uno ha comenzado a vivir de acuerdo con ella, así que se adoptan medidas que se contradicen. Sin embargo, hay algo que puede dar coherencia a toda esta incoherencia. Al final de este largo camino de investigación, y con pleno uso de sus espectaculares facultades de inducción, Don Durito de la Lacandona, alias Sherlock Holmes, logra explicar qué es. La verdad estriba en que hay un elemento invisible detrás de todo esto, una per-

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sona que nunca se deja ver pero que da coherencia y sistematicidad a todos los diversos espectros de poder. Es un líder bajo el cual todos —literalmente todos— están subordinados. Este líder es el misterioso “X”. ¿Quién es “X”? Primero es necesario anotar que no es masculino, sino femenino. “Señor X” en realidad es la “Señora X”; su nombre de pila es “Estúpida” y su apellido es “Improvisación”. “Señora X” es la estúpida improvisación del neoliberalismo en la política; es el neoliberalismo concebido como una doctrina política, y “Estúpida Improvisación” actualmente gobierna al mundo desde Argentina hasta Rusia. Es una plaga que afecta a la humanidad entera, y su éxito se basa sólo en la mentira, mas es una mentira que sólo da la apariencia de solidez, porque a fin de cuentas no hay escapatoria de la verdadera realidad de la situación. En los cimientos del neoliberalismo existe una contradicción irresoluble. Cuanto más se sostiene más se devora y se destruye a sí mismo. Al leer el relato de Marcos recordé algunos versos de un poema de Ramón Antonio Armendáriz: aparentemente el lenguaje es silencio aparentemente el silencio es poder la escritura es recompuesta una copia de la invención reinventada el aliento de la bestia refresca la calle sus garras emergen el monstruo se impone en su totalidad Armendáriz, 1977: 17. Tan pronto como traducimos el relato a nuestros respectivos contextos es inevitable que todos atribuyamos rostros diferentes a los alumnos jóvenes que supuestamente comienzan con la intención de salvar a su país, pero por fin lo traicionan tras convertirse en los últimos de una larga lista de proselitistas evangélicos de la realidad ilusoria del neoliberalismo. En el lector europeo dominarán los rostros de Tony Blair, Gerhard Schröder o Massimo D’Alema, pero tampoco en América Latina hay escasez de nombres de candidatos políticos o intelectuales para este papel. De hecho tal vez sea mayor la historia de las traiciones centro-izquierdistas a la bestia neoliberal en América Latina que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, recientemente Tony Blair dijo que Fernando Henri-

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que Cardozo en Brasil era la mejor encarnación de la tercera vía en América Latina. Al asumir el cargo como presidente de Brasil, en enero de 1995, dijo que quería ser recordado “como el presidente que resolvió el problema más urgente del país: las desigualdades sociales que hacen de Brasil la sociedad más injusta de la tierra” (citado en Kucinski, 1998: 16). Sin embargo, tras cinco años de “modernización” —el mayor mantra del sentido común de la tercera vía— pocos pueden dudar que ha dado como resultado la aplicación más rigurosa de las políticas clásicas del neoliberalismo, y que esto en realidad ha conducido a un aumento dramático y devastador en los índices de pobreza, desempleo, privación social y represión. Como resultado directo de las duras reformas neoliberales a lo largo de este periodo, varios centenares de empresas estatales han sido privatizadas y cedidas a precios ridículamente bajos a conglomerados económicos, bancos del extranjero y empresas transnacionales; es el destino que actualmente acaece a la industria petrolera, la fuente más lucrativa de ingresos para el país. Más de dos millones de trabajadores urbanos han perdido su empleo; otro millón y medio de personas que no han completado el ciclo educativo no han logrado encontrar trabajo; la tasa de desempleo total se ha más que duplicado, lo cual afecta a más del 20% de la fuerza de trabajo nacional. Al mismo tiempo, en el campo la situación es igualmente grave. Incapaz de competir con el aumento dramático de los productos importados que han saturado el mercado nacional, más de medio millón de jornaleros del campo han sido desarraigados de sus tierras, lo cual ha dejado a 14 millones de familias sin ningún tipo de albergue. Pocos políticos han hecho más para someter a Brasil a una dependencia tan onerosa del mundo exterior, en el breve espacio de cinco años, como el presidente Cardozo, reconocido en otro tiempo como un destacado sociólogo marxista, sobre todo por su clásica “teoría de la dependencia” del neoimperialismo, sobre el cual ni él (ni ellos) pueden realmente ejercer ningún tipo de control. Sin embargo, tal vez lo más perjudicial sea la manera en que ha hecho todo esto por medio de una nueva alianza estratégica con la derecha política en Brasil. Mientras esta alianza lo mantiene firmemente en el poder, también ha dado seguridad a esa elite corrupta y criminal que efectivamente ha saqueado al país durante los últimos cuatrocientos años y que ha sido el pilar de apoyo para todos los regímenes militares. Huelga decir que esta misma elite criminal, ahora

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con el apoyo de Cardozo, sigue comprando y vendiendo votos, y proporciona los recursos a los grupos paramilitares que siembran el terror en las fuerzas de resistencia (Kucinski, 1998: 16). Si algo nos ha enseñado la historia es seguramente que tales “pactos de pacificación” con la extrema derecha dan como resultado la muerte de miles de víctimas inocentes. Pero si hay una diferencia importante entre los actos de sumisión y traición en Europa y en América Latina, es el modo en que el espacio político —abandonado actualmente por la ilusión de una tercera vía— ha sido llenado por fuertes movimientos revolucionarios populares. “¡Ya basta!”, en un contexto latinoamericano, realmente significa “ya basta”; hay un umbral o un punto de saturación de insoportabilidad que no debe ser transgredido y contra el cual se debe luchar. Estos movimientos revolucionarios han adoptado muchas formas, pero sobre todo la de guerras campesinas de resistencia, lo cual ha desmentido los pronósticos prematuros que proclamaron la declinación total del campesino. A principios del siglo XXI las figuras de Emiliano Zapata, Túpac Amaru, Luis Gama y Zumbi dos Palmares —por nombrar sólo algunos—han sido invocadas una vez más. Sin embargo no es un fenómeno que retrocede, ni una nostalgia por un pasado que no puede volver a vivirse. La fuerza de esta nueva resistencia campesina no ha tenido paralelo por más de un siglo. De hecho, en términos de aptitudes para la organización, niveles de conciencia y aspiraciones para el futuro, es probable que no tenga ningún paralelo. Más que una desobediencia obstinada a la infalibilidad proclamada del neoliberalismo es —para usar palabras del subcomandante Marcos— un fuerte “enfrentamiento con la realidad”. Es la realidad de la miseria y las necesidades de hordas de la humanidad, una realidad tan pesada como el granito. Sobre todo, para hacerme eco de la máxima famosa de Lenin, es una realidad muy consciente de que es mucho más placentero y útil experimentar la revolución que soñarla y escribirla. Para aquellos, pues, que continúan resistiendo los dictados del neoliberalismo, la idea de la “revolución” aún está cargada de esos significados descritos por Octavio Paz cuando hablaba de la “palabra mágica, la palabra que va a cambiar todo” (Paz, 1967: 138). Un pueblo puede hallarse solamente por medio de la revolución, situarse en su propio pasado y en su propia sustancia. Una revolución permite que la gente se atreva a existir, a ser. Una explosión revolucio-

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naria es una “fiesta prodigiosa” en la cual la gente, ebria con su propio ser, finalmente toma conciencia con un abrazo mortal para sus congéneres. Sobre todo, una revolución “es una explosión de la realidad: un regreso y una comunión, un trastocamiento de las viejas instituciones, una liberación de muchos sentimientos feroces, tiernos y nobles que se escondían a causa de nuestro temor a ser” (Paz, 1967: 139). Al escoger algunos de los rasgos distintivos de estos nuevos movimientos campesinos, inmediatamente se vuelven perceptibles ciertas características. Primero, es el modo en que aún creen fervientemente en la posibilidad de la lucha y la resistencia, mas no es la oposición, pues ésta sólo busca enfrentamientos con el gobierno y se limita a los métodos de un partido político, mientras la resistencia se enfrenta al poder en todas sus formas y es capaz de trascender los juegos de los partidos y las contiendas electorales. Segundo, aún creen con fervor en la posibilidad de la esperanza y de la necesidad continua de andar el camino del sufrimiento a la esperanza. Como ha afirmado Marcos, en la actualidad los insurgentes latinoamericanos son “profesionales de la esperanza”, y la base de esa esperanza es la creencia en el valor último de la acción política. En este punto, un optimismo de la voluntad va acompañado por un optimismo del intelecto, por la convicción de que sin importar cuán difícil pueda ser la situación, siempre es posible hallar los modos de salir de las circunstancias que abruman a la gente. Más que un sentimiento renacido de la esperanza es una creencia en una futura esperanza, una esperanza liberada, la energía del deseo de un futuro que puede trascender las injusticias de un presente falso. O, en términos de Ernest Bloch, la esperanza no es un acto de hacerse ilusiones, sino que funciona como una posibilidad histórica definitiva que espera ser llevada a cabo. Tercero, todavía creen en un sentido de la verdad, una verdad que no se basa sólo en las palabras o el discurso, sino también en la armonía y en la capacidad de escuchar. Además, la resistencia expresada por ellos está firmemente arraigada en los valores universales. Cuarto, aún creen con fervor en la supremacía cultural de las masas oprimidas. Desde los zapatistas en México hasta los campesinos sin tierra en Brasil, los indios mayas de Guatemala y los indígenas de Ecuador, lo que se está promoviendo es el derecho a la cultura propia, que no esté imbuida o contaminada con los valores de la burguesía neoliberal. Es la afirmación cultural de la supremacía de su explo-

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tación. Por supuesto, todo esto no debe confundirse con algún deseo de permanecer en un estado de explotación. Mas sin sucumbir a su enemigo explotador, sin identificarse o, peor aún, asimilarse al modo de vida del enemigo, dan expresión y credibilidad a su convicción de que este enemigo puede y debe ser vencido. Y por último se aferran de manera particular a una tradición de internacionalismo y fraternidad. En un mundo en que el centro está en todas partes y la circunferencia no está en ninguna, están más que conscientes de la necesidad de que su resistencia a la dictadura y el imperialismo del neoliberalismo debe ser tan transnacional como el capitalismo. Pero al mismo tiempo es una conciencia que no pierde de vista las conexiones dialécticas que vinculan lo local con lo nacional y lo internacional. Su internacionalismo no se basa en las privaciones de la uniformidad, pero su localismo tampoco es sofocado por el fundamentalismo cultural o el racismo. La fuerza vital del uno es complementada por el oxígeno del otro. Así que sólo con base en lo anterior se podrá ganar la cuarta guerra mundial, atinadamente acuñada por Marcos. Y no cabe la menor duda de en qué lado se han situado las nuevas fuerzas de la tercera vía en esta nueva guerra.

CONCLUSIÓN

Creo que nadie disputaría que la versión contemporánea de la tercera vía es la última en una larga lista de concesiones hechas por ciertos elementos de la socialdemocracia. Sin duda todos los compromisos de este estilo han sido derrotas. Pero este compromiso específico es el más horrendo de todos. Bajo el manto con que se viste la tercera vía no hay más que una desnudez absoluta, y quizá lo peor de todo sea la manera en que actúa como un embustero compulsivo, no sólo en relación con los demás, como ha señalado Marcos, sino también consigo misma. Ya que comencé este trabajo con un epígrafe de Pier Paolo Pasolini, permítaseme concluir con un comentario hecho al final de su vida: “Es mejor ser un enemigo del pueblo que un enemigo de la realidad” (Pasolini, 1976: 7). Para los defensores y simpatizantes de la tercera vía la realidad que ellos habitan tiene todas las características de un “gueto mental” en el que las facultades críticas han sido pues-

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tas en hibernación. Pasolini, pues, tiene razón, pero iría un poco más lejos. Siempre existe la realidad que nos enfrenta (de la que uno debe estar total y absolutamente consciente). Al mismo tiempo, está la realidad que debe ser enfrentada por nosotros (en la que nunca debemos ser prisioneros). La tercera vía ignora ambos niveles de esta realidad. Al ser enemiga de la realidad de estas dos maneras, también debe ser considerada enemiga del pueblo. ¡El pueblo, unido, jamás será vencido!

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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE GLOBALIZACIÓN? UNA INCURSIÓN METODOLÓGICA DESDE AMÉRICA LATINA* JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADO**

A MODO DE PRESENTACIÓN

La metodología, que quede claro, no resuelve en absoluto el problema con el que nos enfrentamos. A lo sumo facilita el correcto planteamiento de la solución. ANTONIO NEGRI

La investigación comienza con la duda, no con la fe. ERNST BLOCH

Desde una orientación epistemológica crítica, se establece una relación de conocimiento en que las formas de abordar la realidad reconocen la necesidad de asumir una postura racional que potencie el ejercicio del conocer al no agotarlo en la explicación de lo real, sino que amplíe las potencialidades de lo real mismo. Se entiende la realidad como campo de alternativas donde los sujetos y las prácticas sociales tienen la posibilidad de construir historia. Se trata de avanzar del conocimiento a la conciencia, o en otras palabras del conocimiento teórico al conocimiento histórico. La importancia de reflexionar metodológicamente sobre un obje* Versión revisada, ampliada y actualizada de un artículo que ha sido publicado en Quórum, año IX, núm. 72, mayo-junio de 2000; Globalización. Revista web Mensual de Economía, Sociedad y Cultura, julio de 2000; Contraste. Revista Especializada en Estudios Regionales, año I, núm. 1, enero-junio de 2001; Herramienta. Revista de Debate y Crítica Marxista (Buenos Aires), núm. 18, verano de 2001-2002, y Carta Global Latinoamericana (Montevideo), núm. 1, febrero de 2002. ** Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.

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to de estudio como el que el título enuncia toma en cuenta el desafío que representa traducir esa orientación y entendimiento de lo real al análisis de la realidad social, y al campo de la economía como uno de los ámbitos que se incluyen en lo social. En la economía, entendida en su acepción económica y política, desde un posicionamiento crítico y de transformación de lo real, es actualmente más necesario que nunca desarrollar un pensamiento que parta del reconocimiento de la necesidad de futuro.1 Ante el paradigma neoliberal conservador que impone la inexorabilidad de fuerzas externas dominantes, las cuales subyugan a su lógica las formas y el proceso económico-productivo de nuestros países y subordinan el interés, la producción y reproducción de la vida material de las clases trabajadoras (su sistema de necesidades) a la obtención del beneficio y el mantenimiento de patrones de dominación, resulta imperativo pensar y analizar la realidad desde una perspectiva que busque transformar y construir una sociedad “en la que todos quepan”. A final de cuentas, del modo en que se entienda y piense la realidad dependen la distinción y resolución (aún más, el tipo o los tipos de solución) de los problemas que la misma ofrece. En los siguientes párrafos nos proponemos vislumbrar la globalización en tanto proceso histórico-objetivo, en tal sentido, como contexto o escenario mundial, como ideología, y en su dimensión político-normativa o prescriptiva, intentando relacionarla con el establecimiento de los llamados bloques regionales y las políticas de ajuste estructural, haciendo manifiesta la necesidad de estudiar a éstas en su complejidad económica, política y social.

HACIA UN CONCEPTO DE LA GLOBALIZACIÓN

...busqué varias veces la conversación con distintos responsables para tratar de ir haciendo una labor de convencimiento contra ella. Fue imposible; es reconocida como un artículo de fe. Los más evolucionados políticamente dicen que es una fuerza natural, material... ERNESTO “CHE” GUEVARA 1 Véase

a este respecto el sugerente ensayo de Aníbal Quijano (2001: 3-17).

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Como apuntó el sociólogo británico y director de la London School of Economics, Anthony Giddens, “globalización” es un término que, aunque usado con gran frecuencia, está muy pobremente conceptualizado. La orientación analítica y la disposición ideológica separan a “hiperglobalizadores” y “escépticos de la globalización” (Giddens, 1996). Entre los primeros, los hiperglobalizadores, ligados sobre todo al ambiente de los negocios y con gran influencia en las elites económicas y políticas que orientan las medidas macroeconómicas y la gestión del estado, la globalización se entiende como la expansión del mercado a escala mundial. El avance del proceso es tal que los estados-nación no sólo han perdido una gran parte de su poder sino que están a un paso de su aniquilamiento. En esta corriente, el analista y consultor japonés Kenichi Ohmae (en obras como The borderless world, o The end of the nation state) argumenta que en el futuro la nueva economía mundial tendrá como núcleo, no a los estados-nación, sino a muchas regiones entrelazadas al modo de estados-región, ciudades-estado o ciudades-globales.2 El modelo del estado-región está abierto a la economía mundial; para Ohmae “los estados-región son puntos de entrada tan eficaces para la economía mundial porque las características que los definen están conformadas por las exigencias de esa economía” (Ohmae, 1997: 126). Aunque parecería que este escenario es poco probable, no puede ser ignorado; en los hechos es la ideología en boga o el proyecto del sector empresarial transnacional. Esta concepción de la globalización no sólo se deriva de una noción analítica, sino que también sintetiza una orientación ideológica y una idea de futuro. Para los segundos, los escépticos, hablar de la globalización como un fenómeno nuevo o sin precedentes es faltar a la verdad. Con el apoyo de una gran cantidad de estadísticas argumentan que lo que hoy se ha dado en llamar globalización estaba más desarrollado entre los años 1900 a 1914, e incluso a fines del siglo XIX; para éstos la “globalización es un mito”. En esta corriente podríamos ubicar las aportaciones de Paul Hirst y Graham Thompson (1999) en Globalization in question, y las de Paul Bairoch y Richard Kozul-Wright (1996) en Globalization myths. Quizá la crítica a la escuela de la hiperglobalización deba avanzar más allá de alcanzar una historización del fenó2 Véanse Camdessus (1996: 7-14), y desde otra perspectiva González Martínez (1996: 24-25).

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meno (terreno en el cual las dos obras anteriores han hecho aportes significativos) y tratar de abarcarlo en sus alcances políticos, económicos, sociales y culturales. Podríamos coincidir con Giddens, quien sugiere que elaborar una “conceptualización adecuada de este fenómeno debe diferir de ambos enfoques”, y tiene que poner atención en varias cuestiones: a] esta sacudida fundamental de la sociedad mundial “tiene numerosas causas y no una sola”; b] es un proceso sumamente contradictorio, “no debe entenderse tan sólo como un concepto económico ni como un simple desarrollo del sistema mundial o como un desarrollo puramente de instituciones mundiales a gran escala [...] no es un simple conjunto de procesos ni tampoco va en una sola dirección. En algunos casos genera solidaridades y en otros las destruye. Tiene consecuencias muy distintas según sea la ubicación geográfica mundial de que se trate [...] genera algunas formas nuevas de integración que coexisten con formas nuevas de fragmentación” (Giddens, 1996); c] “la fase actual del proceso no es sólo extensión de las fases anteriores de la expansión del mundo occidental”. Sin embargo, tenemos una gran discrepancia con Giddens, ideólogo de la tercera vía. El sociólogo británico concluye afirmando que la fase actual de mundialización “se distingue porque nadie la controla” (Giddens, 1996). Su conclusión lo emparenta, como veremos más adelante, con los ideólogos de la globalización; y no sólo eso: Giddens se erige en entusiasta globalizacionista, al construir los lemas publicitarios e ideológicos de la tercera vía desde una “postura positiva ante la globalización”. Por nuestra parte, preferimos la advertencia que formula Hugo Zemelman y que constituye una toma de posición y el punto de partida para el establecimiento de una relación de conocimiento. Según Zemelman la globalización constituye un problema de macrológicas económicas, las cuales tienen fuerzas que llegan a presentarse como inexorables. Estas fuerzas no son inamovibles, “dependen también de la capacidad de resolución que [...] les presten los individuos desde su muy empobrecida subjetividad” (Zemelman, en Dieterich, 1997: 105). Pensar entonces el gran tema de la globalización (que se erige al parecer en el nuevo Leviatán de las ciencias sociales contemporáneas) exige hacerlo en cuanto proceso y en cuanto dinámica, pero no sólo en esa dimensión de su complejidad; además de ello, se requiere incluir la capacidad y potencia de actores políticos y económi-

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cos transnacionalizados y la represión o mediatización de otras modalidades de ejercicio y constitución de subjetividades que intentan construir o transformar el mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) define a la globalización como la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología (citado en Wolf, 1997: 14).

Dos cuestiones aparecen como clave en esta visión encubridora y mistificadora de la globalización: el concepto de interdependencia (que oculta los procesos de explotación, dominación y apropiación presentes en la lógica del capital mundial) y el quedarse en la forma de manifestación del fenómeno o proceso, sin interesarse por los actores políticos y económicos que lo impulsan, que en este caso son las multinacionales, los estados desde los que se impulsan globalmente, y los organismos e instituciones supranacionales que actúan en el ámbito mundial como garantizadores y creadores de consenso para las medidas económicas y políticas que acompañan a la globalización neoliberal. Desde la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, Pablo González Casanova intenta recuperar algunas dimensiones poco socorridas en este debate, y propone “pensar que la globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo”. Dominación tanto de estados como de mercados, de sociedades como de pueblos, que se ejerce “en téminos político-militares, financiero-tecnológicos y socioculturales”. El proceso de apropiación de recursos naturales, de riquezas y del excedente producido se realiza de una manera especial, en que el desarrollo tecnológico y científico más avanzado se combina con formas muy antiguas, incluso de origen animal, de depredación, reparto y parasitismo, que hoy aparecen como fenómenos de privatización, desnacionalización, desregulación, con transferencias, subsidios, exenciones, concesiones, y su revés, hecho de privaciones, marginaciones, exclusiones, depauperaciones que facilitan procesos macrosociales de explotación de trabajadores y artesanos, hombres y mujeres, niños y niñas (González Casanova, 1998).

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El proceso no se desarrolla ex nihilo o como una fuerza natural; la globalización está piloteada por un complejo empresarial-financiero-tecnocientífico-político y militar que ha alcanzado altos niveles de eficiencia en la estructuración, articulación y organización de las partes que integran al complejo, muchas de las cuales son empresas o instituciones estatales también complejas (González Casanova, 1998).

En una argumentación como ésta destacan varias articulaciones y mediaciones conceptuales o categoriales que nos permiten una apertura más amplia del tema de la globalización, y nos exigen recuperar la discusión del todo y de las partes, de lo abstracto y de lo concreto; en suma, de la complejidad de un fenómeno como éste.

DE LA CONCIENCIA DE GLOBALIDAD A LA TOTALIZACIÓN TOTALITARIA DEL AUTOMATISMO DE MERCADO. LA GLOBALIZACIÓN, TRIUNFO DEL UNIVERSALISMO ABSTRACTO

La interpretación del acontecer histórico-social en términos de un acontecer orgánico natural va más allá de los resortes reales (económicos y sociales) de la historia y entra en la esfera de la naturaleza eterna e inmutable [...] es una “totalidad” que consiste en el total dominio de todos. La explicación teórica de esta totalidad la da el universalismo [...] el universalismo en el campo de la teoría social ha asumido rápidamente la función de una doctrina de justificación política [...] Al desplazarse la totalidad desde el punto final al inicial, se corta el camino de la crítica teórica y práctica de la sociedad, que conduce a esta totalidad. Se mistifica programáticamente la totalidad: no se la puede tocar con las manos ni verla con los ojos externos. HERBERT MARCUSE

Los últimos años han sido testigos no sólo del emerger del discurso de lo global, de la globalidad, o de la globalización, sino de su imposición como verdadero paradigma dominante. Para el pensamiento

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crítico ha sido cuando menos difícil, y constituye un reto importante llegar a un distanciamiento de un paradigma que tiende a ser asumido como la razón establecida. Lograr superar estos aprisionamientos aparece como una necesidad para intentar avanzar en la construcción de alternativas teóricas y prácticas. Distanciarse del concepto de la globalización y de su discurso, o cuando menos evitar una apropiación acrítica del concepto, exige hacerlo no sólo desde el nivel teórico, o a partir de un corpus teórico, sino desde una disposición cognoscitiva, epistemológica, profundizando en el nivel o ámbito de los presupuestos que permiten su construcción categorial. El tema de lo global o de la globalidad no ha sido ajeno al desarrollo de la filosofía y de las ciencias sociales; se puede afirmar que el problema de la globalidad acompaña al desarrollo del discurso de la modernidad y a su propia crítica (Kozlarek, 1997: 35-50). Si bien es cierto que en los años ochenta comienza un uso más extensivo e intensivo del término “globalización”, ello no significa que ésta sea la característica fundamental de “lo novedoso del mundo”. Ya desde la segunda posguerra, y en especial a partir de los años sesenta, existe lo que podemos calificar como una conciencia de globalidad, o bien conciencia de las dimensiones alcanzadas por los problemas o amenazas globales. Tal conciencia no es sólo teórica o analítica sino incluso existencial, y se relaciona en su momento con la primera amenaza de destrucción en el mundo: la bomba atómica, con sus posibilidades de destrucción masiva y global. A este desarrollo desproporcionado y depredador del excedente social ligado a los intereses del complejo militar-industrial norteamericano lo acompañan la desenfrenada competencia armamentista y el desarrollo de un mercado global de medios de destrucción y un mercado de “seguridad global”, así como una auténtica campaña global de intervención y penetración imperialista. Continúa en un segundo momento con la conciencia de la gravedad de la crisis ecológica y los problemas del medio ambiente, discutidos a profundidad después de la conferencia de Estocolmo y la publicación de Los límites del crecimiento. Tal y como en su momento lo afirmó Edgar Morin, a pesar de las insuficiencias de estos debates y sus restricciones disciplinarias, el desarrollo de la conciencia ecológica constituyó “un primer paso que podría llevarnos a una nueva forma de pensar, la del punto de vista global, y ello es absolutamente esencial” (Morin, en Oltmans, 1975: 447).

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Seguirán posteriormente temáticas tales como el desarrollo de la tecnología genética, la exclusión de la población como amenaza global, etc., cuestiones éstas que al tiempo que van adquiriendo consenso como problemas de la globalidad dan pauta a la crisis sistémica. Aún desde este punto de vista, el cual observa la dimensión global de la actividad humana como una construcción social e histórica, en alguna ocasión las ciencias sociales tendrán que dar cuenta de la apropiación casi automática o religiosa de un término que se crea en los medios empresariales, las escuelas de negocios y los estudios del marketing y del management empresarial de Estados Unidos.3 Como intentamos ver a continuación, no se trata sólo de reconocer una dimensión global del acontecer y pensar humano, sino de evitar o distanciarse de su mistificación e ideologización. Para este cometido de distanciamiento4 nos será de gran utilidad recuperar al menos dos ejercicios del pensar crítico que intentan discutir un uso abstracto y mistificador de las categorías de totalidad y de universalismo. Nos referimos al trabajo que Herbert Marcuse publicara a fines de los sesenta con el título “La lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del estado” (Marcuse, 1970: 89131), y a una de las aportaciones más recientes de Franz Hinkelammert, “Determinismo y autoconstitución del sujeto: Las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden” (Hinkelammert, 1996: 235-277). Nuestra intención es recuperar su argumentación, en el ánimo de relacionarla con lo que creemos constituyen los supuestos y aprisionamientos presentes en la construcción discursiva de la globalización. Herbert Marcuse, en el ensayo citado, inicia la crítica de la doctrina del estado total-autoritario, pero demostrando que el propio liberalismo comparte los supuestos del totalitarismo. Es así que nos será de utilidad para ilustrar lo que podemos calificar, retomando un con3 Como afirma Robert Boyer, desde 1983 Theodore Levitt propone el término para “designar la convergencia de los mercados del mundo entero”, Theodore Levitt, 1983, “Globalization of markets”, Harvard Business Review, mayo-junio, citado en Robert Boyer, “La globalización: Mitos y realidades”, en Gutiérrez Garza (1997: 21). 4 Construir un razonamiento fundante que determine nuevos ángulos desde donde saltar los límites de lo dado hacia lo inédito incluye una exigencia de distanciamiento que “consiste en el movimiento de alejarse del problema para no quedar atrapados por una situación cristalizada como producto, en forma de poder abrirse ya sea como simple reconocimiento de posibilidades de otros discursos, o bien, lo que es más difícil, conformando un contenido nuevo para el mismo discurso” (Zemelman, 1998: 23-24).

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cepto de Hinkelammert, como la “totalización totalitaria del automatismo de mercado”, que no sería sino otro nombre para hacer referencia a la globalización. No se trata sólo de una diferencia terminológica sino —creemos— conceptual. Para Marcuse “El estado totalitario exige la obligación total sin admitir que se cuestione la verdad de tal obligación” (Marcuse, 1970: 127); lo mismo puede plantearse con respecto al predominio del mercado total. Tanto el estado total como el mercado total se ontologizan: la realidad social asume una representación del todo por encima de los individuos, de los miembros, de las partes que lo conforman. Es decir, se asegura el predominio de la totalidad sobre los sujetos que la conforman, se separa abstractamente a la totalidad del conjunto de relaciones sociales que la rigen. La preminencia del todo con respecto a los “miembros”, las partes o los individuos, se justifica en la medida en que “las formas de la producción y reproducción de la vida por ‘lo general’ están dadas de antemano a los individuos” (Marcuse, 1970: 108). Esto significa consolidar un concepto del todo que carece de sentido concreto en la teoría de la sociedad, pues está “separado de su contenido económico-social”. Su corolario es una concepción organicista de la relación entre la totalidad así entendida y los miembros que la componen.5 Las relaciones entre la totalidad y los miembros son entendidas como orgánico-naturales; “la existencia humana” queda a merced de “fuerzas ‘inviolables’ dadas de antemano” (Marcuse, 1970: 91). Esta concepción conduce a una naturalización y deshistorización de los procesos sociales. El camino recorrido por el universalismo abstracto, en el sentido de que el todo al que hace referencia “no es una unificación impuesta por el dominio de una clase en una sociedad de clases, sino una unificación que unifica a todas las clases y que ha de superar la realidad de la lucha de clases y, de esta manera, la realidad de las clases 5 Aunque inscrita en un nivel distinto que el que destacamos en Marcuse, podemos seguir la referencia a la totalidad de Karel Kosik: estamos en presencia de una totalidad (abstracta), entendida de manera unilateral y no dialéctica. Esta concepción es heredera de las corrientes idealistas del siglo XX que reducen la triple dimensión de la totalidad —como principio metodológico— a una sola dimensión: “la relación de la parte con el todo” (Kosik, 1967: 54). Esto desemboca en dos trivialidades: “que todo está en conexión con todo” (la globalización como totalización del automatismo del mercado todo lo modifica) “y que el todo es más que las partes” (siguiendo nuestra analogía, la globalización no puede ser modificada por nada, antes bien exige la adecuación de las partes).

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mismas” (Marcuse, 1970: 109) se complementa con una teorización organicista que conduce “a través de la naturalización de la economía en tanto tal, a la naturalización de la economía del capitalismo monopolista y de la miseria masiva que esta última provoca: todos los fenómenos son sancionados como naturales” (Marcuse, 1970: 114). El predominio del universalismo abstracto exige otra complementación. Si en una primera etapa “la economía es concebida como un ‘organismo vivo’ al que no puede cambiarse ‘de golpe’” (Marcuse, 1970), en un segundo nivel necesita apaciguar la politicidad del sujeto y reprimir su corporalidad, al alejarlo de la satisfacción de sus deseos y necesidades. La lógica autoritaria del estado o el mercado total exige una concepción del hombre como “un ser cuya existencia se realiza en sacrificios cuyo sentido no cuestiona y en una entrega incondicionada, cuyo ethos es la pobreza y para quien todos los bienes materiales desaparecen en aras del servicio y la obediencia” (Marcuse, 1970: 118). Marcuse concluye su crítica haciendo un llamado a la recuperación de la dimensión histórica, a la recuperación de una “auténtica historicidad”. Esta conclusión la expone en tres niveles. En primer lugar, demuestra que la “deshistorización de lo histórico pone de manifiesto una teoría que es la expresión del interés por estabilizar una forma de relaciones humanas que no puede ya ser justificada frente a la situación histórica” (1970: 112). En segundo lugar, Marcuse hace un llamado a tomar en serio la historia, lo cual nos es de gran utilidad en el cometido de conceptualizar a la globalización como ‘forma social’, pero sin asimilarla como el desarrollo natural de fuerzas tecnológico-productivas materiales que responden a lógicas inexorables e inamovibles. El autor plantea: si se tomara en serio a la historia, ésta nos indicaría que aquella forma es el resultado de una decisión y nos recordaría las posibilidades de modificación, que resultan de su génesis [...] Esta forma [social] queda eternizada ideológicamente al considerársela como “orden natural de la vida” (1970: 112-113).

Por último, Marcuse recupera la dimensión concreta e históricoobjetiva de la totalidad y plantea que “en la estructura económica de la sociedad capitalista y monopolista, residen los fundamentos fácticos del universalismo” (1970: 109). La crítica al universalismo abstracto que afirma un orden social deshistorizado es rematada al afir-

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mar que, por el contrario, estamos en presencia “de un orden que se mantiene gracias al poder de un enorme aparato, aparato que puede representar al todo, por encima de los individuos, porque los oprime; es una ‘totalidad’ que consiste en el total dominio de todos” (1970: 92). Del análisis de Hinkelammert quisiéramos recuperar tres cuestiones que nos parecen sustantivas en el ánimo de hacer un distanciamiento de los supuestos del discurso de la globalización, entendida como totalización totalitaria del automatismo de mercado.6 La primera de ellas tiene que ver con el ambiente cultural. El pensamiento crítico ha pretendido reprimirse desde la afirmación de que vivimos el tiempo de la crisis de los grandes relatos, de que estamos en presencia de la crisis de los paradigmas. Hinkelammert plantea que el discurso de la crisis de los paradigmas encubre la afirmación de un conocimiento inauditamente dogmatizado y lleno de irreversibilidades o forzocidades de la historia: el paradigma del mercado. “Es en nombre de este paradigma que se arroja en contra de todo ser pensante la tesis de la crisis de los paradigmas” (Hinkelammert, 1996: 237). En segundo lugar, la propia crisis de los paradigmas se plantea como la pauta para desechar criterios universalistas del actuar, pero ¿es real la pérdida de estos criterios? A la luz de constatar el hecho de que “un solo criterio universalista se ha impuesto: el universalismo de los criterios del mercado” (Hinkelammert, 1996), más adelante nuestro autor complementa su afirmación: se trata de un universalismo del ser humano abstracto, detrás del cual, como siempre, se esconde/proyecta la dominación de una minoría que se impone por medio de los criterios de su universalismo abstracto práctico. De nuevo se revela el hecho de que los universalismos abstractos son posiciones de intereses minoritarios o, si se quiere, posiciones de clase de clases dominantes. Nuestra pregunta tiene que ser por un criterio universal frente a este universalismo abstracto. Éste es precisamente el problema actual (Hinkelammert, 1996: 238).

En tercer lugar, Hinkelammert (1996) llama a tener conciencia “de que a la lógica de un universalismo abstracto como la del sistema 6 En este punto, sin duda, Hinkelammert está desarrollando el concepto de autorregulación por el mercado, y Karl Polanyi, 1992, es su interlocutor básico.

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presente” no es posible oponer otro sistema de universalismo abstracto. Sin embargo sólo se puede contestar mediante una respuesta universal: “Tal respuesta universal tiene que hacer de la fragmentación un proyecto universal [...] fragmentarizar el mercado mundial mediante una lógica de lo plural es una condición imprescindible de un proyecto de liberación hoy” (Hinkelammert, 1996). Para Hinkelammert (1996) “La fragmentación/pluralización como proyecto implica ella misma una respuesta universal.” La fragmentación no puede ser fragmentaria, pues sería relativista; se transforma en criterio universal cuando para la propia fragmentación existe un criterio universal. Para este autor tal criterio universal no puede ser otro que el enarbolado por los zapatistas de Chiapas: Una sociedad en la que todos quepan. Lograr tal meta universal es precisamente la interpelación del universalismo abstracto en nombre de un criterio universal. Pero este criterio universal, en su aplicación, en efecto pluraliza sin fragmentar en estancos a la sociedad (Hinkelammert, 1996: 239).

Del mismo modo, la construcción de alternativas tendría que ser planteada en el marco de la recuperación de criterios universales concretos, tal como el que enuncia Hinkelammert. En ello coincide también Edgar Morin, para quien “la pérdida de un universalismo abstracto resulta para muchos la pérdida de lo universal [...] pero, en el proceso mismo por el cual todo se vuelve mundial y todo se ubica en el universo singular que es el nuestro, se da por fin la emergencia de lo universal concreto” (Morin, 1994: 121). Hecho este paréntesis filosófico y epistemológico podemos pasar a otras dimensiones envueltas en el concepto de globalización, y los riesgos de su ideologización.

LA IDEOLOGÍA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL “PENSAMIENTO ÚNICO”

La ideología es la máscara que cubre el rostro de los intereses materiales. Se utiliza para manipular a la gente pero en realidad nunca es asumida por los dirigentes, que pueden desecharla cuando ya no sirve a sus intereses [...] Para las clases dominantes, los pragmáticos hombres de ne-

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gocios, es sólo cuestión de interés material y se puede encontrar una nueva ideología que se amolde a sus nuevas necesidades. JOYCE KOLKO

Si se la observa desde otro ángulo de aproximación, la llamada globalización se presenta como una totalidad determinante, pero ella misma indeterminada; asumida de este modo, se utiliza para construir un mito o una ideología que desempeña la función de inhibir toda acción política. Hablamos de ideología de la globalización cuando algunos de sus promotores la asumen como un episodio sin precedentes, o bien como un conjunto de fuerzas con vida propia y con un carácter inexorable.7 Esto no sólo resta los márgenes de maniobra política (capacidad de autodeterminación) y de intervención económica (posibilidad de afirmar la soberanía de la nación), sino que condena a la extinción del estado como aparato de gestión que cede su lugar a los mecanismos de mercado y a la sociedad global. En un ensayo que tuvo una gran acogida, Ignacio Ramonet8 —director de Le Monde Diplomatique— alertaba sobre la consolidación de lo que él denomina el pensamiento único, en un contexto social de gran penetración y dominio por parte de los medios masivos de comunicación, en la “sociedad mediática [donde] repetición vale por demostración” (Chomsky y Ramonet, 1996: 59). Para Ramonet se trata de un constructo ideológico que pretende siempre poseer la razón y ante el cual “todo argumento —con mayor razón si es de orden social o humanitario— tiene que inclinarse” (Chomsky y Ramonet, 1996: 57). Se trataría de la traducción a términos ideológicos de pretensión universal “de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital internacional” (Chomsky y Ramonet, 1996: 58). Sus conceptos o definiciones clave actuarían como una especie de principios formadores de consenso, tanto en el seno de algunos centros de investigación como para asesores gubernamentales recién educados en las universidades norteamericanas, intelectuales finan7 Véase,

para una atinada crítica a este enfoque, Hirsch (1997: 7-17). Ignacio Ramonet, “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Chomsky y Ramonet (1996: 55-98). 8

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ciados por fundaciones privadas extranjeras o nacionales, medios de comunicación, noticiarios y comentaristas “de opinión”, “editorialistas de prestigio”, etc. En una apretada síntesis, siguiendo a Ramonet, los principios que lo articulan serían: La mano invisible del mercado corrige las asperezas y disfunciones del capitalismo. Los mercados financieros orientan y determinan el movimiento de la economía.9 La competencia y la competitividad estimulan y dinamizan a las empresas, colocándolas en una permanente y benéfica modernización. El libre intercambio como factor de desarrollo no sólo del comercio sino también de la sociedad como un todo. La mundialización tanto de la industria manufacturera como de los flujos financieros. La división mundial del trabajo que modera —o exige moderar— las reivindicaciones sindicales y abarata los costos salariales. La estabilización macroeconómica, la desreglamentación, la privatización y la liberalización que configuran un escenario de menos estado; pero en lo que queda de éste efectúa un arbitraje en favor de los ingresos del capital y en detrimento de los del trabajo. La identificación de un “pensamiento único” no nos exime de encontrarle su encuadre histórico, de colocarlo o visualizarlo en su contexto histórico; en una palabra, de historizarlo. En su despliegue, el capitalismo mundial encuentra un discurso, una propuesta organizativa que articula su teoría y su práctica; del conjunto de las formulaciones que constituyen el pensamiento burgués, la que mejor responde a las exigencias de la fase particular del despliegue capitalista conquista una posición de pensamiento dominante, se vuelve “el pensamiento único del momento” (Amin, 2001: 32). El pensamiento único en ciertos momentos “excepcionales [...] se asemeja a las proposiciones de la economía pura, o hasta se confunde con ella. Nos encontramos actualmente en uno de esos periodos” (Amin, 2001: 34). A la fase de reproducción del capital de la segunda posguerra le fue más funcional —y por ello se constituye en el pensamiento único 9 En palabras del especulador bursátil George Soros, “los mercados votan cada día, obligan a los gobiernos a adoptar medidas ciertamente impopulares, pero imprescindibles. Son los mercados quienes tienen sentido del estado”, citado en Chomsky y Ramonet (1996: 63).

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de la época— un modelo de políticas y proyecto “social y nacional, que opera en el marco de una mundialización controlada”. En este caso tampoco se trata exclusivamente de una teoría económica, la keynesiana. Además de ello sintetiza la teoría y práctica del capitalismo de reformas. Los compromisos históricos a los que es obligado el capital constituyen las mediaciones que después de la segunda guerra mundial trastocan los equilibrios sociales en pro de las clases obreras y de los pueblos oprimidos. El pensamiento único de esa época no es una desviación del capitalismo; se mantiene en los márgenes de la geocultura del liberalismo y sus principales dogmas fundadores, sólo que los ajusta en parte, pues la correlación de fuerzas sociales y del poder no es tan favorable al capital como lo fue en el marco de la revolución pasiva neoliberal. En el marco de la actual gestión capitalista de la crisis el “pensamiento único” del momento se nos presenta como “neoliberal no social, operando en una mundialización desbocada”. Proponer que se trata de la firmeza y triunfo de un bando o una logia en el debate teórico (Anderson, 1997) no debe impedirnos apreciar que es el resultado de una confrontación de poder, de una correlación de fuerzas más favorable al capital, que ha logrado revertir en sumo grado las capacidades de negociación, de mediación y de actuación de las clases trabajadoras y de los pueblos de la periferia. Los dogmas que lo constituyen, y que se articulan en el decálogo del Consenso de Washington, circulan por el mundo como las nuevas tablas del Moisés neoliberal, acompañadas por las revisiones recientes sobre el estado mínimo o eficaz. Sin embargo sus principios ordenadores no garantizan la solución a la crisis del sistema; por el contrario, forman parte de ella y a ratos la profundizan y agravan. El modelo neoliberal adquiere el carácter de “pensamiento único” del momento, proyectando una gran eficacia, erigiéndose en el sentido común universal, en el signo de los tiempos. Las razones de tal magnificencia tendrán que buscarse en las formas en las cuales representa y proyecta la propia lógica del sistema. El neoliberalismo sintetiza los supuestos y valores básicos del liberalismo; se trata del dispositivo más acorde y eficaz para la “naturalización de las relaciones sociales” (Lander), pues su eje es un ethos realista más acorde para el “modelo civilizatorio” del capital (Echeverría), para la acumulación de poder y la maximización del beneficio, para la dominación económica y la reproducción de los entramados del poder; desprende al capital, lo desresponsabiliza, lo separa de aquellas formas me-

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nos salvajes de funcionamiento. La crítica al modelo neoliberal, si quiere ser tal, tendrá que avanzar en la crítica del modelo de autorregulación por el mercado, el más eficaz para la obtención del beneficio; tendrá que avanzar a la crítica de la geocultura del liberalismo y reencauzar el quiebre disciplinario de la economía cuando ésta se depliega en su dimensión formal, como economía pura, como economics, separada ya de modo definitivo del estudio de “lo económico” en su dimensión sustantiva, global y, por ello, ajena a una reducción disciplinaria (Polanyi, 1994). El modelo neoliberal (y es por ello que se oculta tras el velo ideológico-discursivo de la globalización) proyecta al capital en toda su desnudez, de manera nítida y transparente, sin las ataduras que los sujetos sociales le habían impuesto, sin las mediaciones colectivas que los pueblos y las clases trabajadoras se habían dado. Como proyecto político se erige un programa de destrucción metódica de los colectivos (Bourdieu), pero pretende encubrir su política y la presenta como técnica, como un dispositivo neutral, natural. Su política persigue la negación de los mecanismos de mediación política y la anulación del espacio público-político; las aporías así creadas son ocupadas por otros actores, también políticos, y por las fuerzas dominantes del capital. El ataque a lo público y la conquista de espacios más amplios por lo privado adquiere la forma de procesos macrosociales de desnacionalización y extranjerización, que revierten tendencias y conquistas de los movimientos obreros, ciudadanos y de liberación nacional, que se alcanzaron y mantuvieron durante el periodo 1880-1980. El neoliberalismo aspira a revertir una tendencia secular que reconoció legitimidad al espacio de lo público. Desde otro ángulo, el modelo neoliberal nos coloca en presencia de un nada idílico proceso global de “acumulación originaria de capital”, que combina formas primitivas de extracción y apropiación del excedente y la riqueza social con los mecanismos más modernos y virtuales, legales o ilegales, formales o informales, de su gestión y transferencia (González Casanova, 2001). En el terreno del discurso, el término “globalización” sustituyó al de “neoliberalismo” (el cual, por cierto, ha sido sometido a una crítica profunda, que ha revelado sus efectos dañinos para el conjunto social); es necesario recuperar la crítica de las políticas neoliberales. Parafraseando a Clausewitz, podemos decir que “la globalización es la continuación del neoliberalismo por otros y los mismos medios”.

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Esto lo entendieron muy bien los movimientos de protesta desde la selva lacandona hasta Seattle, Praga, Génova o Porto Alegre; pasaron de ser encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo a luchas antiglobalización. Asumir al neoliberalimo, incluso por parte de sus críticos, como una doctrina ordenada, coherente y sistemática, puede dar la impresión equivocada de que se trata de un proyecto de superación, de que estamos en presencia de la arquitectura de un modelo de expansión o hasta de un esquema de refundación. De hecho, así es como se promueve la globalización neoliberal capitalista, como un proyecto de superación, no sólo de la crisis del sistema (algo dudoso), sino del propio capitalismo (algo descabellado).

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN EN DIMENSIÓN HISTÓRICA. ¿NUEVA ETAPA DEL CAPITALISMO O NUEVA FORMA HISTÓRICA?

La auténtica historicidad presupone una conducta cognoscitiva del hombre con respecto a las fuerzas históricas y la crítica teórica y práctica de estas fuerzas. HERBERT MARCUSE

Tal y como en su tiempo lo afirmó Marx, las crisis capitalistas inician y promueven procesos de reconstitución histórica, los cuales dan nueva forma al proceso de dominación y explotación, recomponiendo los equilibrios, las pugnas y las mediaciones de las fuerzas sociales, tanto en el terreno interno de la economía nacional como, sobre todo, en el contexto del sistema mundial o interestatal: “El mercado mundial constituye, a la vez que el supuesto, el soporte del conjunto. Las crisis representan entonces el síntoma de la superación del supuesto y el impulso a la asunción de una nueva forma histórica” (Marx: 1982: 163). El siglo XX ha sido precisamente un espacio histórico de sucesión de crisis y de recomposiciones o reestructuraciones capitalistas. En nada se justifica que la reestructuración mundial del capital iniciada en los ochenta (o incluso antes) signifique una “modificación estructural histórica del capitalismo”,10 algo así como una nueva etapa o, 10 Véase

Joachim Hirsch (1997), a quien pertenece esa afirmación.

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peor aún, una nueva totalidad histórica, expresada en la globalización neoliberal. El capitalismo es global (mundial); desde su origen y desde sus inicios estuvo asociado con el colonialismo y el saqueo de las colonias. Esta conformación histórica no sólo retardó sino que impidió el desarrollo económico y social de nuestras sociedades ya como estados-nación; de hecho, conforme maduraba su economía desarrollaban su subdesarrollo (como en reiteradas ocasiones lo ha explicado Gunder Frank). Desde el siglo XIX el imperialismo y el intercambio desigual son características básicas del capitalismo mundial. La llamada “globalización” refiere al proceso multisecular de expansión internacional del capitalismo. En tal sentido experimenta un comportamiento cíclico en periodos históricos de aceleración y desaceleración, envuelto en procesos sociales que expresan continuidades y discontinuidades en la vocación de expansión mundial del capital. Resulta provechoso para recuperar el peso de la dimensión histórica recurrir a lo que Braudel consideró la característica fundamental del eje temporal y la velocidad del cambio histórico: la triple dimensión de la temporalidad. Desde esta perspectiva de análisis la globalización puede ser enfocada como un proceso de larga duración, en su dimensión coyuntural y a la luz expresiva y compleja de la historia como “acontecimiento” (Helleiner, 2000: 3-16). Ubicados en una perspectiva de longue durée, el alcance global de los mercados financieros en nuestros días y las expansiones financieras entendidas como cierres de etapas fundamentales del desarrollo capitalista encuentran su símil histórico en los mercados de Londres en el siglo XIX, o incluso en los mercados de Amsterdam en el siglo XVIII. Estas etapas de culminación de ciclos sistémicos de acumulación también se rigen por la sucesión y cambio en los ciclos de hegemonía (véase Arrighi, 1994) (el traslado del hegemón desde Génova a Holanda, a Gran Bretaña, a Estados Unidos). Desde esta perspectiva de largo plazo el estado actual del capitalismo se ubica en un largo trayecto de dominación, acumulación, explotación y apropiación del mundo. Es aquí donde entra lo que podríamos denominar una perspectiva coyuntural de aceleración de los procesos de despliegue mundial del capital (cuando menos desde fines de los sesenta e inicios de los setenta), que por otro lado expresan una profunda discontinuidad con los modos de producción, acumulación y regulación

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que rigieron al capitalismo desde la segunda posguerra hasta la crisis mundial de mediados de los setenta. Los teóricos del sistemamundo y algunos de la dependencia, como Theotonio Dos Santos, esperarían y siguen esperando (pues no hay elementos que permitan afirmar que esto ha ocurrido), el comienzo de una fase de recuperación del ciclo de Kondrátiev (aunque Dos Santos dictaminó la recuperación casi desde el inicio de los noventa), y el comienzo de una fase de expansión11 que no se sabe a ciencia cierta a dónde nos conducirá (pues, como afirma Wallerstein, no se sabe el sendero que recorrerá el sistema capitalista, inmerso como está en una gran bifurcación). Vista en su dimensión coyuntural, la globalización manifiesta el carácter reversible del proceso, como también lo fue el proceso de aceleración y profundización de la globalización entre 1850 y 1914. En la dimensión temporal de corto plazo, los procesos de globalización parecen manifestar una intensificación de tendencias seculares y coyunturales. Desde esta perspectiva temporal, los acontecimientos históricos tienden a ser presentados como sucesos inexorables, irreversibles, que exceden nuestros márgenes de actuación política. En esta dimensión, el contexto político, económico y cultural es utilizado por los grupos de poder (nacionales y supranacionales) para imponer una política acorde a sus proyectos de dominación, explotación y apropiación. Al enfocar la globalización desde este ángulo de análisis es posible destacar su sustrato político y su entendimiento como forma de relaciones sociales, según afirma Hirsch: la globalización actual es en esencia un proyecto capitalista en la lucha de clases. No es un mecanismo económico “objetivo” ni menos un desarrollo político cultural propio, sino una estrategia política [...] no es [...] expresión natural de una lógica “objetiva”, sino un proceso impuesto y reñido políticamente (Hirsch, 1997: 7).

La necesidad de comprender el cúmulo de acontecimientos que intervienen en el tránsito y constitución hacia una nueva forma histórica como ampliación y profundización de procesos que se vienen ex11 En la terminología sobre ciclos económicos se distinguen las llamadas ondas o ciclos largos de Kondrátiev, en memoria del célebre economista ruso, que constan de una fase A de expansión y una fase B de contracción; la duración de sucesión del ciclo se estima entre 50 y 60 años.

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perimentando e implantando desde cuando menos la afirmación hegemónica de Occidente como centro del sistema mundial, a partir de 1492, permite encontrar en la propia lógica del despliegue del capital mundial su estructura fundante. Desde este punto de partida se problematiza la visión que entiende nuestro contexto histórico como “una nueva totalidad histórica” (Ianni, 1995: 93-94; Fukuyama, 1996: 2-9) en que se recompone, reconfigura o prescinde de la lógica de movimiento y valorización del capital internacional, para ceder su sitio al encadenamiento de las economías nacionales, los estados-regiones (Kenichi Ohmae, citado en Rosas, 1996: 19), o las ciudades globales, a la lógica inexorable de las fuerzas de la sociedad global. La diferencia conceptual entre, por un lado, nueva totalidad histórica y, por el otro, nueva forma histórica, no es —desde nuestro punto de vista— sólo semántica: hace referencia a una distinción epistemológica fundamental.12 En la primera categorización las fuerzas inexorables o incontenibles de la sociedad global actúan, sobredeterminando heteronómicamente, erosionando las capacidades de modificar la posición que se tiene en el sistema interestatal o ante los grandes corporativos multinacionales. El lugar que se ocupa en la escala jerárquica de la aldea global reserva a nuestros países la condición de provincias de la misma. En la segunda interpretación se intenta plantear que la particular forma y proceso que asume la (co)relación de fuerzas o actores sociales (sean éstos clases, movimientos sociales, político-populares, naciones o coaliciones e instituciones internacionales) y las potencialidades de la lucha, resistencia o insubordinación ejercida por los distintos actores o clases, son las que sancionan la forma en que se acomete la inserción o subordinación de la economía nacional en el mercado mundial, y deciden la asignación de perdedores y ganadores, tanto en el seno del estado-nación como en el nivel del mercado mundial en la forma de polarización global, y reedición de políticas de corte imperialista o de un llamado “colonialismo global”.13 La crisis contemporánea del capitalismo mundial, cuyo inicio nu12 Retomamos el argumento ofrecido por James Petras y Howard Brill (1986: 3-20), y el desarrollo que del mismo hace John Saxe-Fernández, “La globalización: Aspectos geoeconómicos y geopolíticos”, en Heinz Dieterich (1997: 53-73), así como la preocupación expresada por Luis Javier Garrido en su “Introducción” al libro de Noam Chomsky y Heinz Dieterich (1995: 7-14). 13 Véase Pablo González Casanova, “El colonialismo global y la democracia” (1996: 11-144).

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merosos analistas ubican en los años 1973-1975, constituyó una ruptura general y abrió una reconstitución que aún hoy no termina. La profundización y prolongación de la crisis y los senderos que reconoce su solución se transformó —para un conjunto de autores y desde diversas perspectivas— en el paso a una etapa superior de desarrollo del capitalismo.14 Los elementos que están en la base de esta transformación son los cambios profundos de los procesos productivos, del comercio mundial y de la intermediación financiera, los cuales se instrumentan a partir de una verdadera —pero en ningún modo definitiva— derrota mundial del trabajo. El paso a esta nueva etapa (si concedemos que se trata de una nueva etapa), o la asunción, como dice Marx, de “la nueva forma histórica”, exigió del capital cumplir tres condiciones que, sin duda alguna, dan el signo a la década de 1980 como espacio de transición y como década perdida para los países latinoamericanos. Lo que está detrás de este proceso es el traslado de la crisis de los centros a la periferia capitalista, con sus particularidades regionales y sus consecuencias intraestatales. Estas tres condiciones, requisitos o exigencias para el capital, consistían en: a] acentuar la explotación del trabajo en todo el sistema, para aumentar la masa de plusvalía apropiable y disponible para la inversión; b] intensificar la concentración y centralización de capitales en las economías centrales para financiar las extraordinarias inversiones en desarrollo tecnológico y modernización industrial; el reverso de la moneda es la transferencia de volúmenes impresionantes de valor de la periferia al centro, que trae como resultado la auténtica descapitalización en América Latina, lo que agudiza su marginalización y miseria, y c] ampliar la escala del mercado para dar viabilidad a estas cuantiosas inversiones.15 Sin duda gran parte del éxito logrado por la burguesía en este ajuste mundial a costa del trabajo se debe a la formidable operación de propaganda. Este mecanismo logra imponer la ofensiva ideológica neoliberal que sustenta el dogma de la restricción de la intervención del estado, el ataque al sindicalismo (como elemento que no permite ajustar el mercado de trabajo), la restricción de los derechos sociales, así como la reprivatización de la economía. De unos años 14 Véanse Sergio de la Peña (1995) y Toni Negri (1992), en especial los capítulos 3, 4, 5 y 6. 15 Véase Ruy Mauro Marini en el prefacio al libro de Adrián Sotelo (1993: 9-12).

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para acá se consolida la ideología de la globalización como cuerpo conceptual, paradigma de interpretación, categoría de análisis o elemento de dictaminación científica. Es tal la eficiencia de esta ofensiva ideológica que el lugar común tiende a identificar al neoliberalismo con la nueva etapa del capitalismo, el cual aparece como imprescindible o necesario. En el caso de las sociedades latinoamericanas, el pensamiento dominante y el que se gesta en las organizaciones del estado supranacional (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE) no se interesa en destacar e identificar las distintas formas en que se acomete la llamada globalización capitalista (en lo que tiene de proceso histórico-objetivo), y tiende a identificar y promover la forma neoliberal de globalización económica16 como si fuese ésta la única posible o viable, para la cual no existe alternativa. Con ello no sólo se encubren y favorecen los intereses del gran capital transnacional y de los grupos de poder dentro de las lumpenburguesías autóctonas; también se ocultan los efectos sociales que trae consigo la economía globalizada, lo oscuro o el lado no destacado de la globalización y las tragedias humanas con ella asociadas (Gandarilla, 1997: 21-24). No se hace la distinción —como paso importante para hacer la historización de la globalización— entre qué es lo que se globaliza y qué no, sobre quién cae toda la carga de la globalización y qué grupos sociales son favorecidos y la impulsan. El periodo que va desde 1975 hasta 1992 cierra el ciclo largo de la posguerra, al registrar el hundimiento de los tres pilares sobre los que descansaba el orden mundial. Los tres subsistemas del sistema mundial registran una profunda crisis en el ámbito económico. El periodo se inicia con la crisis del fordismo central en Occidente y la emergencia de la ofensiva neoliberal, que al mismo tiempo manifiesta la imposibilidad de cuajar una opción de izquierda después de las esperanzas de 1968; en segundo lugar, con la crisis en el seno del desarrollismo y la implementación del ajuste estructural en el tercer mundo a partir del llamado Consenso de Washington: el predominio del neoliberalismo en América Latina se registra desde 1980, o incluso antes, bajo el terror de los regímenes de “seguridad nacional”. En tercer lugar, con el estrepitoso hundimiento de los regímenes de tipo soviético. 16 Véase Arthur MacEwan, “Globalización y estancamiento”, en González Casanova y Saxe-Fernández (1996: 59-73).

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En el terreno político el ciclo se cierra con el desgaste del sistema de la bipolaridad mundial, el cual verá sustituir al enemigo comunista por “los enemigos de las democracias liberales de mercado”, el terrorismo, el narcotráfico y los nacionalismos, todos ellos elementos que permiten mantener los impresionantes gastos militares y la preservación de los intereses del capital ligado a la expansión armamentista y al complejo militar-industrial norteamericano. La articulación dialéctica entre la emergencia, desde fines de los años setenta, de un orden económico tripolar en el mundo capitalista (cuyos centros se sitúan en Estados Unidos, Japón y Alemania, o la Unión Europea toda), y la pervivencia de un orden militar claramente hegemonizado por Estados Unidos, es destacada, entre otros autores, por Noam Chomsky (1992: 11-19). El lingüista norteamericano afirma que en el episodio de la guerra del Golfo Washington prefirió trasladar la confrontación al escenario de la fuerza y eliminó posibles salidas y oportunidades diplomáticas, e incluso expresó la preocupación de que la comunidad internacional precipitara una solución a la crisis por los cauces de la diplomacia, que quizás hubiera tenido los mismos resultados pero sin una demostración efectiva del poderío militar y de la resuelta actitud de Estados Unidos. En cuanto a los costos de la aventura bélica, concluye Chomsky que para el gobierno norteamericano era “claramente ventajoso [...] que fueran compartidos, pero no al precio de sacrificar el papel de único defensor del orden” (Chomsky, 1992: 14). Para el mundo entero quedó claro que Estados Unidos es el único poder con la capacidad y la voluntad de ejercer la fuerza a escala global. La estrepitosa caída del “socialismo realmente inexistente” y la resolución militar del conflicto iraquí inauguran propiamente el “nuevo orden del desorden mundial”. Samir Amin sostiene —a nuestro juicio con razón— que no existe una regulación sistémica en el plano mundial; ésta se reduce al ámbito de actuación de los capitalismos nacionales. La escuela regulacionista ignora que en el capitalismo central la distribución del ingreso tiende a estabilizarse y dar salida al proceso de sobreproducción (al vincular el incremento del salario real con el incremento de la productividad), mientras que en las zonas periféricas la desigualdad social crece con el propio desarrollo del capitalismo (al no efectuar tal vinculación). Esta característica despliega la polarización social y la exclusión, tanto en el interior de los capitalismos nacionales como a escala global del sistema. No hay regulación sistémica que ri-

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ja en el nivel internacional, pues significaría la interconexión de políticas nacionales de desarrollo, lo cual se opondría a la idea misma de un sistema como el capitalista, que se rige por la competencia internacional. El único equilibrio que gobierna la actuación de los tres subsistemas del sistema mundial se realiza mediante el ajuste estructural de las regiones más débiles a las condiciones de acumulación de las más fuertes. Lo que es más, la regulación en el centro reproduce la relación desigual entre centro y periferia y dentro de cada uno de estos espacios. El “trabajo de crisis” en los países centrales encuentra como una de sus bases el traslado de la crisis a la periferia. Los países centrales buscan actualizar los modos de regulación en su economía imponiendo las políticas de desregulación económica en los países periféricos. No se puede sostener que la globalización o mundialización sea enteramente novedosa, pero es necesario avanzar en su periodización, la cual no puede establecerse sin tomar en cuenta la manera en que el capital acomete las posibilidades de resolución de la crisis mundial y el despliegue global de las políticas de ajuste estructural asociadas con el neoliberalismo. Desde esta perspectiva, la globalización neoliberal puede ser caracterizada como el desarrollo más contemporáneo del proceso de internacionalización del capital y el paso hacia una recomposición en la división internacional del trabajo. El surgimiento de un sistema productivo mundializado (en sus fases de producción, circulación, distribución y consumo), el cual toma el lugar de los sistemas productivos nacionales, manifiesta la vocación mundial del capital. Como lo planteó en su tiempo Trotski, desarrollando una tesis de Marx, “cada capitalismo nacional [...] (en mayor medida los hegemónicos) [...] se dirige a las reservas del ‘mercado exterior’, es decir, de la economía mundial [...] para luchar contra sus propias contradicciones interiores” (citado en Chesnais, 1997).

LA GLOBALIZACIÓN EN SU DIMENSIÓN NORMATIVA

Ella determina lo que los gobiernos pueden –y deberían– hacer. MARTIN WOLF

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En un análisis pormenorizado, Carlos Vilas17 sintetiza, en primer término, las pretensiones discursivas de la globalización en un conjunto de enunciados. En un segundo nivel este autor demuestra la falsedad y dosis de error presentes en cada una de las siguientes proposiciones: 1. la globalización es un fenómeno nuevo; 2. un proceso homogéneo; 3. al mismo tiempo un proceso homogeneizador; 4. conduce al progreso y al bienestar universal; 5. la globalización económica conduce a la globalización de la democracia, y 6. acarrea la desaparición progresiva del estado o una pérdida de su importancia. Para Michel Camdessus (ex director general del FMI), los dos acontecimientos que habrían cambiado la orientación de la economía mundial, la caída del muro de Berlín y los inicios de la dinámica de la globalización, “anuncian un mundo futuro unificado, caracterizado por una economía a escala planetaria, más habitable para los hombres” (Camdessus, 1996: 9).18 En relación con el “poderoso conjunto de fuerzas” que impulsa la mundialización, Renato Ruggiero (ex director general de la Organización Mundial de Comercio, OMC), sostiene que aunque algunas de ellas son el reflejo de políticas gubernamentales, “más fundamentalmente se trata de fuerzas que tienen una vida propia” (Ruggiero, 1996: 7-16); se trata, pues, de un conjunto de procesos determinísticos, en cuya lógica inexorable19 es difícil, si no imposible, influir, ante los que es mejor adaptarse. En el seno de las concepciones globalistas se asume el proceso de globalización como algo homogéneo y homogeneizador. En tal sentido nos encontramos con una representación de un contexto histórico que incluye no sólo la “globalización financiera” (que objetivamente es el ámbito en el cual más ha avanzado la ampliación y profundización del dominio capitalista), sino también una “globalización de la demanda”,20 con “posibles compradores situados en cual17 Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología”, en Saxe-Fernández, 1999: 69-101. 18 Cursivas nuestras. 19 Para Octavio Ianni (1995: 93-94), todo intento de proyecto nacional “está sujeto a las determinaciones globales que adquieren preminencia creciente sobre las determinaciones nacionales”. La debilidad fundamental del argumento es que fueron determinaciones precisas de los sectores de la burguesía nacional, que hegemonizan el control del aparato estatal, las que impulsaron las políticas neoliberales de globalización; y en rigor estas últimas, como en repetidas ocasiones ha afirmado Hinkelammert, constituyen la renuncia a cualquier política de desarrollo; véase Hinkelammer, 1995: 131-156. 20 Charles Oman, “Globalización: La nueva competencia”, en Moneta y Quenan (1994: 22).

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quier parte del planeta” (Moneta y Quenan, 1994: 22). En esta argumentación, los avances tecnológicos y los sistemas informáticos borran de suyo las diferencias salariales, la polarización global y la dramática situación de sectores de población cuya conversión de necesitados absolutos a necesitados solventes ha sido más que dificultada o anulada por la homogeneización de las políticas neoliberales de globalización,21 las cuales estrangulan el crecimiento y disminuyen la demanda efectiva (MacEwan, en González Casanova y Saxe-Fernández, 1996: 59-73). El despliegue económico mundial del capital no prescinde del estado. Para los partidarios de la globalización, los principales actores o hacedores de la historia son las transnacionales y el gran capital, con sus estructuras e instituciones supranacionales. En la interpretación globalizacionista los sujetos, organizaciones, movimientos y pueblos sojuzgados no hacen más que presenciar los acontecimientos y ocupar el lugar que les fijan las estructuras omnipresentes del mercado y el capital global; la historia no se construye por ellos; se les impone una ideología según la cual no hay alternativa al neoliberalismo y la globalización. Para sus promotores, la globalización capitalista debilita las posibilidades de estrategias nacionales. En una perspectiva radicalmente distinta y crítica del globalismo extremo, otros autores han planteado que, para discernir la implantación y profundización de las políticas neoliberales de globalización, el lugar del estado-nación no es hacia su desaparición o desplazamiento, sino que éste actúa como inductor, gestor o sancionador de dichas políticas, a través del

21 No cabe duda que el momento y el contexto histórico que se vivieron en las décadas de 1960 y 1970 son muy distintos de los que nos ha tocado presenciar después de la transición conservadora de los ochenta. En un ensayo publicado en francés en 1972 y en castellano en 1975, Anouar Abdul Malek afirmaba que los “círculos —endógeno (clases y grupos sociales), exógeno (naciones, culturas, civilizaciones)— constitutivos del movimiento mundial en la época contemporánea” eran agitados finalmente “por los procesos de mundialización”, 1975: 11. Lo interesante o paradójico es que en aquellos años, para Malek, esos procesos eran, en primer término, “los grandes movimientos de liberación y de revolución”, y la convergencia de “las revoluciones nacionales y sociales con la revolución científico-técnica”, 1975: 11. Como resulta evidente, las fuerzas impulsoras de “los procesos de mundialización” en nuestros tiempos son otras muy distintas, aunque la técnica se encuentre presente en ambos enfoques, 1975, en especial pp. 11-56.

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desmantelamiento del marco constitucional y jurídico [...] para suprimir los derechos de la nación sobre el subsuelo y el espacio aéreo, las antiguas formas de la tenencia de la tierra, las garantías de los trabajadores y los sindicatos (del salario mínimo remunerador a los contratos colectivos de trabajo), los sistemas de seguridad social.22

Como afirma Carlos Vilas, “el estado interviene en favor de los grupos mejor articulados a los procesos de globalización para fortalecer su posición en el mercado y promover sus intereses” (Vilas, en Saxe-Fernández, 1999: 21). Las políticas neoliberales de globalización modifican las relaciones entre las clases; éstas se impusieron y ejecutaron por determinados actores e intereses, e implicaron acciones específicas del estado y sus representantes, y la renuncia a otro tipo de políticas, a otra forma de acometer la inserción al mercado mundial capitalista. El proyecto neoliberal dominante se ejecuta en una particular correlación de fuerzas sociales, y con una determinada actuación del estado y sus instituciones. Si en un primer momento la globalización se asocia con la apertura de mercados, la competitividad, la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones y flujos de capital, en una segunda arremetida pretende impugnar la institucionalidad y urge por reformas radicales en los ámbitos de la legislación laboral, tributaria, bancaria, comercial, financiera, de cobertura y prestaciones sociales provistas por el estado. La conjunción de estos procesos termina por instalar no sólo a los actores gubernamentales y los líderes políticos, sino a la “opinión pública” toda en la “encrucijada de la globalización”,23 donde esta última se presenta, por un lado, como la fuerza exógena que exige apresurar y profundizar las reformas, y en caso de que se cuestionen sus devastadores efectos sociales la misma los asume como sus secuelas o fenómenos inevitables,24 como los costos del progreso y la modernización, como efectos no deseados. En este marco de imposición y aplicación de reformas económicas deben ser situadas las políticas que subsumen el proceso de integra22 Luis

Javier Garrido, “Introducción”, en Chomsky y Dieterich, 1995: 8. el argumento de Agacino, 1997. 24 Para Enrique Iglesias, presidente del BID, el surgimiento de nuevos pobres, producto de la aplicación de las políticas neoliberales de globalización y la profundización de esas reformas, es un “fenómeno transitorio e inevitable”, La Jornada, 14 de marzo de 1997, p. 55. 23 Retomamos

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ción latinoamericana, y lo incluyen en la agenda neoliberal para beneficio del gran capital multinacional. El predominio de los bloques regionales de la tríada en la llamada “nueva regionalización de la economía mundial” se acompaña de procesos de subregionalización a manera de redes productivas, comerciales y financieras de los territorios pertenecientes a determinados estados-nación que son incorporados a los flujos de información, tecnología, capital y mano de obra de las grandes corporaciones multinacionales. Los procesos de integración de los sistemas productivos o comerciales deberían ser ubicados en este punto de partida. En ese sentido, más allá de una institucionalización del proceso de integración, los procesos subregionales (como en el caso latinoamericano el Mercado Común del Sur, Mercosur) tienden a ser subsumidos por el proceso mayor de regionalización y mundialización capitalista (bajo el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA).

PROYECCIONES REGIONALES Y GLOBALES. LA GEOPOLÍTICA DEL MUNDO

...en el mundo contemporáneo la preponderancia de un imperio no se mide ya únicamente a escala geográfica. Además de los formidables atributos militares, ésta deriva esencialmente de la supremacía en el control de las redes económicas, los flujos financieros, las innovaciones tecnológicas, los intercambios comerciales, extensiones y proyecciones (materiales e inmateriales) en todos los órdenes [...] Nadie domina tanto la tierra, sus océanos y su espacio medioambiental como Estados Unidos. IGNACIO RAMONET

El establecimiento o consolidación de los llamados “bloques regionales” no sólo es producto de la reciente arremetida de la mundialización capitalista, o no sólo tiene que ver con la índole económica del desarrollo capitalista con proyección mundial. La regionalización es heredera de todo un proceso de despliegue de la geopolítica del capital y del establecimiento duradero, endeble y a ratos precario de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y las otras potencias económicas con proyecciones globales.

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Desde nuestro punto de vista, lo que la llamada globalización manifiesta es la consecusión, en un determinado contexto histórico, del conjunto de finalidades que podemos asociar con las políticas de corte globalista que el imperio del norte experimenta en el último siglo. En el terreno de la geopolítica y la diplomacia imperial, la geoeconomía de la globalización manifiesta la consolidación del globalismo norteamericano; de ahí que prefiramos asociarlo con intereses y políticas de orden intervencionista y expansionista, que hacen recordar al imperialismo clásico. Para el caso latinoamericano, la proyección mundial del capitalismo estadunidense está asociada con el establecimiento del proyecto hemisférico del ALCA, del que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es —digámoslo así— sólo el primer paso. El globalismo norteamericano encuentra sus orígenes y se relaciona estrechamente con las prácticas de un estado pragmático, el cual busca la consecusión de finalidades de expansión global que aseguren el despliegue de sus grandes corporativos en términos de producción, distribución y consumo, pero que, sin embargo, resguarden su mercado nacional o regional y lo protejan de la amenaza real o ficticia de la competencia externa. A lo largo de este siglo, tras la desaparición del dominio hegemónico de Gran Bretaña, el mundo pasó poco a poco a convertirse en un sistema de bloques económicos apoyados en barreras arancelarias, asentándose en sus inicios en la política de “preferencias imperiales”. En el proyecto geopolítico alemán de inicios del siglo XX estas proyecciones regionales estaban vinculadas en un principio a la doctrina del espacio vital, lebensraum, y después se percibieron desde una perspectiva más global, interpretando a las regiones económicas en clave de “panregiones” (“una especie de doctrina Monroe multiplicada por tres”). Después de la segunda guerra mundial, con Estados Unidos como el gran vencedor de la conflagración bélica, la política de bloques regionales entró en desuso y hubo una gran promoción de una política con proyecciones globales, con instituciones que actuaban en un marco multilateral (Organización de Naciones Unidas, ONU, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, instituciones de Bretton Woods, etc.). En este periodo bipolar la doctrina norteamericana de las “grandes áreas” estuvo asociada con la política de contención. Actualmente, en el periodo de posguerra fría, la política de bloques económicos vuelve a cobrar gran actualidad e importancia (Taylor, 1994: 45-58).

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A partir de 1945 el mundo comenzó a moverse en un contexto de dos superpotencias, y primó la estrategia de la contención y la política de las alianzas antisoviéticas que se pactaron tras la guerra (la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Europa, la Organización del Tratado de Asia Central, CENTO, en Asia occidental, y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, SEATO, en Asia oriental). El globalismo intervencionista de Estados Unidos no se restringe al terreno de lo político-militar, sino que articula la geopolítica del globalismo intervencionista con la geoeconomía de la expansión y conquista de mercados. Desde el periodo de entreguerras, y con mayor fuerza a partir de 1930, la geoeconomía de Estados Unidos se mueve en la lógica de las grandes áreas como espacios geoestratégicos de aseguramiento de recursos, mano de obra y mercados que den viabilidad a un capitalismo en crecimiento. En el caso de Alemania este proceso de expansión se vincula a la ideología y la doctrina del “espacio vital” y las “panregiones” globales, y en el de Japón a la doctrina de la “esfera de coprosperidad”, tres procesos que atienden a la ampliación de soberanía o de cuasi soberanía y, en tal sentido, constituyen el origen fundante de los actuales procesos de regionalización, ahora ya en proceso de consolidación.25

A MANERA DE CONCLUSIÓN, O NUESTRA TAREA

El verdadero límite histórico del capitalismo es [...] con toda exactitud, éste: el mundo polarizado que crea es y será cada vez más inhumano y explosivo [...] el socialismo tiene el deber de proponer otra visión de la mundialización, y los medios de completarla en el verdadero sentido del término, al darle un carácter humano y de auténtica universalidad. SAMIR AMIN

Ante el planteamiento dominante, según el cual el capitalismo ha ingresado a una nueva etapa de su desarrollo, conformando “una nue25 Véanse Saxe-Fernández, 1999, y del mismo autor “América Latina-Estados unidos en la posguerra fría: Apuntes estratégicos preliminares”, 1992: 135-179, así como la argumentación y la ilustración histórica de Chomsky, 1994, en especial las pp. 9-33.

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va totalidad histórica”, en la que las fronteras se nulifican o se anulan y donde el estado-nación y la soberanía se tornan “anacrónicos” y “quiméricos”, se impone la necesidad de pensar y repensar un razonamiento alternativo. Una tarea adicional será enumerar las consecuencias políticas, sociales y culturales de un planteamiento según el cual las fuerzas inexorables de la autorregulación por el mercado presentan como imposible o utópico cualquier razonamiento que cuestione el automatismo o determinismo del globalismo homogeneizante. Ante este desvanecimiento de la subjetividad se impone la necesidad de observar las recientes transformaciones históricas que experimenta el capitalismo mundial, como la profundización, ampliación o afianzamiento de procesos y estructuras del modo de producción específicamente capitalista (que quizá no sean tan novedosas). Estos procesos se impusieron y ejecutaron por determinados actores e intereses e implicaron acciones específicas del estado y sus representantes, así como la renuncia a otro tipo de políticas, a otra forma de acometer la (re)inserción al mercado mundial capitalista. El proyecto neoliberal dominante se ejecuta en una particular correlación de fuerzas sociales, y con una determinada actuación del estado y sus instituciones. En las páginas anteriores hemos intentado alertar sobre actitudes de notable indiferencia, acríticas, sorprendente escepticismo o aun eclecticismo, que en nada contribuyen a la reformulación, imaginación y desarrollo, no sólo de un pensamiento crítico mejor capacitado para explicar sus “observables” (en términos causales o de determinación), sino también para crear un mundo más justo y para todos (en el sentido de descubrir y desarrollar las potencialidades y lo indeterminado de la realidad, incorporando la dimensión de futuro). La llamada globalización ha sido expuesta como recomposición y reestructuración del capitalismo, como despliegue de la crisis y del “trabajo de crisis”. La imposición de estas políticas en el terreno de la geoeconomía y la geopolítica internacional parece reeditar el ejercicio de políticas imperiales de dominación, de explotación y de exclusión. En un contexto como el anteriormente vislumbrado, las relaciones o articulaciones dialécticas entre los espacios, mundial, nacional o local, adquieren un gran dinamismo. La dinámica de funcionamiento de un capital global mundial, cada vez más libre de ataduras, no puede, sin embargo, independizar su funcionamiento de la pervivencia del estado-nación. La permanencia de la institución estatal

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asegura la lógica de transferencia de excedentes de los sectores asalariados al capital, sanciona la asignación de ganadores y perdedores, como producto de los reacomodos en las relaciones estado-mercado, estado-sociedad, y estado-capital, y ejecuta las modificaciones de los marcos institucionales y legislativos vigentes, a fin de mantener en los márgenes institucionalizados (y en el espacio fijado por las fronteras territoriales) el acentuamiento del conflicto social. El reconocimiento de que la globalización del capital no se reduce a la ampliación de los intercambios y valorización del capital-dinero y del capital-mercancía, sino que incluye también el ámbito de globalización o mundialización de la experiencia vivida (como pobreza, hambre y exclusión de la mayoría de la humanidad), manifiesta que la dinámica globalizadora no está sujeta a una sola dimensión temporal, sino que puede incluir procesos sociales o ejercicios de constitución de la subjetividad, que expresan a la historia como un terreno de enfrentamiento. Así entendido, nuestro contexto histórico incluye distintos ritmos de temporalidad y maduración de la respuesta y la protesta de los distintos sujetos y de las fuerzas sociales. Determinismo, automatismo e inexorabilidad de las leyes del mercado y el capital, o imposición violenta, autoritaria y excluyente de la gestión capitalista de la crisis, que pone en riesgo las dos fuentes fundamentales de la riqueza (la naturaleza y el sujeto) en este y cualquier tipo de socialidad posible. Esta disyuntiva o dialéctica, paradójicamente, puede ser planteada del siguiente modo: el renacimiento y desarrollo del pensamiento crítico se fincará en la globalización o mundialización de la crítica, o en la crisis de la ideología y la ortodoxia globalizacionista.

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ALTERNATIVAS A LA TERCERA VÍA* BOGDAN DENITCH**

LA TERCERA VÍA ES ACEPTAR LA DERROTA DE LA IZQUIERDA MUNDIAL

Aunque hay muchos apologistas de la nueva moda en la socialdemocracia de corte anglosajón llamada la tercera vía, son pocos los que la sitúan en un contexto histórico. Al hacerlo sería necesario demostrar qué tan lejos se han batido en retirada los socialdemócratas desde hace pocas décadas. La tercera vía representa la segunda retirada principal de la izquierda en general, o la corriente que aceptó esto como su plataforma, como un movimiento y una concepción del mundo desde la segunda guerra mundial. La primera retirada se dio en los primeros años de la guerra fría cuando, con muy pocas excepciones, y en su mayoría mediterráneas (Italia, España, Grecia y, en parte, Francia), la izquierda no comunista retrocedió en masa de su más antiguo reformismo clásico. La tercera vía representa la reacción formal ideológica a una derrota principal y mundial de la izquierda como movimiento y como un conjunto coherente de ideas desde los años ochenta. Es un caso de justificación ideológica que llega varias décadas después del hecho. La razón por la cual se la necesita es que, aunque la izquierda en general está políticamente en bancarrota en lo que respecta a programas progresistas, no ha sido derrotada en las urnas. Al contrario, en parte como una reacción contra la dominación de Thatcher y Reagan en la política y el discurso político desde los ochenta, la izquierda socialdemócrata en general (que es la única fracción de la izquierda con poder institucional en la actualidad) domina en Europa. * Preparado para el seminario El Neoliberalismo en el Siglo XXI: Su Evolución, Propuestas Principales y Alternativas, 10-13 de abril de 2000, México, D. F., organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Traducción de Edward Bush Malabehar. ** Director del Institute for Transitions to Democracy y profesor de la City University de Nueva York. Es doctor en sociología por La Sorbona de París y por la Universidad de Columbia.

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ALTERNATIVAS A LA TERCERA VÍA

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Hoy la socialdemocracia gobierna sola o en coalición, o representa la principal oposición en la Europa Oriental y Occidental, con las excepciones notables de la ex Unión Soviética y lo que queda de la antigua Yugoslavia. También es una fuerza principal en América Latina, Chile, Brasil y Argentina, y ampliando la definición de socialdemocracia para incluir a los partidos miembro y observadores de la Internacional Socialista, incluso México. De hecho es el único competidor que queda contra el evangelio puro del modelo neoliberal de economía, hecho en Estados Unidos, que domina el orden mundial actual, incluyendo a sus nuevos adeptos, China y Vietnam. Ese rival, la socialdemocracia contemporánea, en buena parte se ha replegado a la mera defensa de los estados benefactores y versiones más humanas del capitalismo con bienestar social que se habían desarrollado bajo el compromiso neocorporativo impuesto durante las décadas de guerra fría, principalmente en Europa Occidental. Con el fin de la guerra fría ya no existe la necesidad de que los capitalistas mantengan los términos del compromiso, puesto que el capitalismo especialmente, y sobre todo el capitalismo estadunidense, ganó esa guerra. Sin embargo, en general, las socialdemocracias luchan por mantener todos los logros que puedan, obtenidos por medio de las luchas y los compromisos en el periodo de la guerra fría. Pero a lo que todas han renunciado, explícitamente y en muchos casos, es a la lucha por transformar de modo fundamental el capitalismo por medio de reformas, lo que se conoce como reformismo clásico. El reformismo clásico —parece casi anacrónico recordarlo a los lectores— argumentaba que proponía un camino al socialismo —a saber, a través de reformas parlamentarias respaldadas, de ser necesario, por un movimiento obrero militante y manifestaciones masivas si las clases dominantes rehusaban aceptar una victoria electoral— pero, no obstante, un camino al socialismo más allá del estado benefactor más avanzado jamás imaginado; en breve, una abolición del capitalismo como sistema económico, social y sobre todo político. Es por lo que abogaban Karl Kautsky, Eduard Bernstein y Jean Jaures en conjunción con Lenin y Luxemburgo. Diferían en los medios: reforma o revolución, mas no en el fin, que era el socialismo. A pesar de la clara victoria del gobierno laborista en Gran Bretaña después de la segunda guerra mundial, y a pesar de que la mayor parte de los capitalistas de la Europa continental habían sido profundamente descalificados por su colaboración con la Alemania nazi du-

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rante la guerra, en los años cuarenta y cincuenta fue imposible intentar abolir el capitalismo y probar algún tipo de socialismo. Se puede argumentar que no había mejor oportunidad para la izquierda, con el capitalismo y los capitalistas desacreditados y con la izquierda tradicional como la fuerza antifascista patriótica; sin embargo existían obstáculos enormes: Estados Unidos era la única fuente posible de ayuda con la cual se podía alimentar y reconstruir Europa y el mundo, y era decididamente antisocialista. En segundo lugar, la otra potencia, la Unión Soviética, no estaba en posición de dar auxilio, y presentaba una versión del “socialismo” tan brutal que generaba rechazo. En 1951 los obreros de Berlín Oriental estaban ya manifestándose contra un socialismo brutalmente impuesto desde arriba. La Yugoslavia de Tito había roto con el bloque soviético y denunciaba que el modelo soviético no era ningún tipo de socialismo. En tercer lugar, en muchos países la izquierda estaba fatalmente dividida entre comunistas y socialistas. Para empeorar las cosas, los partidos comunistas estaban claramente subordinados, o más bien se habían subordinado voluntariamente, a la política exterior de la Unión Soviética. Mientras tanto los partidos obreros, socialistas y socialdemócratas de Europa Occidental habían optado por un compromiso neocorporativo con las clases dominantes debilitadas —los estados benefactores avanzados— que Estados Unidos como aliado estaba dispuesto a aceptar con reservas. Estos estados de bienestar practicaban un “dirigismo” intenso, control estatal, y a veces también la propiedad de sectores fundamentales de la economía, y algún tipo de planeación económica. De ahí se derivan las raíces incipientes de la Comunidad Europea, establecida por medio de la Comunidad del Acero y el Carbón de Alemania Occidental, Benelux y Francia. Se otorgó un poder sustancial a los sindicatos, en Francia con los comités empresariales, en Alemania Occidental con consejos laborales, en Austria con acuerdos nacionales entre los empleados y los sindicatos; en los países escandinavos los socialdemócratas se habían convertido en los gobiernos “naturales”. Pero cualquier otra medida que involucrara la propiedad social y el control de los medios de producción fue pospuesta permanentemente. Esto representó una retirada histórica de dimensiones sin precedentes. Esa retirada de la socialdemocracia de cualquier lucha, incluso a largo plazo, por el socialismo y por la abolición del capitalismo, fue definitivamente histórica, mas no fue hecha explícita por el partido socialdemócrata más grande del mundo, el SPD de Alemania Occi-

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dental, sino hasta el Congreso de Bad Godesberg, en 1959. En aquel congreso la práctica que se había llevado a cabo por más de una década por fin se declaró abiertamente: la socialdemocracia alemana ya no tenía como objetivo, ni siquiera de largo plazo, una economía planificada de propiedad social. Su meta, así como los medios, eran ahora un estado benefactor avanzado, aunado a una economía mixta y un capitalismo domado ahora llamado “capitalismo social”. Esto, al igual que las prácticas en la Gran Bretaña laborista y los varios gobiernos socialdemocratas o coaliciones dominados por los socialdemócratas, dejó en claro que la nueva norma europea, el capitalismo de bienestar social, ahora era tanto el medio como el fin. Ciertamente había muchos avances por hacer: más igualdad, más aportaciones de los obreros en la administración de las empresas y la economía en general. Sin embargo, con la excepción de las quejas menores por parte de los teóricos socialistas y los activistas izquierdistas, la socialdemocracia se adaptó a desempeñar el papel de humanizar e igualar las sociedades que eran capitalistas, si bien es cierto que eran capitalismos de bienestar social. La única excepción importante en los setenta fue el derrotado Plan Meinder en Suecia. El destino de ese plan fue un buen ejemplo del alcance y los límites del capitalismo de bienestar social. El Plan Meinder proponía transferir gradualmente, muy gradualmente a lo largo de las décadas, las acciones de todas las empresas suecas a las juntas directivas controladas por los obreros de esas empresas y por los representantes de los sindicatos y las comunidades. Al cabo de unos años los dueños “sociales” serían la mayoría de los accionistas, los capitalistas una minoría en declive, y así se socializaría. Los capitalistas pasarían a ser la minoría de los accionistas y no podrían ejercer su control de las empresas para influir en la política. Ésta era, con mucho, la propuesta más radical y concreta para deshacerse del papel de la propiedad privada de la industria y la banca en Suecia. Fue muy claro para “el otro lado”, y la consecuencia fue la campaña más histérica, masiva y feroz en la historia sueca, que el movimiento obrero sueco perdió, para retroceder a su papel actual de defender un estado benefactor avanzado bajo las condiciones de una economía cada vez más globalizada. Tras haber sido derrotado, el movimiento obrero sueco y su gobierno decidieron ingresar a la Comunidad Europea para demandar que ésta avanzara hacia un capitalismo de bienestar social. Los suecos llegaron a la conclusión de que como no puede haber socialismo en ningún país, ni puede haber en realidad un estado bene-

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factor avanzado sólo en un país, lo que se necesita, por lo menos, es una Comunidad Europea económicamente poderosa. Así, era dar un paso hacia atrás —homologar las normas suecas a las de la Comunidad Europea— y otro hacia adelante, puesto que los suecos se han unido a los franceses, daneses, holandeses, portugueses y otros que luchan dentro de la comunidad para demandar un modelo de capitalismo europeo, en lugar de uno estadunidense. Tony Blair, en este cuadro más amplio, aboga por una tercera vía, que sería un híbrido entre los modelos europeo y estadunidense. Sus propuestas son las que han sido presentadas a la Internacional Socialista y en las reuniones con otros partidos socialistas y socialdemócratas en Italia y Alemania, que representan la política verdadera de la tercera vía en lugar del libro anodino y aburrido del mismo nombre cuyo autor es Anthony Giddens. El mejor resumen de las propuestas de Blair en la vida real que no sean abstracciones sociológicas se puede encontrar en la declaración conjunta de Tony Blair y Gerhard Schröder. Este manifiesto está disponible, con un comentario crítico de Joanne Barkan, en la revista Dissent, primavera de 2000. El hecho más importante que surge de las propuestas de Blair es que éstas no representan ninguna estrategia nueva para la socialdemocracia, o una tercera vía entre distintas estrategias socialistas. Más bien, la tercera vía de Blair representa un compromiso entre las estrategias más moderadas de la socialdemocracia y el neoliberalismo. El neoliberalismo de corte estadunidense es mejor representado por el Partido Demócrata centrista de Bill Clinton, y no por sus versiones de un Nuevo Trato más Justo (New and Fair Deal). Se refiere a un compromiso entre un capitalismo neoliberal y antisindicalista (pero también antimonopolio) que aumenta salvajemente las diferencias económicas entre los ricos y los pobres, y que está totalmente comprometido a promover la globalización y la expansión de la Organización Mundial del Comercio, y un capitalismo de corte europeo menos propenso a la confrontación de clases, que acepta un papel mayor del estado en la economía, está comprometido a mantener la mayor parte de los logros del estado benefactor de los años “dorados” de la posguerra (los cincuenta y los sesenta), y tiende al proteccionismo tanto contra los bienes extranjeros como contra los inmigrantes. Lo que la tercera vía propone hacer es norteamericanizar la socialdemocracia europea y poner el toque final al ideal de una sociedad más igualitaria en un mundo más equitativo. La última vez que ese ideal socialdemocrático se formuló de manera concisa fue en la de-

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claración hecha por Willy Brandt, Olof Palme y Michael Manley en un informe optimista, a principios de los ochenta, para la Internacional Socialista. La idea era justificar las grandes transferencias de ingresos provenientes del “norte” rico hacia las economías en desarrollo del “sur”, lo cual a su vez permitiría que el “sur” fuera capaz de tener acceso a los bienes y servicios del “norte”. Esta política global explícita inspirada en Keynes vincularía, en beneficio mutuo, los intereses propios de los obreros en el norte y el sur. Fue una versión desvergonzadamente consumista que impulsaba el lado de la demanda, en lugar del lado de la oferta. A su vez, proveería una sólida base sin abstracciones para el internacionalismo. Lejos de ser radicales o incluso antiimperialistas, las políticas Brandt-Palme-Manley hubieran sido un avance enorme con respecto a las políticas verdaderas del norte que, en los años siguientes, aumentaron descomunalmente las brechas de ingresos entre el norte y el sur, así como en el interior de las economías del norte y el sur. Las últimas dos décadas demuestran un descenso en las ganancias tanto absolutas como relativas en los países en desarrollo, especialmente en los nuevos países “en desarrollo” de la ex Unión Soviética y Europa Oriental, donde el descenso en los niveles de vida y en la productividad a lo largo de la última década y media ha sido espectacular, tan espectacular —de hecho— que es casi imposible imaginar por qué los que abogan por la tercera vía continuamente parlotean acerca de la eficacia de su fórmula mágica: menos estado y más iniciativa privada; privatizar todo y crear un mercado para todo cuanto existe bajo el sol. De haber sido utilizados criterios empíricos que miden el desempeño y el rendimiento para evaluar la eficacia de sus propuestas, hace mucho que los neoliberales habrían sido objeto de burla de toda opinión pública respetable. Sus fórmulas en el tercer mundo, Europa Oriental y la ex Unión Soviética han resultado tan desastrosas como la aplicación mecánica de las experiencias soviéticas con economías de planeación central a terrenos históricamente inadaptados. Por ejemplo, fue un desastre el experimento noble de hacer que la junta militar en Perú, en los años setenta, intentara introducir una versión del socialismo yugoslavo de autorregulación con un estado autoritario en los Andes. No logro explicarme por qué tantos intelectuales y académicos que se consideran a sí mismos hombres y mujeres de izquierda se enamoran de experimentos más o menos autoritarios para establecer

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utopías desde arriba y, en seguida, llaman a esas variantes socialismo. Pero esa predilección tiene mucho que ver con las actuales crisis ideológicas y programáticas del socialismo, lo cual a su vez conduce a un pesimismo generalizado respecto a las oportunidades reales para la transformación social democrática de las sociedades capitalistas avanzadas. Aquello es una transformación social democrática dirigida conscientemente por la mayoría que actúa en beneficio propio, que hasta la revolución rusa de 1917 era la que todos —por lo menos todos los teóricos y líderes socialistas— daban a entender con el término “transformación socialista”. Es la pérdida de la fe en esta posibilidad lo que conduce a las personas que se consideran a sí mismas críticas del actual orden socioeconómico claramente injusto al pesimismo desmoralizado o a la búsqueda de otras soluciones programáticas “más fáciles”. Una de tales soluciones es aceptar los regímenes autoritarios, paternalistas y estatistas como representantes del socialismo, aun cuando juguetean desvergonzadamente con las corporaciones internacionales y el mercado; otra es proponer otro repliegue sustancial y redefinir en términos más modestos los objetivos de los movimientos socialistas y socialdemócratas tan modestos que no existe más que la búsqueda de una sociedad moderna ilustrada guiada por el mercado, que será más humana siempre y cuando no interfiera demasiado con la eficacia y la productividad. Esto es básicamente lo que propone la tercera vía. Aun a mediano plazo esta propuesta es muy peligrosa puesto que propuso norteamericanizar los procesos políticos en Europa al vaciarlos de la mayor parte de sus contenidos políticos, y de este modo convertir las bases tradicionales izquierdistas de activistas y militantes en votantes pasivos a ser manipulados por el hábil uso de los medios de comunicación y las encuestas. De esta forma los partidos de masas de izquierda pierden una ventaja fundamental de cara a los partidos conservadores y de derecha. Ellos (la derecha) tienen el dinero, nosotros (la izquierda) tenemos los soldados de infantería de los procesos democráticos. Los políticos que se adhieren a la tercera vía, al no depender de las bases tradicionales de la izquierda, llegan a ser excesivamente independientes de la militancia del partido, lo cual conduce a una mayor enajenación de los activistas. Cuando mucho, otra solución conduce al tipo de rebelión que provocó la maquinaria de Tony Blair y la tercera vía en las elecciones de Londres, donde Livingstone, un candidato contra la tercera vía, goza de una enorme ventaja sobre el candidato laborista oficial impuesto. La victoria de Livingstone será una reafirmación de la mili-

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tancia del Partido Laborista, de que su partido no sólo es un instrumento para los expertos en política, sino una criatura de carne y hueso y, además, de política de izquierda.

CÓMO HALLAR LAS ALTERNATIVAS A LA TERCERA VÍA: UN REGRESO AL REFORMISMO

El dilema que las elecciones en Londres presentan a Tony Blair apunta al camino de un reto a la tercera vía y las políticas neoliberales, lo que significa que estos críticos no están condenados a una postura árida y de sectarismo negativo. Lo extraordinario de Livingstone es la manera en que su campaña ha podido reunir y revitalizar tanto el núcleo como las nuevas bases de la izquierda contemporánea. Para empezar, esto implica fusionar los temas clásicos económicos de demanda con los culturales, de clase y de identidad. Esta nueva izquierda revitalizada no sólo da voz a las demandas tradicionales de justicia económica, sino que también las coloca en la lucha por una metrópoli vital y culturalmente vibrante. Una CIUDAD que pertenece a sus habitantes, a los trabajadores de fábricas y a los oficinistas, los pensionados, los grupos étnicos, los homosexuales y las lesbianas, los jóvenes que quieren una ciudad que produce una música y una cultura accesibles, así como albergues y empleos. Ésta, nuestra ciudad democrática, no está organizada fundamentalmente para la conveniencia de sus comunidades bancarias y comerciales, sino para la mayoría de sus habitantes, quienes ciertamente necesitan que los bancos y comercios tengan puestos de empleo, pero cuyas necesidades deben ser centrales a la ciudad y su gobierno. Una ciudad con un cuerpo policiaco consecuente, no brutal o racista, una ciudad que construye viviendas atractivas de interés social y de ingresos medianos, y mezcolanzas de viviendas para evitar los guetos. Yo argumentaría que la izquierda moderna tiene que hallar su oficio en la capacidad de administrar eficaz e imaginativamente las ciudades, donde vive la mayor parte de la población de las sociedades industriales modernas. Nuestra miniutopía tiene que ser urbana, y no rural, para que pueda tener credibilidad. De modo que un Londres y otros centros culturales dinámicos gobernados por socialistas de izquierda son el primer paso para crear una alternativa a la tercera vía. Eso también significa que la cultura y

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el acceso a la cultura son uno de los nuevos campos de batalla; ni la creación de una amplia cultura popular ni el acceso a ella, así como la alta cultura, pueden seguir siendo privilegios de la elite. El segundo campo de batalla, crear una cultura alternativa, es, por supuesto, una enorme mejoría radical de la educación, tanto en calidad como en el acceso. Esto no sólo es la creación de trabajadores más empleables, como dicen continuamente los seguidores de la tercera vía, aunque también es un objetivo que vale la pena, sino sobre todo la creación de ciudadanos mejores con mayor confianza en sí mismos. Democratizar y abrir la educación es un proyecto inmenso que requiere el compromiso a largo plazo de un estado democrático. La UNAM, las universidades citadinas y otras instituciones gratuitas o casi gratuitas son cosas que deben ser extendidas y mejoradas, y por las cuales vale la pena luchar. En todas partes estas instituciones superiores de educación gratuita o casi gratuita han sufrido por falta de recursos, se han convertido en lugares de entrenamiento vocacional y se han alejado de la educación auténtica para luego ser denunciadas, ya que, una vez empobrecidas por la carencia económica, ciertamente se vuelven de segunda categoría. Estos sistemas universitarios populares deben ser ampliamente mejorados y extendidos. Mas eso a su vez requiere un verdadero compromiso, real y enorme, con la educación primaria y secundaria, algo por lo cual la izquierda tradicional siempre ha pugnado y que los seguidores de la tercera vía procuran manejar, pero con la mirada en los ingresos monetarios. Así, Blair manda a sus hijos a escuelas particulares puesto que sus políticas mantienen a las escuelas públicas en su posición de instituciones de segunda categoría para aquellos que no tienen los recursos suficientes para sus hijos. En tercer lugar, de nuevo contra la economización mezquina que los que se adhieren a la tercera vía proponen que debe proponer la izquierda, la salud es un derecho humano básico para todos nuestros ciudadanos. Es menester que sea totalmente gratuita y absolutamente accesible a todos. Mis propias tendencias igualitarias suelen ser extremas, de modo que yo aboliría por entero las cuotas para el servicio como un principio de la medicina. En la medida en que los ricos tengan acceso a un mejor tratamiento médico, los demás, y sobre todo los pobres, tendremos tratamientos médicos peores. Con Estados Unidos tenemos un modelo; por supuesto no queremos un sistema médico que deja a más de cuarenta millones completamente sin seguro y a la mayor parte con un seguro deficiente. En su lugar pro-

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pongo el tipo de cobertura que tienen nuestros senadores, diputados y militares. Los médicos en las sociedades industriales avanzadas no deberían considerar los costos como un elemento al tratar a los enfermos y al prevenir las enfermedades de los sanos. También deberíamos democratizar la medicina, eliminando lo místico que rodea a los médicos y, siempre que sea posible, utilizando a los paramédicos, versiones modernas de los médicos descalzos, al mismo tiempo que se apoya el derecho de los pacientes a saber y participar en la determinación de su destino. En cuarto lugar, ya es tiempo de que en la vida laboral de los ciudadanos se introduzcan algunas normas democráticas mínimas. La tercera vía aboga por liberar a los empleadores de lo que ve como un exceso de burocracia e interferencia estatales; la izquierda debería luchar por liberar a los empleados del poder excesivo, arbitrario y sin control de sus jefes sobre su trabajo y su vida personal. Mucho antes de hablar de colocar la industria y los bancos bajo alguna forma de propiedad social o propiedad mixta, la izquierda necesita demandar que se introduzcan normas democráticas mínimas en la vida laboral de los ciudadanos, independientemente de si existe o no un sindicato. No son cuestiones muy complicadas. Para empezar, los empleados tienen derecho a estar informados, como lo están en los consejos laborales de Alemania, donde sus representantes ocupan un lugar en las juntas directivas. Tienen derecho de llevar a cabo una auditoría a sus empleadores (quienes reúnen todo tipo de información acerca de los empleados). Tendrían que ser consultados en lo que respecta a las liquidaciones propuestas. Los trabajadores deberían tener protegida su privacidad tanto del gobierno como de los empleadores, ya que es un asunto muy importante, especialmente con el advenimiento de las computadoras. En la actualidad el verdadero Big Brother suele ser la empresa o la institución para la cual uno trabaja, en lugar del partido o el gobierno por el cual uno es gobernado. En contraste con la propuesta de más flexibilización laboral de la tercera vía, que les da a los empresarios el derecho de despedir con facilidad y utilizar trabajadores de medio tiempo o más jóvenes con el fin de reducir los costos de los sueldos mínimos fijados, deberíamos pedir que se aplicase con más efectividad el proceso legal establecido, lo cual incluye el arbitraje en caso de despido. Las ganancias y los salarios cuantiosos para los directores deberían tener límites legales en las situaciones en que hay despidos o reducciones en los sueldos, y en todo caso tendrían que estar sujetos a la revisión y a las

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decisiones de los consejos laborales. También me parece que los sindicatos democráticos dirigidos por sus miembros son un derecho cívico por el cual debería luchar la izquierda. En quinto lugar, es la izquierda, la izquierda democrática, la que debe señalar los temas de la discriminación en el empleo y la sociedad, y la que debe ser vista como la defensora incansable de los derechos de las mujeres, las minorías y los jóvenes. Esto no es sólo una cuestión de justicia social básica, ya que luchar por los derechos de los grupos marginados y discriminados en nuestras sociedades facilita que esas comunidades se integren como parte de una nueva izquierda más amplia. Esto significa que es necesario luchar agresivamente por educar a los jóvenes contra el prejuicio hacia los grupos marginados y los inmigrantes. A su vez, esto implica actuar contra la retórica de odio y no permitir que los medios de comunicación de masas tengan un monopolio casi completo sobre la formación de los valores de los jóvenes en todo el mundo. En última instancia entraña enfrentarse a la cultura del consumismo que viene empaquetada con el american way en la cultura y los medios de comunicación. En sexto lugar, debemos regresar a la política. Ésta es la manera más importante de proporcionar alternativas a la ya existente política de la tercera vía. Debemos insistir en que la política no se vende. Yo me atrevería a decir que es menester eliminar todo tipo de contribuciones financieras de las elecciones, con la excepción de las que corresponden a sumas nominales. Hace muchas décadas Walter Reuther, de la Union of Auto Workers, UAW, propuso que en las elecciones estadunidenses el límite de la contribución personal fuera de diez dólares. Aquello me pareció —yo era más joven y más radical en los cincuenta— una propuesta excelente. Aún sigue siendo una propuesta excelente. Por supuesto, eso favorece a las organizaciones populares, que pueden lograr que sus enormes bases de miembros contribuyan y trabajen contra los ricos, quienes están acostumbrados a comprar las elecciones. Mas eso es lo que deberían favorecer los demócratas. Por otra parte, como lo ha demostrado la experiencia con el neocorporativismo, los grandes partidos, los sindicatos y otras organizaciones tienden a convertirse en oligárquicos, sobre todo en épocas en que los miembros son pasivos. Éste es un problema serio y debe cumplirse alguna clase de normas mínimas, como en el caso de las corporaciones, que tienen que vigilar que se aseguren elecciones libres, regulares y accesibles a los miembros, así como control de las finanzas. Las tendencias jerárquicas verticales en las organizaciones

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populares seguirán siendo un problema, aunque, para ser justo, esa tendencia es mucho más común en la industria privada y la banca, sujetas, en la mayoría de los casos, a pocos controles democráticos. En último lugar, los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, deben estar sujetos a algún tipo de supervisión y control democrático. Yo prohibiría totalmente los anuncios o los reduciría, y existen los métodos para lograrlo, al grado de no ejercer ninguna influencia sobre la programación. La televisión, como la moldeadora de actitudes directas y subliminales, es demasiado poderosa para estar en manos del sector privado. Debe estar sujeta a un control democrático y a las aportaciones de los grupos excluidos y marginados. Por otro lado, la libertad artística y la experimentación no deben sujetarse a las camisas de fuerza mayoritarias. Es un tema espinoso, mas dejar la televisión en manos privadas, otorgada al mejor postor, es una respuesta errónea. La izquierda socialdemócrata en Escandinavia empezó a tener respuestas a este tema, mientras la tercera vía ni siquiera lo considera un problema. Siempre ha existido el potencial antisocial de la televisión; ha hecho mucho por minimizar la participación política, reducir las ideas complejas a caricaturización y sobresimplificación, popularizar la cultura de masas y enseñarle a nuestros hijos a aceptar la violencia y el poder policiaco como algo normal y deseable. Ha hecho ídolos de artistas ricos, de los jóvenes y de los apuestos, y ha limitado la participación activa en los deportes y la cultura al papel de espectadores. Ha convertido al mundo en un espectáculo en vez de un lugar donde un ser humano ordinario puede desarrollarse de acuerdo con sus deseos y necesidades. El regreso a la política significa restaurar la fe en que el ser humano puede dirigir su sociedad; en que el mercado no es un dios sino, cuando mucho, un instrumento limitado a ser utilizado con fines humanos. La economía es una práctica para llevar a cabo programas políticos y sociales determinados por mayorías democráticas, que no sean pura invención, con un grado mayor de libertad, que ni los neoliberales ni sus medios hermanos, los seguidores de la tercera vía, consideran posible. La política es de hecho el arte de lo posible, aunque lo posible es mucho más que la tercera vía. Lo posible es avanzar hacia un mundo más justo con justicia social para la gran mayoría. Para hacer esto debemos regresar a la política.

LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA PARA CONSTRUIR ALTERNATIVAS* BEATRIZ STOLOWICZ**

Ya parece lejano, y hace apenas diez años que se le expidió carta de defunción a la izquierda y a las ideologías y se proclamó el triunfo incontestado del capitalismo neoliberal, elevado a la condición de fin de la historia. El fracaso de la experiencia socialista centroeuropea se vivió como derrota en muchos sectores de izquierda. En el mejor de los casos hubo claridad en reconocer la distancia existente entre los objetivos socialistas de igualdad, humanitarios y de justicia, y las prácticas de quienes reclamaron la representatividad del proyecto, sumergido en vulgarizaciones teóricas, dogmatismos ideológicos y usos arbitrarios del poder. Sin embargo la crítica a esa experiencia concreta no se tradujo, en lo inmediato, en una voluntad política e intelectual para repensar creativamente el proyecto de construcción de una sociedad igualitaria, como realización plena de la democracia. Demasiado rápidamente el proyecto socialista se antojó agotado. Un efecto tributario del dogmatismo y la pobreza teórica fue, precisamente, creer que la experiencia soviética, en su fracaso, se llevó entre las patas al marxismo. Esta orgía de la crítica dogmática al dogmatismo tuvo entre sus promotores a la derecha intelectual, la cual pudo organizar el festín ideologizador con menos gastos de lo necesario y con una rapidez sorprendente. En ese mismo tiempo, sin embargo, en América Latina la historia siguió su curso. Lo que parece una paradoja no lo es: la emergencia y ampliación de luchas y resistencias al capitalismo neoliberal es una * Seminario internacional El Mundo Actual. El Neoliberalismo a Principios del Siglo XXI: Propuestas, Críticas y Alternativas, 10-13 de abril de 2000. Ponencia presentada en la mesa “Alternativas de izquierda al neoliberalismo”. ** Es profesora-investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura, área Problemas de América Latina, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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cuestión de sobrevivencia que pone en el orden del día las demandas de justicia e igualdad social que dan existencia a los proyectos de izquierda. Hoy nos encontramos con una situación inédita en la región, en cuanto al peso adquirido por la izquierda en los ámbitos institucionales: más de 70 millones de latinoamericanos viven la experiencia de ser gobernados por la izquierda en capitales nacionales, estatales y en infinidad de municipios. Y probablemente nunca hubo, en los ámbitos parlamentarios, una representación de la izquierda partidaria más numerosa que la actual. Este crecimiento electoral de la izquierda expresa el rechazo social creciente al neoliberalismo. En algunos casos también habla del arraigo político de partidos como el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio (FA) de Uruguay y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador; y también habla del reconocimiento de amplias capas de la población a las actuaciones, como gobierno, de la izquierda, experiencias enormemente ricas y escasamente discutidas, desde donde ha intentado desarrollar un proyecto democratizador, redefiniendo la relación entre gobernantes y gobernados mediante una nueva concepción de lo público, tanto en sus contenidos finalistas como en las prácticas de gestión. En este ámbito local se promueve la constitución de una ciudadanía gobernante y una reforma estatal de signo opuesto a la neoliberal que se ha impuesto en todos los ámbitos nacionales.1 Sin embargo el mayor peso institucional de los partidos de izquierda en gobiernos y parlamentos, adquirido a lo largo de la década de 1990, no ha podido detener la profundización de las políticas neoliberales, el empobrecimiento creciente (como lo constata el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe de días pasados),2 y el aumento de la desigualdad, que dice de una sostenida impunidad del gran capital. Esto demuestra que la fuerza electoral de la izquierda es mayor que su fuerza política, y que no deben confundirse, como habitual1 Las experiencias de gobiernos de izquierda en Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, México y Cuba se analizan en Beatriz Stolowicz (ed.), Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio, México, Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1999. 2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Desarrollo más allá de la economía”, Informe 2000. Progreso económico y social en América Latina, Washington, D. C., mayo de 2000.

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mente ocurre. Por fuerza política entiendo la existencia de una voluntad colectiva organizada con capacidad para ejercer contrapoder, es decir, con capacidad para modificar la fuerza, en este caso, de la derecha; disminuir su poder, condicionar y limitar sus acciones y su ejercicio dominante. La fuerza electoral de la izquierda partidaria produce, obviamente, un avance en su fuerza política. Pero debe reconocerse que en la votación a la izquierda, en muchos países, ha habido también un alto componente de voto de castigo a la derecha, que es una forma de rechazo de los efectos de las políticas neoliberales, pero que no supone necesariamente una voluntad política alternativa. También debe considerarse que la decisión por el voto a la izquierda, en países donde el abstencionismo electoral ha sido normalmente elevado, se dio como expectativa de mejorar las condiciones de vida, después de sentir durante años que la lucha económico-social contra la explotación parecía inútil ante la llamada flexibilización laboral y las regresiones salariales. Votar por la izquierda se dio como la posibilidad de un cambio, incluso cuando la gente confía muy poco en el sistema representativo. Y si bien este cambio se produjo en las condiciones de la vida urbana con efectos importantes en la calidad de vida, no modifica por sí mismo las condiciones económico-sociales fundamentales que definen el trabajo y los ingresos, centrales en las necesidades de la gente. Por ello no debe sorprender que la valoración sobre los gobiernos de izquierda aparezca en muchos sectores cargada de escepticismo, tanto porque no logran distinguir las esferas de acción del gobierno local y sus facultades, como por las urgencias de la situación personal y familiar. Y que esto ocurra después de haber dado, con el voto, una confianza sólo en préstamo a la izquierda, puede retraer a esos sectores y, en el mejor de los casos, engrosar la masa de abstención electoral. El peor, naturalmente, es que voten por la derecha. Es precisamente en el ámbito social en el que la fuerza es insuficiente para frenar al neoliberalismo, a pesar de que se observa una creciente voluntad de resistencia; estallan conflictos, a veces de enorme magnitud e intensidad, que no logran amalgamarse en un saldo positivo de fuerzas. ¿Dónde está el problema? Radica, en primer lugar, en el debilitamiento y la disgregación de los sujetos sociales populares provocados por la estrategia de poder capitalista, a lo que se agrega la desarticulación de esta heterogeneidad de rechazos y conflictos, que son

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laborales, étnicos, de género, universitarios, de deudores de la banca, regionales, de carácter poselectoral, barriales, de defensa de patrimonios nacionales, ecologistas, etc. Su enorme riqueza y diversidad expresa las contradicciones reales del capitalismo actual con este enorme campo de lo popular. Insisto en esta caracterización, que no es lo mismo que hablar de sociedad civil a secas, puesto que ella incluye también a los sectores dominantes no pertenecientes formalmente al estado, es decir, grandes empresarios, medios de comunicación, líderes de opinión conservadores, narcotraficantes y demás, quienes forman parte de la estructura de poder, pero también de la sociedad civil. El campo de lo popular, de los damnificados del neoliberalismo, hoy abarca a fracciones sociales mucho más amplias que las que representó la izquierda en las épocas del capitalismo desarrollista y sobre todo durante su crisis. Aquellas que representó la izquierda en los impresionantes avances que tuvo en los años sesenta y setenta fueron tal vez numéricamente menores, pero tenían un perfil político más definido, por su carácter clasista y por la adscripción más evidente a visiones anticapitalistas. Los conglomerados actuales son más vastos, pero también políticamente más difusos, porque aunque en términos objetivos están en contradicción con el capitalismo neoliberal, los contenidos de sus acciones no están necesariamente orientados en el sentido de remover el orden actual de dominio. Más allá de su importancia específica, pueden llegar a ser expresiones aisladas, pasibles de ser reprimidas, manipuladas o cooptables, según el caso, de permanencia incierta, y que pueden agotarse en la protesta sin llegar a confluir en el torrente de un movimiento popular. Es cierto que en su conjunto van erosionando la credibilidad del sistema, pero dada su desarticulación no redundan en un proceso de politización y organización popular en ascenso. En este plano de la construcción de la fuerza social y política real la izquierda partidaria observa las mayores dificultades y ausencias, entre otras razones porque su visión de la política ha quedado asimilada, en muchos casos, a lo electoral, lo cual condiciona sus prácticas a las reglas del juego del sistema, que admiten las alternancias de gobierno, no sin resistencia, pero que rechazan tajantemente la alternancia de proyectos sociales. Toda la lógica de la gobernabilidad sistémica excluye la expresión y representación efectiva de intereses contrarios a la dominación capitalista. En la priorización de lo electoral varios partidos de izquierda han llegado a percibir como un

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obstáculo las luchas sociales no subordinadas a esas reglas del juego. Craso error, por cuanto ese desarrollo social y político es condición primordial para avances electorales consistentes desde los cuales reforzar las capacidades populares para resistir al neoliberalismo. Más aún, sucede que varios de los sectores sociales en lucha, que objetivamente tendrían que encontrar en los partidos de izquierda su representación política, no sólo no responden a sus convocatorias sino que engrosan las filas de la abstención electoral; no como apatía, sino como formas de rechazo ante el tradicionalismo político que también exhiben los partidos de izquierda cuando se sumergen en la política como mercado. Muchas veces se dice que la principal carencia de la izquierda es un programa económico alternativo. Aun sin ser especialista en la materia, no estoy convencida de ello. Conocemos una cantidad de propuestas de programas de gobierno muy interesantes, programas ciertamente gradualistas con los cuales se podrían atenuar muchas de las políticas patrimonialistas y de apropiación salvaje de excedentes que, de por sí, significarían cambios notables en la realidad actual. Sin embargo las experiencias muestran que hasta las medidas más sensatas y viables, en cuanto alteran los privilegios del capital, son resistidas por éste, incluso de manera violenta, más todavía cuando un proyecto alternativo de desarrollo implica necesariamente, en algún punto, alterar el patrón de acumulación comandado por el gran capital financiero y especulativo. Considero que la ausencia de conocimientos técnicos no es el obstáculo principal para las alternativas, aunque falte mucho por madurarse en este plano. Para imponer cambios se requiere fuerza política. Y es allí donde la izquierda tiene insuficiencias. Distingo al menos dos razones que explican estas dificultades. Una de ellas es una suerte de disociación entre los fenómenos económicos y los políticos internalizada por la izquierda, a partir de considerar a la globalización como una fuerza cuasi metafísica, que se impone más allá de las voluntades, cuando la llamada globalización es una relación concreta de poder en el sistema capitalista. El capital es una relación social, la cual requiere formas de dominación que siguen desarrollándose en el ámbito nacional; prueba de ello es que el estado no se reduce en su intervención franca e intensa en favor de la acumulación, hoy en día, del gran capital. Esto hace más significativo el segundo obstáculo que enfrenta la izquierda, el de carecer de un proyecto de poder, entendido, preci-

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samente, como la construcción de fuerza política, un proyecto que articule las distintas formas de lucha social, los distintos espacios en que ellas se desarrollan, resignificándolos hacia una modificación de las capacidades populares para enfrentar la dominación capitalista. Es la existencia de un proyecto tal la que permitiría articular las luchas parciales y los triunfos electorales, el fortalecimiento de los sujetos sociales y las actividades parlamentarias, junto a las gestiones de gobierno, para reforzarse mutuamente. Un proyecto de poder que incluya, asimismo, el cambio en las estructuras mentales, en los parámetros epistemológicos y hasta en las relaciones interpersonales, los campos del conocimiento, la cultura y la ética, que son instrumentos privilegiados de la dominación. ¿Por qué no lo tiene? Puede pensarse, indudablemente, en los impactos ideológicos producidos por el fracaso del socialismo llamado real, en los términos que mencionaba al comienzo de esta exposición. Una crisis no asimilada, paralizante en el plano teórico y estratégico, que ante el rechazo de una construcción histórica específica termina por desentenderse del problema del poder en general, o bien que disuelve el problema de los objetivos de transformación en las posibilidades políticas inmediatas. La confusión entre la radicalidad de los cambios que deben realizarse y supuestos maximalismos, ocurre también por un reduccionismo analítico sobre el problema de las formas de lucha.3 De ahí que toda discusión táctica termine por sucumbir en la ideología del posibilismo. Esto ha permitido que permeen la izquierda las visiones liberales que reducen el problema del poder al estado y a éste al gobierno, de tal suerte que la conquista del gobierno aparece como el objetivo de poder por excelencia. No sólo se olvidan experiencias tan cercanas como la del Chile de Allende, sino que se coartan las enormes posibilidades de alternativas que ofrece la conquista de un gobierno. Porque sin tener un sos3 El reduccionismo analítico sobre las vías de lucha —que confunde el “qué” con el “cómo”— ha tenido en América Latina dos expresiones aparentemente opuestas: en los años sesenta algunos sectores creían que sólo la lucha armada era revolucionaria; desde los ochenta predomina la idea de que sólo la negociación es democrática. Ambas perspectivas denotan la misma limitación en la concepción de la política y en desconocer que las modalidades de lucha se definen coyunturalmente en función de las condiciones concretas en las que ésta se desarrolla. Pero hay una diferencia cualitativa importante entre ambas: la primera se proponía cambios reales mientras que la segunda se formula sólo la administración política del statu quo, sin afectar el orden sistémico, lo que en las condiciones actuales de América Latina equivale simplemente a renunciar a la democratización de nuestras sociedades.

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tén social y político consistente, además de limitarse las realizaciones del gobierno de nuevo tipo, se pone en riesgo el desempeño electoral mismo, lo cual puede frustrar esas experiencias de gobierno a pesar de sus logros. En fin, creo que pensar en alternativas de izquierda al neoliberalismo obliga, sin duda, a discutir la complejidad de estos problemas.

IZQUIERDA INSTITUCIONAL VS. IZQUIERDA SOCIAL MASSIMO MODONESI*

Antes de preguntarnos qué alternativa puede ofrecer la izquierda hay que entender lo que está pasando en la izquierda misma: de dónde viene, pero sobre todo cómo se encuentra y hacia dónde se dirige. En la izquierda europea actual existe, a mi parecer, una tendencia polarizante entre dos modelos: una izquierda institucional y una izquierda social. Considero, por otra parte, que solamente podrá construirse una alternativa de izquierda en la medida en que esta tendencia se invierta. El espacio intermedio, el vacío entre estos dos polos, es justamente el lugar donde se juega el futuro de una posible izquierda transformadora portadora de una alternativa política y social. Ilustraré esta polarización en forma esquemática, a pesar de que habría que dedicarle mucho más espacio para poder reconstruir tendencias históricas y analizar a fondo casos concretos, siguiendo los desplazamientos, en las prácticas y en los proyectos, de las diversas organizaciones de la izquierda, así como de sus seguidores dispersos.1 Porque la izquierda, a pesar de lo que se perciba en los medios de comunicación, y por ende en gran parte de la opinión pública, va más allá de algunos partidos definidos como tales. Existen proyectos distintos y prácticas separadas, los cuales no se manifiestan exclusivamente en forma partidaria; por el contrario, cada vez más sensibilidades de izquierda se dirigen hacia otras formas y espacios de participación política y social, hacia lo que desde muchos lados se conoce como “izquierda social” (Revelli, 1997). Aunque una instantánea no permita captar a fondo los movimientos generales, me limitaré a abarcarlos, tratando de ilustrar la generalización mediante algunos casos significativos. * Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; coordinador editorial de la revista Memoria; asesor del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 1 Algunos textos recientes tratan de reconstruir estas trayectorias; véanse por ejemplo Sassoon, 1997; Agosti y Bandiere, 1999.

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La tendencia “institucional” se manifiesta en los principales partidos de izquierda europeos, tanto en el gobierno como en la oposición, especialmente en los que pertenecen a la Internacional Socialista, pero no sólo ellos, como veremos más adelante. Estos partidos han adoptado —y el proceso no ha concluido— un proyecto y unas prácticas políticas centradas en la dimensión “institucional”.2 “Institucional” porque acepta las instituciones existentes, no solamente como marco sino también como único horizonte posible, y no sólo las estatales, sino también las instituciones económicas, sociales y culturales, desde la familia hasta el mercado. El “reformismo” de esta izquierda es limitado y acotado tanto por la redistribución del poder en favor del capital a escala mundial como por un profundo sometimiento al pensamiento conservador, lo que tiene sus orígenes históricos en la derrota de los años setenta y la ofensiva neoliberal de los ochenta. Nada más lejos del “reformismo” como lo entendía Pietro Nenni, quien en los años sesenta convenció al ala izquierda del Partido Socialista Italiano, encabezada por Riccardo Lombardi, a entrar en un gobierno con la democracia cristiana sobre la base de “reformas de estructura”. Si existe un reformismo en la izquierda institucional es un reformismo débil, periférico, que no atañe al meollo de las estructuras de dominación. Al contrario, la izquierda europea ha demostrado al gobierno su “arrepentimiento” histórico, impulsando las contrarreformas del estado benefactor propuestas por la derecha. Lo que seguramente se ha perdido es el “reformismo social”, el cual era la esencia de la socialdemocracia “tradicional”. Las estrategias programáticas de la socialdemocracia gobernante —regulación económica, ortodoxia monetarista, reformas del estado de bienestar, redefinición de las relaciones laborales— no logran despertar pasiones sociales, no resuelven el drama del desempleo y ahondan la fractura existente entre política y sociedad. Más allá de esa aceptación general del statu quo, esta izquierda es “institucional” porque centra su acción, en forma exclusiva, en la 2 Esta

tendencia “institucional” es señalada por Eugenio del Río, quien por su parte parece apostar a “otra izquierda”, cuyo perfil corresponde grosso modo a mi definición de izquierda social. Pero Del Río no profundiza su análisis en el nivel de categorías y no evidencia la polarización entre estas dos izquierdas (Río, 1999).

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presencia, la influencia y la labor desde las instituciones estatales y dentro de ellas. La actividad política —y aquí se manifiesta la tendencia general hacia la profesionalización y la institucionalización de los partidos políticos— se concibe exclusivamente a partir de los márgenes de maniobra desde los aparatos de gobierno, nacionales o locales. Lo que no quiere decir que, en determinados casos, estos márgenes no hayan sido utilizados en el sentido de una transformación y apertura de las propias instituciones como, para poner un ejemplo latinoamericano, en el caso de Porto Alegre y del presupuesto participativo (Utzig, 1999: 41-44). Lo que parece evidente de la lectura de los programas y los documentos de varios partidos progresistas europeos es que el eje y el lugar privilegiado de la acción política son las instituciones. Esto puede parecer paradójico, ya que el poder de intervención del estado se está restringiendo justamente allí donde se encontraban los instrumentos del reformismo, que permitían adecuar —aunque fuese parcialmente— el funcionamiento de la economía de mercado al interés colectivo. Además, esto contrasta con el énfasis hecho, en los mismos documentos de la izquierda europea, en la sociedad civil y la desestatalización. Es decir, esta izquierda reconoce el acotamiento de su espacio “privilegiado” de movimiento y, al mismo tiempo, concentra sus esfuerzos y limita su proyecto a determinado uso de recursos públicos siempre más escasos. Sobre este punto hay que subrayar que las transformaciones del estado en la mundialización, más allá del debate sobre el final o la permanencia del estado, deben ser vistas desde una perspectiva cualitativa, tratando de definir claramente dónde reside y cómo se manifiesta hoy el poder estatal. Este acercamiento nos indica que una izquierda que opte exclusivamente por una tarea institucional y de gobierno está destinada, por ejemplo, a enfrentar el problema del control social de sociedades complejas (la llamada gobernabilidad), desde los códigos penales hasta las cárceles, la policía y la seguridad pública, sin poder recurrir a una política de lucha contra la exclusión para contrarrestar el aumento de la delincuencia. Está destinada a tomar decisiones como la de mandar tropas para librar guerras por encargo, al estilo de la del Golfo y la de Kosovo.3 Esta izquierda es institucional, además, porque asume paulatinamente la forma de partidos de elites, de comités (según el clásico mo3 Sobre

el impacto de la intervención en Kosovo véase el libro de Bensaïd, 1999.

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delo de los partidos conservadores), porque sufre una hemorragia de militancia, porque depende cada vez más del financiamiento público y de las contribuciones de los grandes “benefactores”.4 Así que los lugares donde esta izquierda se mueve y actúa —identificada ya exclusivamente por los grupos dirigentes y a veces un solo líder— son más y más espacios institucionales; “el palacio”, suelen decir en Italia los críticos. En eso la deriva corresponde a la concepción de democracia que el pensamiento conservador ha venido imponiendo, desde la academia hasta el sentido común. Los sistemas de partidos son concebidos como expresiones de un pluralismo acotado y homogéneo, cerrados por los candados de leyes electorales ad hoc, con una tendencia preferiblemente bipartidista que favorece las negociaciones y los consensos bipartisans;5 en pocas palabras, la eficiencia en la rotación sin sobresaltos. Tal sistema encuentra su modelo (algo excesivo y exótico, hay que reconocerlo, para las sensibilidades europeas) en el bipartidismo anglosajón (demócratas-republicanos en Estados Unidos y conservadores-laboristas en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda). Concibe la alternancia —lema y muletilla de políticos y politólogos— como antídoto contra las alternativas, el partido como agencia de reclutamiento de funcionarios públicos, como una institución estatal; no un instrumento de participación de los de abajo sino un instrumento de legitimación de las políticas públicas, instrumento para procesar y hacer digeribles platos amargos sin provocar regurgitaciones. En esta izquierda podemos ubicar —además de los partidos socialistas, socialdemócratas, de centro-izquierda y progresistas— algunos partidos de perfil más radical, por ejemplo el Partido Comunista Francés (PCF) que, a pesar de una renovación doctrinaria, de cierto recambio de grupos dirigentes y de una atención hacia los movimientos sociales, sigue concibiendo su acción política casi exclusivamente a partir de su presencia en el gobierno (Bilous, 2000: 38-43). Así, los movimientos sociales en Francia nacen sin que el PCF tenga una real influencia, como en el invierno de 1995, que para muchos fue el comienzo del ascenso de la resistencia antineoliberal y a la globalización capitalista. Otro caso sería el del pequeño Partido de los Comu4Y

cuántos Kohl debe de haber en varios partidos de izquierda, recuérdese a Cra-

xi... 5 Según

la expresión usada en Estados Unidos.

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nistas Italianos (PCI), nacido de una escisión del Partido de la Refundación Comunista (PRC), que hoy participa con dos ministros en el gobierno de D’Alema, sin tener un arraigo social significativo ni posibilidades de extender su influencia política. Pero esta tendencia se percibe también en los verdes, tanto en Francia, Italia y Alemania, donde están gobernando, como en otros casos. El ejemplo de los verdes es muy representativo en la medida en que nacieron como movimiento para convertirse, en poco más de diez años, en partidos institucionales (Vercammen, 1999). El problema no es tanto estar en el gobierno sino concebir a éste como único medio para hacer política, y esto se nota incluso desde la oposición, con el uso instrumental de la movilización social, limitada a las coyunturas políticas y a la lucha por el poder estatal. En determinadas circunstancias estos partidos pueden acompañar a los movimientos sociales, ofrecer un interlocutor institucional y una proyección política más trascendente; al mismo tiempo, esta relación episódica y no orgánica hace que los partidos socialdemócratas y verdes pierdan progresivamente poder de convocatoria propio —en gran medida ligado al sindicalismo tradicionalmente próximo— y ya no posean los recursos para encabezar y estimular las protestas sociales. Siempre hubo una izquierda que enfocaba la lucha por las reformas en el mero marco de las instituciones existentes, como lo demuestra la aplicación burocrática del estado benefactor desde la segunda posguerra, o la aceptación del modelo de fábrica fordista, en un plano más socioeconómico. La crítica a los llamados partidos de integración de masas como instrumentos de regulación capitalista (Hirsch, 1996; 2000) fue patrimonio de la izquierda extraparlamentaria de los setenta, en particular de las corrientes consejistas y trotskistas. El hecho novedoso hoy es que esta tendencia institucional es absolutamente dominante en la izquierda política partidaria, al punto de que pudiera parecer que no muy tarde —y éste es evidentemente el objetivo de la derecha— toda la izquierda partidaria será institucional. Además, a diferencia de lo que ocurría en los años setenta, ni en los mismos partidos socialdemócratas existe el mínimo cuestionamiento o perplejidad sobre este punto. La gran novedad está en la magnitud y la intensidad del fenómeno, al grado de que muchos —los políticos y politólogos del pensamiento único, convencidos o resignados— pretenden que sea el único camino o, por lo menos, la sola izquierda posible. El referente ideológico de esta izquierda institucional son los prin-

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cipios de la tercera vía propuesta por Tony Blair y teorizada por el sociólogo Anthony Giddens (1999; Hirsch, 1998).6 Aunque no todos los partidos socialdemócratas adopten in toto los planteamientos terceristas, éstos representan la versión más acabada del revisionismo socialdemócrata de fin de siglo.

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Paralelamente, y en contraste con esta tendencia, se desarrolla otra: la izquierda “social”. Esta izquierda nace desde abajo y concentra sus fuerzas en las prácticas sociales: en los movimientos sociales coyunturales, en las redes de solidaridad y de defensa de los derechos humanos y sociales, en ese espacio de potencial economía alternativa llamado “tercer sector”, en los centros sociales, así como en otras experiencias de autogestión y autoorganización, en la cooperación, en múltiples iniciativas ciudadanas y en las universidades. Se encuentra también en nuevas experiencias sindicales o resiste y se reorganiza en los sindicatos existentes, aun cuando éstos estén sometidos a la ofensiva patronal y estén en retirada como espacios de aglutinación social.7 Las metáforas más utilizadas para describir este conjunto heterogéneo son las de archipiélago, constelación y red, lo que lleva una idea de dispersión, pero al mismo tiempo de relación. En este universo coexisten las concepciones y las formas de organización más diversas. Una primera distinción obliga a separar las iniciativas de mera solidaridad o caridad de las que, aunque se expresen de la misma forma, son propias de la “izquierda social”. Los criterios que definen la “izquierda social” tienen que ver con la cosmovisión de los militantes, con los objetivos y las modalidades de su hacer política en la sociedad. La izquierda social insiste en la independencia del estado y de los partidos, en una construcción de poder desde abajo. Es la izquierda 6 La versión política de la tercera vía aparece en el documento conjunto BlairSchröder, 1999: 5-13. 7 Existen muy pocas investigaciones sobre la “izquierda social” que retraten sus múltiples facetas, mientras abundan estudios de casos específicos. Una excepción es el libro de Brochier y Delouche, Les nouveaux sans-culottes, 2000, el cual ofrece un panorama de la izquierda social francesa, una de las más organizadas y activas del viejo continente.

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que asumió la derrota de un proyecto político general y se retira en lo social para reconstruirse o simplemente para hacer algo útil. De hecho se pueden distinguir tres corrientes de pensamiento dentro de las múltiples iniciativas de resistencia y solidaridad que constituyen la galaxia de la izquierda social. Dos de ellas son extremas y mayoritarias: la que se guía por una pulsión ética sin tener algún proyecto político —porque lo abandonó o nunca lo tuvo— y el ultrarradicalismo sectario y trasnochado, que busca reproducir artificialmente el momento revolucionario. La tercera, minoritaria, mantiene un horizonte político y una visión de acumulación de fuerza en el mediano-largo plazo. Es una izquierda de “movimiento” que busca conquistar “posiciones”, para usar categorías gramscianas: aprovecha los conflictos y fomenta el espíritu de lucha, y al mismo tiempo acumula experiencias y va ocupando lentamente el espacio social. Una parte todavía más pequeña busca revertir la derrota ideológica, alimentar un pensamiento crítico y alternativo, recuperar el marxismo, y sigue pensando en el socialismo como alternativa a la barbarie, aunque no desdeñe los movimientos locales o las reformas limitadas, sin caer en ilusiones sobre su alcance real en relación con el sistema en general. Alrededor de estas posiciones se desarrolla el debate interno a la izquierda social, cuya preocupación fundamental es cuidar su independencia de las instituciones —incluidos los partidos de izquierda—, alimentar una serie de luchas reivindicativas y obtener logros concretos. Así que la izquierda social es mucho más dispersa que la institucional. Quizá porque es la expresión más reciente o porque es la más novedosa (en sus manifestaciones, aunque no en su proyecto, que incluye tanto la caridad cristiana como la revolución permanente). Probablemente la razón sea que ésa es su característica. En eso residiría su aspecto más novedoso, y tendríamos que aceptar, en esta etapa, la dispersión, la falta de coordinación y de proyección política de los movimientos sociales y las otras formas de resistencia popular. En Europa, igual que en América Latina, es una realidad que respiramos cotidianamente. Es una de las consecuencias de la derrota, y más que lamentarse o buscar modelos donde no los hay habría que entender las raíces históricas y sociales de esta fragmentación y tratar de recomponerla. A pesar de estas consideraciones, en toda la izquierda mundial existe un debate sobre las características de las luchas sociales en la actualidad. Se enfrentan los que ven el principio de un nuevo ascen-

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so de masas, los que no ven todavía terminada la fase defensiva y los que plantean un nuevo modelo de lucha social alrededor de pequeños núcleos permanentes que, en determinadas coyunturas y por cortos periodos, pueden encabezar movimientos de masas. La crisis de los partidos de masas, el flujo de la militancia y el activismo hacia otras formas de lucha, plantean un problema a la dicotomía politización-despolitización que ocupa el debate político y sociológico. En el interior de una tendencia general a la despolitización ciudadana existen nuevas formas de politización y de participación activa —un nuevo perfil del militante— que hay que explorar y estudiar (Rossanda, 2000: 6-8). En este sentido, hay que considerar que el abstencionismo creciente en Europa expresa un rechazo hacia los partidos y el modelo democrático vigente, que no siempre tiene como corolario un retiro de la vida pública, sino que a veces manifiesta una crítica consciente y activa. Gran parte de la izquierda social acaba votando por los partidos de izquierda, pero otra parte importante —la más ideologizada— elige la abstención como manifestación crítica, un viejo debate de los setenta que hoy asume nuevos tonos y nuevos argumentos. Otro aspecto característico de la izquierda social es que generalmente se ubica en un nivel reivindicativo, despreciando el poder político. Propone ideas de resistencia y por ello insiste en la dimensión de la organización social, en una lógica defensiva, no pocas veces gremial. Aquí pesa el vacío ideológico, la ausencia de un proyecto de sociedad. De hecho los dos pilares del programa máximo de la izquierda social: una economía solidaria y la autogestión, aunque dibujan seguramente una visión alternativa, en la práctica corren el riesgo de restringirse a una subcultura para pocos y de reducirse a crear “islas” funcionales para contener la inconformidad o justificar y compensar la retirada del poder público en determinadas áreas. También en ese nivel se distinguen posturas encontradas entre los que aceptan la dimensión reivindicativa como el único horizonte posible y los que piensan que es un punto de arranque, necesario para la reorganización social, al cual naturalmente sigue, por la lógica intrínseca de las reivindicaciones, la politización de estas luchas y el cuestionamiento de todo el sistema económico y social. La izquierda social es un espacio en construcción con características escurridizas que hacen difícil su cabal definición. A pesar de estos límites hay que reconocer no sólo su existencia sino su creciente protagonismo en las luchas sociales contemporáneas. Debe observar-

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se que lo que más define hoy a la izquierda no es ni un estilo de gobierno ni un programa alternativo —que a lo mejor nos permitiría hablar de cosas más tangibles—, sino que izquierda es hoy, sobre todo, una sensibilidad, un amor a la justicia y la libertad. Recurso extremo para tiempos difíciles y de retirada, pero garantía de supervivencia. Recurso que va a revitalizar a la izquierda, pues la izquierda existe se quiera o no.

¿ANOMALÍAS?

Una y otra visión de la izquierda son producto de la misma historia, respuestas distintas a la derrota del pasado y los retos del presente. Reproducen un debate clásico y lo llevan al extremo. Más allá de episódicas convergencias y acciones conjuntas, producen una absurda división del trabajo, fomentando la separación y los espacios reservados. Así, dejan un vacío y reproducen la creciente fractura entre la política y la sociedad, que es uno de los grandes rasgos de este final de siglo, el siglo de la política de masas. En esta polarización se disuelven las mediaciones, los puentes entre lo social y lo político; se pierde la característica fundamental de la izquierda del siglo XX, la cual acompañaba la lucha por el poder político con la lucha por la construcción del poder desde abajo. Existen algunas excepciones que desgraciadamente acaban por confirmar las tendencias generales. No toda la izquierda partidaria se puede definir como “institucional”, y algunos partidos tratan de llenar el vacío. Por ejemplo, para mencionar solamente los casos más importantes, el PRC italiano, que trata de combinar la lucha social con la lucha política y la presencia institucional, tanto en el parlamento como en los gobiernos locales, o el caso de Izquierda Unida (IU) en España, que se ubica en la misma línea; o la alianza entre la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y Lucha Obrera (LO) en Francia, o el Partido del Socialismo Democrático (PDS) alemán, por mencionar los casos más significativos. Pero la realidad muestra que todos estos partidos, todos estos intentos de evitar la polarización, viven grandes dificultades: IU con su estruendosa caída electoral; el PRC con su aislamiento político, LO-LCR sin la certeza de poder ir más allá del capital obtenido durante un gobierno de izquierda, el PDS con el eterno duelo entre sus dos almas.

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Todos reciben apoyos importantes, pero oscilantes y precarios, que pueden aumentar a raíz del malestar social que se percibe en Europa o pueden disminuir por el cansancio y la desilusión que acompañan el malestar. Por el momento no muestran tener una capacidad expansiva tal que les permita impulsar una alternativa real. Así que lo que debería refutar la tesis de la polarización lamentablemente la confirma: entre izquierda institucional e izquierda social se ahonda la distancia.

CONTRATENDENCIAS

Existen, sin duda, algunas contratendencias significativas. Del lado “institucional” aflora una resistencia a la institucionalización de la izquierda, tanto desde las bases como entre las corrientes más radicales en el interior de varios partidos. Un ejemplo es el caso de la minoría de los Democráticos de Izquierda (DS) en Italia, que, a pesar de no tener un grupo dirigente fuerte, supo canalizar el malestar de los militantes y presentó una moción crítica opuesta a la del secretario general Walter Veltroni en el reciente congreso de Turín.8 Lo mismo podría decirse de la actitud de los sindicatos en Alemania y del sentido de la salida de Lafontaine del gobierno de Schröder. En relación con la candidatura independiente de Ken Livingstone —después del escándalo de la elección interna—, es significativo que sea apoyada por Tony Benn, líder histórico de la izquierda del Labour, sin olvidar que hace no mucho Arthur Scargill, dirigente de los mineros, encabezó una escisión que resultó en la formación del Socialist Labour Party.9 Y los ejemplos de estas tensiones internas podrían multiplicarse, demostrando que la tendencia institucional va a encontrar obstáculos y suscitar conflictos dentro de muchos partidos. Siempre a contratendencia de la institucionalización podríamos señalar el caso francés. Aquí, aun cuando se puede discutir el alcan8 “Per un partito di sinistra, per una coalizione riformatrice, per rinnovare i valori del socialismo europeo”, mimeo. Sobre este importante congreso véanse Magri, 1999: 4-9; Moltedo, 1999: 55-60; Terzi, 1999: 7-11. La izquierda de los DS anima también una asociación plural que se propone reagrupar a distintas corrientes dentro y fuera del binomio DS-PRC: la Asociación para la Renovación de la Izquierda, ARS (1999: 43-58). 9 Se escribió mucho sobre Blair y el Labour; entre los artículos más recientes véanse Dixon, 2000; Faganand, 2000; Alí, 2000a, 2000b: 22-26; Coates, 2000: 23-28.

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ce reformador del gobierno de Jospin, la izquierda plurielle —verdesMouvement des Citoyens-PCF-Partido Socialista-Radicales— mantiene una vivacidad y un debate interno muy peculiares. Algunos ven en esta experiencia la primera señal de un reflujo hacia posiciones más a la izquierda, considerando en particular la trayectoria del Partido Socialista desde 1981 hasta la fecha, con la declinación del mitterrandismo. Los deslindes y las críticas de Jospin a las tesis de Blair y Giddens han sido claros, aunque no perfilan nada más que una reivindicación de principios. Desde el lado de la izquierda social, la contratendencia más evidente y relevante es la politización de muchas luchas sociales. Sin insistir en ejemplos, hay que subrayar cómo se empezó a articular en la izquierda social, desde el invierno francés hasta la lucha contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, desde Seattle, pasando por la red en favor de la tasa Tobin (ATTAC), un incipiente movimiento internacional antineoliberal y crítico de la globalización capitalista en curso.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La polarización y las características señaladas para el caso europeo pueden extenderse, con algunas salvedades, a la izquierda latinoamericana. En primer lugar, la experiencia de gobierno de la izquierda europea contribuyó a acentuar sus rasgos institucionales, aunque éstos se puedan formar y se conservan incluso en la oposición. Mientras en Europa las corrientes más radicales y movimientistas se encuentran fuera de los principales partidos, en muchas izquierdas latinoamericanas siguen en su interior. Un ejemplo muy significativo es el Partido de los Trabajadores brasileño, donde la izquierda interna logró más de 40% de los delegados en el reciente Congreso de Belo Horizonte, pero también en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Frente Amplio, por citar otros partidos en ascenso electoral. Aquí se mantienen algunos vínculos fundamentales y no simplemente instrumentales entre partidos y organizaciones sociales y entre lucha institucional y lucha social. A pesar de esto, las tendencias parecen ser las mismas. Podemos suponer que es solamente cuestión de tiempo, pero lo único cierto hoy es que los márgenes de maniobra para mantener partidos de iz-

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quierda con arraigo y vocación social son mayores. Podría ser ésta una razón para pensar que la alternativa, como expresión política y como construcción social de largo aliento, pueda madurar antes en el sur del mundo, allá donde cualquier proceso de institucionalización flota entre las olas amenazadoras de océanos de exclusión. Lo cierto es que, por el momento, la izquierda europea es arrastrada por mareas opuestas, entre la acomodación del tercerismo, la resignación desmovilizadora y la consolación ilusoria, que magnifica el significado de las contratendencias.10 La construcción de una alternativa de liberación pasa por la rearticulación entre izquierda política y social, que frene la institucionalización, la dispersión, y formule un horizonte común, una utopía posible que permita caminar.

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LA ALTERNATIVA CUBANA* FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA**

Después de los notables triunfos de la izquierda en las elecciones de octubre pasado en Brasil, se ha creado una gran expectativa política para las elecciones generales de 2002. ¿Qué estrategia adoptar, qué alianzas son necesarias, qué imagen será más apropiada? Estas y otras preguntas están en primer plano mientras se discute con entusiasmo acerca del concepto y de los contenidos y problemas del socialismo. Me ha tocado participar en varios seminarios y algunos encuentros de estudio con activistas y simpatizantes que debaten a partir de los datos actuales de Brasil y del mundo, de conceptos y de la historia propia y mundial del socialismo. En uno de ellos recibí una pregunta que según supe después tiene alguna difusión: “Si la izquierda ganara las elecciones en el 2002, y el país fuera bloqueado, ¿cómo sobreviviría Brasil en un mundo como el actual?” La pregunta es reveladora. Atañe a un tipo muy especial de alternativa, la ruptura con el orden existente. En primer lugar está bien dirigida: ustedes, un país tan pequeño y escaso de recursos, tan cercano a Estados Unidos en todos los sentidos, que fueron bloqueados tan pronto como emprendieron su alternativa, ¿cómo fue que sobrevivieron, cómo se mantienen durante tantos años y exhiben tantos logros sociales, y siguen desafiando a su enemigo, a pesar de que hoy es más poderoso que entonces y los sigue bloqueando? De ahí en adelante, sin embargo, la cuestión planteada obliga a salirse de su formulación como pregunta, porque ésta revela ausencias y varios supuestos que configuran “verdades” previas: a] ganar unas elecciones es igual a gobierno popular, y éste a poder popular; b] el contenido real y los problemas de la gestión de un nuevo gobierno de 2002 en adelante no es algo puesto en discusión cuando es un te* Escrito en México-La Habana, abril de 2001. ** Doctor en derecho por la Universidad de La Habana; profesor-investigador titular en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello de la misma universidad.

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ma decisivo; c] Brasil puede ser “bloqueado”, es decir, existen fuerzas incontrastables que sin duda pueden llevar a cabo tamaña empresa, y, por lo tanto, se las supone invencibles; d] tácitamente Cuba, con su régimen socialista, es un hecho milagroso, abstracto y ahistórico, algo “bueno”, pero no de este perverso y duro mundo. La pregunta revela insuficiencias, pero la cuestión en sí es fundamental, porque América Latina y el Caribe no sólo viven revoluciones de la comunicación, concentraciones del capital e indefensión del trabajo, decadencia de los servicios sociales, un reino de las privatizaciones y la consolidación de la pobreza;1 también florecen esperanzas, movimientos populares, rebeldías organizadas e intentos diversos de levantar alternativas eficaces al orden explotador, excluyente, neocolonial, depredador, que rige en nuestro continente. Esas realidades americanas tan contradictorias y conflictivas constituyen el marco de cualquier exposición o debate sobre construcción social alternativa. La alternativa al capitalismo actual es el socialismo. Parezco demasiado concluyente, pero en realidad no existe alternativa dentro del sistema vigente para detener el despliegue arrollador de su naturaleza antihumana y rapaz, no digamos para revertir la situación que ya ha creado. Pero mi afirmación no es más que una postulación que debe enfrentarse a un fuerte grupo de preguntas y desafíos. El socialismo, ¿es una opción realizable, es viable?; ¿puede darse en países o regiones del mundo, sin controlar los centros económicos del mundo?; ¿es un régimen político y una forma de distribución, o está obligado a desarrollar una nueva cultura diferente, opuesta y más humana que la del capitalismo?; ¿por su historia no está incluido también en el fracaso de las ideas y las prácticas modernas que se propusieron perfeccionar a las sociedades y las personas? Es imprescindible entrar a fondo en esos cuestionamientos por 1 Se espera que en 2002 Brasil tenga más teléfonos celulares que instalados en inmuebles. Pero el salario mínimo actual en ese país es un 23.9% comparado con el de julio de 1940, y menos del 16% del mínimo indispensable para sostener una familia de cuatro personas (Dieese, “Anuário estatístico do trabalhador”, Folha Online, 26 de marzo de 2001). El gobernador del estado de Río de Janeiro declara que 50 millones de brasileños no tienen acceso a ningún tipo de atención de salud —La Habana, marzo 21 de 2001—; ese mismo día el Banco Mundial ofreció su estimado de pobres latinoamericanos: 250 millones; de ellos, 96 millones son indigentes. El año pasado la prensa de Brasil publicó que entre 1990 y 2000 el Banco Mundial le prestó al país 10 mil millones de dólares, y en ese mismo lapso le cobró 14 mil millones.

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una razón muy práctica: el socialismo va a emerger otra vez como propuesta para este mundo, y eso lo hará avanzar como promesa y volver a presentarse como política y como profecía. Pero no le será posible intentarlo sin saldar sus propias cuentas, sin radicalizar y transformar sus proyectos, sin rediscutir y hacer avanzar su teoría, sin partir de la situación real actual, sus datos desfavorables y favorables y sus tendencias, con el objetivo de cambiarla hasta su raíz. Este socialismo renovado necesitará, entre otras cosas, gran claridad y compromiso con los tiempos pasado, presente y futuro, una gran audacia, ser atractivo y ganarse la conducción de la esperanza. En síntesis, deberá crear la alternativa. Con estos comentarios previos expreso el marco en que coloco esta exposición sobre Cuba, un caso de construcción social revolucionaria de alternativas en nuestra región.

CUBA: LA DIMENSIÓN ACTUAL Y LAS DIMENSIONES HISTÓRICAS

Los juicios al uso acerca de Cuba suelen mostrar mejor a los que opinan que a ella misma. Las grandes cargas ideológicas y la falta de conocimiento establecido inducen entonces a la utilización de palabras fuertes para denotar a Cuba contemporánea como comunista, dictadura, totalitarismo, o sociedad más justa, esperanza, utopía. Llevan al uso de expresiones tímidas, como democracia, o mal intencionadas, como derechos humanos. Dejémoslas en suspenso para ir en busca de Cuba misma. Utilizaré una caracterización previa, con el fin de ayudar a la comprensión de lo que expongo a continuación, pero también para adelantar mis puntos de partida intelectuales y mi posición. Cuba actual es un complejo compuesto por la sociedad en transición socialista, resultante de la revolución y del periodo transcurrido hasta 1990, más la gran tensión de la primera mitad de la década entre la crisis, la afirmación del régimen y la resistencia popular, más las transformaciones y permanencias del país desde fines de los años ochenta hasta hoy. Un complejo, porque no se reduce a una sucesión temporal ni a una mezcla; es en sí una realidad específica, y es el teatro de una transición. Tanto por la naturaleza de la materia en análisis como por razón de método, necesito fijar ciertos elementos históricos. El aconteci-

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miento más importante de la segunda mitad del siglo XX, la revolución socialista de liberación nacional, desencadenada entre 1959 y los años sesenta, operó una gigantesca transformación súbita del país. Sin embargo, hasta el más trascendental acontecimiento sólo actúa sobre un mundo previo que es su materia y provee sus condicionamientos. Debo ser muy esquemático, o más bien alusivo, al situar aquí esa Cuba previa, solamente para servir a los propósitos de nuestro tema. Sociedad colonial americana durante cuatro siglos, Cuba fue centro militar de comunicaciones y de servicios para el imperio español —y ganadera a escala local y de la región—; pero desde el último tercio del siglo XVIII tuvo un descomunal auge económico exportador de azúcar y café para el mercado mundial, decisivo para multiplicar siete veces la población entre 1791 y 1895. Entraron un millón de esclavos y más de cien mil chinos, sirvientes contratados; después entró otro millón de inmigrantes hasta la tercera década del siglo XX, la mayoría españoles, pero también de Haití y Jamaica. Ellos y sus mezclas fueron la base de la actual composición racial de los cubanos. Primera exportadora de azúcar del mundo —el café salió de la escena hacia 1850—, y a pesar del aumento sostenido de la demanda, el proteccionismo y la remolacha europeos y el auge de las refinerías norteamericanas obligaron a Cuba, entre 1850 y 1870, a pasar al predominio del azúcar crudo y a depender casi totalmente del mercado de Estados Unidos. Se impuso la dependencia de las políticas del comprador, así como en tecnología y alimentos. Se fue formando una neocolonia en un país colonial, cuyos nexos principales de negocios no eran con su metrópoli. Aumentar la monoexportación sin cesar y explotar al máximo el trabajo y el medio fueron las dos tácticas priorizadas ante las diferentes coyunturas hasta 1914-1925, última gran fase de expansión azucarera, ahora con una enorme inversión directa norteamericana. La exportación de azúcar que había deformado la estructura del país se estancó por baja demanda y caída de los precios desde antes de la gran crisis mundial. La inmigración cesó, hasta hoy. Después de la crisis se renovó la relación neocolonial: se consolidó la dependencia económica de Cuba en equipos, alimentos e insumos norteamericanos con tarifas muy reducidas, a cambio de ser abastecedora de azúcar a precios preferenciales en cuotas fijadas por Estados Unidos. La producción se estancó y se basó en intensa explotación industrial, bajos costos agrícolas, superexplotación y miseria rural. El desem-

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pleo estructural y cíclico se entronizó; en 1953 sumaba 35% de la fuerza laboral. Los intentos de industrialización dependiente y diversificación de mercados y producciones obtuvieron muy pobres resultados en tres decenios, a pesar de cierta reanimación de la inversión norteamericana en la última década.2 Bajo el primer gran impacto modernizador de hace doscientos años predominó la economía dineraria y hubo grandes revoluciones, desde la tecnología y la gestión empresarial hasta el consumo material y espiritual. El poder económico era ejercido por criollos. Ellos explotaron sin tasa y aplastaron a la fuerza de trabajo esclava, promovieron la división de la sociedad en castas y el racismo, privilegiaron su gran negocio con esclavos, se asociaron con el poder colonial —primero con gran autonomía, después con fuerte subordinación— y se opusieron siempre a la independencia. Sectores intermedios y humildes desataron una primera revolución independentista y abolicionista (1868-1878) que no triunfó, pero abrió paso a un régimen colonial postrero con reformas, partidos y cierta legalidad política y de prensa, y puso sobre todo las bases de la identidad y el nacionalismo cubanos. La esclavitud terminó y se generalizaron las relaciones capitalistas; el férreo control burgués sobre la tierra continuó y se amplió en el siglo XX como condición del sistema exportador, bloqueando avances a la producción libre, a la autosuficiencia alimentaria y al mercado doméstico. La clase dominante volvió a ser antinacional ante una nueva revolución, de liberación nacional, convocada por José Martí. Por ella el pueblo de Cuba se sacrificó masivamente en una guerra total (1895-1898) que creó a los cubanos, golpeó al racismo y a las castas, cerró a Estados Unidos la posibilidad de anexarse a Cuba, unificó el territorio, construyó ciudadanía, exigió una república con instituciones democráticas y proveyó visiones del futuro del país. Como en todo el mundo colonial, otra vez lo internacional pesó duramente. Estados Unidos hizo una guerra fácil a España en 1898; ocupó el país e impuso un régimen de semiprotectorado que duró más de treinta años y unas relaciones neocoloniales que agobiaron a Cuba hasta 1959. La burguesía cubana se subordinó y se alió a Estados Unidos, pero no hubo ningún sector ni partido anexionista en ese 2 La situación económica llegó a ser bien conocida en la época. Véanse, por ejemplo, tres autores: Julián Alenes Urosa, 1950; Julio le Riverend, 1952, y Raúl Cepero Bonilla, 1983.

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periodo. La burguesía no pudo apropiarse de los símbolos revolucionarios ni del nacionalismo popular; para ejercer el poder tuvo que reconocer logros de la revolución, pactar con un personal político procedente de ella y asumir una república con tendencias democráticas. País de profundas contradicciones, la Cuba colonial había tenido más desarrollo material e integración que una parte de las repúblicas latinoamericanas. Se convirtió entonces una república con voto universal para los varones y un dinámico sistema político, una compleja sociedad civil, divorcio, crecimiento económico, a la vez que una neocolonia con liberalismo económico y conservadurismo social. Pero también hubo inconformidades, sindicatos, anarquismo, ideología mambisa,3 una nueva conciencia cívica, antiimperialismo, luchas contra el autoritarismo, que desembocaron en la tercera revolución (1930-1935). Ella amplió y profundizó el acumulado cultural, trayendo más democratismo, nacionalismo radical e ideas socialistas. En el periodo que siguió, grandes partidos modernos interclasistas, un estado con atribuciones sobre la economía y al parecer equilibrador entre las clases sociales, una hegemonía muy renovada, reconocían los acuerdos posrevolucionarios y trataban de excluir un nuevo estallido. Sin duda en la Cuba de 1952 había más sistema y conciencia política que independencia y dinamismo económicos. La revolución de los años cincuenta a sesenta y sus resultados fueron “un vuelco inconcebible previamente” para el acumulado cultural cubano de 1952. Así sucede con toda gran revolución. Pero al examinarla hoy como alternativa es necesario tener en cuenta —sería igual para cualquier otro caso— los puntos de partida desde los cuales actuó, los rasgos que le permitieron avanzar más o la frenaron, las permanencias o largas duraciones que fueron o no superadas y sus modos de ser en la nueva situación, además de las nuevas realidades y obstáculos creados.

3 “Mambí” se llamaba a los insurrectos cubanos del siglo XIX. La ideología mambisa era nacionalista popular y exaltaba la gesta armada como origen de la nación; era democrática, de tendencia antirracista, de justicia social y anticlerical; veía la república como frustración del ideal revolucionario por los políticos venales y el intervencionismo de Estados Unidos.

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He investigado y escrito sobre este proceso durante gran parte de mi vida,4 pero no pretendo hacer aquí ni siquiera una síntesis. Solamente apuntaré algunas cuestiones de las tres primeras décadas que me parecen fundamentales para nuestro tema, antes de pasar a la etapa más cercana de la última docena de años. En Cuba el origen estuvo en una insurrección nacional contra una dictadura, que desde su triunfo en 1959 se profundizó rápidamente hasta convertirse en una revolución social sumamente radical. En un mismo acto, ella liquidó el aparato represivo del sistema, abatió todo el orden vigente en Cuba y rompió los lazos neocoloniales con Estados Unidos. El gobierno derribado era ilegítimo, pero la revolución hizo desaparecer y sumió en el desprecio a todas las formas políticas precedentes. Se implantó un régimen político nuevo en el país y en América, que buscó sus fundamentos de derecho en el propio hecho revolucionario y en ideas muy radicales procedentes de la tradición nacional popular y de luchas por la justicia social, y asumió el ideal socialista. El nuevo régimen fue capaz de conducir y exacerbar el profundo nacionalismo cubano en una dirección socialista de liberación nacional y antiimperialista. Toda revolución verdadera hace retroceder los límites de lo posible; la revolución cubana lo hizo hasta grados inimaginables. El capitalismo cubano, el poder de Estados Unidos y la geopolítica fueron negados. La lógica de los comportamientos humanos y sociales se alteró brusca y profundamente; la actividad desatada de la revolución puso a prueba lo normal, lo justo, lo esperable y lo imposible según los conocimientos establecidos, los saberes e incluso el sentido común: los que no pasaron la prueba fueron denunciados u olvidados. Los cambios trascendentales que sucedieron tuvieron como agentes un poder revolucionario muy cohesionado y audaz, el cual partió de la conciencia política y de ideales sociales alcanzados por el país, y tuvo una enorme capacidad de conducción; y una actividad incesante en la ejecución de las transformaciones y defensa del nuevo ré4 Varios de esos textos se han publicado en México. Entre otros: Desafíos del socialismo cubano, 1988; El Che y el socialismo, 1989; “Cuba: Problemas de la liberación, el socialismo, la democracia”, en La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas, 1995: 611-639; “Desconexión, reinserción y socialismo en Cuba”, en Estudios Latinoamericanos, 1994; “Cuba: coyuntura y acumulaciones históricas”, en Geoeconomía y geopolítica en el Caribe, 1997.

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gimen de una parte enorme de la población —la mayoría en los momentos culminantes—, que se hizo consciente del proceso que vivía y asumió su proyecto, y se organizó y sistematizó en un tiempo breve. La conjunción muy prolongada en el tiempo del poder revolucionario y el espíritu libertario están en la base de la alternativa cubana. Comprender eso es imprescindible para todos los análisis que se hagan de los hechos económicos, políticos, ideológicos de la revolución, de las diversas dimensiones de lo social y lo individual, y también para comprender su estabilidad y permanencia. Desapareció la clase de los propietarios de las empresas industriales, comerciales y agrícolas grandes y medianas; desaparecieron los banqueros y los demás elementos ligados al modo de producción capitalista neocolonial. La mayoría de ellos y sus constelaciones cercanas, así como de los intermediarios, los políticos y otros beneficiarios del sistema, emigraron; también emigró una parte de los profesionales y técnicos, y otras personas de sectores medios y bajos de la sociedad. Pero muy amplios grupos calificados, empleados y de sectores medios, junto a la mayoría de los elementos de las clases y grupos populares, se integraron a las tareas económicas, sociales y políticas de la revolución con gran dedicación y entusiasmo. La disciplina laboral del viejo orden se extinguió, pero el complejo de motivaciones y obligaciones implantados por el nuevo poder no ocupó totalmente el espacio que aquélla dejó vacío. El desbarajuste que ocasionan a una economía transformaciones tan radicales de sus objetivos, medios, organización y nexos, cambios sociales e individuales tan profundos y desgarradores, el aprendizaje precipitado de tantos nuevos roles y técnicas, la carencia de cuadros, las urgencias simultáneas en tantos terrenos, presidieron la formación de las nuevas relaciones e instituciones sociales. Eso no fue un paseo, sino un trayecto agónico,5 pero produjo una nueva formación económica y social, una nueva conciencia y un nuevo país. Los problemas de la política y la economía ni siquiera hubieran podido plantearse bien —no ya resolver alguno— sin esa actividad revolucionaria. Hay una rica historia de búsquedas, pruebas, grandes 5 “Ahora pasan los medios de producción a poder del pueblo, pero el pueblo sigue siendo aquel mismo pueblo que ayer increpaba al patrón y maldecía su trabajo. Las condiciones de trabajo en muchos casos no han cambiado.” “En estos países no se ha producido todavía una educación completa para el trabajo social [...] al individuo, actor de ese extraño y apasionante drama que es la construcción del socialismo”, Ernesto Che Guevara, 1964, 1965.

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decisiones, muy duros aprendizajes, formación de organizaciones, reelaboración de relaciones y vínculos y creación de muchos otros nuevos, que incluye errores y desatinos. Pero al quinto año (1963) se llegó al pleno empleo, se restablecieron nexos básicos como el de la ciudad y el campo, funcionaban las instituciones económicas y se discutían públicamente los problemas fundamentales de un desarrollo autónomo del país, de las prácticas y los principios del sistema económico y del papel de la economía en un país en transición socialista. Para llegar a logros tan notables resultaron principales tres rasgos: a] la política revolucionaria tomó el mando sobre la economía, que pasó a ser comprendida y medida por su capacidad para servir a la satisfacción de las necesidades de las mayorías y los nuevos planes y proyectos; b] fue liquidado todo obstáculo puesto a esos fines, lo que acabó con la propiedad privada capitalista y con el respeto a ella, un sentimiento que es tan arraigado; c] la participación popular directa a un grado generalizado y bastante organizado en los eventos económicos, trascendentales o cotidianos, y la conciencia extendida de que el socialismo no era una donación desde el poder sino una creación y un derecho de todos. Eso permitió al nuevo orden sobrevivir y fortalecerse progresivamente, imponer una economía muy diferente y comenzar a funcionar con ella de manera eficaz y rápida, contar con una cohesión nacional activa para todas las políticas económicas, y dotar a Cuba de alta capacidad de desafío y de negociación externa.6 Se reconocieron los recursos del país desde otra perspectiva de clase, se pasó a aprovecharlos más y mejor, desde las tierras baldías hasta el control biológico de las plagas (Levins, 1990), y se comenzó a planificar su utilización. No hubo una simple reforma agraria sino una revolución de la vida, la situación social y la participación real de la población rural, y nuevas relaciones e instituciones económicas, sociales y políticas en el campo, un proceso basado en una nueva actitud hacia el medio rural por parte del poder central, los órganos de la revolución y la conciencia nacional. La administración y la gestión estatales con honestidad generalizada y tendencias planificadoras fueron la base para poner la economía al servicio de las necesidades de la gente y de un ambicioso proyecto nacional de desarrollo. Cada vez que la 6 Entre cientos de libros dedicados a la Cuba de esos años, cito a dos de los internacionalistas que dejaron sus vivencias y reflexiones de esta etapa de revolución en la economía, el mexicano Juan F. Noyola, 1978 y Edward Boorstein, 1968.

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práctica lo exigió se pusieron en duda o rechazaron creencias previas —la industrialización como camino al desarrollo—, o influencias recientes —la cooperativa como forma fundamental de propiedad rural—, aunque fueran defendidas por las ideas dominantes en Europa oriental. Se estableció un pacto social muy sólido basado en la mayor y más sistemática redistribución de la riqueza social y apertura de oportunidades de que tengo noticia. Ese pacto y el consenso alrededor de un proyecto nacional trascendente quedaron hasta hoy en la base del poder político y de su legitimidad. Ese poder elaboró sus estructuras y planes a largo plazo con sentido de permanencia, y sin tendencia alguna a la formación de un sistema de partidos políticos alternantes en el gobierno, o a crear mecanismos de institucionalización del disenso. Se arraigaron rasgos de democratización de la vida social que en gran parte se hicieron permanentes y hasta se tornaron costumbres. Entre ellos están la firme tendencia a la igualdad real de oportunidades y derechos de los individuos y de diversos grupos humanos —incluidos los de bajos ingresos, baja escolaridad, las mujeres y los no blancos— y la protección a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes; la pacificación de la existencia personal y familiar; la pérdida del prestigio de la propiedad privada y del mantenimiento del orden por el orden; la moderación en el ejercicio de la autoridad, tan importante cuando el arbitrio tiene un gran espacio; el hábito de los ciudadanos de reclamar sus derechos o justicia, y el hecho de contar con canales diversos para ello; fuertes órganos de poder local. El profundo desprecio al régimen previo a 1959, tanto en sus formas autoritarias como en las democráticas, contrasta con la altísima valoración de la unidad política lograda; en el discurso político ésta ha sido ligada a la defensa de la nación y al socialismo. A escala de la población la unidad es una instancia muy fuerte de identificación entre el régimen político y la nación. Por otro lado, las inculpaciones que pintaban a Cuba de antidemocrática por parte de acusadores totalmente descalificados en esa materia han provocado repudio general. Se hizo habitual relacionar “democracia” con hipocresía, mentira y engaño; reaccionar defensivamente ante el tema e incluso subestimarlo; el saldo de la ideología socialista que estaba en boga favorecía esa posición. De esto resultó un evidente perjuicio para el aprovechamiento de aspectos prácticos y experiencias positivas de democracia, y para la estimación de sus valores conceptuales.

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El proceso encontró sus límites en muchos terrenos. A pesar de formidables esfuerzos, autoconfianza y estrategias propias, fue imposible superar la estructura primario-exportadora basada en azúcar crudo, tabaco, níquel, pesca, aunque desde la primera década mejoró la posición del país en cuanto a educación, salud y formación técnica de su población, inversión de recursos en el desarrollo, crecimiento —a veces notable— en sectores, ramas y empresas basados en decisiones y planes de verdadero interés nacional, infraestructura y capacidad negociadora externa. Después de logros muy sensibles en modernización agropecuaria se abandonó la meta de la autosuficiencia alimentaria. Cuba no dispuso de los medios precisos para aprovechar sus recursos naturales. Pese a la calidad de sus proyectos, lo obtenido en industrialización resultó muy insuficiente en aspectos nodales, aunque registró avances notables. A los efectos terribles y conocidos del bloqueo estadunidense se sumaron las desventajas muy duras en las relaciones económicas internacionales típicas para los países “subdesarrollados” en el sistema mundial capitalista. La dimensión internacional —una constante crucial para países como Cuba— adquirió nuevos contenidos. La oposición radical de Estados Unidos ha sido y es sistemática.7 Desde 1960 inició un bloqueo económico sin guerra declarada que está en el centro de sus agresiones y obstrucciones a la economía cubana, con perjuicio, además, de los intereses y la soberanía de terceros países.8 Los gobiernos norteamericanos utilizan ese bloqueo dentro de una estrategia de múltiples vías dirigida a lograr un cambio de régimen en Cuba, el 7 En los documentos de las dos Demandas del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos, una por daños humanos y otra por daños económicos, interpuestas ante tribunales cubanos en mayo de 1999 y marzo de 2000, se expone muy amplia y detalladamente una agresión que dura más de cuarenta años. La primera relaciona, entre otros delitos, acciones criminales que provocaron 3 478 muertes y dejaron 2 099 incapacitados; la segunda detalla los efectos económicos del bloqueo y de acciones subversivas, terroristas, de sabotaje y guerra biológica, evaluando los daños en 121 093.2 millones de dólares. La ley norteamericana que permite ventas de alimentos y medicinas a Cuba, de octubre de 2000, “realmente no hace mucho”, reconoció el propio Clinton; en realidad, refuerza el bloqueo. 8 En el plano de las relaciones interestatales esa política ha generado protestas y denuncias —entre otros— de México y Canadá, sus comiembros en el TLC, de los gobiernos de América Latina, el Caribe y Europa, del CARICOM y la Unión Europea. La Asamblea General de la ONU ha votado, en todos los periodos de sesiones de 1992 a 2000, resoluciones que llaman a poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba; las votaciones son abrumadoras.

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cual tiene una historia de más de cuatro décadas —la violencia fue central en los primeros años— y una diversidad de actores, circunstancias y condicionamientos. Sus razones más generales están en la incapacidad de aceptar la pérdida de la relación de dominio y de los intereses neocoloniales que le ocasionó la revolución; en el temor a que el ejemplo cubano contagiara a los otros países de América Latina, reforzado por la muy activa política cubana en la región, favorable a cambios pro autonomía o revolución; en las vicisitudes, debilidades, corrupción y pugnas internas de su propio sistema político; en el rígido marco de principios de la estrategia cubana en cuanto a posibles negociaciones —a mi juicio acertado—, y en la percepción de que Cuba era sumamente peligrosa por la alianza que mantuvo con la URSS. Los motivos profundos estadunidenses resultan más claros para todos desde que terminó la guerra fría.9 Aunque nunca ha logrado realizar sus objetivos más ambiciosos, Estados Unidos condiciona siempre gran parte de la actividad internacional cubana e influye en aspectos muy sensibles de la vida económica, social y política interna. Desde 1960-1962 la relación con la URSS se volvió básica para la economía y la defensa de Cuba, ante el cuadro agudo de expulsión brusca de sus relaciones internacionales, bloqueo, agresiones armadas, terrorismo, cierre de mercados de armas y aislamiento a que fue sometida. La crisis de octubre de 1962 mostró de manera dramática los límites de aquella alianza. En los años sesenta Cuba y la URSS se alejaron cada vez más ideológica y políticamente, en la medida en que el socialismo cubano era más consecuente y profundo. La herejía cubana era un polo atractivo para los nuevos revolucionarios y las protestas populares en América Latina; conmovía en los países centrales del capitalismo y llegaba hasta África. Lo que sucedía en un pequeño punto de América requería que las ideas, las personas, los movimientos y los estados fuesen más radicales en el enfrentamiento al imperialismo y a los propios defectos e insuficiencias. Cuba hacía una propuesta socialista más humana y revolucionaria. La alternativa cubana alcanzó entonces su cenit. Pero no pudo constituirse un campo de países liberados o autónomos en América Latina,10 ni Cuba pudo realizar su estrategia de de9 Una información interesante acerca de las relaciones entre ambos países durante el año 2000 puede verse en IPS, 2000: 5-12. 10 Al contrario, en el curso de la nueva fase de integración más subordinada e íntima al capitalismo mundial que había comenzado en la región, la represión a las

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sarrollo económico socialista acelerado. Entonces se impuso una retirada parcial respecto al proyecto de los años sesenta, y en ese marco las relaciones económicas y políticas con la URSS se volvieron mayores y más profundas. Cuba ingresó en el CAME (1972), aumentó mucho la proporción de algunos países de ese grupo en sus relaciones económicas externas, y sacrificó gran parte de su estrategia a cambio de seguridad en cuanto a intercambios sistemáticos, capacidad negociadora y una alianza política. La agresión económica permanente de Estados Unidos reforzó esa necesidad; la muy modesta distensión de los años 1977-1978 desapareció desde 1979, cuando Centroamérica pudo contar con el internacionalismo cubano. El sistema, la práctica y la ideología económica cubanas fueron influidos cada vez más por aquella relación y por el llamado socialismo real, pese a tener las partes realidades tan disímiles. Eso comprometió el tipo de crecimiento de la economía y afectó negativamente la dirección económica, la eficiencia de los actores, el papel de la actividad económica en las transformaciones socialistas de los individuos, las instituciones y la sociedad como un todo, así como al proyecto nacional de desarrollo económico socialista. No se ha hecho un balance de la compleja historia de treinta años de relaciones Cuba-URSS, y no pretendo adelantarlo aquí. Comento al menos que la relación con la URSS significó para Cuba contar con aportes muy valiosos para la sobrevivencia, la satisfacción de necesidades sociales, el funcionamiento de la economía, la defensa, la formación de técnicos y algunos otros rubros. La relación ayudó a aminorar los efectos nocivos de la agresión norteamericana y de la condición “subdesarrollada”, pero era imposible que fuera un factor favorable al desarrollo sostenido y autónomo de Cuba. Además, pesó demasiado en las acciones y opciones cubanas, y generó un conjunto de dependencias e influencias de saldo negativo. De todos modos, es interesante para el tema de las alternativas el hecho de que, a pesar de todo, Cuba mantuvo sus especificidades, y no siguió fatalmente un curso análogo al de Europa Oriental. protestas y rebeldías y la meta de tener manos libres para las relaciones de dominación y las políticas económicas emergentes apelaron a regímenes autoritarios en gran parte del continente. La ejecución de ese proyecto fue orientada y asistida por Estados Unidos y respaldada por los sectores más “modernos” de las burguesías. Entonces la ideología opuesta a la revolución cubana hablaba mucho más de “seguridad nacional” —supuesto objetivo de regímenes que apelaron hasta al genocidio— que de democracia.

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Sus relaciones con las dos más importantes potencias mundiales marcaron gran parte de las actitudes hacia Cuba desde el resto del mundo, incluidos los juicios sobre su sistema político. Sin embargo, a lo largo de todo el periodo ha existido un cuadro muy rico de relaciones autónomas entre este país y multitud de personas, medios e instituciones en el mundo. Para ello han sido decisivos la enorme resonancia de la revolución y de sus logros sociales, la vocación de independencia, consecuencia, vigor y amplitud de su política internacional, defensora de los derechos de todos los pueblos a la autodeterminación, la soberanía y otros, su pertenencia muy activa a instituciones gubernamentales multilaterales, su antiimperialismo, su latinoamericanismo y el cumplimiento ejemplar de principios internacionalistas. Desde inicios de los setenta hasta la segunda mitad de los ochenta sucedió una larga etapa contradictoria, caracterizada por la universalización efectiva de servicios sociales básicos como los de salud, educación y seguridad social, el logro de un “estado de bienestar” sin excluidos, un salto gigantesco en los niveles de instrucción y técnico, un fuerte proceso de institucionalización y mayor peso de la legalidad en el sistema político y en la vida ciudadana (paso del predominio de la revolución como fuente de derecho al de la llamada legalidad socialista), mayor democratización de los poderes locales, un internacionalismo muy activo. Pero esa segunda etapa del proceso estuvo marcada también por numerosos atributos negativos, reforzados o impulsados por la relación con la URSS, ya referida: una fortísima burocratización, deterioro de las ideas y los comportamientos socialistas, las deformaciones aludidas de la economía y sus funciones sociales en la transición socialista, emergencia de intereses, privilegios y ventajas de grupos, clientelismo, tecnocratismo, mercantilismo, descontrol e ineficiencia. La formalización de la vida pública facilitó que crecieran el vaciamiento del discurso político, la simulación, el oportunismo, la indiferencia y las frustraciones. La unidad, la disciplina y la cultura política cubanas que se han ido acumulando desde el inicio de la revolución deben ser muy tenidas en cuenta al analizar cómo pudieron combinarse elementos tan disímiles y hasta opuestos sin que se perdieran el carácter y lo esencial del proceso, ni éste desapareciera al chocar con una nueva situación muy crítica.

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HACER LA REVOLUCIÓN; CREAR RIQUEZAS CON LA CONCIENCIA

No es retórico afirmar que Cuba se convirtió en una alternativa hace 42 años, y más aún hace cuarenta, cuando enfrentó con éxito la agresión imperialista, el bloqueo económico y la exclusión de la Organización de Estados Americanos, OEA, mediante la victoria de Playa Girón y el armamento general de la población, la revolución agraria y la campaña de alfabetización. Y en medio de tremendas convulsiones sociales y esfuerzos gigantescos consumó la nacionalización de los medios de producción, de la banca y de la educación, como base para que el pueblo desatado y su poder tomaran posesión de sus vidas, su país y su destino. Cuando se estableció la alternativa cubana comenzaban los años sesenta, pero nadie lo sabía todavía. El imperialismo aún no había completado su geografía económica, aunque su economía crecía y se centralizaba con celeridad; el “primer” mundo fue retado desde adentro por los que exigían cambios, y su orden de posguerra sufrió varias derrotas y fuertes pérdidas de prestigio. Estados Unidos padeció años de graves crisis internas; intervino en Viet Nam y se empantanó hasta ser vencido en 1975 por la decisión vietnamita. Una Europa cada vez más rica, pero insatisfecha, dejó al fin de dar lecciones a todos y produjo el emblemático 68. Era un mundo en que la URSS salía al cosmos y a los mares del mundo, pero en lo interno se reorganizaba de manera conservadora, entre ajustes modernizantes; en que el control que había ejercido en nombre del socialismo europeo fue desafiado por una nueva izquierda y por el maoísmo, y el movimiento comunista perdió cohesión. Y un mundo “tercero” que se autoidentificó, vivió la descolonización y las tensiones de adecuación o rebeldía frente a la generalización del neocolonialismo, e inventó el no alineamiento. Un mundo en que sucedía la segunda ola de revoluciones e ideas anticapitalistas del siglo XX, ola centrada en otros continentes y no en Europa, como la primera, con fuertes efectos sobre los temas principales y el ambiente cultural de las protestas sociales y políticas, y sobre el anticapitalismo. En el Lejano Oriente, China Popular era un polo atractivo y un poder; Viet Nam daba el ejemplo moral y modificaba la correlación internacional de fuerzas. Desde sus realidades tan diferentes y específicas, en África y América Latina había insurgencias que en nuestra región parecían conducir a revoluciones radicales y coordinaciones posibles. Si la revolución cubana pudo enfrentar con éxito sus tremendos

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escollos, oposiciones, insuficiencias y condicionantes desfavorables, y aprovechar las favorables, fue solamente porque estuvo caracterizada permanentemente por la “actuación”: a] en el terreno interno, que es siempre el principal, con todos los atributos conocidos, basándose en desarrollar sus propias fuerzas y en avanzar audazmente, guiada por principios inalterables de revolución popular anticapitalista y de íntima relación entre poder y bases, y con una enorme flexibilidad táctica; b] en lo externo, por ser realmente internacionalista y antiimperialista, y mantener ambos rasgos definitorios durante su transición socialista. El primer resultado que quiero destacar es la autonomía obtenida por Cuba, en grados impensables si se atiende a la geopolítica de entonces o a las elaboraciones más recientes sobre los límites de la soberanía, y a las creencias más extendidas en la actualidad acerca de lo posible para los países de la llamada periferia del sistema. Éstas tienen dos corolarios básicos: los “países pobres” carecen de posibilidades negociadoras que reduzcan su indefensión (“asimetría”) frente a los “países ricos”; al final nada puede oponerse al arbitrio de las grandes potencias. A pesar de sufrir una historia de graves dificultades y diferentes tipos de recortes, lo esencial de esa autonomía cubana se ha sostenido bastante bien durante todo el periodo histórico al que nos referimos, hasta hoy. Otros resultados fueron los colosales avances aludidos; un proceso interno muy radical de decisiones en cuanto a las opciones entre proyectos de cambio más o menos profundos, mayor calidad de la política y de su relación con la moral, y desarrollo de las personas, los cuales ni siquiera hubieran sido pensables. El país dio un gran ejemplo de lo que es obligatorio y posible para un poder y una sociedad en transición socialista; multiplicó sus esfuerzos cuando tuvo más personas calificadas y recursos, y se labró un inmenso prestigio. Esa estrategia acertada permitió que la sobrevivencia fuera la base de su ambicioso proyecto socialista —en vez de abandonar el proyecto para sobrevivir—, elaborar y mantener políticas propias, hacer contribuciones a un arco de movimientos y posiciones enfrentados al dominio capitalista o colonial/neocolonial en el mundo, tener una gran fuerza moral en sus relaciones internacionales, incluidas las negociaciones y relaciones con la URSS y algunos aliados de ésta, y sostener colaboraciones con países diversos. Al calificar esa actuación revolucionaria quiero destacar solamen-

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te otro de sus rasgos: avanzar con creatividad. Cuba sufrió las acusaciones de voluntarismo y subjetivismo que fueron usuales en la tradición de izquierda hasta estos últimos años en que el economicismo más burdo es la bandera ideológica del gran capital, y sus formas elaboradas han anegado los territorios de la ciencia y el pensamiento sociales. La creación de nuevas realidades y la apertura de oportunidades no soñadas a partir de la praxis revolucionaria fueron constatadas y se convirtieron en saberes. Pero el rápido aumento de los conocimientos sociales y la exigencia de intencionalidad de la transición socialista llevaron al análisis de las decisiones a tomar y políticas a seguir que querían ser cada vez más fundados. La experiencia cubana ha sido muy rica en avances audaces como actitud general ante los problemas, pero ellos no han estado exentos de exámenes previos. No había una guía, sin embargo, mucho más allá de los datos de los problemas, porque éstos eran en su mayoría nuevos, y porque la teoría de la revolución estaba atascada y era tergiversada. La creatividad resultó obligada y la originalidad inevitable. Aforismos como los del título de este acápite —y otros como “construcción paralela del socialismo y el comunismo” o “que la sociedad se convierta en una gigantesca escuela”— expresan en su concreción la aparición de un trabajo intelectual y un cuerpo de pensamiento nuevos. Toda alternativa que pretenda ser viable deberá tener esas características, y siempre encontrará obstáculos formidables en el material intelectual acumulado por su propio campo, tanto por su forzosa adecuación previa a la hegemonía capitalista como por los modos como ha formulado hasta ahí su identidad y estrategias de resistencia. En el proceso cubano sucedió así,11 dando lugar a una lucha de ideas interna que forma parte importante de su construcción social, pero que debo abstenerme de tratar aquí. En la fase de los años setenta a ochenta, en que hubo tantos perjuicios para las iniciativas, la concientización, las actividades públicas y la dinámica general del proceso, a pesar de todo el papel, la actuación calificada que hemos referido no cesó. Eso contribuyó a la generalización de logros y actitudes positivas a la transición socialista, y fue decisivo cuando una nueva coyuntura de cambios y crisis exigió fuerzas y decisiones. 11 Ernesto Guevara invita en una polémica famosa a “no desconfiar demasiado de nuestras fuerzas y capacidades”: “¿Por qué pensar que lo que ‘es’ en el periodo de transición, necesariamente ‘debe ser’?” (1964). Y en su Diario de Bolivia: “el significado del 26 de julio: rebelión contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios” (1967).

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PRESENTE Y DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL CUBANA

¿Qué significa Cuba hoy como construcción social alternativa? No me es posible caracterizar aquí la situación mundial actual y las alternativas de actuación ante ella.12 Pero es imprescindible tenerla en cuenta en todo momento cuando se analiza un tema como éste en cualquier país. Lo primero es que la existencia de Cuba socialista niega una exigencia básica de la ideología dominante en el mundo actual: que es necesario resignarse al dominio del capitalismo sobre la existencia cotidiana, la organización social y la vida de los países en todo el mundo. Cuba es un escándalo y, como tal, provoca reacciones muy variadas. Ante todo, Cuba vivió por segunda vez un corte brusco y súbito de sus relaciones económicas principales, sólo treinta años después del primero —corte que provocó una crisis económica profundísima y un gran deterioro de la calidad de vida—, y logró sobrevivir a él. Cuba no se sumó a la cadena de “caídas del socialismo”, y eso en la coyuntura del fin de una abarcadora y larga bipolaridad y de un formidable desprestigio mundial del socialismo. Empleó esfuerzos gigantescos y sistemáticos a lo largo de los años noventa para que esa sobrevivencia se convirtiera en la viabilidad de su régimen, y ya es aceptado por medios muy diferentes que ese objetivo se ha logrado.13 Les recuerdo mi advertencia inicial de que Cuba actual es un complejo compuesto por su acumulación social revolucionaria, los elementos de la crisis de los noventa y sus transformaciones y permanencias en curso. La continuidad de su tipo socialista de organización social es lo dominante en sus expresiones políticas y en el balance que pueda hacerse de su sociedad. Pero también decía que esa realidad específica es el teatro de una transición. Escojo ciertos rasgos suyos que me parecen muy importantes para esta fase final, siempre dentro del tema que nos ocupa. Cuba demostró ser una alternativa viable sin aplicar frente a sus crisis políticas/económicas como las que se exigen en el mundo ac12 Lo he hecho en diferentes textos; véanse por ejemplo “Anticapitalismo y problemas de la hegemonía”, 1999: 160-166; “Una gigantesca guerra cultural. Capitalismo y subjetividad”, 2000a, y “Memoria y proyectos. Gramsci y el ejercicio de pensar”, 2000b: 143-162. 13 En un reciente informe de investigación de CEPAL se afirma: “Cuba ha registrado avances económicos significativos en los últimos cinco años y comienza a acoplarse a la nueva dinámica mundial.”

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tual, y salió adelante sin perjudicar la vida de las mayorías, al revés de lo que se ha vuelto usual. Su estado siguió siendo muy fuerte e intervencionista en muy alto grado en la economía, lo contrario de lo que se exige. Desde 1995 hasta hoy su economía ha venido recuperándose a ritmo paulatino pero sostenido, y gana en eficiencia a pesar de los enormes cambios que ha debido ejecutar.14 Una primera razón básica de ese éxito es que Cuba utiliza con eficacia sus fuerzas propias. Su población tiene niveles generales y capacidades útiles que en muchos aspectos son realmente notables y están bien consolidados; la economía posee apreciables niveles de reproducción, control, diversificación y otros rasgos positivos; la infraestructura tiene desarrollo; el sistema de servicios sociales está entre los más avanzados del mundo, y ha resistido bastante el deterioro producido por la crisis; la paz social y política favorecen mucho la actividad económica; el estado y las estructuras de poder en general se muestran capaces en la realización de sus tareas. Resulta extraordinaria la combinación de capacidad en la actividad económica, flexibilidad y ejercicio de controles severos que se aprecia con sólo mencionar algunos asuntos de la última década. El turismo, que casi no existía, aportó en 1998 50% del total de ingresos por exportaciones de bienes y servicios, y ya es una rama consolidada y dinámica. La azucarera se desplomó desde 1993, pero no se derrumbó ni expulsó a su enorme masa de trabajadores; se recuperó hasta 4 millones de toneladas en 2000, es cada vez más eficiente y busca su diversificación. El níquel ha multiplicado su importancia, y registra una sólida expansión productiva (72 mil toneladas en 2000) 14 La evolución del producto interno bruto real, para 1993 = 100, fue estimada por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba en: 1995 = 103.2, 1996 = 111.2, 1998 = 115.6, 1999 = 122.8 y 2000 = 130.2 (La Habana, 2000). El pronóstico fue superado por el crecimiento real de 2000, un 5.6%; la productividad del trabajo creció 4.6% (informes de Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, y José Luis Rodríguez, ministro de Economía y Planificación, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Granma ([La Habana], 22 de diciembre de 2000, p. 4, y 23 de diciembre de 2000, p. 4). Pero Rodríguez aclara que con ello se logra llegar sólo a 85% del PIB de 1989, aunque con “una economía más eficiente y que asegura un desarrollo cualitativamente superior”. Para un cuestionamiento de las comparaciones directas de los datos económicos de 1974-1991 con los de los años anteriores y siguientes véase Martínez, 1994. La inversión de fuente interna en 2000 (3 100 millones de dólares) fue más del doble que la de 1995, y 16% más que en 1999. La efectividad de la inversión creció 5.8 por ciento.

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y comercial (vende a más de treinta países), alta eficiencia, provechosa asociación con capital extranjero y renovación tecnológica. El sector energético es un caso ejemplar: el holding estatal Cubapetróleo aprovechó el enorme conocimiento acumulado, y en plena crisis continuó la expansión productiva y estableció empresas mixtas con compañías de varios países; pasó de 0.8 millones de toneladas en 1991 a 3.3 en 2000, y ahora aprovecha el gas asociado con el petróleo. El 70% de la electricidad se produce con crudo nacional; en 2001 se preveía alcanzar 90%, y una producción de 4 millones de toneladas de petróleo y gas. Junto a una reorientación radical del comercio exterior se han realizado innumerables gestiones y negocios en el sector externo. En lo interno, el país con mayor porcentaje de tierra estatal del mundo entregó en usufructo gratuito la mayor parte de las granjas estatales a sus colectivos de trabajadores, con sus equipos y rebaños (1993), un reparto singular que tornó cooperativista a una multitud de trabajadores. Se estableció la circulación legal del dólar junto al peso cubano (1993), medida audaz para un régimen rigurosamente antiimperialista, que franqueó una gran captación de divisas mediante las remesas de emigrantes a sus familiares en Cuba y una red comercial estatal; el peso se revalorizó hasta llegar a 21 por dólar. Un país con 94.4% de empleo estatal en 1988 abrió cauce legal al trabajo por cuenta propia, que mantiene cierta amplitud, aunque dentro de normas restrictivas. A pesar de todos los elementos positivos aludidos, Cuba no pudo evitar encontrarse en una situación muy difícil a partir de los límites de su desarrollo, referidos con anterioridad, y del doble efecto de la aguda crisis que sufrió en los años noventa y el agravamiento de la posición de la mayoría de los países frente al altísimo grado de centralización del sistema capitalista mundial y la naturaleza de su forma dominante transnacional y parasitaria actual. Cuba es muy vulnerable en sus relaciones económicas internacionales; por los intercambios desiguales y escaso control sobre las condiciones en que se efectúan, lo que eterniza su crónico desbalance comercial; por la indefensión frente al movimiento de las finanzas y su alto endeudamiento externo. Las fuentes de financiamiento externo le están vedadas en general, o resultan muy difíciles y onerosas. Si el país no naufraga en ese piélago tan adverso es precisamente por las fuerzas que saca de su régimen social. Por otra parte, el crecimiento de las desigualdades sociales ha si-

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do una consecuencia de la situación y las medidas adoptadas, lo cual es grave porque afecta la esencia igualitaria en cuanto a redistribución de riqueza y oportunidades del sistema de transición socialista cubano. La desigualdad principal es por el ingreso y el acceso a consumos. Es más irritante porque está asociada con la doble moneda; no se dispone de dólares por realizar el trabajo más complejo o tener actitudes individuales acreedoras al mayor reconocimiento de la sociedad. Éstos se obtienen sobre todo de actividades relacionadas con la economía mixta, con el turismo, con algo aleatorio como es recibir remesas, y con una amplia gama de actos que van desde los ofrecimientos privados de servicios y productos hasta el enriquecimiento de intermediarios y negocios ilegales, en las dos monedas. Los precios informales en moneda cubana son demasiado altos para los ingresos personales y familiares de la mayoría. La corrupción —ese demonio de la falsa moral pública actual del capitalismo— debería ser analizada en sus funciones sociales en cada caso concreto. En la Cuba actual desempeña un sordo papel. Alrededor de la nueva situación se integran grupos privilegiados, y en su entorno se van formando constelaciones sociales. Lo cierto es que todavía son de procedencia realmente variada y carecen de toda legitimidad que acompañe a su capacidad adquisitiva, pero la cultura política nacional es suficientemente alta para que muchos infieran que esos grupos podrían llegar a ser más exclusivos, integrarse más y desarrollar autoidentificaciones y proyectos. Un efecto sumamente nocivo de esta realidad social es que erosiona seriamente las motivaciones y los valores socialistas, generando un desarme ideológico desde la vida cotidiana, sutil, ajeno a la virulencia y las definiciones de los enfrentamientos políticos, pero a la larga más peligroso que éstos para la vigencia del socialismo. La cultura socialista es sostenida muy vigorosamente por la política social del régimen. La reasignación de recursos a través del presupuesto central del estado es un mecanismo que redistribuye el ingreso en favor de los servicios, los sectores estatales y el interés de la sociedad, y mantiene la confianza en el objetivo de las medidas económicas. Ofrezco algunos datos de 2000: el desempleo ha sido evitado y combatido (de un 8.1% de la PEA en 1995 bajó hasta 5.5%); el ingreso medio del trabajador fue de 359 pesos, alza vinculada al aumento del salario medio (7.3%) y a estimulaciones variadas que reciben entre un tercio y más de la mitad del total de asalariados (pagos por producción, divisas, alimentos, ropa y zapatos, otros artículos); el

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estado subsidió productos normados al consumidor por 755 millones de pesos, y está aumentando en alguna medida su oferta de alimentos en los mercados “liberados”, a precios más bajos que el sector privado; la alimentación total per capita se estimó en 2 585 kilocalorías y 68 gramos de proteínas; hubo aumentos en diversos servicios y se enfrenta el gran deterioro sufrido por sus infraestructuras. Aun así, los informes oficiales califican de discreto el avance en las condiciones de vida de la población. La seguridad social atendió a 1 400 000 personas (12% de la población); se da cuidado diferencial a los de bajas pensiones y otros menos favorecidos, mediante asistencia social. El monto y la proporción respecto al total en los gastos públicos correspondientes a salud, educación y seguridad social han crecido durante toda la década anterior, hasta hoy.15 La cultura política de los cubanos es decisiva. Anoto sólo dos rasgos suyos, aunque muy relevantes. El primero, la actitud ante los objetivos de trabajo y la relación indirecta entre sus resultados y las retribuciones, los cuales caracterizan a la transición socialista —tan diferentes a lo que es normal en el capitalismo—, sigue manifiestándose en la abnegación con que masas enormes de trabajadores y técnicos dieron y dan continuidad a la producción y los servicios, en condiciones nuevas en que aquellos fines del trabajo y retribuciones socialistas se debilitan y oscurecen, y se refuerzan la retribución directa y el egoísmo. El segundo, la peculiar relación con el consumo creada por la revolución, que forma parte de la cultura cubana contemporánea, ha podido resistir la tremenda ofensiva de una década de cambios e influencias que en gran medida favorecen modificaciones en las necesidades y deseos y también la adopción de representaciones y relaciones capitalistas. A pesar del deterioro que registra, aquella relación con el consumo sigue siendo un valor socialista y un factor decisivo para la estrategia y el desempeño económicos del país desde el ángulo del apoyo o rechazo de la población, cuando en un caso como el cubano la disposición favorable de la mayoría es indispensable. 15 La situación social de Cuba sigue siendo excepcional en América Latina, según fuentes de organismos internacionales, como puede verse en dos informes recientes, el del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación, a los ministros de Educación de América Latina en la VII Reunión Intergubernamental del PROMEDLAC: Cuba ocupa el primer lugar en la región, con índices dos veces superiores a la media regional (Cochabamba, marzo de 2001), y uno de riesgo de salud sexual y reproductiva: Cuba tiene la menor tasa de la región (Population Action International, investigación en 133 países).

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La acumulación revolucionaria previa fue decisiva en los años de crisis aguda y conserva un papel principal pese a las modificaciones de la situación. El fenómeno político masivo fundamental de los años noventa fue el predominio de la cohesión, la disciplina y la actividad social en apoyo a la manera de vivir que se había construido en las tres décadas previas, la cual se expresa no sólo en las instituciones y la legislación sino también en conciencia social, costumbres, representaciones, que se despliegan en los diversos espacios públicos y privados. Ese comportamiento social mayoritario ha sido la clave de la política del periodo. Entiendo que su motivación fundamental a escala más general de la sociedad descansa en tres saberes: a] la unidad entre los cubanos es vital para enfrentar todas las cuestiones cruciales que se vienen presentando desde fines de los años ochenta; b] el régimen político vigente se dedica a sostener activamente la manera de vivir que construyeron la revolución y la transición socialista; defiende eficazmente la soberanía nacional y controla la economía nacional, y c] un retorno al capitalismo en Cuba significaría para la mayoría de los cubanos un desastre en pérdida de derechos sociales y calidad de la vida, en explotación del trabajo, pobreza y humillaciones, y en soberanía popular. La actuación social consciente le ha dado al sistema un grado muy alto de autonomía política. El poder político ha utilizado esa autonomía para conducir al país a través de las situaciones de todos estos años, manteniendo bajo su estricto control variables fundamentales. Éstas son un sector económico estatal mayoritario, que incluye la banca, las comunicaciones y el comercio exterior —un bloque aún mayor si se suman las cooperativas rurales creadas en 1993—, la economía mixta y privada sujetas a un control muy abarcador, una enorme capacidad negociadora exterior, la ejemplar política social, el sistema político, los medios de comunicación, la educación y otros campos de la producción espiritual. El desgaste del discurso político era ya notable desde antes de 1989, y los años más críticos sin duda deterioraron en cierta medida la credibilidad y la aceptación del régimen. Sin embargo éste nunca se deslegitimó, y la firmeza y eficiencia de su actuación le permitieron recuperar terreno. La administración pública y el mantenimiento del orden se basan en el consenso, y no en la represión. El mismo poder político que garantiza todos los cambios y las medidas tan diversas de la transición es claramente percibido como defensor del socialismo y la soberanía. Hoy es el eje de la situación cubana y, a la vez, depositario de las esperanzas de la mayoría.

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La formación social cubana actual es transicional en dos sentidos: a] es de transición socialista, porque reproduce las condiciones económicas y políticas que dan continuidad a ese régimen, y éste es la base de la forma de gobierno; b] está en un proceso de reinserción limitada en el sistema de economía mundial controlado por el capitalismo, de tal modo que hasta ahora maneja todas sus variables favorables para mantener el control, tomar decisiones y reasignar recursos; es decir, para seguir siendo de transición socialista en vez de estar realizando una integración progresiva al capitalismo mundial. Sus principales cartas son su tipo de relación entre el poder económico y el poder político, y el consenso mayoritario con que cuenta. Una y otra —aunque con diferencias entre sí— basan su legitimidad en la revolución sucedida y en el régimen de transición socialista, y no en la reinserción en curso. Eso proporciona una enorme fuerza al régimen vigente. Pero para un futuro no precisado es una grave interrogante si se podrá o no evitar: a] la contaminación de actores o beneficiarios de las relaciones económicas no socialistas y sus constelaciones sociales del deseo de participar en la forma capitalista de vida que ven o se imaginan, y que esa influencia se extienda sobre otras capas de la sociedad; b] que la transición socialista vaya perdiendo lentamente su carácter dominante frente a la atracción de las relaciones de tipo capitalista, tanto económicas como de todo su complejo cultural, y el régimen sea permeado y ganado para la integración al capitalismo mundial, con sus especificidades nacionales. Si ése es el problema principal, entonces las tensiones y pugnas fundamentales no se dan hoy en en terreno de la economía o la política, sino en el ideológico, o más exactamente, en un terreno cultural en que las ideologías están incluidas. Es obvio que en esa pugna las influencias externas cumplen papeles mucho mayores del lado capitalista que del lado socialista, lo cual tiene consecuencias muy diversas. De manera muy particular, Cuba también participa en la actual guerra cultural mundial. La reabsorción de Cuba por el capitalismo exigiría actos de voluntad para los cuales no existen hoy legitimidad alguna, coyuntura favorable ni fuerzas sociales suficientes. Ese hecho, y el alto grado de control efectivo que posee, brindan al régimen cubano todo un periodo en su favor. Es preciso aprovecharlo, actuando acertadamente. Vuelve a resultar decisiva la actuación calificada para hacer que una tendencia y no otra salga triunfante. Esta actuación no puede limitarse a repetir lo que en otro tiempo fue eficaz, porque el medio y las

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variables que inciden actualmente son diferentes: tiene que ser una actuación creativa, original. La transición socialista está obligada a basarse en la intencionalidad de la construcción social y el uso cada vez más y mejor planeado de los medios y las ideas con que cuenta, y a basarse en la participación democrática cada vez mayor de la población, porque ella es la fuerza fundamental del régimen, y su motivación y su eficiencia dependen de que se involucre de verdad en una construcción social tan radicalmente nueva y diferente. El cubano ha recorrido todo el camino “moderno” de la individualización, y ha aprendido a crear y ampliar vínculos de solidaridad para enfrentar y superar a la modernidad mercantil capitalista. Si la extraordinaria cultura política de los cubanos se moviliza y ejerce su discernimiento y su acción frente a los problemas y peligros reales de hoy, si se utilizan sus ideas, opiniones, iniciativas y esfuerzos, esa cultura será decisiva para desarrollar a las personas y las instituciones en sentido socialista. El apoliticismo y el pensamiento y los sentimientos conservadores han registrado avances en Cuba en estos últimos años, pero no se han generalizado. Estamos en medio de una intensa batalla de valores. Es necesario derrotar las creencias acerca de las relaciones y representaciones capitalistas como algo dado, de origen externo, que resulta inevitable aceptar, e impedir que se convierta en algo “natural” para los cubanos la existencia de desigualdades sociales y jerarquías debidas al poder del dinero. Se está dirimiendo también la cuestión crucial del vínculo o la disociación entre lo cubano y el socialismo, después que estuvieron unidos en la identidad nacional durante décadas. Ésta y el nacionalismo incluyeron en su núcleo a la justicia social, lo que los enriqueció decisivamente y significó un aporte muy valioso de Cuba al pensamiento y las luchas por la liberación en el llamado tercer mundo. Las reelaboraciones del problema deben constituir un aspecto central de la cultura cubana actual. Cuba descubre el vigor y la complejidad de sus diversidades sociales —antiguas o emergentes— con sentimientos discordes. Es comprensible porque la revolución destrozó los sentidos de la sujeción de la sociedad al poder de la república burguesa neocolonial, cambió la vida social y levantó su propio sistema de relaciones e instituciones sociedad-poder y sociedad-estado. La crisis de los noventa y las desigualdades sociales recientes tienen mucho que ver en todo esto, pero sería absurdo reducir a ellas la cuestión, o creer que una diversidad social activa expresa la debilidad del estado. Ese error partici-

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pa de la funesta confusión entre el estado y el socialismo, que tanto daño hizo a las experiencias del siglo XX. La diversidad social en movimiento es una gran riqueza del país y un potencial de renovación de todos los aspectos de la vida social, que puede fortalecer mucho al socialismo, si sus ideales, actividades y organizaciones sienten que el socialismo es su vehículo, y si los órganos y la cultura socialista son capaces de hegemonizarla. Cuba socialista es una alternativa latinoamericana al capitalismo, la cual existe y muestra, con sus logros y realidades, que es posible vivir de otra manera más humana, y que los países pueden ser otra cosa que lugares de contrastes inaceptables, frustraciones e iniquidades. Cuba necesita seguir siendo una alternativa, como consecuencia de mantener el sistema social y la estrategia que le permite conservar su manera de vivir, su soberanía nacional y su autonomía en el mundo actual. Los escollos y tareas que tiene ante sí no puede enfrentarlos un país capitalista dependiente, sea pequeño o grande. Pero no le bastará persistir. Ante las opciones y los problemas de hoy y los que vendrán, acertará si avanza en el camino del socialismo, en vez de retroceder. Entre esos avances estarán la multiplicación de los participantes sistemáticos en el control y las decisiones sobre la economía, la política y la reproducción de las ideas, y la elaboración de un proyecto socialista más avanzado, integrador, complejo, capaz y participativo que los que han existido. Estará la continuación de la estrategia económica sobre la base de la premisa de que su primer objetivo es el bienestar de la población, el aprovechamiento racional de los recursos y lograr aumentos de eficiencia, pero también de autonomía, en su inserción internacional; estará poner en primer plano la batalla por el predominio de los vínculos de solidaridad sobre los egoístas e individualistas, y hacer que las libertades y el interés social se complementen. No temo concluir este texto con esa entrada en el territorio del “deber ser”, ni pretendo asomarme a la crítica epistemológica de la ciencia social. Me limito a afirmar que el conocimiento social no es ajeno —ni de modo intrínseco ni en sus condiciones de producción— a los valores y a las posiciones ante un orden social o un proyecto dado y ante los conflictos sociales implicados. Al tomar como tema la alternativa socialista cubana parto de un compromiso vital con ella. Al analizarla verifico que está viva y que es un extraordinario laboratorio social.

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LA TERCERA VÍA QUE NO FUE: REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA ARGENTINA ATILIO A. BORÓN* JULIO GAMBINA**

INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos a continuación tiene varios objetivos. Por una parte intentará sistematizar los antecedentes más decisivos a la hora de evaluar los alcances de las políticas de estabilización y reforma estructural aplicadas en Argentina en la década de 1990. En segundo lugar procurará ofrecer alguna evidencia en torno a las posibilidades que habría abierto en el momento actual lo que se ha dado en llamar la tercera vía. Confiamos en que al concluir nuestro análisis estaremos en condiciones de contribuir a clarificar, aunque sea en modesta medida, el sentido de esta supuesta alternativa en el marco latinoamericano. El proceso de ajuste que tuvo lugar en Argentina adquiere especial relieve si se tiene en cuenta que el mismo se llevó a cabo al seguir al pie de la letra las recomendaciones del Consenso de Washington, pergeñadas y diseminadas por los organismos financieros internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como por el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. La aplicación de dicho paquete de medidas fue posible gracias a un conjunto de factores: a] el agotamiento de las políticas cortoplacistas destinadas a solucionar dificultades intrínsecas de un patrón de desarrollo económico “orientado hacia adentro”, de consumo estandarizado y presuntamente de masas, con tendencia al pleno empleo y la fuerte participación estatal en la producción de bienes y la prestación de servicios, que ya resultaba incapaz de contener —mucho menos resolver— una puja distributiva que se traducía en una conflictividad social e inestabilidad política cada vez más acentuadas; * Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). ** Doctor y profesor de economía política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Departamento de Economía y Política Internacional, Centro Cultural de la Cooperación.

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b] el auge de las propuestas neoliberales y neoconservadoras apoyadas por los organismos financieros internacionales y por los gobernantes de los principales países capitalistas desarrollados, quienes sostenían que el origen de los desequilibrios macroeconómicos se encontraba en el agotamiento de un modelo que había perdido su base de sustentación. Un dato que conviene destacar para la región latinoamericana y caribeña es la presencia de los republicanos y sus concepciones de la derecha neoconservadora en Estados Unidos y en Gran Bretaña (1980-1992). El predominio de estas políticas fue posible —conviene no olvidarlo— merced a la significativa derrota experimentada por las fuerzas populares desde finales de los años sesenta. En el nivel mundial se trata sin duda, y muy especialmente después de 1989, del mayor traspié sufrido por las fuerzas populares y de izquierda en toda su historia. Si en el periodo de oro de la reconstrucción capitalista europea el pleno empleo era el norte que guiaba a toda la política económica, luego de la derrota popular este papel habrían de cumplirlo la estabilidad monetaria y la tasa de ganancia del capital más concentrado, y muy en especial del financiero. El decenio de 1980 expresa el violento tránsito entre un periodo y otro, dando lugar a lo que en la bibliografía se conoce como la “década perdida”. En el caso argentino se comprueba que en 1985 se cierra el intento (1983-1985) de aplicar propuestas de política económica de corte “keynesiano-desarrollista” y, si bien con matices, se verifica el retorno de las tendencias regresivas ensayadas por la dictadura militar entre 1976 y 1983. Esta transformación tiene su expresión en tres puntos cruciales de la propuesta ortodoxa: apertura de la economía, subsidiaridad del estado y desregulación de los mercados. Las continuas rondas de negociaciones con los acreedores internacionales que se aceleraron con los cambios en el Ministerio de Economía, la aparición del Plan Austral (1985) y las reformas que le sucedieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), contribuyeron a que gradualmente fueran introduciéndose modificaciones en la estructura económica, que aún se encontraban distantes del “salvajismo” con que posteriormente se calificaría a las políticas aplicadas en los noventa. Una constante que se repetiría en el último cuarto de siglo en materia de política económica sería la lucha contra la inflación (por lo menos como enunciado) y el modo de reinserción internacional de Argentina en las nuevas condiciones de desarrollo tecnológico y

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de reestructuración de las relaciones sociales en el capitalismo. En realidad esos fenómenos —inflación y reinserción internacional— eran expresión de una crisis que se manifestaba como dificultades para la valorización de los capitales. En este sentido se dirigía la resistencia extendida de los trabajadores y su grado de organicidad, sindical y política, que actuaba en la presión ejercida sobre empresas y estado, limitando la capacidad de hacer rentables las inversiones. Dicha crisis se extendía al escenario político y social. En el plano económico, el bloque de poder inducía una redistribución regresiva mediante la modificación de los precios relativos, en una carrera inflacionaria que derivó en la hiperinflación. La crisis hiperinflacionaria que tuvo lugar en los últimos tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín fue la manifestación de esa crisis económica y política que escondía la puja distributiva y de poder a la que antes aludíamos. El desenlace se anunció con el golpe de mercado (febrero de 1989) perpetrado por una maniobra cambiaria impulsada por la banca extranjera con sede en el país y que terminó con la entrega anticipada seis meses del gobierno a Carlos Menem, presidente electo para la primera sucesión presidencial (1989-1995) en tiempos de vigencia de la Constitución nacional, luego de años de gobierno bajo una férrea y sangrienta dictadura militar. Así como el terrorismo de estado había actuado en el disciplinamiento social para inducir el camino de las reformas estructurales, el temor hiperinflacionario generaría las condiciones, desde la economía y en el imaginario social, para disciplinar al conjunto de la sociedad tras las políticas de estabilización que resultaron hegemónicas durante los años noventa, particularmente con la llegada al Ministerio de Economía de Domingo Cavallo (febrero de 1991). El nuevo gobierno, recién asumido y con el aliento que da el primer tramo de todo mandato, más la evidente debilidad del saliente, impuso una combinación de políticas de estabilización y de reformas estructurales caracterizadas por su profundidad y audacia, y sobre todo por su fuerte impacto regresivo, impulsadas por un partido político de clara inserción y consenso entre los sectores populares. A diez años de instrumentadas esas reformas estructurales se puede concluir que esto solamente fue posible gracias a la capacidad disciplinadora que el gobierno de Menem tuvo sobre la burocracia política (legisladores del Partido Justicialista, PJ, y de la Unión Cívica Radical, UCR), la sindical (Confederación General del Trabajo, CGT, dominada por jerarcas sindicales del peronismo) y la subordinación del Po-

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der Judicial a los designios del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial negoció la asunción anticipada en julio de 1989 a condición de que la UCR facilitara quórum parlamentario para instrumentar la legislación reformadora. El gobierno del PJ limitó la capacidad de resistencia del movimiento de trabajadores desde el control ejercido sobre gran parte de la cúpula del movimiento sindical, el cual actuó como freno y negociador de toda resistencia. Por todo lo dicho, analizar el ajuste estructural en los años noventa y en Argentina nos lleva a un análisis de las medidas impulsadas durante la gestión de Menem, la cual se desarrolló en dos periodos constitucionales, 1989-1995 y 1995-1999. Antes vale la pena recorrer los postulados generales que instaló el denominado Consenso de Washington, en tanto recomendaciones de política económica que se transformarían en hegemónicas en la región, más allá de las diferencias y matices existentes en América Latina y el Caribe. Posteriormente analizaremos el impacto de dichas medidas en el seno de la sociedad argentina y, por último, intentaremos construir algunas conclusiones acerca del futuro de la economía, en virtud del marco actual de recesión y creciente desigualdad verificado en todos los registros de cuentas nacionales de la región, situación que en ambos casos aparece agudizada para Argentina.

ESTABILIZACIÓN Y REFORMA. LOS POSTULADOS DEL CONSENSO DE WASHINGTON (CW)

Los “teóricos” del CW fueron construyendo sus postulados en un proceso operado entre la crisis de mediados de los años setenta y la instalación de las políticas liberal-conservadoras en Gran Bretaña y Estados Unidos a fines de esa década, y sus argumentaciones se potenciaron con la caída del socialismo en el este de Europa. Asientan sus concepciones en un diagnóstico que adjudica los desequilibrios macroeconómicos de cada país a la política adoptada con posterioridad a la segunda guerra mundial, la cual había sido dirigida, en la región, a realizar un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI). Es un diagnóstico “ideológico” que en Argentina sustentó el liberalismo tradicional y que se transformó en hegemónico en el trayecto que va entre la dictadura militar (1976) y el comienzo de los noventa.

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El argumento del CW asocia el proceso de ISI con un proceso de ineficiencia en la asignación de los recursos, y vincula la intervención del estado en la economía con el origen de todos los desequilibrios. Así se escamotea la correlación social existente por un largo periodo, que precisa cierta función del estado para el desarrollo de determinados beneficiados y perjudicados entre los actores sociales actuantes en un momento histórico dado. El cambio de beneficiario de las políticas estatales, o de la propia función del estado, resulta así de una clara decisión política, y no de las condiciones del funcionamiento de los mercados. Dichos desequilibrios macroeconómicos, se arguye, no poseen un carácter de corto plazo, dado que los déficit fiscales y del sector externo, además de sus mecanismos de propagación (en la forma de alta inflación o incremento en la fragilidad financiera) han llevado a una situación que no puede ser revertida en el corto plazo, dado que es necesario un cambio completo en el presente régimen económico (Fanelli, Frenkel y Rozenwurcel, 1990). Las políticas inspiradas en el CW señalan que no sólo son necesarias medidas de estabilización en el corto plazo sino que, además, son imprescindibles cambios estructurales, como única alternativa para superar los desequilibrios de las “economías en desarrollo”. El menú de políticas identificado por Williamson (1990) contiene un decálogo instrumental a utilizar para la superación del modelo “estatista” y avanzar en el camino del crecimiento. Esos instrumentos se centran en: 1. Reducción del déficit fiscal a no más de 1 o 2 puntos porcentuales del PIB, por ser el déficit el origen de los desequilibrios y estar vinculado a la ineficiencia y corrupción instalada en el aparto estatal. 2. Disminución del gasto público, eliminando subsidios diversos y concentrando la gestión estatal “social” en educación primaria y salud para los más desprotegidos. Se abre paso así al arancelamiento educativo, particularmente en la universidad, y al desarrollo de la medicina prepaga. Es una concepción mercantilizada de la educación, la salud y otros derechos asignados históricamente al gasto del estado. 3. Acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en la ampliación y generalización de la base imponible, particularmente de los impuestos indirectos. Disminución de los mínimos no imponibles en el caso de impuestos directos. 4. Establecimiento de tasas de interés positivas como forma de

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atraer capitales y evitar la fuga, incrementando la tasa de ahorro interna y favoreciendo la inversión. 5. Fijación de tipo de cambio estable y alto para favorecer las exportaciones que sustenten el financiamiento del sector externo (dependiente de insumos y capital), y al mismo tiempo para dar seguridad a los inversionistas. 6. Eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias, favoreciendo la apertura comercial. Implica un proceso creciente de desprotección de la producción local en el marco de una exposición mayor a la producción externa. 7. Favorecer una legislación de inversiones externas atractivas para inducir la radicación de capitales y tecnología. 8. Asentar la estrategia de acumulación en la iniciativa privada y, por ello, inducir la privatización de las empresas públicas. 9. Desregular la economía, particularmente el mercado de trabajo, para eliminar las “distorsiones” que impusieron a través del tiempo las demandas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 10. Impulsar las reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad. Como se puede apreciar, se induce un desarrollo asentado en el capital privado en desmedro del público, induciendo una nueva funcionalidad del estado para favorecer la rentabilidad del capital, con una concepción inspirada en la promoción de los intereses del capital transnacional. El postulado general se basa en el supuesto de que el ajuste fiscal inducido alimentará el crecimiento económico que permita la mejor utilización de la capacidad instalada y los recursos existentes para satisfacer necesidades sociales insatisfechas. El argumento central se organiza en dos movimientos. Uno es el ajuste fiscal que actúa como ordenador y estabilizador de las cuentas macroeconómicas. El otro incide en la restructuración de la economía en su conjunto. Ambos se recorren simultáneamente para avanzar desde la estabilización al crecimiento. El primero consiste en sentar las bases de la estabilidad macroeconómica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a disminuir el gasto público (una de las fuentes principales de las espirales inflacionarias) y ampliar la recaudación. Estas medidas deberán ser acompañadas por un estricto control del crédito interno (restricción crediticia) y de la demanda agregada (salarios e ingresos de sectores vinculados al mercado interno), para lograr de esta forma atacar la estructura de precios relativos.

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Durante el segundo se implantan aquellas políticas que apuntan a producir un choque de productividad en el ámbito empresarial, utilizando el paquete de reformas destinado a lograr la liberalización de la economía, es decir, las recomendaciones de políticas del CW relativas al sector financiero, la estructura del comercio y su apertura, la desregulación del mercado de trabajo, etcétera. Se considera que solamente luego de que hayan sido atravesados los anteriores estados podrán esperarse fuertes incrementos en los niveles de producto y mayores posibilidades de acceso a los mercados mundiales. El conjunto de argumentos expuestos ha sido parte sustancial, en Argentina, de la fundamentación de las políticas aplicadas en la década de los noventa. Sin embargo, los malos resultados obtenidos en el primer quinquenio, especialmente en los países latinoamericanos, llevaron a John Williamson, inspirador del CW, a revisar las propuestas realizadas. Entre las correcciones, se hace hincapié en reorientar el gasto público hacia un bien dirigido gasto social (en vista de los graves problemas distributivos que causó la aplicación del modelo). Se observa que en cuestiones de liberalización comercial debe adoptarse una actitud menos indiscriminada, utilizando el poder de negociación internacional de cada gobierno. El llamado a la privatización y desregulación total de la economía del primer manifiesto se cambió por un llamado a reforzar la competencia de los mercados, habida cuenta de que gran parte de las privatizaciones realizadas generaron mercados monopólicos privados. Según el propio Williamson (1990), “se podría decir que remplazar un monopolio público por un monopolio privado es como saltar de la sartén al fuego”. De todas formas esta revisión presentada por Williamson no tuvo el mismo impacto sobre los centros internacionales de poder que la primera. Respecto a los dos momentos aludidos de la aplicación del consenso, a fines del gobierno de Menem (1999) y como perspectiva para el nuevo periodo presidencial (1999-2003) se plantea la continuidad del ajuste y el establecimiento de reformas de segunda generación. Entre éstas se destacan nuevas vueltas de reformas laborales concentradas en la restricción e incluso la eliminación de la “estabilidad” laboral, particularmente en el sector público. Se trata de transformar el clásico contrato de empleo por tiempo indeterminado en otras formas de contratación que instalan la precariedad de las condiciones de trabajo. La nueva “generación” de reformas también alcanza a la justicia y la demanda de los inversores externos por afir-

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mar la “seguridad jurídica” de sus intereses y propiedad. Del mismo modo se piensa en materia de reformas educativas y de salud, particularmente en la universidad y su arancelamiento, así como en las facilidades para los laboratorios medicinales y la medicina prepaga.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

El episodio hiperinflacionario que acabó con el gobierno radical en 1989 apresuró la toma de medidas drásticas apenas asumido el nuevo gobierno. En materia legislativa, el Congreso aprobó dos leyes fundamentales que mostrarían claramente la intención del nuevo gobierno: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. La primera tuvo como núcleo central la suspensión por 180 días (aunque luego se renovaría indefinidamente) de los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, y las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras estatales; además se autorizaron los licenciamientos de empleados públicos y se puso fin a los esquemas salariales de “privilegio” en la administración. El objetivo estaba centrado en una reorientación del gasto público en favor del poder económico más concentrado. A su vez, la Ley de Reforma del Estado marcó las pautas para la instalación de un cruento proceso de privatizaciones de las empresas públicas (teléfonos, aviación comercial, ferrocarriles, complejos siderúrgicos, rutas, puertos y varias empresas petroquímicas) (Gerchunoff y Torre, 1996). En la Argentina de comienzos de los noventa las medidas de estabilización y reforma estructural fueron presentadas y “supeditadas” a solucionar el problema de la inflación y de las cuentas públicas, más que a aumentar la productividad y la competitividad de la economía en el largo plazo. Dicha tarea se iniciaría con la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía (1991). Es más, el saldo que quedaría en el imaginario social al fin del mandato es que en la década se habría “resuelto” el problema de la inflación y el crecimiento. Claro que no pocos especialistas llaman la atención sobre la prolongada recesión, la vulnerabilidad externa y las diversas presiones que se ejercen local e internacionalmente sobre la convertibilidad. En el periodo anterior a 1991 se plantearon algunos de los pilares

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sobre los que se basó la reforma estructural, desde las privatizaciones de empresas estatales y la reforma tributaria hasta la liberalización del comercio exterior, por señalar las fundamentales. En ese marco se firmó en 1991 el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para establecer el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur), que iniciaría formalmente sus actividades en el segundo periodo presidencial de Menem. El proceso de privatizaciones se inició aceleradamente y se otorgaron importantes “facilidades” a las empresas adjudicatarias. Se establecieron beneficios tarifarios que aseguraron una elevada rentabilidad empresarial y un carácter monopolista de la actividad. No existió marco regulatorio previo y, de hecho, se promovió una gigantesca transferencia de capital público al privado para consolidar el dominio del capital local y extranjero altamente concentrado. Los fondos obtenidos de esas privatizaciones fueron utilizados principalmente para la cancelación de una importante porción de la deuda externa, que de todas formas se tornaría incontrolable con el transcurso de los años. En lo relativo a la reforma tributaria, se concentró la estructura impositiva en unos pocos impuestos, prevaleciendo el impuesto al valor agregado (IVA), del cual se aprovechó su mayor facilidad de recaudación, y se contribuyó así a la profundización de un régimen tributario regresivo. El impuesto a las ganancias fue otro de aquellos en que se centró la recaudación. Se aumentaron las alícuotas de estos impuestos, se expandió la base imponible y se mejoró el control de los agentes de retención, aunque subsiste como asignatura pendiente el problema de la evasión fiscal. Además, se utilizó en gran medida el impuesto a los combustibles y los aranceles a las importaciones. Por imperio de la comentada Ley de Emergencia Económica se eliminaron las exenciones impositivas, en forma parcial o total, de los regímenes de promoción industrial, y se estableció un tratamiento igualitario para el capital local y el extranjero en materia de inversiones en actividades productivas. Desde el punto de vista institucional, se sancionó la Ley Penal Tributaria para enfrentar con mayor rigor la elevada evasión impositiva. Más allá del instrumento jurídico y el tiempo transcurrido desde su aprobación, se verifica que la lucha contra la evasión y la elusión fiscal sigue siendo un problema a resolver en Argentina. Hay que entender que las medidas tomadas en materia tributaria estuvieron destinadas a financiar el déficit fiscal, y que

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los aspectos fundamentales, tales como incrementar la progresividad de la estructura impositiva, nunca fueron considerados. La liberalización comercial, por su parte, es un claro ejemplo de subordinación de las políticas de reformas a la necesidad imperante de lograr la estabilización. Las primeras medidas adoptadas consistieron en la reducción del arancel máximo al 20% y en la eliminación de una gran parte de los instrumentos paraarancelarios. A pesar de que inicialmente se estipulaba que para el logro de tales metas se dispondría de un plazo de cuatro años, hacia fines de 1990 la mayoría de las restricciones cuantitativas ya había sido eliminada. En marzo de 1991 los aranceles se habían reducido, alcanzando un nivel promedio del 10% mediante una estructura escalonada de 0%, 11% y 22% para las materias primas, los insumos y los bienes manufacturados finales, respectivamente. En estos primeros años las autoridades oscilaron entre la aplicación de medidas aperturistas para lograr un incremento sustancial en la asignación de recursos y el control de la inflación, y el aumento de tarifas o recargos a las importaciones como forma de incrementar la recaudación tributaria en los momentos más apremiantes. Entre 1989 y 1991 las autoridades modificaron en sucesivas oportunidades los niveles de protección. A pesar de las medidas implantadas durante estos primeros años del gobierno menemista, existieron rebrotes hiperinflacionarios. Se liberó el tipo de cambio, y también se aplicó una política de control estricto de la oferta monetaria. Esto estuvo complementado con la liberación de las restricciones a los movimientos de capitales nacionales y extranjeros, y con la facilitación de la remisión de utilidades al exterior. La deuda interna existente en ese momento, generada en encajes bancarios cercanos al 100% y en una gran cantidad de títulos públicos indexados, hacía inviable cualquier política de estabilización que no solucionara esta cuestión. Así, se implementó el Plan Bonex, el cual consistió en una sustitución compulsiva de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario y títulos públicos por nuevos bonos externos a largo plazo denominados en dólares (bonex). Fue el inicio de un proceso de transformación del sector bancario, que incluyó la privatización de varias entidades financieras de provincia y la fusión, absorción y concentración de la banca privada en manos de entidades de capital externo. Como consecuencia de nuevos rebrotes inflacionarios y de sendos ataques especulativos, el gobierno instauró en 1991 el denomi-

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nado Plan de Convertibilidad. Se estableció una paridad fija de un peso = un dólar y se adoptó el compromiso de que el Banco Central (BCRA) debía respaldar con reservas internacionales el 100% de la base monetaria, quedando imposibilitado, por lo tanto, de emitir dinero sin la correspondiente contrapartida en divisas. De esta forma se le quitó al Banco Central la posibilidad de utilizar una política monetaria activa, y quedó por completo relegado a acompañar los movimientos de capitales internacionales. Si a lo anterior le sumamos la inexistencia de mecanismos de esterilización, podemos afirmar que en los años noventa quedó configurado un sistema financiero procíclico, el cual dificulta la generación de crédito interno en las recesiones y profundiza la vulnerabilidad de la economía argentina. Este hecho quedaría evidenciado con la fuerte fuga de depósitos del sistema financiero y el consiguiente recorte de préstamos productivos durante el llamado “efecto tequila”, que comenzó en diciembre de 1994 y se extendió hasta fines de 1995. Otro elemento a considerar es la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central (1992), la cual estableció la autonomía de la autoridad monetaria respecto al Poder Ejecutivo, suprimió la garantía oficial de los depósitos y fijó límites estrechos para que la autoridad monetaria pudiera comprar bonos públicos y prestarlos a los bancos comerciales. En la práctica, la Ley de Convertibilidad transformó al Banco Central en una caja de conversión e impidió su función de prestamista de última instancia. Durante la crisis financiera de 1995 el gobierno debió reformular la carta orgánica para permitir otorgar redescuentos a los bancos en problemas, medida que rindió escasos frutos, pues rápidamente se encontró con la limitación que imponía el nivel de reservas internacionales a la concesión de redescuentos a los bancos. Hubo entonces que recurrir a financiamiento interno (de los bancos más fuertes) y externo (de entidades bancarias del exterior). En síntesis, desde principios de 1991 los flujos comerciales y de capital quedaron completamente liberalizados, y la vulnerabilidad de la economía argentina se manifestó con una amplitud desconocida en otros países de la región. El nuevo plan produjo resultados satisfactorios inmediatos en términos de “estabilización”. La reducción de la inflación permitió que reapareciera el préstamo para el consumo, el cual había estado ausente durante la época inflacionaria. De esa forma, y en medio de un contexto externo favorable, se financió la expansión de la demanda

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interna, incentivando un boom de consumo y crédito que tendría como contrapartida el acrecentamiento del déficit del sector externo y la vulnerabilidad económica, con alta exposición y dependencia al ingreso de capitales del exterior. Durante el periodo transcurrido hasta 1995 el gobierno gozó de un grado mayor de flexibilidad y, gracias al boom inicial y al incremento subsiguiente en los niveles de recaudación, pudo destinar mayores recursos a casi todas las partidas del presupuesto público, obteniendo superávit fiscales (una novedad para Argentina) gracias a los ingresos por privatizaciones. La etapa de las reformas posteriores a 1991, ya bajo el régimen de convertibilidad, tuvo características distintas a la anterior. El caso de las privatizaciones muestra esto claramente. En la etapa anterior las mismas habían sido llevadas a cabo en un clima de subordinación a los objetivos fiscales, y desde el propio gobierno se reconoció la existencia de algunas “irregularidades” referidas al diseño de los pliegos de bases y condiciones de la venta y concesión, ausencia de políticas de saneamiento empresarial durante el periodo de transición, contratos de transferencia ambiguos, establecimiento de garantías para la explotación monopólica de los mercados, licitaciones no competitivas y debilidad de los marcos regulatorios y de las instituciones regulatorias. Para fines de 1994 la mayor parte de las empresas de propiedad estatal que producían bienes o servicios habían sido vendidas, incluyendo las más importantes, por ejemplo la compañía petrolera YPF y las que producían y distribuían electricidad. Este proceso cubrió un amplio rango de áreas productivas, desde hierro y acero hasta petroquímicas y gas. En algunos casos (áreas petroleras, ferrocarriles, puertos, autopistas, agua corriente y drenajes, así como canales de televisión y radio) el gobierno utilizó mecanismos de concesión. Aparte de la venta de activos públicos, en 1992 Argentina ingresó al Plan Brady, que a juicio del gobierno constituía el mecanismo más apropiado para superar la carga de la deuda. Esta decisión estratégica de ingresar al Brady tuvo importantes consecuencias económicas de largo plazo, debido tanto a las condiciones aceptadas en términos de superávit fiscal comprometido como a los cambios operados en la estructura de la deuda según el tipo de acreedor. La deuda con la banca comercial (cercana a los 25 mil millones de dólares) se renegoció a treinta años de plazo; parte de ella quedó respaldada por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los convenios Brady significaron una dura condicionalidad en el cumplimiento de los plazos de pagos e inte-

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reses, dado que ante los atrasos automáticamente se cae el acuerdo y se ejecuta la garantía, proceso en el que se encuentra Ecuador en la actualidad. Para Argentina el Brady no significó la reducción de la deuda, pues una exigua parte de ésta se renegoció con descuento (discount bonds por 4 150 millones de dólares); una parte se renegoció a la par (par bonds por 12 700 millones), mientras que los intereses vencidos, acumulados y capitalizados a altas tasas de interés se emitieron en un bono con tasa flotante (FRB, 8 650 millones) de dólares. Esta capitalización de intereses vencidos y punitorios absorbió el beneficio del descuento realizado, con lo cual el monto total de la deuda prácticamente no varió con el Plan Brady, aunque sí aumentó su condicionalidad. El nuevo esquema de desmantelamiento del sector público y descentralización de la infraestructura social del estado nacional hacia las provincias implicó una profunda racionalización del personal. Se instauró un esquema de retiros “voluntarios” masivos e indiscriminados, sin criterio alguno de preservación de las antiguas funciones y de la capacitación del personal, que implicó un desmantelamiento en relación con el nivel de técnicos especializados en diversas áreas importantes de la estructura gubernamental. Este proceso fue funcional con las nuevas normas de desregulación del mercado de trabajo que comenzaron a implantarse en 1991 y que lejos estuvieron de utilizarse como mecanismo de incrementos de la competitividad, sino para crear una situación de desempleo creciente que marcaría su punto crítico con la crisis “del tequila”. Por otra parte, las autoridades relajaron en cierta medida la rigidez en materia comercial, instaurando políticas que apuntaron a reducir el déficit comercial y que tranquilizaron las crecientes demandas de los sectores industriales (implantación del régimen automotor). En cuanto a las importaciones, se utilizaron medidas destinadas a frenar la avalancha importadora, mientras se recurrió nuevamente a los incentivos fiscales como forma de estimular las exportaciones, en virtud de la apreciación cambiaria que acompañó a la convertibilidad desde sus inicios. Si bien esta nueva etapa modificó en cierta medida el grado de apertura comercial, también se profundizó en otros aspectos del ámbito microeconómico. Éste fue el caso de ciertas medidas de desregulación, cuyo objetivo fue inyectar competencia en los sectores no transables.

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En julio de 1994 se puso en práctica el nuevo régimen previsional mixto, con el objetivo de solucionar a largo plazo el financiamiento del sistema previsional y fortalecer el mercado de capitales. El sistema resultó mixto porque se permitió la opción de mantenerse en el viejo régimen de reparto o de incorporarse al nuevo régimen gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). En el caso de esta última opción, la percepción jubilatoria final se compone de una parte que se recibe del sistema público en proporción a los años aportados hasta el inicio del nuevo sistema, más la renta acumulada en el fondo personal de la AFJP. En cuanto al primer objetivo descrito, el de resolver el problema de financiamiento a largo plazo del sistema previsional, aún quedan dudas de la magnitud de las prestaciones que puede generar el nuevo sistema. Respecto al corto plazo, el efecto sobre el financiamiento del sistema público es muy fuerte, pues el sistema estatal debe continuar pagando jubilaciones y pensiones, pero deja de percibir los fondos de la mayoría de los trabajadores activos, los cuales se destinan a las AFJP. Este reemplazo se realizó por la asignación de nuevos impuestos y el incremento de alícuotas de los ya existentes, aunque la debilidad de los ingresos fiscales que caracterizó al plan económico ha generado un déficit significativo en el sistema previsional. A este déficit en el ámbito nacional se agrega el de las numerosas cajas previsionales de provincia, que en el actual año superará los 4 500 millones. Como resultado, las percepciones jubilatorias y las pensiones se han visto lesionadas. Las percepciones de base se han mantenido constantes, en un mínimo de 150 dólares desde el inicio del Plan de Convertibilidad, a pesar de lo exiguo de la cifra y de la inflación acumulada hasta hoy. Respecto al segundo objetivo, el fortalecimiento del mercado de capitales, si bien en la actualidad el volumen de fondos es importante, por la volatilidad sufrida por los mercados en las distintas crisis y el estancamiento de la economía en distintos periodos, las oportunidades de inversión en nuevos instrumentos han sido escasas, con lo cual la mitad de los fondos de las AFJP se encuentran invertidos en títulos públicos (el máximo que permite la ley), una parte sustancial en plazos fijos, y una menor parte en acciones de empresas. La posibilidad de invertir en instrumentos de desarrollo regional y sectorial prácticamente no ha sido utilizada por las AFJP. En resumen, el sistema previsional privado financia fundamentalmente al sector público,

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y hasta el momento no ha podido desarrollar un mercado de capitales maduro, a pesar de llevar acumulados más de 15 mil millones de dólares, de los cuales las cuatro AFJP más grandes poseen aproximadamente 67%, dejando 33% a las nueve restantes. La concentración que se ha producido en el sector, luego de numerosas fusiones, ha incentivado la competitividad y llevado a las AFJP a tratar de obtener altos rendimientos para captar público a costa de invertir en activos de alto rendimiento, pero también de alto riesgo, situación que ha conducido a una estrepitosa caída del valor de los fondos previsionales en la crisis “del tequila” y en la posterior crisis asiático-rusa. Debe mencionarse también que la comisión de administración de las AFJP asciende aproximadamente a un tercio del monto mensual descontado a cada aportante, lo que reduce en forma sustancial los fondos que quedan en su cuenta de capitalización. En consonancia con la privatización del sistema previsional, y acorde con la política de resolver el problema del tipo de cambio real mediante la baja de los costos de la producción, se crearon las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), entidades dedicadas a asegurar los riesgos de accidentes del trabajador a cambio de un canon que pagan las empresas que las contratan. Las ART son las responsables de controlar la seguridad en la empresa y de realizar las sugerencias necesarias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, aunque la única herramienta que poseen para hacer cumplir sus observaciones es el aumento de la cuota que paga la firma, lo cual no resulta operativo, pues ante la situación del posible aumento de cuota por no cumplir con las normas de seguridad la empresa contrata otra ART que ofrezca una cobertura más barata. Hasta el momento el funcionamiento de las ART ha demostrado que no han sido eficientes en mejorar el nivel de seguridad laboral, pero sí han disminuido sustancialmente los pagos a los siniestrados, que resultan muy exiguos. Esta situación está generando fallos judiciales en contra de este sistema ante la desprotección en que coloca a los accidentados o a los deudos de los trabajadores fallecidos. Un sector en el cual se han llevado al límite las políticas de desregulación y concentración ha sido el financiero. De los cerca de 200 bancos existentes en el inicio del Plan de Convertibilidad hoy quedan sólo 99. El proceso significó una aguda concentración favorecida por la política de fusiones que llevó a cabo el BCRA en todo momento, y que

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se intensificó en los momentos de crisis. Ante la imposibilidad de actuar como prestamista de última instancia, el BCRA buscó apoyo en el sector financiero local y en las casas matrices de los bancos locales extranjeros, utilizando el mismo para constituir fondos fiduciarios por dos mil millones de dólares integrados con el objetivo de facilitar las fusiones y adquisiciones entre bancos. Ante la aparición de problemas de liquidez o insolvencia de un banco, se buscaba rápidamente un comprador para la totalidad del mismo o para las filiales, en caso de que fuera necesario desguazarlo para su venta. Los compradores gozaban de beneficios en materia de regulaciones y contaban con la ayuda del fondo fiduciario. Ello dio origen a una fuerte reconversión del sector, en la cual muchos bancos regionales y cooperativos fueron absorbidos por otros más grandes; por esta vía creció velozmente el número de sucursales de los bancos más poderosos. Paralelamente se produjo la transformación de la gran mayoría de los bancos provinciales en bancos privados, con lo que se destruyó la banca regional de provincia. En la actualidad sólo queda menos de una docena de bancos provinciales y municipales, aunque dos de ellos son muy fuertes. También se desmanteló el Banco Nacional de Desarrollo y se privatizó la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. El Banco Hipotecario Nacional fue convertido en sociedad anónima para su posterior privatización, la cual se concretó durante 1999, bajo el control accionario del grupo inversor de George Soros. Si tomamos la totalidad de los bancos privados, en noviembre de 1994 (antes del comienzo del “efecto tequila”) los cinco primeros bancos de la lista poseían 31.8% de la cartera de depósitos del total de los bancos privados. Esa relación asciende a 37.2% en mayo de 1997. Posteriormente a esta última fecha, y de modo paralelo al proceso de fusiones descrito, se produjo un agudo proceso de extranjerización de la banca argentina por la compra de grandes bancos nacionales pertenecientes a los grupos económicos de capital nacional por parte de bancos extranjeros, en especial de España, aunque también ha habido inversiones estadunidenses, inglesas, escocesas, francesas y alemanas, entre las más importantes. Parte de este proceso comprendió la compra de más de un banco grande por un mismo grupo inversor, fusionando luego las entidades entre sí y generando bancos que se ubicaron (o reforzaron su presencia) en los primeros puestos de la lista. A fines de 1998 los cinco pri-

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meros bancos privados poseían el 50% de la cartera de depósitos de la totalidad de bancos privados. Dentro del listado de las veinte entidades privadas más grandes sólo podemos ubicar un banco totalmente nacional, de origen cooperativo, el Credicoop. En la lista de los nacionales también se ubican el Banco de Galicia y el Hipotecario S. A., ambos clasificados como nacionales por el BCRA por no tener participación mayoritaria de capitales externos, aunque poseen una participación significativa de los mismos. El resultado de este proceso se puede medir por la participación de los activos de los bancos extranjeros en los activos del total del sistema, que en Argentina asciende a 51%, mientras que en Chile, paradigma del modelo económico neoliberal, representa 21%, en México sólo 10 y en Brasil 9%. En países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos, esta relación llega a 22 por ciento. Este proceso de extranjerización y fusiones ha ido en desmedro de la banca regional y la banca mediana y, por ende, de los sectores por ellas atendidos. La banca extranjera no se muestra interesada en atender crediticiamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ni tampoco a las empresas del interior del país. La estrategia de los bancos extranjeros que han llegado es utilizar la amplia red de sucursales para “bancarizar” a la población y cobrar comisiones por los servicios prestados. El negocio financiero se encuentra ubicado en Buenos Aires, con las grandes empresas. Resultado de esta actitud, y de una estructura centralizadora en Buenos Aires, 67% del crédito se concentra actualmente allí; 15% en la región pampeana y sólo 18% en el resto del país. Entre 1991 y 1999 los depósitos crecieron en el interior del país (sin considerar Buenos Aires y región pampeana) entre cuatro y cinco veces según la región, mientras que los préstamos crecieron en promedio una vez y media, lo que indica el drenaje de fondos desde el interior del país hacia los centros financieros y de producción primaria del mismo. La aguda concentración se observa también en la distribución del crédito por agente económico; si tomamos los préstamos de más de un millón de dólares, observaremos que 50% del monto crediticio ha sido otorgado a cerca de 12 mil empresas, mientras que otro 40% se otorgó a 1 900 firmas (préstamos de más de 5 millones a 100 millones) y el 10% restante se encuentra concentrado en sólo 43 deudores, con préstamos superiores a los 100 millones de dólares cada uno. Esta concentración y la consiguiente reducción del crédito a las

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pequeñas y medianas empresas se ubican en un contexto de baja monetización de la economía, que la estabilidad de precios ayudó a recomponer de los bajos niveles de la época hiperinflacionaria, aunque el Plan de Convertibilidad colocó un rápido techo que ayudó a esta monetización, dado que la cantidad de dinero de la economía depende del monto de reservas acumuladas en el Banco Central. El otro instrumento creador de dinero, su multiplicación a través de los bancos por medio del encaje, tampoco se utilizó para monetizar ampliamente la economía, en parte por definición de las autoridades del BCRA, y en parte por la imposibilidad de reducir encajes en un sistema financiero totalmente abierto al resto del mundo, y sin un prestamista de última instancia. El coeficiente de monetización de la economía de la Argentina (M4/PIB) era de 24% a fines de 1997, mientras que para Chile arrojaba valores de 43.4% y de 29.4% en Brasil. Cabe mencionar que en los países industrializados este coeficiente llega a 58.2% en el caso de Estados Unidos, 114.8% para Japón y 74.3% para España.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA DÉCADA. ANÁLISIS DE ALGUNAS VARIABLES

Resultados principales Luego de la asunción del gobierno menemista (julio de 1989), la estabilización y el ajuste estructural se plantearon como algunos de los objetivos primordiales. Así, tras los primeros intentos estabilizadores del nivel general de precios, la problemática surgió con más fuerza aún, y en 1990 se dieron tasas de inflación de 1 343.9% y 798.4% para el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al mayorista (IPM), respectivamente. Con el fin de disciplinar la escalada inflacionaria el gobierno implantó el régimen de convertibilidad en abril de 1991. Desde ese momento la tasa de incremento acumulado del nivel de precios a abril de 1999 fue de 54% para los precios al consumidor y de 11% para los precios mayoristas (véase el cuadro 1). El gobierno utilizó durante su permanencia el argumento de la reducción en los niveles de precios como medio de obtener el consenso de la población a la política económica en su conjunto, aun en momentos recesivos y de fuerte ajuste, tal como aconteció luego de la devaluación de la moneda mexicana a fines de 1994, lo que tuvo

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CUADRO

IPC IPM

FUENTE:

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1. INFLACIÓN (TASA DE VARIACIÓN ANUAL, %) 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

14.82 1.37

17.5 3.2

7.4 0.1

3.9 5.8

1.6 6

0.1 2.1

0.3 –0.9

0.7 –6.3

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

un fuerte impacto en la economía argentina. La política antiinflacionaria actuó como un disciplinador sobre el conjunto de la sociedad. En aras de combatir la inflación se indujo una fuerte reestructuración de los precios relativos en detrimento de los salarios y los ingresos populares. El régimen de convertibilidad fue utilizado para presionar sobre la productividad del trabajo y empujar el proceso de reformulación empresarial del sector privado; a su vez, contribuyó a la aceleración de la restructuración del estado. La inflación terminaría convergiendo rápidamente en los niveles internacionales, pero en ese marco se operó internamente un proceso de desindustrialización relativo y una fragmentación regresiva del consumo. Si bien es cierto que en los primeros años de la convertibilidad el PIB mostró fuertes incrementos, también lo es que estos incrementos se financiaron con recursos derivados de la situación de liquidez internacional y las altas tasas de rendimiento ofrecidas en la economía local. En ese sentido, la voluntad política de reiniciar los pagos por el endeudamiento externo a comienzos de 1990 y las negociaciones del Plan Brady en 1993 hicieron más confiable a Argentina como destino de inversiones, préstamos y flujos del capital especulativo, capital que, luego de la crisis de fines de 1994, retomó el clásico camino de la fuga: los activos totales en el exterior de los residentes fueron estimados por el gobierno en 87 mil millones a fines de 1998. La reducción de la inflación se produjo por la acción mancomunada de un conjunto de herramientas de política económica, entre las cuales resulta de importancia la liberalización comercial, en particular la apertura importadora. Simultáneamente debe registrarse el impacto en la fijación de precios que resulta de la forma que asumieron las privatizaciones, con tarifas dolarizadas en su actualización, con rentabilidad asegurada y sin mecanismos de control y regulación

148

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

previamente establecidos. Ambas cuestiones, liberalización y privatizaciones, indujeron el abaratamiento de los bienes transables y el encarecimiento de los precios de aquellos bienes no comercializables internacionalmente. Como señalamos, para los servicios públicos privatizados se impusieron tarifas con una lógica muy alejada de los lineamientos del libre mercado. Si bien se reconoce un aumento de los salarios reales en el sector manufacturero, se advierte al mismo tiempo una pérdida del poder adquisitivo en términos de la incidencia en el gasto familiar por el uso de los servicios públicos privatizados. Lo señalado se agrava si consideramos la reducción de ingresos salariales del resto de los trabajadores formales en un marco de fuerte caída del empleo industrial en todo el periodo. En efecto, desde la implantación del nuevo régimen monetario hasta mediados del año 1997 se estimó que los salarios reales ajustados por el índice de precios al consumidor habían descendido 13%, fenómeno en el que ejerció una influencia decisiva el aumento de 97.8% de los servicios privados y 85.8% de los servicios que habían sido propiedad del estado en épocas anteriores. CUADRO

2

1990

1991

1992

real*0.1

10.5

10.3

1993

1994

1995

1996

1997

5.5

8.1

1998

PBI

6.32

5.8

–2.8

3.81

* Tasa de variación anual. 1 Estimaciones preliminares. 2 Cambio de base. FUENTE:

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Efectivamente, y como lo demuestra el cuadro 2, el incremento del PIB desde la implantación del Plan de Convertibilidad fue de gran magnitud, pues según ya señalamos fue utilizado con fines propagandísticos para favorecer las reformas estructurales. Son notorios los impactos recesivos sobre el PIB derivados de las crisis internacionales (México, 1994; Asia, Rusia, Brasil, 1997-1998). La crisis “del tequila” hizo visible lo oculto y la vulnerabilidad externa de la economía argentina, la que funcionaba con el corsé de la convertibilidad gracias al ingreso externo de capitales.

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

149

Debe reconocerse, además, la dificultad que presentan las series estadísticas para un análisis serio en el mediano plazo. La serie aparece discontinua con las nuevas mediciones resultantes de las modificaciones en los mecanismos de información, las cuales toman como base el año 1993 y hacen poco confiable las comparaciones hacia atrás. Para ello debería hacerse un ajuste que no hemos realizado en el presente análisis. Esto nos lleva a comparar los datos con un corte en el antes y el después de 1993. No es impropio considerar que en el manejo de las cifras de evolución del PIB ha existido buena dosis de manipulación del consenso social hacia la política de gobierno en la década, ya que la nueva medición redujo el volumen total del PIB en cifras considerables, con lo que mucha de la propaganda previa en torno a la importante evolución de las cuentas nacionales había sido inflada. La contrapartida de los incrementos notables en los niveles del PIB y la contención de la inflación se hizo presente en el marco de la recesión resultante de la devaluación mexicana bajo la forma de desempleo y subempleo, poniendo muy en claro quién había pagado lo sustancial de la reforma económica. En efecto, si en el comienzo de la década de 1980 el desempleo era de 2.6%, la ola de reformas estructurales en los noventa se reali-

CUADRO

3

1 Desocupación (% pea mayo) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 FUENTE:

2 Subocupación (% pea mayo) 8.1 8.6 6.9 6.9 9.9 10.4 18.4 17.1 16.1 13.2 14.5

(1 + 2) Subutilización fuerza de trabajo 8.6 9.3 8.6 8.3 8.8 10.2 11.3 12.6 13.2 13.3 13.7

16.7 17.9 15.5 15.2 18.7 20.6 29.7 29.7 29.3 26.5 28.2

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

150

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

zó partiendo de un desempleo de 8.1 % (véase el cuadro 3), y previamente al impacto local del “efecto tequila” el índice registraba 10.4%, guarismo que venía incrementándose por causas internas, tal como lo demuestra la evolución de los indicadores del cuadro 3. Queremos señalar que, si bien la crisis externa contribuyó a elevar el índice de desocupación hasta llegar a 18.5% en mayo de 1995, el argumento del contexto externo como único perturbador de las condiciones internas queda descartado, dado que el talón de Aquiles del modelo (el desempleo) terminó incrementándose a pesar de haber atravesado por momentos en los cuales las condiciones externas eran realmente favorables. Es más, el fenómeno a destacar es la tendencia creciente al aumento de la tasa combinada de desempleo y subempleo, hasta que en la segunda mitad del periodo se estabilizó en un 29% la subutilización de la fuerza de trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió con el mercado de trabajo, que no pudo acompañar la bonanza de los indicadores macroeconómicos? La realidad muestra una combinación de factores que influyeron sobre el mercado de trabajo, y se pueden mencionar, entre otros, la apertura comercial importadora, las privatizaciones y sus cesantías, el achicamiento de la planta de trabajadores estatales, la especialización primario-exportadora que demanda escasa fuerza laboral, la presión de la política económica sobre la productividad y el costo laboral y, también, por cierto, los efectos locales de las crisis financieras internacionales. Son todos factores que actúan en el marco de la disputa por la apropiación de la renta, que se expresa como ofensiva en favor de la rentabilidad y en contra de los salarios y el poder de los trabajadores. Tal proceso fue iniciado durante la dictadura militar (1976-1983) y acelerado en el decenio de 1990, con base en la capacidad disciplinadora sobre el movimiento sindical, fuertemente hegemonizado por la CGT y el partido de gobierno (PJ). El problema a destacar es que en la década ha subido el piso estructural del fenómeno de la desocupación, asociado cpn una tendencia creciente a la precarización laboral, la disminución salarial y la capacidad de compra de los trabajadores. Al mismo tiempo se verifica un crecimiento del promedio de horas trabajadas; según el Ministerio de Trabajo, para 1998 el registro determina un promedio de jornada laboral de 10.30 horas, con lo que se confirma la paradoja de que junto a la falta de empleo existe sobretrabajo. De este modo, puede argumentarse que ante cada choque, interno o externo, se modifican las pautas distributivas del ingreso entre

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

151

los polos extremos de la apropiación del mismo, fenómeno que se aprecia también entre los sectores de ingresos medios y bajos. Dicha situación se vincula a la disminución de la capacidad de negociación que se manifiesta en estos sectores, afectados por diferentes mecanismos que contribuyeron a deteriorar su organicidad, generando un proceso de fractura y fragmentación social. Entre otros, puede señalarse una fuerte tendencia a la desindicalización de los trabajadores. Debe tomarse en cuenta, también, que la sobreoferta de fuerza laboral, acrecentada con la incorporación al mercado laboral de jubilados, mujeres y jóvenes que aspiran tempranamente al primer empleo, presiona sobre los ingresos y contribuye a la exclusión de la fuerza de trabajo de escasa calificación. Esto último puede verificarse, ya que el porcentaje de desempleo es mayor entre los sectores de menor nivel de alfabetización, los que a su vez se encuentran en la escala más baja de reparto del ingreso. La correlación existente entre la situación en el mercado de trabajo y la distribución del ingreso marca, tal como lo expresa el cuadro 4, un empeoramiento sustancial en los niveles de desigualdad. Si como lo muestran las cifras tomamos como variable la proporción del ingreso que percibe la población económicamente activa (PEA) en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (un tercio de la población total), se observa un empeoramiento relativo en las capas de bajos ingresos de la sociedad durante todo el periodo. En efecto, el último decil de la PEA (que incluye a ocupados y desocupados), el sector de mayor ingreso, absorbe en 1998 el 38.5% del PIB, y va incrementando su participación relativa, particularmente en la segunda parte de la década, momento en que, como vimos, se afectó la capacidad de generar empleo. Por su parte, los deciles representativos de la clásica “clase media” argentina, los niveles 5 al 8, vieron deteriorada su situación a partir de la fuerte recesión posterior al “tequila”. En síntesis, los sectores de menos ingresos (40%) son los que más terreno han perdido desde la implantación de las reformas; un sector medio (40%) aprovechó el boom de consumo y créditos favorecido por el fuerte ingreso neto de capitales externos en la primera mitad de la década, y vio esfumarse dicha ventaja en la segunda mitad; por último hubo un sector en la cúspide (20%), el cual se escabulló a los efectos de la crisis e incluso incrementó sus ingresos. Debe agregarse, además, que estos datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y la Encuesta Permanente de

152

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

Hogares, con un reconocimiento de subdeclaración de ingresos en todos los deciles (mucho mayor es la deformación en los sectores de mayores niveles de apropiación), que estadísticamente es distribuido entre todos éstos, contribuyendo así a diluir los mayores niveles de pobreza existentes y de acrecentamiento de la brecha entre los que más tienen y los más empobrecidos. CUADRO

Deciles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE:

4. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LA POBLACIÓN ACTIVA 1991 0.14 2.88 4.56 5.4 6.58 7.74 9.56 11.99 16.22 34.93

1994 0 1.73 4.24 5.47 6.76 8.01 9.63 12.19 16.34 35.63

1998 0 0.56 3.32 5.01 6.35 7.87 9.56 12.12 16.75 38.46

Elaboración propia sobre la base de datos de Frenkel y Rozada, 1999.

INSERCIÓN INTERNACIONAL Y SUSTENTABILIDAD DE UN MODELO “TRANSABLE”

El viraje de las políticas adoptadas en relación con el antiguo esquema de sustitución de importaciones suponía (como lo expresaran los teóricos de Washington) una reasignación de recursos hacia el sector de los bienes transables internacionalmente, que de seguro cerraría la brecha externa inicial producida por la liberalización comercial. La reformulación del patrón productivo y de acumulación del capitalismo local equilibraría en el mediano plazo las cuentas externas. La realidad fue que en Argentina hubo un apoyo deliberado del gobierno hacia las empresas de no transables, especialmente las privatizadas, tal como lo mencionáramos antes. Puede sostenerse, como se hizo desde el gobierno, que era una estrategia para asegurar el ingreso de capitales externos y que constituía una clara ventaja en

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

153

el corto plazo, la que se eliminaría con la reestructuración global que se inducía y que se asentaba en la iniciativa privada. Si bien es técnicamente cuestionable que esto se diera para un lapso breve, y si además observamos que la adopción de tal política coincidió con la liberalización brusca de la cuenta de capitales, era previsible entonces que en un contexto de elevadas tasas de interés internas se produjera la consiguiente apreciación del tipo de cambio, con fuertes consecuencias en los niveles del comercio exterior, cuya capacidad de generación de divisas es, en definitiva, la fuente de recursos genuinos para el mantenimiento del propio Plan de Convertibilidad (aquí radica una de las principales causas del endeudamiento externo). En otros términos y más allá de las formulaciones que se hagan, existe un círculo vicioso que terminará limitando la supervivencia del actual régimen, o condenándolo a un elevado nivel de endeudamiento para su sostenimiento. Es cierto que los deprimidos niveles de inversión de los ochenta cambiaron drásticamente en el esquema de la convertibilidad (afirmación cuestionable si tenemos en cuenta que en la actualidad sólo se mantienen niveles similares a los de 1974), y que junto a la inversión hubo elevación de la productividad promedio (también es cierto que aquí influyó la desaparición de las empresas menos competitivas). Claro que esto ocurrió en un marco donde los salarios reales cedieron terreno en relación con el comienzo del plan en 1991 y, además, con fuerte crecimiento del desempleo. El proceso que se despliega a partir de ese año no es más que uno, en el cual la distribución del ingreso (con fuertes aumentos del producto) se ve modificada una vez más, y los sectores populares resultaron ser los derrotados en una disputa dispareja con el capital de origen local o extranjero. En 1997 la inversión creció a una tasa que triplica los niveles de crecimiento del PIB en la década, hecho que es considerado un logro, aunque no discrimina el carácter ni el destino de la misma. Contrario a lo sostenido, lo acontecido no tuvo su contrapartida en la modernización de la estructura productiva que el modelo sugería. Los sectores de bienes transables no terminaron siendo el sector más dinámico en la acumulación de capital, si bien creció la participación del comercio externo en el PIB. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial representan alrededor del 30% del total de las exportaciones, y si bien este rubro se elevó a una tasa acumulada de 188% entre 1991 y 1998, el principal componente de dichas

154

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

exportaciones (material de transporte, con el 36% del total) creció a una tasa acumulada de 1 063%, amparado en un régimen promocional y de protección de la industria automotriz que contradice las propias concepciones librecambistas, y en el cual 87% de las mismas tiene como destino el Mercosur. Por otra parte, la gran participación del componente importado dentro de las exportaciones de material de transporte conforma una estructura caracterizada por el ensamblaje, en la cual el valor agregado generado internamente es escaso en comparación con los niveles de intercambio. En función de lo anterior, sería importante realizar un análisis más exhaustivo de lo ocurrido en el Mercosur, pero dicho tema sobrepasaría ampliamente los límites de este ensayo. Simplemente es necesario destacar que en el marco del proceso de integración en el cual se manifiestan hacia el interior del bloque regional las mismas falencias y asimetrías que a escala mundial, en función de los recursos naturales y el tamaño del mercado interno, Argentina, en su comercio con Brasil (los pilares del comercio intrazonal), presenta una clara especialización en exportaciones de materias primas, alimentos y energía, lo cual delimita un superávit comercial en estos rubros, que se encuentra desdibujado por el elevado déficit en el comercio de manufacturas de origen industrial (Ferrer, 1997). CUADRO

Concepto

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 FUENTE:

5. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (% DEL TOTAL) Productos primarios y combustibles 34 37.5 34.4 34.4 33.3 37.4 33.8 36.3

Manufacturas de origen agropecuario

Manufacturas de origen industrial

41.1 39.5 37.5 36.6 35.7 35.4 35.5 31.3

24.9 23.1 28 29.3 31 27.2 30.7 32.3

Elaboración propia sobre la base de datos de FIDE e INDEC.

La sobrevaluación de origen del tipo de cambio ha desempeñado, además, un papel importante que perpetúa la inconsistencia de

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

155

la actual estructura productiva, facilitando la incorporación de bienes importados, desestimulando la inversión en sectores transables y estimulando la entrada especulativa de capitales. En efecto, las fuertes tasas de inversión tuvieron destino principal en el circuito de valorización del capital que implicó el proceso de privatizaciones y de apertura de la cuenta de capitales. Muy poco se volcó hacia la inversión productiva real destinada a los mercados de exportación. En el séptimo aniversario de la convertibilidad (FIDE, 1998) se señalaba que: La insuficiencia en la inversión reproductiva aparece como una característica más patente si se la analiza en perspectiva, vale decir comparativamente con el ritmo al que razonablemente cabe esperar que evolucione el crecimiento global de nuestras necesidades de dólares, sea para comprar bienes o remunerar a los factores del exterior. A modo de ejemplo, puede señalarse que en 1997, de acuerdo a los datos contenidos en el balance de pagos, mientras las exportaciones FOB experimentaron un crecimiento del 5.9%, las importaciones CIF aumentaron el 27.6%, las remesas de utilidades y dividendos un 26.6% y las de intereses el 15.7%. A ello debe agregársele el peso del nuevo saldo negativo arrojado por los servicios reales en cuanto demandantes de dólares.

Está claro que el modelo de inserción internacional definido en la década no es sostenible sino, como venimos diciendo, sobre la base de un fuerte endeudamiento externo. Un párrafo aparte merecen las importaciones de bienes de capital. No sólo la apreciación del tipo de cambio fue la responsable del incremento en dicho rubro; a esto le debemos agregar que el estado ha influido en el proceso de compras de material importado por medio de la aplicación de un régimen de bienes de capital fuertemente discriminatorio de la producción local. Se utilizaron rebajas arancelarias, programas especiales de promoción y el atraso en el pago de los subsidios que se estipularon para los productores nacionales. La industria pasa a importar de forma repentina productos que estaban siendo fabricados internamente y cumplían con todas las normas internacionales —tal es el caso de motores, calderas y refrigeradores, entre otros—, definiendo así el proceso de ensamblaje que antes comentáramos. Un dato para destacar al respecto es que hasta 1996 sólo 3.8% de la IBI correspondía a bienes de capital importados dirigidos a la in-

156

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

dustria de bienes transables, mientras que en 1998 dicha cifra llega a 47%. La apertura importadora y el destino de esos bienes en la estructura productiva determinan el tipo de inserción de la economía y el patrón de acumulación resultante de este proceso. Al mismo tiempo debe señalarse que las magnitudes implicadas en el desarrollo del sector exportador son muy pequeñas y, en definitiva, el modelo aperturista favorece al capital concentrado, que desempeña un papel fundamental al asignar recursos internos y externos hacia empresas con elevada rentabilidad: cadenas comerciales, autopistas, trenes, inmuebles, puertos, etc., lo que no significa un beneficio apropiable socialmente.

LA ERA DE LAS PRIVATIZACIONES

Los años noventa fueron testigo de una oleada de privatizaciones que hacia 1993 ya había arrasado con la mayor parte de los activos del sector público. Entre los rasgos más destacables del proceso, más allá de la mencionada carencia de mecanismos de competencia y otras fallas del proceso privatizador, se encuentra la alta participación del capital extranjero en el total de las operaciones. Si consideramos únicamente los ingresos en efectivo, entre los años 1990 y 1998 los montos percibidos por la nación y las provincias alcanzaron un valor de 18 173 millones de dólares (véase el cuadro 7). La cifra se incrementa en 1999 con la realización del 14.99% remanente de las acciones de YPF en poder del estado, venta que agrega una suma cercana a los 2 010 millones de dólares. Del total mencionado, 31.2% correspondió a desembolsos de empresas y conglomerados locales y 57.4% a capitales extranjeros (véase el cuadro 6). Por otra parte, si se considerasen los títulos de deuda implicados en el proceso (en función de su valor de mercado), los ingresos superan los 23 mil millones de dólares. La mayoría de las operaciones se vinculan con activos en manos del estado nacional. Tanto en el ámbito nacional como en el provincial se han efectuado aproximadamente 150 operaciones que han incluido la venta de acciones y la segmentación de la propiedad, tal como fue el caso de las empresas de energía eléctrica. Si consideramos las privatizaciones desde el ángulo jurisdiccional, 91% de las mismas fueron encaradas por el estado nacional,

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

157

6. INGRESOS EN EFECTIVO POR PRIVATIZACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES) CUADRO

Extranjera 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 584 470 2 067 3 181 386 1 202 228 1 111 247

Total Total % FUENTE:

10 440 57.40

No determinada

Nacional

Total

933 633 1 935 1 270 229 193 145 249 89

0 1 227 830 0 0 0 0 0 0

2 481 2 330 4 832 4 451 615 1 395 373 1 360 336

5 676 31.20

2 057 11.40

Ministerio de Economía de la República Argentina.

CUADRO

7 Privatizaciones nacionales YPF y áreas petroleras ENTEL

Gas del Estado Centrales eléctricas e hidroeléctricas SEGBA

Aerolíneas Argentinas Petroquímica Bahía Blanca Transportadoras eléctricas SOMISA

Resto Privatizaciones provinciales Electricidad Agua y saneamiento Transporte Bancos y seguros Papel Alimentos Total (en millones de dólares) FUENTE:

Ministerio de Economía de la República Argentina.

16 536 5 082 3 528 2 461 1 909 1 648 654 358 260 149 487 1 637 1 244 133 13 187 50 10 18 173

158

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

CUADRO

8

(En millones de dólares) Energía eléctrica Petróleo y gas Comunicaciones Gas (transporte y distribución) Transporte Petroquímica Bancos y servicios financieros Industrias básicas de hierro y acero Agua y saneamiento Derivados de petróleo y gas Oleoductos. gasoductos y poliductos Construcción Celulosa y papel Electrónicos y electrodomésticos Hoteles y restaurantes Otras industrias manufactureras Alimentos y bebidas Seguros Químicos Agricultura, ganadería y pesca Total (en millones de dólares) FUENTE:

Extranjera

Nacional

No determinada

Total

%

3 398 2 905 1 080

1 384 1 924 471

0 0 2 057

5 082 4 829 3 608

28.00 26.60 19.90

1 542 505 298

919 306 153

0 0 0

2 461 811 451

13.50 4.40 2.40

218

50

0

268

1.50

17 106

157 27

0 0

174 133

1.00 0.70

0

116

0

116

0.60

0 4 43

77 50 8

0 0 0

77 54 51

0.40 0.30 0.30

4 7

11 6

0 0

15 13

0.10 0.10

0 10 4 0

11 0 1 5

0 0 0 0

11 10 5 5

0.10 0.10 0.00 0.00

0

2

0

2

0.00

10 438

5 678

2 057

18 173 100

Ministerio de Economía de la República Argentina.

mientras que el resto pertenece a los gobiernos provinciales. En el cuadro 7 se detallan tanto los montos desembolsados como los sectores a los cuales fueron destinados los mismos. Desagregando sectorialmente encontramos que tanto las empresas extractivas y energé-

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

159

ticas, en primer lugar, como el transporte y las comunicaciones, en segundo, han sido los núcleos sobre los cuales ha girado todo el proceso. Sin embargo se debe aclarar que muchas de las operaciones realizadas no han implicado desembolsos directos sino que existieron compromisos de inversión y pago de cánones, como es el caso de los ferrocarriles, trenes subterráneos y aeropuertos, entre otros (véase el cuadro 8). La intervención del capital foráneo en todo el proceso de cambio de manos de las empresas públicas tiene su importancia, no sólo en el dominio de los negocios más rentables por parte de unas pocas empresas y los frutos del poder monopólico, sino también en la magnitud que adquieren las remesas de utilidades al exterior, que representan un componente fundamental de la balanza de pagos y con fuerte impacto en las correspondientes salidas de divisas, las cuales se suman a los clásicos pagos por endeudamiento externo. 9. LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LAS PRIVATIZACIONES (EN PORCENTAJES) CUADRO

Estados Unidos España Chile Italia Gran Bretaña Francia Otros FUENTE:

47.20 11.30 11.10 8.40 7.70 7.50 6.80

Ministerio de Economía de la República Argentina.

Como podemos apreciar en el cuadro 9, los capitales originarios de Estados Unidos fueron partícipes principales en el proceso de privatizaciones, acaparando el 47% de los desembolsos, seguidos en segundo término por España y Chile, con el 11%. Debe consignarse que en una primera etapa del proceso de privatizaciones fueron los capitales europeos los que primero apostaron a la compra del capital público. Sólo a partir de 1993, con la venta de YPF, los capitales norteamericanos se presentaron agresivamente a disputar un lugar en la apropiación de las empresas estatales. En la práctica, las privatizaciones estuvieron rodeadas de procedimientos irregulares en los cuales los agentes privados participantes

160

ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

en el proceso supieron aprovechar su poder económico para resultar beneficiados con la nueva política. En materia tarifaria, la entrega de las empresas fue acompañada por la elevación del precio de los servicios en el preciso momento en que se hacían efectivas; tal fue el caso de los teléfonos y los ferrocarriles, entre otras. Durante los gobiernos anteriores las tarifas de los servicios habían estado reguladas, y servían como mecanismo de redistribución del ingreso. Es más, las rondas de negociaciones destinadas a evitar el constante incremento tarifario generaron la resignación de aspectos clave, como el cobro de impuestos a dichas empresas y la dolarización de las tarifas (Gerchunoff y Cánovas, 1995). Es importante señalar que los incrementos de tarifas fueron utilizados por el estado con la intención de garantizar elevada rentabilidad para las empresas adjudicatarias. Fue un mecanismo deliberado para obtener mejores ofertas, con lo cual el deterioro de los consumidores de dichos servicios sería una situación de difícil reversión, dado el escaso poder de renegociación estatal y de los organismos reguladores, papel que quedó en manos de organizaciones sociales que vienen demandando y promoviendo reuniones de discusión y un fuerte protagonismo en las audiencias públicas convocadas a fin de discutir las condiciones de los contratos y sus renegociaciones. Esto se puede ejemplificar con algunos casos específicos, como el del sector electricidad y el del gas, el cual creó cierta estructura competitiva en virtud de la desregulación del sector generador, que no alcanzó la fase de distribución; es decir, se decidió utilizar en esta última un mecanismo de fijación de precios tope para un índice de precios y un factor de productividad, con lo cual se incentivaba un mejoramiento de la eficiencia (como una forma de apropiarse de la diferencia de utilidad que se había pactado con el organismo regulador), que nunca fue trasladado como beneficio vía precios hacia los consumidores. De todas formas, la idea de vincular directamente los precios a la estructura de costos por parte del gobierno redundó en fuertes aumentos en los servicios, que en el caso del gas fue de 29% entre 1991 y 1993. En el caso del agua y los servicios de drenaje, la introducción de medidores para el cobro, que desplazaron el anterior sistema de cobertura por metros cuadrados, redundó en mayores costos para los consumidores, debido a que fueron los encargados de financiar la instalación del nuevo sistema. En el caso de los teléfonos se produjo un importante aumento en las tarifas y se implantó un “rebalance te-

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lefónico” que abarató las llamadas internacionales e interurbanas a costa del encarecimiento de las urbanas, hecho que, dada la diferencia de volumen que se registra entre las llamadas de uno y otro tipo, implicó un perjuicio para las casas de familia y comercios minoristas, mientras que los beneficios fueron a parar directamente a las manos de las empresas concesionarias. Es importante señalar que en la mayoría de los casos las mejoras producidas en las prestaciones fueron financiadas por los consumidores, eliminando cualquier clase de riesgo para las empresas y, en ocasiones, hasta subsidiadas por el propio estado nacional de manera directa, como es el caso de los ferrocarriles, que actualmente reciben un subsidio de 350 millones de dólares anuales. Antes de privatizarse fue utilizado, por parte de conocidos periodistas (operadores ideológicos), el argumento de la ineficiencia de las prestaciones y de la pérdida de un millón de dólares diarios por parte del estado en la administración de los ferrocarriles. Por otro lado, en algunos casos se acordaron inversiones para mejorar la calidad de los servicios a cambio de la extensión de los contratos de concesión. En ningún caso existió beneficio para los usuarios y, sin lugar a dudas, el énfasis otorgado a la libertad con que las empresas se manejaron y el rechazo a normas regulatorias que establecieran claros límites para su accionar determinó los réditos para las empresas privadas. En efecto, el desajuste temporal ocurrido entre la implantación de las normas regulatorias, la creación de los entes y el traspaso de las empresas fue funcional a tal situación. En el servicio telefónico, el transporte aéreo y los ferrocarriles la privatización se realizó sin que existieran previamente ni los entes reguladores ni los marcos correspondientes. En otros casos, como el gas y la electricidad, no se contaba con los entes correspondientes en el momento de la transferencia. La prisa con que se realizó el proceso redundó en el cuidado de los instrumentos formales, más que en el desarrollo de las condiciones reales para el buen desempeño de los empresarios, los cuales han venido utilizando argumentos basados en la seguridad jurídica y en la flexibilización necesaria que les permitiese renegociar continuamente los contratos en condiciones en que la “razonabilidad” así lo requiriese. La ineficiencia de los entes reguladores, vinculada a asimetrías de información o a escaso financiamiento (el cual depende fundamentalmente del resultado de las empresas privatizadas), no puede ser utilizada para explicar por sí sola las falencias que se encuentran en

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el seno mismo de la relación entre el estado y los consorcios. Debemos tener presente que la designación de los directivos de los entes está estrechamente vinculada a los designios del Poder Ejecutivo, y que en función de ello la defensa de los intereses de los consumidores difícilmente puede ser llevada a cabo por entidades que carezcan de autonomía para desempeñar tales funciones. A pesar de que en la Constitución de 1994 se incorporó la figura de las entidades de defensa de los consumidores como instancia participativa dentro de los entes de regulación, tal situación no se ha manifestado en acciones que traspasen la esfera de lo consultivo y que impliquen mejoras en la situación de los consumidores. Es decir, no se ha permitido su participación directa dentro de las decisiones de los entes, basándose en el argumento de que dichos organismos deben ser jueces neutrales, y que la influencia de los consumidores en representación de sus intereses socavaría tal premisa. En realidad estamos en presencia de un juego de intereses en el cual el estado toma parte activa, volcando toda su fuerza en la defensa de los intereses de una de las partes —los consorcios— y evitando, por otro lado, cualquier tipo de protagonismo de los usuarios que limite las elevadas tasas de rentabilidad de las empresas.

CONCENTRACIÓN EMPRESARIA, ESTADO Y ENDEUDAMIENTO

Conjuntamente con los cambios producidos en la distribución del ingreso, durante la presente década se han dado modificaciones en la cúpula empresarial, transformándose la interacción propia de épocas anteriores entre empresas estatales, de capital externo o local. Actualmente debe pensarse que existe un bloque económico dominante que articula el capital de origen local con el externo, situación potenciada con la privatización de las empresas públicas y un proceso creciente de fusiones y ventas que se lleva a cabo entre capitales de origen local y externo y con tendencia a un mayor peso en la propiedad de las empresas de los capitales externos. Es un proceso que se aceleró luego de la crisis mexicana y la más reciente de los años 1997-1998, y se expresa en todas las ramas de la actividad económica. Existen evidencias que hacen pensar en un creciente papel de los capitales de origen local en la primera mitad del periodo, como consecuencia de un proceso de repatriación de capitales con destino a

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las inmensas posibilidades de obtener elevadas tasas de retorno para la inversión especulativa, las inversiones derivadas de las ventas de empresas estatales y los fuertes rendimientos en el mercado de capitales. Por el contrario, la fuerte fuga de capitales expresada como depósitos de argentinos en el exterior, registrada en la segunda mitad, estaría produciendo nuevos reacomodos en la cúpula empresarial, con ventajas para los capitales transnacionales más concentrados y asentados en los sectores de mayor ventaja comparativa a la hora de obtener tasas de retorno sumamente favorables, tales como los servicios públicos, el petróleo, los alimentos o las finanzas. El achicamiento constante de la participación de las empresas estatales, hasta su virtual eliminación, ejerció una influencia significativa en la demarcación de la nueva estructura de la cúpula empresarial. Dicho cambio abarcó también el plano sectorial y favoreció así el desarrollo del sector terciario en desmedro del secundario. Los cambios más importantes que se produjeron en la cúpula empresarial están relacionados con la aparición de una cantidad importante de joint-ventures (articulaciones de grupos económicos nacionales con grandes conglomerados extranjeros o con empresas transnacionales), la mayoría de ellos relacionados con la adjudicación de las empresas públicas y, por consiguiente, con el aprovechamiento de las políticas utilizadas por el estado durante dichos procesos, los cuales le confirieron importantes privilegios en materia regulatoria, subsidios y subvaluación en los precios de las adquisiciones. Un dato a considerar es que para las doscientas principales empresas en Argentina se verifica una independencia entre sus niveles de alta rentabilidad y el fenómeno de la recesión o crisis, que impacta como pérdida de ingresos en los sectores populares y como pobreza y desempleo en aumento. A modo de ejemplo, durante la crisis “del tequila” el monto de facturación de dichas empresas fue, en 1995, un 11.3% mayor que en 1994, mientras que las utilidades se incrementaron 29.9%. Durante dicho lapso los consorcios adjudicatarios de los servicios públicos privatizados, tanto como los holdings, mostraron niveles crecientes de facturación y de los márgenes de beneficios en relación con las ventas. Debe recordarse que es un periodo de importantes saltos en los niveles de subutilización de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, y si bien existen factores tales como la posibilidad de financiamiento en el exterior, la integración vertical u horizontal y los subsidios otorgados por políticas decididamente preferenciales

CUADRO

10. LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN ARGENTINA Tasa de cto. en ventas 1991-19971991-19951995-1997

Total 13.6 Estatales –26.6 Emp. locales indep. 14.0 Grandes grupos locales 10.6 Empresas transnac. 26.9 Conglomerados ext. 20.1 Asociaciones 27.7 FUENTE: FLACSO.

15.8 –32.3 22.4 16.0 28.7 14.7 42.9

9.1 (14.0) (1.1) 0.6 23.3 31.7 2.0

% prom. en vtas. totales 1991-19971991-19951995-1997 100 7.6 11.8 20.8 14.7 16.6 28.7

100 10.5 12.1 21.8 12.2 14.8 28.6

100 2.7 11.6 19.9 17.7 18.1 30.0

Cant. de firmas prom. 1991-19971991-19951995-1997 200 8.9 38 53.9 34.9 29 35.4

200 11.0 40.0 57.2 29.6 29.0 33.2

200 4.0 34.7 47.7 43.7 27.7 42.3

Proyecto de privatización y Regulación en la Economía Argentina, documentos de trabajo núms. 6 y 7, área de Economía y Tecnología de

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por parte del gobierno, puede señalarse, entre otros, la posibilidad que tienen los grandes conglomerados transnacionales para adaptarse a las fases contractivas de la economía. En ese sentido se destacan las empresas vinculadas al proceso de privatización y concentración de la economía local, que dan contenido particular a la transformación de la estructura empresaria en los últimos años (Aspiazu, 1997). La aguda concentración empresarial evidenciada durante la década actual y su vínculo con la salida de capitales no ha sido menor en el transcurso del Plan de Convertibilidad. Si el choque dado a la economía a principios de los años noventa fue un arma utilizada por el oficialismo para demostrar que la confianza depositada por los tenedores de activos internacionales era una señal extremadamente positiva, la reversión de esta situación después de 1993 debería considerarse de manera inversa. En efecto, entre 1991 y 1992 la reserva de activos externos de residentes disminuyó de 60.4 a 53.6 mil millones de dólares. Estamos refiriéndonos a un proceso de repatriación de capitales en convergencia con las oportunidades de privatizaciones, proceso que verifica un signo contrario luego del efecto recesivo de la crisis mexicana. La estabilización de los niveles de endeudamiento externo también acompañó a este proceso. Si bien la repatriación de capitales estuvo vinculada estrechamente al proceso de privatizaciones y de valorización del capital que se generó alrededor de éste, la nueva coyuntura internacional, con una tasa de interés nacional superior a la internacional y el seguro de cambio que implicaba la paridad fijada por la Ley de Convertibilidad, fueron dos factores que influyeron en el comportamiento de los movimientos de capitales. A partir de 1993 la disminución en el ritmo de las privatizaciones, la revaluación de los activos en poder de los consorcios que habían participado en las adjudicaciones, y la rentabilidad privilegiada que dichas empresas habían obtenido, sumados a los frutos de la inversión extranjera directa (IED), determinaron un nuevo marco de salida de capitales. Si a lo anterior agregamos el crecimiento de las remesas de utilidades al exterior, las cuales pasaron de 1 200 millones a comienzos de la década a unos 3 500 millones en 1998, y en los pagos de los servicios de la deuda, obtenemos un cuadro de situación en el cual el sector privado fue el principal encargado de remitir divisas hacia el exterior. Además, fue el que más se endeudó proporcionalmente en

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CUADRO

11. FUGA DE CAPITALES (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Salida de capitales Renta pagada al extranjero Intereses deuda externa Amortización deuda externa Remesas de dividendos Exportaciones Saldo de balanza comercial IED* Nuevos aportes IED**

1993

1994

1995

1996

1997

3.4 1.8 3.6 3.9 0.8 13.1 –3.7 4 0.7

5.9 2.6 4.7 2.4 1 15.8 –5.8 2.5 1.3

12.1 3.9 6.3 2.6 1 21 0.8 3.4 0.9

9.3 4 7.2 5.3 1.1 23.8 0.1 4.5 1.7

12.1 4.8 8.8 5.6 1.6 26.2 –4.2 5.5 2.1

* No incluye reinversión de utilidades. ** Excluye IED orientada a compra de empresas públicas o privadas. FUENTE:

Eduardo Basualdo, 1999, sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

CUADRO

12. LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA Total deuda Sector público externa (en no financiero Sector privado Sector financiero millones y Banco Central no financiero sin Banco Central dólares)

Dic. 1991 Dic. 1992 Dic. 1993 Dic. 1994 Dic. 1995 Dic. 1996 Dic. 1997 Dic. 1998 Dic. 1999 FUENTE:

52 739 50 678 53 620 61 274 67 002 73 511 74 803 82 406 81 011

3 521 5 568 9 708 13 583 17 918 20 589 28 981 35 087 35 062

5 074 6 520 8 881 10 799 13 627 15 656 20 531 22 245 23 607

61 334 62 766 72 209 85 656 98 547 109 756 124 315 139 738 139 680

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

todo el proceso (multiplicó por diez), superando el crecimiento en los niveles de endeudamiento del sector público (lo duplicó). Igualmente, debe constatarse que el sector público sostuvo el actual régi-

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167

men cambiario con endeudamiento externo, y dispuso de ese modo de reservas netas del pago de su propia deuda, que a pesar de la fuerte salida de capital registró un considerable aumento durante la etapa de la convertibilidad. El cuadro 11 nos da una mejor idea de lo expresado anteriormente. Se observa claramente que las salidas de capitales durante 1997 fueron superiores a los 16.9 mil millones de dólares, mientras que el pago de intereses de la deuda, más las amortizaciones, alcanzó 14.4 mil millones de dólares. El cuadro muestra cómo en 1997 la pérdida de recursos superó los 30 mil millones de dólares, más que los ingresos obtenidos en materia exportadora, con lo cual, y considerando además que en dicho año se experimentó un fuerte déficit comercial, la configuración de un elevado y creciente endeudamiento con el exterior queda per se explicada (Basualdo, 1999). El cuadro depredatorio que la fuga de activos externos le impone al sistema económico tiene su correlato en los altos niveles de endeudamiento a que recurren los sectores público y privado. La estimación de la deuda externa a marzo de 1999 alcanza 140 mil millones de dólares; esto, comparado con los inicios de la convertibilidad, arroja un incremento del orden de 80 mil millones de dólares. A pesar de que el sector público es el principal emisor de dicha deuda, por 81 mil millones de dólares, el sector privado no financiero con 35 mil millones de dólares a fines de 1999 incrementó en diez veces su stock de deuda desde que se implantó el nuevo plan (véase el cuadro 12). Los crecientes niveles de endeudamiento del sector público determinaron que el equilibrio impositivo necesario para el sostenimiento del actual modelo debiera realizarse sin tomar en cuenta las distintas realidades de la sociedad argentina. La creciente carga de intereses de la deuda pública interna y externa modificó en forma sustancial la estructura del gasto público y exigió un importante incremento en los niveles de recaudación. El nivel de endeudamiento del sector público aumentó considerablemente la necesidad de financiamiento en los mercados de capitales como forma de compensar el déficit del sector público. Como lo demuestra el cuadro 13, considerando las privatizaciones y los intereses de la deuda pública (gran impacto de la reanudación de los pagos de intereses a partir de 1993, luego del Plan Brady), el déficit ha crecido en forma considerable en comparación con el nivel de 1991.

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CUADRO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

13 (EN MILLONES DE DÓLARES) Intereses pagados (deuda pública)

Superávit fiscal (déficit)*

3 795.0 1 890.0 2 914.0 3 150.3 4 083.5 4 607.9 5 745.0 6 660.3

(675.0) 3 030.0 2 730.5 (285.9) (1 373.3 (5 264.4) (4 276.6) (4 073.5)

*Incluye intereses e ingresos por privatizaciones. FUENTE:

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Los intereses de la deuda pública pasaron de representar 1.23% del PIB en 1993 al 2.31% en 1998, y utilizan 18% del gasto público presupuestado para el año 2000. El cuadro 13 muestra claramente cómo la caída de los ingresos por privatizaciones a partir de 1994, y la reanudación de los pagos de los intereses, revirtieron fuertemente el signo del resultado del sector público, el cual sufrió su mayor impacto en 1995 con el “efecto tequila”, y denota la clásica inflexibilidad del gasto con un constante crecimiento de los pagos por intereses de la deuda externa pública (principal componente de la tan mentada inflexibilidad). Esta situación queda legalizada y perfeccionada con la aprobación, en 1999, de la Ley de Responsabilidad Fiscal, también llamada de Convertibilidad Fiscal, que establece un límite al déficit fiscal en relación con el PIB, y del mismo modo lo hace con los niveles de endeudamiento estatal. Mucho se habló de reducir el déficit fiscal y el gasto público, en consonancia con los postulados del Consenso de Washington y pese a las privatizaciones y cesantías de empleados de la administración central, que contribuyeron a restar dos terceras partes de la planta permanente del estado nacional y sus empresas, casi 600 mil trabajadores; la realidad ha sido la de un presupuesto en expansión. La constante necesidad de recursos por parte del estado determinó una estructura impositiva de carácter regresivo y una baja presión fiscal en relación con otros países. El balance de la década apunta que, entre 1992 y 1998, la recaudación aumentó 27%, consolidándose como

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

CUADRO

14. PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS EN LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA 1992

Total Impuesto a las ganancias IVA neto Combustible y gas Otros Comercio exterior Seguridad social FUENTE:

169

1993

1994

100.0 100.0 100.0 6.8 35.2 6.7 16.5 5.5 29.3

11.3 37 4.9 10.5 5.8 30.5

13.0 36.2 4.6 10.0 6.2 30.0

1995

1997

1998

100.0 100.0 100.0

100.0

15.6 41.6 5.4 8.2 5.2 24.0

1996

15.7 41.9 5.4 7.7 5.2 24.1

17.2 40.8 8.1 6.4 5.8 21.7

19.0 40.6 7.4 6.9 5.6 20.5

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

principal tributo en materia de recaudación el impuesto al valor agregado (IVA), cuya recaudación se incrementó 47%, y que es representativo del 60% de la recaudación impositiva total. Sigue en orden de importancia el impuesto a las ganancias, el cual, aunque menos de la mitad del IVA en la recaudación, se incrementó un 255%. Ambos gravámenes, principal fuente de financiamiento tributario, reconocen el mayor índice de evasión y elusión fiscal. En el total de lo recaudado (impuestos, aduana, seguridad social) se observa que el IVA representa 40.6%, ganancias 19.0%, seguridad social 20.5%. En 1992 la situación era: IVA 35.2%, ganancias 6.8%, seguridad social 29.3% del total recaudado. La reducción en la recaudación de la seguridad social y el aumento del gasto muestran el desfinanciamiento y la crisis del sistema previsional, tal como lo mencionamos en apartados anteriores. En 1993, tomando el PIB a precios de ese año, la recaudación tributaria representaba 16.6% del mismo, mientras que en 1998 fue del 17.37% (calculando el PIB con la tasa de crecimiento provisional del 3.8%), mientras que los gastos corrientes que incluyen los intereses de la deuda pasaron de 18.7% del PIB a 19.8 en los años mencionados. En este análisis queda demostrado que el aumento en materia recaudatoria fue absorbido por el incremento correspondiente del gasto (las tasas de crecimiento en el periodo 1993-1998 fueron de 27% y 28%, respectivamente) y la modificación de la estructura del gasto fue dirigida a achicar los gastos corrientes para hacer frente a los gastos en materia de intereses. En relación con el gasto se observa (1993-1998) un aumento del

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orden del 28%, mientras que el cambio en su composición ha sido el siguiente: los intereses de la deuda han elevado su participación del 6.58% al 11.67%; los montos destinados a la seguridad social pasaron de 28.3% de los gastos corrientes a 30.6%, mientras que la gran disminución fue evidenciada en el rubro gasto de consumo y operación, que incluye las remuneraciones del sector público y la compra de bienes y servicios, el cual pasó de 27.8% a 16.4%. Al mismo tiempo se verifica en la actualidad un fuerte deterioro de las prestaciones de la seguridad social.

CONCLUSIONES

La finalización de la década de 1980 estuvo acompañada por importantes modificaciones en el funcionamiento de la economía, el estado y la sociedad argentinos, las que venían procesándose desde mediados de los años setenta. El nuevo gobierno (Menem, 1989) se encontró frente a una situación en la cual la inflación y la descapitalización de la economía eran los puntos más visibles que se reclamaba modificar. En realidad las medidas adoptadas respondieron a una restructuración que no sólo atendió dicha problemática heredada, sino que fue mucho más allá e implicó una adecuación del rumbo que posibilitó la profundización de un modelo delineado esencialmente a partir del golpe de estado de 1976, y cuyo eje central remite a la concentración y la centralización del capital. La visible reducción inflacionaria es un hecho. El crecimiento del PIB debe relativizarse en relación con la baja actividad en el decenio de 1980, especialmente el muy bajo nivel de 1989. El dato relevante, sin embargo, está dado por el elevado costo que se ha generado en materia social. Es la contrapartida más evidente que se puede apreciar ante la baja inflacionaria y los registros de crecimiento. La política destinada a contener la inflación (desde la apertura indiscriminada de la cuenta corriente, la liberalización de la cuenta de capitales, la desregulación de los mercados, hasta el Plan de Convertibilidad) impactó en el mercado de trabajo, produciendo la destrucción de puestos laborales, caídas en los salarios reales de los trabajadores y precarización de las condiciones de trabajo. Por su parte, el crecimiento del producto (mostrado por registros estadísticos fuertemente cuestionables), que había sido considerado como una condi-

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

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ción suficiente para el derramamiento del bienestar hacia el resto de la población, no tuvo su correlato en los niveles de vida de la misma, impactando de manera regresiva, al igual que lo hizo en épocas anteriores, en la distribución del ingreso, y quedando de esta forma fuertemente cuestionado uno de los principales postulados con los que el neoliberalismo justificó la implantación de las políticas. La redistribución regresiva del ingreso fue la consecuencia lógica del sendero por el cual fue obligada a transitar la economía. Es decir, si bien la internacionalización de los movimientos de capitales y mercancías es un proceso que ya a finales de los ochenta y principios de los noventa se encontraba en pleno auge, la rapidez y virulencia con que la economía fue integrada al nuevo contexto mundial se tradujo en un mayor grado de vulnerabilidad ante los choques externos, los que difícilmente pueden ser amortiguados en virtud de las limitaciones en materia de políticas activas, acentuadas con el régimen de convertibilidad. La libre entrada y salida de capitales allanó el terreno para el aprovechamiento de importantes rentas financieras derivadas de las altas tasas de interés y del proceso de privatizaciones encarado por el gobierno, las cuales no sólo implicaron un fuerte ingreso de capitales (los que a su vez permitieron el boom de los primeros años de la convertibilidad), sino también una fuerte contracción ante cambios en las condiciones internacionales, con las consiguientes caídas en los niveles de actividad interna, que afectan por lo tanto los niveles de empleo y las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad. La apertura y la revaluación del tipo de cambio desempeñan un papel clave a la hora de evaluar el papel de Argentina en el contexto internacional. La entrada de productos importados fue utilizada como un mecanismo para disminuir la inflación, pero terminó desencadenando a su vez un modelo de aguda desindustrialización, que explica una de las causas fundamentales del desempleo crónico en la década de 1990: la integración al mercado mundial, el cual mantiene el antiguo esquema de división del trabajo, en el que se acentúa la primarización del esquema exportador (con gran participación de productos como el petróleo y el gas, los cuales, debido a la intensidad de extracción y a la ausencia de inversiones en materia exploratoria, encuentran serios límites para su desarrollo futuro), y la dependencia de las importaciones de manufacturas de origen industrial. En función de lo anterior, se verifican fuertes déficit comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que en el co-

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mercio con Brasil el saldo ha sido deficitario en la primera etapa de la década, registrando ligeros superávit en la actualidad. De todas formas, y a pesar de haberse incrementado el comercio intrazonal (Mercosur), nos enfrentamos con una estructura cuyo principal sector productor de manufacturas de origen industrial se caracteriza por el ensamblaje y la exportación posterior, con un valor agregado generado internamente apenas significativo. Las perspectivas respecto al papel en el comercio que ocupará Argentina en los próximos años no son para nada favorables, y dependen en gran medida de lo que pueda ocurrir en las rondas de negociaciones que se lleven a cabo en los ámbitos donde predominan los intereses de las principales potencias mundiales, que lejos de intentar inducir modificaciones en las pautas del comercio mundial tienden a perpetuar los patrones de especialización vigentes. El cambio de funciones del estado, que muchos presentan como “achicamiento”, afirma su “aparente” desaparición mediante la política de privatizaciones y de cesantías. A la vez, y curiosamente, el incremento en los niveles de gasto, junto a la expansión del endeudamiento público (en 1999 alcanza 114 mil millones de dólares) señalan parte de la nueva función del estado en la asignación de recursos para las nuevas modalidades de acumulación de capitales. El nuevo papel del estado es uno de los hechos más significativos en materia de transformaciones ocurridas en el transcurso de los noventa. El balance de la década, en este sentido, nos enfrenta con un estado que liquidó sus activos en empresas, lo cual, junto con los pagos de intereses de la deuda pública, que se han transformado en el componente más importante del presupuesto nacional y principal causal del desplazamiento de gastos hacia otras áreas fundamentales de la economía, ha generado una grave situación de desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Además se verifica una excesiva carga tributaria sobre los sectores de menores recursos, todo en aras de facilitar la apropiación de renta por los capitales más concentrados e incluso el incremento sustancial de la remesa de utilidades al exterior. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en los años noventa se ha producido en nuestro país un fuerte proceso de concentración empresarial, estrechamente vinculado al proceso de privatizaciones y de valoración del capital que se generó a su alrededor, podemos concluir que la desaparición del estado no ha sido más que “aparente”, en el sentido de que ha desempeñado un papel fundamental a la ho-

LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

173

ra de defender los intereses de los grupos dominantes y de garantizar la lógica regresiva de un modelo impuesto por una elite dominante, la cual encuentra en el desempleo, en la fragmentación social y en los crecientes grados de polarización su arma más efectiva para alcanzar sus objetivos de acumulación de la riqueza nacional.

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LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

GRÁFICA

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1. TASA DE INFLACIÓN

20

Porcentaje

15 10 5 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1996

1997

1998

-5 -10 Años IPC

GRÁFICA

IPM

2. PIB REAL

20

Porcentaje

15 10 5 0 1991

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-5 -10 Años IPC

IPM

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ATILIO A. BORÓN Y JULIO GAMBINA

GRÁFICA

3. EL DESEMPLEO EN LA CONVERTIBILIDAD

35 30

% PEA

25 20 15 10 5 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Años

11Desocupación Desocupación Subocupación 22 Subocupación (1+2) Subutilización dede la fuerza de trabajo (1+2) Subutilización la Fuerza de Trabajo

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4. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

40 35

% del PBI

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30 25 20 15 10 5 0 1

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LA TERCERA VÍA QUE NO FUE

5. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA

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Millones de U$S

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Años Años Sector público no financiero y Banco Central Pub. No Financiero y Banco Central SectorSector privado no financiero Sector Privado No Financiero Financiero sin Banco SectorSector financiero sinCentral Banco Central Total Deuda Externa Total deuda externa

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6. RESULTADO DEL SECTOR PÚBLICO

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6000 4000 2000 0 1991

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-2000 -4000 -6000 Años Intereses pagados deuda pública Intereses pagados Deuda Publica

Superavit Fiscal(déficit). (déficit).Incluye Incluyeintereses int.deuda pública y priv. Superávit fiscal deuda pública y privada

LA TERCERA VÍA HACIA NINGUNA PARTE: LAS LECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE CLINTON* JEFF FAUX**

Los socialdemócratas del mundo desarrollado han perdido su brújula política. Ya no tienen una visión de futuro que los distinga de los conservadores. La causa de esta declinación es una convergencia completa de muchas tendencias. Incluye el triunfo del capitalismo después del derrumbe de la Unión Soviética, la desindustrialización de las economías occidentales y las tensiones de las luchas por la igualdad racial y de género. También refleja la movilización estratégica de las clases inversionistas que apoyan la acción y las ideas políticas conservadoras. Uno de los efectos de esa movilización es la aceptación generalizada de una historia más simple de por qué la izquierda democrática perdió su dirección política. De acuerdo con esa versión los socialdemócratas, después de su éxito electoral tras la segunda guerra mundial, se alejaron del votante ordinario debido a una fe anticuada en la burocracia centralizada y una preocupación excesiva por la libertad cultural y el bienestar de las minorías raciales, las feministas y otros subgrupos. Además, según esta perspectiva, la izquierda fue hechizada por los sindicatos que eran obstáculos al progreso económico. Como resultado, los votantes abandonaron los partidos socialdemócratas y se inclinaron hacia los políticos derechistas como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuyos programas económicos de laissezfaire parecían acomodarse con mayor facilidad a las necesidades de la “nueva” economía para la flexibilidad y la innovación. Ciertamente hay “algo” de verdad en esta versión pero, al menos en Estados Unidos, dista mucho de ser la historia completa. Sin embargo la mercadotecnia exitosa de esta lectura de la historia política creó una oportunidad para que las fracciones de orientación empre* Traducción de Edward Bush Malabehar. Revisión de la traducción a cargo de John Saxe-Fernández y Diego Bunge Vivier. ** Doctor en economía, fundador y presidente del Economic Policy Institute en Washington.

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sarial de los partidos socialdemócratas asumieran el liderazgo bajo un nuevo paradigma —la tercera vía— que apoyara sus intereses. La evidencia de que esta tercera vía está sincronizada con las realidades económicas y sociales del siglo XXI es —se dice— el éxito político de Bill Clinton y, más recientemente, de Tony Blair. Uno de los promotores estadunidenses más prominentes de la tercera vía, Al From, la describe como “la patente mundial para la política progresista en la era de la información. En Estados Unidos la marca local es el nuevo demócrata; en Gran Bretaña se los llama nuevos laboristas” (From, 1998). Recientemente se ha difundido la etiqueta y a menudo se ha aplicado mal a prácticamente todo nuevo líder del mundo occidental, incluyendo a Chrétian de Canadá, Prodi de Italia, Jospin de Francia, Salinas y Zedillo de México, Schröder de Alemania, Cardozo de Brasil, Menem de Argentina, ¡incluso Yeltsin y Putin de Rusia! Aun sin tal exageración la mercadotecnia de la tercera vía ha sido muy eficaz. Como toda buena campaña publicitaria, empezó con un producto y creó una necesidad. Convenció a sus clientes socialdemócratas de que necesitaban una liberación instantánea del bagaje político del pasado que los vendedores mismos habían definido. Precisamente porque la expresión “tercera vía” es tan ambigua, proporcionó a los políticos y consejeros ambiciosos la ventaja de la flexibilidad, una apariencia de realpolitik admirada por los periodistas que cubren su carrera. Pero para los que pertenecen a las principales corrientes de izquierda que buscan un camino político viable para el futuro, el tema central es si la tercera vía representa una estrategia nueva para apoyar los valores socialdemócratas en la era de la posguerra fría, o si sólo es un lema ingenioso creado para hacer de la capitulación conservadora algo intelectual y moralmente respetable. Los defensores de la tercera vía insisten en que se trata de lo primero, es decir, de una nueva dimensión de la política situada “más allá de” —en lugar de “entre”— la izquierda y la derecha. “Nuestra plataforma —dice Bill Clinton— no es liberal ni conservadora. Es ambas y es diferente” (Clinton, 1991). De acuerdo con Tony Blair, la tercera vía “no es simplemente un compromiso entre la izquierda y la derecha [...] Nuestro enfoque no es laissez-faire ni estatista” (Blair, 1998). Clinton y Blair son dos de los políticos más elocuentes de esta época, y se rodean de consejeros y fabricantes de discursos muy hábiles,

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pero sus definiciones de la tercera vía dejan al observador sin una pista de lo que significa. En una conferencia sobre la tercera vía, en Nueva York, Clinton explicó que su objetivo es ser “moderno y progresista” y “evitar las opciones falsas”. Blair añadió que era “una alianza entre el progreso y la justicia” y que “busca tomar los valores esenciales del centro y de la centro-izquierda, y los aplica a un mundo de cambios sociales y económicos fundamentales”. Desafortunadamente para aquellos que buscan la claridad, estos sentimientos vagos podrían haber sido expresados por George Bush o John Major. Con el fin de iluminar la insensatez de tales frases Joerg Haider, el líder neofascista austriaco, dice de su propio movimiento: “No somos ni de derecha ni de izquierda, sólo estamos al frente” (Haider, 2000). Obviamente tales definiciones no ayudan en nada. Sin embargo, al leer las circulares y escuchar los discursos de los promotores de la tercera vía, uno encuentra ideas que sí representan un claro cambio filosófico del pensar socialdemócrata tradicional en dos aspectos importantes. En primer lugar hay un cambio en el concepto de la relación entre el gobierno y la empresa. En la tradición de la socialdemocracia el gobierno utiliza el mercado como instrumento para lograr los objetivos nacionales. La socialdemocracia reconoce que el empresariado debe ser independiente en su propio terreno y tiene el privilegio de exigir la atención del gobierno, mas los valores morales que guían a la sociedad son políticos y se revelan a través del ejercicio de la democracia política. La tercera vía define el papel del gobierno como moral y funcionalmente inferior al del mercado. El papel del gobierno no es conducir, sino proporcionar a los individuos las herramientas que necesitan para beneficiarse de lo que el mercado decida. Por encima de la retórica de los “valores de la familia” de la tercera vía están los del mercado. En segundo lugar, la tercera vía ignora el conflicto social. Por más alejada que esté de las influencias marxistas, en las economías avanzadas la socialdemocracia generalmente ha retenido un sentido de lucha de clases. Después de aceptar el capitalismo, la socialdemocracia ha visto la política como un choque legítimo entre grupos de “quién obtiene qué”. En los panfletos de la tercera vía los temas de la distribución han sido expurgados de la política. Se plantea la suposición —siguiendo los supuestos de la economía neoclásica— de que la distribución del ingreso y de la riqueza es por entero una función

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de la productividad de cada cual en el mercado. En palabras de Bill Clinton, “lo que ganas depende de lo que aprendes” (Clinton, 1998). Clinton, por supuesto, ha sido la inspiración para la tercera vía. Hemos tenido más de siete años de su presidencia en Estados Unidos, tiempo suficiente para juzgar lo que nos dice la experiencia acerca de la utilidad de la tercera vía como un medio para: 1. entender las dificultades de las corrientes principales de la izquierda; 2. reconstruir los partidos socialdemócratas, y 3. dirigirse a los temas que confrontan las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo a principios del siglo XXI. Con base en la experiencia estadunidense hasta ahora, la tercera vía no ha cumplido su declaración de ser un camino alternativo genuino para la izquierda democrática. Esto no significa que una segunda o tercera generación de la tercera vía no tendría éxito en otras partes y en otras circunstancias. Tampoco significa que los partidos de la izquierda democrática no tendrán que adaptarse a un medio ambiente político y económico que cambia rápidamente. Pero sugiere de manera muy persuasiva que la socialdemocracia debe analizar muy cuidadosamente este modelo antes de adoptarlo.

LA TERCERA VÍA ESTADUNIDENSE COMO ANÁLISIS HISTÓRICO

En sus orígenes estadunidenses la tercera vía fue expresada, no como una gran filosofía política, sino como una respuesta táctica a la derrota del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 1980 y 1984. Al principio los promotores de la tercera vía fueron llamados los “nuevos demócratas”, procedentes principalmente de las fracciones conservadoras sureñas y los comerciantes norteños del Partido Demócrata. A mediados de los ochenta argumentaban que el partido estaba dominado por los “fundamentalistas liberales” de la izquierda extrema —grupos de minorías, sindicatos, feministas y blancos de elite—, que estaban desconectados del estadunidense común y corriente. Según esta teoría los demócratas obreros tradicionales gradualmente subieron por la escala de la movilidad social y se mudaron a las periferias urbanas, donde se preocupaban más por las tasas de delincuencia y por mantener su distancia de los pobres que por la lucha de clases y la justicia económica. Los nuevos demócratas insistían en que, para ganar las elecciones, el partido tenía que pres-

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tar más atención a los temas sociales conservadores y menos a las cuestiones de seguridad económica. No estaban del todo equivocados. El Partido Demócrata sí había sido identificado con el liberalismo social que había debilitado su posición con la clase obrera blanca, particularmente en el sur. Sin embargo el punto se exageraba demasiado. No hay una lectura razonable de la historia política reciente en Estados Unidos que apoye la premisa de que una coalición extremista de las minorías y los liberales blancos dominaba el Partido Demócrata. Con excepción de la candidatura de George Mc Govern en 1972, cuya plataforma fue contra la guerra en Vietnam, todas las campañas presidenciales de los demócratas de los años sesenta a los ochenta se manejaban con base en plataformas centristas.1 Estos demócratas, por muy centristas que fueran, desde luego fueron tipificados por sus rivales republicanos como los defensores, fiscalmente irresponsables, de programas de “impuestos y gastos” propios de los planes estatistas de beneficencia que estaban destruyendo la ética de trabajo del país. Los nuevos demócratas se apropiaron de esa caricatura republicana, la cual, con base en hechos objetivos, era históricamente errónea. Veamos tres ejemplos. Primero, la imputación de que los líderes previos del Partido Demócrata habían sido “fiscalmente irresponsables” fue hecha por los nuevos demócratas durante una década en que los republicanos, bajo el “conservador” Ronald Reagan, habían incrementado la deuda pública estadunidense de un billón a cinco billones de dólares. Con todo, los candidatos presidenciales del Partido Demócrata de la época —Michael Dukakis (1988), Walter Mondale (1984), Jimmy Carter (1976, 1978) e incluso George Mc Govern (1972)— eran mucho más responsables fiscalmente que Ronald Reagan y George Bush. En cuanto a los “impuestos y gastos”, el registro real demuestra lo contrario. Jimmy Carter, el ex presidente demócrata (1976-1980), “redujo” los impuestos a mediados de su mandato. Previamente el demócrata Lyndon Johnson (1963-1968) administró un presupuesto en déficit para financiar la guerra de Vietnam, que los nuevos demócratas tendían a apoyar. El presidente demócrata anterior a él, John F. Kennedy (1961-1963), redujo los impuestos al igual que Harry 1 Con respecto al debate detallado acerca de la imputación neodemócrata del Partido Democrático, véanse Jeff Faux, “Myth of the new democrat”; Will Marshall, “Friend or faux”; Jeff Faux, “The evasion of politics”, en Buinham, 1995.

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Truman (1945-1952). Se necesita remontarse unos sesenta años, hasta el financiamiento de la segunda guerra mundial por Franklin E. Roosevelt, para encontrar un presidente demócrata que podría describirse como alguien que deliberadamente persigue una política económica de “impuestos y gastos”. Segundo, la imputación de que los demócratas liberales proponían un gobierno grande, a diferencia de los republicanos que proponían uno pequeño, era en gran parte un eco de la retórica conservadora. A diferencia de Europa, Estados Unidos no tiene una historia de empresas públicas, fuera de unos sectores pequeños de servicios públicos. En general el papel del gobierno se ha limitado siempre a aquellos servicios que el sector privado no quería o no podía proporcionar. Y la mayor parte del servicio público social, de la capacitación y los programas educativos, ha sido administrada por las localidades y los estados pequeños, no por un gobierno federal grande. Históricamente, los demócratas y los republicanos estaban divididos no por las diferencias en el “tamaño” del gobierno, sino sólo por el “objetivo” del mismo. Los republicanos querían un papel mayor del gobierno en la defensa, la apertura de mercados extranjeros y la regulación del comportamiento social. Los demócratas querían un papel mayor para el gobierno en cuanto a los esfuerzos de asegurar una mejor distribución igualitaria de riqueza e ingresos, y de regular los excesos del mercado. Lo que no deja de ser interesante es que los programas nacionales más apreciados por el electorado tienden a ser aquellos administrados por un gobierno federal grande, por ejemplo la seguridad social, Medicare, el Servicio Nacional de Parques y los programas de veteranos. Esto no indica que la crítica de los problemas gubernamentales promovida por los demócratas no estuviese fundamentada. Los nuevos demócratas subrayaban correctamente la importancia de introducir al gobierno nuevos métodos de administración. La idea de “reinventar” las instituciones públicas es importante. El gobierno necesita ser reinventado continuamente para hacerse receptivo a las necesidades de sus ciudadanos. Pero los demócratas de la tercera vía están lejos de ser los primeros en establecer este punto. De hecho Jimmy Carter y Lyndon Johnson, los presidentes demócratas que precedieron a Clinton, se obsesionaron por microadministrar el gobierno con el fin de ahorrar dinero. Es un hecho que por mucho tiempo la clase media ha desdeñado el gobierno grande en términos abstractos, pero en lo particular lo

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apoya. Así, en enero de 1996 Bill Clinton declaró que “la era del gobierno grande ha terminado”. Sin embargo ganó la elección en noviembre de ese año tras atacar a los republicanos por querer desmantelar los grandes programas federales que proporcionan atención médica a los ancianos, auxilian la educación, protegen el medio ambiente y aumentan el salario mínimo. Su única concesión a la derecha, en ese año electoral, fue firmar una nueva ley que restringe los pagos de beneficencia a madres solteras de bajos ingresos con hijos pequeños, sugiriendo que la era del gobierno grande se había acabado sólo para los pobres. Dos años después Clinton y los demócratas ganaron cinco lugares en la Cámara de Representantes en el año electoral de 1998, con una campaña basada en defender el programa gubernamental de la seguridad social, abogar por que el gobierno federal pagara a cien mil maestros locales, y presionar por una regularización federal más estricta de las organizaciones de salud. De este modo los programas gubernamentales grandes fueron más importantes que Monica Lewinsky y la reducción de impuestos prometida por los republicanos. Tercero, la idea de que los demócratas estaban en contra de los valores de la responsabilidad personal era otra caricatura que los demócratas de la tercera vía tomaron prestada de los republicanos. En general el término “responsabilidad” era un código para la palabra “raza”. De hecho, parecía que los nuevos demócratas estaban obsesionados por los temas racialmente delicados de la beneficencia y el crimen, que hacían de las minorías chivos expiatorios. Esta postura gozaba de atracción política, mas distaba de ser una tercera vía. Irónicamente, la mayoría de quienes clamaban por una responsabilidad personal entre los pobres provenía de los políticos negros; el más prominente fue Jesse Jackson, el principal objetivo de los ataques por parte de los nuevos demócratas. Los nuevos demócratas acusaron a los “antiguos” demócratas de haber erosionado los valores familiares y los incentivos laborales tras favorecer la beneficencia a principios de los años setenta. Mas esta expansión ocurrió, no bajo la gran sociedad del Partido Demócrata, sino durante el periodo administrativo del republicano conservador Richard Nixon. En parte fue una reacción contra los programas políticamente amenazadores de desarrollo comunitarios y de autoayuda defendidos por la nueva izquierda de los sesenta, que amenazaban con democratizar el poder político. Los demócratas de la tercera vía culparon a los “fundamentalistas liberales” de haber disgregado las

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familias con políticas que proporcionaban beneficios sólo a las madres solteras. Pero el sistema había sido creado con base en la insistencia de los conservadores republicanos, que no querían que la beneficencia llegara a las familias en las que había un hombre en la casa. Retórica aparte, las propuestas específicas para la beneficencia de los nuevos demócratas a menudo eran aquellas por las cuales los antiguos demócratas habían estado abogando durante muchos años: capacitación, educación, guarderías, etc. Acerca del tema del crimen, exigían que hubiera más patrullas en las calles, otra demanda tradicional de los sectores progresistas. Hubo una excepción notoria: Bill Clinton y los nuevos demócratas favorecieron con mucho estrépito la ampliación de la pena de muerte. Clinton fue la clave para aumentar el número de crímenes federales a los cuales podía aplicarse la pena de muerte, e hizo que fuera más difícil evitar la ejecución de personas inocentes. Así, a modo de una crítica del programa de la principal corriente de la izquierda en la política estadunidense, los nuevos demócratas ofrecieron poco que fuera nuevo o progresista. De hecho su estrategia fue apropiarse de la caricatura —fomentada por los conservadores durante décadas— del Partido Demócrata como nido de extremistas de izquierda. La contribución a la política de la tercera vía fue convencer al electorado de que los conservadores habían tenido la razón todo el tiempo.

LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

Los demócratas de la tercera vía proclaman que los valores de un partido de centro-izquierda pueden ser promovidos por políticas y programas centristas. El centrismo no es nada nuevo en la vida política estadunidense. Como táctica electoral, tiene un atractivo perenne postularse como alguien práctico que resuelve problemas sin cargas ideológicas. Con alrededor de 30 a 40% de los votantes en cada uno de los dos campos ideológicos, la contienda es casi siempre por el centro, donde la moderación tiene el mayor atractivo. Así fue para los demócratas Franklin E. Roosevelt y John F. Kennedy y para los republicanos Richard Nixon y Ronald Reagan. Pero en el mundo de la tercera vía el centro siempre es cambian-

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te. Así, en la asamblea del Partido Demócrata de 1984 los nuevos demócratas aclamaron al candidato presidencial Walter Mondale y su compromiso con la responsabilidad fiscal como el triunfo de sus ideas. Cuando Mondale perdió la elección declararon que era una prueba de que la perspectiva de los demócratas tradicionales estaba en bancarrota. Cuando Michael Dukakis ganó la candidatura del Partido Demócrata en 1988, los nuevos demócratas lo alabaron como un pragmático moderado que había podido derrotar al fundamentalista liberal, Jesse Jackson. Cuando Dukakis perdió, lo tacharon de fundamentalista liberal. Ni siquiera Bill Clinton pudo evitar el afán continuo de los nuevos demócratas por reescribir la historia. Después que el Partido Demócrata perdió las elecciones de 1994 los nuevos demócratas más prominentes hablaban públicamente de abandonarlo porque era demasiado liberal. En un documento de 1989, The politics of evasion, que llegó a ser el manifiesto guía de su movimiento, los nuevos demócratas exhortaron al Partido Demócrata a que escogiera un candidato “centrista”, quien fuera “creíble como comandante en jefe” y reflejara “los valores sociales y los sentimientos morales del pueblo estadunidense” (Glaston y Kamark, 1998). Argumentaban que los temas económicos eran secundarios. Se equivocaron enormemente con la siguiente elección. Bill Clinton había evitado ser reclutado para la guerra en Vietnam y definitivamente no era creíble como comandante en jefe. Y sus faltas morales personales, incluso en ese tiempo, eran perfectamente conocidas por los votantes. En cambio Clinton se postuló como un demócrata populista y tradicional. El tema de mayor importancia en su campaña, en palabras de su coordinador de la misma, fue: “es la economía, tonto”. Si en noviembre de 1992 la tasa de desempleo hubiese sido de 5.5%, en lugar de 7.5%, George Bush definitivamente habría sido reelegido. Clinton también hizo su campaña sobre una plataforma que implicaba más gasto social por parte del gobierno. Pero tras ser elegido no pudo convencer al Congreso de aceptar su plan de inversiones, así que cambió su objetivo por el de equilibrar el presupuesto. Existen algunos desacuerdos en torno a la responsabilidad de Bill Clinton de expandir la economía estadunidense bajo su mando. El punto político importante es que fue el disgusto por la economía el que eligió a Bill Clinton en 1992, y no los temas sociales de los nuevos demócratas o una mayor credibilidad en asuntos militares. En

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1996 Clinton de nuevo hizo su campaña como demócrata populista y también ganó esa elección merced a la base demócrata tradicional de los sindicatos, grupos de minorías y obreros, a quienes los nuevos demócratas habían consignado a los basureros de la historia. Clinton regresó a la tercera vía sólo después de la elección. Y gracias al buen estado de la economía estadunidense pudo salvar su vida política cuando se vio inmerso en un escándalo sexual de mal gusto. A pesar de la expansión económica, el poder del Partido Demócrata, comparado con el del Republicano conservador, declinó dramáticamente con Bill Clinton. El día antes de las elecciones presidenciales de 1992 el Partido Demócrata tenía una ventaja de cien curules en la Cámara de Representantes. Después de las elecciones de 1998, a pesar de las curules ganadas, se encontraba en la minoría por doce miembros. En 1992 el partido aventajaba con una mayoría de 14 votos en el Senado. Hoy se encuentra en la minoría por diez votos. En 1992 los demócratas tenían treinta gubernaturas; hoy tienen 17. En conjunto, en 1992 había 1 537 más demócratas que republicanos en las legislaturas estatales. Hoy esa ventaja se ha reducido a 359. La porción de los demócratas en el voto bipartidista en la Cámara de Representantes cayó de 54% en 1992 a menos de 50% en 1998. Como lo ha demostrado el analista político Ruy Teixeira, del Economic Policy Institute, el fenómeno impulsor es la pérdida de apoyo de los votantes no universitarios de bajos y medianos ingresos, quienes no están convencidos de que el programa económico del partido los puede beneficiar. Así, los demócratas, motivados principalmente por el temor a los republicanos, se quedan con una base de los sindicalistas y los negros. Aún va a los republicanos el grueso del voto de los universitarios y los ciudadanos de altos ingresos, tan preciados por la tercera vía. El debilitamiento del partido está implícito en el paradigma de los nuevos demócratas, porque un partido fuerte que funciona bien es un obstáculo para un líder cuya virtud más sublime es el pragmatismo. Una postura que exalta la flexibilidad política requiere que se ponga más poder en las manos del líder, que puede maniobrar más eficazmente que una institución democrática. Si el fin, en lugar de los medios, es una negociación, uno no desea tener el peso de un compromiso con un objetivo claro. El líder de tal movimiento político necesita la libertad de reinterpretar para sí el objetivo del partido, estando informado tal vez por la opinión pública.

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De modo semejante, las instituciones sociales que apoyan la izquierda democrática en Estados Unidos también han sido debilitadas por la tercera vía en los últimos siete años. A pesar de su promesa a los sindicatos estadunidenses durante la campaña de 1992, Bill Clinton no pudo conseguir los votos para la muy necesaria reforma de la ley laboral que hace de Estados Unidos el lugar del mundo avanzado donde resulta más difícil organizar a los obreros. Como resultado, la porción sindicalizada de la mano de obra ha seguido declinando. Hoy, de esa porción sólo queda 14% de la mano de obra. También ha habido un debilitamiento general del poder de las organizaciones no gubernamentales (ONG) progresistas, el “tercer sector” que la tercera vía suele dar como alternativa al gobierno. El desgaste del medio ambiente, de los pobres y de las ONG de consumidores ha sido resultado, en parte, de los cortes del presupuesto nacional, y en parte de la expansión de las ONG conservadoras con el apoyo de las corporaciones y los grupos políticos derechistas. La transformación conservadora del movimiento de las ONG ha dejado en claro la ingenuidad de la propuesta de la tercera vía en el sentido de que la responsabilidad de los programas públicos se realiza mejor con las ONG que se designan a sí mismas como representantes del pueblo que con las instituciones de un gobierno democrático.

SIN ESTRATEGIA PARA LA ECONOMÍA GLOBAL

La versión neodemócrata de la tercera vía comenzó como un intento de trasladar la plataforma del Partido Demócrata, de los temas concernientes a la distribución de los ingresos a un conservadurismo social y una política exterior promilitar. Pero con el final de la guerra fría los temas económicos definieron una vez más la política estadunidense y fueron la razón de las victorias de Bill Clinton en 1992 y 1996. En respuesta, los mercaderes de la tercera vía cambiaron sus lemas, proclamando un nuevo paradigma para la economía global. En esencia, este nuevo paradigma es una expresión de la plataforma neoliberal de la comunidad corporativa multinacional. No es fortuito que el apoyo financiero para las organizaciones de los nuevos demócratas haya provenido en gran parte de la empresa privada, en particular del sector financiero.

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Los defensores de la tercera vía nos dicen que los problemas económicos del mundo tienen su origen en una excesiva interferencia gubernamental en el mercado, que si se lo deja en paz es autorregulador y estable. Así, para asegurar que la prosperidad continúe, el capital y los mercados de trabajo, tanto nacionales como internacionales, deberían ser desregulados y liberados de las ataduras impuestas por los sindicatos y la protección gubernamental de los trabajadores. Hacer más “flexibles” los mercados laborales incrementará la productividad, lo que automáticamente mejorará los niveles de vida de los trabajadores, quienes ya no tendrán que negociar colectivamente. El gobierno debería apartarse del camino del mercado libre y dejar de intentar garantizar los “resultados”. Su quehacer consiste en darles a los individuos de escasos recursos “oportunidades” de educarse, recibir capacitación y acumular capital. Donde el gobierno desempeñara cualquier papel debería hacerlo de la manera más descentralizada posible. Se da como prueba de validez de estas ideas el fuerte desempeño de la economía estadunidense a lo largo de los siete años de la presidencia de Clinton. Definitivamente Estados Unidos ha experimentado una expansión económica fuerte desde 1992, mas debemos ponerla en perspectiva. De acuerdo con las pautas históricas, es mediana la tasa de crecimiento en la producción, los empleos y la inversión, un poco mejor que durante algunos ciclos comerciales, un poco peor que en otros. Ha durado más que otras expansiones comerciales modernas, que comúnmente han sido frustradas cuando las autoridades monetarias de Estados Unidos reaccionaban a causa de la inflación de los precios debida a las guerras o las crisis de abasto de energía externa. Los años noventa han tenido suerte por la ausencia de ambos factores. De acuerdo con algunas medidas fundamentales del desempeño económico, la economía estadunidense en la mayor parte de los noventa estuvo por debajo de la de otras naciones avanzadas. Por ejemplo, de 1990 a 1998 el PIB norteamericano per cápita creció más lentamente que el de Alemania o Japón, y no más rápido que el del Reino Unido, Francia e Italia. Durante este periodo el crecimiento de la productividad fue más alto entre todas las naciones del Grupo de los 7, con excepción de Canadá. Los cálculos recientes del U. S. Business Conference Board, una fuente prestigiosa de estadísticas empre-

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sariales, demuestran que la productividad promedio en Francia, Alemania, Holanda y Bélgica ha alcanzado a la de Estados Unidos.2 Lo extraordinario de la expansión actual del ciclo empresarial no es el desempeño macroeconómico normal de la economía estadunidense, sino el desempeño anormal y pobre de las economías de la Unión Europea y Japón durante el mismo periodo. En Europa el crecimiento ha sido restringido dadas las dificultades y las incertidumbres de la unión monetaria y la reunificación de Alemania. En Japón se ha estancado debido a la grave crisis financiera y la renuencia del gobierno japonés a utilizar los fondos públicos para restructurar su sistema bancario (un contraste irónico con la disposición de las administraciones estadunidenses de laissez-faire en los años de Reagan y Bush a interferir en el mercado durante la crisis bancaria de los años ochenta). Por supuesto, durante el último ciclo empresarial la creación de empleos ha sido mayor en Estados Unidos, en gran parte como resultado de una política monetaria más laxa y una expansión de la deuda del consumidor privado que, por primera vez desde 1933, ha impulsado la tasa de ahorro personal hacia cifras negativas. El secreto del vigoroso mercado laboral norteamericano no es una “nueva” historia de flexibilidad (de hecho, los mercados laborales de Estados Unidos son un poco menos flexibles en el 2000 que en 1992), sino la “antigua” historia de la posición única del dólar estadunidense, la cual permite que el país continúe pidiendo prestado al resto del mundo para el consumo. Ha sido esencial para servir al crecimiento la disposición de la Reserva Federal de Estados Unidos a bajar las tasas de interés durante la mayor parte de la expansión de la economía estadunidense en los años noventa y, hasta hace poco, a mantenerlas bajas. En esto la administración de Clinton puede tener algo del crédito. Alan Greenspan, el director de la Reserva Federal, es un conservador que se opone al gasto gubernamental. A principios del primer mandato de Clinton la prioridad del presidente fue eliminar el déficit del presupuesto, principalmente con los recortes en los gastos nacionales. Al mismo tiempo que bajaba el déficit del presupuesto federal, Greenspan acordó hacer una reducción gradual en las tasas de interés. Es razonable argumentar que si Clinton no hubiera recortado los gastos Greenspan no habría permitido la expansión de la política monetaria. 2 Para

una comparación a fondo véase Schmitt y Mishel, 1998.

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Esto fue un logro político, no un resultado de estrategias económicas. De hecho la tercera vía no tiene un componente macroeconómico único. Su objetivo es abrirle espacios al poder financiero y empresarial. En este caso Clinton completó el paso de la autoridad sobre la administración económica del gobierno elegido a la banca central, que en Estados Unidos es una institución independiente, la cual en general se encuentra en manos de la industria financiera. Este cambio ha sido acompañado por un movimiento gradual y estable hacia la ortodoxia financiera del siglo XIX. A principios de su mandato Bill Clinton defendió incrementar el déficit presupuestario para coadyuvar a la inversión social. Un año después prometía reducir el déficit. En 1997 acordó eliminarlo. Dos años más tarde prometió que administraría un superávit. Y hoy está dispuesto a reducir más un programa de inversión social de pocos recursos con el fin de eliminar la deuda nacional. Los años de Clinton también han presenciado un empeoramiento en la distribución del ingreso, la riqueza y el poder en Norteamérica. La participación laboral del sector privado de ingresos ha caído desde los años ochenta, aunque la porción del capital ha aumentado. La brecha entre el primer y el último 20% de la distribución del ingreso se ha ampliado más desde finales de los ochenta, al igual que la laguna entre el quintil superior y el medio. El ingreso del primer 5% de las familias ha crecido aún más rápidamente que el del resto de la población. La concentración de la distribución es aún mayor; un pequeño porcentaje de las familias norteamericanas es dueña del 39% de los bienes privados. La distribución hacia arriba de la riqueza y el poder revela la contradicción fundamental en la cosmovisión de la tercera vía. Clinton insiste en que intenta hacer el gobierno más relevante para la sociedad del siglo XXI, al dirigirlo a ayudar a que los individuos se preparen para competir en la economía global. Al subordinar el gobierno al comercio, prácticamente garantiza que no podrá lograrlo. La tercera vía acepta — celebra, incluso— el mercado no regulado como algo que beneficia con mejores oportunidades a la persona promedio. Al mismo tiempo los defensores de la tercera vía conceden que los costos incluyen una aceleración de la desigualdad, mayor volatilidad y mayor riesgo. Como Clinton suele recordarle a su público, pasó la época de tener el mismo trabajo por años, mucho menos por toda la vida. Está de acuerdo, pues, en que esto requiere que el gobierno invierta mucho en la educación, la capacitación, la

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salud, etc., para ayudar a los trabajadores a sobrevivir en este medio ambiente más competitivo. Pero ha creado una atmósfera política que dificulta aún más que el gobierno obtenga los recursos para llevar a cabo esta limitada labor. Mientras Bill Clinton atacaba al gobierno grande, minó la confianza del norteamericano medio en el sector público, al mismo tiempo que promovía el poder de los ricos y la clase empresarial y fortalecía a aquellos que quieren un gobierno aún más pequeño. En sus primeros siete años Clinton presidió algunas pequeñas mejoras, así como algo de deterioro, en los programas públicos. Los académicos honestos pueden tener perspectivas diferentes acerca de si hubo una ligera ganancia neta o una ligera pérdida neta. Lo que no puede ser negado de manera alguna es que el cambio es poco. Su presidencia ha roto con el ritmo ideológico de la política estadunidense de “dos pasos adelante y uno atrás”, en la que una presidencia demócrata establece un conjunto nuevo de políticas sociales que su sucesor republicano modifica, mas no puede rescindir completamente. No ha habido un solo gran paso adelante bajo Clinton, ya no se diga dos. Todos sus principales logros hasta la fecha promovieron la plataforma empresarial: los recortes en los gastos nacionales para balancear el presupuesto, la reforma de la beneficencia y los acuerdos de libre comercio que protegen a los inversionistas pero no a los trabajadores o el medio ambiente. La oportunidad histórica de Clinton fue en el área de la salud. En la actualidad unos 43 millones de norteamericanos no tienen seguro de salud y otros 30 millones tienen una cobertura totalmente inadecuada. Clinton trató de tocar este tema, mas para evitar ser catalogado como defensor del gobierno grande rehusó apoyar un sistema inteligible regulado por el gobierno. En cambio optó por un compromiso de la tercera vía con la comunidad empresarial. El resultado fue una propuesta tan complicada y confusa que llegó a ser un blanco fácil para las empresas privadas de seguros, que la atacaron como un monstruo burocrático. Finalmente la propuesta fue abandonada por los aliados corporativos de Clinton. Cuando se retiraron éste dejó de presionar, dando la impresión de que no era factible una solución pública al creciente problema de los seguros de salud en Estados Unidos, a pesar de que las encuestas demuestran que la mayor parte de los estadunidenses está a favor de un seguro de salud garantizado para todos los ciudadanos. El episodio también revela de qué modo las políticas de la terce-

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ra vía continúan cambiando el discurso político hacia la derecha. En cuanto al espectro de las estrategias de salud en los países avanzados, las opciones varían desde la izquierda, con la medicina socializada, en la que el gobierno administra directamente el sistema de salud, hasta la derecha, con la medicina laissez–faire, donde los costos son totalmente solventados por el individuo. Un seguro nacional de salud, en el que el gobierno apoya al sistema, pero no lo administra, es una posición intermedia. Sin embargo, en el debate de Clinton un seguro nacional de salud era una posición de la izquierda extrema, y su plan, la tercera vía. Los mismos nuevos demócratas se deslizaron más hacia la derecha, apoyando cualquier propuesta más cercana a la de las empresas privadas de seguros, la cual se convirtió en la tercera vía, colocando el plan intermedio de Clinton a la extrema izquierda. Otro ejemplo de esta contradicción se encuentra en las políticas con respecto a la educación para los pobres. A pesar de su riqueza, Estados Unidos tiene la tasa de pobreza infantil más alta entre los países industrializados (25% de los niños estadunidenses menores de 6 años vive en condiciones de pobreza; en Canadá la tasa es de 15%, en Japón de 12, en Francia de 7, en Holanda de 4%). A lo largo de los últimos 35 años el gobierno federal norteamericano ha estado proporcionando fondos para un programa preescolar de niños de 4 años de edad provenientes de familias depauperadas. El programa se llama Head Start. Hoy, a pesar de siete años de una presidencia dedicada a la tercera vía, el programa sólo dispone de recursos suficientes para atender a 40% de los niños que reúnen los requisitos. En el verano de 1999 el presidente demócrata y los republicanos del Congreso presentaron una propuesta de presupuesto para diez años. Ambos presupuestos proponían ayudar a menos niños en el programa de Head Start al finalizar la siguiente década. El resultado de los años de Clinton ha sido la dramática reducción de las expectativas del gobierno. Así, las encuestas recientes de la opinión pública reportan que 75% de los estadunidenses creen que el gobierno federal debe dar una gran importancia a que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, pero sólo el 15% creía que realmente lo haría. Al apoyar reducir las expectativas sobre el papel del gobierno los nuevos demócratas han mermado el poder del mismo para cumplir con las obligaciones mínimas de la inversión que le asignan. Se encuentra una contradicción similar en las políticas de Clinton

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hacia la economía global. Como resultado de la desregulación financiera, la movilidad del capital privado ha dejado rezagada la capacidad de los gobiernos y de los organismos internacionales de evitar que los mercados se autodestruyan y que la gente sufra consecuencias brutales. La respuesta ha sido una hostilidad creciente hacia la globalización, desde los manifestantes sin empleo en Jakarta hasta los obreros automotores en huelga en Flint, Michigan, los campesinos rebeldes en Chiapas, los mineros y maestros sin remuneración en Moscú... incluso hasta los sindicalistas y los activistas ecológicos que interrumpieron las juntas de la Organización Mundial de Comercio en Seattle en noviembre del año pasado. El naciente mercado global se encuentra peligrosamente desequilibrado. Los recientes tratados de comercio internacional —como el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la fundación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)— imponen una protección de corte norteamericano a los intereses corporativos, mientras minan la capacidad de los gobiernos nacionales de hacer valer las pautas del trabajo, la banca y el medio ambiente al estilo estadunidense. Este crecimiento desequilibrado está en el centro de la actual crisis global. La nueva economía global, después de generar una redistribución regresiva del ingreso, la riqueza y el poder, en la actualidad está fuera de control, destruyendo sistemáticamente las instituciones de la gobernabilidad nacional e internacional que son esenciales para la capacidad del mercado de producir y ser eficaz. La colaboración de la tercera vía con la derecha en sus ataques contra la “interferencia” del gobierno en el mercado es objeto de burlas por parte de las demandas crecientes de quienes representan a la empresa multinacional —desde Tokio hasta Nueva York— para que el gobierno los salve de las consecuencias del mercado. Mientras Bill Clinton sermonea continuamente a los obreros de las clases baja y media que deben responsabilizarse por sus errores, su administración no vaciló en auxiliar a los inversionistas que no atinaron el rumbo de la Bolsa Mexicana de Valores a mediados de los años noventa. Tampoco vaciló, junto con la Reserva Federal, en organizar un rescate financiero de los especuladores estadunidenses multimillonarios en 1998, cuando su fondo de resguardo, la Administración de Capital a Largo Plazo (Long-Term Capital Management), apostó equivocadamente con la moneda rusa. Como ocurría con las presidencias conservadoras, la tercera vía de Clinton reflejó un programa de socialismo para los ricos y libre empresa para los pobres.

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CONCLUSIÓN

La experiencia de Clinton sugiere las siguientes conclusiones acerca de la tercera vía: 1. La tercera vía es principalmente una racionalización para un compromiso político entre la izquierda y la derecha, en el que la izquierda se sitúa más hacia la derecha. Desde luego, el compromiso es la esencia de la política; cada parte da más y recibe menos de lo que quisiera. Pero en el compromiso de la tercera vía de Bill Clinton el partido que debería haber representado al pueblo obrero hizo enormes concesiones a los intereses de la clase inversionista, y recibió poco a cambio. 2. Clinton no basó su campaña en la tercera vía, pero sí gobernó con base en ella. De acuerdo con lo que escribió con aprobación un columnista conservador, la estrategia de Clinton fue “tomar un programa esencialmente conservador, y reempacarlo para los liberales”. El resultado fue una plataforma confusa que ha socavado la base del Partido Demócrata. 3. Los valores políticos socialdemócratas no han sido propagados. La porción del presupuesto federal que se destina a la inversión social ha disminuido, el sistema de salud se ha deteriorado y la red de seguridad social ha terminado aún más deshilachada. La tercera vía ha resultado en la redistribución hacia arriba de los ingresos y la riqueza, y en una redistribución hacia abajo de los riesgos. 4. La tercera vía ha reducido el tema de la política estadunidense de una discusión de los valores y objetivos nacionales a cómo administrar más eficazmente el sector público. Así, el tema de la salud pública se ha concentrado en cómo reducir los presupuestos en ese campo (por ejemplo Medicare y Medicaid).* El tema de la redistribución de los ingresos y el poder en Norteamérica se ha convertido en el tema del impacto distributivo de los gastos gubernamentales. En lo que respecta a la experiencia norteamericana, la tercera vía no ha podido hacer del gobierno el vehículo de “una alianza entre el progreso y la justicia”, y ha logrado disminuir las expectativas del público acerca de la capacidad del gobierno de proporcionar el progreso o la justicia. El caos intelectual y político de la izquierda democrática permane* Estos programas gubernamentales pretenden auxiliar a los ciudadanos de bajos recursos con un seguro médico [T.]

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ce como un hecho innegable de la vida. El hecho de que la tercera vía conduce a un callejón sin salida no reduce la urgencia de una política democrática creíble y socialmente efectiva para una era posterior a la guerra fría. Sin embargo la tarea de tal política no es facilitar sino enfrentar el descenso de la humanidad a un mundo que equipara los precios con los valores. Para lograr eso debe esforzarse, no por disminuir, sino por elevar las expectativas del pueblo. La clave para llevar a cabo esa tarea es el rediseño del concepto de la izquierda acerca del papel del gobierno. El tema fundamental del papel del gobierno se revela claramente en una comparación entre dos tratados políticos escritos el año pasado por los líderes de los gobiernos socialdemócratas en Europa. El primero fue un ensayo redactado en conjunto por Tony Blair y el canciller alemán Gerhard Schröder, The third way/Die neu Mitte (1999); el segundo fue una respuesta, Modern socialism, de Lionel Jospin (1999). Ambos ensayos se dirigen al tema de la relación entre la democracia social y el futuro. En efecto, Blair y Schröder argumentan que el mercado crea el futuro y que el papel del gobierno es servir al objetivo del mercado al suministrar la mano de obra calificada y acrecentar al máximo la libertad y la movilidad del capital para crear riqueza mediante el desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas. Desde sus puntos de vista el papel del gobierno está por debajo del de la empresa. De hecho, en cierto punto parecen pensar que el gobierno debería actuar sólo como agente de relaciones públicas para el capitalismo. Dicen: “queremos una sociedad que celebre a los empresarios exitosos como celebra a los artistas y los futbolistas” (Blair y Schröder, 1999). Jospin acepta la importancia de la flexibilidad del mercado, pero argumenta que el gobierno debe ser por lo menos un socio con igual peso. Define la democracia social como “un modo de regular la sociedad y de poner la economía de mercado al servicio del pueblo”. Acepta la “economía de mercado” y “rechaza la sociedad del mercado”.3 En particular, Jospin identifica que el papel fundamental del estado es promover la innovación. Aquí se alinea específicamente con las reflexiones del economista Joseph Schumpeter. La inspiración implícita para Blair y Schröder es Milton Friedman. 3 Una frase similar fue incluida a último momento por Schröder en la ponencia de éste y Blair. Sin embargo está claramente fuera de contexto. Se dice que Blair se puso furioso cuando lo supo.

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En un nivel técnico, el argumento de Jospin es más convincente. De hecho, en la experiencia estadunidense la mayor parte de las innovaciones tecnológicas en las cuales se basó el crecimiento reciente fueron el resultado de la inversión gubernamental a largo plazo en la investigación y el desarrollo, principalmente para fines militares y de salud. Pero fundamentalmente la izquierda debe plantear sus argumentos sobre la dimensión moral. Creamos el mañana con las inversiones que hacemos hoy. La pregunta estriba en quién decide. El mercado es demasiado irresponsable y orientado hacia el corto plazo como para ser el único determinante de nuestro futuro. Además, la capacidad de la publicidad, aunada al entretenimiento, para manipular los deseos, proporciona a las corporaciones empresariales demasiado poder de definir las necesidades sociales en términos de lo que es más rentable. En esta concepción del futuro determinada por el mercado los países en vías de desarrollo tienen una doble carga. Su futuro está determinado por las necesidades a corto plazo de los clientes en “otras” sociedades. En efecto, la izquierda democrática debe reinventar la planeación democrática descentralizada que requerirá una reforma democrática del sector público y una transformación del gobierno corporativo en el sector público. La izquierda debe cuestionar la suposición económica de que el crecimiento económico sólo emana de la competencia individual, y tiene que cuestionar su corolario social: que todos y cada uno de los ciudadanos están solos compitiendo entre sí. El mensaje de la izquierda al pueblo debe ser: “No estás solo.” Si actuamos en conjunto, podemos construir un futuro que satisfaga nuestras necesidades, no sólo un futuro que logre el máximo provecho de las ganancias de los inversionistas. Pero, ¿cómo es posible eso en una economía global en la que las empresas multinacionales y sus agentes en instituciones como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, etc., tienen más poder que los gobiernos nacionales? Una respuesta es que la economía global requiere que la izquierda democrática cree una política global. Todos los sistemas económicos tienen política. La economía global no es distinta. Pero hoy es un sistema de un solo partido, el partido del Consenso de Washington, que en esencia está redactando las reglas de una constitución global. De hecho, Renato Ruggiero, el ex director general de la OMC, comentó que “ya no estamos redactando las reglas de interacción entre las

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distintas economías nacionales. Estamos redactando la constitución de una sola economía global” (Ruggiero, 1996). Una oposición política global ya está en ciernes. Existe una red internacional creciente de organizaciones populistas, progresistas y laborales. La tecnología de Internet, el costo cada vez más bajo de los viajes y los niveles educativos crecientes han extendido de modo dramático su capacidad de pensar y actuar en el nivel global. El esfuerzo internacional para desactivar el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en la OCDE es un ejemplo. Las manifestaciones en Seattle contra la OMC son otro. El esfuerzo mayor de los sindicatos progresistas en varios países por trabajar conjuntamente contra los empleadores corporativos comunes es otro más. De hecho, la decisión reciente de la AFL-CIO de Estados Unidos de apoyar la amnistía a los trabajadores inmigrantes indica un mayor progreso hacia el objetivo de crear una solidaridad obrera internacional. Si tal política global de izquierda tiene la intención de lograr el éxito, es claro que debe dirigirse al tema que divide a los obreros y populistas de los países desarrollados y subdesarrollados: los derechos laborales internacionales y las normas del medio ambiente. El problema es bien conocido. Los izquierdistas de los países en desarrollo argumentan que es necesario un contrato social global que protegería al pueblo y al medio ambiente del mismo modo que los organismos económicos internacionales protegen los derechos de los inversionistas. Argumentan que con la ausencia de tales normas la globalización —que en sí es inevitable— conduce ineludiblemente hacia los denominadores más bajos. En los países en desarrollo muchas personas se muestran como simpatizantes. Por ejemplo, en Seattle los sindicalistas de cincuenta países en desarrollo se unieron a las manifestaciones. Leroy Trotman, el líder de los sindicalistas de Barbados, quien preside la International Conference of Free Trade Unions, declaró a los manifestantes en un mitin: “Esto no es el norte contra el sur, o los obreros privilegiados contra los pobres. Son los obreros del mundo unidos para exhortar a la OMC a la justicia” (Borosage, 2000). Pero otros progresistas de los países en desarrollo se muestran renuentes a la idea de normas sociales globales. La perciben como un pretexto para el proteccionismo. En la era posterior a la guerra fría la ayuda extranjera ha sido recortada drásticamente, y las instituciones financieras internacionales han obligado a los países en desarrollo a seguir una estrategia de crecimiento basada en las exportacio-

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nes. Como resultado de ello estos países se encuentran bajo una presión brutal para hacer que su mano de obra sea aún más barata que en la actualidad. En tanto no se resuelva este problema, el partido del Consenso de Washington continuará creando antagonismos entre los países en desarrollo y los desarrollados. Por consiguiente necesitamos comenzar el proceso de poner en práctica un “gran convenio” en el que la izquierda, tanto de los países en desarrollo como de las naciones ricas, apoye la asistencia generalizada para el desarrollo y el alivio permanente de la deuda externa para los países en desarrollo, a cambio de un acuerdo sobre los derechos laborales y las normas del medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible. Un esfuerzo por revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) podría ser un ejemplo concreto de cómo proceder. Las consecuencias del TLC no han resultado satisfactorias para los trabajadores en México, Estados Unidos ni Canadá. Sus beneficiarios han sido las clases inversionistas de los tres países, lo cual se refleja en la distribución hacia arriba de los ingresos, la riqueza y el poder. Una campaña coordinada por los progresistas de los tres países para renegociar el TLC de modo que apoye más objetivos democráticos e igualitarios podría inspirar la creación de una nueva visión de la izquierda democrática para América del Norte. De tener éxito, tal visión no sería propia de una tercera vía. Sería una segunda vía, una clara alternativa a la hegemonía de las ideas neoliberales y de los intereses conservadores que representan. En todo caso, éste no es el momento para que la izquierda democrática abandone su compromiso con las soluciones comunitarias. Ya es tiempo de demostrar al pueblo que no está solo.

BIBLIOGRAFÍA

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NEOLIBERALISMO Y TERCERA VÍA: UNA REFLEXIÓN DESDE LA IZQUIERDA EUROPEA MANUEL MONEREO*

PREÁMBULO: CONTEXTOS

Aunque sea algo sabido, es insuficientemente valorado: formalmente, la Unión Europea (UE) está gobernada por la izquierda. Trece de los quince países que la componen tienen al frente de su gobierno partidos laboristas, socialdemócratas o socialistas; las dos excepciones son la España de Aznar y la Austria de Haider. De los gobernados por la izquierda sobresalen los tres más fuertes de la UE: Alemania, Gran Bretaña y Francia. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo (junio de 1999) el Partido Socialista Europeo presentó un programa común para toda la unión, sintetizado en un manifiesto de 21 puntos donde se proponían, entre otros extremos, la coordinación de las políticas económicas con el objetivo de crear empleo y distribuir de modo más flexible el tiempo de trabajo, impulsando, así, el crecimiento y un reparto más equitativo de las rentas. A su vez, se señalaba la necesidad de una Carta Social Europea y de la armonización de los sistemas fiscales y de ahorro, todo ello con el firme propósito de construir una Europa realmente democrática. Hay que decir que el resultado de dichas elecciones supuso un cierto retroceso de la socialdemocracia europea y el consiguiente avance del Partido Popular Europeo. Recientemente se ha celebrado en Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000) una cumbre de jefes de gobierno de la UE dedicada al empleo. La primera paradoja es que ésta fue protagonizada y preparada previamente por el jefe de gobierno de la derecha española y por el premier británico, Tony Blair, con la elaboración de un docu* Profesor e investigador de la Universidad Complutense, es licenciado en derecho por la Universidad de Granada; responsable de la Secretaría de Extensión Cultural y Desarrollo Teórico de Izquierda Unida (IU) y director de la Fundación de Investigaciones Marxistas.

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mento conjunto que sirvió de base para todo el debate. La segunda paradoja es que una cumbre dedicada teóricamente al empleo no ha concretado realmente otra cosa que un programa de liberalizaciones económicas (excepto para energía y transporte); ha entronizado Internet como el mecanismo básico para crear empleo y, por último, ha dejado librado a los propósitos de cada gobierno llegar a una tasa de ocupación de 70% para el año 2010. No es de extrañar que el vicepresidente del gobierno español y ministro de Economía, Rato, haya podido declarar que “Aquí hemos vivido un cambio de tendencia fundamental, estamos muy lejos del lenguaje de hace dos años, en tiempo de Strauss-Kahn y Lafontaine” (El País, 25 de marzo de 2000). Todos los observadores, con envidiable unanimidad, han destacado este “corrimiento” hacia la derecha y el creciente aislamiento de la izquierda plural francesa por cuenta de los gobiernos dirigidos por “compañeros” ideológicos y, sobre todo, han subrayado que las cuestiones de fondo —todo lo referente a la reforma del estado de bienestar— van a ser enfocadas desde una perspectiva, desde una filosofía, contraria a los supuestos que conocemos como socialdemócratas. Hay que reconocerle a Blair un dominio sobresaliente del lenguaje político, porque donde se pretenden recortes en el estado social él habla de modernización; donde aparece el desempleo, habla de creación de puestos de trabajo; es decir, usa un lenguaje que neutraliza el conflicto y promueve una conciencia cada vez más acrítica y opaca. En apenas dos años ha sido derrotado un nuevo intento, por parte de sectores socialdemócratas, de construir una Europa distinta, centrada en el empleo, en los derechos sociales y en la profundización de la democracia. Con la dimisión de Lafontaine se puso fin a este intento —que se hacía, es preciso subrayarlo, desde posiciones moderadas— de realizar una política económica sobre bases no neoliberales, partiendo de que los salarios no deberían crecer menos que la productividad; que los estados y la propia unión tendrían que coordinar su política económica para relanzar la demanda; que habría que rebajar los tipos de interés y garantizar derechos fundamentales de ciudadanía para todos los hombres y mujeres que viven en el territorio de la Unión Europea. Una política así concebida, y que apenas dispuso de tiempo para ser practicada, fue derrotada por los propios socialistas y socialdemócratas europeos (y no por la derecha), incapaces, no ya de un proyecto propio y alternativo al modelo neo-

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liberal, sino de defender las conquistas históricas y los derechos democráticos alcanzados tras más de 150 años de luchas de clase.1

DEFINICIONES

Cuando se pretende introducir un nuevo producto o proyecto en un mercado político tan oligopolítico como el europeo (sobre todo si se es de izquierda, donde la ideología sigue teniendo alguna importancia en el imaginario colectivo) es necesario, primero, definirse sobre los otros productos existentes en el mercado; segundo, esto casi siempre obliga a definirse o redefinirse sobre ideas, proyectos y valores de las tradiciones políticas de procedencia y, en tercer lugar, a analizar los elementos de discontinuidad (analíticos, estratégicos, programáticos) que justifican la necesidad de cambios fundamentales en las propuestas básicas del proyecto histórico del que se partía. El tono mercantil que empleo lo adopto conscientemente, dado que la llamada tercera vía es, sobre todo, eso: un proyecto, una propuesta realizada para, por y desde los medios de comunicación (o incomunicación) de masas. Que la cadena mediática propiedad de Murdoch haya sido y siga siendo la mejor propagandista de las consignas de Blair no es ninguna casualidad sino, al contrario, un elemento central del propio proyecto. Como se trata de definiciones, hay que señalar que la tercera vía lo es, o pretende serlo, entre dos tipos de capitalismo, es decir, una vía intermedia entre la nueva derecha y la vieja izquierda o, como dice Giddens, entre el neoliberalismo y la socialdemocracia antigua (Giddens, 1999). Se podría añadir que intenta ser también una vía intermedia entre el modelo social europeo y el modelo social norteamericano. En positivo, la tercera vía puede ser definida como un intento de soldar dos tradiciones: la del pensamiento liberal y la del socialdemócrata (volveremos a esta cuestión un poco más adelante). Donde más se ponen de manifiesto la falta de rigor histórico y el desprecio a la teoría que suelen tener estos fenómenos mediáticos es en los análisis que se hacen, tanto por Blair (1998) como por Giddens, del pasado del movimiento socialista europeo en general y del 1 Sobre estas cuestiones resulta extremadamente interesante el trabajo de Maxime Durán, 1999.

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laborismo británico en particular. Ver a Attlee convertido en un cuasibolchevique o a la socialdemocracia en contumaz estatalizadora y en eliminadora de las ricas y espontáneas iniciativas de la sociedad civil, no resiste demasiado el análisis. Los teóricos de la tercera vía no son capaces de mirar su propia historia, la historia de su movimiento, con información y honestidad. Para justificar su giro, que supone un cambio de naturaleza, no encuentran otro procedimiento que falsificar la propia historia en un “ajuste de cuentas” indigno; pero, lo que es peor, son incapaces de distinguir algunas cuestiones que cualquier estudiante de política o de sociología podría realizar sin grandes especializaciones. Tan sólo un ejemplo: una cosa fueron las políticas socialdemócratas y otra bien distinta las realidades concretas del llamado estado de bienestar. El mismo Blair señala: “Los gobiernos conservadores de los años cincuenta no intentaron minar la labor de Attlee” (Blair, 1998: 72), es decir, Churchill era laborista también. El estado de bienestar, en sus distintas variantes, fue un tipo específico de estado capitalista desarrollado en una etapa histórica del mismo, el cual centraba una determinada alianza entre clases en un contexto histórico determinado, entre otras cosas, por la derrota del fascismo europeo, el ascenso del movimiento obrero (socialista y comunista) y la presencia de los tanques soviéticos en Berlín. La otra cuestión, el análisis de las transformaciones económicas, sociales y culturales que justifican este nuevo proyecto de centro-izquierda, como dice Blair, o de centro-radical, como afirma Giddens, se hace, curiosamente, al margen del presente contexto histórico; es decir, no se analiza por qué el neoliberalismo se vuelve dominante como referente político e ideal de los poderes económicos, o qué relación hay entre estas políticas y las transformaciones operadas entre lo político y lo económico; a su vez, las relaciones existentes entre la desregulación del mercado laboral, las planificadas formas nuevas de organización del trabajo y las nuevas tecnologías, todo ello en contextos sociales de fragmentación y segmentación de la clase obrera y la emergencia de conflictos sociales relacionados con los llamados procesos de exclusión social. Sin embargo, lo más sorprendente es que se analizan los fenómenos estáticamente, sin relacionarlos entre sí y —una paradoja más— desapareciendo, de hecho, el análisis sobre el neoliberalismo y sus consecuencias sociales, económicas y culturales. Lo que se critica, realmente, es a la izquierda, a toda la izquierda en su conjunto, y lo que se acepta es el margen de las compatibilidades que este tipo

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neoliberal de capitalismo consiente y permite. Que el capitalismo europeo expulse de la política a un socialdemócrata moderado como Lafontaine demuestra bien a las claras los límites reales que el poder económico impone a la política democrática. Ante esto caben, básicamente, dos actitudes: primera, tomar nota de la realidad, de la terrible realidad, y luchar inteligentemente contra ésta y, segunda, interiorizar esta determinada correlación de fuerzas como la única realidad posible, asumirla y adaptarse a ella. La tercera vía es, fundamentalmente, una respuesta de este tipo; por eso necesitan falsificar la realidad edulcorándola con mecanismos clásicos, que consisten más en un juego de medias verdades, de elusiones de aspectos clave de la propia realidad y de análisis simplistas del mundo circundante.2

PRECISIONES: ALGO MÁS QUE CUESTIONES TERMINOLÓGICAS

Como he escrito en otro lugar (Monereo, 1999), el concepto tercera vía ha sido empleado en los debates de la izquierda europea en diversos contextos, siempre en la búsqueda de una vía europea específica al socialismo. El austromarxismo, hasta la “insurrección vienesa del 34”, puede ser considerado el intento más logrado, práctico y teórico, de esa vía genuina.3 Hay que decir que la formulación teórica más completa sobre aquél estaba recogida en el libro ¿Entre dos guerras mundiales? 4 (Bauer, 1936), que supuso una afinadísima autocrítica de la política socialdemócrata en ese periodo y el intento de formular una vía socialista de masas en el marco de la unidad de los partidos obreros. Posteriormente fue usada en diversos contextos, en especial por las variantes de izquierda de lo que se llamó eurocomunismo; baste recordar aquí el conocido texto de Pietro Ingrao. 2Además de los citados en el texto, sobre la tercera vía he recurrido a Varios Autores, 1998, y a Blair y Schröder, 1999. 3 Para las cuestiones sobre el austromarxismo véase Giacomo Marrano, 1983. 4 Además del libro de Bauer se puede consultar el prólogo de Enzo Collotti, 1982, sobre “Lo político y las transformaciones”, del mismo autor. Como en todos los trabajos de Bauer, se encuentra en éstos una detallada y completa exposición sobre los dilemas y tragedias del experimento socialdemocrático en Austria. Para comprender esta época sigue siendo imprescindible el libro de memorias de Ernest Fischer, 1976.

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Ciertamente la reflexión en el seno de la izquierda en general y de la socialdemocracia en particular se desarrolló con fuerza en los años ochenta y entró en múltiples confusiones tras la caída del muro.5 Conviene, para el propósito del tema a discutir, hacer algunas precisiones. Cuando hablamos de socialdemocracia en el contexto antes señalado estamos hablando de partidos obreros de masas que, después de Bad Godesberg, renunciaron explícitamente al proyecto socialista y se convirtieron en fuerzas políticas que tenían como horizonte un capitalismo reformado. En segundo lugar, este proceso tuvo en la Europa del sur otros acentos, los cuales en el caso del Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Obrero Español o el PASOC de Grecia se convirtieron, en un determinado momento, en crítica a la socialdemocracia y en apuesta por proyectos de ruptura con el capitalismo. Curiosamente estos partidos —otrora baluartes formales de la izquierda—, cuando giraron, terminaron por situarse a la derecha de la socialdemocracia del centro y norte de Europa. En este sentido tiene razón Giddens al afirmar —como hizo en España— que el verdadero antecedente de la tercera vía era Felipe González. Pero si queremos ser justos hay que decir que el auténtico antecedente debemos buscarlo en el fallecido Betino Craxi. Podría parecer que el objeto de este apunte es el de hacer concordar —y puede ser entendido como una agresión— los antecedentes de la tercera vía con la corrupción, con los acuerdos con la mafia o con la guerra sucia, pero queremos tan sólo hacer justicia: las políticas, las acciones, la búsqueda de un centro político sin ideología, sus alianzas para frenar al PCI, suponían, nítidamente, los comienzos de la tercera vía actual. Tienen razón Ken Coates y Michael Barratt Brown al relacionar esta tercera vía con otro intento, poco conocido pero muy interesante desde el punto de vista teórico e intelectual. Me refiero a la búsqueda, por parte de J. M. Keynes, de encontrar un espacio común entre liberalismo y socialdemocracia. Formalmente, éste debería ser el punto de apoyo más solvente en la tradición británica para esta tercera vía de Blair. Pero no es así. No relacionar tercera vía y Keynes demuestra bien a las claras a qué tipo de liberalismo pretende sumarse Tony Blair. Para decirlo 5 He profundizado en este tema en un artículo amplio en la Revista Sistema, núm. 139, julio de 1997, “La izquierda europea: Entre el estancamiento y la renovación”.

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más claramente, el liberalismo que no desean recuperar es el que se ha venido denominando “liberalismo igualitario” de Dworkin, Amartya Sen o incluso de Rawls. Cuando Blair habla de “liberalismo” se refiere fundamentalmente a “liberalismo económico”, el de la competitividad, el individualismo, el del libre mercado y libre comercio, el del estado-gendarme que protege y ampara los intereses de los propietarios. Como es conocido, Keynes planteó abiertamente esta convergencia al criticar con dureza las veleidades izquierdistas del laborismo británico desde sus muy conocidas posiciones antimarxistas. La convergencia era aconsejable porque entendía que se estaba produciendo un cambio de fase histórica: la transición de la anarquía económica a un régimen que deliberadamente apunta a controlar y dirigir las fuerzas económicas en interés de la justicia social y de la estabilidad social, presentará enormes dificultades tanto técnicas como políticas (Keynes, 1931: 307).

Se trata, pues, de conducir este proceso e intentar controlar “los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos”; es decir “su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos” (Keynes, 1936: 328). Desde este punto de vista se explica bien la necesidad de una fuerte intervención del estado en la economía, la necesidad de un fuerte impuesto progresivo sobre la renta y la herencia, la “eutanasia del rentista” que evite las tendencias parasitarias del capital financiero consustancial con el capitalismo de la época y el desarrollo del mercado interior como pieza clave de la política económica de los estados, evitando así una lucha competitiva por los mercados internacionales que, para Keynes, era una de las causas de la guerra. No es de extrañar, pues, que como explica Las posibilidades económicas de nuestros nietos (Keynes, 1931), el fin último no es otro que superar el problema económico y el dominio del dinero y crear unas auténticas relaciones humanas. ¿Se entiende mejor así no sólo que Keynes no sea un referente para esta tercera vía? ¿Se entiende mejor así por qué los neoliberales han convertido a Keynes en el monstruo que ejemplifica todos los males posibles?

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DE LA MUERTE DEL SOCIALISMO AL AGOTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA REFORMISTA

Tony Blair no expresa demasiadas dudas sobre su proyecto: Es una tercera vía porque trasciende a una vieja izquierda preocupada por el control del estado, los elevados impuestos y el control de los productores; y a una nueva derecha que considera la inversión pública y, a menudo, el concepto de sociedad y de esfuerzo colectivo como males que hay que superar (Blair, 1998: 54).

Como se ve, la crítica a la izquierda es nítida, y la crítica a la derecha es tan abstracta y tan genérica que no dice casi nada. Esto es algo bastante normal: las críticas duras y precisas siempre van a la izquierda. Así: “La izquierda fundamentalista hizo de la nacionalización y del control del estado fines en sí mismos, convirtiendo una receta política en ideología” (Blair, 1998: 56). Podríamos continuar así hasta el final del texto, también del de Giddens, pero con alguna diferencia: mientras que para el segundo son las nuevas condiciones sociales las que justificarían un cambio de paradigma político, para el primero el asunto era ya negativo desde el principio. Conviene detenerse un momento sobre esto. Blair viene a decir que ha habido —es de suponer que sólo en Gran Bretaña— una única izquierda mayoritaria, dominada por el fundamentalismo estatalista, y otra, minoritaria, crítica de éste pero incapaz de ofrecer alternativas al radicalismo mayoritario. Se ve a sí mismo como un componente diferente de estas izquierdas; él se ve como una “tercera izquierda”, una izquierda nueva y diferente del laborismo; de ahí que se trate de un cambio no sólo de rumbo sino de naturaleza del propio partido; de ahí también la crítica tan radical a la propia tradición (hay que decir que moderada) del laborismo británico. Para Blair son malos en sí el control del estado o la regulación estatal, los elevados impuestos sin entrar en si son justos o no, o si están dirigidos a impulsar la carrera armamentista o a mejorar los excedentes empresariales o, por el contrario, a financiar las políticas sociales para la mayoría de la sociedad; es negativo, también, que las políticas públicas sirvan a los intereses de los productores, de los trabajadores. Una izquierda así no es algo racional para Blair, es fundamentalista. No es capaz de entender que se han dado nacionalizaciones de distinto tipo; le ocurre algo parecido a lo que dijimos de él cuando

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hablamos del estado de bienestar: confunde las políticas laboristas con el tipo de estado prefigurado en una etapa histórica determinada, o ¿acaso de Gaulle era laborista? ¿Lo era, quizá, De Gasperi? Ambos nacionalizaron empresas básicas y ambos mantuvieron políticas de fuerte intervencionismo público que beneficiaban al conjunto del sistema y que, a la postre, eran funcionales a los intereses del capitalismo privado. Lo que Blair tendría que explicar es por qué derecha e izquierda son, ahora, extremadamente nocivas y exigen el sacrificio de “los de abajo”; es decir, explicar las condiciones que han posibilitado el paso de un capitalismo, el cual para sobrevivir tuvo que hacerse reformista, a un capitalismo que rechaza las limitaciones que la lucha por la democracia y por el socialismo le han impuesto después de décadas de sacrificios. No es de extrañar que en la teoría ocurra lo mismo que en la política real: que la muerte del socialismo (en la terminología de Giddens) ponga fin, también, a cualquier estrategia reformista digna de ese nombre. Se recordará que inmediatamente después de la caída del muro se habló mucho en Europa del triunfo definitivo de la socialdemocracia. Hoy sabemos que la crisis de la primera gran experiencia de construcción de una sociedad alternativa al capitalismo ha provocado la crisis, no sólo de los comunistas, sino del conjunto de la izquierda. No se trata, desde luego, de una cuestión meramente ideológica o cultural; es que la correlación real de fuerzas políticas, sociales y militares se ha hecho extremadamente desfavorable para los trabajadores, y beneficia, abierta y claramente, a los poderes dominantes. Lo que vienen a decirnos Blair y Giddens es que esto es positivo y que tenemos que aprovechar las enormes ventajas —bajo su parecer— que se derivan de la actual situación. De lo que tampoco cabe dudar es que, en este sentido, la tercera vía supone el final evidente de una etapa, y que todo un ciclo histórico se está cerrando. “El reformismo, en su sentido más amplio, vino a significar el proceso a través del cual el movimiento obrero y sus aliados encauzaron sus resistencias contra la reducción de la vida social a la ley del valor, a la lógica de la acumulación y a las reglas del mercado” (Sousa Santos, 1999: 50). Esta lucha democrática de clases fue la que aseguró por primera vez en la historia, de forma permanente y continuada, la presencia de las masas en la política, con el objetivo explícito de cambiar la sociedad, de conquistar espacios democráticos cada vez más amplios y de garantizar una serie de derechos/redes de protección contra su conversión en simple mercancía capitalista. El “miedo” a la

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revolución y al poder militar del Pacto de Varsovia hizo, no sin luchas y sin sacrificios enormes, que una parte de ese proyecto histórico se convirtiera en una mejora real de condiciones de vida, de dignidad en el trabajo y de conquistas de derechos. En el mundo de la globalización parece que estas conquistas son incompatibles con la lógica de la “nueva economía”. Después de una dura reacción de más de veinte años el neoliberalismo ha conseguido al parecer un nuevo objetivo: convencer a una parte significativa de la izquierda de que su modelo es el modelo. Con la lucidez que lo caracteriza, Perry Anderson vio el asunto con bastante claridad hace más de diez años, cuando previó que, al final, era muy posible que toda la vieja historia del movimiento obrero europeo terminase por converger en lo que hoy resulta ya una evidencia: la trasmutación de la socialdemocracia en un partido demócrata tipo norteamericano. La parábola histórica se cerraría definitivamente con esto, poniendo fin al modelo político y social europeo y terminando por asumir que la norteamericanización de nuestras sociedades es el destino inevitable. La tercera vía sería, en este caso, síntoma y catalizador.

LOS PROGRAMAS DE LA TERCERA VÍA

Cuando se intenta concretar con propuestas precisas los supuestos político-culturales e ideológicos que pretende representar la tercera vía, las cosas se clarifican mucho más. Unas cuestiones pueden ser las largas disquisiciones sobre valores (solidaridad, responsabilidad, internacionalismo) y otras bien distintas son sus concreciones programáticas. Se puede hablar, como hace Giddens hasta la saciedad, de incluidos y excluidos para, al final, pedir recortes en las prestaciones sociales y defender un sistema fiscal menos equitativo. El manifiesto de Blair y Schröder ayuda mucho a esta tarea de concretar con propuestas lo que la tercera vía ha venido defendiendo en estos años. El primer rasgo sustancial es que el sujeto determinante, el verdadero centro de atención de las políticas económicas, es el empresario. Esta cuestión no se oculta; más bien al contrario, se afirma desde el principio. “Queremos una sociedad que celebre a los empresarios exitosos como celebra a los artistas y los futbolistas, y que valore la creatividad en todas las esferas de la

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vida” (Blair y Schröder, 1999: 30). Para hacer posible esto, para que el demiurgo schumpeteriano pueda cumplir su destino histórico, es necesario: a] un sistema fiscal que incentive las ganancias empresariales bajo el viejo principio de que los beneficios de hoy son el empleo del mañana; b] una empresa donde los conflictos tradicionales en el centro de trabajo deben superarse, impulsando el espíritu de comunicación y comunidad en la empresa; c] la función del estado es propiciar que la empresa se desarrolle libre de obstáculos políticos, fiscales, sociales y ambientales, tanto en escala nacional como, sobre todo, en escala internacional, ya que el libre cambio y la competitividad internacional son los motores decisivos de la globalización. El segundo rasgo tiene que ver directamente con el mercado de trabajo y su necesaria flexibilización. Ante estos problemas, la posición de la tercera vía no es demasiado diferente a la de los gobiernos conservadores que la precedieron. La idea central es que mantener el mismo empleo durante toda la vida es cosa del pasado. De esta afirmación se infiere la idea de que el principio de estabilidad en el empleo es un obstáculo a las actuales formas de organización productiva, y que el pleno empleo es un objetivo superado. La tercera característica tiene que ver con el estado social o de bienestar. La tesis de fondo no es otra que la de la sobreprotección e inadecuación a las nuevas realidades. Cada vez que Giddens o Blair hablan de fraude a la seguridad social aparece el fraude de los desempleados. De todos los problemas posibles del estado de bienestar se pone el acento en aquellas cuestiones más criticables del mismo (despersonalización, burocratización, etc.), y las reformas que se proponen se centran en reducir los costos (sobre todo para las empresas) y en mercantilizar las partes rentables del sistema. Punto central es la cuestión de las pensiones; la tercera vía no tiene dudas: hay que desmantelar los sistemas de prestaciones sociales, basados en el reparto, privatizándolos y fomentando los fondos de pensiones. En cuarto lugar hay que analizar el papel del estado, que resulta profundamente redefinido. Primero aparece la necesidad de adaptarlo a la globalización, es decir al incremento de la competitividad internacional. La alianza estrecha entre empresa y estado se convierte en una tarea decisiva para el gobierno de cada país; después el estado debe actuar directamente sobre aquellos elementos que más puedan ayudar a esa necesaria intervención en un mundo cada vez más competitivo; nos referimos a la formación y calificación de la mano de obra, a la investigación y desarrollo (IyD), a los incentivos fisca-

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les y a las políticas de flexibilización del mercado de trabajo. Y, por último, la estructura y el contenido del sistema fiscal son radicalmente transformados. Bajo un epígrafe general de reducción de impuestos, la tarea que se realiza no es otra que la de reducir la progresividad de los impuestos directos y de su magnitud; incrementar sustancialmente los impuestos indirectos; transferir significativamente, en formas directas e indirectas, ayudas a la empresa privada. En quinto y último lugar, es imprescindible analizar la política internacional de la tercera vía, sobre todo después del conflicto de Kosovo. Creo que no es exagerado decir que los dirigentes de esta supuesta opción han sido los “halcones” de un conflicto entre depredadores. La subordinación a los designios de la administración norteamericana y el fortalecimiento de una Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), refundada precisamente durante este conflicto como el instrumento de intervención político-militar que puede actuar prácticamente en todo el globo terráqueo, es uno de sus rasgos definitorios, del cual han hecho apología. Si a todo esto añadimos que los problemas del sur son sistemáticamente ignorados en todas sus propuestas, y que como salida al subdesarrollo y a la dependencia lo que promueven no es otra cosa que libre mercado, lucha tenaz contra el proteccionismo y una crítica resuelta a la ayuda internacional entendida como subvenciones, se puede decir que la tercera vía, al menos en el plano internacional, no es ninguna vía de en medio, sino de un lado. Esta última cuestión demuestra que se puede ser flexible en el norte, se puede aparecer como social-liberal en esta parte del globo, pero cuando nos enfrentamos a los problemas que tienen que ver con la vida y con la muerte, la libertad o la opresión, la explotación o la cooperación, las terceras vías acaban optando siempre por “los de arriba” frente a “los de abajo”, por el norte frente al sur.

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HEGEMONÍA Y CONTRAHEGEMONÍA PARA OTRO MUNDO POSIBLE* EMIR SADER**

La capacidad de reconocer las marcas de un nuevo tiempo nos permite ser contemporáneos de nuestro presente y captar el movimiento real que articula las condiciones objetivas y la construcción de un nuevo sujeto histórico. La conciencia plena de los fenómenos sólo se alcanza cuando la fiesta terminó, pero la capacidad de intervenir concretamente en su desarrollo supone la sensibilidad y la percepción efectiva de los fenómenos que nacen embrionariamente con todas sus posibilidades y potencialidades, al mismo tiempo que la conciencia de que nada es irreversible, de que todo lo nuevo es una posibilidad, de que la inercia y el poder de lo existente vuelven siempre a levantarse, una y otra vez, como obstáculos anclados en las condiciones materiales de existencia y en la consolidación de los viejos hábitos y costumbres que esa misma realidad sedimentó en todos nosotros. El primer gran ejercicio para captar las marcas de lo “nuevo” reside en reconocerlo, no sólo como fenómeno que desentona, sino como hilo conductor que permite revertir la relación de fuerzas existente. La derrota de Jimmy Carter ante Ronald Reagan, el triunfo de Thatcher sobre los laboristas ingleses, preanunciaban tiempos nuevos, aunque las derrotas impuestas a las huelgas de los trabajadores del carbón en Inglaterra y la capacidad de Reagan de transformarse de un político mediocre de extrema derecha en un dirigente de prestigio nacional en Estados Unidos, con ideas que combinaban el privilegio del incentivo con el gran capital y el militarismo en el frente externo, configuraron la instauración de un nuevo modelo hegemónico en el mundo. La adhesión al neoliberalismo de los socialistas franceses y luego de prácticamente toda la socialdemocracia y sus * Traducción de Andrea Berenblum. ** Laboratorio de Políticas Públicas, Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

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congéneres en la periferia capitalista, daba la dimensión asumida por la nueva hegemonía mundial. Cuando la Unión Soviética se autodesmembró, las ideas dominantes en el mundo fueron nuevamente las ideas liberales, con la democracia identificada con el modelo liberal y con la economía crecientemente reconvertida hacia el modelo capitalista de mercado. Se trataba del punto de llegada de un largo proceso de acumulación de fuerzas iniciado remotamente en los años cuarenta cuando los neoliberales les hablaban a las paredes, como una secta de apariencia jurásica, pregonando objetivos supuestamente superados para siempre, como la reducción de la educación y la salud a meras mercancías, el “estado mínimo”, la desregulación de la economía, entre otras propuestas entonces consideradas utopías delirantes y nostálgicas. ¿Cómo se puede cambiar una relación de fuerzas? ¿Cómo se construye un nuevo mundo a partir del mundo tal cual es? ¿Cómo se construye un mundo nuevo a partir de los hombres tal cual son? Ésos son los grandes temas para aquellos que se proponen transformar la realidad. ¿Con qué fuerza se cuenta? ¿Cuál es la fuerza de los obstáculos a superar? Saber evaluar la relación real de fuerzas, conocer las propias potencialidades, evaluar debidamente la fuerza del enemigo, son condiciones para captar los puntos fuertes y débiles de cada uno y encontrar el o los eslabones más débiles, aquellos a partir de los cuales es posible revertir la relación de fuerzas existente e iniciar la construcción de un mundo nuevo. “Las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes.” La frase de Marx constituye el punto de partida irrenunciable para quien quiere comprender las fuerzas en conflicto. Se trata de ideas que son dominantes porque corresponden a un sistema de producción y de reproducción de las condiciones materiales de existencia, de las que esas ideas son el correspondiente en el plano de la subjetividad. Ese fenómeno corresponde al concepto de “hegemonía” tal como fue rescatado y redefinido por Gramsci, volviéndose así un elemento indispensable para cualquier estrategia de transformación revolucionaria, tanto de sus elementos materiales como de sus dimensiones culturales. La hegemonía norteamericana en el mundo contemporáneo es el marco ineludible de toda forma de comprensión que no quiera dejar de captar lo esencial. Nada importante puede ser comprendido en el mundo actual fuera del marco de la hegemonía de Estados

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Unidos, ya sea por su profundidad o por su alcance. Ése es el marco necesario de análisis, de cuya comprensión dependen las orientaciones para la lucha antisistémica contemporánea. Las visiones unilaterales que destaquen de forma desproporcionada las debilidades de la hegemonía norteamericana o que, al contrario, revelen solamente sus elementos de fuerza, perderán el eje central, asentadas en sus contradicciones, mecanismo por el cual sus elementos de fuerza acentúan, simultáneamente, sus debilidades. Comprender el movimiento real y, por lo tanto, contradictorio del capitalismo contemporáneo y de la hegemonía norteamericana que lo orienta, es la base inicial indispensable para una estrategia de construcción de un mundo diferente. Ese capitalismo, a su vez, tiene sus referencias centrales en el capital financiero y en la ideología neoliberal, los cuales articulan su movimiento de acumulación y concentración de riquezas con los valores que la justifican y orientan. Ésos son los puntos de partida que, como tales, también es necesario explicar, porque de su movimiento contradictorio se nutren las fuerzas antisistémicas capaces de ver en el capitalismo no solamente la riqueza sino también la miseria —material y espiritual—, con su potencial revolucionario.

ACUMULACIÓN DE FUERZAS: DEL CAPITALISMO AL IMPERIALISMO

Las luchas populares, en el capitalismo central, se expresaron en las resistencias y conquistas del movimiento obrero y en los combates por la implantación plena de las promesas de la Revolución francesa, de las cuales las barricadas de 1848 y la Comuna de París fueron las primeras grandes expresiones. Al modelo insurreccional inicial se sumó la combinación de la lucha institucional con la respuesta violenta a la violencia burguesa —formulada por Engels a partir de la experiencia alemana—, como formas de revertir la dominación capitalista. La emancipación de la clase trabajadora generaría, a partir de la socialización de los medios de producción, las condiciones de una nueva hegemonía. Acumular fuerzas era, centralmente, fortalecer la lucha de la clase trabajadora en todos sus niveles: lucha económica, lucha política y lucha ideológica. Tanto la vía parlamentaria —caracterizada como reformista— como la insurreccional evaluaban la relación

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de fuerzas, los avances y los retrocesos de la lucha anticapitalista basada en la fuerza de la clase trabajadora, de sus sindicatos, del éxito de sus reivindicaciones, de la fuerza política e ideológica parlamentaria y propagandística de su(s) partido(s). El marco nacional de los países capitalistas desarrollados —aquellos en los que la agudización de las contradicciones no sólo haría posible la ruptura con el capitalismo sino que propiciaría las condiciones para la construcción del socialismo— era el horizonte de evaluación de la correlación de fuerzas. Francia —“laboratorio de experiencias políticas”, según la expresión de Engels— fue el escenario privilegiado de las luchas de clase más avanzadas desde 1789, pasando por 1830, por las barricadas de 1848 y por la Comuna de 1871. El fracaso de 1848 se daba por la inmadurez —social y política— de la clase trabajadora; la mayoría de los combatientes de las barricadas eran artesanos, los operarios eran todavía una minoría. En la Comuna, las debilidades que terminaron conduciendo a su derrota —siempre según Marx— se debieron a la falta de condiciones ideológicas y políticas, transfiriendo así el foco de análisis de los factores “objetivos” a los “subjetivos”, en ese caso la hegemonía del anarquismo. Cuando analiza la coyuntura posterior a la Comuna de París Engels avanza en esa dirección, inaugurando un nuevo campo de abordajes de la táctica del movimiento operario, al comparar las lecciones que la burguesía había sacado de las formas de lucha insurreccional y de las nuevas condiciones de lucha abiertas por los espacios institucionales en Alemania. Los análisis se daban siempre en países del capitalismo central; el enfoque se basaba en las condiciones sociales y políticas de lucha, de forma similar a los análisis de Marx sobre la experiencia de la Comuna de París. Otra contribución a los métodos de evaluación de la acumulación de fuerzas se dará en un marco nuevo: el de la emergencia del imperialismo. En ésta se extenderá el universo de análisis hacia el plano mundial, mientras el mercado capitalista se universaliza. Los espacios nacionales continuaron siendo —como hasta hoy— los escenarios concretos de disputa hegemónica, aunque los análisis de las correlaciones de fuerza comenzaron a incluir obligatoriamente el marco mundial como condicionante más o menos fuerte en relación con el tipo de inserción internacional de cada país. En ese nuevo escenario Lenin introdujo el concepto de “eslabón más débil de la cadena imperialista” para referirse al lugar, dentro del conjunto del sistema, en el cual las contradicciones se condensa-

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ban de manera más fuerte, haciendo ese eslabón de la cadena más sensible a la ruptura. Hasta ese momento coincidían, a partir de los análisis de Marx, los lugares probables de ruptura del estado burgués con los lugares apropiados para la construcción del socialismo, negador y superador del capitalismo y, por lo tanto, ubicado en los países de mayor desarrollo económico, social y cultural, ya fuese en Francia o en Alemania. Con el advenimiento de un capitalismo mundializado y de su transición a la etapa imperialista, el surgimiento del concepto de “eslabón más débil de la cadena” introduce una diferencia entre los puntos de mayor fragilidad para la ruptura y los de existencia de las condiciones más favorables a la construcción del socialismo. Ese traslado posible del centro a la periferia encontraba en los análisis de Lenin su justificación en las propias condiciones de construcción del poder imperialista en el mundo. El ejemplo de la explotación inglesa en India servía como ejemplo para Lenin porque demostraba que una parte de la clase trabajadora inglesa se había hecho partícipe de la explotación de ese país —y, en particular, de su proletariado—, solidarizándose con la burguesía inglesa, alianza soldada en la ideología nacionalista del imperio inglés y de sus dominios en el mundo. El concepto de “aristocracia operaria” designaría, para Lenin, ese sector de la clase operaria que se destacaría por sus intereses corporativos y por la asunción de la ideología chauvinista del resto de la clase, y establecería un tipo particular de alianza contra el conjunto de la clase trabajadora, así como contra India y, en particular, su proletariado. Habría entonces un desplazamiento de las luchas de clase de un lugar hacia otro de la cadena imperialista. Así como éstas se tornaban menos densas en Inglaterra —centro del capitalismo—, se agudizaban en la India, periferia del sistema. Las condiciones de desarrollo del capitalismo en Inglaterra hacían disminuir las contradicciones internas dentro del país, en vez de hacerse más propicias para la ruptura del capitalismo, y las tornaba más intensas en la periferia —bloqueando la capacidad de desarrollo de la burguesía inglesa— y entre el centro y la periferia. De esta forma, el cuadro de las contradicciones se complica con el traslado de las tensiones del centro hacia la periferia, y se reproduce en dos planos diferenciados: el de la cuestión nacional (anticolonial, antiimperialista, de liberación nacional o como quiera que se la denomine) y el de la cuestión social (posibilidad de ruptura en el capi-

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talismo periférico por la profundización de las contradicciones sociales). En algunos países predominará el primer aspecto (en todos los que se dio el movimiento anticolonial sin ruptura con el capitalismo, con India como paradigma extendido a casi todo el continente africano), en otros el segundo (con China como paradigma, seguida por Vietnam, Corea del Norte y Cuba, entre otros). Sin embargo el país de referencia esencial —por razones históricas precisas— terminó siendo Rusia. País atrasado, aunque el zarismo había propuesto participar en la división del mundo entre las grandes potencias imperiales, Rusia fue el escenario por excelencia para ejemplificar el concepto de “eslabón más débil de la cadena” de Lenin. Mitad potencia imperial, mitad sociedad feudal, Rusia, con el esfuerzo del zarismo para participar en la guerra, distendió al máximo las cuerdas de su frágil estructura social, mientras las derrotas y los sufrimientos le daban la razón a Lenin, quien reconocería que nunca es tan difícil promover una revolución como en el inicio de una guerra, dada la acción anestésica del nacionalismo belicista, pero nunca la revolución es tan posible como en el transcurso de una guerra, cuyo carácter interimperialista y de clase se hace evidente. La movilización de amplios sectores del campesinado hacia los frentes de guerra, alejándose del letargo del campo y poniéndose en contacto con los operarios, ambos con armas en la mano, posibilitó la materialización de la política de los bolcheviques del pacifismo revolucionario y comenzó a articular el sujeto social de la Revolución de octubre. El fracaso del gobierno menchevique de febrero reveló el radicalismo de la situación, catalizada por el lema “paz, pan y tierra” que, en su simplicidad, evidenciaba el agotamiento de la capacidad de la burguesía de administrar la crisis en la que Rusia estaba sumergida. Se rompía la cadena imperialista por su eslabón más débil, que no se ubicaba en el centro sino en la periferia, en la Rusia atrasada. Se desvinculaban entonces los lugares de más fácil ruptura del poder burgués de aquellos que tenían condiciones para la construcción de la sociedad socialista. En palabras de Lenin el dilema se resumía así: “es fácil tomar el poder en la Rusia atrasada, infinitamente más difícil es construir el socialismo”. Haber captado lo nuevo —la construcción de la cadena imperialista en escala mundial, la posibilidad de ruptura por sus eslabones más atrasados— no concedía el poder de alterar los elementos mate-

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riales, sociales y culturales del movimiento histórico, que seguían señalando a los países más desarrollados como aquellos con condiciones de protagonizar la construcción de la nueva sociedad. Cambiaba el proceso de acumulación de fuerzas —éste podría comenzar a darse, de forma aguda, en los países de la periferia, aunque su capacidad de irradiación en dirección al centro rápidamente se mostraría pequeña en comparación con la urgencia de su extensión en esa dirección, así como con su difusión hacia los centros menos desarrollados del capitalismo— hacia la periferia asiática. Cuando el capitalismo volvió a estabilizarse y el nuevo “eslabón más débil de la cadena” —la Alemania derrotada en la guerra— “resolvió” su crisis en dirección al nazismo, se limitó la capacidad de acumulación de fuerzas por parte del movimiento anticapitalista. La discusión entre Stalin y Trotski puede ser interpretada como un debate sobre las vías de acumulación de fuerzas: concentrarlas prioritariamente en la Rusia atrasada y aislada o intentar hacerlo en la dirección de la entonces bloqueada Europa Occidental. La derrota de las tentativas revolucionarias en Alemania probablemente condenó a la Revolución rusa, al frustrar las posibilidades concretas de que el proceso revolucionario se trasladase de la periferia hacia el centro del capitalismo y cambiara el destino del socialismo en el siglo XX. En el centro del capitalismo, durante las décadas siguientes, la constitución del movimiento operario en torno a sus dos ejes fundamentales —los sindicatos y los partidos legales— definió una línea de acumulación de fuerzas, tanto en la socialdemocracia como en el movimiento comunista. Mientras, en la periferia del capitalismo, predominaba la guerrilla como forma esencial de acumulación de fuerzas anticapitalistas, ya fuese en su modalidad de guerra popular puesta en práctica en China o en Vietnam o de guerra de guerrillas, como en Cuba. Esas formas de lucha preponderaron con destinos diferentes en el centro y en la periferia capitalista. En el centro las conquistas fueron de carácter económico-social, sin ningún proyecto anticapitalista exitoso —sólo las barricadas de París de 1968 llegaron a plantear el tema del poder del estado burgués—, como elementos incorporados al llamado estado de bienestar social, en cuya base había un compromiso interclasista. En la periferia se dieron las victorias de China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba. La extensión de los regímenes poscapitalistas (incluidos los del este europeo) no quebró el aislamiento de los movimientos de ruptura con el capitalismo. Falló la acumula-

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ción de fuerza en los centros del capitalismo, sellando así el destino del socialismo en el siglo. Las referencias centrales para evaluar las correlaciones de fuerza se alteraron con la crisis de legitimidad de los parlamentos, con el debilitamiento de los sindicatos, con la desaparición del “campo socialista”, con la crisis o descaracterización de los partidos de izquierda. Las clases cambiaron su forma de representación política al construirse de instancias supranacionales de poder de las elites dominantes mientras los grandes medios de comunicación ocupan espacios fundamentales en la constitución de la opinión pública. Al mismo tiempo la capacidad de consenso de las ideologías dominantes tendió a multiplicarse y expandirse a través de diversas formas de elaboración y divulgación. Por otro lado, la multiplicación de las formas de expresión de los conflictos sociales generó una diversidad de formas de lucha y de organización que no pudieron ser medidas por los criterios tradicionales: cantidad de huelgas, número de sindicalizados, etcétera. La acumulación de fuerzas antisistémicas está relacionada directamente con el modelo hegemónico existente. Un modelo “europeo” —institucional, con economía industrial y relaciones sociales centradas en el mundo del trabajo formal— en el centro demandaba la construcción de contrahegemonías con ejes en la lucha parlamentaria y en el movimiento sindical. Por su parte, los modelos hegemónicos con predominio de elementos de dominación, más que de consenso, producían fuerzas opositoras que tendían a la lucha insurreccional. Las nuevas modalidades de hegemonía capitalista requieren hoy nuevas formas de acumulación de fuerzas anticapitalistas. Éste es uno de los grandes temas teóricos y prácticos que tenemos por delante, luego de Seattle y del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, lo mismo para capitalizar nuestros avances que para comprender nuestros puntos fuertes y débiles, como los del capitalismo en su era neoliberal. De eso dependerá, en gran medida, el escenario de las luchas de clase en el siglo que apenas se inicia.

HEGEMONÍA Y CONTRAHEGEMONÍA EN LA ERA NEOLIBERAL

El periodo histórico marcado por el modelo hegemónico neoliberal representa no sólo un cambio radical en la correlación de fuerzas en-

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tre las clases fundamentales (o, si se quiere, entre capitalismo y anticapitalismo), sino también un cambio en la forma que asume la hegemonía, lo que a su vez requiere que las fuerzas antisistémicas alteren igualmente sus formas de acumular fuerzas para derrotarlo. Es necesario, entonces, para definir las vías de construcción de la alternativa, comprender las modalidades de esa hegemonía. La desregulación es un elemento económico, social e ideológico clave de la hegemonía neoliberal. Por un lado, al liberar el capital para que circule con la menor cantidad de trabas posibles, reinstaura una relación de fuerzas entre capital y trabajo claramente favorable al primero, ya sea por el aumento del desempleo o por la fragmentación social que introduce. La restauración del proceso productivo —con nuevas tecnologías y nuevas formas de organización de la producción— permite elevar las tasas de explotación de la fuerza de trabajo. Sin embargo la desregulación también altera claramente la relación entre capital productivo y capital especulativo en favor de este último. A pesar de los avances tecnológicos del periodo (especialmente los vinculados a la informática) la mayoría de los capitales circula en el mundo dentro del circuito financiero, y gran parte de ellos están directamente vinculados a la especulación. El propio financiamiento del boom de las empresas de informática se dio a través de capitales volátiles que, una vez en regresión, arrastran con ellos también a ese sector que, según los ideólogos de la “nueva economía”, estarían exentos de crisis, definiendo un nuevo ordenamiento sin interrupciones de expansión económica, del que Estados Unidos —ahora en recesión— sería el paradigma. Ese cáncer arraigado en el corazón del capitalismo, que oculta la salud de su proceso de acumulación —la “acumulación financiera” es simplemente un chupasangre del proceso productivo—, es uno de los puntos frágiles de la economía liberal vigente. Por eso una tasa cuantitativamente pequeña, como la tasa Tobin, provocó que se desataran fuertes reacciones de sus enemigos y posibilitó un movimiento con tanto potencial como ATTAC y sus desdoblamientos posteriores. Junto a esa zona gris del modelo económico actual se encuentran los paraísos fiscales y todo lo que encubren (lavado de dinero del narcotráfico, del comercio clandestino de armas, de gobernantes corruptos, etc.), elementos esenciales de la modalidad de producción, de comercio y de circulación financiera en el mundo actual. El combate a la especulación financiera y la lucha por el fin de los paraísos

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fiscales, aunque parezcan elementos marginales en el sistema económico vigente, representan puntos frágiles esenciales y pueden constituir la base de denuncias sobre la naturaleza de una economía delictiva, de estados y grandes corporaciones involucrados en ellas. Al mismo tiempo la marginación de la mitad de la población del mundo —que vive hasta con dos dólares diarios—, y de continentes enteros —como África— por no constituir mercados con alto poder adquisitivo, por no poseer infraestructura moderna y por no disponer, en general, de mercancías muy valoradas en el mercado internacional o de mano de obra altamente calificada, debe transformarse en un tema esencial de la lucha por un mundo más humano y solidario, que encuentra su razón de ser en las condiciones generadas por una economía mercantilizada. Éste es un tema que no sólo sirve como puente entre la economía y las condiciones sociales de existencia de la humanidad, sino que indica los criterios que tienen que orientar a una nueva economía, centrada en las necesidades de la gran mayoría de la humanidad, carente y excluida del acceso a los bienes y servicios que los hombres son capaces de producir. Pero si el neoliberalismo tiene su fuerza y su debilidad en el aspecto económico (multiplica las riquezas pero las concentra; cuando aumenta los empleos los precariza, dilapida la naturaleza, etc.), el aspecto que debe ser fuertemente combatido es el plano ideológico, en rigor su mayor victoria. La fragmentación social se acompañó con grandes avances en el plano de los valores, de los significados subjetivos que motivan a las personas, de las lentes con que se mira y se caracteriza la vida en sociedad. Al mismo tiempo esos nuevos valores se articulan a un formidable aparato de propaganda —el cual va de las agencias de noticias a las industrias de entretenimientos en todas sus modalidades—, que los convierte en valores cotidianos en la vida de gran parte de la población mundial. A la mercantilización sin límites de la vida social corresponde una ideología que busca destacar los elementos de “libertad”, de “iniciativa individual”, de destino diferenciado de cada uno, de eficacia. Se parte de la idea de que los recursos, las posibilidades, los empleos, los espacios en el mercado son limitados, y de esa forma le compete a cada uno buscar su lugar, sus medios de sobrevivencia, que por definición se obtienen a costa de los otros. Esa ideología golpea duramente toda forma de acción colectiva, de organización social, de lucha por derechos. Al mismo tiempo que se propagó la extensión de las formas de sobrevivencia vinculadas a

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trabajos precarios e informales, así como la inseguridad en el trabajo, las personas pasan gran parte de su tiempo implicadas con problemas materiales inmediatos, relacionados con la sobrevivencia, lo que es funcional a la falta de tiempo tanto para la acción colectiva como para la reflexión. El triunfo sobre el neoliberalismo, entonces, tiene que ser principalmente —aspecto sobre el que ya hemos conseguido dar algunos pasos— un triunfo ideológico. No solamente de los valores morales —esenciales— que nos orientan, sino también de los valores que orientan cotidianamente a las personas, lo que significa una presencia constante en los conflictos concretos, en los debates diarios y, sobre todo, velar por el éxito de las luchas reivindicatorias y de sus movimientos, que pueden recobrar la confianza en las soluciones colectivas y golpear de forma contundente el egoísmo consumista prevaleciente. Pero las victorias definitivas tienen que desembocar en triunfos políticos, en la cristalización de una nueva relación de fuerzas, en políticas puestas en práctica por gobiernos locales y por estados. Toda forma de subestimación del plano político peca por no reconocer la correlación de fuerzas real existente y necesaria para construir otro mundo. En primer lugar, para quebrar el poder concentrado del gran capital, que tiene sus bastiones en los estados nacionales, tanto en el centro como en la periferia del capitalismo. ¿Quién puede dudar del peso que tienen los autoproclamados “siete grandes”, una especie de ejecutivo de un gobierno mundial? ¿Cómo hubiera sido posible llevar a cabo políticas neoliberales sin la intervención activa y decidida de aquellos estados en nuestros países? Cualquier visión liberal que centre la acumulación de fuerzas en la oposición sociedad civil-estado estará destinada no solamente al fracaso sino a provocar más confusión que claridad y avances. Como efecto de las recientes dictaduras militares, en los países del Cono Sur ha habido una tendencia a rechazar la acción estatal, considerándola, por definición, malévola y contrapuesta a una, también por definición, siempre benéfica “sociedad civil”. Mientras lo estatal se identificaba con la represión, con el mal uso de los recursos públicos, con la burocracia, el espacio privado, la “sociedad civil” tendió a identificarse con lo que se oponía al estado, incluso por el término “civil” como opuesto a militar. Ese maniqueísmo tendió a generar dos tipos de problemas; por un lado descartó la posibilidad de democratización radical del estado;

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por otro puso en la misma bolsa de gatos todo lo que no es estado, incluyendo a las grandes empresas privadas. Una ambigüedad de este tipo vició la “teoría del autoritarismo”, tanto en la versión original de Fernando Henrique Cardoso como en otras similares. Allí podía reconocerse el reduccionismo conservador de la condena al estado y de la absolución acrítica del empresariado privado. En las tesis de Marx, a partir de los Manuscritos económico-filosóficos, y en las de Gramsci, la sociedad civil es un espacio de disputa por la hegemonía entre las clases fundamentales. Por lo tanto es un espacio que engloba lo mejor y lo peor que el liberalismo intenta disfrazar por la oposición estatal-privado, imprimiéndole connotaciones positivas que incluyen el “mercado”. Para Gramsci la sociedad civil es un espacio privilegiado de lucha de clases, atravesado por las contradicciones fundamentales de la sociedad capitalista, y por esta razón no se opone al estado, porque la clase dominante —la burguesía— se apropia de él y lo hace funcionar en favor de sus intereses. El desafío consiste en contruir una hegemonía alternativa, anticapitalista, que se apoye en las fuerzas sociales de la “sociedad civil”, opuestas a otras fuerzas de la sociedad civil, buscando la transformación de las bases fundamentales de la sociedad y del estado. Así, los gobiernos democráticos y populares —como los de Rio Grande do Sul o Porto Alegre y de otros municipios con políticas similares en esa región— son aliados fundamentales, puestos de avanzada en la construcción de una fuerza política e ideológica para la construcción de un mundo antiliberal. Se trata, así, de construir una nueva visión y un nuevo espacio para la política. No la política de visión tradicional que la restringe a los espacios institucionales y a los calendarios electorales, en que toda la energía de la lucha de las personas y de las organizaciones se canaliza hacia la conquista de gobiernos y diputados; tampoco la que busca acumular fuerzas para asaltar al aparato de estado, como si el poder fuera una cosa y el aparato de estado concentrara todo el poder de la sociedad, una visión que piense la lucha social, política e ideológica en la perspectiva de un proyecto de una hegemonía alternativa, anticapitalista, de construcción de una nueva sociedad, sea en sus bases económicas, sociales, políticas o culturales. En esa perspectiva, separar la lucha social de la política —la “sociedad civil” del estado— representaría girar en el vacío, acumulando fuerza social sin hacerla desembocar en fuerza política o, peor todavía, haciendo que esa fuerza sea canalizada para proyectos de

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renovación de las fuerzas sistemáticas, y no de su radical transformación. Es lo que sucede con parte de las ONG, que a pesar de sus definiciones programáticas terminan girando alrededor de la plataforma del Banco Mundial o de gobiernos que pretenden cooptarlas. La alternativa no es, entonces, entre sociedad civil o estado, o entre fuerzas sociales o políticas, ya que la lucha social no se sustenta en el vacío político. Si no llenamos ese espacio con un proyecto político de gobierno, de sociedad, de poder conscientemente asumido, estaremos permitiendo que otros coopten esa fuerza social. La visión liberal busca bloquear toda alternativa en la polarización estatal-privado con la descalificación del primero y la automática revalorización del segundo, donde se esconden las relaciones de mercado. Para nosotros se trata de desplazar esa polarización, introduciendo el elemento clave de lo público, el que representa la democratización radical del estado y del que son buenos ejemplos las políticas de presupuesto participativo y la construcción de los asentamientos promovida por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Se trata, por lo tanto, de redefinir la noción de política, imprimiéndole un carácter público, tornándola un espacio de acumulación de fuerzas sociales, culturales y directamente políticas, quebrando la dualidad estado-sociedad civil que pertenece al universo liberal y choca directamente con la socialización de la política y del poder, objetivos fundamentales de la lucha por la emancipación de los hombres. Sin embargo, antes de entrar en esa cuestión, es necesario subrayar un problema que se le presenta nuevamente a la lucha anticapitalista con la misma o mayor fuerza que en el inicio del siglo pasado: la diferencia, a veces dicotómica, de las condiciones de lucha en el centro y en la periferia capitalista. Es un problema que se arrastró a lo largo de todo el siglo pasado, desde la victoria de la Revolución rusa y su posterior aislamiento en relación con los países del centro del capitalismo, situación que no se superó hasta el fin de la URSS, y que puede ser invocada como uno de los factores de la derrota del socialismo en el siglo XX. A lo largo del siglo XX esa diferencia llegó a expresarse bajo la forma de contradicción cuando, por ejemplo, el movimiento de liberación de las colonias europeas no solamente no contó con el apoyo de la izquierda tradicional (partidos socialistas y comunistas, centrales

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sindicales vinculadas a esos partidos), sino que algunas veces tuvo dentro de ellos agentes directos de la política colonial europea. La socialdemocracia personificó más directamente la izquierda parlamentaria europea como modelo de fuerza social y política del centro del capitalismo, solidaria con movimientos de la periferia capitalista, aunque frontalmente opositora a movimientos revolucionarios victoriosos, como los casos de China, Cuba y Vietnam. Existía una distancia, a veces un enfrentamiento directo, aunque en general había un campo de coincidencias que permitía decir que, de una forma u otra, pertenecían al mismo campo movimientos revolucionarios de la periferia capitalista, fuerzas nacionalistas del tercer mundo, partidos de izquierda y sindicatos del centro del capitalismo, así como los finados países del entonces llamado “campo socialista”, como tres vertientes de un movimiento internacional, cuya denominación sería difícil designar, pero con puntos comunes, como si su fortalecimiento indicara la acumulación hacia la misma dirección: antiimperialista, anticapitalista o simplemente democrática, de acuerdo con los objetivos de cada fuerza. Esa situación se alteró en la era de la hegemonía neoliberal. El fin de la URSS y del campo socialista y el debilitamiento radical de los partidos comunistas y sindicatos vinculados a ellos fueron algunos de los motivos que explican este proceso. Pero existieron otras alteraciones significativas, entre ellas la reconversión de la socialdemocracia europea hacia las tesis neoliberales del ajuste fiscal, tendencia iniciada con el cambio de dirección del gobierno francés de François Mitterrand en 1982, cuando se siumó a las políticas de Reagan e Thatcher y abandonó al tercer mundo a su suerte, lo cual no significó simplemente un cambio radical de la “filosofía” del gobierno francés y de su política económica sino que soldó fuertemente la alianza de las potencias capitalistas del norte a expensas de los países de la periferia capitalista. No fueron pocas las consecuencias de este proceso en el plano internacional. La actitud chovinista en relación con los trabajadores extranjeros en Europa fue una de ellas. Inicialmente característica de la extrema derecha, contagió a sectores cada vez más amplios de trabajadores, tornando difícil la solidaridad social y política con los inmigrantes. Además, la construcción de los tres megamercados mundiales se realizó también en función de las disputas interimperialistas, para ubicarse mejor en el nuevo reparto del mundo, especialmente con los nuevos procesos de internacionalización del capi-

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tal, de financierización de la economía mundial, de privatización de los patrimonios de los estados de la periferia capitalista, de apertura de nuevos espacios de penetración, fusión y adquisición de empresas (bancos, telefonía, etcétera). Se produjo una ruptura entre las izquierdas del centro y de la periferia capitalistas. La primera se debilitó en su campo comunista y se pervirtió en su polo socialdemócrata. Los sindicatos se debilitaron y volvieron defensivos mientras perdían de vista, en general, la defensa de los intereses de la clase trabajadora como clase internacional. La intelectualidad, a su vez, se dejó llevar, en su mayoría, por la nueva ideología anglosajona del “militarismo humanista” —como la llamó Chomsky— y, si bien no se adhirió a la guerra del Golfo, lo hizo a la de Yugoslavia, ayudando a legitimar el carácter “democrático” de la nueva ideología de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, guiada por el tándem Estados Unidos-Inglaterra. Al mismo tiempo la izquierda de la periferia también sufrió mutaciones. Partidos y fuerzas vinculados de una u otra forma a la socialdemocracia —en su versión ideológica explícita como Acción Democrática de Venezuela, el Partido Socialista, PS, chileno o el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, de Bolivia— o partidos populistas y nacionalistas clásicos —como el peronismo o el Partido Revolucionario Institucional, PRI, mexicano— sufrieron transformaciones similares a sus sucedáneos europeos y se distanciaron de las tesis clásicas de la izquierda en el continente, enfrentándose directamente en varios casos (como el brasileño) con los partidos que continuaron en la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales. Por otro lado, en los países en que las dictaduras militares desarrollaron políticas de exterminio contra la izquierda radical —de los cuales Argentina y Chile son los casos más típicos y dramáticos—, la izquierda sufrió derrotas estratégicas, de largo plazo, que dejaron el escenario político nacional de esos países prácticamente sin un protagonista antineoliberal de expresión. La diferencia es que el nuevo orden económico y político mundial favoreció un nuevo impulso de transferencia de riqueza y de poder de la periferia hacia el centro del capitalismo, similar al colonial previo a la industrialización de los países de la periferia capitalista, a aquella época en que Lenin se refería a la “aristocracia operaria”. Las conquistas económicas, la ideología chovinista, junto a la hegemonía tecnocrática y consumista norteamericana, consolidaron una fractura entre el centro y la periferia capitalista, con repercusiones

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directas sobre la izquierda. Cuando las fuerzas que resistieron al neoliberalismo en la periferia se recuperaron, no encontraron los antiguos interlocutores en el centro del capitalismo —en particular en Europa Occidental, cuna de la izquierda— y tuvieron que buscarlos en otras direcciones, como lo demuestra la cartografía del Foro Social Mundial de 2001 en Porto Alegre. Una primera lectura de la composición del foro, si es representativa de lo que constituye hoy el campo antineoliberal, revela el surgimiento de fuerzas nuevas tanto en la periferia como en el centro del capitalismo. La presencia del sindicalismo norteamericano, del sudafricano, del de Corea del Sur, junto al brasileño y al argentino, habla de la recomposición de fuerzas en el plano de la organización económico-social de los trabajadores y de la disminución del peso del sindicalismo de Europa Occidental, movimientos sociales representados en la Vía Campesina —entre los que destacan el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST, de Brasil y movimientos indígenas latinoamericanos—, movimientos de mujeres, de negros, de profesores, a los que se suman la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATTAC —a partir de su liderazgo francés—, ONG ecológicas, de derechos humanos, etc. Ni siquiera los partidos de izquierda latinoamericanos estuvieron debidamente representados —Partido de los Trabajadores, PT, de Brasil, Frente Amplio de Uruguay, Partido de la Revolución Democrática, PRD, de México, por ejemplo—, ya sea porque no percibieron a tiempo la importancia del Foro o porque de alguna manera están involucrados en las dinámicas institucionales internas de sus propios países. Especial importancia tiene la recomposición —aunque todavía embrionaria— de la izquierda europea a través de ATTAC y organizaciones afines, no sólo porque le permite a la izquierda retomar la iniciativa, sino porque concretamente ya surgió como factor de dinamismo y de recuperación de la capacidad de sensibilizar a las nuevas generaciones de militantes. Además ese movimiento representa el nuevo hilo conductor a través del cual la izquierda de la periferia encuentra interlocutores en los países del centro del capitalismo a partir de un tema que afecta al mundo como un todo: el papel especulativo del capital financiero, y que representa uno de los elementos de fuerza y de fragilidad del capitalismo contemporáneo. Si es verdad que la mayor cantidad de fuerzas acumuladas están concentradas actualmente en la periferia del capitalismo, esto no

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puede conducir a retomar concepciones “tercermundistas”, entendidas como visiones que oponen los intereses de la periferia como un todo contra los del centro tomado como totalidad. Limitarnos a una estrategia de la periferia contra el centro transformaría nuestras debilidades en virtudes, retomando el ciclo que condicionó negativamente el socialismo a lo largo de todo el siglo XX. El internacionalismo que debemos recomponer tiene que ser universal; tiene que atravesar el capitalismo en su conjunto, restableciendo alianzas entre fuerzas anticapitalistas del centro y de la periferia a partir del análisis del sistema como un todo. Si bien los países de la periferia capitalista son las mayores víctimas de las políticas neoliberales —especialmente su población pobre—, la fuerza acumulada en la periferia no es suficiente para revertir la correlación de fuerzas en su conjunto, porque el nuevo orden mundial reconcentró fuerzas en detrimento del hemisferio sur y en favor de las potencias del norte. Las agudas contradicciones en la periferia pueden movilizar los más amplios contingentes para la lucha antineoliberal actual, pero es necesario sumarles el papel estratégico de los países centrales del capitalismo y de las fuerzas que se oponen a la hegemonía contemporánea en el centro del sistema. De la capacidad de recomponer esa alianza estratégica depende en gran parte el fortalecimiento de las fuerzas antineoliberales en el mundo actual.

PORTO ALEGRE 2002: EL PROGRAMA Y LAS FORMAS DE ACCIÓN PARA OTRO MUNDO

La entrada en el siglo XXI nos proyecta hacia una continuidad de la hegemonía norteamericana en el mundo, asentada en la fuerza de su economía, en el hecho de que es la única potencia con intereses en todas las regiones del mundo y con la posibilidad de organizar y mantener el apoyo de un bloque de las otras grandes potencias, con la capacidad para velar militarmente por esos intereses, y que dispone del monopolio de los grandes medios de comunicación como instrumento de consolidación de esa hegemonía. Sin embargo, después de un ciclo expansivo que atravesó toda la década pasada, la economía de Estados Unidos entra en un periodo recesivo, cuyas consecuencias para la economía mundial están a la medida de la importancia que esa economía asumió. Lo más impor-

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tante, sin embargo, serán las consecuencias sociales e ideológicas que pueda tener esa transformación dentro de Estados Unidos, donde será fundamental para la lucha antineoliberal echar raíces profundas y extensas, sea por la importancia de ese país en la correlación objetiva de fuerzas en el mundo, sea por la trascendencia mundial de todo lo que allí ocurre. El cambio de rumbo de la economía estadunidense también puede traer consecuencias graves para un país clave en el continente como lo es México, el cual hoy tiene 90% de su comercio exterior con su vecino del norte. Como modelo de buena vía de integración de un país del tercer mundo, de la misma forma en que la crisis mexicana de 1994 bloqueó en aquel momento la extensión del NAFTA para el resto del continente, lo que ahora suceda con México será una referencia central para el proyecto estratégico de Estados Unidos en la construcción del ALCA. A ese proyecto tenemos que oponer la integración latinoamericana como condición previa para cualquier negociación con una economía que representa 70% de la totalidad del continente. Del resultado de esa resistencia dependerá en gran parte el futuro del continente, su capacidad de integración soberana o subordinada a lo largo del nuevo siglo. La lucha por impedir una nueva ronda mundial del comercio, que pretende convocar la Organización Mundial del Comercio, OMC, debe continuar siendo uno de los objetivos centrales de nuestra resistencia, la cual comenzó a cobrar trascendencia mundial justamente en Seattle, cuando logramos impedir la reunión de aquella organización. Aún más, después de Porto Alegre estamos comprometidos a diseñar y encontrar los medios de poner en práctica el tipo de comercio alternativo que queremos, las formas equitativas de comercio basadas en las necesidades de los pueblos, y no en la simple búsqueda de ganancia. La inciativa aprobada por Naciones Unidas, que establece los alimentos como derecho, tiene que ser una de nuestras batallas fundamentales desde el momento en que 840 millones de personas pasan hambre y un continente casi entero, África, está rebajado a los niveles de sobrevivencia más elementales. Tenemos que encontrar grandes iniciativas que molesten a la conciencia universal con los problemas de África: hambre, enfermedades, comercio clandestino de armas llevado a cabo por intereses económicos de grandes corporaciones y potencias económicas. Mientras no consideremos los desti-

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nos de África —y de las regiones más pobres del planeta— como prioridad mundial, no cambiaremos el actual escenario ideológico. La construcción de un Tribunal Social Mundial, compuesto por autoridades internacionalmente reconocidas, para juzgar los casos más graves lo mismo de crímenes contra la sobrevivencia de millones de personas por mecanismos de mercado, que de atentados contra los derechos humanos, políticos y culturales de los pueblos, debe ser otro objetivo que se valga ampliamente de la superioridad moral de las causas que defendemos, claramente reconocida por la prensa mundial en el enfrentamiento con Davos. El Foro Social Mundial de Porto Alegre tiene que ser, en su conjunto, un foro de propuestas sobre los grandes temas del mundo contemporáneo, propuestas elaboradas por los mayores especialistas y ampliamente debatidas en el foro, para que de ellas salgan no sólo alternativas sino formas de acción que permitan llevarlas a la práctica e iniciar efectivamente la construcción de otro mundo, más justo, humano y solidario.

LA BRECHA CON EL MUNDO DESARROLLADO: ALTERNATIVAS, ORTODOXIAS Y SUBVERSIONES EN AMÉRICA LATINA* GUILLERMO GUAJARDO S.**

INTRODUCCIÓN

Mi reflexión no se vuelca a una crítica extensiva al modelo económico prevaleciente en la actualidad, sino a extraer algunas lecciones a partir de las premisas, asentadas durante el siglo XX, de que un progreso indefinido mediante la industrialización llevaría al desarrollo, o que el credo convencional de la teoría clásica conduciría al mismo resultado. Pero las previsiones hechas cuando terminó la guerra fría en el sentido de que el libre comercio y las transiciones a la democracia garantizarían un crecimiento económico sostenido y la prosperidad, no se han cumplido, y las políticas neoliberales presentan grandes vulnerabilidades en la balanza de pagos, distribución del ingreso y pobreza, crecimiento económico inestable, pérdida de respaldo político e inseguridad en el empleo (Bird y Helwege, 1977: 54-55; Rodrik, 2001: 8-9, 13). No obstante, la región latinoamericana avanzó en el último medio siglo en superar la mortalidad infantil, adquirir una capacidad industrial exportadora, incrementar sus niveles de alfabetización, desarrollar y expandir su cobertura educativa; también evitó guerras internacionales y se mantiene como un conjunto de estados-nación bastante coherente, en donde un mínimo republicanismo permitió salir en forma inestable, pero pacífica, de la guerra fría. Sin embargo, ¿por qué la región sigue siendo subdesarrollada a pesar de su industrialización?, ¿qué alternativas tiene después de haber experimentado con distintas ortodoxias y subversiones? * Debo agradecer los comentarios hechos por Omar Núñez y Jaime Estay a esta ponencia. ** Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (1997). Actualmente es investigador asociado adscrito al Programa de Estudios Interdisciplinarios del CEIICH-UNAM e investigador nacional del CONACYT, nivel I.

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Creemos que estas contradicciones forman parte de un modelo único, bastante persistente y dinámico, basado en una relación de dependencia externa con amplios márgenes de decisión nacional. En ese sentido las alternativas actuales para comprender un siglo de dinámico subdesarrollo no pasan por reciclar alguna vieja teoría o enfoque (Kay, 1998: 116-117), incorporar la dimensión del mercado o considerar utopías de pleno empleo y distribución (Vilas, 1998: 6970), sino que se requiere revisar los errores y aciertos del pasado que llevaron a la situación actual. Para esto es pertinente la idea de Albert O. Hirschman sobre la llamada “fracasomanía” latinoamericana, es decir el desconocimiento del bagaje de experiencias transmitidas del pasado, la convicción de que todo lo hecho ha sido un fracaso. “Cuando se llega a este punto, lo único que cabría hacer es importar del exterior cosas, actitudes, valores, sin intentar aprender de la propia experiencia” (Hirschman, 1996: 656). Y es que una revisión histórica indica que durante los siglos XIX y XX, si bien la región transitó desde una economía rural, primario-exportadora, a una urbana y manufacturero-exportadora, hoy en día, en términos absolutos y relativos, hay más personas que viven con menos de un dólar al día. Por otra parte los gobiernos son elegidos en elecciones competitivas y se desarrolla un sistema político que presenta una creciente mezcla de “nueva economía” con “vieja política”;1 constituye una realidad que no se dio en forma generalizada durante el modelo de desarrollo llevado a cabo entre 1930 y 1980. Además, las nacionalizaciones y la industrialización como estrategias de desarrollo, si bien no cerraron la brecha con el mundo desarrollado, cambiaron totalmente el perfil productivo de la región y dieron paso a una sofisticación en diversos planos. En la actualidad las exportaciones latinoamericanas están constituidas en un 75% por bienes industrializados, a diferencia del 38% que se registraba en 1965,2 aunque América Latina participa menos en el comercio mundial, ya que bajó de 7.7% en las exportaciones mundiales en 1965 a 3.8% en 1990.3 A ese resultado se pudo llegar por estrategias de industrialización forzada, construcción del 1

La figura de “nueva economía” con “vieja política” es desarrollada por Panizza, 2000. 2 Cuadro 1A, “América Latina y el Caribe: Composición del comercio de bienes según categorías, 1965-1998”, CEPAL, 1999. 3 Cuadro C2, “Participación en el comercio mundial, 1960-1994 (En porcentajes en dólares corrientes)”, CEPAL, 1999: 29.

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mercado interno, expansión de beneficios y movilidad social para amplios sectores, en una ruta que Amartya Sen calificó como la ruta hacia el desarrollo con “sangre, sudor y lágrimas” (citado por Kliksberg, 1999: 86), que en América Latina podríamos calificar de “desarrollo duro”.

LOS MODELOS Y EL ACERVO DE FRACASOMANÍA

En sociedades con escasa competencia y concentración del poder como las latinoamericanas, la adopción de los paradigmas de desarrollo —fundamentalmente provenientes del mundo atlántico anglosajón o bien europeo— ha estado guiada hacia una mayor occidentalización, sin considerar otras alternativas, o bien destruyendo las propias. En general la importación de modelos ha fallado en su aplicación completa por la creencia de que el desarrollo puede ser manejado como una maquinaria de ingeniería social (Brett, 2000: 3). Esto, en todo caso, obedece a un patrón histórico de adopción pasiva de las influencias occidentales seguido desde el siglo XIX por las elites gobernantes, cuya continuidad se encuentra en el papel que cumplieron los economistas latinoamericanos en la década de 1980, quienes se volvieron, a juicio de Drake, “más fervorosos y más rígidos” que sus mentores extranjeros al aplicar las recetas de apertura comercial, desregulación y privatización (Camp, 1997: 165; Abel y Lewis, 1985: 21; Drake, 1997: 68), cumpliéndose la afirmación de Giddens en el sentido de que los grupos de la clase dominante siempre han estado sometidos a las ideologías dominantes, mucho más que los grupos subordinados de la sociedad, que tienen ideas propias al respecto (Giddens, 1979: 72). También se cumplió la afirmación de Hirschman hecha a fines de la década de los cincuenta en el sentido de que la estrategia de desarrollo se basa en la capacidad de decisión más que en los prerrequisitos económicos, capacidad que reside en las elites; y, en ello, la habilidad para tomar y llevar a cabo decisiones es un recurso escaso, porque condiciona todas las otras carencias y dificultades de los países subdesarrollados (Hirschman, 1958: 26-27). En ese sentido, el acervo de “fracasomanía” sin duda ha residido en las elites y en la tecnocracia latinoamericanas, claves para transferir modelos, así como para que aplicar versiones cada vez más rí-

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gidas y estilizadas, desconociendo las condiciones de los países latinoamericanos poco dados —por su heterogeneidad y polarización— a tener las condiciones para llevar a cabo en forma eficaz esos modelos. De ahí que la introducción del credo económico ortodoxo no se dio completamente con la crisis de la deuda en 1982 o con los regímenes de seguridad nacional del Cono Sur en la década de 1970, sino a partir de centros académicos y de elites que estuvieron en sintonía con los cambios que ocurrieron en la disciplina económica desde los cincuenta, orientados a un conocimiento más estilizado y teórico. Los cambios dados en la disciplina económica en la posguerra llevaron a que los economistas no estudiaran el desarrollo económico como un proceso complejo y multifacético, ignorándose las dimensiones sociales de la vida económica y de la política (Krugman, 1995: 719; Weaver, 1980: 3-6). Si bien desde fines de la década de 1990 se experimentó una mayor diversidad de enfoques, por la ebullición del debate sobre modelos de desarrollo y la integración de variables a las que el enfoque ortodoxo asignaba escasa importancia (Kliksberg, 1999: 86-87), la nueva ortodoxia se ubica en espacios de gran poder y cobertura internacional, como son los organismos financieros internacionales, en particular el Banco Mundial, desde donde se proyecta una racionalidad económica para establecer sistemas basados en la racionalidad de la ganancia, la propiedad privada y la preminencia del mercado, con valores y conductas de la cultura de los países anglosajones. David Williams señala que esa racionalidad económica ignora las condiciones políticas locales al extenderse hacia aspectos culturales, sin respetar la autodeterminación, la tolerancia y la neutralidad. Pero las prácticas contemporáneas de los postulados de Adam Smith se alejan de las ideas de su autor, ya que Smith, además de economista, era un filósofo moral muy ambivalente acerca de la naturaleza del mercado, al considerar la racionalidad económica parte de una realidad social, en la cual el individuo se situaba dentro de acuerdos institucionales sumamente disciplinados, es decir, la realidad histórica de la sociedad inglesa del siglo XVIII (Williams, 1999: 79-81, 89-90; Brett, 2000: 5).4 En ese sentido, una reflexión de largo plazo y comparativa permite establecer otra visión sobre las decisiones y las rutas recorridas que llevaron al momento actual. 4

Sobre Smith como filósofo moral véase Evensky, 1998.

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LECCIONES DEL PASADO

Las rutas de la economía mundial hacia el desarrollo y la paradoja latinoamericana Hasta el siglo XVIII, aproximadamente, los desniveles de desarrollo entre diferentes sociedades no tenían consecuencias internas relevantes, pues las relaciones de intercambio se producían mediante el comercio de larga distancia, cuya dimensión y contenido no afectaban en absoluto la dinámica interna. Un paso cualitativo se produjo en la época moderna, cuando apareció una división internacional del trabajo con tendencia mundial. En ese sentido, los sistemas anteriores al capitalismo eran regionales, y no tenían la capacidad de polarización del capitalismo entre regiones atrasadas y avanzadas, industriales y no industriales, ricas y pobres (Senghaas, 1985: 27-28; Wallerstein, 1988: 85-87; Amin, 1997: 6-7). Dicha polarización se fue dando a través de una mayor integración de las sociedades por el comercio y su transformación interna, siguiendo un modelo surgido en Europa, particularmente en Inglaterra, el cual se convirtió en el signo de los tiempos modernos. A este respecto se puede distinguir una primera fase, dada por la economía liberal clásica entre 1830 a 1930 que correspondió a la “pax británica”, de hegemonía de Inglaterra como centro mundial del comercio y de la industrialización, fase que entró en inestabilidad entre las décadas de 1920 y 1940, cuando aparecieron los desafíos de la Rusia soviética, Japón y la Alemania nacional socialista, que fueron derrotados en la segunda guerra mundial y cercados durante la guerra fría. Esto permitió que entre 1940 y 1980 se diera el crecimiento de la “pax americana” comandada por Estados Unidos, en la cual el patrón predominante fue el intervencionismo estatal de tipo keynesiano, el estructuralismo latinoamericano y el estado benefactor. En esa fase las burguesías del tercer mundo tomaron una ruta de desarrollo planteada en 1949 por el presidente Truman en su Programa del Punto Cuarto, que contemplaba la formulación de propuestas de políticas y proyectos de desarrollo económico, que en América Latina fueron vistos como una vía para profundizar el proceso de industrialización y cerrar la brecha con el mundo industrializado. La región latinoamericana tomó una estrategia política que se delineó en pactos de tipo nacional-burgués, a semejanza de los trazados desde la Conferencia de Bandung de 1955, que utilizaban las nacionalizacio-

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nes y la industrialización como herramientas para el desarrollo, sin dejar el sistema capitalista mundial. En esta pax surgieron con gran fuerza los países asiáticos, lidereados por Japón frente a las economías occidentales, pero desde 1973 se entró en un largo desequilibrio hasta que en la década de 1990 se consolidó un nuevo patrón, que si bien rescató los principios liberales de la pax británica, se alteró por la aparición de grandes bloques económicos, cuyo crecimiento experimenta inestabilidad en el marco de una precaria pax unipolar (Amin, 1997: 91; Cutler, 1995; Gill, 1995). Las lecciones de esas fases son que el libre comercio del siglo XIX fue un caso especial y se dio en los momentos en que las sociedades que entraban al intercambio comercial lo hacían en un nivel similar, y muchas de sus estructuras internas habían sido modernizadas. Pero en el siglo XX la promoción de la industrialización forzada del tercer mundo no tuvo en cuenta hacia dónde había conducido en Europa una industrialización sin un aumento previo del sector agrario. Otra lección es que durante la gran depresión del siglo XIX (18731896) algunas sociedades periféricas y primarias pasaron al desarrollo, como ocurrió con los países escandinavos y Japón. En el caso escandinavo los países productores de materias primas dieron el paso hacia su transformación local, cuando sus commodities exportados se hicieron poco rentables. También Japón adquirió una capacidad transformadora desde la década de 1890, para lo cual dejó de ser un exportador neto de materias primas.5 En cambio América Latina hizo más extensiva la explotación de sus recursos para insertarse en la economía mundial como proveedor de materias primas (Senghaas, 1985: 11, 77), manteniendo en el siglo XX una matriz de crecimiento y desigualdad, tal como lo confirma el trabajo de Rosemary Thorp para todo el siglo XX y el de Stallings y Peres para sus dos últimas décadas (Bulmer-Thomas, 1994; Topik y Wells, 1998; Thorp, 1998; Stallings y Peres, 2000). Si consideramos las lecciones anteriores, debemos detenernos en el periodo de la posguerra, cuando se experimentó un extremado dinamismo de la economía mundial calificado como de “edad dorada”, y se aplicó la estrategia del “desarrollo duro”. El PIB per cápita mundial entre 1950 y 1973 creció 2.9% anual, a la vez que el PIB mundial creció 4.9% y las exportaciones 7% (véase el cuadro 1). Varios fueron los factores para esa situación. Las economías de Oc5

Sobre el caso japonés véase Yasuba, 1996.

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cidente crearon un orden económico que funcionaba con códigos de comportamiento explícitos y con una base institucional internacional fuerte: Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), FMI, Banco Mundial, que no había existido antes. A su vez, la guerra fría, con la división este-oeste desde 1948, reforzó los intereses entre las economías capitalistas (Maddison, 1997: 109), en tanto que las políticas nacionales promovieron altos niveles de demanda y empleo. 1. CRECIMIENTO DEL PIB POR REGIONES (TASA DE CRECIMIENTO COMPUESTO MEDIA ANUAL) CUADRO

Regiones

1950-1973

1973-1994

Europa Oriental África América Latina Asia

5.0 4.5 5.2 5.5 4.6 3.9

–0.4 2.6 2.7 5.5 2.0 2.5

OCDE

Estados Unidos FUENTE:

Angus Maddison, La economía mundial, 1820-1992. Análisis y estadísticas, París, Centro de Desarrollo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 1977, p. 124.

En los países latinoamericanos más grandes y medianos la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) entre los años 1950 y 1970 contribuyó en forma notable al crecimiento económico de la región latinoamericana, al llegar a una tasa de 5.5% que, como afirman los autores de The Cambridge History of Latin America, “representa objetivamente un buen desempeño, y evidentemente es superior al 1.2% de los años ochenta y al 3.1% de 1990-1996”. Esto hizo que buena parte de los países optaran por dejar el crecimiento basado en la exportación de bienes primarios (Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, 1997: 159; Bulmer-Thomas, 1997: 3; Thorp ,1997: 47), con lo cual las políticas de industrialización adquirieron un fuerte sesgo antiprimario-exportador, no sólo por una actitud de los nuevos protagonistas de la política sino también por las fuertes inestabilidades externas que golpearon a las economías comprometidas con el viejo modelo. Por ejemplo, hacia 1928, en la mayoría de los países latinoamericanos, no más de tres productos de exportación representaban como

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mínimo 50% de los ingresos del comercio exterior y, por lo tanto, eran muy vulnerables a condiciones internacionales adversas. De ahí que las políticas y un pensamiento económico crítico en torno al sector primario tuvieran fuerte influencia sobre la ISI (Bulmer-Thomas, 1997: 10-11). Durante la edad dorada la región latinoamericana creció con un fuerte proteccionismo a fin de crear mercados internos protegidos para la producción local de manufacturas, hasta llegar, en la década de 1970, a exhibir un tejido industrial complejo en sectores integrados de la producción de bienes de capital, con núcleos de gran dinamismo tecnológico en Brasil, México, Argentina y Chile en torno a la industria petroquímica, automotriz y metalmecánica (Bulmer-Thomas, 1994, 1997; Schvarzer, 1996; Muñoz, 1986; Fajnzylber, 1988). Pero sería en el norte de México y en varios países de Centroamérica donde surgiría lo que habría de ser el modelo industrial de la década de 1990, es decir, volcado hacia la exportación con base en inversión internacional y sin cuestionar la vocación primario-exportadora (Pérez Sáinz, 1998: 160-162; Sklair, 1993: 1-17). Para el logro de esos objetivos el aparato estatal fue expandido y movilizado, pero para el decenio de 1970 esa expansión se convirtió en un obstáculo para el despliegue de su capacidad, en los momentos en que la economía mundial se encontraba en un punto de sobrecalentamiento; los gobiernos enfrentaban fuertes presiones inflacionarias por el colapso del sistema de cambios fijos de Bretton Woods y se presentaba una crisis por el aumento de los precios del petróleo. El quiebre se dio en 1974-1975, con una fuerte reducción en el ritmo del crecimiento económico en todo el mundo, y no se pudo recuperar el impulso de la edad dorada, con la excepción de Asia (Maddison, 1997: 121). La dimensión política de las rutas al desarrollo Otra de las dimensiones que deben considerarse se refiere a las opciones, decisiones y distribución del poder político que hicieron posible o no las rutas al desarrollo; resulta útil el esquema de tres rutas hacia la sociedad moderna planteado por Barrington Moore. Para Moore, una primera ruta combinó capitalismo y democracia parlamentaria y estuvo presente en tres revoluciones: la británica, la francesa y la guerra civil norteamericana; es la ruta de la revolución burguesa que culmina en una forma occidental de democracia. La

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segunda ruta también fue capitalista, pero al faltar una oleada revolucionaria intensa pasó por formas políticas reaccionarias hasta culminar en el fascismo, como en el caso de Alemania y Japón. La tercera ruta fue la comunista en Rusia y China, que tuvo sus orígenes principales, aunque no exclusivos, en el campesinado y en los sectores obreros urbanos (Moore, 1976: 335). En cambio América Latina, después de su independencia de las metrópolis peninsulares, no experimentó invasiones significativas ni un dominio imperialista directo, como el ocurrido en Asia, África e India, que hubieran impedido su desarrollo por falta absoluta de soberanía; tampoco padeció la destrucción por guerras internacionales o de menor escala, como en Europa y Asia, que estuvieron presentes en las rutas de Moore. Los países latinoamericanos vivieron más bien un imperialismo informal o liberal ejercido por Inglaterra en el siglo XIX (Smith, 1985: 19), pero el dominio ejercido por Estados Unidos durante la guerra fría (en su versión “formal” de 1948 a 1989) no fue directo; tampoco fue liberal, ya que estuvo cruzado por regulaciones y un compromiso ideológico que fue un obstáculo para que la región saliera de la periferia. Situación muy diferente a lo ocurrido en los inicios de la revolución industrial inglesa, cuando era relativamente alta la probabilidad de un desarrollo autónomo, paralelo al inglés, pero en el siglo XX no se siguió el modelo inglés a través del mercado, sino que el desarrollo fue una tarea del estado (Senghaas 1985: 70). Esto quedó descartado desde la década de 1980 por las elites gobernantes y tecnocráticas; se descartó una opción que rompiera con la economía mundial capitalista y se dejaron a un lado los cálculos de inversión basados en el mercado mundial y la rentabilidad. El ejemplo es China, que hizo cambios profundos para insertarse plenamente en la economía mundial, constituyéndose en una muestra inquietante que parece acercarse a una ruta en la cual la revolución campesina hacia el comunismo deriva en un nuevo tipo de despotismo oriental capitalista. Así, América Latina presenta una situación paradójica porque ha tenido una constante inserción en la economía internacional, ha modernizando tardía e incompletamente sus principales estructuras, como el agro y la industria, pero mantiene una explotación extensiva de sus recursos y su mano de obra. Ha experimentado con alguna de las tres rutas de Moore, sin llegar al desarrollo o a la democracia sino a un republicanismo sin ciudadanos en el siglo XIX y parte del XX, formas políticas autoritarias sin llegar al fascismo sino a regímenes

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populistas y burocrático-autoritarios, un sistema parlamentario sin revolución burguesa y revoluciones que no revolucionan la estructura económica, manteniendo una dinámica matriz de inserción internacional, crecimiento y alta desigualdad. Incluso la Cuba socialista del siglo XX pasó de ser periferia monoexportadora capitalista a un “socialismo periférico azucarero”.6

EL ZAPATO CHINO DEL DESARROLLO NACIONAL-BURGUÉS

Las políticas desarrollistas para cerrar la brecha siguiendo el ejemplo del Punto Cuarto y de Bandung se basaron en el corpus de planes y teorías del intervencionismo de tipo keynesiano, en el estructuralismo o en la teoría de la modernización impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Alianza para el Progreso, que recibieron una permanente crítica tanto desde la derecha como desde la izquierda. Un caso de esto último es el enfoque de la dependencia (Kerner, 2000). El dependentismo, analizando la experiencia de la Revolución cubana de 1959 y del modelo de desarrollo surgido después del golpe militar en Brasil en 1964, identificó las características de un modelo económico ligado estrechamente a formas de dominación política autoritarias que subyacían al pacto nacional-burgués dentro de la economía capitalista. Gunder Frank, con su tesis del “desarrollo del subdesarrollo del capitalismo”, afirmó que la estructura metrópoli-satélite, desde el siglo XVI, había impuesto una matriz expoliadora a la región latinoamericana, al integrarla como satélite del sistema capitalista mundial, razón por la cual su mayor integración a la economía internacional era inversamente proporcional a su desarrollo industrial y a una política autónoma de nacionalismo económico (Frank, 1970: 92-93). Cardoso y Faletto, así como Ruy Mauro Marini, utilizando un análisis de clase, construyeron un enfoque para dar cuenta de las nuevas formas de relación entre el estado-nación latinoamericano y la penetración imperialista, identificando la penetración imperialista con la industrialización, especialmente después de la primera crisis de la ISI, en la década de 1950. En par6 Para un examen de las características de la economía azucarera cubana véase Pollitt, 1997.

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ticular las inversiones extranjeras directas (IED) cumplieron un papel destacado, al desplazarse desde el sector primario hacia la industria manufacturera por transnacionales interesadas en promover coinversiones con empresas estatales y privadas a fin de alentar el uso de sus tecnologías, diversificar mercados y aumentar beneficios. Una consecuencia de ello fue el aumento del control extranjero sobre la industria nacional productora para el mercado interno y la desnacionalización de la industria, donde el estado periférico y el capital transnacional reforzaban el pacto nacional-burgués (Cardoso y Faletto, 1969; Marini, 1969). Dicho enfoque explica la aparente transformación ideológica de Fernando Henrique Cardoso en los noventa, al pasar de líder dependentista a líder de centro-derecha neoliberal. En la década de 1960, si bien criticó el pacto nacional-burgués establecido en Brasil con las transnacionales, en realidad no estaba totalmente en su contra, ya que su crítica iba por el lado del autoritarismo subyacente y la falta de eficiencia para lograr un desarrollo nacional dentro de la economía mundial, por lo que no es extraño que, bajo un marco democrático y de quiebre de ese proyecto, haya asumido como presidente, desde 1995, con la idea de establecer un nuevo pacto nacional-burgués dentro del capitalismo. Por su parte, la crítica desde el liberalismo al modelo de nacionalizaciones e industrialización apuntaba al ambiente macroeconómico que creaba, caracterizado por alta inflación y déficit público, que hacían inviable una economía equilibrada, especialmente cuando la inestabilidad afectaba significativamente el crecimiento a largo plazo (Gregorio, 1992: 63), a la vez que el proteccionismo iba en contra de la dinámica del libre mercado. Así, el modelo era criticado por ser una aberración en contra del libre mercado, al producir todo tipo de distorsiones en la asignación de beneficios y pérdidas, en tanto que para los dependentistas consolidaba los mercados de las transnacionales unidas al estado autoritario. A este respecto se debe precisar que la crítica dependentista iba en el sentido político, porque el proyecto de industrialización nacional muchas veces era parte del proyecto de sectores autoritarios que no tenían problema en asociarse con la IED. Esto hizo que, para una parte de la izquierda y del populismo, lo estatal se identificara como lo “nacional” y el mercado como lo “imperial”, y que la empresa pública fuera el agente legítimo de industrialización frente a un sector privado que se catalogaba como el ejemplo de la antinación. Pero sin

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duda el marco de la guerra fría limitó las reformas radicales y polarizó localmente a la derecha y a la izquierda entre utopías anticapitalistas o un capitalismo cuyo proyecto político era autoritario.

NACIONALISMO Y REVOLUCIÓN: UTOPÍAS ANTICAPITALISTAS DURANTE LA EDAD DORADA

Si bien la edad dorada fijó un marco de gran dinamismo económico internacional, la guerra fría limitó las posibilidades de profundización del desarrollo latinoamericano, ya que cualquier radicalización en la reforma de las estructuras económicas y políticas se identificó como un problema de seguridad para Estados Unidos, por la posibilidad de revolución y de penetración del comunismo en el área. Pero también el reformismo de los partidos de centro, como en Argentina, Venezuela y Chile en la década de los sesenta, basado en el estructuralismo de la CEPAL, fue condenado por la izquierda y por parte del populismo por negar la revolución, hacer avanzar los cambios hacia el capitalismo o desnacionalizar la economía al aumentar la relación entre planes de desarrollo e IED. Todo esto hizo que el modelo de desarrollo de la posguerra calzara un zapato chino para su profundización en un momento de excepcional movilidad de factores y de alto crecimiento de la economía mundial. Una reflexión interesante a este respecto la hizo Gabriel Salazar para el caso de Chile, al señalar que la modernización dada en dicho país fue asfixiada desde el mercado externo. Para Salazar el desarrollo industrial chileno del periodo 1938-1973 estuvo constreñido por la actitud de Estados Unidos, que hizo mal lo que Europa había hecho bien durante el siglo anterior,7 debido a que no invirtió localmente en la proporción requerida, no vendió todos los medios de producción que se necesitaban y no pagó por las exportaciones de cobre un precio de mercado sino uno político, al ejercer un dominio menos liberal que Inglaterra. Esto explicaría que el fracaso de los regímenes 7 Este punto también fue señalado por la CEPAL para justificar la necesidad de industrialización en América Latina, ya que la economía de Estados Unidos en la posguerra era mucho más autosuficiente que la de Inglaterra, mientras su tasa de importaciones era más pequeña, lo cual limitaba las posibilidades de exportación de los países periféricos (Kay, 1989: 37).

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populistas no se debiese a su populismo intrínseco ni a su mero estatismo, sino también al carácter “autoritario” del mercado internacional regulado por las instituciones contraloras surgidas en Bretton Woods (Salazar, 1992: 102). La salida de este zapato chino, para algunos sectores, fue a través de la adopción del modelo insurreccional cubano. Con la Revolución cubana de 1959 hubo una rápida expansión de las guerrillas latinoamericanas a partir de bases sociales que ya tenían enormes disconformidades con el orden existente en cada país. Así, en una época de pleno cambio hacia la urbanización e industrialización y de alto crecimiento de la economía internacional, nacieron guerrillas con estrategias rurales y utopías anticapitalistas de autarquía. Siguiendo una tradición histórica, en buena medida las guerrillas surgieron en regiones que tradicionalmente se habían enfrentado al poder centralizador de las capitales. Por ejemplo, los focos guerrilleros surgidos en las zonas de colonización del centro-sur de Colombia tenían una vieja disputa de autonomía con respecto al poder conservador de Bogotá. La guerrilla en el noreste de Brasil surgió en una región marginada frente al republicanismo cafetalero del centro, al igual que la situación de Concepción en Chile era la de un tradicional bastión liberal del siglo XIX y representante del regionalismo enfrentado a Santiago. Otro tanto ocurrió en el norte de Argentina, opuesto al cosmopolitismo y la centralización de Buenos Aires. No en vano una guerrilla urbana de la década de los setenta, Montoneros, reivindicó las fuerzas federalistas del interior, que en el siglo XIX defendieron la autonomía provincial frente a la centralización unitaria y militar de Buenos Aires.8 Un ejemplo interesante pero dramático de esas opciones se dio en Argentina, con la trayectoria y el pensamiento de Mario Roberto Santucho, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo en los sesenta y setenta, cuya acción se ligó a su provincia natal, Santiago del Estero. Nacido en el seno de una familia acomodada, con viejas tradiciones federalistas, tuvo una formación que transcurrió en un medio provinciano, cruzado por las marginaciones políticas y económicas de los pueblos del interior. “De allí la ira contra el centralismo porteño. La ira contra el capitalismo portuario.” Parte importante de sus lecturas de juventud fue el clásico del federalismo, Martín Fierro, 8

A este respecto véase Gillespie, 1998.

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y las de carácter político estuvieron influidas por el pensamiento indoamericano de Víctor Haya de la Torre, así como también de nacionalistas que desdeñaban la llamada cultura liberal. Estas influencias lo comprometieron en un programa de revisionismo histórico con un profundo localismo antimetropolitano, convertido en anticapitalismo y sueños de liberación indoamericana contra la colonización española, que en pleno siglo XX derivaron en antiimperialismo (Seoane, 1997: 32-34). Ello ocurría en un país formado por inmigrantes, que se integró al comercio internacional de la mano del imperialismo informal británico, por lo que no es extraño que otro argentino, Ernesto Guevara, reaccionara frente a los cambios con una acción y doctrina guerrilleras, desde la experiencia cubana. En Guevara la concepción de la lucha insurreccional reflejó la realidad particular de una isla monoexportadora de azúcar como Cuba, que simplificó su visión del conflicto entre “sierra” y “llano” para morir en Bolivia, un país mediterráneo, indígena, con un campo reformado y dominado por pueblos y comunidades (Childs, 1995). En Santucho y Guevara había una desconfianza hacia la cultura intelectual académica y liberal, pero también un rechazo al autoritarismo presente en el modelo nacional-burgués de la posguerra.

EL QUIEBRE DEL “DESARROLLO DURO” NACIONAL-BURGUÉS

Durante el periodo de la ISI gran parte de la población latinoamericana, además de no ejercer su derecho al voto por la existencia de regímenes autoritarios o restringidos, participaba poco, y no toda estaba facultada para hacerlo, por sesgos ideológicos como el anticomunismo, a la vez que se aplicaban mecanismos restrictivos a la población analfabeta. Así, gran parte del diseño tecnocrático del modelo sustitutivo de la edad dorada estuvo aislado, en muchos países, del control ciudadano, si bien propendía a la distribución, movilidad e inserción social mediante un estado benefactor, aunque no siempre democrático. A este respecto Hartlyn y Valenzuela señalan que, a partir de 1930, gran parte de las sociedades latinoamericanas tuvieron excepcionales periodos democráticos (Hartlyn y Valenzuela, 1994: 161). En Brasil, durante los regímenes militares entre 1964 y 1985, la intervención estatal, el proteccionismo y la industrializa-

LA BRECHA CON EL MUNDO DESARROLLADO

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ción se dieron bajo el autoritarismo que, además de controlar los espacios políticos, creó desigualdades entre regiones y grupos sociales, al centralizar la toma de decisiones en el sector público. La reacción a ello se reflejó en la Constitución de 1988, en la que se diseñó un esquema de descentralización del manejo presupuestal de los estados, en el explosivo crecimiento de los partidos políticos y en la legitimidad de la liberalización que encabezó Fernando Henrique Cardoso desde 1995. Un liberalismo reactivo y un desarrollismo arrepentido se hicieron presentes en los programas de varios partidos políticos (Addis, 1997; Fiori, 1995). En cambio, desde el decenio de 1980 el marco político de la reforma económica fue de transiciones hacia regímenes democráticos, aunque acompañado de abstencionismo, volatilidad electoral y personalización de la política. En los resultados electorales verificados en América Latina entre 1982 y 1994 la popularidad presidencial ejerció un impacto mayor y estadísticamente significativo en comparación con las variables económicas, aprobándose el éxito o fracaso del oficialismo en establecer lazos de liderazgo alrededor de asuntos políticos y operando efectivamente sobre los otros temas vinculados a la consolidación del orden público (Echegaray, 1996: 613). En particular fueron las reformas económicas llevadas a cabo por la crisis de la deuda de 1982 las que quebraron a los actores sociales tradicionales, como los movimientos sociales y los sindicatos, incrementando la volatilidad electoral y contribuyendo a la personalización del poder. Esto permitió un rediseño del autoritarismo de la gestión pública latinoamericana por los problemas no resueltos de representación de los intereses de grupos clave —como trabajadores, campesinado, elites empresariales y clases medias— en las decisiones oficiales.

LAS REFORMAS ECONÓMICAS, EL ABANDONO DEL DESARROLLO DURO Y LA INSERCIÓN FLEXIBLE Y DESIGUAL

Desde la década de 1980 la privatización, el predominio del mercado por sobre las soluciones de intervención estatal y la nueva inserción en la economía mundial crearon una radical transformación de las relaciones entre estado, economía y sistema político, tal como estaban definidas antes de la crisis de la deuda externa, en 1982. Esto

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promovió un ambiente favorable para que cobrara fuerza el credo ultraliberal, que encontraba sus antecedentes en la crítica planteada en 1944 por Friedrich von Hayek en Camino de servidumbre, en el sentido de identificar la tiranía con las políticas socialistas, unificada con las de Smith, es decir de un orden social espontáneo, ofreciéndose los fundamentos de lo que Deane llama la “contrarrevolución monetaria”, lo cual reflejó la tensión política y económica del “perenne conflicto entre las visiones intervencionista y del laissez-faire del papel del estado en los asuntos económicos”. Ello arrancaría desde la Universidad de Chicago, donde “una vigorosa tradición de individualismo liberal creó un contexto fértil para el desarrollo de teorías económicas que justificasen las soluciones del mercado a los problemas de política económica con una receta conocida desde Smith: más laissez-faire” (Deane, 1993: 194, 197, 200). Dicho marco intelectual adquirió predominio cuando América Latina enfrentó altas tasas de inflación, pidiendo préstamos externos hasta que en 1982 se cerraron las fuentes de financiamiento privado del extranjero y el costo de la deuda externa se disparó por el aumento de las tasas de interés. Esto condujo a tomar medidas forzadas para reducir la demanda interna, lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las cuentas externas (Maddison, 1997: 122). El proceso de reformas económicas alteró el tamaño, la función y la naturaleza del estado, cuyo impacto político e ideológico se potenció aún más por la autocrítica —muchas veces exagerada— de los que habían llevado a la teoría y a la práctica el modelo de la posguerra. Un ejemplo fue Raúl Prebisch, quien afirmó que con la crisis de 1982 se desvanecía el mito de que la región podía desarrollarse a imagen y semejanza de los centros, por las fallas del “capitalismo imitativo” que hasta ese entonces se había aplicado (Prebisch, 1987: 14). La crítica del enfoque ortodoxo se orientó a señalar que la ISI era el prisma para evaluar la estrategia económica basada en la creciente integración a los mercados mundiales y en la menor intervención del estado.9 Críticas como las de Douglas North señalaban que la teoría estructuralista de la CEPAL sólo había racionalizado el pobre desempeño económico de la región y había generado políticas que desincentivaron la actividad económica durante el periodo 1930-1980 (North, 1995: 130). Los efectos políticos de las críticas y de los planes fueron profundos, ya que las reformas aplicadas disminuyeron la in9A

este respecto véase Edwards, 1995.

LA BRECHA CON EL MUNDO DESARROLLADO

CUADRO

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2. REFORMAS ECONÓMICAS EN AMÉRICA LATINA, 1974-1996

1974-1985

1986-1990

1991-1996

Estabilización Argentina Bolivia Chile Costa Rica Perú Uruguay Brasil República Dominicana Guatemala Jamaica México Venezuela Perú

Argentina Colombia Guatemala Nicaragua Uruguay Ecuador Guyana Honduras Jamaica Brasil Surinam

Liberación comercial Argentina Chile México Uruguay

Bolivia Costa Rica Jamaica Guatemala Guyana Argentina Paraguay El Salvador Trinidad y Tobago Venezuela Colombia Nicaragua Uruguay Barbados Belice Haití Surinam Panamá Bahamas

Privatización Chile

Reforma laboral Chile

Jamaica Chile Argentina

Belice Jamaica Guyana Venezuela Barbados México Nicaragua Chile Perú Trinidad y Tobago Bolivia

Argentina Perú Panamá

FUENTE:

Rosemary Thorp, Progress, poverty, and exclusion: An economic history of Latin America in the 20th century, Washington, D. C., Inter-American Development Bank, 1998, cuadro 7.5, pp. 228-229.

fluencia institucionalmente sancionada de los intereses sectoriales sobre las decisiones públicas, al concentrarse en el recorte de los compromisos fiscales y, con ello, en la remoción de los arreglos corporativistas, con lo cual se desvinculó la gestión del estado de las pre-

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siones del sistema político. Se abrió paso a un nuevo patrón de desarrollo, centrado en el liderazgo de la inversión privada y en las señales del mercado (Torre, 1998: 122). Un resumen de algunas de esas reformas se presenta en el cuadro 2. En la década de 1990 las reformas hacia la estabilización y la liberación comercial abarcaron la privatización y, en menor medida, la reforma laboral. El desmantelamiento del garantismo estatal liberó recursos de poder que se distribuyeron de manera desigual, con lo que acrecentaron las diferencias de riqueza e influencia preexistentes, y aumentó la capacidad de negociación de las elites económicas privadas para convertir las nuevas reglas del juego en expresiones institucionales de relaciones de fuerza favorables, terreno en el cual proliferaron el patrimonialismo y la corrupción. Sin embargo, las reformas tendieron a ser políticamente conservadoras, al recurrir al antiguo estilo de decisión fuertemente centrado en el Ejecutivo y en sus poderes de intervención. A esto se sumó la tendencia de los expertos a invocar el bienestar de la economía y de la nación como un todo para justificar las reformas y a tratar las manifestaciones de disconformidad como expresiones de particularismos de grupos y partidos (Torre, 1998: 90, 125). Dicha conducta encontraba sus antecedentes en los decenios de 1940 y 1950, en los equipos de expertos surgidos al calor de la expansión del estado y de una burocracia independiente para darle capacidad de llevar a cabo las políticas de desarrollo.10 El llamado estilo “insular” se aplicó en Argentina con Carlos Menem (1989-1999) para el lanzamiento de las reformas y del Plan de Convertibilidad, que bajó las enormes tasas de inflación que habían llegado a cerca de 2 000%, más que el promedio latinoamericano. A partir de 1992, en el marco de una situación económica menos amenazante, se conformó una amplia coalición de gobierno que reunió bajo su conducción política el apoyo de bases populares, articulando un vasto bloque de poder institucional y social (Torre, 1998: 97). Los efectos del ajuste estuvieron acompañados, en una primera etapa, por un aumento en la popularidad de Menem, pero ésta declinó en la medida en que se sintieron sus efectos sobre el empleo, 10 Un ejemplo de ello se puede encontrar en Brasil a partir de la presidencia de Getulio Vargas, 1930-1945, cuando creó el Departamento Administrativo del Servicio Público en 1937, y más tarde, en la década de 1950, el Banco Nacional de Desarrollo Económico. A ese respecto véanse Whitehead, 1994, y Willis, 1995.

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ya que la caída de la inflación fue de la mano con el aumento de la cesantía, y el apoyo al presidente cayó de 70% en 1991 a 22% en 1996, tal como se aprecia en el cuadro 3. CUADRO

3. ARGENTINA: INFLACIÓN, DESEMPLEO URBANO 1991-996

E IMAGEN PÚBLICA DE CARLOS MENEM,

1990 Inflación en América Latina 1 695.8 Inflación en Argentina 2 315.5 Desempleo urbano en Argentina 7.5 Imagen de Menem en la opinión pública (%) 61

1991

1992

1993

226.8

380.3 794.7

1994

1995

1996

988.5

46.4

18.7

172.0

24.6

10.6

4.3

3.3

0.2

6.5

7.0

9.6

11.5

17.5

17.2

44

37

22

70

47

40

FUENTES:

Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), “La reforma estructural en América Latina: Una agenda inacabada”, dossier núm. 62, Madrid, noviembre de 1997, cuadros 6 y 7; Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre, “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, Desarrollo Económico, 36: 143, 1996, cuadro 2, p. 765.

A diferencia de Argentina, en Brasil la existencia de múltiples niveles de distribución del poder institucional y la paralela ausencia de vínculos partidarios para articular múltiples niveles en forma compacta y duradera, privó a los jefes de gobierno de sólidos apoyos propios, y sus iniciativas tuvieron un estilo menos “insular”, por lo que debieron transitar por un proceso condicionado por las oportunidades de veto existentes. Desde Fernando Collor (1989-1992) las reformas al estado enfrentaron las restricciones que establecía la Constitución de 1988 al manejo de los recursos fiscales. Ello fue el marco para la llegada de Fernando Henrique Cardoso, cuando se desató una compleja crisis del modelo desarrollista brasileño surgido en la década de 1930, que en los setenta alcanzó su punto máximo de expansión al verse afectado por la crisis petrolera de 1973-1974 y luego por la crisis de la deuda en 1982. La salida de los militares, en 1985, quebró las alianzas tejidas entre el estado, el capital privado local y las transnacionales, acompañado de desequilibrios macroeconómi-

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cos y de una inflación de cuatro dígitos. Fue entonces cuando Cardoso, como ministro de Hacienda del gobierno de Itamar Franco (1992-1994), fijó las tareas para definir el nuevo modelo al combatir la inflación a través de una nueva moneda (el Plan Real) (Torre, 1998: 100; Sallum, 1996: 6-11; Fiori, 1995: 26-27) cuando llegaba a más de 2 000% (véase el cuadro 4). CUADRO

4. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN BRASIL Y AMÉRICA LATINA, 1990-1996

1990

1991

América Latina Brasil Argentina México

1 695.8 2 939.5 2 315.5 26.6

1992 226.8 441.0 172.0 23.0

1993 380.3 1 009.1 24.6 15.4

1994

1995

794.7 988.5 2 150.0 2 663.0 10.6 4.3 9.9 6.4

1996 46.4 84.5 3.3 35.5

18.7 9.1 0.2 34.4

FUENTE: Adaptado de Instituto de Relaciones Europeo-Lationoamericanas (IRELA), “La reforma estructural en América Latina: Una agenda inacabada”, dossier núm. 62, Madrid, noviembre de 1997, cuadro 6, p. 48.

Ejemplos de polarización política abiertos por el estilo insular fueron Perú, Ecuador y Bolivia, países en los cuales, durante el siglo XX, no existió nada parecido al histórico acuerdo de clases forjado en las naciones industriales avanzadas o cercano al existente en México, Brasil y Argentina, donde las políticas económicas sirvieron de fundamento a un consenso sustancial entre trabajadores y empresarios. En los Andes centrales las clases altas no estaban dispuestas a acordar nada, y los golpes militares de 1968 en Perú, de 1972 en Ecuador y de 1971 en Bolivia no resolvieron la cuestión básica de cómo conectar a las clases sociales y grupos de intereses en pugna con el sistema de gobierno. La llegada de gobiernos civiles, en los ochenta, se dio bajo la decisión de adherirse a un régimen presidencialista en lugar de uno parlamentarista, ya que ninguno de los países tenía una experiencia previa en el parlamentarismo. La extrema concentración del poder en la presidencia era parte de la tradición política que databa del siglo XIX; a su vez los partidos políticos servían como vehículos para la campaña presidencial y, una vez en el poder, tanto los presidentes como los tecnócratas procuraban subordinarlos y tomar distancia con respecto a ellos. Las reformas, y particularmente el co-

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253

lapso de medidas estabilizadoras, como el congelamiento de salarios y los aumentos de precios, tuvieron escaso atractivo popular inmediato (Conaghan y Malloy, 1997: 869, 870, 874-875, 882). Así, el quiebre del modelo de posguerra en el contexto de la crisis abierta en 1973, y el proceso de reformas hacia el mercado, hicieron que para 1989 llegara a su fin el patrón de desarrollo duro nacional-burgués que había descansado en la intervención del estado para promover la modernización social a través de nacionalizaciones e industrialización. Desde los ochenta el recorte de los compromisos fiscales y la remoción de los arreglos corporativistas desvincularon la gestión del estado de las presiones del sistema político, abriendo paso a un nuevo patrón de desarrollo centrado en el liderazgo de la inversión privada y las señales del mercado, en un pacto con énfasis internacional. Este modelo garantizaba la capacidad de pago de la deuda externa, en lo inmediato, cumpliendo con la disciplina fiscal del enfoque ortodoxo, lo que afectó enormemente al sector industrial y aumentó el perfil primario de las exportaciones. Pero esto no duró mucho. Siguiendo un proceso iniciado con la ISI, los bienes primarios que en 1965 ocupaban 60% de las exportaciones regionales bajaron a 23.4% en 1998, y en cambio los bienes industrializados ascendieron de 38.8 a 75.7%; fue especialmente notable el caso de los bienes duraderos y de los difusores de progreso técnico, que pasaron de 1 a 35% en la composición de las exportaciones de bienes industrializados.11 La relativa desindustrialización que se dio a mediados de la década de 1970 en los países desarrollados, con el fin de la edad dorada y la industrialización de las periferias, estableció una nueva forma de polarización y exclusión. Para fines del siglo XX la actividad industrial se transfirió y concentró en forma mucho más marcada hacia el control de las tecnologías, las finanzas y el acceso a los recursos naturales, con lo cual la brecha que el desarrollo duro pretendía cerrar se abrió más. A este respecto es muy pertinente la observación hecha por Samir Amin en el sentido de que “la industrialización ya no es el fundamento de la polarización. Prefiero decir por ende que el corazón de la periferia de mañana —en formación— está constituido por 11 Véase la adaptación de CEPAL, Indicadores económicos, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1999, cuadro 1A, “América Latina y el Caribe: Composición del comercio de bienes según categorías, 1965-1998”.

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los países que tendrán como función esencial suministrar los productos industriales.” La industrialización periférica será como la maquila, un putting out (de encargos) internacional controlado por los centros financieros y tecnológicos” (Amin, 1997: 68- 69). Para esto se recurrirá cada vez más a las cuencas de mano de obra barata disponibles en el tercer mundo. A pesar de la apertura y del cambio en el perfil exportador de América Latina, con una nueva industrialización e inserción internacional se presentan resultados de bajo crecimiento, productividad, empleo y distribución que han aumentado la heterogeneidad entre sectores,12 lo que confirma el debilitamiento del antiguo contraste entre países industrializados y no industrializados.

CONCLUSIÓN: SOBERANÍA Y RECURSOS VS. CAPACIDAD DE CREACIÓN DE ALTERNATIVAS

Creemos que un tema clave que surge de esta revisión es la discusión sobre el derecho a la disposición nacional de los propios recursos y el imperativo de elaborar en el propio país sus materias primas, para asegurar a la economía nacional una mayor participación en la creación de su riqueza (Senghaas, 1985: 68, 75). La experiencia latinoamericana indica que no basta con el control nacional privado o público de los recursos para asegurar el desarrollo, porque lo importante es adquirir una capacidad política y técnica de transformación profunda de los recursos para garantizar bases sólidas para el desarrollo (Chandler, 1990; Inkster, 1988, 1991; David, 1971; Long, 1992). En el estudio económico de 1949 de la CEPAL ya se planteaba que los problemas de la lentitud e irregularidad en la propagación del progreso técnico en América Latina se debían a la falta de un sector productor de bienes de capital que le restaba una importante fuente de crecimiento, productividad y posibilidad de desarrollo (CEPAL, 1951: 3). Este planteamiento contenía un determinismo tecnológico, ya que la transferencia de tecnología no es por sí sola una solución, pero no era incorrecto en términos de que la producción 12 Esto se desprende de los resultados de un estudio llevado a cabo por Stallings y Peres, 2000, acerca del impacto de las reformas efectuadas desde la década de 1980.

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de tecnología y una fuerte inversión en maquinaria han sido clave — históricamente— para definir las ventajas comparativas de los países desarrollados. El ejemplo japonés es claro: Japón adquirió capacidad transformadora desde 1890 y dejó de ser un exportador neto de materias primas (Kay, 1989: 31, 36-38). Siguiendo esas recetas entre las décadas de 1930 y 1970, los gobiernos latinoamericanos se embarcaron en la nacionalización y estatización de gran parte de los recursos naturales, persiguiendo fines estratégicos y de soberanía económica. Asumieron con gran decisión el control de los recursos, pero no de las tecnologías, y los estados tendieron a convertirse en exportadores de commodities para apuntalar las finanzas públicas, sin establecer eslabonamientos eficientes en torno a ellos, como ocurrió en el caso del petróleo en México y Venezuela, y del cobre en Chile, donde los esfuerzos de investigación se asumieron tardíamente. Por esto, a pesar del altísimo control estatal sobre los recursos básicos, no se logró el desarrollo, lo que cuestiona que la sola “soberanía estatal” y el control de commodities agotables sea suficiente para establecer un proyecto nacional. Por lo anterior, las alternativas al neoliberalismo no pasan por reivindicar la dimensión estatal frente al mercado, o que el sector público deba ser rentable y eficiente dentro de una “positiva” inserción internacional, propuestas que resultan ingenuas y parciales frente a los resultados de casi dos siglos de atraso o subdesarrollo con “soberanía nacional”. El desafío no es ver un fracaso en el pasado, sino ubicarse ante las alternativas históricamente dadas en la región. No basta la imitación sino que se deben asumir problemas estructurales, creando bases sociales y una capacidad política para conducir la transformación e innovación de los recursos propios y ajenos. Esto implica eliminar obstáculos sociales y culturales, especialmente el acervo de fracasomanía de las elites y de la tecnocracia latinoamericanas, pero también de los sectores más radicales del populismo y de la izquierda, que se convierten en utopías reactivas y anticapitalistas. Ello será un proceso largo, hasta que las sociedades latinoamericanas logren encontrar ese republicanismo con ciudadanos que no tuvo en casi dos siglos, y tomar una ruta menos dolorosa que la de otras regiones, considerando que su inserción es internacional y desigual.

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GARANTIZAR PARA TODOS LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES Y SALIR DEL CÍRCULO VICIOSO DEL ENDEUDAMIENTO ERIC TOUSSAINT*

Según se asienta en la declaración Universal de los Derechos del Hombre, Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25). Toda persona tiene derecho a la educación (artículo 26), al trabajo (artículo 23) y a la seguridad social (artículo 22).

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la mayoría de los países miembro de las Naciones Unidas, estipula: Los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas, a fin de mejorar constantemente el bienestar de la totalidad de la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución equitativa de los beneficios obtenidos del mismo.

Interpretando las obligaciones de este pacto, el comité de la de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara:

ONU

Un estado miembro en el cual un número importante de individuos está privado de la alimentación esencial, de la atención médica primaria, de vestimentas decentes y de vivienda básica o de enseñanza elemental, no cumple con sus obligaciones en virtud de ese pacto.

*Es responsable del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) con sede en Bruselas.

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Sin embargo, y mientras que las riquezas mundiales se han multiplicado por ocho desde 1960, un ser humano de cada dos vive hoy con menos de dos dólares por día; un ser humano de cada tres no tiene acceso a la electricidad; uno de cada cuatro vive con menos de un dólar cotidiano; uno de cada cinco no tiene acceso a agua potable, uno de cada seis es analfabeto, y un adulto de cada siete y un niño de cada tres sufren desnutrición. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNICEF estiman que un gasto anual de 80 mil millones de dólares, durante un periodo de diez años, permitiría garantizar a todo ser humano el acceso a la educación básica, a los cuidados básicos de la salud, a una alimentación adecuada, al agua potable y a la infraestructura sanitaria, así como, para las mujeres, el acceso a los cuidados ginecológicos y obstétricos. Ochenta mil millones de dólares, cerca de cuatro veces menos de lo que el tercer mundo reembolsa por su deuda externa, es aproximadamente un cuarto del presupuesto militar anual de Estados Unidos, 9% de los gastos militares mundiales, 8% de los gastos publicitarios del mundo en un año, la mitad de la fortuna de las cuatro personas más ricas del planeta.1 Es imposible esperar que la lógica del mercado satisfaga esas necesidades esenciales. Los 1 300 millones de personas que no cuentan con agua potable o los 2 000 millones de personas anémicas no disponen de un poder de compra suficiente. Sólo las políticas públicas podrán garantizar a todos y a todas la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Por ello es necesario que los poderes públicos dispongan de medios políticos y financieros para cumplir sus deberes para con sus ciudadanos y ciudadanas. Resulta conveniente, además, que estos últimos ejerzan plenamente su derecho a actuar como sujetos centrales de la vida política de los estados. Para hacerlo es necesario poner en marcha políticas económicas y mecanismos jurídicos eficaces en una dinámica democrática participativa. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre, puesto en práctica desde 1990, debería ser extendido a escala internacional e inspirar políticas originales de democracia radical. 1 De acuerdo con Forbes, 2001, en 2000 Bill Gates, Larry Ellison, Paul Allen y Warren Buffet estaban a la cabeza, con una fortuna conjunta evaluada en 160 600 millones de dólares.

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Obtener la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere la acción de un poderoso movimiento social y ciudadano. Se trata, en primer lugar, de poner fin a la hemorragia de riqueza provocada por el reembolso de la deuda; después es necesario encontrar otras fuentes de financiamiento para el desarrollo social justo y ecológicamente sostenible. Por último, resulta apropiado romper con la lógica que lleva al ciclo de endeudamiento, la sustracción fraudulenta y el pillaje masivo de las riquezas locales provocadas por la dependencia de los mercados financieros y los préstamos condicionados por las instituciones financieras internacionales.

ROMPER LA ESPIRAL INFERNAL DE LA DEUDA

Los partidarios de la mundialización neoliberal nos dicen que los países en desarrollo (incluyendo los de Europa del este) deben reembolsar su deuda externa si desean beneficiarse con flujos constantes de financiamiento. En realidad, desde la eclosión de la crisis de la deuda, en 1982, los flujos netos de capital se dirigen desde los países en desarrollo hacia los países ricos, y no a la inversa, como pretenden, sin fundamento, los dirigentes de las instituciones financieras internacionales. Desde hace dos decenios asistimos, así, a una transferencia neta masiva de riquezas hacia el norte rico. El mecanismo de reembolso de la deuda se ha adicionado a otras calamidades preexistentes (intercambio comercial desigual, pillaje de las riquezas naturales y humanas, fuga de cerebros, repatriación de beneficios hacia las casas matrices, etc.), y las ha reforzado notablemente. Desde 1982 el equivalente a varias decenas de planes Marshall2 fue transferido por la población de los 2

Plan Marshall (1948-1951), concebido por la administración del presidente demócrata Harry Truman bajo el nombre de European Recovery Program. El plan sería conocido luego con el nombre del secretario de estado de la época, George Marshall (jefe del estado mayor general entre 1939 y 1945), quien fuera encargado de su puesta en funcionamiento. Entre abril de 1948 y diciembre de 1951 Estados Unidos acordó una ayuda de 12.5 mil millones de dólares en forma de préstamos a 16 países europeos. El Plan Marshall favoreció la reconstrucción de Europa devastada en el curso de la segunda guerra mundial.

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países en desarrollo a los acreedores del norte (las elites capitalistas locales cobraron, de pasada, sus comisiones). Resulta urgente, entonces, oponerse al discurso oficial: es necesario anular la deuda externa pública del tercer mundo. Si hacemos un análisis, la deuda del tercer mundo no representa un gran peso comparada con la deuda histórica, ecológica y social que los países ricos del norte han contraído con él. La deuda del tercer mundo (excluidos los países del ex bloque del este) se eleva en el año 2001 a alrededor de 2.1 miles de millones de dólares (de los cuales 75% son deudas públicas), lo que representa sólo un pequeño porcentaje de la deuda mundial, que llega a más de 45 mil millones de dólares (la suma de las deudas pública y privada de Estados Unidos alcanza, sola, los 22 mil millones de dólares). Si la deuda externa pública del tercer mundo fuese completamente anulada, sin indemnización a los acreedores, representaría una pérdida mínima, de menos de 5% del portafolio mundial. En compensación, para los pueblos al fin liberados del peso de la deuda, las sumas —que podrían ser utilizadas para mejorar la salud, la educación, para crear empleos, etc.— serían muy considerables. En efecto, el reembolso de la deuda pública del tercer mundo representa en promedio un desembolso de aproximadamente 200 a 250 miles de millones de dólares anuales, lo que equivale de 2 a 3 veces a la suma necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales definidas por Naciones Unidas. Algunas personas afirman que una anulación de la deuda terminará con una exclusión definitiva al acceso a los capitales internacionales. Esta afirmación no se basa en un estudio serio de la historia de las crisis de endeudamiento. Entre el final del siglo XVIII —con la anulación por parte de Estados Unidos de sus deudas con la Corona británica— y el final del siglo XX —con la anulación de una parte de la deuda polaca en 1991—, se han

Teniendo en cuenta que el equivalente de un dólar de 1948 es en el año 2001 de 6.28 dólares, el costo del Plan Marshall representaría hoy 78.5 mil millones de dólares. Si se toma en consideración el conjunto de reembolsos efectuados por el tercer mundo en 1999, el cual fue de 300 mil millones de dólares (World Bank, 2000), se observa que en ese año los países del tercer mundo enviaron a sus acreedores de los países más industrializados el equivalente a cuatro planes Marshall. En el mismo orden de ideas, desde 1980 son 42 planes Marshall (más de 3.35 billones de dólares) que los pueblos del tercer mundo enviaron a sus acreedores del centro.

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tomado numerosas medidas de anulación de deudas, sin llegar al cierre del flujo del financiamiento externo privado. Al contrario, los precedentes históricos en materia de anulación de deuda han mostrado los efectos ventajosos que podía tener tal decisión, especialmente el caso de la anulación del 51% de la deuda de guerra alemana en 1953, lo que contribuyó de manera notable al renacimiento económico de Alemania. Existen otros precedentes históricos: la deuda del estado ruso en 1918, la deuda de guerra de Inglaterra y de Francia, la deuda latinoamericana tras el crack de 1929 de Wall Street, etc. Todos los países mencionados han tenido un desarrollo importante después de las medidas de anulación de la deuda. Por otra parte, la amenaza mencionada no tiene sentido para la mayoría de los países del tercer mundo, ya que hace muchos años no tienen acceso a préstamos de capital. De acuerdo con el PNUD, “sólo 25 países en desarrollo tienen acceso a los mercados privados para obligaciones (bonos), préstamos de bancos comerciales e inversiones de portafolio” (PNUD, 1999: 31). Es importante destacar que el PNUD incluye a los estados del este europeo entre los 25 países mencionados, y que el conjunto de países en desarrollo así considerado asciende a más de 180. De acuerdo con Naciones Unidas, en 1999 los 48 países menos avanzados (PMA), donde viven alrededor de 600 millones de personas, no han recibido más que el 0.5% de las inversiones extranjeras directas (IED) destinadas a los países en desarrollo (PED). De todas maneras, la participación del conjunto de PED en las IED está en disminución constante desde hace tres años; los países ricos concentran 80% de ese flujo de capitales. Para el puñado de países del tercer mundo que tiene acceso a los capitales internacionales (cuatro países: China, Brasil, México y Tailandia, que recibieron más de 50% de los flujos de IED), el 80% de las entradas de inversiones extranjeras correspondieron a la adquisición de empresas ya existentes, que pasaron a ser controladas por las multinacionales de los países más industrializados.3 Esas inversiones no implican creación de empleos, sino lo contrario. Además, esas adquisiciones representan una pérdida del control 3 Véase UNCTAD, World Investment Report, 2000. Nótese que China constituye un caso particular, ya que mantiene importantes medidas de control sobre el movimiento de capitales.

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nacional sobre el aparato productivo, sin hablar del carácter fuertemente volátil y especulativo de otros flujos de capitales (es una de las lecciones a aprender de las crisis financieras de los años noventa). En consecuencia, una restricción a ese tipo de flujos de capital no será perjudicial para las economías de esos países. Para reemplazar esos flujos improductivos, por no decir nefastos, nosotros proponemos utilizar fuentes alternativas de financiamiento (véase más adelante), a modo de disminuir la fuerte dependencia respecto tanto de los mercados financieros como de las instituciones de Bretton Woods.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA ANULACIÓN DE LA DEUDA

La legitimidad de la anulación de la deuda está respaldada por dos fundamentos jurídicos importantes: el concepto de “deuda odiosa” y el de “fuerza mayor”.

Deuda odiosa Las deudas de los estados contraídas contra los intereses de la población local son jurídicamente ilegítimas. Según Alexander Sack (1927), un teorizador de esta doctrina, Si un poder despótico contrae una deuda, no según las necesidades e intereses del estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa para la totalidad de la población del estado. Esta deuda no es obligación para la nación: es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la ha contraído, en consecuencia cae con la caída de ese poder.

Así, las deudas contraídas en contra de los intereses de la población del territorio endeudado son “odiosas”, y en caso de cambio de régimen las nuevas autoridades no están obligadas a devolverlas. Esta noción proviene de fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos adquirió el control de Cuba después de la guerra contra España, y este país le exigió asumir la deuda cubana contraída con la Corona española, conforme al derecho internacional. La comisión de nego-

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ciación de Estados Unidos rechazó esa deuda calificándola de “peso impuesto al pueblo cubano sin su acuerdo”. La comisión argumentó que “la deuda fue creada por el gobierno español por sus propios intereses y por sus propios agentes. Cuba no ha tenido voz en ese dominio.” Y agregó que “los acreedores han aceptado el riesgo de sus inversiones”. En los años treinta, una corte de arbitraje internacional en la que participaba el juez Taft, presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, declaró que los préstamos concedidos por un banco británico establecido en Canadá al presidente Tinoco de Costa Rica eran nulos, porque no habían servido al interés del país sino al interés personal de un gobierno no democrático. Taft afirmó en esa ocasión: El caso del Banco Real no depende simplemente de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco en el momento del préstamo por el uso real que le daría el gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debe probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. No lo ha hecho (Taft, cit. en Adams, 1991: 168).

Los regímenes legales (gobiernos constitucionales, según el derecho) que sucedieron a las dictaduras de América Latina en los años ochenta (Argentina, Uruguay, Brasil) hubieran debido apoyarse en el derecho internacional para obtener la anulación de su deuda odiosa. Una parte considerable de los préstamos a dichos países fue sustraída directamente por las elites locales en total complicidad con los bancos del norte, los cuales les ofrecieron su ingeniería financiera para realizar sus operaciones fraudulentas. Por no citar más que algunos otros ejemplos flagrantes, lo mismo ocurrió con Filipinas después de la deposición del dictador Marcos en 1986; con Ruanda en 1994 tras el genocidio perpetrado por el régimen dictatorial;4 con la República Sudafricana al salir del apartheid; 4 En el caso de Ruanda el Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento británico ha evocado explícitamente la noción de deuda odiosa para recomendar su anulación: “Una gran parte de la deuda exterior de Ruanda fue contraída por un régimen genocida [...] Algunas personas argumentan que esos préstamos fueron utilizados para comprar armas y que la administración actual, y en última instancia la población de Ruanda, no debería pagar esas deudas ‘odiosas’. Recomendamos al gobierno que solicite a todos los acreedores bilaterales, y en particular a Francia, anular la deuda contraída por el régimen anterior” (en Report of the British International Development Committee, mayo de 1998, citado por Chris Jochnich, 2000: 127-156).

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con la República Democrática del Congo en 1997, después de la caída de Mobutu; con Indonesia en 1998, con posterioridad a la partida de Suharto, etcétera. En lugar de recurrir al derecho nacional e internacional, los nuevos gobiernos prefieren negociar con los acreedores el reescalonamiento de la deuda y disminuciones cosméticas de la misma. Así se introducen en el ciclo interminable del endeudamiento externo, del cual los pueblos pagan los gastos. Es necesario romper con esa lógica de dependencia. Hace falta respaldar a los movimientos sociales y ciudadanos que en los países en desarrollo llaman a sus gobiernos a que repudien la deuda externa pública y a poner fin a su reembolso.

La fuerza mayor También es posible sustentar la anulación de la deuda y la supresión de su reembolso invocando el argumento jurídico de “fuerza mayor”. Un principio del derecho internacional5 reconoce que un cambio en las condiciones de un contrato puede hacerlo nulo. Eso significa en esencia que los contratos que requieren el cumplimiento de una sucesión de compromisos en el futuro están sometidos a la condición de que las circunstancias no varíen (en el derecho común existen diferentes doctrinas relacionadas con este principio, incluyendo el caso de fuerza mayor “frustración”, “imposibilidad” e “impracticabilidad”). El argumento de “fuerza mayor” es aplicable de manera evidente en el caso de la crisis de la deuda de los años ochenta. En efecto, fundamentalmente fueron dos factores exógenos los que provocaron la crisis de la deuda a partir de 1982: el alza dramática de las tasas de interés impuesta en el nivel internacional por el gobierno de Estados Unidos desde finales de 1979, y la caída de los precios de las exportaciones de los países de la periferia a partir de 1980. La aparición de ambos factores fue provocada por los países acreedores. Son casos de “fuerza mayor” que modifican fundamentalmente la situación y que impiden a los deudores cumplir con sus obligaciones.6 5 En su formulación original, Contractus qui habent tractum successivum et dependetiam de futurum, rebus sic stan, tibus intelligentur. 6 Charles Fenwick, International law, 1948; de manera análoga, uno de los textos definitivos sobre la common law explica que “una condición tácita, relacionada con todos

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LOS RECURSOS SUPLEMENTARIOS PARA FINANCIAR EL DESARROLLO

Para que la anulación de una deuda sea útil para el desarrollo humano, evidentemente es necesario que las sumas destinadas hasta ese momento al pago de la deuda sean depositadas en fondos de desarrollo democráticamente controlados por la población local. Pero una vez dado este paso en materia de anulación de la deuda, es indispensable sustituir la economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo socialmente justo y ecológicamente sustentable, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y de los condicionamientos de los préstamos del FMI y del Banco Mundial. Esos fondos de desarrollo, alimentados por los montos economizados gracias a la anulación de la deuda, deben ser regulados por las medidas que siguen: Devolver a los ciudadanos y ciudadanas del tercer mundo lo que les ha sido sustraído. Riquezas considerables, acumuladas ilícitamente por gobiernos y capitalistas locales, han sido colocadas en seguridad en los países más industrializados; eso se hizo con la complicidad de instituciones financieras privadas y la complacencia de los países del norte (ese movimiento continúa actualmente). Tomemos el ejemplo de Argentina bajo la junta militar (19761983): la deuda de ese país se multiplicó por seis. Una parte considerable de los montos tomados en préstamo ha sido depositada por los miembros del régimen en bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países industrializados. Empresas financieras e industriales de países industriales, así como miembros del régimen argentino, se enriquecieron de manera ilegal. El Poder Judicial argentino ha probado estos hechos, los cuales dieron lugar a un fallo judicial en julio de 2000. La complicidad del FMI y de la Reserva Federal de Estados Unilos contratos, es que dejen de ser obligatorios desde que se produzcan cambios sustanciales respecto del estado de los hechos y de las condiciones en las que fueron basados”, Black’s Law Dictionary, 1990, p. 1267. Véase igualmente en la jurisprudencia internacional la sentencia arbitral del 11 de noviembre de 1912 relativa a la controversia sobre el préstamo del estado turco/Rusia, en el cual se dice: “la excepción de fuerza mayor [...] es pertinente en el derecho internacional” (Sentence Arbitrale, p. 545 ss.). Además, el Código Civil argentino estipula que la obligación de un deudor se hace nula “cuando la prestación que forma la materia de ésta se hace físicamente o legalmente imposible, sin culpa del deudor” (artículos 724 y 888).

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dos también ha sido demostrada. Sobre la base de ese fallo, que debería crear escuela, haría falta obtener una reparación para la población expoliada. Pensemos, por ejemplo, en lo que representaría para la población argentina la recuperación de los haberes colocados por la junta militar (1976-1983) en los países más industrializados; pensemos lo que aportaría a la población congolesa la devolución de una parte importante de los haberes del difunto Mobutu (que representa diez veces el presupuesto anual del estado congolés), o para la población de Nigeria la restitución de la fortuna del dictador Abacha, depositada en Suiza con la complicidad de Citibank y del Crédit Suisse. Tal restitución implica la apertura de procesos legales en los países del tercer mundo y en los países más industrializados. Dichas investigaciones requieren una plena cooperación internacional y la ratificación de la Convención de Roma, ya que desde marzo de 1991 la sustracción fraudulenta de bienes públicos es considerada una violación de los derechos del hombre. Esas investigaciones permitirán, además, no dejar en la impunidad a los corruptos y a los corruptores; es la única manera de esperar ver un día a la democracia y a la transparencia vencer a la corrupción. Se trata de dar respaldo a las resoluciones tomadas en el encuentro internacional realizado en Dakar en diciembre de 2000 (“Hacia las alternativas”), que exigen la reparación por el pillaje al que ha sido sometido el tercer mundo desde hace cinco siglos. Ello implica, especialmente, la restitución de los bienes económicos y culturales sustraídos a los continentes asiático, africano y sudamericano. Establecer un impuesto a las transacciones financieras. A partir de una propuesta inicial del premio Nobel de economía James Tobin (1972), desarrollada más tarde por otros economistas, luego adaptada por la red internacional ATTAC (Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l’Aide aux Citoyens/Asociación por un Tributo a las Transacciones Financieras y Ayuda a los Ciudadanos), tal impuesto podría liberar fondos importantes para el desarrollo. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), en 1995, 1 000 mil de millones de dólares por día, con un impuesto, de 1% hubieran devengado 720 miles de millones por año. A título de hipótesis de trabajo propone dividir el resultado en dos partes: 360 mil millones para el fondo social y ecológico en los países de origen

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de la transacción y 360 mil millones para un fondo de redistribución para los países del sur (educación, salud, etc.). Ambos fondos serían manejados por consejos de administración mixtos integrados por representantes de la sociedad civil y los gobiernos. La plataforma internacional de ATTAC habla de una tasa del 0.1%, que reportaría alrededor de cien mil millones de dólares anuales, los cuales podrían ser utilizados en la lucha contra las desigualdades y para la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo perdurable. Evidentemente es imposible determinar con exactitud el monto que dejaría tal impuesto, dado que depende de la tasa aplicada y de la amplitud de los flujos financieros. Sin embargo parece necesario —dada la globalización de los mercados que se operó desde la propuesta inicial de Tobin (y especialmente el desarrollo de productos derivados, creando pasarelas entre todos los mercados)— aplicar el impuesto a todas las transacciones financieras (acciones, obligaciones, divisas y derivados), a fin de que los operadores no puedan evitar este impuesto de solidaridad pasando por otros mercados. La centralización informática de la liquidación de las operaciones, por medio de las clearing houses, tales como la SWIFT, para el mercado de cambios, facilita grandemente la factibilidad de tal impuesto. Llevar la ayuda pública para el desarrollo (APD) a por lo menos el 0.7% del El monto actual de la APD no alcanza a neutralizar el efecto negativo del reembolso de la deuda. Para comenzar, hay que tener en cuenta que una parte importante de la APD está constituida por préstamos que hay que devolver. Seguidamente, en 1999, el gran total de la APD no ha sobrepasado los 50 mil millones de dólares, lo que representa unas cinco veces menos de lo que el tercer mundo ha reembolsado en concepto de servicio de su deuda exterior pública. En 1999 la APD sólo representaba el 0.24% del producto interno bruto de los países más industrializados, mientras que éstos se han comprometido en varias ocasiones, en el marco de la ONU, a alcanzar el objetivo del 0.7%. En realidad la APD ha descendido 33% entre 1992 y 1998, en una contradicción escandalosa con las promesas hechas en Río (1992) por los jefes de estado de los países industrializados. Con un promedio actual de 0.24%, la APD debe multiplicarse por tres para alcanzar los compromisos adquiridos. Dado que la APD acPIB.

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tual representa un poco menos de 50 mil millones de dólares, multiplicándola por tres se debería llegar a 150 mil millones de dólares por año, que tendrían que aplicarse íntegros en forma de donaciones (a título de reparación, y no como suele ocurrir ahora a modo de préstamos). Establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio de las grandes fortunas. En su informe de 1995 la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo propone la imposición de un impuesto único sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Este impuesto, aplicado en todo el mundo, permitirá movilizar fondos considerables. El impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, como el que existe en algunos países del planeta) podría ser aplicado a escala nacional. Se trataría de un impuesto de solidaridad del orden de 19% sobre el patrimonio del decil de los más ricos de cada país, que podría generar recursos internos considerables. De manera más general, resulta conveniente dirigirse hacia un sistema fiscal más redistributivo, dando a los poderes públicos el medio de cumplir sus obligaciones respecto a sus ciudadanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Actuar sobre el comercio para aumentar los ingresos de las exportaciones a ser reinvertidas para el desarrollo. La existencia de un intercambio desigual entre los países más industrializados y los del tercer mundo constituye una de las causas fundamentales del endeudamiento de estos últimos. En efecto, el intercambio desigual crea un déficit estructural de la balanza de pagos: las importaciones crecen más rápidamente que las exportaciones, de allí el endeudamiento. Hay que poner fin a la tendencia histórica del deterioro de los términos de intercambio. Para ello se hace necesario echar a andar mecanismos que garanticen una mejor remuneración para la canasta de productos exportados al mercado mundial por los países en desarrollo (estabilizar los precios de las materias primas, constituir stocks reguladores), lo que implica el abandono de la idea de stocks cero, etcétera. En ausencia de tales mecanismos concertados es conveniente apoyar los esfuerzos de las naciones en desarrollo para constituir cárteles de países productores. La creación de esos cárteles permitiría a la vez una reducción de los volúmenes exportados y un aumento de los

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ingresos provenientes de la exportación a ser reinvertida para el desarrollo de los países beneficiarios.

UNA NUEVA LÓGICA DE DESARROLLO

La lógica actual de desarrollo que adoptan los países del sur bajo las restricciones de programas de ajuste de tipo neoliberal impuestas por los acreedores debe ser sustituida por una nueva lógica de desarrollo endógeno e integrado. Esta mutación pasa por la puesta en práctica de las siguientes medidas: Poner fin a los planes de ajuste estructural. Los planes de ajuste estructural (PAE), al imponer la liberalización total de las economías del sur, tienen como consecuencia el debilitamiento de los estados, haciéndolos más dependientes de las fluctuaciones externas (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.), sometiéndolos a los condicionamientos impuestos por el Banco Mundial/FMI y, detrás de ellos, por los gobiernos de los países acreedores reagrupados en el Club de París. Los PAE, sin resolver el problema del endeudamiento (la deuda del tercer mundo se ha cuadruplicado desde la puesta en vigencia de los PAE, pese a que fue reembolsada seis veces durante el mismo periodo), libran a las economías del tercer mundo al apetito de las grandes empresas multinacionales, e implican el despido masivo y cortes drásticos en los presupuestos sociales. Impiden un desarrollo humano real. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU7 ha adoptado múltiples resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una resolución aprobada en 1999 la comisión afirma: el ejercicio de los derechos fundamentales de los países endeudados a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al trabajo, a la educación, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no puede estar subordinado a la aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas por la deuda (1999, artículo 5). 7

Refiriéndose a las investigaciones de los informadores especiales, de grupos de trabajo de expertos y del secretario general de la ONU.

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Por su parte, el secretario general de la ONU escribió que: el informador especial de la ONU sobre el ajuste estructural pone en evidencia que los programas de ajuste estructural que recomiendan las instituciones financieras internacionales influyen de manera claramente negativa (tanto directa como indirectamente) sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y son incompatibles con el ejercicio de esos derechos (ONU, 1995: 66, cit. por Jochnick, 2000: 136).

Por otro lado, según la ONU, ciertas condiciones impuestas por los acreedores y por los aplicadores de fondos constituyen una violación a la libre determinación de los pueblos. Todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales para su desarrollo económico y para el bienestar de su población; toda medida o presión exterior, política o económica, que se ejerza sobre el ejercicio de ese derecho, es una violación patente al principio de la libre determinación de los pueblos y de la no intervención enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas [...] Esas medidas comprenden la presión económica destinada a influir la política de otro país o a controlar sectores esenciales de su economía nacional. La asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras deben ser realizados sin imponer condiciones que vayan contra los intereses del país que los recibe (ONU, 1995: 165, 171, 173).

El balance humano de las políticas de ajuste estructural es indiscutiblemente negativo. En consecuencia, es menester suprimirlas. Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados. Tales modelos implican la construcción de fundaciones económicas interiores suficientemente sólidas para, a continuación, poder abrirse a los intercambios internacionales. Ese tipo de desarrollo supone la creación de zonas política y económicamente integradas, el nacimiento de modelos de desarrollo endógeno, el fortalecimiento de los mercados interiores, la creación de ahorro local para el autofinanciamiento, el desarrollo de la educación y de la salud, la puesta en vigencia de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de las riquezas, la diversificación de los campesinos, una reforma urbana que garantice un acceso universal a la vivienda, etcétera.

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A la estructura mundial actual, cuya lógica impone a la periferia el aporte de materia prima y de mano de obra barata a un centro que detenta el capital y la tecnología, es necesario sustituirla por reagrupamientos económicos regionales. Sólo tal desarrollo parcialmente autocentrado permitirá que emerjan relaciones sur-sur, condición sine qua non para el desarrollo económico del tercer mundo (y, por extensión, del mundo). Esas zonas integradas podrían dotarse de instituciones regionales que tengan poder de regulación económica y social. Modificar las reglas del comercio mundial. Que, en la actualidad, implican conjuntamente un proteccionismo en los países del norte y una apertura total de los mercados del sur a los productos del norte. La agricultura, sector central en la mayor parte de los países en desarrollo, ilustra dramáticamente la perversidad de esta lógica no equitativa. En virtud del acuerdo de la OMC (Organización Mundial del Comercio) sobre la agricultura, los países en desarrollo han sido llevados a bajar sus tarifas aduaneras y a reducir la subvención destinadaa a su sector agrícola. Pero, en oposición, los países ricos del norte han recurrido a imponer obstáculos arancelarios y no arancelarios para limitar la entrada de exportaciones agrícolas del sur. Por otro lado, las exenciones existentes de la OMC permiten a los países ricos proporcionar un sostén a los ingresos de los productores agrícolas: ¡alrededor de 500 mil millones de dólares anuales! Lo peor es que esas subvenciones son destinadas a las multinacionales agroalimentarias responsables en el norte de las catástrofes sanitarias de estos últimos años (vacas locas, pollos con dioxina, fiebre aftosa, etc.). Así, la mitad del presupuesto de la Unión Europea se concede a las subvenciones agrícolas, y el 80% de esas subvenciones se concede a la agroindustria (las subvenciones son distribuidas de acuerdo con la superficie de la explotación, no en función de la calidad del producto). Este proteccionismo de los países ricos no se limita al sector agropecuario y, según el PNUD, esta competencia desleal entraña pérdidas anuales de 700 mil millones de dólares en los ingresos de exportación de los PED (PNUD, 2000: 51). Las víctimas de esas reglas de la OMC son, evidentemente, los pequeños productores locales. Esta lógica no sólo tiene que invertirse (gran acceso de los productos del sur a los mercados del norte, combinado con cierta dosis de proteccionismo en el sur, especialmente para adquirir la soberanía

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alimentaria), sino que las reglas del comercio mundial deben estar subordinadas además a criterios medioambientales, sociales y culturales estrictos. La salud, la educación, el agua y la cultura tienen que ser excluidos del campo del comercio internacional. Para ello conviene, especialmente, abolir los Acuerdos sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), que permiten una apropiación por parte del norte de las riquezas naturales del sur e impiden a los países de esta región producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) destinados a la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones.

UNA NUEVA DISCIPLINA FINANCIERA

Las reiteradas crisis financieras de los años noventa demostraron por el absurdo que ningún desarrollo durable puede lograrse sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal. Varias medidas son necesarias, entonces, para someter a los mercados financieros a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Re-reglamentar los mercados financieros. La desregulación de los mercados financieros ha entrañado un desarrollo totalmente desmesurado de la especulación financiera. La ausencia de todo control y regla es particularmente apropiada para las operaciones derivadas de acuerdos mutuos, donde cada día se inventan productos financieros complejos con el solo objetivo de especular durante un tiempo determinado. Eso ocure especialmente con los productos corredor, con los que dos inversionistas pueden, por ejemplo, especular sobre la correlación entre la cotización del trigo y la del petróleo en un periodo de un mes (se dirá que el trigo y el petróleo son los activos subyacentes de los que se deriva la operación). Si la correlación entre las dos cotizaciones permanece dentro de un margen (un corredor) predefinido por las dos partes, uno de los especuladores gana. Si la correlación sobrepasa los márgenes, es el otro especulador el que se embolsa la apuesta. Es fácil comprender que a ninguna de las partes le interesa la naturaleza de esos dos activos subyacentes; el trigo y el petróleo no tie-

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nen para ellos otro interés que como variables sobre las que especular durante un mes (se pueden reemplazar el trigo y el petróleo por cualquier activo: acciones diversas, índice bursátil, etc.). La economía real ve fluctuar sus cotizaciones como consecuencia de tales operaciones, las cuales tienen como único fin hacer dinero con el dinero. Es tiempo de reglamentar nuevamente los mercados financieros, comenzando por asegurar la “rastreabilidad” de todas las operaciones financieras (determinar claramente quién es el actor, qué es lo que hace y con qué objetivo), y reglamentar en consecuencia. Se debe controlar los movimientos de capitales a fin de que el ingreso de capitales internacionales no desemboque más en reflujos devastadores. El artículo VI de los estatutos del FMI prevé, de manera explícita y bien fundada, medidas de control de los capitales ejercidas por las autoridades de un país. Este artículo permite a un país miembro del FMI “ejercer un control sobre los movimientos de capitales a fin de regularlos”.8 Una medida apropiada podría ser el establecimiento de un depósito temporal y obligatorio impuesto a toda entrada de capital, un depósito conjunto por un año de un valor igual a 30% de la suma invertida. Después de un año ese depósito sería restituido al inversionista (incentivado a no invertir sino a largo plazo). El depósito no sería remunerado. Existen muchas otras medidas de control, particularmente la obligación de mantener las acciones y obligaciones por lo menos un año antes de revenderlas; la limitación de la convertibilidad de la moneda a las transacciones comerciales (excluyendo como consecuencia las actividades financieras); la imposición de un fuerte impuesto en caso de fluctuaciones excesivas (como lo propone el economista Bernd Spahn), etcétera. Suprimir los paraísos fiscales. Éstos tienen el efecto de inflar la burbuja financiera y fragilizar las economías lícitas (anualmente se blanquean entre 500 y 1 500 mil millones de dólares), y anular el secreto bancario para poder luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la sustracción fraudulenta de fondos públicos y la corrupción. 8

Ejercer esos controles según la necesidad para regular los movimientos internacionales de capital.

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Adoptar reglas que aseguren la protección de los países que recurren al endeudamiento externo. El endeudamiento externo puede justificarse si los países interesados lo deciden de manera democrática, pero es necesario organizar el uso de la deuda según principios radicalmente diferentes a los que han prevalecido hasta ahora. Deben respetarse dos nuevos principios. Primero, el de una condición “a la inversa”: la carga del reembolso y del interés de esos préstamos pactados a tasas de interés bajas e inferiores a las del mercado no será asegurada sino cuando se pruebe que esa deuda ha permitido efectivamente la creación de riqueza suficiente en los países deudores. Segundo, deberá organizarse a escala internacional una protección fuerte y eficaz de los países deudores en favor de los países en desarrollo, de tal suerte que éstos puedan defenderse contra toda forma de abuso y de expoliación por parte de los bancos, los inversionistas privados internacionales y las instituciones financieras internacionales.

Medidas complementarias indispensables Reducir drásticamente la producción de armas. Mientras se recomienda austeridad a los cuatro rincones del mundo, la reducción de los presupuestos militares quedó como un tema tabú. Sin embargo es indispensable romper con la lógica actual. La responsabilidad de los países ricos del norte es muy importante en ese tema, ya que tres países concentran 80% de la venta de armas en el mundo (Estados Unidos, con 50%, Francia, con 15%, y el Reino Unido, con 15%). Son esos países los que deben lanzar y aplicar un programa mundial de conversión de gastos militares en gastos sociales y culturales. Emancipación de las mujeres. Como lo subraya la Marcha Mundial de las Mujeres, la situación en que se coloca a las mujeres no puede explicarse sino mediante la acción de las fuerzas conjugadas de dos fenómenos mundiales: el capitalismo neoliberal y el patriarcado, que se nutren y refuerzan mutuamente para mantener a la gran mayoría de las mujeres en una inferiorización cultural, una desvalorización social, una marginación económica, una invisibilización de su existencia y de su trabajo, una “mercantilización” de

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sus cuerpos, situaciones, todas ellas, que se emparentan con un verdadero apartheid.

Es necesario construir un mundo donde reine la igualdad entre mujeres y hombres; un mundo en donde las mujeres serán liberadas de toda forma de violencia, de toda explotación, incluyendo la violencia doméstica, las violaciones, la prostitución, el tráfico de mujeres, el acoso sexual, la violencia social y la violencia del estado. Deben tomarse numerosas medidas más tanto en el norte como en el sur. Citemos algunas de ellas de manera no exhaustiva: la libre circulación y el libre asentamiento de las personas; el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas; el derecho universal al empleo mediante la reducción radical de la jornada laboral, oponiéndose a la lógica actual que permite coexistir a los desocupados con los asalariados sobrecargados de trabajo y atacados por el estrés; la ruptura, en el norte, con el mecanismo de la deuda pública, que engendra políticas de austeridad y transferencias masivas de los ingresos de los ciudadanos hacia los que detentan los capitales, etc. Deben abrirse otros debates más complejos sobre el ingreso universal de la ciudadanía, el establecimiento de cláusulas sociales, etcétera. Finalmente, como lo hace notar Riccardo Petrella, Es por la promoción del bien común que la urgencia de políticas puede ser satisfecha. Lo que significa primeramente la salvaguardia o el restablecimiento de condiciones vitales de existencia de miles de millones de seres humanos (el aire, el agua dulce, los océanos, la energía solar, etc.), que deben adquirir el estatus de patrimonio común de la humanidad [...] Segunda serie de talleres de política planetaria: la seguridad común (alimentaria, medioambiental, financiera, sanitaria), la paz, la diversidad cultural, la represión de los crímenes contra la humanidad. A este respecto, la urgencia de políticas estriba en la definición y puesta en marcha de un nuevo sistema financiero y monetario mundial y de nuevas reglas de comercio internacional, rompiendo con las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OMC (Le Monde Diplomatique, agosto de 1999).

A este respecto, resulta adecuado profundizar la discusión sobre las posiciones a propósito de la naturaleza de las instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial), del Club de París y de la OMC.

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Es necesario, sobre todo, encontrar los medios para responder a las preguntas que se hacen a los movimientos sociales y ciudadanos del mundo: ¿es preciso reformar o abolir dichas instituciones? y, si se trata de abolirlas, ¿por qué tipo de institución reemplazarlas a fin de que la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales sea garantizada universalmente?

BIBLIOGRAFÍA

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BANCO MUNDIAL Y DESNACIONALIZACIÓN INTEGRAL EN MÉXICO JOHN SAXE-FERNÁNDEZ* GIAN CARLO DELGADO-RAMOS**

PREÁMBULO

Este trabajo se centra en la identificación y el análisis de los agentes específicos involucrados en el proceso de internacionalización económica de México a partir del estudio de su penetración e impacto en el aparato de estado. Ponderaremos su influencia en el diseño y la puesta en práctica de la política del país, en el área económica y ecológica. Se revisan casos documentalmente específicos, dando cuenta de las operaciones desplegadas en México, con su peculiar manejo lingüístico y modus operandi del Grupo del Banco Mundial,1 así como otros actores que trabajan de manera coordinada con el último: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Global Environmental Facility (GEF). Esta tarea se realizará en el marco de las continuidades y discontinuidades históricas observables en la esfera de la economía internacional, identificando las distintas formas en que se materializan los procesos de ordenación y subordinación en estos rubros. El proceso de internacionalización económica, cuyos eventos los teóricos de la globalización caracterizan como el resultado de impulsos automáticos, no menos que enigmáticos, del mercado, es analiza* Coordinador del programa de investigación El Mundo Actual, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de La compra venta de México, 2002. ** Miembro del seminario El Mundo Actual del CEIICH e investigador junior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Autor de La amenaza biológica, 2002. 1 El “grupo del Banco Mundial”, según fuentes del mismo ente, está compuesto por Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency e International Centre for Settlement of Investment Disputes [http://www.worldbank.org].

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do por medio de la identificación de los instrumentos de estado y de clase que los impulsan y llevan a cabo (Saxe-Fernández, 1999: 9-68; 2001). En el sentido más amplio, se intenta poner al descubierto las relaciones de poder y los parámetros político-institucionales de lo que se ha denominado “globalización”. ¿Existe fundamentación empírico-documental que sustente las difundidas nociones de que se ha constituido un sistema mundial autorregulado y que, por lo tanto, la economía escapa a los controles políticos? ¿O que las economías nacionales están subsumidas y son rearticuladas en el sistema por medio de procesos y transacciones de un “mercado global” que se autonomiza y se desapega del medio ambiente social? ¿O que los mercados y la producción sólo son regulados por ellos mismos y, en general, que la economía global se autosistematiza, se autorreglamenta y se autorregula? Si la respuesta fuera afirmativa, implicaría que también se autopreceptualiza y, por lo tanto, el estado nacional, metropolitano y periférico, sus mecanismos reguladores o apoyadores de las corporaciones multinacionales (CMN) son crecientemente irrelevantes u obsoletos (Saxe-Fernández et al., 1999: 12-13; Petras, 2001: 33-85; Bellamy, 2002: 1-16). Este trabajo, al tratar de responder tales interrogantes, pone en entredicho esos supuestos popularizados bajo la rúbrica de la “globalización”, cuya retórica dominante hemos calificado de “globalismo pop”, especialmente cuando plantea que el mercado es el marco de referencia dentro del cual ocurre lo político y, virtualmente, todo lo demás. Las transacciones de la economía internacional histórica y contemporáneamente ocurren en medio de un “caldo de poder” en el que es central la relación y simbiosis entre el estado, y sus instrumentos de proyección hegemónica, como el FMI, el Grupo del BM-GEF, y el BID, por un lado, y la CMN, por el otro. Virtualmente todas las CMN del mundo, lejos de ser stateless corporations, operan en el ámbito externo desde la base de un estado-nación. Como lo expresa Harry Magdoff: “it is [...] necessary to recognize that each capitalist firm relates to the world system through, and must eventually rely on the nation state” (Magdoff, 1978: 183; Hirst y Thompson, 1996). Se trata de un estado que las regula y las protege; las subsidia de diversas maneras, ya sea por medio de un alto gasto público, por la vía de intensas relaciones bélico-industriales o por medio del despliegue de instrumentos de proyección diplomático-militar o económico-financieros.

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Como bien lo planteó un analista latinoamericano al reseñar la temática que vincula a la globalización con el imperialismo y las clases sociales, no es el libre desarrollo del mercado el que determina las políticas, sino que son las políticas (utilizando la formidable arma del estado-nación), las que definen el sentido y el comportamiento de los mercados. No son fuerzas inevitables e impersonales, sino poderosos grupos de interés, con sus fines humanos y contingentes, los que deciden, proyectan y aplican las estrategias del capital [...] la llamada globalización es en realidad un proyecto político claramente diseñado desde el poder, que permite a sus detentadores usar las posiciones preeminentes en los países centrales y en los periféricos, así como en los organismos financieros internacionales, para imponer políticas y apoderarse de la riqueza, incluyendo el uso de los estados-nación (Díaz Polanco, 2002: 59).

La historia, la evolución y el comportamiento contemporáneos, particularmente del FMI-BM-BID, avalan esta reflexión. Al respecto cabe recordar que, después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos y sus principales aliados europeos consideraron improcedente mantener el tipo de colonialismo político que, previo a esa conflagración, había caracterizado al sistema económico internacional. Estimaron necesario, sin embargo, sustituir ese sistema por otro que permitiese continuar con el control y la explotación imperialista de los recursos naturales y de los mercados de las áreas periféricas del capitalismo, mientras se trató de establecer una nueva arquitectura económica internacional que, simultáneamente y por encima de todo, evitara el trauma depresivo de 1929, parte nodal del complejo causal de esa guerra (Goldsmith, 1999). La motivación central de Estados Unidos fue colocar al resto del mundo bajo el dominio de principios institucionalizados alrededor de sus intereses empresariales y de seguridad, incluyendo el control de áreas o países geoestratégicamente relevantes. El FMI y el BM fueron diseñados en forma tal que Washington pudiera dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial, por la vía de sus mecanismos de votación y los requisitos de pertenencia. Estos últimos enrocan la actuación y fomentan la sinergia de ambas instituciones al exigir que para ser miembro del banco era necesario, primero, serlo del fondo. Los arquitectos del FMI-BM, escriben Joyce y Gabriel Kolko,

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los concibieron no para poner en funcionamiento meros principios desinteresados, sino para reflejar el control de Estados Unidos sobre la masa monetaria —oro— y para impulsar su capacidad de proveer gran parte del capital futuro del sistema monetario. El Banco Mundial fue diseñado para proporcionar un marco de referencia gubernamental seguro a fin de promover la inversión privada, mucha de la cual sería estadunidense (Kolko y Kolko, 1972: 16)

Aunque esos instrumentos —a los que posteriormente se agregaría, entre otros, un organismo para manejar el comercio internacional (GATT, ahora OMC)— fueron diseñados para sustituir el sistema colonial de preguerra, en ningún momento tal medida fue pensada para inducir un tipo de transformación colonial que le negara a la nueva potencia hegemónica y a sus aliados el acceso a los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los mercados de los estados capitales periféricos (ECP); la idea era mantener así la transferencia de excedentes en su favor desde las áreas económicas tributarias, especialmente en el caso de Estados Unidos, América Latina y el Caribe (González Casanova, 1999; Saxe-Fernández y Núñez, 2001: 87-166). El fin de la belle époque conllevó, después de la primera guerra mundial, el persistente resquebrajamiento de los instrumentos coloniales propios del librecambismo inglés, imposibilitando el mantenimiento de la política colonial, por lo que, como se ha indicado, se elaboraron instrumentos sustitutos que permitieran mantener la explotación, seguir con la expansión de los mercados y, al mismo tiempo, evitar otra depresión. “La única solución —expresa Edward Goldsmith— fue ampliar nuestros mercados al tercer mundo, incorporándolos al sistema industrial, dentro de la órbita de nuestro comercio. Y eso es el meollo de lo que fue la conferencia de Bretton Woods de 1944” (Goldsmith, 1999). En Bretton Woods, y en la reunión convocada en marzo de 1946 en Savannah, Georgia, para dar inicio a la reorganización financiera del mundo, Washington calificó a estos organismos como “multilaterales” o “internacionales”, cuando en realidad fueron concebidos fundamentalmente como parte de un esquema mayor de la pax americana para ejercer formas específicas de “bilateralismo selectivo”. En esa propuesta Estados Unidos también consolidó y proyectó al dólar como la principal moneda internacional (Kolko y Kolko, 1972: 84). La noción central fue crear una estructura de instituciones “internacionales”, cuyo control estadunidense quedó garantizado por medio

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del sistema interno de votación que funcionó desde entonces bajo el principio de “un dólar, un voto”. El caso del FMI es ilustrativo. Según el artículo III sobre cuotas y suscripciones, sección 2, inciso C, “se requiere el 85% de los votos para la aprobación de cualquier iniciativa” (“an eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for any change in quotas” [http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa03.htm]), esquema en el que Washington cuenta, por el capital que “aporta”, con 17.16% del poder de voto (Boron, 2001: 46), a diferencia de la posición de China e India, que suman cerca de la tercera parte de la población mundial pero que apenas cuentan con poco menos de 5% del poder de voto (China 2.95, India 1.93).2 Consecuentemente, Estados Unidos puede bloquear de forma inmediata cualquier programa o acción que atente contra sus intereses al mismo tiempo que, en caso de ir contra los intereses europeos, basta tener en la bolsa y apoyar a algún país de entre el Reino Unido, Francia o Alemania, para sofocar el posible poder de veto europeo, solamente viable si esos países se unieran, a tiempo, para sumar el 15% necesario. Además, al apoyar Estados Unidos a esos y otros de sus “aliados”, los somete de paso a un quid pro quo que carga la balanza totalmente en su favor. Más aún, ese “esquema mayor de la pax americana”, sintetizado en los organismos nacidos de Bretton Woods, formaliza un estatus que pretende colocarse por encima de cualquier marco normativo legal y penal, nacional y aparentemente internacional, que pueda regular su actuación. En el capítulo IX, sobre estatuto, inmunidad y privilegios, sección 3 y 5, se indica, entre otros puntos, que “las propiedades y bienes [así como] directores ejecutivos, miembros de comités, representantes consejeros, oficiales y demás trabajadores del FMI gozan de inmunidad frente a cualquier proceso legal, a excepción de que el fondo señale lo contrario” [http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa09.htm]. 2 Solamente países europeos en conjunto, como Reino Unido (4.97%), Alemania (6.02%), Francia (4.97%), Italia (3.27%) y España (1.42%), podrían, en su caso, sobrepasar ligeramente el poder de voto de Estados Unidos. Otros países con una participación considerable son Japón (6.16%), Rusia (2.76%) y Arabia Saudita (3.24%). Fuera de los países antes mencionados, Venezuela (1.24%), Suiza (1.61%), Suecia (1.12%), México (1.20%), Brasil (1.41%), Bélgica (2.14%) y Australia (1.51%), el resto de los 183 miembros del FMI ni siquiera alcanzan el punto porcentual de poder de voto [http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm].

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Fue, pues, un “nuevo orden internacional” en el que, como nítidamente lo explicó Morgenthau, “el comercio y la inversión internacional pueden ser conducidos por los empresarios y bajo principios empresariales” (Kolko y Kolko, 1972: 84). Los especialistas del Departamento de Estado norteamericano de esa época fueron enfáticos en reconocer que la organización internacional del comercio y la inversión, bajo la hegemonía de Estados Unidos, sólo se lograría con instituciones que operaran bajo los principios “del librecambio y la empresa privada, que son el núcleo conceptual de la política económica exterior de Estados Unidos”, una meta “incompatible con un aumento extenso de la propiedad del estado, y de la comercialización en manos estatales” (Kolko, 1974: 698). Tales principios se mantienen sin cambio alguno hasta la fecha, según se lee en la página web del FMI: “su propósito se ha mantenido sin cambio alguno, pero sus operaciones se han desarrollado para alcanzar las necesidades cambiantes de sus miembros” [http://www. imf.org/external/about.htm]. Lo anterior ha llevado a la inducción de procesos de privatizacióndescentralización de los activos estratégicos nacionales desde la International Finance Corporation (IFC), incluyendo los “activos naturales” (como biodiversidad y agua), que en esta materia se realiza en vinculación con el GEF-BM: el BM, en su papel de organismo ejecutor del GEF [...] debería desempeñar un papel fundamental en asegurar el desarrollo y manejo de los proyectos de inversión [...] El BM, basándose en la experiencia en inversiones de su filial, la International Finance Corporation [...] promueve oportunidades de inversión y moviliza los fondos del sector privado [http://www.gefweb.org].

Se trata de colocar a la IFC, parte del grupo del BM, como agente articulador entre los organismos internacionales “socios”, las CMN y los estados nacionales “anfitriones”. La IFC, en la que Estados Unidos, de modo similar a la “repartición” en el FMI, cuenta con 23.73% de poder de voto, se ha colocado, desde la década de 1980, como la punta de lanza de los proyectos, no sólo de privatización, sino de desnacionalización de los activos estratégicos de la periferia (Delgado-Ramos, 2002: 121-122), operando de modo muy complejo, a partir de una organización laberíntica que maquilla a los verdaderos beneficiarios de sus programas. Con la finalidad de “financiar proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multi-

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nacionales del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos”,3 el IFC se estructura en diversos clusters o “grupos” de trabajo y éstos a su vez en uno o varios niveles de sub-clusters. Al final de la cadena de clusters y sub-clusters, que se interconectan unos con otros, invariablemente están como beneficiarias las principales CMN del ramo de que se trate, particularmente las estadunidenses y europeas “seleccionadas”.4

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La instauración de un régimen dominado de manera abrumadora por los acreedores internacionales, como resultado de la negociación de la crisis deudora de 1982, se ha expresado, a lo largo de dos décadas, en un ataque frontal contra los pivotes, todavía frágiles, del nacionalismo económico latinoamericano y, en particular, en lo que sólo puede calificarse como una sistemática campaña para inducir el 3 The IFC “promotes sustainable private sector development primarily by: a) Financing private sector projects located in the developing world. b) Helping private companies in the developing world mobilize financing in international financial markets. c) Providing advise and technical assistance to businesses and governments.” [http: //www.ifc.org/about/basicfacts/basicfacts.html]. 4 Por ejemplo, en el caso del “BPD-Water & Sanitation Cluster” están CMN como Vivendi, Ondeo (Suez), Thames Water, etc. [http://www.bpd-waterandsanitation.org/ english/about.htm]; en el “BPD-Natural Resources Cluster” Conservation Internacional, Danida, Gtz, USAID, BID, PNUMA, PNUD, GEF, OMC, etc. [http://www.bpd-naturalresources.org/html/link.html]; en el “BPD-Global Road Safety Partnership” 3M, BP, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, Royal Dutch/Shell Group, etc. [http: //www.grsproadsafety.org]; en el Best Practices in Dealing with the Social Impacts of Oil and Gas Operations, BP Amoco, Chevron, Conoco, Conservation International, ExxonMobil, Shell, World Wildlife Fund, etc. [http://www.worldbank.org/ogsimpact/ participantsandlinks.htm]; en la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), el Instituto Pasteur, U. S. Centers for Disease Control and Prevention [http: //www.vaccinealliance.org/orgs/ri_instit.html], American Home Products, Chiron Vaccines, Glaxo SmithKline, Merck & Co., Inc., Aventis, Pasteur, etc. [http://www.vaccinealliance.org/orgs/vi_industry.html]; en el “BPD-Global Partnership for Youth Development” American Express, Cisco Systems, Financial Times, Kellogg Company, Lions Club International, Microsoft, Nike Corporation, Quest International, Shell International, USAID, etc. [http://www.bpdweb.org/gpyd/gpyd-partners.htm], sólo por listar algunos clusters.

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traspaso al sector privado, “nacional o extranjero”, de sectores estratégicos. La acción se realiza por medio de préstamos en campos que van desde la política comercial y de exportaciones, la minería, la biodiversidad y el agua, la “restructuración” del sector energético (petróleo, gas natural y electricidad); de transporte (ferrocarriles, puertos y aeropuertos y carreteras), acerero, agrícola y fertilizantes, y de desregulación financiera, hasta el adiestramiento de mano de obra, la construcción de viviendas, la asistencia social y el combate a la pobreza, entre muchos otros (World Bank, 1989). En cada uno de esos rubros participa el BM con préstamos y, por lo tanto, con misiones técnicas de evaluación, control y vigilancia. Entre 1982 y 1990 los préstamos sectoriales del BM ascendieron a más de 11 500 millones de dólares (World Bank, 1989). Todas las secretarías de estado, direcciones y subdirecciones, empresas públicas —y muchas privadas—, tienen alguna relación directa o indirecta con el BM, ya sea de evaluación y supervisión, ya de control o vigilancia. Se trata de un gobierno paralelo o, como lo ha sugerido James Petras (1987: 28-30),5 de un “cogobierno”. El peso de la “condicionalidad cruzada” del BM-FMI6 tiene importantes consecuencias políticas, entre las que destaca la “desnacionalización” del proceso de toma de decisiones vitales. Por ejemplo la apertura comercial, uno de los hitos del esquema “neoliberal” vigente en México desde el gobierno de De la Madrid (1982-1988), y con profundas consecuencias económico-sociales, se realizó dentro del “caldo de poder” generado por relaciones clientelares abiertamente “aceitadas” por medio de jugosos préstamos del BM, dirigidos al estímulo de las fracciones dentro de la estructura gubernamental favorables a la adopción de la plataforma económica de los acreedores.7 Los préstamos del BM et al., en el área de política comercial —tra-

5 El autor distingue tres tipos de relaciones entre el FMI-BM y los estados: la subordinación, la convergencia con acuerdos subordinados y las negociaciones y resistencia. Consúltese también Saxe-Fernández (1989: 7-8). 6 Me refiero al cruce y la fertilización recíproca entre la condicionalidad del FMI sobre los lineamientos macroeconómicos y la condicionalidad del BM aplicada a los sectores o ramas de la economía. 7 La documentación del BM mencionada en esta sección fue publicada en Saxe-Fernández (1990: 49-65).

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de policy loans (TPL)—, se encaminaron a impulsar el proceso de “integración” con Estados Unidos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos macroeconómicos, establecidos en la Carta de Intención del FMI. Fomentaron una creciente liberalización del comercio caracterizada por la ausencia de reciprocidad por parte de Estados Unidos, proceso que no obedeció a las necesidades del aparato productivo mexicano. La liberalización comercial fue impulsada por medio de las siguientes operaciones: TPL-1 (préstamo 2745ME), TPL-2 (2882ME), y dos préstamos para las exportaciones. En 1989 la oficina del presidente del BM notaba que los resultados de estos instrumentos “son prometedores [...] las barreras a las importaciones ya se han reducido de manera pronunciada para los principales insumos agrícolas, como las maquinarias, los pesticidas y otros productos de alta tecnología” (World Bank, 1989). Esos préstamos, que totalizaron mil millones de dólares, ajustaron la política comercial a las necesidades y proyecto de Estados Unidos, como su sobreproducción de granos y otros productos, resultado de los altos subsidios de que disfruta su agricultura. En México se montó un programa de drásticas reducciones arancelarias. En 1988 se suprimieron 4 900 fracciones arancelarias y se eliminaron las licencias de exportación. Ese millardo, que resultó sumamente persuasivo, se usó para promover el proyecto comercial de Washington dentro del gobierno mexicano. La apertura comercial se realizó en medio de la subordinación o, en el mejor de los casos, de la “convergencia subordinada” gestada por esos préstamos. Según el presidente del BM, el gobierno mexicano cumplió sus obligaciones y compromisos según las operaciones estipuladas en ambos préstamos. Liberalizó más de tres cuartas partes de su producción interna y de las licencias. Menos de la cuarta parte se mantiene bajo control, en algunos productos agrícolas y alimentarios, en petróleo y sus derivados, automóviles, ciertos productos electrónicos, farmacéuticos y otros (World Bank, 1989).

Luego añade: el préstamo para la política comercial fue un quiebre de gran envergadura. Por medio de aquél el BM logró financiar la introducción del proceso de reforma comercial. El segundo préstamo se orienta a mantener el ímpetu aperturista dentro de los parámetros establecidos por el primero, y tiene una se-

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rie de metas que el gobierno mexicano debe cumplir; de otra forma no se liberalizarían los fondos de la segunda fase (second trench) del mismo (World Bank, 1989).

La desregulación de los sectores estratégicos, y en especial de la petroquímica, ha procedido según las indicaciones, calendarios y necesidades geoestratégicas y empresariales de Estados Unidos. Ese programa, iniciado en 1986, tuvo como una de sus metas principales la participación del sector privado —incluyendo al extranjero— en la petroquímica básica, constitucionalmente reservada al estado. Según documentos del BM, el programa, entre otros objetivos, se orientó a: 1. Limitar el papel de Pemex como único productor de petroquímicos básicos. De la Madrid y Salinas cumplieron de manera estricta con esa condición, por medio de una estrategia elaborada por el BM para “reclasificar” los petroquímicos básicos, colocándolos en la lista de “secundarios”. Además, el BM exigió —y logró—, la flexibilización de la política de precios sobre petroquímicos básicos. 2. Permitir al sector privado la importación de petroquímicos básicos, a la par de promover incentivos fiscales para que aprovecharan más dicho negocio. Para el BM, como para la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos, Pemex es considerado “un serio impedimento” estratégico, político, comercial y empresarial. En los documentos del BM se concibe a Pemex como “un obstáculo al buen desarrollo de la industria petroquímica”, por lo que, según la presidencia del BM, el gobierno de México debe afrontar rápidamente el problema que suscita la posición dominante de la paraestatal en la industria [más aún] las compañías privadas internacionales no pueden lograr una integración vertical debido al control de Pemex sobre la petroquímica básica [mientras que] los planes de expansión de Pemex, en petroquímica, hacen que los posibles inversionistas extranjeros perciban a México como un mercado de corta duración (World Bank, 1989).

Asimismo, asevera que el gobierno mexicano finalmente acordó, en 1989, aplicar

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un programa de acción en este sector, que incluyó las siguientes medidas fundamentales: 1. limitar el derecho exclusivo de la empresa estatal a producir un máximo de 25 petroquímicos básicos y definir una lista inicial de petroquímicos “secundarios” abiertos a la participación del sector privado, y 2. alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y Pemex (World Bank, 1989).

Los préstamos para el Public Enterprise Reform Loans —PERL— (World Bank, s. f.), se orientaron a facilitar y “flexibilizar” al sector, lo que significa impulsar procesos de divestiture —desmembramiento de la integración vertical y horizontal— de empresas estratégicas (Pemex, Ferrocarriles Nacionales y Comisión Federal de Electricidad), como paso previo a su privatización y extranjerización (Saxe-Fernández, 2002). En 1988 el BM, por medio de un préstamo del sector agrícola (ME2918), estableció los lineamientos para impulsar lo que oficialmente se denominan “reformas”. Los objetivos del programa fueron: 1. eliminar los subsidios globales a los alimentos, así como reorientar los restantes subsidios alimentarios para los pobres; 2. reducir la intervención del gobierno en los mercados agrícolas, por la vía de eliminar los precios de garantía de los granos, exceptuando, en una primera fase, al maíz y al frijol. La intención fue dejar que los precios “fueran determinados por el mercado”. Como resultado de la eliminación de los mecanismos de regulación —con el “finiquito” de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo— se entregó un cheque en blanco a la especulación con los granos, fundamento de la dieta popular; 3. abolir los controles de exportación y las restricciones cuantitativas en productos clave; 4. reducir el papel de las paraestatales agrícolas; 5. liberalizar el comercio agrícola; 6. retirar los subsidios a los insumos; 7. aumentar la eficiencia de la inversión pública —o, en otras palabras, una reducción del gasto público—, y 8. descentralizar y recortar personal en la Secretaría de Agricultura. Una primera evaluación de los resultados del préstamo indica que logró influir hacia dentro de la estructura gubernamental, impulsando a los “reformadores” para que promovieran cambios al artículo 27 constitucional, aprobados por el Congreso en diciembre de 1991. Esas controvertibles “reformas” propiciaron la subdivisión de los ejidos y su conversión a propiedad privada, lo que, según el economista José L. Calva, es el motivo de fondo de la propuesta para cambiar la Ley Agraria. Se terminó con el reparto de tierras por parte del es-

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tado y se permitió que las empresas compraran tierras legalmente por su cuenta o a través de asociaciones con los ejidos. La intención fundamental de los préstamos agrícolas del BM fue inducir la apertura de la tierra ejidal a capitales “nacionales y/o extranjeros”, aspecto nodal y socialmente explosivo de su programa para la “modernización” rural aplicado por el gobierno de Salinas (1988-1994). Una evaluación independiente (Heredia y Pursell, 1995), que incluye, además del préstamo antes mencionado, otros que perjudicaron a los productores de frijol y maíz, muestra que, a través de un préstamo del sector financiero, el BM buscó reducir el crédito subsidiado canalizado por los bancos de desarrollo. Procedió a vincular un préstamo de liberalización comercial a una reducción de los aranceles en las importaciones agrícolas, y condicionó la obtención de un préstamo del sector de fertilizantes a la internacionalización de sus precios (Heredia y Pursell, 1995: 14). Mediante esos instrumentos el BM propició una drástica reducción del crédito y de los subsidios a las semillas, fertilizantes, combustible y otros insumos: hasta hace poco el gobierno era el proveedor principal de fertilizantes y semillas mejoradas, a través de las empresas estatales Fertimex y Pronase. Sin embargo, el gobierno fue obligado por el BM a eliminar o reducir subsidios, resultando esto en precios más altos (Heredia y Pursell, 1995).8

Otro elemento a considerar es la reducción drástica de los precios de garantía, que en el pasado se usaron para proteger a los pequeños productores de las fluctuaciones en los precios de sus productos. Entre 1981 y 1990 el precio de garantía real del maíz bajó 39% y el del frijol 27%. El BM pretendió incluir esos granos y el trigo en el convenio para eliminar esos precios de garantía, algo que el gobierno trató de frenar, pero ahora permite que se establezcan básicamente por la oferta y la demanda, es decir, en un medio ambiente de desregulación, que implica también la eliminación de la producción nacional de granos en pro de las importaciones que desde Estados Unidos han abarrotado el mercado nacional. Un gran éxito en favor del “gra8 Los

autores indican que entre 1978 y 1988 el precio del diésel subió 68.461%, el de la gasolina 17.607% y el de los tractores agrícolas 13.163%, mientras el precio de garantía del maíz subió solamente 8.448 por ciento.

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nero del mundo”: los agricultores de Estados Unidos altamente subsidiados y acosados por la sobreproducción granera. Ese proceso se consolidó cuando el gobierno mexicano abandonó la política de “autosuficiencia alimentaria”, sustituyéndola por una concepción más “moderna”, entendida por los expertos del BM como “la capacidad de comprar la cantidad de alimentos necesarios para la sociedad más que la capacidad de producirlos”. El resultado de esa liberación comercial ha significado la reducción de los aranceles de importación, con aumentos en las importaciones de granos básicos baratos, contra los que los campesinos no pueden competir. Ante la creciente queja de productores y ejidatarios, el BM lanzó un Segundo Programa de Ajuste Estructural Agrario, AGSAL II (World Bank, 1995). Se trata de un préstamo de 400 millones de dólares, parte de Procampo, otro programa mayor, igualmente orientado al manejo sociopolítico de los efectos devastadores del primer ajuste, por medio de mecanismos dirigidos, supuestamente, a “aliviar” la pobreza mediante acciones focalizadas que fueron utilizadas como arma electoral durante las elecciones presidenciales por el Partido Revolucionario Institucional, PRI,9 al tiempo que se abría y se estimulaba una mayor participación del sector privado (World Bank, 1995: 11).10 En un informe redactado el 30 de marzo de 1990 el BM reconoce que, “dada la sensibilidad política del asunto, las reformas en el sector agrícola todavía están rezagadas” (World Bank, 1990).11 Sin embargo celebra su éxito en torno a las modificaciones al artículo 27 constitucional en materia agraria como si fuera un partido que actuara dentro del gobierno mexicano. De acuerdo con el BM, a través del AGSAL I el papel del banco aceleró “el debate dentro del gobierno en relación con las reformas del sector agrícola” (World Bank, 1990); indica que uno de sus memorandos (Policy Notes on Agriculture and Rural Development), 9

Los asesores económicos del embajador Jones justificaron dicho uso electoral de Procampo al argumentar que, como coincidió con un año electoral, “el gobierno tiene la obligación de, al menos temporalmente, aliviar los problemas rurales para mantener la ventaja electoral que tradicionalmente ha disfrutado en las áreas rurales” (Domville, 1994: 20). 10 Textual: “The BID cofinanced the program with a loan of US$200 million with identical conditions as the Bank loan” (World Bank, 1995: 11). 11 “[G]iven the political sensitivity of the issues, reforms in the agricultural sector lagged.”

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fue el marco de referencia para que las principales reformas se discutieran en torno a este documento que fortaleció a los grupos reformistas. Dada la complejidad de lo involucrado, esto tiene que ser considerado como una actuación exitosa de nuestra parte (World Bank, s. f., reporte 14552: 19).

LOS PROGRAMAS “VERDES” DEL GRUPO BM ET AL.

De manera similar a los programas del BM-FMI para “inducir” la privatización de los activos estratégicos, el caso de los activos naturales, en particular el de la biodiversidad y el agua, propicia su saqueo porque abre su “acceso, administración y conservación” a CMN u ONG vinculadas. Mediante operaciones del BM-GEF, y también de la ONU —desde el PNUD y el PNUMA—, se penetra en el espacio de toma de decisiones, incidiendo, al igual que en los casos antes puntualizados, sobre la correlación de fuerzas dentro y fuera del gobierno, mediante la manipulación de las legislaciones nacionales referentes a los recursos naturales y a través de proyectos de “conservación”, funcionales a la apropiación de recursos bióticos que benefician a las CMN de Estados Unidos y europeas involucradas en el negocio de la biotecnología, y otras afines, que hacen uso de la biodiversidad como fundamento de su desarrollo. Asimismo, frente a una crisis creciente de las reservas de agua dulce, resulta de fundamental interés para el BM-BID incidir en la administración de las principales cuencas hídricas y en la privatización de sistemas de almacenaje, distribución y tratamiento de agua.

Biodiversidad El BM y las CMN a las que beneficia iniciaron, desde principios de los noventa, uno de los programas más ambiciosos de biosaqueo, pues pretenden cubrir espacialmente todo el hemisferio. Tres proyectos regionales componen el blueprint: 1. el Proyecto Paseo Pantera —PP— (Boza, 1994: 85) (ejecutado desde la Caribbean Conservation Corporation y la Wildlife Conservation Society); 2. el Parks in Peril (de The Nature Conservancy y CARE Internacional), y 3. el Wildlands Project (integración de corredores biológicos en Norteamérica).

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De acuerdo con un documento evaluatorio del PP, se contempla la integración espacial-administrativa de Norteamérica (Wildlands Project), con el ya denominado Corredor Biológico Mesoaméricano (CBM) y con un corredor similar en el Cono Sur. De esta manera el PP trata de lograr una integración ecológica continental [ya que] para soñar en grande tendríamos que imaginar un inmenso sistema de reservas que abarque desde las costas del Ártico en Alaska, los Estados Unidos, México y Centroamérica, hasta la Tierra del Fuego (Boza, 1994: 85-86).

Dadas las dimensiones del PP, éste subsumió al Parks in Peril, para después ejecutar, desde su estructura, una serie de proyectos ambientales para América Latina. Al aparecer desarticulados se diluye la percepción del orden de magnitud de la penetración en torno a la administración y uso de recursos estratégicos naturales por parte de los principales financiadores del PP: el BM y sus multinacionales/ONG ambientalistas.12 Desde 1994 el PP preparaba la ejecución del CBM, el cual más tarde fue complementado en su versión marina con el Corredor Coralino Mesoamericano (CCM). A esos proyectos internacionales se suman otros de carácter nacional/local como el de Tres Regiones Prioritarias y el COINBIO (Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas), que se ejecutan en México. Formalmente, el CBM se remonta a 1996, pero se inicia y se da a conocer a la opinión pública en 2000, como proyecto del BM. Territo12 En el documento base del PP se indica la importancia de la participación, por mencionar algunos, del Global Environmental Facility (GEF), la USAID, el fondo del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Fundación MacArthur, la Fundación Ford, el Rockefeller Brothers Fund, The Conservation and Research Foundation, la Packard Foundation, la Rainforest Alliance; los gobiernos de Suecia (Asdi, Bits y Sarec), España, Japón, Holanda, Alemania (Gtz y KfW), Finlandia (Finnida), Dinamarca (Danida), Canadá (Cida), Noruega (NORAD), Austria e Inglaterra; el Banco Interamericano de Desarrollo; la Environmental Protection Agency, el Forest Service y el Nacional Park Service, estos últimos todos de Estados Unidos. Entre las ONG se pueden mencionar Caribbean Conservation Corporation, Wildlife Conservation Society, World Wide Land Conservation Trust, The Nature Conservancy, Internacional Council for Bird Preservation, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Massachussets Audoubon Society, UICN, Nacional Fish and Wildlife Foundation, Conservation Internacional, el Smithsonian Institution de Estados Unidos, justo todos los actores que ahora están involucrados en el CBM y el CCM (Boza, 1994: 66-77).

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rialmente cubre los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y los países centroamericanos hasta el Tapón de Darién en Panamá (World Bank, 2000: 5-6). La diversidad biológica y cultural ahí contenida es de relevancia mayor: con una extensión de 102 millones de hectáreas conserva aproximadamente 7% de la biodiversidad mundial, y abundantes reservas de agua dulce.13 Evidentemente es una región de enorme impacto geoeconómico y geopolítico, por lo que, como lo suscribe el PP, “los fondos para asegurar su conservación deben provenir mayormente del GEF, por cuanto este último es el mecanismo financiero del Convenio sobre Diversidad Biológica” (Boza, 1994: 21), asegurándose así el control del acceso a los recursos por parte de las CMN y ONG de Estados Unidos, estas últimas financiadas por las primeras. Como indica el CBM (World Bank, 2000), el GEF acordó hacerse cargo de 66.99 de los 90.05 millones de dólares que comprendía el presupuesto inicial.14 En 2001 un documento del BM-BID referente a la “perspectiva del financiamiento internacional” en el CBM puntualizaba que “los montos de las inversiones financiadas por ambas instituciones que están directamente relacionadas ascienden a 888 millones de dólares y las indirectamente asociadas a 4 541 millones, es decir 5 429 millones en total”.15 Por lo anterior es ingenuo asumir que este tipo de programas se restringen explícitamente a conservar el medio ambiente. Más allá de un análisis de su potencial efectivo para la conservación, lo cierto es que el eje articulador e impulsor de aquéllos es el interés y la necesidad de los capitales biotecnológicos de la inmensa diversidad biológica y cultural de la región. En efecto, el PP señala, al igual que el resto de los documentos de los proyectos de conservación del BM et al., que: 13 Varias

de las áreas focales que incluyen de base el proyecto del CBM abarcan sistemas de cuencas hidrográficas importantes. Están, por ejemplo, las montañas mayas de Belice, la sierra de las Minas de Guatemala, el Pico Bonito de Honduras, las áreas de conservación de Guanacaste, Arenal y Cordillera Volcánica Central, en Costa Rica; La Amistad, entre Costa Rica y Panamá, y la zona del Canal de Panamá (Boza, 1994: 53). 14 Todos los fondos están regulados por el FMI (World Bank 2000). 15 Aproximadamente 3 762 provienen del BID —3 670 de inversión y 92 de cooperación técnica— y 1 667 del BM —1 645 y 22 millones, respectivamente—. Lo anterior no incluye los proyectos ejecutados por otros organismos y ONG internacionales por alrededor de 361 millones de dólares más (World Bank/BID, 2001: 3).

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será necesario cuantificar el valor económico de todos los bienes y servicios que suministrarán las áreas silvestres de la región, como el agua, ecoturismo, plantas medicinales, etc. Además será necesario [...] insistir en la necesidad de preservar la integridad de las comunidades indígenas que viven en varias de las áreas protegidas (Boza, 1994: 51).

La justificación de esos escenarios de apropiación y privatización de la naturaleza, tanto de parte del BM et al. como de las CMN y ONG, es que se trata de un escenario win-win que “hermana la conservación con el desarrollo, es decir, la conservación es vista como uno de los instrumentos más importantes para lograr el desarrollo socioeconómico de Mesoamérica” (Boza, 1994: 52). Esta retórica se ha popularizado sobre todo entre los nuevos “partners para la conservación”, al grado que se considera que “el mejor modelo para valorar y proteger la biodiversidad es mediante la bioprospección, o sea, la exploración de la biodiversidad para encontrar recursos comercialmente valiosos para la genética y la bioquímica” (Boza, 1994: 57). De este modo, se nos informa que la conservación desde la “bioprospección” ejecutada por actores de los países centrales en la periferia podría llevarnos al desarrollo. Discurso contrastante con la realidad de la subordinación tecnológica del sur con el norte, condición que el BM está asegurando, al desmantelar la capacidad endógena de investigación y desarrollo, por medio de sus programas de “modernización educativa” en los países del tercer mundo (World Bank, 1998). Esa brecha deja el gran negocio de la bioprospección en manos de CMN metropolitanas. De ahí que las actividades de bioprospección sean calificadas como actos de biopiratería, concepto que, más allá de ser meramente un instrumento analítico, debe ser visto como una categoría política (Delgado-Ramos, 2002: 105). Para funcionar ecológicamente, el CBM supone una conexión geográfica que permite la libre movilidad de las especies, lo que de entrada es rigurosamente imposible debido a la infraestructura que fragmenta ese espacio geográfico (carreteras transístmica y secundarias, ferrocarriles o el Canal de Panamá, etc.). Al mismo tiempo, el BID promueve la destrucción de ecosistemas únicos en la región con el financiamiento de una vasta infraestructura de comunicaciones necesaria para la implantación del Plan Puebla Panamá (PPP). Es el caso de la carretera que pretende cruzar por los manglares de Tabasco, las vías que dividirían en fracciones una de las reservas más im-

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portantes del CBM, la Biosfera Maya —México/Guatemala—, o el canal seco de Nicaragua, que pasaría por las reservas de la zona de Monkey Point y Bluefields, por mencionar sólo algunos casos. Diseñados desde Washington, el CBM, así como el PPP —que Fox promueve como propio—, son ambiciosos proyectos geoestratégicos y empresariales que están lejos de buscar el “desarrollo sustentable” mediante supuestas metas “conservacionistas”. Su implantación estaría fundada en una transformación normativa —Constitución, leyes, reglamentos, etc.—, y requeriría una intensa injerencia desde las instituciones involucradas en su promoción sobre el proceso de toma de decisiones en el nivel local, nacional y regional. Para poner en marcha “adecuadamente” el CBM, consigna el PP: deben promoverse al mismo tiempo [por un lado] la aprobación de una nueva legislación ambiental, tanto a nivel de leyes nacionales como de convenciones internacionales [y por otro] la capacitación a los funcionarios públicos y jueces [al mismo tiempo que] se recomienda [...] contratar estudiantes de derecho que puedan desempeñar labores de cabildeo en los congresos de los países de la región (Boza, 1994: 87, 89-90).

Todo indica que se ha ingresado a una generación de múltiples proyectos en la que se palpa un desplazamiento todavía mayor de la participación local y nacional en su peculiar diseño, relegándolas a tareas menores pero esenciales para apuntalar social y políticamente su implantación. El tono de la condicionalidad es cada vez más imperativo. Por ejemplo, en el Mexican Environmental Strategy Paper del BM se puede leer la siguiente directiva acerca de lo que los políticos “deben” hacer en materia ambiental: “se deberá reformar y completar el sistema de administración del medio ambiente para que se pueda alcanzar de manera efectiva las metas ambientales y minimizar los problemas futuros” (World Bank, 1998: 114). En el mismo tenor, el texto del BM/GEF sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas II (World Bank/GEF, 2002), busca penetrar en los espacios de decisión del estado, promoviendo una reformulación de la política nacional y su funcionamiento, algo que también pretende el Global Environmental Citizenship —otro proyecto del BM/ PNUMA—, al explicitar que busca intervenir en los distintos niveles de toma de decisiones en cuestiones medioambientales mediante la promoción de legislaciones nacionales, la descentralización del manejo ambiental, el diseño de áreas naturales y de estrategias de con-

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servación local —tanto de las mencionadas áreas naturales como de los cuerpos de agua dulce—, entre otras iniciativas (PNUMA/GEF, 2002). En esta dirección debe interpretarse la reciente aprobación de una cauda de iniciativas y modificaciones a las leyes ambientales nacionales de los países mesoamericanos, desde la ratificación de convenciones como la de Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo de Cartagena —sobre bioseguridad— y la de Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Boza, 1994: 88), todas diseñadas por el BM et al. La CDB establece que “los estados tienen derechos soberanos sobre sus materiales biológicos, y que dichos recursos ya no están a la libre disposición de otros”. No obstante, lejos de ser un esfuerzo multilateral para apoyar la conservación y el uso “sustentable” de la biodiversidad, claramente promueve el bilateralismo selectivo para su acceso privado, consolidando efectivamente el hecho de que la “biodiversidad ya no está a la libre disposición de otros”, sino sólo, y exclusivamente, de algunos. Además, reconoce “el conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales”, y específicamente “alienta el compartir de manera equitativa los beneficios que resulten de la utilización de dicho conocimiento, innovaciones y prácticas” (artículo 8j). Claro que hasta ahora ese “pago de beneficios”, cuando se ha acordado, muchas veces no se ha efectuado, o bien se ha hecho de maneras muy peculiares, por ejemplo, pagos fijos y únicos de montos insignificantes o con los medios materiales (equipo) necesarios para extraer las muestras biológicas y su conocimiento asociado (Delgado-Ramos, 2002: 108-109). Lo anterior revela que la esencia de estos argumentos se centra en el interés de los capitales biotecnológicos y afines para controlar, saquear y comercializar esta singular riqueza y conocimiento. Algo escandaloso si se considera, como se mencionó, que tales acuerdos internacionales, generalmente negociados por el Ejecutivo y luego ratificados por el Legislativo, son integrados a las leyes nacionales. Por ello el reporte del BM señala que entre las actividades de “uso sustentable de la biodiversidad” está la investigación sobre plantas medicinales y demás biodiversidad con potencial comercial, especificando actividades de clasificación y definición de especies, inventarios, descripción de componentes de sustancias activas, establecimiento de métodos para su extracción, procesamiento, certificación y acceso al mercado, entre otros, todos incorporados a un sistema de información geográfica que integra lo ecológico, biológico y socioeconómico

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de la región mesoamericana (World Bank, 2000: 9 y anexo 2). Además, ha puesto sus ojos en los recursos forestales, fibras, chicle, biodiversidad endémica y agrícola, plantas ornamentales, resinas, agua y otros recursos estratégicos (World Bank, 2000: anexo 2, p. 10). La visualización del BM en torno al espacio como fuerza productiva estratégica lo ha llevado a concentrarse en la promoción de la relación directa entre Washington —por medio del banco—, los territorios y su población, marginando al gobierno (federal) de la jugada, y permitiendo establecer acuerdos ventajosos para sus CMN, ya que ahora tratan directamente con los gobiernos estatales e incluso con “prestadores de servicios ambientales” —ONG— (Schaefer, 2001: 10-12).16 Las implicaciones que esto conlleva para la integridad territorial de la Federación mexicana son de largo alcance, en el contexto de la dialéctica entre microrregionalización y macrorregionalización, tanto del sureste como de la región norteña del país (Saxe-Fernández et al., 2001: 305-342). Si se considera que el CBM opera en el mismo espacio territorial que el PPP, es claro que el primero se perfila como la versión “verde” del segundo, cuya finalidad, muy alejada de la conservación del medio ambiente, es la del saqueo acordado e incluso parcialmente financiado y llevado a cabo por la elite mesoaméricana. Eso explica la incompatibilidad intrínseca entre dos proyectos operados por organismos íntimamente vinculados, como el BM-BID. Mientras que el PPP promueve la construcción de una vasta red infraestructural de comunicaciones que cruzaría por áreas protegidas de la región, el texto base ambiental del plan suscribe: “el PPP funciona como el concepto rector del conjunto de políticas, líneas de acción y proyectos [...] como marco envolvente que se sustenta por la visión de iniciativas como el CBM” (BID, 2001: 1). El BM et al., mediante proyectos tipo CBM, está dando los primeros pasos para la construcción de un sistema de biopiratería continental subordinado a los intereses empresariales de Estados Unidos y sus aliados europeos. Bajo el impulso de esas fuerzas, la siguiente zona a integrar, como indica el PP, sería el epicentro biológico terrestre del planeta: el Corredor de América del Sur, el cual comprende la zona amazónica, proceso que se facilitaría con la formalización de las vas16 Véanse los nuevos lineamientos que la administración de Bush (hijo) debe impulsar para “reformar las instituciones financieras internacionales” según la Heritage Foundation.

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tas concesiones en favor de la inversión extranjera directa estipuladas en el capítulo V del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, así como de la codificación de la virtual entrega de derechos de propiedad intelectual a las CMN (capítulo IX). Otro proyecto de gran envergadura es el CCM (Mesoamerican Barrier Reef System/GE-P053349 del BM/GEF). Aprobado en abril de 2001, cuenta con un fondo inicial de 24.2 millones de dólares, de los cuales, además del financiamiento del BM/GEF y de los gobiernos locales, 2.5 millones de dólares son “donados” por el WWF (World Wide Fund for Nature), 5 por la Oak Foundation y la Universidad de Miami (1 millón de dólares), y participan otros actores, como la Wildlife Conservation Society (World Bank, 2001). Opera en México, Guatemala, Belice y Honduras, extendiéndose desde la mitad sureste de la península de Yucatán hasta las islas de la Bahía en Honduras. Según el blueprint el proyecto tiene como finalidad: el desarrollo y descentralización del manejo del medio ambiente, mejor administración de los recursos naturales [...] asistir en el diseño de políticas sectoriales [...] reducir la fragmentación nacional y regional del gobierno de los países que integran CCM a través del mejoramiento de los sistemas de información regional como fundamento de la toma de decisiones y armonización de marcos jurídicos [...] y enganchar la participación pública y privada en la conservación del CCM (World Bank, 2001).

El documento puntualiza además que “la Estrategia de Asistencia de País para México identifica [...] áreas prioritarias para la participación del BM en materia medioambiental, incluyendo el desarrollo y descentralización institucional y la asistencia en el diseño de políticas sectoriales” (World Bank, 2001). Estos proyectos “verdes”, financiados por el BM et al., generan sinergias al vincularse con otros de carácter local como el de Tres Ecorregiones Prioritarias —MEX/00/G31/A/IG— (Oaxaca, Veracruz y Guerrero) y el COINBIO —21150ME— (Oaxaca, Michoacán y Guerrero). Súmese, además, el Perfil Indígena del País (EW-P60278), el Proyecto de Manejo Medioambiental y Descentralización (PE-P036005), el de Coordinación Institucional para el Desarrollo Sustentable Regional (EW-P669435), el Programa de Áreas Protegidas (GE-P52209) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas II (Po65988), entre otros (World Bank, 2001).

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Agua Es obvia la preocupación del BM por colocar a las CMN de los acreedores en el gran negocio del agua, como gestionadoras de las principales reservas de agua dulce del orbe, así como de su almacenaje, distribución y potabilización. Para lograrlo, el BM, por un lado, impulsa la concentración del “manejo de cuencas hídricas” en manos de ONG internacionales que financia —Conservation International (CI), WWF y otras—, que reciben fondos directamente de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Los recursos de organismos de cooperación internacional de España y Alemania, entre otros, se han restringido en general a la inversión regulada en infraestructura (acueductos, presas, etc.), dejando espacio para que el capital estadunidense controle y usufructúe directamente el recurso y no el de otros países —fenómeno al menos marcado en América Latina, zona muy biodiversa, la cual, al atraer las lluvias, también se vuelve sumamente rica en agua. Lo anterior responde tanto a las crecientes necesidades profundamente derrochadoras de Estados Unidos como a la intensa crisis de sus reservas disponibles. Según cálculos conservadores, en el futuro próximo tan sólo el sector industrial de ese país estará consumiendo más de 1 500 millardos de litros de agua dulce y generando 300 millardos de litros de desechos por año (Barlow y Clarke, 2002: 8). Esas cifras no incluyen la cantidad de agua que consume el sector agrícola de ese país —prácticamente de carácter agroindustrial—, y que se coloca como el “granero del mundo” dadas las dimensiones de su producción. A ello súmese el agua necesaria para satisfacer despilfarradoramente los grandes centros urbanos estadunidenses. Además del mencionado monopolio hemisférico, para garantizar que el capital norteamericano “gestione y usufructúe” los recursos hídricos a través de proyectos de “conservación” o privatización de cuencas hídricas, acuíferos, etc., también, y por otro lado, como mecanismo complementario para dar salida a la intensa crisis de agua dulce que comienza a experimentar, resulta estratégica la privatización parcial o total (concesiones)17 de los sistemas mundiales de dis17 Existen tres formas generales de privatización del agua en el nivel mundial, y la mayoría de las veces involucran el aval de organismos internacionales como el BM. En la primera hay una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento o almacenamiento por parte de estados nacionales en favor de las CMN. En la segunda se hace una concesión por parte de los estados nacionales para que las CMN se hagan cargo del

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tribución, almacenaje y potabilización, sobre todo de aquellos que satisfacen las necesidades de las grandes ciudades, justo donde está el gran negocio. No sorprende entonces que se ubiquen en este nicho CMN estadunidenses como Enron Springs, Monsanto Wells y Bechtel Co.; las francesas Suez/división ONDEO (antes Lyonnaise des Eaux) y Vivendi; las españolas Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX, o la inglesa Thames Water, entre otras. Este proceso sólo es posible a partir de que los gobiernos están abandonando el control de las fuentes nacionales de agua al participar en tratados o arreglos comerciales tipo TLCAN u OMC, desde los cuales se transfiere a la iniciativa privada el derecho de la gestión de los recursos hídricos bajo argumentos muy desgastados en la privatización de otros activos estratégicos nacionales: la necesidad de mejorar el mal servicio que prestan las paraestatales y la “ausencia de presupuesto público”. En consecuencia, se puede identificar, por un lado, la urgencia del BM-BID por actualizar y detallar estudios sobre los volúmenes de agua, las potencialidades de sierras y cañadas para almacenarla, la capacidad de generación de electricidad, los pronósticos meteorológicos, etc. Pero también, por otro, la creciente puja por la compra o concesión, tanto de los denominados “derechos hídricos” como de los activos estratégicos para la extracción, purificación, distribución, almacenamiento y uso energético (hidroeléctricas) del agua, como en el caso de la alianza para inversión en este rubro entre General Electric-BM-George Soros (Barlow y Clarke, 2002: 94).18 De ahí la freservicio y el cobro por la operación y el mantenimiento del sistema en uso. El cobro por el servicio y las ganancias son gestionados en su totalidad por la CMN. La tercera se trata de un modelo “restringido” en el que el estado nacional contrata una CMN para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. La CMN puede o no hacer el cobro del servicio, pero en ningún caso tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular ha sido la segunda. En la ciudad de México se ha puesto en marcha la de tercer tipo, aunque es de esperarse que en las renegociaciones, en el 2003, se busque consolidar la del segundo tipo. 18 “According to the Guardian Weekly, General Electric has joined forces with the World Bank and internacional investor George Soros to invest billions of dollars in a ‘Global Power Fund’ that would be used to finance major water and energy schemes. This is the same George Soros who, in 1992, bet Britain’s then prime minister, John Major, that financiers were more powerful than political leaders.” [“Según el Guardian Weekly, General Electric ha unido esfuerzos con el BM y el inversionista internacional George Soros para invertir miles de millones de dólares en el ‘Global Power Fund’, que sería punto de partida para financiar grandes proyectos de agua y energía. Se tra-

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cuencia de megaproyectos de carácter privado para la planeación y construcción de presas, acueductos, hidrovías, hidroeléctricas, plantas de desalinización y tratamiento de aguas, redes de captación y distribución de agua, etcétera. En el Strategy for integrated water resources managment del BID queda clara su concepción de dicha “modernización”, cuando señala, incluso en cursivas: El banco apoyará y estimulará la participación del sector privado y de un sector público con capacidades de fluidez y regulación en todas las actividades y servicios referentes al agua; como componentes importantes de acciones ampliadas para la modernización de subsectores de suministro de agua y sanidad, hidroeléctricas e irrigación, así como del sector de recursos hídricos como un todo (BID, 1998: 19).

Para garantizarles el negocio a las multinacionales “interesadas” —y que son las que promueve el BM, no otras— “es necesario minimizar los riesgos transferidos al sector privado”, por lo que se espera que, en estos casos, el estado nacional provea a las CMN de garantías financieras. Éstas incluyen garantías para obtener préstamos y ganancias. De ahí que en muchos proyectos de “financiamiento” del BM et al. se incluyan cláusulas que puntualizan que se aprobaría el préstamo en la medida en que el estado nacional sujeto del préstamo se comprometiese a dar garantías a los operadores privados de que se beneficiarían de dicho financiamiento, al menos por el periodo establecido en el contrato (BID, 1998: 19). El resultado del gran negocio del agua se refleja en la intensa carrera por abrir el “acceso, gestión y usufructo” de ese recurso en favor de CMN estadunidenses y aliadas europeas. Un ejemplo es Monsanto (norteamericana), otra CMN interesada en el negocio del agua; de acuerdo con Vandana Shiva (1999), tan sólo un año después del balance presentado por CEPAL sus planes contemplaban operaciones que comenzarían en la India y México, esperando obtener ventas de cerca de 420 millones de dólares, con una ganancia neta de 63 millones de dólares para el año 2008. Para concretar su proyecto Monsanto se asoció con Eureka Forbes/TATA, que controla cerca del 70% de la tecnología UV para potabilizar agua. Monsanto también compró una empresa japonesa que desarrolla tecnología de electrólisis, y ha ta del mismo George Soros que en 1992 le apostó a John Major, primer ministro inglés, que los inversionistas eran más poderosos que los líderes políticos.”]

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mostrado gran interés en adquirir Water Health International (Shiva, 1999). En esta esfera, como se comentó, también es manifiesta la estrecha simbiosis entre los instrumentos de estado (de los estados capitales centrales, ECC) y sus CMN, por lo que la OMC y el BM están promoviendo y presionando la privatización de las reservas de agua e infraestructura relacionada, especialmente las de los estados capitales periféricos, ECP. El BM acordó con Monsanto para que invierta en el proyecto mencionado (Shiva, 1999), bajo presiones que responden, tal y como dice John Bastin, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a que “el agua será la próxima infraestructura a privatizar” (Shiva, 1999). Si bien es obvio que las primeras repercusiones de la privatización de las reservas de agua de los ECP serán la subordinación de éstos hacia los ECC en cuanto al acceso a un recurso propio en un contexto de creciente escasez planetaria, también la privatización de la infraestructura relacionada (presas, acueductos, alcantarillado y sistemas de distribución, plantas de tratamiento y potabilización, hidroelectricidad, etc.) trae consigo, como lo han demostrado los casos de Argentina o Inglaterra, un incremento importante en el costo del servicio, lo que significa una reducción mayor de la cantidad de personas —especialmente de los sectores populares— que pueden tener acceso al agua, y el despido de gran parte del personal originario de la paraestatal, entre otras consecuencias, además de que no necesariamente resulta en un mejoramiento del servicio. Al contrario, en esos y otros casos se ha registrado una tendencia regresiva. Esto es sólo una muestra de lo que acarrea la privatización de un activo fundamental para la vida cuando se entrega a nacionales y extranjeros como propiedad privada para que hagan negocio (renta de la tierra). Aún más, los proyectos de conservación de reservas de agua natural, los de reservas artificiales, así como otros proyectos del BM, han sido procesos avalados por unas cuantas y seleccionadas ONG en un marco supuestamente “incluyente”; pero, como bien lo han indicado Vía Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, en el marco de los proyectos del BM sobre políticas de tierra en América Latina, son simulacros estructurados desde seminarios regionales que también incluyen Europa, Asia y África, que culminan en la redacción del documento [final] caracterizado por la falta de transparencia y por su carácter excluyente [...] La presencia y el papel de

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las pocas organizaciones que provienen de la sociedad civil es muy limitada, de manera que las agrupaciones presentes corren el peligro de servir como hoja de parra para justificar las políticas del BM (La Jornada, 8 de mayo de 2002: 8).

Además, regresando al caso de la “conservación de las reservas de agua”, naturales y artificiales, los programas del BM han generado la expulsión de comunidades enteras, fenómeno del que da cuenta el Internacional Rivers Network: se ha estimado que alrededor de 10 millones de personas han sido expulsadas de sus tierras por las presas financiadas por el BM. A pesar de los reclamos políticos de parte de los desplazados para que se les permita, al menos, recuperar los niveles de vida previos, una revisión de las experiencias del BM sólo permite mencionar pocos ejemplos en los que los desposeídos han recibido algunas mejoras de baja proporción (Barreda, 1999: 140).

En México, “convenientemente”, el presidente Fox se ha referido al problema del agua, a la usanza estadunidense, como “un asunto de seguridad nacional”. Según la Hanhausen & Doménech Consultores (2000: 2), debido a los limitados recursos disponibles en México para este sector, “los nuevos planes deberán involucrar una fuerte participación privada para el desarrollo de infraestructura y operación”. Los procesos de privatización del agua en México no son nuevos. El BM et al. ha venido estableciendo un escenario propicio para inducir la privatización de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Incluso ya operan algunas empresas —generalmente mediante contratos de concesión de entre 10 y 15 años obtenidos por licitaciones públicas— en servicios de distribución, tratamiento de aguas negras y desalinización en el Distrito Federal, Saltillo, Navojoa, Aguascalientes, Cancún (Hanhausen & Doménech Consultores, 2000: 8) e Hidalgo (véase La Jornada, 9 de mayo de 2002: 60), desde luego sin olvidar el gran negocio que ha sido la potabilización de agua para su venta embotellada, entre otras, por Coca-Cola y Nestlé. Estimado en 22 millardos de dólares anuales, el mercado del agua embotellada ha crecido exponencialmente y de modo poco regulado. Desde 1995 las ventas se han incrementado 20% anual, y para el año 2000 alcanzaron cerca de 89 millardos de litros en el mundo (Barlow y Clarke, 2002: 96). Haciendo a un lado las limitaciones que impone el artículo 27 constitucional, el cual señala que el agua es del domino directo de la

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Federación, en el marco del TLCAN y la OMC el agua ha sido declarada por sus miembros mercancía que puede lanzarse al mercado como un “bien”, un “servicio” o una “inversión”.19 Ello permite que, al margen de la normatividad constitucional vigente, los ECC, organismos “internacionales” y sus CMN interesados en actividades de inversión en ese rubro, puedan “argumentar” que de no abrirse ese recurso al mercado mundial —y entonces a sus inversiones— se estaría cayendo en una violación sancionable bajo las reglas del comercio internacional acordadas tanto en el TLCAN como en la OMC. Incluso dentro de la normatividad constitucional, debido a fuertes vacíos o ausencias en la legislación sobre algunos recursos naturales, los actores interesados en usufructuarlos aprovechan tal situación para violar el espíritu constitucional, ya que, en el rubro de los recursos hídricos, al menos las concesiones totales o parciales no contradicen “formalmente” el artículo 27, pues el estado seguiría teniendo el dominio directo sobre el agua. La inexistencia de candados constitucionales que coloquen al agua y a la biodiversidad, por ejemplo, como recursos estratégicos, que sí existen para el petróleo, facilitan su saqueo, aun de modo “legal”. Más aún, y en consonancia con esa línea, las presiones que ejerce el BM en materia de legislación promueven la descentralización de la administración de este recurso (algo similar sucede en el caso de la biodiversidad), aunque se mantenga la legislación centralizada en el nivel federal, de tal suerte que los gobiernos estatales, indica el BM, podrían liberarse de su deuda con la Federación por “derechos de agua”, y la gestión del recurso se mejoraría gracias a la “reducción de fugas, mejora en el servicio y en la cantidad de usuarios, perfeccionamiento del cobro de facturas y el establecimiento de cuotas que reflejen el verdadero valor del recurso” (Hanhausen & Doménech Consultores, 2000: 5). Esto significa, en lingua franca, un incremento del costo del servicio y una drástica reducción a su acceso, y no necesariamente un perfeccionamiento del mismo, ni social ni ambiental. Las experiencias privatizadoras en otros países han sido desastrosas, incluso con la participación de algunas de las empresas que preten19 Con fundamento en el artículo 133 de la Constitución, ésta prevalece sobre cualquier otra ley, incluyendo los tratados internacionales. El artículo 89, fracción X, y el artículo 76 constitucionales descalifican la idea popularizada por los country managers del BM et al. de que los tratados internacionales están por encima de la Constitución (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1995: 389; Krieger, 1996; Venegas, 1996: 2).

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den entrar al país. La privatización de Obras Sanitarias de la Nación de Argentina resultó, en 1995, en el despido del 50% de sus empleados, el incremento drástico de las tarifas y la falta de reinversión del capital, que fue remitido al exterior por su propietaria, una filial de Lyonnaise des Eaux, Francia (Suez), que provee agua y otros servicios20 en España, Bélgica, Alemania, Inglaterra, República Checa, Estados Unidos, China y Austria. En 1996 fue acusada por el gobierno argentino de cobrar de más a los usuarios y darles información incorrecta o falsa. Lyonnaise ha sido acusada de numerosos casos de corrupción y soborno, como en el contrato de los acueductos de la ciudad francesa de Grenoble. Con la intención de preparar este proceso en México, el BM, a través del préstamo Infrastructure Investment Fund (FINFRA), inicialmente de 250 millones de dólares, un programa ejecutado por Banobras, promovió desde 1995, y de manera encubierta, dadas la diversidad y dimensiones de programas que constituyen al mismo, la inversión tanto pública como privada en infraestructura referente al agua mediante un mecanismo de inversión que exige la participación de la iniciativa privada, programa privatizador que en el caso del agua ha sido considerado el “detonador de la inversión privada en plantas de tratamiento”. Recientemente FINFRA ha sido redefinido bajo su versión II, a través de la cual se ejecuta el Program to Support Local Water Utilities with Private Sector Participation, que pretende articular las operaciones de la privatización de este activo natural estratégico. Asimismo, el BM y el BID han aprobado una serie de programas de la misma índole, tanto de carácter nacional —como el Water Resources Management Project del BM, por 186.5 millones de dólares—, como local —caso del Programa de Saneamiento del Valle de México, del BID, por 365 millones de dólares, para la construcción de cuatro macroplantas de saneamiento. Lo anterior indica que la tendencia hacia la entrega del agua y otros activos a manos extranjeras se profundizará mucho más, en un contexto en el que, como ha puntualizado el analista Carlos Fazio, “el país es administrado por un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios”. Se trata de articular este proceso, en el nivel no sólo hemisférico 20 Tratamiento de agua, servicios en áreas como gas, electricidad, finanzas, construcción e ingeniería civil, ferrocarriles, comunicaciones por cable, satelitales y de fibra óptica [www] y educación [www.suez.com].

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sino mundial, tal como lo enlista el propio BID, a partir de involucrar a ese mismo organismo, al BM, el PNUD, la UNESCO, la Organización Mundial Meteorológica (WMO), el World Water Council (WWC), el Internacional Network of Basin Organizations (RIOC) y el Global Water Partnership (GWP) (BID, 1998: 15-16); esta última institución, establecida en 1996, está auspiciada por el BM, el PNUD y los organismos bilaterales de desarrollo de países como Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania y, desde luego, por la AID, entre otros actores como CARE o la OIA (Oficina Internacional del Agua de Francia). La apropiación de los recursos hídricos de México es de gran envergadura. México cuenta con una precipitación media anual de 780 mm, o 1 530 miles de millones de m3 de agua al año per capita; en sus ríos escurren 410 mil millones de m3; 14 mil millones de m3 de agua dulce se encuentran en los lagos y lagunas y 107 mil millones están almacenados artificialmente. Si se consideran esas enormes reservas de agua a la par de las centroamericanas (las cuales, como parte del PPP, probablemente sean conectadas por medio de hidrovías o acueductos a lo largo y ancho de la región, algo similar a la conexión eléctrica acordada), es más que probable que, a partir de justificar las necesidades del centro de México y la escasez de la zona norte, se contemple, desde el FINFRA II, la construcción de un sistema de bombeo de agua hacia el norte, algo que calza perfectamente con las necesidades de Estados Unidos, tanto de agua como de electricidad, generada, en este caso, por hidroeléctricas, ya que lo “de menos” sería conectar ese sistema al suyo, especulación que ya ronda en los círculos académicos norteamericanos.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La intervención e incidencia del BM en México se amplió desde mediados de la década de 1970 hasta incluir el sector estratégico constitucionalmente reservado al estado. Su presencia, por medio del poder que se deriva de la condicionalidad y sinergia de sus préstamos, fue determinante en la privatización de los ferrocarriles, en los esquemas de privatización de facto en el sector petrolero, específicamente de la petroquímica. Se observa de manera igualmente inquietante en el manejo y usufructo de los espacios geográfico-territoriales, fundamento del saqueo de recursos de enorme importancia estratégica co-

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mo el agua y la biodiversidad, pero también de la explotación del conocimiento y la fuerza de trabajo de la población ahí contenida, todo en favor de las CMN de los ECC, cuyos intereses promueve y subvenciona el BM et al. al funcionar como instrumento de proyección de poder de Estados Unidos y sus aliados europeos. Los documentos aquí citados muestran al BM fungiendo como un verdadero partido político de Estados Unidos, que opera interna y externamente sobre el gobierno mexicano para influir en el proceso de toma de decisiones e incidir en su correlación de fuerzas, constituyéndose en un virtual “cogobierno”. El “cogobierno” del grupo BM es asunto que permanece, en gran medida, fuera de la conciencia y la discusión de una opinión pública, que difícilmente avalaría este esquema de corte colonial, por lo que bien puede calificarse como una suerte de stealth imperialism,21 cuya fuerza reside, precisamente, en su falta de detección y localización. Ese predicamento es ampliamente reconocido por la burocracia del BM. Por ejemplo, en los Mexico Strategy Papers de 1995 (World Bank, 1995: 1), el lector puede seguir fácilmente la huella del grupo del BM en los pasillos del poder y su transición de un sexenio a otro, en este caso del de Salinas a Zedillo. En el “Office memorandum” que acompaña al documento clasificado como “confidencial” y “para uso solamente oficial”, puede leerse la siguiente solicitud: Por favor, tomen nota de que mucho del material contenido en estos documentos es algo sumamente sensible para el gobierno de México. El banco estuvo de acuerdo, como parte de una de las condiciones para realizar este trabajo, en que estos textos mantendrían su confidencialidad y que no serían procesados en el banco más allá de su estado de informalidad actual. Pido su consideración en ayudarnos a mantener este acuerdo. En este espíritu, también solicito que desvíen a esta división cualquier solicitud externa en relación con estos documentos (World Bank, 1995: 1).

Es claro para el BM que la documentación es sumamente sensible, porque muestra —incluso si se revisan a fondo aquellos documentos de carácter “no clasificado”— su papel en el delineamiento de los parámetros centrales (principios heurísticos) en la definición y conduc21 Término sugerido por Chalmers Johnson en Blowback. Alude a la tecnología stealth que permite a barcos y aviones evadir toda detección de radares (Johnson, 2000: 65-94).

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ción de la “agenda nacional”, sobre todo en lo referido, ni más ni menos, al diseño y ejecución del presupuesto federal. Por lo anterior puede afirmarse, sin mayor reserva, que se trata del “poder detrás del poder” en asuntos nodales, solamente posible si cuenta con los instrumentos del ECP y la aquiescencia de al menos una parte clave de su cúpula dirigente. Para ello el BM ha venido formando, preparando, operando y perfeccionando sus cuadros de country managers locales, que no sólo actúan sino que también velan por los intereses empresariales y geoestratégicos del norte, costumbre de vieja raigambre colonial-imperial. Esperamos que los datos y análisis aquí ofrecidos estimulen y contribuyan al urgente debate, público, legislativo, judicial y por parte de los partidos políticos sobre los mecanismos que deben establecerse para lograr la rendición de cuentas de las instancias tanto nacionales como externas involucradas en la aplicación de medidas que han afectado negativamente y de manera profunda a vastos sectores de la sociedad y al aparato productivo nacional, al tiempo que han fomentado el saqueo de las riquezas naturales del país. Las consecuencias de las políticas expoliadoras y desnacionalizadoras del BM et al. en México y de sus country managers —verdadera “guerra de clase”—, no se han limitado a un ámbito en particular; son totalizadoras, y abarcan desde lo económico-político y lo diplomático-militar hasta lo ecológico-social. Sin embargo no es un monolito que no deja alternativas. El proceso, lleno de grietas y contradicciones, ocurre en momentos en que, entre otros de sus resultados, se intensifica el descontento de los sectores más afectados y asfixiados por esas políticas (indígenas, campesinos y obreros), y de los que ya comienzan a percibir que sigue su turno (clases medias), lo que se expresa en numerosos movimientos sociales de protesta, tanto civiles como armados, literalmente en todos los estados de la nación. Esa población tan agredida reacciona contra un proceso de pérdida de “esperanza generacional”. Ya no sólo se pelea por vivir dignamente, por una identidad sociocultural, por el derecho a la tierra, a gestionar los recursos del país para los intereses de su población, etc.; ahora también se lucha para que esos derechos los puedan tener las siguientes generaciones. Es una pelea que se inicia en los núcleos indígenas y campesinos, por ser éstos los más asfixiados (por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), pero que ha venido vinculando creciente y necesariamente a diversos grupos socia-

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les (Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN). Tal construcción social de alternativas que viene gestionando el pueblo necesariamente tendrá que llegar en algún momento a tomar esos instrumentos de estado que le permitan diseñar un proyecto alternativo de largo plazo y alcance, socialmente positivo para cada uno de los sujetos sociales. De no integrarnos y comprometernos a esta lucha de inmediato, desde nuestro espacio y según nuestras capacidades y condiciones, para consolidar la participación de todas las clases sociales afectadas, y desde ahí construir una conciencia social que permita la toma de contramedidas que reviertan la situación actual que vive México y, en general, Latinoamérica y los ECP, la posibilidad de una salida pacífica se reduce. En tal sentido, la libertad de acceso a la información resulta crucial para la formación de una conciencia de clase que la movilice, que presione la discusión acerca del rumbo que deben tomar la nación y su pueblo, entendido como el interés público nacional y no de las clases que se enriquecen con políticas cuyo endoso a los intereses empresariales y geoestratégicos de Estados Unidos solamente puede calificarse como “brutales regresiones y concesiones”, fundamento de esquemas como el TLCAN, el Plan Puebla-Panamá y su versión “verde” (CBM y CCM), y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

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LA INSOPORTABLE LIGEREZA DEL SER TEÓRICO GUILLERMO ALMEYRA*

Buena parte del éxito editorial del reciente libro de Anthony Giddens1 se basa en que dice a los ex socialdemócratas convertidos hoy al centrismo “radical” lo que quieren oír, pero se avergüenzan de intentar formular en forma más o menos teórica. En efecto, La tercera vía es el libro del sentido común de los bienpensantes, la justificación de la práctica de los gobiernos pragmáticos de la “nueva izquierda” respetable y respetuosa, y una alabanza a posteriori —que, sin embargo, simula ser la elaboración de normas—, de la práctica errátil, de la navegación a la vista de quienes han abandonado las aguas agitadas de la búsqueda de una alternativa al sistema actual para convertirse en simples transportadores entre una y otra fase del capitalismo. El libro de Giddens es la obra “instantánea” y sin pretensiones de un inglés empeñado en reforzar al gobierno de su país en su intento de norteamericanización del Reino Unido y de Europa. Busca racionalizar, en la medida de lo posible, y cubrir con su ropaje “teórico” más o menos digno, las evoluciones del otro Anthony, Blair —llamado Tony—, paladín del nuevo laborismo, que se esfuerza por erradicar los restos del socialismo de su partido.2 Lo primero que hay que decir de este libro es que no se trata de una obra teórica, aunque teorice, y que ofrece en la segunda parte de su título una engañosa renovación de la socialdemocracia, pues su ámbito de reflexión no es ésta sino el laborismo inglés (subrayo inglés pues en Gran Bretaña

* Doctor en ciencias políticas; es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1 Anthony Giddens, La tercera vía: La renovación de la social democracia, México, Taurus. 2 Por otra parte, el mismo autor lo reconoce cuando escribe: “Mi principal punto de referencia es Gran Bretaña, aunque muchos de mis argumentos tienen mayor alcance. En el Reino Unido, como en la actualidad ocurre en muchos países, la teoría va por detrás de la práctica.”

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hay también escoceses y galeses), y, además, el “centro radical” muy poco tiene que ver con la socialdemocracia en general, y ni siquiera con una democracia social tout court. En efecto, la socialdemocracia, nacida del movimiento obrero con el cual se identifica, e inspirada por Marx, se fija como objetivo la obtención de las reformas políticas, económicas y sociales que permitan sustituir pacíficamente al capitalismo por un régimen de igualdad y de justicia social basado en las democracias y en las mayorías, que la socialdemocracia ha identificado siempre con el socialismo. Giddens, por el contrario, habla del descrédito “definitivo” del marxismo ya en la primer página del prefacio. Desde su primer capítulo (“El socialismo y su posteridad”) redobla a muerte por el socialismo que declara fenecido, si no enterrado. Insisto, dicho sea de paso, en la palabra “declara”, pues en general todas las afirmaciones de Giddens no son más que eso; carecen de cualquier análisis o exposición que pueda servir para probarlas. Ésta es la segunda cosa que se puede decir de este libro: es el panfleto político contingente dedicado a quienes tienen paladar grueso en el campo de las ideas y no se preocupan demasiado por la coherencia y por las fundamentaciones cuando leen. Es el libro “ligero” (de pocas páginas y escrito como conversando), de un hombre ligero, ligerísimo.3 Giddens tiene tanta conciencia de que su libro busca vestir decentemente la política desnuda de Tony Blair, que ya en la página 8 sale a curarse en salud, declarando que Blair no es un Clinton junto al Támesis, a pesar de todas las apariencias,4 pero da a Gran Bretaña el papel de cabeza de puente de Washington cuando dice que “podría actuar de catalizador en la interacción creativa entre Estados Unidos y Europa continental”. Es difícil, por lo tanto, alejar la idea de que ese papel es, precisamente, el que ha desempeñado y cumple Londres en la OTAN y en la guerra contra Yugoslavia... 3 Entre las muchas incoherencias y ligerezas figura la siguiente: el autor habla de la “renovación” o de la posibilidad de supervivencia de la socialdemocracia, aunque declare muerto al socialismo, que era la esencia de la misma, su justificación y su objetivo declarado. Lo hace además en las mismas páginas. 4 Cita, por ejemplo, a David Marquant que, en “La paradoja Blair” (Prospect, mayo de 1998, p. 20), escribe que “al igual que los gobiernos de Thatcher y Major, el gobierno de Blair busca la inspiración a través del Atlántico, no a través del canal. Su retórica es estadunidense, las influencias intelectuales que han modelado su proyecto son estadunidenses, su estilo político es estadunidense.” Giddens responde que “esta afirmación no es del todo cierta” (cursivas mías).

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LOS VALORES DE LA TERCERA VÍA

Es notable en este libro la falsa conciencia: “El socialismo y el comunismo han muerto, pero siguen rondándonos”, pues ni sus ideales ni sus valores ni su impulso ético han perdido actualidad. Para Giddens hay que tenerlos en cuenta, pero para preservar y modernizar el capitalismo, no para dejarlo de lado; es decir, para no prestar demasiado el flanco a las críticas sociales, de tal manera que el ejercicio de la dominación sea posible sin demasiados problemas, y para buscar los ungüentos sociales oportunos y adecuados que eviten las explosiones o la implosión debida a la creciente marginación y criminalidad. Los franceses, que llaman a la hipocresía l’hommage du vice à la vertu (“el homenaje del vicio a la virtud”), saben muy bien que reconocer los valores de ésta, para evitar que tengan vigencia, es cosa de todos los días en política, y Giddens, en este libro, no es un sociólogo, sino un mero servidor de Blair. Giddens no tiene dudas. Como el filósofo Pangloss, tutor del Cándido de Voltaire, todo está del mejor modo en el mejor de los mundos posibles. Por eso no pone en cuestión que el capitalismo, y su funcionamiento actual, bajo la dirección del capital financiero internacional, con todas sus consecuencias ambientales, económicas y sociales y su sociedad para el 20% de la humanidad, sea el único marco posible para la acción política.5 El “centro radical”, por consiguiente, tendría como objetivo sólo reducir los daños, no evitarlos, y sólo atenuar, y no contrarrestar, las peores consecuencias sociales y políticas de la concentración del poder y de decisión en unas doscientas empresas transnacionales. No se trata, por lo tanto, de erradicar la pobreza, sino de mitigarla para que no amenace la estabilidad del sistema, provocando rebeliones políticas o delincuencia contra éste. Tampoco se trata de acabar con la explotación de los seres humanos ni con las desigualdades, sino de evitar —por seguridad del mismo sistema— que pasen de un límite “tolerable” que, por otra parte, no se sabe quién fijará y en qué nivel se establecerá. Otra vez resuenan los ecos de las recomendaciones del Banco Mundial sobre las políticas-vaselina que, por supuesto, no contradicen, sino que completan las políticas destinadas a concentrar el ingreso en manos de las transnacionales. 5 Giddens (p. 36) se pregunta “qué orientación debería tener [la socialdemocracia] en un mundo en el que no hay alternativas al capitalismo”.

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El libro de Giddens acepta como buena la idea liberal de que existe una “igualdad de oportunidades”, cuyo corolario es que los pobres son pobres por propia culpa, ya que son holgazanes o incultos o poco emprendedores o irresponsables. Por consiguiente, el papel del Estado, para Blair y para Giddens, debe consistir en permitir a las empresas inglesas que aumenten su decaída competitividad, creando las condiciones y las infraestructuras para que los trabajadores sean más cultos, más sumisos, más ligados a la familia.6 Entonces, como para los liberales clásicos, la educación no debe ser sino una preparación y una domesticación, un amaestramiento de los trabajadores, para que rindan más y acepten las reglas del sistema y la sanidad, algo así como la vigilancia de la salubridad en los establos, para que el producto sea bueno y las vacas lecheras produzcan más durante más tiempo. Por supuesto, muchas de las observaciones de Giddens son válidas, pues, en efecto, no todo puede reducirse, jibarizarse, a un análisis de clase (el marxismo vulgar de los manuales soviéticos y de los académicos socialdemócratas era una caricatura del marxismo libertario y humanista de Carlos Marx). La mundialización también cambia las reglas del juego. El estado ha sufrido y sufre profundas transformaciones, no sólo por la llamada gobernancia (o sea la influencia decisiva de organizaciones internacionales o no estatales), sino también por la pérdida de consenso en la sociedad y el debilitamiento de la internalización del estado por ésta, que es la base de la dominación capitalista. Se construyen también nuevas identidades y sujetos, y la individualidad crece sin tener, por fuerza, que convertirse en individualismo. No se trata, pues, de que Giddens no ponga el dedo sobre muchas llagas de la política y la ideología de la socialdemocracia, sino de que en su libro no plantea la historicidad al tratar de analizarlas; no indaga el porqué de las mismas o si eran o son inevitables, y piensa todo, comenzando por el sistema capitalista, como eterno y fijo, sin plantearse, además, problema ético alguno. 6 Por ejemplo, sostiene que “el gobierno tiene un papel esencial que cumplir invirtiendo en los recursos humanos y en la infraestructura requeridos para desarrollar una cultura empresarial”. No se trata, por supuesto, de hacer de cada peón o desocupado un empresario, que no podría tener trabajadores ni clientes, pues todos serían empresarios individuales, sino de subordinar los hombres y los recursos materiales a las necesidades de los empresarios.

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Hay en Tony Blair y Anthony Giddens una profunda adaptación del thatcherismo-clintonismo, debido a los cambios producidos en la estructura y en la vida política en el Reino Unido, por una gran derrota de la clase obrera y por la decadencia del sistema productivo. El mismo Giddens lo admite7 cuando dice que los vencedores tienen interés en declarar que “no hay alternativa”, mientras los perdedores, que aceptan las reglas del juego, y han perdido hegemonía cultural y política, se apropian de algunas de las ideas de sus oponentes para neutralizarlas. Es lo que los italianos llaman l’ammucchiata al centro, el mimetismo político-cultural que lleva a todos hacia el centro, donde todos los gatos son grises. Para Giddens, por otra parte, la sociedad cosmopolita, la democracia cosmopolita, el gobierno global, son oro colado. Por ejemplo, pone en el mismo plano, como expresión de internacionalización de la gobernancia, a la ONU, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio. No le preocupa el hecho de que ni Blair ni Clinton hayan siquiera consultado a la ONU antes de atacar a Yugoslavia ni piensen hacerlo en el futuro sino ante hechos consumados, como han declarado, vanagloriándose de su hazaña en los Balcanes. Tampoco ve en los organismos internacionales la lucha entre los grandes bloques europeo-estadunidense-japonés, como no ve la lucha entre empresas y capitales en su mercado ideal e idealizado, ni ve los conflictos y guerras que están en el horizonte (la conquista de Rusia y de China, la alianza sino-rusa-india para defenderse, etc.). La vie est belle, canta su libro en todas las tonadas, y la gobernancia no sólo es aceptable y necesaria, sino que también será gobierno mundial, siempre y cuando se le hagan algunas correcciones. En el capitalismo, donde ya no habría clases, no habría tampoco conflictos... La montaña pare entonces un ratoncito burotecnocrático, cuando Giddens propone como medida democrática que a la ONU, que resulta hoy obsoleta para los Clinton y los Blair, se le agregue como instancia democratizadora un parlamento de los pueblos, con diputados nombrados en los diferentes estados, similar al Parlamento Europeo (que, recordamos, carece de atribuciones frente al Consejo de la Unión Europea, y cuyos miembros han sido elegidos en los recientes comicios de junio con abstenciones gigantescas que convirtieron en primer partido al de quienes no votaron, porque no veían la razón para hacerlo). 7

En la página 52, apoyándose en Norberto Bobbio.

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GUILLERMO ALMEYRA

ALGO DE MERCADOTECNIA

El libro de Giddens, tan inglés, tiene pocas posibilidades de convencer en el continente europeo o en el propio Partido Laborista, porque teoriza demasiado de cerca la práctica antisocialista y antipopular de Blair, rechazada por la base de su partido y por el electorado. Es difícil presentar como partidario de las libertades a un régimen que considera la cuestión social, incluida la delincuencia, asunto policial, y que crea cárceles privadas por doquier, como en Estados Unidos. Es difícil también hacer aceptar la idea de que el capitalismo es eterno y el único marco posible, en un mundo que sufre cada vez más las consecuencias terribles del sistema (de todos modos, para Giddens no se presenta este problema, ya que sólo habla de su “paisito” y, cuando mucho, mira de lejos el otro lado del Canal de la Mancha). Sin embargo, el libro de Giddens encuentra de este lado del Atlántico un éxito insospechado por el autor, que ni siquiera recuerda que, además de Estados Unidos, existen otros americanos. Los que creyeron, por ejemplo, en la versión estatalista y burocrática del socialismo, porque esperaban que ella les diera poder, se desilusionaron en efecto porque tenían ilusiones. Los que esperaban todo del estado distribucionista y de un posible crecimiento de las burguesías nacionales en las grietas que dejaba el imperialismo y a la sombra de éste, tratan por su parte de reducir sus expectativas, pero “permaneciendo en carrera” en la disputa, no de una alternativa, sino de la alternancia en el poder condicionado por el capital internacional. Y los académicos que juraban por un marxismo martaherneckero y escupieron sobre esa moda que les daba influencia y poder, necesitan hoy preservar su coto de caza intelectual con una teoría de izquierda ma non troppo aceptable en los mejores salones. Dado que estas categorías constituyen una parte apreciable de la llamada “intelectualidad” o “clase política” en nuestro continente, el mercado para este pensamiento débil está, pues, asegurado. No pasará así —me atrevo a aventurarlo— en Europa o en Estados Unidos, ya que si bien en el viejo continente existen los D’Alema y los Veltroni, también en otros países hay socialdemócratas o socialistas e incluso intelectuales críticos. En Estados Unidos el marxismo —no por casualidad— comienza a adquirir ciudadanía, y no resulta evidente que, si nada puede ser universal, ni siquiera la ética y la justicia, como piensan también los de la tercera vía, resulte en cambio universal y eterno el capitalismo.

LA INSOPORTABLE LIGEREZA DEL SER TEÓRICO

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La historia es la que sale peor parada en este libro, ya que no estudia ningún problema de modo concreto, y en su devenir no ve ninguna de las contradicciones que llenan la vida real. Ya que el presente es a la vez pasado y futuro, y el pasado desmiente las posiciones de estos “teóricos” que quieren evitar pensar en el futuro y se limitan a querer administrar la crisis, para ellos es necesario desterrar la utopía posible de la cual hablaba Ernest Bloch y, a la vez, el estudio histórico (que consideran mera ideología, simple literatura). El pragmatismo ciego, muy anglosajón, y el relativismo conservador caracterizan a estos “pensadores”. Si sus seguidores ex nacionaldesarrollistas o ex admiradores de la conservadora versión “socialista” de la socialdemocracia o del estalinismo recurren a la tercera vía, es porque sencillamente se niegan a ver de cara la realidad de sus países, a estudiar tendencias y contradicciones, a apostar valientemente a los conflictos y a las posibilidades que abren la crisis y la mundialización. Sin embargo el vacío no se cubre con otro vacío ni la impotencia agrega potencia a nadie. Por eso, aunque hay un gran vacío teórico y nadie puede ofrecer una alternativa al dominio mundial del capital financiero, la tercera vía no pasará de ser una moda, un intento de superación en la retórica de los problemas que intenta enmascarar. Y éstos permanecerán, retando a la sociedad y a los intelectuales a darles una respuesta teórica y práctica.

Esta página dejada en blanco al propósito.

formación: victoria schussheim con tipos new baskerville impreso en programas educativos calz. chabacano 65 col. asturias 29 de febrero de 2004