El debate latinoamericano Vol. 3: Poder y politica en America Latina

sociología y política

EL DEBATE LATINOAMERICANO VOLUMEN 3

PODER Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA por TERESA CASTRO ESCUDERO

* RINA MUSSALI GALANTE LUCIO OLIVER COSTILLA * MASSIMO MODONESI EDUARDO E. SAXE FERNÁNDEZ * SEVERO SALLES CARLOS FIGUEROA IBARRA * ALFONSO LÓPEZ RAMÍREZ coordinadores TERESA CASTRO ESCUDERO

y LUCIO OLIVER COSTILLA

siglo xxi editores, s.a. de c.v. CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D.F.

siglo xxi editores argentina, s.a. TUCUMÁN 1621, 7 N, C1050AAG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

portada de maría luisa martínez passarge primera edición, 2005 © siglo xxi editores, s.a. de c.v. en coedición con facultad de ciencias políticas y sociales-unam centro de estudios latinoamericanos (cela) programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica (papiit) isbn 968-23-2507-2 (obra completa) isbn 968-23-2567-6 (vol. 3) derechos reservados conforme a la ley impreso y hecho en méxico

PRESENTACIÓN GENERAL

En el año 2001 el Centro de Estudios Latinoamericanos inició el proyecto de investigación colectiva El debate latinoamericano actual. Tendencias, problemas y alternativas. En él participaron investigadores del CELA así como de otros centros de la UNAM y de otras universidades mexicanas, dedicados todos a los estudios latinoamericanos. La colección de cinco tomos que hoy el lector tiene en sus manos es producto de dicho esfuerzo colectivo. En ella hemos integrado estudios orientados a definir las principales tendencias del desarrollo social, económico, político y cultural de los países de la región latinoamericana. En su conjunto, esta colección tiene por objetivo la ubicación de lo que, consideramos, son los principales problemas latinoamericanos en los diversos ámbitos ya señalados; asimismo, nos propusimos trabajar en torno al planteamiento de las grandes tendencias que se están desarrollando en nuestra región en el marco de los procesos mundiales. Los tomos que conforman la colección tocan los siguientes campos de conocimiento, a saber: 1] el debate en torno a los planteamientos teóricos y las posturas epistemológicas desde las cuales se abordan los procesos y problemas de la región latinoamericana; 2] la concepción del desarrollo regional asociada a la reestructuración económica y política mundial; 3] la caracterización de las reformas de los estados y de las nuevas estructuras y funciones del poder y la política en relación con la sociedad y los cambios en las formas de dominación; 4] el nuevo significado e influencia de la nación y lo nacional bajo la globalización, así como el debate sobre el significado de diversos movimientos y actores sociales y nacionales; 5] la reafirmación del papel de la cultura, la identidad y la diversidad local, nacional y regional latinoamericana. En los cinco tomos de esta colección –y cada uno en su propia especificidad temática– se encuentra presente la búsqueda de alternativas, mismas que requirieron no sólo de indagaciones tanto en el ámbito teórico y analítico, como también desde el espacio en el que nuestras propias sociedades están planteando y construyendo sus propias propuestas. Así, los análisis y las propuestas teóricas que cruzan tanto a la colección en su conjunto, como a cada uno de los tomos, tienen como marco la presencia, algunas veces implícita y en otras explícita, de los sujetos sociales que conforman la realidad concreta de nuestros países; y tienen, además, una preocupación que animó el debate en cada uno de los cinco equipos de investigadores: la del presente y el futuro de nuestra América Latina. Esperamos que en estos libros esto se vea reflejado. Es importante, por último, destacar que este esfuerzo colectivo de investiga[9]

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ción fue posible desarrollarlo a lo largo de dos años de trabajo –y logró su cristalización en los cinco tomos que componen la colección–, gracias al respaldo otorgado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) a través del Proyecto IN305199, lo cual nos permitió contar con las bases infraestructurales para iniciar, desarrollar y llevar a buen término esta investigación. Agradecemos al PAPIIT su importante ayuda. Asimismo, el doctor Fernando Pérez Correa, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales impulsó y apoyó de manera importante la concreción de esta tarea colectiva. Valoramos ampliamente el interés que desde un principio mostró ante este esfuerzo académico. No podemos dejar de reconocer la contribución de Massimo Modonessi, María José Rodríguez y Felipe Varela, quienes participaron como becarios desde el inicio del proyecto. En las diversas tareas –desde las cotidianas de organización de los equipos, las reuniones generales, la elaboración de informes, hasta las que requerían de sus conocimientos teóricos y de su capacidad de análisis sobre la realidad latinoamericana– la participación de ellos significó un aporte valioso. LUCIO OLIVER COSTILLA IRENE SÁNCHEZ RAMOS

PRÓLOGO TERESA CASTRO LUCIO OLIVER

En este libro se debate el poder y la política en la América Latina de hoy. El punto de partida es que el menor peso aparente del poder y la disminución de la política bajo las reformas tecnocráticas del Estado de los últimos decenios son sólo una apariencia. Que en realidad ambos siguen siendo sostén de las instituciones y fundamentos de la reproducción actual de la economía y la sociedad. Sin embargo, es del interés de los círculos dominantes internos y externos de la actual mundialización que poder y política aparezcan diluidos y escondidos. De ahí que este tomo busque sacarlos a la luz pública y debatir su carácter y sus funciones. Los autores polemizan con las tesis del pensamiento neoliberal que defienden el papel redentor del libre mercado, que desaprueban cualquier intervención reguladora del Estado y difunden las bondades de una nueva y posmoderna sociedad civil atomizada y enajenada al mercado y al Estado. La realidad se ha encargado de cuestionar tales supuestos optimistas. A dos decenios de entronización del neoliberalismo en América Latina, los gobiernos de la región e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se niegan a establecer cualquier relación causal entre sus políticas de reforma del Estado, ajuste estructural, mayor internacionalización del capital y el creciente deterioro de la democracia, incremento de los conflictos sociales irresolubles, la persistencia del estancamiento económico y el alarmante aumento de la pobreza en la región. Los autores del libro critican desde diversos ángulos el Estado latinoamericano neoliberal actual y sus políticas modernizadoras. Llevan a cabo un análisis riguroso y fundamentado de su carácter, funciones, instituciones y mediaciones, con el fin de develar su papel histórico y estudiar el bloque de poder que los conforman. Igual esfuerzo se realiza en el estudio de los estados desarrollistas latinoamericanos anteriores. Se analiza su significado histórico y su carácter nacionalista, interventor y proteccionista, para entender y valorar las herencias que nos dejaron y para cuestionar los frecuentes descréditos que sobre los mismos hacen los ideólogos neoliberales. La polémica habida sobre los contradictorios avances del periodo populista y desarrollista nos obligaron a una nueva reflexión sobre el poder y la política en dicho periodo. Asimismo se recogen las controversias sobre la fase de su crisis y la complejidad de las alternativas a tales estados. Con respecto al Estado actual cabe decir que las políticas neoliberales de reforma del Estado, aplicadas por los gobiernos latinoamericanos en los dos últimos decenios, no resisten el mínimo análisis. Orientadas a la privatización de los acti[11]

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vos públicos, a la desregulación económica y financiera, a la transnacionalización de las políticas públicas y a la disolución de la soberanía nacional y popular, constituyen políticas de logros económicos mínimos y fracasos sociales máximos. Supuestamente estuvieron comprometidas con desterrar las múltiples instituciones burocratizadas, antidemocráticas y autoritarias del Estado y enfrentar la cultura política de la corrupción. Sin embargo, junto con esa lucha –cuya sinceridad es discutible dado el geométrico incremento de la alta corrupción en nuestra región–, echaron por la borda también a instituciones fundamentales del Estado, que a todas luces debían persistir, desarrollarse y asumirse como sustento de una nueva democracia política. Se trata de instituciones forjadas en decenios de sacrificio social, como las empresas estatales de carácter estratégico para el desarrollo nacional y para la soberanía, los proyectos populares y nacionales que incluyen políticas de planificación de la acumulación y de la distribución, las instituciones crediticias de apoyo a la expansión de la pequeña y mediana industria, las instituciones de salud, educación y seguridad social para beneficio de la población mayoritaria de la sociedad, el pacto político de compromiso nacionalista y popular que, con nuevos componentes democráticos, permitiría una estabilidad en el desarrollo de los países de la región. El abandono de aquéllas ha llevado a que nuestros países pierdan una herencia fundamental y buena parte de ellos ingresen por el camino de profundas crisis económicas y políticas, sin que puedan apelar a recursos nacionales y estatales que pudieran evitarlas o, por lo menos, aminorar sus efectos. Ciertamente era inevitable y deseable la reforma del Estado nacional populista y desarrollista bajo las nuevas condiciones de la mundialización y de desarrollo de la sociedad civil latinoamericana. La reforma del Estado, empero, debía haber transcurrido por otros rumbos distintos al neoliberal, que mantuvieran y/o recuperaran los logros institucionales, políticos, económicos e históricos del Estado latinoamericano del siglo XX y los proyectaran al XXI. Los autores del libro consideramos que la reestructuración de los estados debe encaminarse hacia hacerlos portadores de una concepción renovada de lo público que incluya la participación social directa y la priorización de los intereses colectivos. Se trata de abrir los estados a la participación eficiente y competitiva de nuestras economías en la actual fase de desarrollo capitalista, a partir de usar el poder público para alentar un alto nivel científico técnico nacional, para invertir en la calificación de la mano de obra y en el desarrollo de ramas productivas complejas asociadas con la transformación y elaboración de nuestros recursos naturales. La sociedad debe convertir a los estados en la expresión política de verdaderos proyectos populares y nacionales, definidos desde políticas sociales universales y desde el desarrollo de sociedades civiles populares fuertes, organizadas y dominantes, capaces de someter a los grupos empresariales a sus dictados. Una alternativa de reforma democrática y popular del Estado de esa naturaleza necesariamente implica una concepción global de lo local popular, y una aplicación local de lo global popular. Es esencial procurar el fortaleci-

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miento de las instituciones del Estado, la legitimidad de la democracia, su estabilidad relativa, y una disminución del nivel de desigualdad y pobreza de la mayoría de la sociedad. Está claro, sin embargo, que en las condiciones actuales del mundo tener a la mano una opción antineoliberal y una alternativa de reforma progresista del Estado no es una posibilidad fácil de países aislados en lucha contra la tendencia dominante. Requiere de avances sustanciales en la integración económica, política, cultural y social de Latinoamérica. Exige también la defensa conjunta del derecho de los países de nuestro subcontinente a incidir con independencia, soberanía y desarrollo en la mundialización en curso. Los estudios sobre el poder y la política, y la re-visita al Estado latinoamericano actual a través de nuestras investigaciones nos mostró también un aspecto que ningún latinoamericanista debería olvidar: el Estado puede reducirse al mínimo, sus funciones clásicas ser abandonadas, sus recursos económicos reducidos, sus políticas económicas y sociales definidas en función exclusiva de la rentabilidad del capital nacional y transnacional y sus gobernantes en turno privilegiar el alineamiento incondicional con Estados Unidos. Pero siempre existirá una voluntad política potencial de soberanía y proyecto nacional que la misma figura del Estado encarna –no obstante las políticas actuales contrarias a ello– y la sociedad permanentemente reclama. Eso significa darnos cuenta de la existencia de un recurso popular sumamente valioso para resistir a las políticas de subordinación internacional, para la elaboración potencial de otras políticas y otras orientaciones. La encarnación social y política de dicha voluntad política pasa por la transformación de la actual sociedad civil y por una nueva noción de lo público, de lo cual está urgida Latinoamérica. A lo largo de los distintos capítulos de este tomo se otorga especial atención a discutir el supuesto fin de la política de raíces históricas, otrora basada en el reconocimiento de la existencia dinamizadora y constructiva de los conflictos sociales profundos, y se polemiza con la actual política única de administración macroeconómica eficiente, gobernabilidad conservadora y mediaciones elitizadas, políticas que en lugar de procurar una renovación de lo público, persiguen y persisten en el fortalecimiento de lo privado-estatal. Los capítulos sobre la política en América Latina muestran que en estos días uno de los temas más importantes de la política pasa por su revalorización y recomposición, revirtiendo el desprestigio de una actividad fundamental para transformar las condiciones actuales. El fundamentalismo neoliberal, con su crítica al Estado populista al que los globalistas antipopulares declaran extinto, sumado al desprestigio de la política entre la sociedad y la tendencia de ésta a organizarse de manera autónoma por medio de movimientos sociales, organizaciones vecinales, ollas comunes, clubes de trueque y otras formas de organización en abierto rechazo al Estado y sus instituciones, habían marginado la problemática del Estado y decretado el fin de la política. La manipulación de los procesos electorales y de las luchas políticas por los

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medios de comunicación, el diseño intencionado de la ingeniería electoral, el vaciamiento de los proyectos de cambio, los procesos de desestructuración social, la pobreza creciente, la corrupción de algunos sectores de la élite política, con la consecuente desvalorización de la actividad pública y la ineficacia del Estado que abandona al ciudadano a su suerte, son algunos elementos que han precipitado esta grave crisis de representación, junto con la preocupante tendencia a caminar por vías parainstitucionales, creando vacíos que en general abren las puertas a liderazgos autoritarios (el neopopulismo conservador). No es casual, en ese sentido, la crisis de los partidos tradicionales en Colombia, la opción militarista para “resolver” la situación de enfrentamiento con la guerrilla, la crisis económica, los desplazados de la guerra interna y que, en ese contexto, más de la mitad de la población viviendo en la pobreza hayan colocado al nuevo presidente electo, Álvaro Uribe, como vanguardia de las fuerzas paramilitares de extrema derecha, lo que garantiza la continuidad de la vía militar y la exclusión del camino de la política. Algo similar ocurre con el virtual derrocamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, y su posterior reposición al cargo, acontecimientos que vivimos al cerrar este volumen y los cuales nos dejan la impresión de que el juego político electoral no parece ser la vía privilegiada para la resolución de los conflictos en las sociedades latinoamericanas. Los mismos mecanismos y concepciones que actuaron en la intentona de golpe de Estado, auspiciados por los grupos de ultraderecha que están en el poder en Estados Unidos, y por la mayoría de los gobiernos conservadores de América Latina, seguirán tratando, sin duda alguna, de evitar el desarrollo de la política democrática e imponer por la vía violenta la salida de Chávez. Hace dos años Óscar Cardoso, periodista del diario El Clarín comentaba el derrocamiento del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, hecho que, no obstante la activa participación popular que involucró y el carácter igualmente popular de la lucha indígena que acompañó a la deposición, “marcó un antecedente incómodo que no conviene ignorar. Fue por unas pocas horas, pero por primera vez en casi un cuarto de siglo los militares consumaron un golpe de Estado exitoso contra un civil en América Latina” (Cardoso, 2000). Lo que pasó después en Venezuela, confirma la valoración positiva del periodista con respecto a la norma constitucional: si hasta ahora no ha sido suficiente como para resolver los graves conflictos sociales y políticos que enfrenta la región; sin embargo, proporciona elementos como para desmontar intentonas golpistas y crear el entorno adecuado para el desarrollo de la sociedad civil en condiciones que ninguna dictadura garantiza. El tema del libro forma parte de los intereses académicos de los participantes: todos estamos vinculados a la investigación y a la docencia en sociología política, particularmente de América Latina. El análisis social y político de los países de la región y del conjunto de ellos, es parte de nuestra labor intelectual y de nuestra sensibilidad política desde hace muchos años. Así que no resultó difícil el encuentro, en un seminario permanente interinstitucional patrocinado

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por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN305199, para, durante dos años, discutir entre nosotros las obras de actualidad, analizar y debatir las tendencias, los problemas y las alternativas sobre el poder y la política en el mundo contemporáneo y en Latinoamérica. Participaron en el proyecto, en las discusiones o en la redacción de los cuadernos o de los propios capítulos del libro profesores de otras instituciones, además de la UNAM: la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Frankfurt. Fue sumamente gratificante y enriquecedor el reunirnos para planear la obra y para avanzar en las distintas etapas del proyecto. Primero debatimos sobre los estudios de autores contemporáneos claves de la sociología política de América Latina: Pablo González Casanova, Carlos Vilas, Guillermo O’Donnell, Bresser Pereira, Atilio Borón, Sergio Zermeño y Octavio Ianni, entre otros. En la discusión intercalamos el análisis de autores estadunidenses y europeos: James Petras, Joachim Hirsch, Anthony Giddens, Ronald Chilcote, John Holloway, además de algunos otros. Posteriormente, el grupo de trabajo se avocó a la delimitación y estudio de los debates actuales en torno a problemas del Estado, la democracia, las políticas públicas, las instituciones, la lucha política, las organizaciones políticas, las organizaciones civiles. Con ello se avanzó en la construcción de hipótesis generales sobre el poder y la política en América Latina que alimentaron las investigaciones individuales. El resultado de estas primeras fases ha sido incluido en unos cuadernos de trabajo de bibliografía comentada que están en proceso de edición por el Centro de Estudios Latinoamericanos. Las siguientes etapas del trabajo colectivo fueron encaminadas a la discusión particular de los temas del tomo con profesores invitados de las universidades Central de Venezuela y Santa Catarina de Brasil, con el objetivo de evaluar conjuntamente los proyectos de capítulo de cada participante, los avances de investigación, los borradores iniciales; hasta llegar al momento de los seminarios en los que se debatieron los capítulos finales incluidos en este tomo. Las discusiones de los seminarios de trabajo nos convencieron de organizar la presentación de los capítulos de la obra en dos partes: una primera, formada por las contribuciones individuales y conjuntas de Teresa Castro, Rina Mussali y Lucio Oliver, encaminadas a revisitar el Estado en América Latina, tanto en su momento nacional desarrollista, en un capítulo de elaboración colectiva, como en el momento actual neoliberal, con capítulos sobre las especificidades del Estado neo y social liberal latinoamericano (Lucio Oliver), la transnacionalización de las políticas públicas (Rina Mussali) y la valoración del carácter, el papel y las funciones de los partidos y las mediaciones estatales que conducen la globalización (Teresa Castro).

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Hay en el libro una segunda parte que incluye capítulos destinados al estudio de diversos aspectos del poder y la política en curso en América Latina. Esta parte está conformada por las aportaciones de Carlos Figueroa sobre la violencia política; de Severo de Salles, sobre la determinación de clase del poder y de las luchas políticas, tomando como ejemplo el caso de Brasil; de Massimo Modonesi, referidas a la crisis de la política y de los partidos políticos en América Latina; de Alfonso López, sobre las estrategias de dominio estadunidenses frente a las áreas latinoamericanas de disputa ecológica y de recursos biotécnicos y de Eduardo Saxe sobre la diferencia entre las actuales políticas neooligárquicas de gobernabilidad y la pertinencia de buscar una gobernanza en la cual la conducción del Estado se sujete a patrones del derecho y de la fiscalización de la sociedad. Por último, quisiéramos decir que el libro que presentamos a continuación logró que los académicos participantes pasáramos de la soledad de la reflexión individual al establecimiento de un intercambio y una reflexión colectiva y actualizada para pensar en opciones y en alternativas que urgentemente está requiriendo la realidad de nuestra América Latina, como punto de partida para una discusión que esperamos sea fructífera, con los lectores interesados en el tema.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Cardoso, Oscar (2000), “A modo de introducción”, en Claudio Lozano (2000) (comp.), Democracia, estado y desigualdad. Segundo encuentro nacional por un nuevo pensamiento, Buenos Aires, Eudeba/Instituto de Estudios y Formación CTA.

REVISITANDO AL ESTADO. LOS ESTADOS POPULISTAS Y DESARROLLISTAS: PONER LAS COSAS EN SU LUGAR TERESA CASTRO ESCUDERO, RINA MUSSALI GALANTE

y LUCIO OLIVER COSTILLA*

EL HORIZONTE NEOLIBERAL Y LA CRÍTICA DEL ESTADO NACIONAL DESARROLLISTA

En este primer trabajo nos proponemos revisitar al Estado capitalista latinoamericano del periodo nacional desarrollista para dar cuenta de lo que realmente fue su papel histórico y evaluar la herencia que nos dejó; para analizar sus características, funciones y aportes al desarrollo social y para dilucidar en qué consistió su crisis. El periodo analizado abarca los decenios de 1920 a 1970. En tanto investigadores de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras instituciones académicas independientes y comprometidas con el desarrollo latinoamericano, nos interesa hacer nuestra propia lectura e interpretación del Estado nacional desarrollista para, en ese sentido, diferenciarnos seriamente de los lugares comunes propalados sobre este asunto por las distintas agencias financieras, políticas y culturales neoliberales durante los dos últimos decenios del siglo anterior. Dichas agencias, en lugar de partir de un análisis crítico a fondo del papel esencial jugado por el Estado, presupusieron la existencia perenne de una gran crisis histórica estructural del Estado nacional desarrollista y la justificaron a partir de las dificultades habidas en el crecimiento económico de los años setenta y ochenta del siglo anterior y de la imposibilidad de sostener en las nuevas condiciones lo que consideraban un excesivo gasto público. En lugar del análisis y la reconstrucción del Estado para reinsertarnos en la nueva mundialización a partir de las necesidades e intereses de los propios países latinoamericanos, la propaganda se orientó a denostar al Estado y a sostener que el eje del desarrollo es el libre juego de las fuerzas del mercado, no obstante los desequilibrios y desigualdades evidentes que éste crea en el espacio internacional y en el interior de las sociedades. Todo lo relacionado con las funciones nacionales, sociales, populares, y estratégicas, del Estado fue tildado de “pernicioso estatismo” y se exigió simplemente menos Estado y más mercado. Esta concepción neoliberal tuvo algunas variantes en la propuesta del llamado Esta* Sociólogos y latinoamericanistas. La maestra Teresa Castro y el doctor Lucio Oliver son investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos, docentes del Posgrado en Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM. La maestra Rina Mussali es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.

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do social liberal. Con esta propuesta se pretende ocultar la sumisión a la globalización neoliberal y a los dictados del mercado. Con una supuesta reorganización gerencial del Estado, un intervencionismo estratégico nacional y una preocupación por la situación social se mantiene en primer término la libre acción del mercado y de las grandes firmas transnacionales, se abre paso a la plena internacionalización del capital y el sometimiento de la acumulación nacional y el trabajo asalariado a los intereses de la rentabilidad del capital transnacional. Aparte del interés de viabilizar la reorganización capitalista mundial que ambas propuestas de reforma del Estado pretendían, la neoliberal y la social liberal, y ante la falta de respuesta a fondo de parte de los políticos, intelectuales y académicos críticos, esa propaganda puso en el centro del debate de la sociología la necesidad –que recogemos en esta investigación– de una revaloración a fondo de lo que fue el papel y la función histórica y política del Estado nacional desarrollista en América Latina. Es por ello que con el presente escrito (y con el siguiente que trata de las especificidades del Estado actual), revisitamos el Estado en América Latina a partir de una discusión de lo que fue el Estado intervencionista y proteccionista en sus variantes populista y burgués desarrollista. En el ambiente político oficial de los gobiernos latinoamericanos de los dos últimos decenios, la crítica superficial al Estado nacional desarrollista en América Latina se expande vertiginosamente a fines de los años ochenta del siglo anterior, a partir del supuesto de las organizaciones financieras internacionales, principalmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de que el Estado se había convertido en un obstáculo al crecimiento económico de la región, lo que exigía políticas radicales de ajuste estructural, liberalización y privatización de activos públicos para lograr la eficiencia económica y liberar las trabas a una economía abierta y competitiva a nivel mundial. En esa concepción, los estados nacionales latinoamericanos tuvieron un carácter de inhibidores de la libre empresa competitiva, funciones regulatorias, intervencionistas y proteccionistas, y un papel paternalista-clientelista, que impidieron que los países de la región estuviesen aptos para participar eficiente y competitivamente en la globalización. En la misma óptica, se presupuso que América Latina heredó, junto con la transición a la democracia, Estados hipertrofiados, con un gasto público excesivo e incontrolado; con enormes, pesadas e inútiles burocracias intervencionistas y reguladoras, sustentadores de economías ineficientes excesivamente protegidas, prohijadores de sistemas políticos corruptos, prebendarios, corporativistas y clientelares, y alentadores de sociedades sin iniciativa, dominadas por un pernicioso paternalismo (Bresser Pereira, 1991). Se cuestiona la prevalencia fuera de tiempo y de contexto de una “matriz estadocéntrica” y se sostiene su crisis y transformación creciente hacia otra matriz, cuyo eje debía ser el mercado. El Banco Mundial promovió la tesis neoliberal de que el Estado debe transformarse para reinsertar a América Latina en la nueva corriente de globalización: ajustes monetaristas y ajustes estructurales son la receta para sanear la economía y modificar la re-

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lación entre el Estado y la economía en beneficio de un crecimiento económico realista y eficiente (Banco Mundial, 1997). Dentro de la sociología académica se propusieron otros enfoques de la transformación del Estado, enfoques aislados y minoritarios, que proponían que el eje de las relaciones Estado-sociedad fuese una matriz “societal” y una reorganización democrático nacional del Estado en la que prevaleciera la dirección social y no de mercado (Calderón y Dos Santos, 1994; Oliver, 1998). Sobre el nuevo carácter y papel del Estado, en general, hoy tiende a dominar una doble crítica conservadora que pretende mantener la prioridad del mercado y proviene de 1] los proyectos estadunidenses de impulso a la globalización neoliberal para recuperar su hegemonía en América Latina (Documentos de Santa Fe, I y II; Consenso de Washington, proyecto ALCA); 2] las políticas neoliberales de las grandes organizaciones financieras internacionales y, 3] el programa de las grandes burguesías transnacionalizadas latinoamericanas y de una nueva oligarquía financiera enclavada nacionalmente para restringir la actividad del Estado en la economía y avanzar hacia el predominio de una regulación oligopólica. Hay, por otra parte, políticos, intelectuales y académicos latinoamericanistas que con su crítica se oponen al programa de contrarreforma neoliberal del Estado y proponen un nuevo papel regulador del Estado (Ignacio “Lula” da Silva y Cuauhtémoc Cárdenas entre los políticos. Para los académicos véase: Pablo González Casanova, 1990; Fernando Calderón y Dos Santos, 1995; Atilio Borón, 1997; Carlos Vilas, 1995). A lo largo del decenio de los años noventa, las palabras de orden pasaron a ser el ajuste estructural y la reforma del Estado, así como el Estado mínimo social liberal o neoliberal, con lo cual se suponía que se desarrollarían mágicamente en la región grandes grupos económicos de origen nacional capaces de crear una economía competitiva a nivel mundial. En lugar de generarse la creación de dichos grupos, en la política latinoamericana triunfa y se hace hegemónica una fracción financiera neoliberal estrechamente asociada a los grupos financieros transnacionales, interesada en la especulación, en la liberalización de las inversiones de capital financiero y en la restricción del gasto público para cubrir los intereses de la deuda externa e interna y en la prolongación de la dependencia, la subordinación, el atraso económico y la pérdida de autonomía y soberanía del Estado. Las principales tesis del neoliberalismo sobre el Estado han girado en torno a las siguientes ideas básicas: 1] El Estado nacional desarrollista entró en una crisis terminal porque su dinamismo económico estuvo basado en el gasto público discrecional y populista, en un proteccionismo e intervencionismo de Estado que solaparon una industria ineficiente y en una onerosa deuda pública externa: en su transcurso impidió el desarrollo del mercado y la eficiencia económica. 2] Los estados deben dejar su lugar a las fuerzas del mercado y acabar con la regulación política de la acumulación, con el intervencionismo en la economía y con el proteccionismo industrial y comercial.

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3] La mayoría de los estados han construido inmensas y costosas redes de clientelismo político, perniciosas y contrarias a la democracia liberal moderna. 4] Los estados latinoamericanos son corruptos, grandes burocráticamente y débiles en términos de la efectividad de su regulación. 5] La función del Estado es garantizar el marco jurídico de la economía y dar seguridades al capital privado. 6] Se deben desarrollar programas focalizados y compensatorios de política social hacia los núcleos marginados de la población. La crítica neoliberal del Estado simplifica enormemente el problema y deja de lado lo que fue realmente el papel histórico y las funciones de los estados nacional desarrollistas en América Latina, no obstante sus deficiencias y contradicciones: es por ello urgente una valoración independiente y crítica de cuál fue su papel de promotor de la economía capitalista industrial dependiente, de estímulo a mecanismos generadores de altas ganancias en grupos elitistas y de una acumulación nacional concentrada; valorar con rigor cuáles fueron sus posibilidades, compromisos y objetivos de autonomía, soberanía y desarrollo nacional y popular; criticar su limitado impulso a la industrialización de sustitución de importaciones que no tuvo como horizonte crear un nuevo mercado interno, sino abastecer al anterior (Vuskovic, 1990); sopesar su regulación de la economía a través del proteccionismo y del intervencionismo para impulsar la modernización capitalista dependiente; ventilar el sentido y validez que tuvo la creación de una burocracia extensa ideada para el control político, además de enfrentar los retos de la planeación y ejecución de miles de programas de inversión, programas universales de seguridad social, de empleo y de atención médica y educativa; analizar los resultados reales de la consecución de pactos nacionales o sociales entre las clases mayoritarias y las clases monopólicas para un proyecto desarrollista nacional que terminó creando grandes monopolios nacionales que, a su vez, promovieron los golpes de Estado contrainsurgentes que garantizaron una acumulación de capital en beneficio exclusivo de dichos monopolios y sus nuevos socios transnacionales. Independientemente de la evaluación por hacer, cabe decir que el Estado nacional desarrollista latinoamericano entró realmente en crisis desde inicios de los años sesenta del siglo anterior. Manifestaciones evidentes fueron su incapacidad de canalizar la lucha de clases y la multiplicidad de conflictos de intereses que se evidenciaron en ese decenio y en el subsecuente; la crisis fiscal que llevó a fenómenos de hiperinflación ante la obligación de cubrir el servicio de una deuda externa e interna creciente; el desbordamiento de una excesiva burocracia estatal cuyas ramificaciones abarcaban todos los poros de la sociedad y la dificultad de acumulación basada en el capitalismo de Estado al servicio exclusivo de un proyecto que aportaba altas ganancias a los monopolios capitalistas protegidos y mantenía políticas sociales universales cuya calidad entró en declive. En cierta forma era inevitable una reforma del Estado latinoamericano a finales del siglo XX. Lo que se discute es el carácter y las funciones de la refor-

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ma (contrarreforma) neoliberal que ha prevalecido, que no parte de la valoración compleja de la herencia histórica de la principal institución que tuvo América Latina en el siglo XX: el Estado nacional desarrollista.

EL CAPITALISMO DEPENDIENTE EN AMÉRICA LATINA: LA TRANSICIÓN DEL ESTADO NACIONAL OLIGÁRQUICO AL NUEVO ESTADO NACIONAL POPULAR DESARROLLISTA

Para caracterizar cómo se abre paso en nuestra región el dominio de las nuevas relaciones sociales capitalistas urbano industriales dependientes conviene mencionar algunos aspectos de la transición del capitalismo agroexportador al capitalismo de sustitución de importaciones. La constitución de una oligarquía dominante en buena parte de América Latina a mediados del siglo XX, llevó a la formación de numerosos estados nacionales oligárquicos latinoamericanos. Con dichos estados se avanzó en unificar económica y políticamente a las diversas regiones internas de las nuevas naciones. Los diversos logros en agricultura, ganadería y minería de exportación, se convirtieron en el eje del desarrollo capitalista dependiente de la región (frutas, café, tabaco, plata, estaño, carne). Para afirmar un poder propio y a su vez apoyar ese capitalismo neocolonial (Donghi, 1989), el nuevo Estado latinoamericano procuró establecer instituciones nacionales básicas: el ejército, la administración, las instituciones constitucionales formales, los sistemas bancarios, fiscales, de educación, salud y obras públicas, que se consolidaron en esa época. A partir de los años ochenta del siglo XIX se acentúa el ingreso de capitales imperialistas en diversas actividades estratégicas: extractivas, energía eléctrica, comunicaciones. Se fortalece el papel de América Latina en la producción de materias primas y de agricultura para la exportación. La oligarquía latinoamericana entreteje sus intereses con dichos capitales externos y se fortalece el nuevo bloque de poder oligárquico imperialista (Dongui, 1989; Kaplan, 1969; Cueva, 1977). Esa inclusión no modifica de manera alguna el carácter excluyente y represor del poder público con respecto a los sectores modernos nacientes: industriales nativos, pequeños y medianos productores, diversos grupos de trabajadores urbanos y rurales: obreros, campesinos, trabajadores rurales. A inicios del siglo XX, ya se observa en varios países grandes de la región de América Latina una modernización significativa: los talleres textiles se transforman en industria de la confección (Argentina, Brasil, México); aumenta la presión política de los sectores urbanos en pos de una administración racional en la ciudad y una representatividad político social (Kaplan, 1969). Ese impulso capitalista industrializante reta a los estados oligárquicos excluyentes, que se mantienen cerrados y opuestos a la expansión y reestructuración capitalista en las ciudades y en el campo (Kaplan, 1981).

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Hacia principios del siglo XX la inserción de América Latina al mercado mundial capitalista así como el aceleramiento –violento– de las relaciones de producción capitalistas tuvieron impactos diversos y en todo nivel en las emergentes sociedades nacionales. Entre éstos podemos señalar un proceso de relativa diversificación productiva que produjo una desorganización de las corrientes comerciales tradicionales, el debilitamiento del sistema exportador, la emergencia de un incipiente sector industrial que, aunque tributario del sector agropexportador, transforma los equilibrios sociales y las relaciones de poder existentes, lo que se define como el inicio de la crisis de la dominación oligárquica, la aparición de un nuevo tipo de trabajador asalariado no calificado, de origen campesino, sin experiencia de lucha y organización, como producto de migraciones del campo a la ciudad o de la llegada de inmigrantes europeos atraídos por los procesos de urbanización e industrialización en algunas regiones, población que tiene que convivir con sectores de la también emergente clase media vinculada a la burocracia estatal, los servicios y las profesiones independientes, junto con los artesanos, mineros, ferrocarrileros, zapateros, sastres, que habitan en esos desequilibrados complejos urbanos. Con esta vorágine de cambios sociales se abre una oportunidad histórica para el desarrollo capitalista nacional, el cual, sin embargo, no encuentra una clase capitalista madura y con un proyecto propio, sino que los grupos políticos que encabezan las distintas tentativas de proyectos nacionales modernizantes que se ventilan, lo hacen a partir de la búsqueda de la conquista del Estado y de procurar su utilización como palanca dominate de dichos proyectos. Es un periodo de irrupción de masas que están en su proceso de transición de relaciones estamentales a las relaciones de clase, que escapan a los controles tradicionales, que exigen su incorporación a la política pero que no cuentan con canales de integración ni con la capacidad de elaborarlos. Pero como dice Ianni, estas masas que aparecen como elemento dinámico para replantear el papel del Estado, debido a su irrupción masiva, como consecuencia de su retraso político e ideológico, su falta de autonomía, su papel es como masa de maniobra, subordinado a ese Estado que asume la dirección del desarrollo capitalista nacional. La nueva relación global de capital en el mundo, el capital financiero imperialista, estimula y coincide con los procesos de expansión capitalista urbano industrial que se producen en las áreas desarrolladas de América Latina. La cual no es la excepción. En los países más articulados con el capitalismo mundial, o con mayor desarrollo capitalista interno, se producen transformaciones en el modo de producción y en la acumulación que encuentran un obstáculo en el poder oligárquico. Es un momento histórico en que avanzan reformas político administrativas que se ponen a la orden del día en Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y Cuba. Se trata de una anticipación de procesos más profundos y radicales que se abrirán paso con la Revolución de 1910 en México, con la crisis del capitalismo mundial de 1929-1930 y especialmente a partir de la segunda guerra mundial. Esa nueva si-

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tuación pone contra la pared al capitalismo de agroexportación y al Estado oligárquico latinoamericano. A partir de 1935-1938 se toca la campana que llama a que en algunos países se instauren proyectos de un capitalismo nacional industrial signado por un proceso de sustitución de importaciones (Argentina, México, Brasil) para abastecer con productos locales el mercado interno existente y, en su caso, ampliar la producción a nuevos sectores y expandir el limitado mercado interno, a partir de la organización urbano industrial, sindical o la reforma agraria. Así sucedió en los países de industria más avanzada. En otras áreas de América Latina los movimientos campesinos o urbanos fueron derrotados y siguió prevaleciendo el Estado oligárquico (Perú, Guatemala, El Salvador, etc.). En El Salvador, hasta se llegó al extremo de prohibir la industrialización en la Constitución Política de 1940 (González Casanova, 1985). Las nuevas relaciones urbano capitalistas y los movimientos sociales y políticos modernizadores también se expanden en sociedades tradicionales, de enclaves, donde siguen prevaleciendo las castas y la servidumbre, articuladas por la exportación primaria y los estados oligárquicos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en parte también México). El panorama de América Latina cambia a partir de finales de los años treinta del siglo XX; en algunos países de la región surgen triunfantes procesos de capitalismo nacional y nuevos estados nacionales populares, comprometidos con el desarrollo capitalista interno. La complejidad del nuevo desarrollo capitalista, a partir de los procesos de industrialización, urbanización, cambio y modernización en sociedades con instituciones, actores, cultura tradicionales y conservadores, crea fenómenos particulares que llevan a que los cambios ya maduros se procesen con formas políticas singulares: surge así el Estado capitalista nacional con forma populista, el Estado despótico burgués, el Estado democrático liberal, que caracterizan, a nivel de una voluntad política constructora, el capitalismo histórico de América Latina. A continuación estudiaremos las características, funciones, instituciones y relaciones políticas que signaron a los nuevos estados nacional populares desarrollistas e impulsaron a su manera el progreso social, bajo condiciones de una sociedad civil poco evolucionada en términos de organización, independencia y conciencia propia de los cambios que se estaban abriendo paso. Entendemos que la voluntad política transformadora que encarnan estos estados es resultado del avance de una nueva relación global de capital que se abre paso también en América Latina.

EL ESTADO NACIONAL DESARROLLISTA: LA FORMA POPULISTA

El Estado populista y el populismo en general, per se, son problemáticos en cuanto a su definición, pues con ella también se intentó englobar experiencias muy

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dispares de países de Europa, Asia y América Latina, dando lugar a definiciones muy ambiguas de un fenómeno, por otro lado, decisivo para nuestra región: las formas peculiares no democráticas que asume la construcción del Estado y la nación modernas en el subcontinente –en aquellos casos en que prosperó este camino–, mediante la incorporación –vertical, autoritaria– de las masas a la política. Así una primera caracterización del populismo es como un movimiento de masas que aparece en momentos de rupturas estructurales que acompañan a la crisis del sistema capitalista a nivel mundial y que corresponden en América Latina a la crisis oligárquica y a la conformación de una sociedad de clases (Ianni, 1975), por lo que los regímenes populistas aparecen como sistemas de transición que se esfuerzan por integrar las clases populares al orden político y social existente a través de una acción voluntaria del Estado, combinando la movilización policlasista y un modelo de corporativismo estatal que conserva el modelo de dominación existente. Aníbal Viguera otorga al populismo un lugar central en la evolución histórica de las ideologías y proyectos políticos de Latinoamérica pero no deja de reconocer la falta de precisión del concepto y sus repercusiones actuales (Viguera, 1993:49). Citado por Ives Surel, del Instituto de Estudios Políticos de París, Sir Isaiah Berlin, resumía los problemas clásicos que plantean a la ciencia política los fenómenos populistas y el propio concepto de populismo, hablando de un complejo de cenicienta “…por el cual entendía lo siguiente: hay un zapato –la palabra populismo– para el cual, en alguna parte hay un pie” (Surel, 2001:137). Por su parte, Rafael Quintero López, en un reciente ensayo sobre el debate actual del populismo, también cuestiona la capacidad científica del concepto, llamando la atención al hecho de que al hablar de populismo, distintos autores como Nelson Minello, Paul Drake, David Raby, Lisa North, Juan Maiguasah, Carlos de la Torre, entre otros, construyen fórmulas y caracterizaciones de comportamientos sociales o económicos bastante diferentes, pues mientras unos lo consideran un tipo de proyecto nacional popular, otros, un fenómeno principalmente discursivo. Para Quintero, a pesar de que otros autores han hecho importantes esfuerzos por crear una tipología entre los viejos populismos y los neopopulismos, no se habría logrado salir de la ambigüedad del concepto. Lo fundamental de su crítica se basa en los intentos de caracterizar tanto los varios gobiernos de Velasco Ibarra, como el ascenso de Abdalá Bucaram en 1996, en el caso del Ecuador. Ioannis Papadopoulos señala cómo el populismo, con todas sus raíces históricas profundas en Europa y en la “semiperiferia de América del Sur”, es un concepto que se utiliza con una carga negativa para estigmatizar a los oponentes y, si bien “cualquier definición de populismo carece de consenso científico”, es necesario dotarlo de significados y explicaciones que no se alcanzarán aceptando la noción de Peter Wiles que lo presenta como un “síndrome”, al ser un fenómeno que no concuerda ni con las características de una ideología populista ni con sus condiciones de emergencia o sus bases sociales, porque “refleja una re-

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signación intelectual ante la complejidad del tema bajo escrutinio” (Papadopoulus, 2001:68-69). En el mismo sentido, el historiador Alan Knight del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford se aboca a la discusión del “fenómeno/concepto” del populismo, debido a lo ubicuo de éste y lo controvertido de un término caracterizado por diversos analistas como “elusivo y recurrente” y “uno de los enigmas no resueltos de la historia y la sociología latinoamericanas” (Knight, 1994). Podríamos seguir enumerando posturas muy diversas frente al fenómeno en cuestión y sin negar que el populismo se puede aplicar a un estilo personal, a un movimiento político, a un partido y que se puede hablar de periodos o interregnos populistas, pensamos que el mismo Knight nos brinda un asidero para intentar circunscribir un tema de esta naturaleza a lo que es el populismo en América Latina, que poco tiene que ver con el que se dio en Rusia o Estados Unidos. Es lo que el autor define como enfoque histórico y estructural, el cual considera al populismo como un gran proyecto sociopolítico que, aunque demagógico y manipulador desde el punto de vista de su discurso y retórica, también incluye políticas concretas –asociadas a la política de industrialización– y a una coalición específica de intereses, productos ellos mismos de circunstancias históricas determinadas que empezaron a darse entre las dos guerras. Este enfoque nos parece más preciso, porque delimita el problema del populismo “clásico” –o realmente existente– históricamente, refiriéndose a los casos donde el populismo se concretó, cristalizando en un tipo de Estado determinado, todo lo cual nos permite ir más allá del campo del mero estilo político que es demasiado impreciso y amplio, aunque sin excluirlo, pues es una noción muy extendida y comprendida, tanto por el especialista como por el ciudadano común, para establecer no sólo las diferencias, sino lo que hay en común en experiencias tan diversas como el yrigoyenismo, batllismo, getulismo, varguismo, cardenismo, peronismo, velasquismo, los gobiernos de Paz Estensoro y Siles Suazo en Bolivia y otros más; todas ellas experiencias nacionalistas-populares disímiles que, a pesar de que comparten rasgos similares, han sido encajonadas bajo el mismo concepto del populismo. Procediendo de esta manera podríamos tener muchos más elementos para, por la vía del análisis comparado, entender los casos en que el populismo se desplegó en políticas públicas del tipo Estado de compromiso nacionalista, sin que, sin embargo, podamos calificarlo como Estado de bienestar al estilo europeo, así como considerar otros casos como el del APRA en el Perú –que si bien podríamos considerar un clásico partido populista, no llegó al poder en esa coyuntura y el de aquellos donde estrictamente no se puede hablar de populismo, como Chile y Uruguay. Si nos atenemos a la definición que presentan Ruth y David Collier sobre el populismo, como un movimiento político que contó con un amplio apoyo de masas provenientes de la clase obrera urbana y/o campesina, además de un fuerte elemento de movilización desde arriba, un papel central de liderato del sector medio o élite, la existencia de un líder personalista o carismático, una

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ideología y un programa anti statu quo, nos encontramos frente al populismo latinoamericano, diferente de movimientos que tuvieron en otras partes del mundo un carácter más agrario. De esta manera, la caracterización del Estado populista se ubicaría en los contornos de un análisis histórico estructural que establecería que los regímenes populistas emergen en la coyuntura de los años treinta confluyendo con la crisis de los sistemas agroexportadores y la irrupción de “sociedades urbanas de masas basadas en economías insuficientemente industrializadas”, lo que genera una gran población marginal desempleada y miserable. El Estado capitalista en América Latina ha asumido distintas formas y ha manifestado su singularidad bajo determinadas condiciones nacionales e internacionales, no obstante, su trayectoria histórica lo ha caracterizado por su condición periférica y dependiente, razón por la cual debe ser entendido en un código distinto a lo que fue la conformación del Estado en las sociedades desarrolladas. El punto de arranque es el hecho colonial, una situación muy distinta a la europea que es el espejo en el que hasta de manera enfermiza nos queremos reflejar. Un análisis histórico estructural también nos permite resaltar, como lo propone Pablo González Casanova, las principales modalidades específicas asumidas por el Estado capitalista en América Latina desde la emergencia del Estado de las raquíticas burguesías comerciales y urbanas en 1800, el Estado de las oligarquías asociadas al naciente imperialismo entre 1850 y 1880, momento también de emergencia de los primeros ejércitos profesionales cuya principal misión era garantizar la posesión de los territorios nacionales frente a caciques regionales y la protección de los enclaves extranjeros. Después estaría el Estado de los caudillos populares o populistas que en 1930 establecieron una variedad de pactos con capas medias e incluso con los obreros, siendo el momento del auge de las burguesías nativas o nacionales y de su vinculación creciente con el capital monopólico, hasta llegar a las transformaciones del Estado bajo el modelo neoliberal a partir de 1980 (González Casanova, 1990). Como lo mencionamos anteriormente, el populismo aparece como uno de los efectos de la crisis de la dominación oligárquica, orden que se había alcanzado luego de algunos decenios de luchas internas en los países latinoamericanos, que el propio Halperin Donghi denominó la “larga espera”. El surgimiento del orden neocolonial estuvo acompañado de un liberalismo progresista a menudo permeado de soluciones políticas autoritarias. En ese periodo se transitó de una situación de dispersión de poder, en donde las élites políticas mostraban su incapacidad por hallar un orden político estable, a un Estado liberal oligárquico de la fase siguiente que tuvo como objetivo implantar el capitalismo como modo de producción dominante en las entidades latinoamericanas, con el fin de transformar a nuestros países en productores de materias primas para los centros de la nueva economía industrial, a la vez proveedoras de artículos de consumo alimenticio y consumidoras de producción industrial (Halperin Donghi, 1989).

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El Estado oligárquico estuvo sustentado por los grandes comerciantes exportadores e importadores, quienes junto con el capital extranjero monopólico se entretejieron para ubicarse fundamentalmente en los sectores de la actividad primario-exportadora (Cueva, 1977). Así, el poder político del régimen oligárquico se encontró íntimamente ligado a los intereses de la agricultura, ganadería y minería, y a los intereses detentados por las economías dominantes de su momento: Inglaterra y Estados Unidos. La oligarquía establece un Estado elitista y patrimonialista, derivando en un aparato cerrado y excluyente que vela por la acumulación privada en su versión nacional o extranjera. La participación política es suprimida o limitada por la violencia, coacción, represión y manipulación política. Su carácter autoritario y represivo se expresó en el alargamiento de la jornada laboral del trabajo, en los salarios deprimidos y en la aniquilación de soluciones alternativas, tampoco se favoreció el desarrollo de instituciones políticas autónomas de gobierno, sino, por el contrario, se reforzaron las ya existentes. Cardoso y Faletto hablan del momento de la crisis de ese Estado como un periodo de transición en el cual la diferenciación misma de la economía exportadora creó las bases para que empezaran a surgir, junto con los sectores agrario, minero y ganadero, otros, como son los financieros y mercantiles, una burguesía industrial y comercial, clases medias urbanas, un proletariado incipiente y un incrementado sector popular urbano no obrero que crece más rápido que la capacidad de absorberlos por las industrias en crecimiento (Cardoso y Faletto, 1981:19). Al respecto, resulta muy sugerente la caracterización que hace Julio Godio del populismo como articulador de la cuestión nacional, es decir, como un fenómeno policlasista con un contenido de clase nacional burgués que, a pesar de sus limitaciones, logra recuperar las tradiciones bolivarianas y el liberalismo progresista del siglo XIX, entre otros elementos, lo que también hace de estos populismos movimientos nacional-populares, cemento político cultural que evocaría las reflexiones de Gramsci sobre lo que él denomina “voluntad nacional popular” (lo que precisamente se manifiesta posteriormente en las experiencias revolucionarias de Cuba y la Nicaragua sandinista) (Godio, 1983). Desde la óptica de la teoría de la modernización, que contempla este periodo bajo la perspectiva de la transición de sociedades tradicionales a modernas, planteamiento que se basa en el hacer de la experiencia histórica concreta de la variada construcción nacional europea un modelo de validez universal, que se convirtió en el horizonte “civilizatorio” de nuestras élites frente a la bárbara realidad autóctona, habría faltado en nuestro medio una correspondencia entre “movilización”, que se refiere a todo el proceso de cambios, desde el nivel material, al simbólico cultural y político, e “integración”, constituida por los canales que posibilitan la incorporación de los intereses emergentes en el sistema político como son sindicatos y partidos políticos fundamentalmente y que en otras latitudes habría conducido a la “ampliación progresiva de las bases políticas de

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las democracias occidentales por medio de la integración de las clases populares, la extensión sucesiva de los derechos civiles políticos y sociales mediante el sufragio, el ‘Welfare State’ y el consumo de masa” (Germani, 1977). Este tránsito de una sociedad tradicional a una moderna –o proceso de modernización– en sociedades desarticuladas como las latinoamericanas, junto al retraso en la formación de mecanismos de integración dada la estructura social, lleva a dos consecuencias políticas fundamentales: a] La parcelación y ausencia de hegemonía de clase de la burguesía industrial y de las fuerzas sociales modernizadoras impulsan de manera prioritaria la exigencia de un Estado fuerte capaz de imprimir una cierta coherencia social y política al desarrollo (Zermeño, 1996:255). En este sentido, el vacío político dejado por el colapso de la dominación oligárquica, la inexistencia de una clase social hegemónica alternativa, pero también la incapacidad de la clase media para derrumbar la dominación oligárquica, a pesar de los movimientos masivos de finales del siglo XIX y principios del XX y de su ideario liberal, son el caldo de cultivo para la emergencia de líderes que pudieron llenar ese vacío apelando a las masas en el contexto de amplios movimientos policlasistas. b] La falta de canales democráticos –tanto en lo que se refiere a los partidos políticos (los existentes eran muy elitistas, pues expresaban más bien los temas que dividían a la propia oligarquía, además de estar volcados hacia fuera, mirando hacia Europa primordialmente), como a los sindicatos (los que existían representaban a sectores muy reducidos y jerarquizados de la clase trabajadora, generalmente de orientación anarquista, la cual no contaba con una política “nacional” que incorporara a los sectores recién llegados o al campesinado, que eran mayoría entre la población Latinoamérica). De este modo, debido al peso de patrones tradicionales tanto en lo productivo –economías de subsistencia– como en lo cultural –por su origen indígena y rural–, estos sectores movilizados son integrados de manera autoritaria a la vida económica y política, por medio de formas de representación corporativa y a costa de su autonomía organizativa, ideológica y política. Ello se trató de paliar a través de las prebendas recibidas de una política redistributiva y un gasto público ampliado que puso énfasis en lo social. Hay que señalar las consecuencias sociales de estos procesos de industrialización tardía y superficial en sociedades no democráticas como son una incipiente clase obrera muy jerarquizada internamente en el contexto de una gran masa de población desempleada y miserable, sectores populares sin experiencia organizativa previa ni conciencia social ni política que presionan para su incorporación, pero también frenan el desarrollo de la clase obrera como tal. A decir de Zermeño, el impacto de las “masas” populares de reciente origen urbano sobre una cultura obrera de mayor tradición, dispuestas a apoyar a líderes populistas y autoritarios por ascender en la escala social, terminan por confundir la identidad obrera. Una cierta mejoría de la situación económica laboral bien amalgamada con la ideología nacionalista, la condujo inevitablemente al colaboracionismo

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clasista y estatal (Zermeño, 1996:254). La contraparte social, una oligarquía tradicional retardataria, una burguesía que nace como apéndice de esa oligarquía, tampoco conforman una clase social hegemónica.

EL POPULISMO Y SUS POLÍTICAS DE DESARROLLO

El evento que precipita la latente crisis de la dominación oligárquica en América Latina es la crisis económica mundial de 1929, en una coyuntura que marca también el eclipse de la hegemonía inglesa y la consolidación de los intereses norteamericanos en la región. Se inicia así un proceso de modernización en lo político, y un tanto después en lo económico, bajo la conducción de gobiernos nacional populares o populistas sustentados en amplias alianzas policlasistas, promoviendo políticas de integración de la emergente sociedad de masas a la vida política. La crisis del 29 impactó a todo el sistema capitalista mundial, aunque según señala Víctor Durand, “el mayor peso de la crisis recayó en los países periféricos, (provocando) una descapitalización de éstos, para concentrar aún más la riqueza en los países metropolitanos”. Además de que esta crisis, continúa Durand, también significó una gran inestabilidad política, pues no hubo ningún país de la región que durante la crisis pudiera conservar en el poder a sus jefes de Estado. Las formas variaron, desde la renuncia, el golpe de Estado, el cuartelazo, hasta la imposición de dictaduras en los países invadidos en la época por Estados Unidos, como Nicaragua y la República Dominicana (Durand, 1977).

En palabras de Alejandro D. Marroquín: La crisis puso en evidencia la tremenda desigualdad que existe en el orden mundial de los países: naciones desarrolladas y muy poderosas en cuyo seno se generó la crisis y débiles naciones dependientes que reciben dicha crisis como una desgracia que les viene de fuera; naciones cuyo desarrollo institucional les permite recursos y reservas para enfrentarse a la emergencia crítica y pequeñas naciones que lejos de tener recursos defensivos son incorporadas al engranaje de la economía internacional y se ven obligadas a actuar como instrumentos amortiguadores a favor de las grandes naciones (Marroquín, 1977).

La fase de acumulación industrializante, Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) o periodo de desarrollo hacia adentro, correspondería a lo que en los países desarrollados se define como modelo de regulación fordista, lo cual señalamos, dicho sea de paso, sólo para establecer las equivalencias, pues no podríamos hablar de fordismo en América Latina, “sea como régimen de acumulación (articulación entre producción en masa y consumo en masa) o como ti-

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po de proceso productivo en nuestra región” (De la Garza Toledo, 2001:50). En todo caso, la ISI, también en la periferia capitalista, implicó, en los países más desarrollados de la región, un tipo de relación del Estado con la economía y la sociedad sumamente estrecho, donde el Estado asumió también una dimensión de motor de la acumulación (capitalismo de Estado) y una acción benefactora, aunque en otro contexto y con otras bases del caso europeo. Sin embargo, no podemos generalizar estos efectos a todos los casos, ya que hay algunos países que no iniciaron cierto proceso de modernización sino hasta después de la segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos se instala como la potencia hegemónica del mundo capitalista y cuando el capital transnacional domina el corazón de la producción latinoamericana. También hay otros movimientos que se organizaron sobre una base más autónoma, no encuadrable en políticas de corporativización que aunque fracasaran en cuanto a sus objetivos más definidos, incluso más radicales, con un perfil más clasista, protagonizaron movimientos nacional-revolucionarios, distinción fundamental para diferenciarlos de los movimientos nacional populares. Los países que se pusieron a la cabeza de la industrialización latinoamericana fueron aquéllos con un cierto nivel de desarrollo previo. Tanto Argentina, como Brasil y México habían edificado un sector industrial importante antes de la crisis del 29, siendo los productores nacionales y no los extranjeros los que dominaban la producción de exportaciones, favoreciendo el desarrollo de las manufacturas para el mercado interno (Sheahan, 1990:242). Concentrado ese crecimiento industrial en las ciudades más desarrolladas de la región implicó un cambio en el bloque de poder dominado por la oligarquía agrominero exportadora desde la consolidación del orden conservador después de las guerras de Independencia. Como señala Edelberto Torres Rivas (1977) en los países menos desarrollados de la región como los países centroamericanos, Bolivia, Perú, además del Caribe (con excepción de Cuba), no hubo ninguna capacidad modernizadora que se tradujera en la forma asumida por el Estado en el impulso al desarrollo capitalista, pues apenas existía una burguesía agrario mercantil exportadora, debilitada por las luchas intestinas entre liberales y conservadores. Torres Rivas establece lo siguiente: “Si el populismo arremete contra la vieja oligarquía, la cual si no es barrida por lo menos se tiene que replegar o aburguesar, según los casos, en muchos de los países menores, por el contrario, hay un repliegue pro oligárquico, es decir, la oligarquía se afianza aunque la solución es militarista” (Torres Rivas, 1977). Esto se tradujo en largas dictaduras, como las de Guatemala, El Salvador y Honduras en donde no había bases estructurales para sustentar ningún proceso de crecimiento industrial. En países como Bolivia, por ejemplo, caracterizado por Luis Antezana como uno semicolonial, monoexportador (estaño), con una agricultura semifeudal en la cual la tierra era propiedad de pocas manos y los campesinos, sometidos a un régimen de servidumbre –80% de indígenas en una población de 3 millones de

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habitantes– y con un esbozo de industria ligera, existía un proletariado minero y urbano que no pasaba del 10%. En conclusión, el Estado era evidentemente paupérrimo (Antezana, 1977). Cuando la crisis de 1929, Bolivia había vivido importantes luchas obreras y campesinas, así como sangrientas represiones que, junto con la falta de dirección política y la amenaza de guerra contra Paraguay, desviaron el curso de la agitación social, todo lo cual derivó en un golpe militar que representaba a las fuerzas más oligárquicas. En ese país no sería sino hasta la revolución de 1952 cuando se inicia un camino nacionalista y reformista. ¿Qué decir de un caso como el peruano, en donde las divisiones y heterogeneidades se dan a nivel económico, social, político, étnico y hasta geográfico y en donde ha sido muy difícil articular al país como nación viable? A pesar de que bajo el gobierno de Leguía, que llegó al poder en 1919 por medio de un golpe de Estado y se mantuvo ahí hasta 1930, se terminó con el poder de los grupos políticos más tradicionales con el propósito de promover los intereses comercial urbanos vinculados con Estados Unidos, pero de espaldas a las primeras movilizaciones populares antioligárquicas. Esto fue así, a decir de Aníbal Quijano, porque a diferencia de los coetáneos movimientos yrigoyenistas y alessandristas en Argentina y Chile, respectivamente, en donde el desarrollo relativamente importante de los grupos burgueses urbanos permitía una diferenciación suficientemente clara entre éstos y los grupos más oligárquicos y, en consecuencia, otorgaba a los grupos modernizantes de la burguesía la capacidad de arrastrar detrás suyo a los sectores populares antioligárquicos, en el Perú de ese periodo los grupos modernistas eran aún de desarrollo relativamente débil y su diferenciación con los otros era poco visible… razón por la cual Leguía no tuvo capacidad de liderazgo como Yrigoyen o Alessandri y “…su patria nueva no pasó de ser una patria volteada y remendada”. Sin embargo, tampoco quienes dentro de la élite se oponían, tenían la capacidad de enfrentársele. El resultado final fue el reforzamiento de los terratenientes señoriales del interior del país, la completa sumisión a la hegemonía norteamericana (Quijano, 1977:265). En el caso peruano los arrestos populistas del régimen se redujeron a la promulgación de un texto constitucional en que se incorporaron de manera difusa e incongruente, algunos de los postulados y mecanismos de la Constitución de Weimar, estableciendo garantías sociales e individuales que, obviamente, nunca pasaron del papel a la vida […] Las consecuencias de este proceso de ruptura de la cohesión política oligárquica, sin que sus grupos modernistas fueran capaces de captar el apoyo popular como en otros países, determinarían que en adelante la hegemonía burguesa en el Perú sólo pudiera ejercerse por mediación militar en el control del Estado (Quijano, 1977).

En el periodo anterior el Estado oligárquico se había extendido, aunque en crisis hasta 1968, comprendiendo transitorios regímenes “democrático oligárqui-

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cos” y no es sino hasta el periodo que va de 1950 a 1975, caracterizado por Carlos Franco como de un ciclo expansivo del patrón urbano-industrial de desarrollo dependiente, cuando por medio de acelerados procesos de migración, industrialización, urbanización, extensión de las relaciones mercantiles y los servicios del Estado, se producen alteraciones en el “paisaje” político cultural dominante, con la aparición de nuevos personajes urbano populares, una “ciudadanía plebeya” (Franco, 1994:103). Misma que se alimenta de la inmensa ola migratoria del campo a la ciudad ocurrida entre 1950-1980, producto de un modelo que excluyó a la población rural de sus magros beneficios, pero cuyo proceso de construcción se ve afectado por un nuevo ciclo depresivo marcado por la “dramática ampliación de la desigualdad distributiva. Cuando ello sucede, la marginación económico-social no sólo engloba a la población rural, sino a la vasta mayoría de la población urbana”, generalizándose la anomia implosiva, la violencia armada, el progresivo retiro de las precarias lealtades al Estado y “una marcada tendencia al derrumbe del régimen político”. Por último, se trata de llamar la atención a los aciertos de políticas de integración de esta naturaleza, pero también de sus paradojas y contradicciones. Si los populismos son, a falta de un juego democrático y de canales de participación adecuados, la vía para incorporar y organizar a la emergente sociedad de masas, su mayor costo es retardar la consolidación de dichos mecanismos de integración, por lo que roto el pacto populista tampoco entonces se da una transición democrática, dada la precariedad organizativa e institucional, desembocándose, muchas veces, en regímenes autoritarios. Como bien sintetiza esta posición Zermeño, con el cardenismo, una forma histórica de populismo (es cierto que este ejemplo tiene poco que ver con una génesis cultural democrático burguesa) “en tanto fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado, por un lado, fue la vía de industrialización y modernización, en un ‘meteórico pasaje, en sólo treinta años, desde una sociedad de masas, piramidal, hacia una sociedad donde aparentemente predomina la ciudad, la industria y la modernización en general’ pero, por otra parte, lo fue sobre la base de una sociedad desarticulada, dislocada”. Así pues, la pirámide popular nacional (estatal) que coronó a la historia mexicana bajo el cardenismo… subsiste y se amplía, asentando su extensa base en la sociedad tradicional, en el campesinado populista, pero asegurando también su futuro en las crecientes bolsas del pauperismo urbano” (Zermeño, 1996:258-259).

EL POPULISMO Y EL PAPEL REGULADOR DEL ESTADO

En el modelo nacional popular, el referente central de la acción colectiva no fueron las clases capitalistas industriales, sino que, por la debilidad de éstas, su lugar fue ocupado por el Estado. y la política tuvo un papel básico en la estructu-

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ración de la acción social configurando, en los países en donde el populismo cristalizó en una forma de Estado y de políticas públicas, una relación particular (corporativa) con el movimiento obrero y popular en el marco de políticas nacionalistas, desarrollistas e industrializantes, con base en la sustitución de importaciones, en la ampliación reltiva de un mercado interno, en el impulso al gasto social y a una cierta política redistributiva. Así, en nuestro medio, es el Estado el que mediante formas corporativas organiza al incipiente movimiento obrero y popular, elemento a destacar también, ya que en Europa, como en cualquier economía capitalista, el Estado juega un papel central pero en un contexto totalmente diferente. La modernización de los estados latinoamericanos fue tardía, además de que la fuerte vinculación pueblo-nación-Estado dio origen, como señala René García Delgado a una tradición movimientista que se aparta de las formas de la democracia representativa. Delgado apunta otras diferencias con respecto a los casos de las sociedades centrales. Las políticas de bienestar y regulación de la economía dadas por el Estado se dieron allá sin que fueran tan determinantes en la conformación de la sociedad como en América Latina, donde la alta influencia de lo estatal se produjo, tanto en la conformación del modelo de desarrollo, como en la constitución de actores e identidades, en la vida cotidiana. Por lo tanto, se trató aquí de un Estado gravitante, un Estado que organiza, y que aglutina a la sociedad civil; el Estado construye a la nación, citando a Barrington Moore y sus revoluciones desde arriba en los casos de modernizaciones tardías. Precisamente ese fuerte papel estatal impulsor del desarrollo, articulador regional e integrador social que fuera profundizado a partir de la posguerra, en el cual el modelo de acumulación marcado por la intervención del Estado fue la ISI o periodo de desarrollo hacia adentro, que implicó un tipo de relación Estado economía sumamente estrecho, una subordinación del mercado al control político para ser receptivo a demandas sociales de grandes colectivos. En América Latina, este Estado interventor capitalista no fue dirigido por la clase industrial a la que servía, sino que dirigió desde arriba los procesos de modernización e industrialización, monopolizó las relaciones políticas y organizó la vida social por medio de pactos corporativos y relaciones clientelistas con las grandes organizaciones: los sindicatos y las ligas campesinas, las fuerzas armadas y la Iglesia. El Estado subordinó las decisiones económicas para responder a las demandas sociales de grandes colectivos, sin que esto afectara la lógica de acumulación capitalista. El Estado fue el gran modernizador, el factor de transformación y garante de un determinado statu quo a diferencia de países desarrollados donde la clase dominante industrial y la sociedad civil mantuvieron una mayor autonomía y una dinámica menos dependiente en cuanto a sus formas de organización y participación. Ese Estado planificador e interventor, promotor directo y activo del desarrollo capitalista, corrector de los fallos del mercado, y en algunos casos integrador del territorio nacional es el que entró en crisis al final del decenio de los setenta.

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POPULISMO Y CORPORATIVISMO

La carga antiinstitucional fue muy grande, pues en el populismo las masas se reconocieron en el caudillo y en el Estado, no en el partido, por lo que se consolidaron relaciones clientelares entre sectores e instituciones del sector público y las diferentes organizaciones de la sociedad civil. El Estado satisfacía necesidades colectivas de la población a cambio de lealtades que legitimaban el orden político. A falta de sistemas políticos partidarios con fuerza representativa, el clientelismo burocrático no tardó en convertirse en la fuente de legitimidad del poder público y en la cara complementaria del sistema corporativo patrimonialista. La originalidad de la situación latinoamericana con relación a los países del centro es que la expansión capitalista se dio dentro de este marco político corporativo donde el movimiento obrero no es un representante autónomo de los trabajadores sino un órgano que depende de las instancias estatales para cumplir sus objetivos reivindicativos, todo bajo una pauta autoritaria que el neoliberalismo tiende a profundizar (Delgado, 1995; Calderón y Dos Santos, 1995; Zapata, 1977). En el debate en torno a la democracia a la que hoy se aspira, habría que enfatizar las consecuencias que tiene para la misma el hecho de que haya sido el Estado el que asumió la organización del incipiente movimiento obrero y popular, corporativizándolo e inhibiendo así el proceso de ciudadanización que sigue siendo una asignatura pendiente. En aquellos países de América Latina en los que pudo cristalizar lo que pudiéramos llamar Estado social, éste se implantó parcialmente, dejando importantes áreas sociales y grupos de población sin cubrir, por un lado, y verdaderos enclaves corporativos, por el otro, lo que le da sus características a la política de masas propia del populismo con sus consecuentes liderazgos carismáticos, en un contexto de falta de distinción entre lo público y lo privado. La población mayormente educada y más informada comenzaba a demandar mayores canales de participación en el seno de un orden cerrado y excluyente. El descontento de los sectores medios es considerado como uno de los elementos catalizadores que permitieron la emergencia del populismo, el cual ofrecería a los sectores marginados, la histórica posibilidad de ser incorporados al progreso económico y social. La estrechez de los mercados para las materias primas de exportación y la dificultad de seguir consumiendo productos importados de países avanzados, dotó de un gran impulso al sector industrial o secundario y favoreció la irrupción de actores que antes no eran tomados en cuenta: la burguesía nacional, el proletariado, las clases medias, los militares, los intelectuales, los universitarios, etcétera. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas y las alianzas de clases, hay que concentrar éstas en las disputas entre los intereses de la oligarquía terrateniente-agrominera y la naciente burguesía. Sin concordar plenamente con

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De la Garza Toledo cuando dice que “no se trataba de la lucha entre capitalismo y precapitalismo, sino entre dos grandes fracciones burguesas, la terrateniente y la industrial”, porque eso no nos ayudaría a entender las especificidades del capitalismo subdesarrollado latinoamericano en donde existen muchas bases para hablar más bien en términos de la persistencia del poder capitalista más tradicional, ya que no existe una burguesía plenamente constituida, nos interesa destacar la disputa entre las fracciones de la clase dominante, en este periodo, por el control del Estado, lo que aunado en algunos casos con la fortaleza del movimiento campesino e indígena y en otros, por el ascenso del proletariado, es fuente de alianzas de clase muy particulares. En México se dio una revolución, pero en la mayoría de los casos se produjo un modus vivendi entre aquellas fracciones con los sectores más vinculados a la industria sobre bases muy frágiles debido a que éstos se mantenían dependientes del modelo agroexportador. En este caso el tránsito entre el viejo Estado oligárquico y el nuevo Estado capitalista de la Revolución mexicana quedó sellado con el ascenso del cardenismo que rompió con los restos de las fuerzas conservadoras, apoyándose en obreros y campesinos para emprender una reforma agraria a fondo, la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles y la formalización de la relación corporativa entre Estado, sindicatos y organizaciones campesinas. En Argentina, a diferencia de México, no hubo revolución y sí, desde los años treinta, una cadena de golpes militares, que fue debilitando pero no sacando de la escena a la oligarquía terrateniente. Con la aparición del peronismo en 1946, irrumpe el proletariado como fuerza política en alianza con los sectores medios mediante la cual Perón pudo iniciar una política de intervención del Estado en la economía, de industrialización y nacionalizaciones. Sin embargo, la alianza de la oligarquía terrateniente con los otros factores de poder, como son la Iglesia y las fuerzas armadas, permite que este sector recomponga sus fuerzas y derroque a Perón en 1955. En Brasil, el punto de arranque del desarrollo industrial y de la corporativización del movimiento obrero fue el golpe militar de 1930 que llevó al poder a Getúlio Vargas. Se estableció una forma de organización sindical, muy peculiar, pues los sindicatos tienen una estructura territorial; no hay la categoría de contrato colectivo de trabajo, pues se consideró que en el Código del Trabajo estaban contenidos todos los derechos de los trabajadores, quedó prohibido formar confederaciones nacionales de trabajadores. El varguismo planteó una serie de tareas que dejó inconclusas, pero lo particular del arreglo brasileño es que, con el golpe de 1964, la dictadura no fue neoliberal, sino desarrollista, profundizando la sustitución de importaciones y la industrialización, así como la intervención del Estado. Venezuela es otro caso de corporativismo de larga duración. Con la dictadura de Pérez Jiménez la industrialización fue limitada, aunque la propia dictadura se identificaba con la sustitución de importaciones, pero la dependencia de

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la economía respecto de la exportación petrolera siempre había y ha sido apabullante. Hasta la caída del dictador en 1958, se inicia una etapa de importante crecimiento económico pero apuntalado en el petróleo. Cuando Acción Democrática gana las elecciones, estableció un pacto con otras fuerzas políticas y con los sindicatos. Fue el inicio del corporativismo venezolano, ya que la Central de Trabajadores de Venezuela, había estado controlada por los principales partidos políticos (De la Garza, 2001:94). Como dice Miriam Kornblith (Kornblith, 1998), después de 1958 el país funcionó bajo las claves de un “sistema populista de conciliación de élites”, que representaba a los sectores minoritarios pero más poderosos como son los partidos políticos, las fuerzas armadas, la Iglesia, los grupos empresariales, grupos laborales organizados, asociaciones gremiales. Al mismo tiempo se institucionalizó un sistema semicorporativo de participación y representación de intereses dominado por los partidos políticos que hoy entró en crisis. Que la estructura semicorporativa es muy difícil de desmontar y que persisten los grupos más tradicionales de dominación, queda al parecer demostrado con la crisis institucional que enfrentó aquel país el pasado 10 de abril de 2002 y que protagonizó el golpe de Estado frustrado, por medio del cual precisamente esas élites intentaron derrocar al presidente constitucionalmente electo, Hugo Chávez, aliándose con algunos sectores de las fuerzas armadas y contando con el total apoyo de los medios de comunicación más importantes y con el de Estados Unidos. Colombia es un país con una situación intermedia en el sindicalismo, puesto que existe una mezcla de corporativismo y clasismo, como también sucede en Perú, donde incluso se da un clasismo más extendido que ha impedido la corporativización del movimiento obrero. En situaciones como Uruguay y Chile, se combina una tradición clasista con un sistema de partidos y un proceso muy importante de institucionalización. Es en estos conflictos de clases donde surgieron los llamados regímenes políticos populistas en América Latina en los años veinte, treinta y cuarenta, con componentes caudillezcos y nacionalistas, que identificaron, frente al capital extranjero, la industrialización con los intereses de la nación, que establecieron políticas de desarrollo nacional dirigidas por el Estado, proteccionismo, planes nacionales y Estado empresario “se apoyaron como base de masas en el campesinado, el proletariado y sectores medios urbanos” ( De la Garza, 2001:90). Pese a que la experiencia populista no fue un proceso estrictamente idéntico para las distintas realidades, sí podemos hacer referencia a los elementos típicos que hicieron posible la experiencia populista; entre éstos destacan: La presencia fuerte del Estado en el ámbito político, económico, social y cultural; la aspiración desarrollista-redistributiva, a fin de reorientar el flujo del excedente económico “hacia adentro” y para el beneficio de la clase media, urbana e industrial; la retórica antioligárquica y antiimperialista, principalmente en contra de Estados Unidos, con miras a conseguir una mayor autonomía en el manejo de sus relaciones internacionales y para defender la soberanía de los es-

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tados; el carácter policlasista (transacción entre fuerzas integradas por el pacto populista: la llegada de la burguesía industrial-urbana, las clases medias, los sectores intelectuales, el proletariado y los militares); el carácter demagógico y carismático basado en la relación líder-masa y en la relación política del Estado-partido-sindicato; la connotación represiva y manipuladora del Estado para controlar a las masas. En términos generales, podemos afirmar que el populismo significó para América Latina un momento peculiar de cambio social, en el cual se lograron establecer las bases que apuntalaron el desarrollo económico, político y social. Expresó la ruptura de la fuerza oligárquica tradicional y el arribo de una correlación sociopolítica de fuerzas del todo distinta. Este juego permeado de una nueva conformación y combinación de fuerzas sociales, políticas y económicas permitió organizar y hacer funcionar la nueva forma del Estado.

LA MODALIDAD DESARROLLISTA BURGUESA DEL ESTADO CAPITALISTA DEPENDIENTE

El Estado nacional desarrollista se refiere a una concepción más conservadora, dirigista del Estado en el proceso económico, el llamado desarrollismo, momento en que la posición política de los grupos gobernantes hacia los trabajadores sufrió modificaciones importantes. La clase obrera fue reprimida o exaltada abstractamente como aliada, según las coyunturas específicas. Otros regímenes populistas como el varguismo y el peronismo se agotaron como modelo debido a la reorientación de las tendencias internacionales y al desgaste interno y desembocaron en golpes militares, por lo que después de la segunda guerra mundial no necesariamente los procesos de modernización pueden ser vistos a través del desarrollismo, como en Centroamérica, sino bajo modelos de Estado contrainsurgente. En los años posteriores al varguismo en Brasil, al cardenismo en México y al peronismo en Argentina y demás experiencias exitosas de corte nacional-popular en América Latina, en donde quedó demostrada la gran capacidad del Estado para integrar a las masas populares, las clases medias y los sectores urbanos e intelectuales, a los beneficios del modelo de desarrollo económico y político, surge un nuevo carácter del Estado-capitalista dependiente en América Latina, ante el ocaso del nacionalismo populista: su modalidad desarrollista-burgués.* El gobierno de Juscelino Kubitschek (Brasil), de Miguel Alemán (México) y de Jorge Alessandri (Chile) –y parcialmente el de Alfonso López Pumarejo en Colombia– destacan por haber promovido desde el Estado y desde su sustento (coalición de políticos tecnócratas, empresarios nacionales y oligarquía) una concepción desarrollista-industrializadora que no contemplaba las bases políti* Se alude a una nueva modalidad desarrollista burgués del Estado en América Latina, en gran parte, porque las experiencias antes aludidas comparten características que impiden categorizarlas bajo el proyecto nacional-popular.

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cas y sociales que habían sido tradicionalmente las aliadas de la experiencia nacional-popular. Por ejemplo, Jorge Alessandri representaba a las fuerzas del gran capital industrial y financiero aliado a los consorcios imperialistas y encarnó los intereses de la gran burguesía industrial, comercial y bancaria. La política de éste fue atraer el capital privado en su modalidad nacional o extranjera y su apoyo en los empresarios, partidos tradicionales y la Iglesia. Alessandri fue una figura que tejió una política regresiva en términos del populismo que Chile conoció, pues la congelación de salarios, los conflictos del mundo laboral, las masacres de trabajadores (1962), la represión popular y la política reaccionaria, dieron cuenta del nuevo proyecto político al que se encaminaba el capitalismo tardío y dependiente en América Latina. El caso de Juscelino Kubistchek, no es del todo distinto, pues su gobierno no significó un momento de movilización de las masas obreras, campesinas y pequeño-burguesas. No existió un programa comprometido con las clases populares y a Kubitschek se le conoce como aquel personaje de la historia brasileña que revivió el pacto oligárquico-burgués imperialista. Durante su administración, llegó a desarrollarse significativamente el capital extranjero con la consecuente instalación de empresas multinacionales y se favoreció una inversión directa de los capitales monopólicos extranjeros en ciertas áreas de la economía y producción brasileña. Además de no otorgarle un peso relevante a la cuestión agraria, su proyecto desarrollista-industrial buscaba, ante todo, ampliar el mercado interno en función de la mano de obra barata. En su periodo surgieron varios conflictos salariales en contra de la caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y media del país. Recuérdese las huelgas que ocurrieron en S˜ao Paulo y Minas Gerais en los años 1957 y 1958 por demandas para incrementar los sueldos. El abandono de la vieja ideología nacional-popular también llegó a México. El proyecto industrial de Miguel Alemán no se tradujo en concesiones a las demandas obreras y campesinas. Por el contrario, se registraron tensiones sociales y contrarreformas en cuanto a la conquista de derechos laborales, que fueron resueltas con la intervención del ejército y de la policía (charrismo sindical). Con base en la represión, autoritarismo y en un manejo vertical, se depuraron los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, a fin de apoyar su recomposición (intervención del ejército en la sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros). La falta de negociación política fue una característica innata de estos regímenes, así como la disciplina al movimiento obrero y la anulación de avances progresistas en cuanto al régimen de la tierra. Las bases políticas del cardenismo son reconvertidas, refuncionalizadas e instrumentalizadas en función de un proyecto político diferente a partir de 1940. Aun cuando estas experiencias se condujeron avantes, permanecieron y se reprodujeron con remanentes nacional-populares y se apoyaron en sus mediaciones, cambió el proyecto político y económico de la nueva élite política y de los grupos de poder económicos, que pronto impactaron en la relación especí-

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fica entre los diversos actores. Para concluir esta caracterización del Estado desarrollista podemos coincidir con José Luis Fiori en que: Lo fundamental que hay que recordar es que fue la derecha –económica y política– la que construyó y usufructuó del Estado desarrollista; y que, en este sentido, las actuales reformas liberales son básicamente conservadoras porque alteran la forma pero preservan la esencia de lo que siempre fue criticado por la izquierda con respecto al Estado/estrategia desarrollista latinoamericano: su patrón de financiamiento externo; su base sociopolítica de sustentación derechista y autoritaria; su uso oligárquico en la protección indebida de intereses privados; y, finalmente, su estrategia de crecimiento invariablemente excluyente desde el punto de vista social. Conocida la historia de este subcontinente, sólo el cinismo de nuestras élites conservadoras puede sostener que la defensa de algunas conquistas sociales, apenas logradas en tiempos relativamente recientes por los excluidos de estos países, pueda ser acusada de conservadora o incluso de reaccionaria. Lo mismo se puede decir de la confusión intencional que muchos hacen entre la defensa de un núcleo estratégico estatal capaz de proteger la homogeneidad nacional frente al efecto desintegrador de la mercantilización desenfrenada o lo que es apenas una forma más de proteger los mismos intereses que siempre se escudaron en el Estado desarrollista y ahora se benefician con su jaraquiri” (Fiori, 1999:xviii).

LA MILITARIZACIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Las dictaduras militares en América Latina constituyeron una prolongada interrupción de los regímenes civiles y la cancelación de la vía política tradicional, para canalizar los conflictos y regular el orden social establecido. Asimismo, expresaron la culminación de un proceso que había ofrecido pocas oportunidades para la consolidación democrática estable en la mayoría de los países. Cuando en 1964, las fuerzas armadas brasileñas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al presidente Jo˜ao Goulart, inauguraron una nueva forma de golpismo en América Latina. Ya no era el caudillo militar ni eran tiempos de organización nacional, sino que se trataba de las fuerzas armadas, como institución, como un cuerpo profesional inserto en el aparato de Estado que rompían la norma constitucional. Se trataba además de los países más desarrollados en lo económico y lo político de la región, lo que contrariaba la máxima de a mayor desarrollo, mayor democracia, pues años más tarde ocurría lo mismo en Argentina, al arribar al poder el general Onganía (1966) como preámbulo a una de las peores dictaduras que hubo conocido ese país y que fue la protagonizada en primera instancia por el general Videla (1976-1983); años de la llamada Guerra sucia en la cual desaparecieron o fueron asesinadas 30 mil personas. En 1971 Hugo Bánzer ponía fin al gobierno reformista de Juan José Torres en Bolivia y un sangriento golpe militar derrocaba al presidente constitucional

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de Chile Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, seguido por un golpe similar en Uruguay. De igual forma, se produjeron una serie de pronunciamientos militares en Centroamérica y el Caribe que derrocaron a los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Honduras y República Dominicana.* Bajo este contexto, Luis Maira trata de acercarse al tema respondiendo a una pregunta central: ¿estos estados de excepción en América Latina forman parte de un diseño internacional definido en el marco hegemónico de Estados Unidos o responden a un designio autónomo de cúpulas militares en el país? El autor comenta que aunque el Estado de Seguridad Nacional mostró sus diferencias en cada país y que, sin duda, se desplegaron experiencias disímiles en la región, compartieron la misma matriz ideológica inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos había desarrollado en los años cuarenta. Esta Doctrina que conllevaba en su seno un cambio radical en el planteamiento político-estratégico estadunidense, tenía como propósito fundamental transmitir a los países del área esta nueva percepción de la política exterior estadunidense y de adherir específicamente a las fuerzas armadas latinoamericanas a través de la vía diplomática y del ofrecimiento de entrenamientos y capacitación. Más adelante, estos planes cundieron en el esfuerzo contrainsurgente que apoyó la Alianza para el Progreso, a fin de que otros países del continente no repitieran el ejemplo cubano y de contener en forma global y regional el comunismo internacional. Con la introducción de la guerra fría en América Latina se inicia, en Washington y en los círculos de la derecha latinoamericana, una revisión profunda de la organización política del continente. Para Estados Unidos, la verdadera respuesta ante la irreconciliable visión del mundo libre y comunista, se centraba en la necesidad de transformar la base del aparato del Estado en el de seguridad nacional. Este Estado que debía erigirse, tenía como proyecto histórico evitar el contagio comunista, a través de la eliminación de las garantías constitucionales que caracterizaban a las democracias liberales, de la cancelación de los derechos humanos en función de proteger el control de la subversión y de los tratados militares signados con los demás países del continente. Todo ello se realizaba bajo la inspiración de preservar la civilización, la ideología y la cultura occidentales. Al igual que Maira, Ruy Mauro Marini, se pregunta ¿por qué el Estado populista que favorecía la acumulación del conjunto de las fracciones capitalistas termina por desestructurarse en América Latina? Para responder a ello, recurre al análisis de la crisis de acumulación interna y al estudio del fascismo como punto de referencia, aunque reconoce las grandes distancias que existieron de nuestras propias experiencias frente a las del continente europeo, por lo que extrae de éste su carácter eminentemente contrarrevolucionario como uno de los elementos más significativos que nos pudiera transportar y adentrar de mejor forma al estudio de caso latinoamericano. * Habría que recordar que la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana confirmaba una vez más el apoyo que este país le otorgaba a las dictaduras militares en América Latina, garantes del orden de sus intereses.

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Para Marini, el Estado de contrainsurgencia es el resultado de un proceso en el que las fuerzas militares vinculadas al capital monopólico se alían junto con los intereses extranjeros para beneficiar una nueva modalidad de acumulación de capital que favorece a dicha fracción y desfavorece al pequeño y mediano capital. Para viabilizar el nuevo patrón concentrador y evitar las rebeliones o incluso una revolución, se echa a andar un Estado basado en la contrainsurgencia, tal como lo muestra el Estado venezolano que surge en 1959, cuando Betancourt era presidente. Marini comparte con Maira el relevar el contexto geopolítico internacional que impone una nueva agenda de prioridades en la estrategia global y muestra cómo Estados Unidos, cabeza del mundo capitalista, se ve enfrentado a una cadena de procesos revolucionarios en distintas partes del mundo (Argentina, Congo, Vietnam, Cuba). Ante ello, surge este Estado de contrainsurgencia a fin de otorgarle a la política un enfoque militar con el pleno objeto de detener el movimiento revolucionario y extirparlo. Este Estado que significó un caso de excepción y que exigió suspender la democracia burguesa, también priorizó las condiciones para favorecer la supervivencia y los intereses de las fracciones monopólicas, tanto nacionales como extranjeras. Esta correlación sociopolítica de fuerzas empleó la fuerza del Estado para enfrentar al movimiento popular, ante su mera incapacidad de luchar en la arena política. Siguiendo la tradición presidencialista que ha marcado la esencia y la forma de los sistemas políticos en América Latina, una de las características de este tipo de Estado que más sobresalió fue la hipertrofia del poder ejecutivo, conformado por una rama militar y una económica (tecnoburocracia), lo que equivalió a favorecer la concentración de poderes en el ejecutivo en detrimento del poder legislativo y el judicial.

UNA VISIÓN FINAL DE CONJUNTO SOBRE EL ESTADO NACIONAL POPULAR DESARROLLISTA LATINOAMERICANO

Esperamos que haya sido demostrado que en este momento, clave para América Latina se hace indispensable reabordar el análisis del Estado nacional-popular en la región, para rescatar los elementos que bien pudieran enriquecer el debate actual en torno a los principios de una estrategia alternativa de desarrollo. Aludimos a que se trata de un debate importante en un momento histórico trascendental para América Latina por dos razones principales; primero, por la existencia de un nuevo contexto internacional que obliga a repensar el papel del Estado, contexto caracterizado por el fin de la posguerra fría y marcado por vertiginosos cambios, dado el despliegue internacional del capital y las transformaciones científico-tecnológicas promovidas y avaladas por la globalización; y segundo, por la urgente necesidad que enfrenta hoy América Latina de descu-

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brir cauces alternativos de solución a la mayoría de los problemas que aquejan a la región y que incluyen una referencia al papel del Estado, debido al dramático retroceso social que a casi 20 años, hemos experimentado con motivo de la acumulación neoliberal. Revisitar al Estado populista y el Estado nacional desarrollista con el objeto de revalorar su especificidad sobre aportes y límites, resulta ser un ejercicio obligado para cualquier cientista social latinoamericano preocupado por la situación actual y el futuro cercano que nos aguarda. A pesar de que se estableció una democracia con bases precarias, habría que insistir en el carácter autoritario, semidictatorial o dictatorial del Estado populista. No se logró incluir a las fuerzas no populistas, se emplearon técnicas de cooptación, manipulación, clientelismo y control para debilitar a la oposición, que conllevaron a la hipertrofia del poder ejecutivo. Pese a ello, debemos ubicar nuestra apreciación peculiar sobre el populismo en el terreno de los grandes proyectos integradores de América Latina. El Estado populista, a diferencia del Estado oligárquico, en donde el poder se ejercía sin el consentimiento del pueblo y éste no era desconcentrado ni distribuido, emitió su propia forma integradora de masas, pues en lo político representó los intereses de determinados grupos sociales vinculados entre sí por medio de un pacto nacionalista y popular, en lo económico logró reorientar los flujos del excedente, que satisficieron hasta un tiempo determinado las necesidades y satisfactores básicos de sectores mayoritarios de la sociedad y, por último, en lo social, pudo regular las conductas de sus miembros. Podemos afirmar que la época del Estado populista en América Latina remarca toda una era de cambios sustanciales desde el modo de regulación del Estado social desarrollista, que incluía el intento por sentar las bases para forjar un desarrollo económico autosostenido, hasta la forma de percibir la política y las formas de participación social. En el aspecto político, la institucionalidad de la representación y participación política del Estado desarrollista fue precaria, excluyente de amplios grupos sociales marginados y sobre todo no democrática. En el ámbito económico el Estado impuso una serie de medidas que tendieron a contrarrestar la estructura agraria y latifundista. Su gran cometido fue generar excedente económico por la vía industrial y por el mantenimiento y la ampliación relativa del mercado interno e interrumpir la transferencia hacia el sector agroexportador. Para Agustín Cueva, la tarea principal del Estado capitalista-dependiente en América Latina fue transformar la modalidad reaccionaria del desarrollo de ese capitalismo en una modalidad progresista (Cueva, 1977:148). En su papel de motor del desarrollo y de facilitador del progreso material, el Estado nacional-popular latinoamericano, interventor en la economía, debía devolver a la nación los recursos naturales que por geografía le pertenecían y que en aras de ejercer su pleno derecho a la soberanía, se encontraban en manos de intereses extranjeros. Pese a ello, estuvo muy alejado de conformar un mecanismo au-

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tónomo de desarrollo, sirvió plenamente a la acumulación monopólica de capital a partir de una industrialización extensiva (y no con base en una innovación tecnológica propia) (Cueva, 1977). A esos fines el Estado crecientemente subordinó el salario y el empleo; siguió dependiendo de la entrada de divisas del exterior y de los vaivenes a que quedaban sujetos los precios de nuestras exportaciones en el mercado mundial. Frente a Estados Unidos, polo hegemónico insustituible del sistema capitalista, después de la segunda guerra mundial, se reavivó nuestro carácter dependiente y se redefinió nuestra subordinación bajo nuevas formas de vinculación y dominio. La función del Estado nacional popular no se limitó a ser el garante del orden ni tampoco a ser el concentrador de la economía, sino que actuó como ente viabilizador de la acumulación, canalizador también de los procesos políticos y sociales, y como productor y difusor de la cultura e ideología. Este Estado se convirtió en un agente de cambio económico y político. Sólo el Estado podía hacer desaparecer los antiguos privilegios para echar mano de la reforma social que se requería concretizar. No obstante, pronto reflejó el carácter conservador de su peculiar compromiso social. El Estado pasó a ser el actor central de la sociedad y se hacía partícipe de los conflictos que surgían de las relaciones obrero-patronales y pugnas entre distintos grupos y gremios. A partir del reconocimiento de los intereses particulares y conciliándolos en un todo unificado, este tipo de Estado se erigió como una instancia mediadora sobre los conflictos que se produjeron entre clases y grupos. Todo ello se logró organizando y unificando a las masas, otorgando a los sectores más representativos de la economía y de la política nacional de una representación oficial frente al quehacer del Estado. El Estado nacional desarrollista y populista fue el intento más acabado de conciliar las contradicciones sociales y políticas en sociedades profundamente desiguales, heterogéneas y fragmentadas como las de América Latina, en el marco de economías dependientes que buscaron articular a la nación, responder a los derechos básicos de sus sociedades en términos de salud y educación, que permitieron alianzas sociales para construir una dimensión política, instrumentando formas de organización policlasista –Graciarena y otros autores lo llamaron por eso Estado de compromiso– y una identidad; aunque, a falta de sujetos sociales y políticos autónomos, estas tareas trascendentales se realizaron de manera no democrática, corporativa, clientelista, por medio de un presidencialismo autoritario. En opinión de Alberto Parisí de la Universidad Nacional de Córdoba, el populismo revoluciónó “desde arriba” a la sociedad de su tiempo, generando enormes beneficios, especialmente para los desposeídos y fundando lo que llama “Estado de Bienestar Criollo”, aunque el precio del pacto social que generó el populismo “estribó en suplantar fuertemente las iniciativas de la sociedad civil, generando una cultura paternalista y subsidiaria entre Estado y sociedad civil“ (Parisí, 2000:248).

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Coincidimos con Emir Sader en que hoy dìa no se trata de volver al Estado anterior: “si nosotros nos casáramos con ese Estado tal cual, iríamos al fondo del mar junto con él, es un Titanic que en verdad está perdiendo equilibrio”. Pero luego se pregunta ¿qué es lo rescatable de lo que hemos tenido hasta ahora en América Latina?, ¿acaso las opciones son como dicen los neoliberales entre estatal o privado, Estado o mercado, colectivismo estatal o espacio del individuo? “La utopía del liberalismo en última instancia es que no existan sino individuos en la sociedad y un Estado distanciado de ellos […] que seamos reducidos a consumidores […] como individuos para el mercado, no como sujetos políticos con derechos” (Sader, 2000:241).* Tiene razón Sader al afirmar que la alternativa no está en el abandono del Estado y en echar por la borda la herencia histórica de los logros del Estado nacional popular. Consideramos fundamental rescatar la dimensión pública del Estado, la dimensión ciudadana, recuperar lo que es comunitario. Es totalmente aceptable recoger la herencia del Estado desarrollista en cuanto a mantener el papel estratégico del Estado en el ejercicio de la regulación política de la acumulación de capital, junto a la necesidad de reafirmar objetivos de un real desarrollo social y nacional. Para ello también habría que combinar la democracia formal con la democracia directa, instrumentar “acciones que tienen que ser estatales pero que tienen una contrapartida de la ciudadanía organizada, combatiendo el carácter burocrático, tecnocrático del estado” (Sader, 2000:245-246). Lo antes dicho es necesario para superar, por lo tanto, la concepción neoliberal subdesarrollada de que el mercado es el regulador más adecuado de la vida social y política en lugar del Estado, esa imagen equívoca del paso de la matriz Estado-céntrica a la mercado-céntrica, que en los hechos significa ahondar los rasgos de subordinación y dependencia por el total abandono de los objetivos sociales nacionales y políticos, así como estratégicos, de un Estado que se ha privatizado para responder a los intereses de los grupos más vinculados con el capital transnacional (principalmente norteamericano). Grupos que exigen fin a todo subsidio estatal, mientras Estados Unidos aumenta el subsidio al campo, coloca aranceles al acero y extiende su proteccionismo a otros rubros, exige total apertura de las fronteras al tiempo que cierra las suyas, imponiendo controles policiacos militares cada vez más férreos. * El presupuesto participativo que se practica en alcaldías como Porto Alegre, donde el PT busca instrumentar alternativas incorporando a la ciudadanía en el manejo del presupuesto y que merecería un trabajo aparte, se trata de experiencias que buscan contrarrestar la desigualdad producida por el modelo económico, como dice Sader, un proceso de socialización de la política que tiene límite, porque una alcaldía no puede hacer mucho más. Otro ejemplo es el Movimiento de los Sin Tierra, MST, cuyos asentamientos llegan a organizar a un millón de personas, donde todos los niños van a la escuela –tienen 850 escuelas y miles de profesores–, porque para los Sin Tierra, la escuela es tan importante como la tierra, la supervivencia tan determinante como la necesidad de definir identidad, cultura, ciudadanía. Lo interesante es que los Sin Tierra han logrado el reconocimiento y cuentan con recursos estatales, pero respetando… la dinámica colectiva de grupos que se definen como movimientos sociales.

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Hay que recordar que el Estado latinoamericano no ha dejado de intervenir en la vida económica. El problema es que lo hace en beneficio de los grandes intereses locales y extranjeros, con métodos mafiosos, como se dio durante el régimen del presidente Menem en Argentina, lo que nos coloca en la vía de la reestructuración del Estado bajo las administraciones neoliberales, donde hay que ver la corrupción no como un legado del populismo, sino como producto de formas de ejercer el poder sin necesitar legitimarse, de la mercantilización de la política, del neopatrimonialismo neoliberal, de los herederos del Estado, esa casta de nuevos ricos que se formó como fruto de las privatizaciones a ultranza que se practicaron en los últimos decenios en la región. El discurso neoliberal adjudica al viejo y gordo Estado populista la corrupción, pero, como dice Parisí sobre el caso argentino, aunque aplicable a otros casos: “el tamaño de la corrupción en ese país con epicentro en el Estado se debe no tanto a la sumatoria de actos corruptos cuanto a que el propio Estado se convirtió en una maquinaria al servicio de la corrupción”. Su antecedente es la dictadura neoliberal de 1976 que convirtió al Estado en un aparato o maquinaria de asesinar, usando el poder y los símbolos del Estado mismo, junto con la impotencia para frenar y castigar esa situación. Experiencias como las de los países asiáticos, que lograron índices de crecimiento sostenido e importante e incluso lograron sortear la crisis económica, precisamente, gracias al papel del Estado, junto con el desastre social generalizado que es América Latina, ha hecho que algunos funcionarios de entidades financieras como el Banco Mundial hayan llegado a la conclusión de que el Estado fuerte fortalece al mercado, incluyendo las ganancias; y existe cada vez más la convicción de que bienes públicos como educación y que la creación de tecnología contribuyen a aumentar la productividad, mientras que los sistemas destinados a garantizar cierta base de ingreso mínima “aumentan la masa de consumo y reducen la incertidumbre del mercado” (Banco Mundial, 1997). Joseph Stiglitz, quien ha sido vicepresidente del BM, sostiene que cuestionar las intervenciones estatales en bloque hace olvidar el éxito de los tres decenios precedentes, al cual el gobierno, pese a yerros ocasionales ha contribuido ciertamente. Sin duda, estos logros que no sólo incluyen grandes aumentos del PIB per cápita, sino también incrementos en la esperanza de vida, en el nivel de educación y en una gran reducción de la pobreza, son mejoras reales y más duraderas que la presente crisis financiera (Julio Sevares, 2000:299). Hacer una evaluación, por lo tanto, del papel que jugó el modelo estatal que hizo crisis en la región, evaluando sus alcances y limitaciones de una manera equilibrada, es un antecedente necesario para entender tanto la forma que asume el Estado bajo el neoliberalismo, como para emprender la búsqueda de alternativas entre las cuales será imprescindible contar con un Estado refundado sobre la base de un nuevo pacto social, un Estado dinámico que recupere poder e iniciativa. “El Estado mínimo no sólo renuncia a toda posibilidad de revertir los elevados niveles de inequidad social y económica, sino que debilita en la práctica el

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principio de ciudadanía universal: sólo las instituciones de un Estado fuerte pueden asegurar el imperio de la ley” (Cavarozzi y Berensztein, 1998). La crítica neoliberal al Estado que en el caso de los países europeos ha llevado a replantear su papel como actor en el proceso de “mundialización” (término no sólo semántico, sino que asigna una función al Estado en la etapa actual de la internacionalización capitalista), parece llevarse hasta sus últimas consecuencias en el caso de los países de América Latina y otros del Tercer Mundo, al desmantelar todos los fundamentos de la importante presencia económica, política, social que tuvo en países, en los cuales su debilidad estructural, su heterogénea y frágil composición social, el peso de la oligarquía conservadora, de instituciones autoritarias, la ausencia de una clase hegemónica, los llevó a reinsertarse en el mercado mundial, en tanto países capitalistas dependientes, como países tributarios y subordinados a los dictados externos, colocando la soberanía del Estado en entredicho. La crítica neoliberal del Estado se ejerce sin ningún horizonte histórico, sin conocimiento social y político y sin herramientas teóricas –todo lo cual no forma parte de la formación del tecnócrata criollo–, como para comprender las formas que asume el Estado en la periferia capitalista, los límites en que se movió en nuestra región y las alternativas nacional populares que siguen presentes y vigentes. Hoy América Latina enfrenta el problema de la mayor pérdida de soberanía habida en la historia de los estados latinoamericanos –financiera, política, cultural, geoestratégica– frente a Estados Unidos. Si el papel del Estado en el orden neoconservador actual está cambiando en todo el mundo, este proceso está más acotado en América Latina por los menores recursos y colchones institucionales (a diferencia del Estado de los países desarrollados que mantiene, en mayor o menor medida, el corazón del Estado de Bienestar), la mayor gravitación del capital transnacional y las exigencias del FMI y del BM. A lo anterior hay que agregar la recomposición hegemónica que busca Estados Unidos, a partir de lo que considera su zona natural de influencia, mediante la redefinición de sus problemas de seguridad nacional a los que ha de sumar el combate al narcotráfico, el terrorismo, después de los atentados del 11 de septiembre, dándole una dimensión aún más militarista a la relación con los súbditos latinoamericanos, y el Plan Colombia, que sería el rostro contrainsurgente del proyecto de integración hemisférica que es el Área de Libre Comercio de América (ALCA) (como en su momento fue la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy y el programa contrainsurgente y militarista que en la lucha contra la irradiación de la Revolución cubana prevaleció sobre las reformas). En las condiciones de asimetría que han caracterizado las relaciones Estados Unidos-América Latina, no podemos esperar más que mayor subordinación a la administración del presidente Bush Jr. y todas las águilas militaristas y los halcones republicanos que le acompañan. No se puede teorizar sobre el Estado en América Latina y sus transformaciones sin mencionar esta otra cara del Estado latinoamericano que es su tipo de

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vinculación subordinada con Estados Unidos. En este sentido, cabe considerar el impacto del declive hegemónico de dicho país a nivel mundial, lo que significa su repliegue hemisférico. Marcos Roitman, comentando un texto de Joan Garcés intitulado De soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Roitman, 2002), señala acertadamente cómo con la llegada de los gobiernos neoliberales en América Latina, la mayoría electos por voto directo, secreto y universal, existe una complementariedad de objetivos entre las fuerzas políticas internas, las élites económicas y “la estrategia de desintegración nacional diseñado por la potencia hegemónica, en este caso, Estados Unidos”, país que no se ha visto en la necesidad de imponerse por la fuerza, pues ha encontrado anuencia, aceptación y total identificación de los actuales gobiernos latinoamericanos –a excepción de Cuba y de Venezuela– a su política exterior, al punto irrisorio de que hasta se adelantan a lo que puede desear dicho país. Y concluye afirmando que “lo verdaderamente trágico para América Latina es que sus gobiernos cipayos practican una política de sumisión consciente, cuyo resultado es la desintegración de proyectos democráticos internos. Y en esto coinciden ambos actores, los protagonistas y los bufones del imperio.”

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REVISITANDO AL ESTADO. LAS ESPECIFICIDADES ACTUALES DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA LUCIO OLIVER COSTILLA*

INTRODUCCIÓN

A pesar de su manifiesta importancia, en América Latina resulta una tarea difícil y a contracorriente estudiar al Estado y lo público en estos tiempos de nueva mundialización y de agrupamiento obligatorio e inevitable de las formaciones nacionales en bloques regionales. Para nuestra investigación sobre lo específico de los estados en América Latina hemos dividido a los estados contemporáneos en tres grandes grupos: 1] Unos cuantos estados capitalistas transnacionales hegemónicos que dominan conjuntamente al mundo o, cada uno por separado, regiones enteras –América, Europa, Asia– y someten múltiples formaciones nacionales a sus dictados. En este caso, están el estadunidense, el alemán y el japonés. 2] Algunos pocos estados del capitalismo avanzado que logran a duras penas mantener un grado de equilibrio, autonomía y soberanía relativas en el nuevo contexto de hegemonía triádica y de procesos de integración en bloques regionales, Aquí se encuentran ciertos estados europeos (Inglaterra, Francia, Italia y, en menor medida, también España), China, Canadá y, en menor grado Rusia y la India, y 3] Una multitud de estados capitalistas de desarrollo medio y de desarrollo precario, cuya característica básica es que su soberanía e instituciones son débiles, precarias, dependientes (en algunos casos incluso aparentes) y están sometidos de diversas formas a los estados fuertes. En este tercer caso, se ubican los estados de América Latina en general, una gran parte de los de Asia, algunos de Europa occidental y oriental y la mayoría de los estados de África. No obstante las evidentes diferencias en cuanto a tamaño, recursos naturales, población, grado de constitución del capitalismo nacional, inserción internacional, capacidad industrial, legitimidad, desarrollo institucional, cohesión social y política, poder internacional, etc., los estados latinoamericanos, en mayor o menor medida, están bajo la hegemonía de Estados Unidos, dominados por sus políticas transnacionales, dependiendo de los distintos organismos financieros, económicos y políticos internacionales que ese Estado maneja, situación que, en general, ha sido aceptada con beneplácito por las élites internas. * Sociólogo, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, México.

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En América Latina los actuales estados tienen una legitimación que proviene de que son el resultado del retorno a las repúblicas civiles con democracia, pero sus instituciones son precarias y sus poderes están disminuidos; en lo externo, están limitados en su capacidad de mantener la autonomía y soberanía, a pesar de que en lo interno apliquen una dosis grande de dominio, manipulación y autoritarismo. Lo anterior no es tan sólo un fenómeno “político” de contraposición de poderes, entre un Estado mundialmente hegemónico y estados subordinados y precarios en lo interno y débiles en lo externo. La influencia decisiva del Estado hegemónico proviene del predominio de una nueva relación social global de capital, de los nuevos procesos de dominio mundial del capital, instaurados a partir de la reestructuración capitalista global de fines del siglo anterior, del avance de la internacionalización del capital, de la desregulación de los flujos comerciales, monetarios y de valores y de la (neo) financierización de las economías. Ello ha provocado un nuevo carácter, así como también nuevas estructuras, funciones y políticas de los estados latinoamericanos. En este capítulo exponemos los resultados de nuestra investigación de las tendencias prevalecientes y las transformaciones fundamentales ocurridas en el poder público de América Latina. Trataremos de dilucidar no sólo el nuevo carácter y las nuevas funciones, sino además de prestar atención a las tensiones y contradicciones institucionales y políticas que ponen a la orden del día una discusión urgente sobre la actualidad, las alternativas y las opciones para recuperar y redefinir el valor de lo estatal, lo público y lo general en la sociedad.

UNA HISTORIA RECIENTE. DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA AL ENCUENTRO CON EL ESTADO PRIVATIZADOR NEOLIBERAL

En las distintas área de nuestra región subcontinental (Sudamérica, Brasil, Países Andinos, Centroamérica, Caribe, México), hemos asistido durante los dos últimos decenios a un esfuerzo político de trascendencia, realizado por diversos actores políticos y sectores mayoritarios de las sociedades para instituir o recrear regímenes y sistemas políticos de democracia representativa con plena vigencia de los derechos civiles y políticos de la modernidad. Derechos que fueron cancelados o disminuidos anteriormente por los estados civiles y militares de contrainsurgencia que asolaron a la región, en los decenios de los sesenta y setenta del siglo XX. Los esfuerzos sociales y políticos democratizantes del decenio de los ochenta buscaron recuperar y ampliar las formas civiles y republicanas de representación y participación y abrieron camino a procesos de negociación de los asuntos políticos. La generalidad de los actores políticos suponía que con el retorno de la democracia política a través de pactos y acuerdos, la región vería florecer sus potencialidades y resolvería sus principales problemas. La sociología

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del tránsito a la democracia acompañó esos esfuerzos y generó una copiosa producción de literatura que prácticamente dominó los análisis y los debates (O’Donnell, 1997; Lander, 1996; Osorio, 1995). La realidad actual, a cerca de veinte años de haber iniciado dichas transformaciones, se nos presenta pletórica de instituciones precarias, democracias delegativas y crisis políticas recurrentes en buena parte de los países de la región (México: 1994, Venezuela: 1999, Perú: 2000, Ecuador: 2000, Bolivia: 2001, Argentina: 2002, etc.). Ello muestra que en los proyectos de cambio y en la lucha política de nuestras sociedades se ventilan otros asuntos igualmente graves que los de reimplantar elecciones libres, derechos civiles democráticos y establecer procesos de concertación entre actores. Son asuntos que fueron dejados de lado por la literatura y que tienen que ver con la dinámica contradictoria y conflictiva de la inserción latinoamericana en la globalización, con la (des)organización económica y social interna, con la acumulación (neo)oligárquica de capital, con la distribución del dinero y del poder en beneficio de una concertación en las alturas, con el dominio de clases elitistas, con la precariedad de las instituciones y con la ambigüedad de la cultura política. Los análisis de la democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas, con sus notables excepciones (González Casanova, 1990; O’Donnell, 1993; Emir Sader, 1996; Atilio Borón, 1997; Lander, 1996), redujeron las formaciones sociales de la región a su ámbito político; separaron y aislaron los asuntos de la democracia de los del patrón de acumulación y del Estado.1 El resultado fue desconectar el tránsito a los derechos políticos y civiles de la realización de cambios en el poder prevaleciente e ignorar la relación entre el carácter de este poder, la nueva relación de capital y la constitución de determinado tipo de reinserción internacional y de reproducción económica concentradora, excluyente y dependiente. Tampoco se consideró la cuestión del grupo social de clase (la fracción política capitalista) que mantiene la dominación en el Estado neoliberal latinoamericano y, por lo tanto, se dejó de cuestionar y analizar a la fracción financiera rapaz, que durante los dos últimos decenios indudablemente ha estado a la cabeza del Estado, dictando las políticas económicas prevalecientes, articulando la relación con el exterior y llevando a la población a la miseria y la exclusión. Las ciencias sociales no contemplaron tampoco, salvo notables excepciones (O’Donnell, 1993; Pipitoni, 1994) la precariedad institucional de nuestros estados y la débil hegemonía existente. También se dejó de lado la relación profun1 Tal como lo expone Manuel Antonio Garretón, en su texto, “Del autoritarismo a la democracia” (1991), para las corrientes teóricas dominantes en esa época, la democracia es “un tipo de régimen y no un tipo de sociedad […]. Los rasgos que diferencian y caracterizan al régimen democrático son tanto los que pueden definirse como ‘republicanos’, Estado de Derecho, división de poderes, como los que se refieren al problema de la representación y participación: soberanía popular, expresada en el sufragio universal, alternancia en el poder, pluralismo político, vigencia de libertades públicas y derechos humanos en general”(Garretón, 1991: 285-286).

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da del Estado y la nación; se ignoró el deterioro del bloque del poder al no asumir la pluralidad de esta última (política, social, regional, étnica, cultural, etc.) e incorporarla al terreno del poder (París Pombo, 2002). No se consideró la relación entre el Estado y la reinstauración de un patrón de desarrollo financiero-primario y secundario (en los países de mayor desarrollo capitalista relativo) exportador renovado, subsumido dentro de un nuevo modo de acumulación transnacionalizado (Piñón, 2002). Se hizo caso omiso de las implicaciones del pobre desarrollo de la sociedad civil popular y de las repercusiones negativas del sometimiento del ámbito público frente a su privatización creciente. En fin, se olvidó el complejo vínculo que existe entre democracia, Estado y sociedad y se perdió de vista el estudio de los intereses en juego y en conflicto en la región. Todo ello, hasta que la realidad ha ido poniendo las cosas poco a poco en su lugar. Por otra parte, el debate que hubo al final del siglo pasado en la política y en las ciencias sociales de la región sobre las cambiantes funciones y papel del Estado (véase la recopilación crítica de ese debate en Lander, 1996) se dedicó a hacer apologías y a respaldar las tesis sobre la reforma del Estado del Banco Mundial o, en el caso opuesto, a cuestionar el proyecto neoliberal de Estado mínimo y mercado máximo, sin atender en ambas situaciones a una cuestión vital del Estado: la necesidad de impulsar el fortalecimiento de las instituciones y de definir su relación con la dinámica de conjunto de la formación social y con las contradicciones sociopolíticas de la democracia política (Vilas, 1995). Por lo anterior, en este capítulo pretendemos revisitar el Estado actual en la región e intentar estudiar su carácter, su papel, sus funciones, para también conectar ese estudio con el panorama de precariedad de las instituciones, de la dominación política rapaz y antipopular ejercida por determinadas fracciones de la clase dominante sobre los aparatos del Estado, para entonces vincularlos con los asuntos de la democracia. Confiamos que ello nos llevará a entender las expresiones actuales de crisis política y de resistencia de la sociedad civil popular que recorre de sur a norte a nuestros países.

EL NUEVO CARÁCTER DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Los recientes han sido años de redefinición del patrón capitalista de desarrollo histórico interno de las formaciones nacionales latinoamericanas y de cambios drásticos en los estados: se abrió paso una acelerada modernización y una “reinserción” de dichas formaciones en la nueva división internacional del trabajo (Saxe, 1993), en conjunción con procesos de contrarreforma neoliberal de los estados. Con notables diferencias entre los países que para finales del siglo anterior lograron un mayor desarrollo relativo del capitalismo dependiente –Argentina, Brasil, México, Chile y Venezuela–, los que permanecieron como países de desarrollo

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medio –los países andinos, de Centroamérica y del Caribe– y los países atrasados y abigarrados en extremo –entre los cuales se encuentran Paraguay, Haití, Honduras–, desde hace dos decenios se viene imponiendo en la región un nuevo patrón de desarrollo primario y secundario exportador, especializado y dependiente. En función de dicho patrón, la estructura productiva se asienta en la producción especializada y heterogénea de bienes primarios y secundarios básicos orientados a la exportación, en general, con base en enclaves locales de maquiladoras que se encuentran desligadas de la economía nacional. Además, los países se han vuelto paraísos fiscales para los negocios financieros, se equilibran en su macroeconomía gracias a ingresos continuos de remesas de migrantes y a inversiones extranjeras de capital. Los estados que promueven esta transformación –incluso los estados grandes como Brasil, México y Argentina– son económica y políticamente débiles, poseen instituciones precarias y una incapacidad estructural para competir con autonomía en el sistema internacional de estados.* El modo de acumulación interno que hoy prevalece está basado en dichas economías de exportación y está regido por políticas económicas monetaristas, además de ser más concentrador y excluyente que el anterior. En nuestras economías nacionales se ha producido un achicamiento del mercado interno, una relativa desindustrialización, un rompimiento de las cadenas productivas internas, un desempleo galopante; junto a la propagación de procesos de transnacionalización, financierización, concentración y centralización de capital, reducción del gasto público, privatización de activos y empresas públicas y focalización de los servicios sociales (Vuskovic, 1990; Piñón, 2002). Con respecto del carácter del Estado neoliberal latinoamericano actual, una cuestión poco analizada pero con grandes implicaciones es la que dice relación con el acceso de una fracción financiera rapaz a la dominación del Estado. Especialmente en los países con mayor desarrollo relativo del capitalismo, un sector burocrático financiero transnacionalizado domina el mercado accionario y las bolsas de valores, impone sus intereses, sus concepciones y sus políticas, comparte la dominación con inversionistas extranjeros y viejas oligarquías y tiene grupos de tecnócratas leales y antinacionales administrando los gabinetes económicos de prácticamente todos los países de América Latina (hoy quizá con la excepción relativa de Cuba y Venezuela). Igual en México que en Chile, Argentina y Brasil, con el triunfo de sus articulaciones internacionales, el desplazamiento y subordinación de las fracciones industriales internas, se produjeron la desregulación estatal, la dependencia fi* Las nociones de estados débiles y fuertes tienen significados cambiantes. Con relación al sistema internacional de estados, todos los latinoamericanos son estados débiles (Hirsh, 1996), mientras que dentro de la perspectiva latinoamericana un Estado débil expresa un capitalismo nacional subordinado, carece del mínimo de autonomía y depende de los intereses privados, mientras que un Estado fuerte es aquel que “independientemente del tamaño de su burocracia […] establece con eficacia esa legalidad y no es percibido por la mayoría de la población sólo como un ámbito para la persecución de intereses particularistas” (O’Donnell, 1993).

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nanciera extrema, la privatización de empresas estatales –en buena parte con los propios recursos del erario–, el compromiso absoluto de cubrir los servicios a la deuda externa, el uso de la deuda pública interna para apoyar una nueva (des)regulación oligopólica y el abaratamiento y flexibilización de la mano de obra. Todo ello bajo el avance de las políticas del libre mercado, la libre competencia, la libre y desregulada circulación internacional de bienes, servicios y capitales. Sólo Cuba mantiene una cierta regulación estatal y, tal vez, Venezuela, que dio un viraje relativo e incierto a esta situación con la elección del militar nacionalista de tintes neopopulistas, Hugo Chávez, quien propone una opción nacional popular, sin plantear hasta ahora para su país un proyecto alternativo al neoliberal. Este nuevo Estado neoliberal dependiente latinoamericano, hegemonizado por banqueros, financistas y tecnócratas desnacionalizados, carece de cualquier proyecto de acumulación y desarrollo nacional; está definido por su interés de privilegiar el beneficio exclusivo de los monopolios transnacionalizados. El proyecto de los actuales dirigentes de este Estado se basa en la obsesión del equilibrio macroeconómico, el control de la inflación y el crecimiento económico de corto plazo, a partir de la promoción del ingreso de capital financiero internacional, del ajuste a las reglas de la hegemonía imperial, de la reinserción fragmentada, especializada, subordinada y dependiente del aparato productivo interno en la economía mundial y de la entrada de empresas maquiladoras transnacionales. Sin embargo, eso ha llevado a una situación especialmente problemática. En América Latina, ni siquiera en las formaciones nacionales más avanzadas e integradas, la combinación del Estado mínimo y el mercado máximo ha generado el desarrollo de la acumulación nacional en gran escala y de la competencia capitalista. Lo que ha generado ese nuevo Estado neoliberal latinoamericano, que se ha abierto a la transnacionalización del capital, prohijando el predominio en la dirección del Estado de negociantes privados de todo tipo, principalmente de los que dominan los espacios especulativos financieros, es la profundización del carácter precario, heterogéneo, fragmentado, dependiente y subordinado de la economía; la derrota histórica de las burguesías nacionales, la desorganización y el debilitamiento de los trabajadores y de las izquierdas y el acceso al poder de grupos de políticos y tecnócratas neoliberales. Banqueros, políticos y tecnócratas neoliberales transnacionalizados han formado “cliques” financieros rapaces que hegemonizan el Estado y dominan los gabinetes económicos, deciden las políticas económicas, han logrado subordinar el banco central al sistema bancario y las bolsas de valores. Así, se han concentrado en esos “cliques” el uso y mal uso de buena parte de los dineros otorgados como préstamo o ayuda por los organismos financieros internacionales (FMI, BIRD, BID), los ingresados por la inversión extranjera, los relacionados con el uso indebido y patrimonialista de los activos del erario, los que provienen de las licitaciones y ventas de bienes públicos y los que surgen de la proliferación de diversos negocios compartidos con mafias privadas de todo tipo: narcotraficantes, contrabandistas de bienes de consu-

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mo y de armas y lavadores de dinero. El resultado después de varios años ha sido el patrimonialismo de los políticos y la estafa continua de los ahorradores, los trabajadores y los capitalistas nacionales. Hoy está fresco el caso de Argentina en el 2002, pero mañana podría manifestarse en cualquier país. Por lo anterior, el Estado actual no tiene carácter nacional ni carácter público, en el triple sentido de que carece de un proyecto de acumulación y de desarrollo nacional que impulsar y defender, no tiene soberanía ni autonomía para decidir y sostener políticas económicas e instituciones nacionales y está cada vez más regulado, privatizado, penetrado y dominado por oligopolios, firmas y grupos de capitalistas transnacionales. El carácter del Estado neoliberal dependiente de América Latina también se puede observar por las funciones que prioriza y ejecuta para reinsertar a nuestros países en la actual mundialización. La función principal del Estado es estimular un tipo de crecimiento y un tipo de reinserción subordinados a los intereses y a la valorización del capital transnacional: es un Estado que se asume a sí mismo como vehículo de la globalización en curso: (des)organiza la economía para orientarla a la exportación –la producción, el consumo, la acumulación–; fragmenta interiormente a los países –abandona las áreas rurales de pequeños productores, crea enclaves maquiladores en determinadas localidades urbanas–, dispone arbitrariamente de la sociedad –ofreciendo subsidios y mano de obra barata, tanto la semicalificada como la mayoría no calificada—; construye los apoyos a la política de integración hemisférica –participación acrítica en los proyectos del bloque regional americano (TLC, ALCA)–, todo en función de dar seguridad y garantías a la valorización y la rentabilidad del capital. Incluso los proyectos de integración regional están cada vez más pensados para beneficiar la rentabilidad de las transnacionales, tanto a las empresas productivo exportadoras, como a las redes financieras. El Estado nacional se subordina al capital transnacional y promueve la nueva relación global de capital, en lugar de utilizar la voluntad política nacional para regular el ingreso y permanencia del capital externo, para desarrollar un proyecto autónomo de participación en la mundialización, para reformar la nación incorporando la diversidad social y étnico cultural.

LAS CONTRADICCIONES DEL ESTADO ACTUAL

Otro aspecto relativo al carácter del Estado tiene que ver con un creciente autoritarismo neooligárquico que revela las especificidades y limitaciones de la democracia liberal recién instalada. La oposición entre la determinación globalizadora e integracionista del grupo de poder y las necesidades crecientes, apremiantes e insatisfechas de una población excluida y empobrecida, con alto desempleo y empleo informal han llevado a que, no obstante la reciente conquista de derechos,

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instituciones y prácticas democrático representativas, prevalezcan los intereses y las políticas de los grupos sociales privilegiados vinculados con la creciente internacionalización del capital. Ese fenómeno de insuficiencia, descrédito, empobrecimiento y vaciamiento de la democracia está llevando a un creciente distanciamiento entre las élites políticas neoliberales, incluyendo la absoluta mayoría de los gobernantes y dirigentes de los partidos políticos integrados al establishment del Estado, de la mayoría de la población opositora políticamente activa que tiende a expresarse a través de múltiples movimientos sociales de distinta naturaleza. Esa oposición ha llegado a alcanzar un nivel agudo y se expresa en recurrente descontento con las instituciones y hasta en crisis políticas como la que ha caracterizado a la Argentina de 2002, pero ha tenido su presencia en los conflictos que acontecen en los países andinos (Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia) y los países del Cono Sur. En las formaciones nacionales del norte de América Latina: Centroamérica, el Caribe y México, esos mismos conflictos entre las políticas de los estados que se han convertido en vehículos de la globalización y los intereses de las grandes masas de trabajadores y excluidos, están, por lo pronto, aminorados (a pesar del incremento continuo de la pobreza, el descenso del nivel de vida y el deterioro de las instituciones), entre otras cosas, por los ingresos provenientes de las maquiladoras, el turismo y las migraciones internacionales (con las remesas que los migrantes envían a sus países) (CEPAL, 2001). El nuevo Estado latinoamericano tiene contradicciones sustantivas: por un lado, es el sorprendente resultado triunfante, reciente e innovador de luchas populares y de fracciones capitalistas que lograron una recuperación y profundización de la organización republicana civil y de la democracia política frente a los estados militares de contrainsurgencia y, por el otro, es producto del avance de instituciones y prácticas autoritarias y de la mencionada contrarreforma neoliberal financiera del Estado, restrictiva del acceso político real de las mayorías a las políticas económicas, funcional a los intereses transnacionales de las grandes oligarquías financieras y a las firmas y grupos del capital mundializado. Un elemento importante que caracterizó el avance de la contrarreforma neoliberal financiera es que el funcionamiento de la vida republicana, la mayor democracia política y los pactos de concertación entre élites políticas que conllevó el retorno a la democracia, no condujeron a un fortalecimiento institucional democrático capaz de canalizar los conflictos de intereses en un orden burocrático racional legal (Weber), reglamentario procedimental legítimo y real (O’Donnell, 1993; 1993b); por el contrario, los nuevos regímenes democráticos han ido perdiendo legitimidad e institucionalidad ante el predominio casi exclusivo de los intereses de los capitalistas transnacionalizados y se están vaciando de sustancia ante el patrimonialismo y la corrupción de las élites políticas y financieras, el poder omnímodo de las oligarquías y las élites conservadoras. Los nuevos derechos ciudadanos y la representación popular recobrada, que llevaron a que partidos con reconocimiento social tuviesen acceso a los gobiernos y a los parlamentos, sin embargo, no abrieron paso a una mayor influencia

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de los ciudadanos, sino a un proceso de despolitización de la ciudadanía (Osorio, 1997). Con pocas excepciones, los partidos que participan del Estado neoliberal y de los acuerdos de concertación política para la gobernabilidad se distanciaron de los intereses populares y se volvieron, en general, verdaderas partidocracias legitimadoras de las políticas globalizadoras de los estados. Hoy día no se trata ya de la integración de masas al Estado como en la época del nacional desarrollismo, sino de integración de los partidos al Estado como parte de la institucionalidad despolitizadora dominante y autoritaria sobre la sociedad. Los estados, a su vez, han modificado sus funciones y sus políticas en un creciente sometimiento a intereses particulares, un asistencialismo a los grandes grupos privados de interés económico, a partir de prohijar el dominio político de los nuevos gabinetes económico financieros al servicio del capital transnacionalizado interno, de los organismos financieros internacionales, de las firmas globales y de los estados centrales fuertes. Debido a lo anterior la función prioritaria actual de los estados se restringe a garantizar la alta rentabilidad del capital financiero, estimular con subsidios de todo tipo y con reducciones y topes salariales a la valoración del capital transnacional, mantener en ritmo y forma el pago de los intereses de la deuda externa y alinearse a las políticas económicas dictadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los dirigentes de los estados latinoamericanos justifican esa nueva función de asistencialismo al capital y de entrega de las decisiones a los grupos financieros en aras de transformar sus estados en estados gerenciales de competencia, esto es, estados eficientes que compiten con otros para atraer capital transnacional, crear las mejores condiciones de valoración, con el fin de impulsar altas tasas de crecimiento (Bresser Pereira, 1998). No obstante, los estados de competencia latinoamericanos no son tales (verdaderos estados de competencia), contrariamente, favorecen una seudocompetencia, sumamente precaria y de corto plazo, que no tiene relación con el desarrollo de cadenas productivas internas y de una estructura productiva diversificada y homogénea que es la base de los nuevos estados de competencia europeos, de Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, lo que existe en América Latina es una parodia triste y amarga de los fuertes estados nacionales de competencia de otras regiones (Hirsch, 1996). Como si el cambio de carácter y funciones del Estado no fuese suficiente, se ha establecido un nuevo patrimonialismo político administrativo: a cambio de garantizar la viabilidad del proyecto económico del capital transnacional, los administradores del Estado latinoamericano –los Salinas, los Zedillo, los Pérez, los Menem, los Cardoso, pero también los Fujimori, los Pastrana, etc.– y sus mandos altos en los gabinetes económicos (los Cavallo, los Ortiz, los Serra, etc.), se han llenado patrimonialmente los bolsillos de un porcentaje de las transacciones y negocios de las privatizaciones, las licitaciones, las adjudicaciones, las renegociaciones, etc., que muestran su concepción rapaz de lo público y su patrimonialismo acendrado.

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PRIMERA DIGRESIÓN. EL CONTEXTO MUNDIAL ACTIVO: LA GLOBALIZACIÓN COMO POLÍTICA DE UNA NUEVA RELACIÓN DE CAPITAL Y LA POLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN

La reestructuración capitalista mundial de los años ochenta y noventa del siglo pasado impulsó una nueva dinámica económica y social en todo el orbe, generando una nueva mundialización del capital como realidad económica dominante que se ha impuesto progresivamente, obligando a las distintas formaciones nacionales a redefinirse (y a someterse) ante ella; también propició la formación de tres grandes bloques económicos regionales de comercio e integración (mercados comunes, áreas y uniones regionales en Asia, América y Europa occidental). En el bloque americano, bajo el dominio de Estados Unidos, se encuentran las formaciones nacionales de América Latina. En su interior destacan el Mercado del Sur (Mercosur) –que tiene, no obstante la presencia que las transnacionales estadunidenses tienen en él, un cierto grado de autonomía– y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya anteriormente, a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, al calor de grandes problemas de productividad de las industrias fordistas de segunda generación, de la caída de la tasa de ganancias y de la crisis fiscal de los estados, se inició una reestructuración organizativa, económica y financiera de las grandes firmas transnacionales. Para América Latina eso significó presión para desregular los flujos monetarios y de capital, la adopción de un nuevo modo de acumulación basado en la maquila y en las exportaciones agroalimentarias, la exigencia de pago puntual de los intereses de la deuda externa, la elevación del precio del petróleo y altas tasas de interés mundiales. Bajo la globalización se inició también una gran (contra)revolución financiera que llevó a la supremacía política a distintos grupos de (neo)oligarcas (especuladores privados, empresarios de las bolsas de valores, artífices de los negocios bancarios, de las fusiones y compraventa de acciones) es decir, a todo un poderoso circuito de negocios financieros que acapararon la acumulación internacional y nacional (Chesnais, 1996). Se transnacionalizaron las bolsas de valores nacionales y surgieron las de valores integradas; se formalizó la injerencia de los bancos mundiales sobre el circuito de ahorro e inversión nacional; las organizaciones financieras transnacionales se apropiaron del ahorro interno, legal e ilegal, dominaron las relaciones económicas, canalizaron las quiebras industriales y los nuevos procesos de privatización y la compra de bancos nacionales por los bancos privados transnacionales, intervinieron en la emisión de nuevos bonos de deuda interna y externa y en los procesos de renegociación de las mismas (Chesnais, 1996). En el ámbito productivo, la reorganización capitalista dio lugar a la producción mundializada, basada en la generalización de grandes empresas redes. Este fenómeno ha sido conceptualizado como una nueva universalización de la ley del valor, mundialización del capital o cuarta fase de la internacionalización del capital (Marini, 1995; Hirsch, 1996; Chesnais, 1996; Sotelo, 1997).

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La mundialización del capital no es, sin embargo, la continuidad lineal del anterior proceso de internacionalización del capital pues hubo que introducir cambios, quiebres e innovaciones en la regulación del Estado, en la acumulación, en las actividades empresariales y financieras, en las relaciones laborales, en las instituciones políticas y culturales. La nueva fase de mundialización del capital se apoya en una desregulación de la economía y en una explícita intervención de los estados y de los organismos financieros internacionales hegemónicos para apoyar la nueva dinámica mundializada de acumulación, para deshacer pactos y relaciones políticas que sostuvieron y legitimaron al capitalismo fordista o al capitalismo desarrollista en su periodo dorado de despliegue nacional de acumulación y profundización del mercado interno (1945-1975) (Hirsch, 1996; Sader, 1996). También se apoya en políticas estatales neoliberales orientadas a debilitar instituciones y organizaciones culturales, sociales y políticas que implicaban un gasto social y con los cuales se identificaba la relativa grandeza de los estados nacionales y su variable compromiso nacional y popular. El nuevo intervencionismo del Estado sirve asimismo para redefinir funciones del poder político nacional estableciendo otras prioridades y otras políticas, acordes con el nuevo papel que se le otorga al mercado mundial. El culto al dinero, al maquinismo, a la productividad y a la competitividad que introdujo en la cultura occidental el modo de producción capitalista se amplió, modernizó y adquirió una nueva fisonomía de enriquecimiento mundial y de volatilidad con la propagación de la globalización. Por todo lo anterior, se puede afirmar con Joachim Hirsch (Hirsch, 1996) que la denominada globalización es en sus múltiples dimensiones, y sobre la base del predominio de una tendencia de reestructuración capitalista, ante todo un proyecto político de los poderes hegemónicos mundiales (especialmente de Estados Unidos) para reorientar en su beneficio el capitalismo mundial, desregular, reorganizar la economía y el sistema de poder internacionales, quebrar viejos pactos institucionales de colaboración clasista y someter a su dinámica la reestructuración de los países dependientes. Para ello se requiere un nuevo dominio hegemónico de los estados centrales y una presión política hacia los países dependientes. En el caso de América Latina, para forzar la ruptura de los pactos nacionales y populares que obligaban a una distribución interna nacional del excedente.

SEGUNDA DIGRESIÓN. LA MUNDIALIZACIÓN Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA LATINA

En el ámbito de las formaciones nacionales latinoamericanas, la reestructuración del capitalismo mundial, la nueva relación global de capital2 y las políticas 2 Por relación global de capital entiendo la relación de poder social que se genera, reproduce y se transforma periódicamente entre las clases sociales del régimen de producción capitalista a partir de los procesos de reestructuración de los diversos modos de acumulación y, en consecuencia, del dominio y de la lucha entre ellas dentro y fuera de las instituciones (Holloway y Picciotto, 1984).

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de la globalización, asumidas acríticamente por nuestros gobiernos, tienen efectos de avalancha que cambian el carácter, las funciones, la situación y la dinámica del poder político, tanto como de las economías, las empresas, las comunidades y los ciudadanos: Las corporaciones transnacionales dominan crecientemente la acumulación mundial y someten a su directriz todos los procesos nacionales y locales. Se produce el sometimiento creciente de los procesos productivos, comerciales y financieros nacionales y locales a esas corporaciones, sea por la integración, la tercerización, la competencia y, en algunos casos, también por la violencia contra los estados, las empresas, los núcleos sociales y políticos que se resisten. Se reestructuran los estados por medio de las políticas y los mecanismos de ajuste estructural y reforma del Estado (recetados por el Consenso de Washington a mediados de los años ochenta y ratificados anualmente, incluso hasta la 43 reunión de gobernadores del BID en el 2002), lo que facilita la expansión de los capitales financieros e industriales transnacionales y la implantación de su dominio político y económico mundial. Esta reorganización productiva es dirigida por el capital financiero especulativo, lo que permite los procesos de adquisición, fusión, venta y compra de los capitales. Capital que con las bolsas de valores consigue un grado de autonomía relativa sorprendente, hasta llegar a ser un fenómeno dominante en el desarrollo económico mundial, generando nuevas posibilidades de acumulación y expansión junto a una mayor dependencia y crisis notorias de países de desarrollo medio (México, 1995; Corea, 1998; Brasil, 1999; Argentina 2002), (Blanca Rubio, 2000). Es el fin de la edad de oro de la acumulación basada en un capital privado nativo que floreció bajo el desarrollismo y el proteccionismo nacionales del capital estatal. El nuevo crecimiento económico se da en un marco de internacionalización del capital privado y de la competencia mundial; se abre paso una transnacionalización generalizada de los monopolios privados en la industria, el comercio y los servicios. Se debilita la regulación del Estado sobre los procesos económicos y políticos internos. Se produce una quiebra y prácticamente la desaparición del capitalismo de Estado y el fin de los compromisos nacionalistas y populares de los estados. Hay un ocaso de los proyectos de capitalismo nacional dependiente con tasas de crecimiento económico alto y ciudadanía universal; surge la hegemonía de una nueva (des)regulación de los procesos económicos globales y nacionales: la (des)regulación de los oligopolios mundiales bajo la dirección de la oligarquía financiera. Los proyectos nacionales autónomos llegan a su fin y se abre una era de proyectos regionales y mundiales. La adhesión acrítica al modelo neoliberal y la falta de una estrategia de inserción independiente de nuestras economías en la globalización, que transforme las estructuras productivas para la exportación en un sentido de fortaleza nacional, lleva a la creciente desintegración de la industria nacional orientada al

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mercado interno. Se rompen las cadenas productivas internas y se reorientan las mismas estructuras productivas anteriores hacia una exportación especializada de bienes primarios y de productos manufacturados diversos (predominantemente maquilas), bajo la égida de las empresas transnacionales (Piñón, 2002). El resultado de lo anterior es la tendencia a la quiebra de las empresas medias y pequeñas medianamente productivas no integradas; la incorporación subordinada en la calidad de “enclaves” de algunas regiones, localidades y grupos sociales y la marginalización de otros; el debilitamiento del poder sindical y contractual de los trabajadores; bajo la influencia de los proyectos transnacionales de “maquiladoras”, de utilización intensiva de mano de obra poco calificada, se desintegra y fragmenta la economía interna y la producción industrial articulada de los países. Se produce, como nunca antes, un deterioro del valor y una precarización del trabajo, así como un desempleo estructural de la mano de obra. La reestructuración productiva se hace acompañar de nuevas tecnologías que permiten una producción flexible capaz de satisfacer las nuevas exigencias del mercado. Dicha reestructuración del proceso de producción de mercancías y de sus elementos técnicos, pasa a exigir una nueva forma de contratación y gerenciamento de la fuerza de trabajo, vía la flexibilidad, la precarización y la tercerización. El fenómeno de la mundialización del capital y la reorganización productiva no impide que en los niveles locales y nacionales algunos procesos económicos de producción, comercio y acumulación, continúen teniendo una gran presencia e importancia, con participación de elementos capitalistas o laboristas locales, en calidad subordinada a la acumulación transnacionalizada y a la dinámica mundial. Junto a una corriente de emigración masiva de trabajadores rurales para los centros urbanos y para los países más industrializados, avanzan algunos proyectos de carácter subregional que permiten canalizar en corto plazo el capital nacional y la mano de obra entre países de regiones comerciales integradas: en los países de mayor desarrollo, en general, esa mano de obra tiende a estar en condición de ilegal y carente de derechos. Se desarrollan nuevos tratados comerciales y de libre circulación de capital entre países de capitalismo medio (Mercosur) y entre éstos y las grandes potencias industriales (TLCAN), sobrepuestos por las presiones de Estados Unidos para avanzar hacia una regionalización panamericana (ALCA) que dé seguridad al capital transnacional, con acceso a mercados y a productos naturales estratégicos de su área de influencia. En el ámbito sociocultural y de las comunicaciones la globalización también tiene efectos. En las construcciones que hace la media, en los imaginarios antropológicos, culturales, espirituales y artísticos, se producen tendencias homogenizadoras que entran en conflicto con anteriores construcciones y que provocan el reavivamiento de lo local como espacio de resistencia, de reformulación, continuidad y afirmación de lo propio.

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TERCERA DIGRESIÓN. LA GLOBALIZACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO

Conviene hacer algunas consideraciones sobre el fenómeno del debilitamiento del Estado nación bajo la nueva fase de la internacionalización del capital. Dicho proceso ha propiciado un debilitamiento y hasta una transferencia de la soberanía del Estado, en la medida en que la internacionalización de la economía, la desregulación de los flujos de comercio y finanzas y las nuevas relaciones laborales, entran en contradicción con la afirmación de proyectos nacionales de reinserción en la globalización relativamente autónomos. Las élites dominantes y sus políticas económicas y sociales están hoy subordinadas a los condicionamientos y las directrices económicas internacionales, a los préstamos internacionales, a las inversiones, a los reconocimientos de las consultorías y las organizaciones financieras mundiales (Teixeira et al., 1996). Además de tener ausencia de soberanía, el Estado ha perdido legitimidad interna por haberse entregado a los proyectos transnacionales y haber terminado con las políticas sociales universales que fueron un elemento de legitimidad y cohesión del periodo anterior. La debilidad del Estado en términos de soberanía y de legitimidad interna ha producido la tendencia a utilizar la fuerza policiaca y militar y la razón de Estado, ante la población trabajadora en resistencia, en términos de definir internamente el ajuste estructural, los bajos salarios, las políticas públicas restrictivas, privatizaciones, tasas de interés altas y una política de subsidios y de apoyo a los grandes banqueros y empresarios transnacionalizados. Paradójicamente, junto a esa pérdida de soberanía, se ha producido un nuevo intervencionismo del Estado en beneficio de la acumulación transnacional de capital. Los casos de Argentina, Brasil y México son ejemplificativos del manejo reciente de las disposiciones y los recursos públicos y de la deuda interna y externa para beneficiar a la nueva acumulación del capital: la sustentación artificial del peso en Argentina bajo Carlos Menem y De la Rua (1989-2002) y del real en Brasil, durante el primer periodo de Fernando Enrique Cardoso (1994-1998), fueron obtenidas a partir de un crecimiento inusitado del endeudamiento interno y externo. Una deuda pública y una creciente pérdida de reservas, que estaban ocultas ante los ojos de la población y que, sin embargo, se mostró abiertamente en los momentos de las crisis financieras que llevaron a la devaluación de la moneda y a la quiebra de los proyectos de estabilización monetaria a toda costa. El capital financiero transnacional y el Estado procedieron a apropiarse y a controlar los recursos financieros de la población, a la par que se producía uno de los mayores saqueos y fuga de divisas de la historia de esos países, Brasil en 1999 y Argentina en el 2002. Como ejemplo, podemos poner también el caso de la utilización abusiva de recursos públicos para sustentar una acumulación privada de capital por parte del antiguo Fobaproa mexicano, ahora Instituto Para el Ahorro Bancario (IPAB), que significó hacer pública una extraordinaria deuda interna del Estado con los grandes bancos y empresarios nativos y transnacio-

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nalizados. Aquéllos constituyen una muestra evidente del nuevo intervencionismo de Estado cargado a beneficiar a los grandes capitalistas. Después de 1982-1985, el avance de la reforma del Estado, la adopción del programa neoliberal y la reinserción subordinada de los países latinoamericanos en la nueva división internacional del trabajo, fueron llevados a cabo adoptando las políticas del “consenso de Washington”. Ello se hizo de manera firme, pero dudosa, bajo anteriores dictaduras militares (Argentina, por ejemplo, de 1976 a 1983); posteriormente, en los inicios de los años ochenta y de forma integral, abierta y acelerada, en los noventa, Argentina, Bolivia, México, la adoptaron de 1988 a 1994. Brasil, Perú y los países Centroamericanos hicieron lo propio de 1994 a 1998. Los estados de América Latina han sufrido las consecuencias de una reforma neoliberal del Estado que ha girado alrededor del famoso tripié: 1] control macroeconómico con austeridad fiscal y reducción del gasto público; 2] privatizaciones de empresas y activos públicos y, 3] desregulación y liberalización financiera, comercial y de servicios (Oliver, 1996). En su sentido esencial, el objetivo de la política actual de los estados latinoamericanos ha pasado a ser el mismo que el de los estados neoliberales hegemónicos: privilegiar ante todo la rentabilidad del capital. Empero, en América Latina los estados no se sustentan en estructuras productivas integradas y fuertes ni en instituciones legitimadas, para, con esa política, conseguir dinamizar y reproducir internamente la acumulación y extender los beneficios sociales y nacionales con esa política. En cierta forma la relativa “competencia” con otros estados subdesarrollados por atraer capitales, mercancías y servicios a América Latina, no tiene como contrapartida la canalización de una parte del excedente al fortalecimiento de la estructura productiva interna y a la cohesión social de la nación (O’Donnell, 1993). Esto se mira en los propios datos del Banco Mundial que muestran estadísticamente cómo el gasto público en los países de la OCDE está diferenciado entre países avanzados y países atrasados, siendo notoriamente menor en estos últimos. Como es sabido, en los países de América Latina el gasto público ha descendido, en general, a menos del 15% del PIB (Banco Mundial, 1997).

DE NUEVO LAS ESPECIFICIDADES DE AMÉRICA LATINA. LA CRECIENTE PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADO

El Estado en América Latina se ha “privatizado” crecientemente, en el sentido de que está dependiendo mucho más que antes del financiamiento y el consentimiento de los grupos e intereses privados. Se ha visto disminuido en tanto regulador de la economía, director de las energías sociales y mediador entre diversos intereses, entre ellos los que sostienen las aspiraciones del grupo dirigente y las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil popular.

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En contradicción con la supuesta herencia ibérica de América Latina, lo público, e incluso mucho de lo social, se han tendido a privatizar y a subsumir en el ámbito privado, lo cual se ha hecho propagandizando una concepción negativa de lo público como ámbito ineficiente, corrupto, de derroche y burocratización y una interesada y equivocada concepción de lo privado como eficiente y honesto. Por desgracia, la historia de los países de nuestra región es más equitativa: registra casos notables de corrupción, de desviación de recursos y de patrimonialismo en los ámbitos estatal, privado y sindical. Asimismo, se ha desarrollado una presión desde el Estado y la clase empresarial para que partidos, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, asuman como función prioritaria el atender fines privados y corporativos. La tendencia a la estatización de los partidos, es decir, a que los partidos políticos sostengan su existencia y actividades a partir de los recursos del Estado y que su reconocimiento básico provenga de éste y no de la sociedad, ha ido paralelo con tendencias a su privatización, es decir, a su sumisión a grupos de poder privados. Por otra parte, las políticas de ajuste han reducido y focalizado el gasto social del Estado: educación, salud, empleo, servicios sociales, policía, servicios de vivienda, drenaje, electricidad, etc., o sea, han pasado a estar regidos por una reglamentación y una visión derivadas del ámbito comercial y privado (Vilas, 1995).

EL BLOQUE NEOOLIGÁRQUICO DE PODER

El Estado nacional desarrollista de América Latina, basado en el capitalismo nacional de los países de la región, tuvo por sustento la integración de un amplio bloque de poder dominante encabezado por la fracción industrial nativa del capital. Ese bloque se definía por la existencia de un compromiso nacional de clases que obligaba a una relativa distribución interna del excedente a los sectores populares (véase el capítulo primero de este tomo). De hecho el Estado nacional desarrollista fue, en su vertiente populista y burguesa, el Estado del capitalismo histórico latinoamericano (Revueltas, 1962). Bajo el Estado político neoliberal dependiente se abre paso un nuevo bloque de poder, mismo que arremente contra los compromisos anteriores, excluye a la mayoría de los trabajadores y a una fracción social numerosa de medianos y pequeños capitalistas (Vilas, 1996; González Casanova, 1991; González Casanova y Roitman, 1995). El actual bloque de poder de los estados neoliberales latinoamericanos está conformado por los grandes capitalistas nativos transnacionalizados, encabezados por los sectores importadores y financieros del gran capital; cuenta con la adhesión de los capitalistas externos con inversiones en maquilas e industria de exportación. Ese bloque de poder tiene el apoyo y la simpatía de la vieja oligarquía de propietarios de la tierra de abolengo, sobre todo en Argentina, en Brasil, en los

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países del Cono Sur y en Colombia. Dicha oligarquía ha sido desplazada de la dirección del Estado, pero cuenta con un gran peso económico dentro de la clase dominante. Hay casos en los que incluso un sector de esa oligarquía se ha modernizado y compite sin mucho éxito aún por encabezar al Estado (es el caso de la fracción que dirige el político Antonio Carlos Magalhaes, en Brasil). La transformación de los estados y la asunción acrítica del modelo neoliberal no habría sido posible si en la lucha por la dirección del Estado no hubiesen accedido al poder élites financieras y políticas representativas de los intereses transnacionales y de la ideología neoliberal, junto a tecnócratas formados en Estados Unidos –los llamados en Chile coloquialmente “Chicago boys” y en México, los egresados de Harvard y del Banco Mundial (Derbez, en el actual gobierno del presidente Vicente Fox), quienes cubrieron los puestos de primer nivel de los ministerios de economía– dispuestos a asumir rápidamente las políticas de la internacionalización del capital. Por ello, la reforma del Estado es, en primer lugar, un proceso de cambio de élites en el poder y así ha acontecido en Chile, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Brasil e incluso en varios países centroamericanos y del Caribe.

LA RAPACIDAD DE LOS DIRIGENTES FINANCIEROS DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA

La función de los nuevos estados reformados, expresada magistralmente por el teórico neoliberal brasileño Bresser Pereira, ministro de la Administración Federal y la Reforma del Estado bajo el primer periodo del presidente Cardoso, debe ser estimular a las empresas y a los ciudadanos a modernizarse y a participar en la competencia internacional, buscar y obtener capital productivo y financiero para sus países, vender materias primas estratégicas y ofrecer mano de obra barata y flexible al capital internacional (Bresser, 1998). De ahí que esa visión conservadora resulte adecuada a la conceptualización crítica que el investigador universitario alemán, Joachim Hirsch, hace de los nuevos estados neoliberales como estados de competencia (Hirsch, 1996). Es decir, se trata de estados que entran en competencia con otros estados para ofrecer las mejores condiciones de rentabilidad, seguridad, inversiones, comercio y negocios al capital internacional. Sin embargo, como se comentó un poco más arriba, en el caso de América Latina los precarios estados distan mucho de tener dicha capacidad de “competencia” con otros estados ya que no cuentan con un capitalismo desarrollado ni con la estructura productiva interna para una afirmación nacional en la economía global y en el sistema internacional de estados. Son estados sumamente débiles, carentes de una base de acumulación nacional fuerte, su economía ha sufrido procesos crecientes de erosión de su industria, de pérdida del patrimonio público; en lo institucional han visto perder sus pactos constitutivos nacionalistas y debilitarse sus mecanismos de cohesión de masas. Por ello los nuevos esta-

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dos políticos latinoamericanos transformados no compiten realmente. Su parodia de competencia es con minúsculas, luchan entre sí por ver quién hace mayor entrega de sus intereses al capital internacional y a la hegemonía del Estado de Estados Unidos, por ver quién entrega más subsidios a los inversionistas externos, por ver quién abarata más sus materias primas y su mano de obra y por ver quién se pliega más a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Como fue acuñado en una famosa frase de un ministro de economía de Argentina bajo uno de los gobiernos de Carlos Menem, pelean por ver qué país hace una entrega “carnal” mayor a Estados Unidos. En lugar de estados de competencia, en el caso de América Latina se trata de estados neoliberales rapaces. Además de lo anterior existe otra particularidad latinoamericana: en nuestros países se retiene poco excedente, se desperdician recursos, el gasto estatal es demasiado bajo y las instituciones son precarias en cuanto a su capacidad de aplicar y administrar la ley, estructurar la representación y la participación, mantener la legitimidad, todo lo cual atenta contra la estabilización del nuevo modelo neoliberal y genera continuas crisis políticas. Guillermo O’Donnell insistió ya en esto desde 1993, con respecto de Argentina, Brasil y Perú, al señalar que dichos países no han transitado hacia verdaderas democracias representativas, sino hacia democracias delegativas y estados autoritarios y clientelares, hoy día reestructurados con fachadas democrático liberales (O’Donnell, 1993). Los estados latinoamericanos, al adoptar las políticas concentradoras, restrictivas y eficientistas de los verdaderos estados de competencia, siendo en realidad estados rapaces, están creando problemas políticos graves y recurrentes. El propio Banco Mundial, en su informe de 1997 sobre el Estado (Banco Mundial, 1997) muestra su preocupación y desarrolla una argumentación encaminada a convencer de cuidar la eficacia y la capacidad del Estado, así como aboga cínicamente en contra de una interpretación dogmática del Estado mínimo que se desentiende de los problemas sociales, de la corrupción, de la arbitrariedad y del clientelismo.

LA PRECARIEDAD DE LAS INSTITUCIONES

Una característica central de los estados latinoamericanos ha sido la precariedad y volatilidad de sus instituciones. Se trata de estados con cerca de dos siglos de existencia –continuamente interrumpida– que han construido lentamente sus instituciones básicas: leyes, constituciones y reglamentaciones; una burocracia ejecutiva, ministerial, política, administrativa y recaudadora; parlamentos y cámaras; cortes de justicia y poder judicial; sistemas electorales y de representación; un ejército, policías, universidades, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, una economía interna y otras. Se trata de instituciones que significan un logro importante en la legitimidad del poder político nacional y en cuanto a la estabilidad política vía la canalización sociopolítica de la lucha de intereses.

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Desde inicios de siglo y durante el periodo de 1930 a 1975, los estados nacionales oligárquico modernizadores, desarrollistas, tanto populistas como propiamente burgueses, crearon instituciones sumamente importantes de organización y participación política, de educación pública, de sistemas de salud, de atención global al empleo, de transparencia administrativa, etc. Los regímenes de Yrigoyen en Argentina, Batlle en Uruguay y de parlamentarismo activo en Chile son iniciadores del proceso de creación de instituciones democráticas ciudadanas. Posteriormente, tanto ésos, como los nuevos regímenes populistas y nacional desarrollistas subordinaron y absorbieron a las instituciones y organizaciones sociales, creando también en América Latina el fenómeno de una integración de masas al Estado (Hirsch, 1996), que en el caso de América Latina tuvo carácter diverso según la particularidad nacional: democrática combinada con instituciones autoritarias en Chile, Uruguay y Costa Rica; populista y antidemocrática con base en el clientelismo, corporativismo, caciquismo, corrupción, en Argentina, Brasil, México, Perú, Panamá. Otros países no lograron dicha integración, lo que provocó la continuidad del predominio del terrorismo de Estado, la violencia, los grupos paramilitares, la exclusión social y las relaciones oligárquicas: el Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití, Paraguay. De 1958 a 1985 se entronizaron los estados de Contrainsurgencia, de tipo civil (Venezuela, México) o militar (Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay) que debilitaron o, en el caso de los regímenes militares, deshicieron los estados republicanos: cayeron por tierra diversas instituciones democrático populares –constituciones, sistemas políticos, sistemas electorales, sistemas judiciales, derechos ciudadanos, instituciones sociales, organizaciones populares, sindicatos, partidos, etc.–, revitalizaron e introdujeron instituciones y prácticas de carácter sumamente autoritarias en las cuales prevalecían viejas y nuevas formas de corrupción. Después de 1980, con el inicio del retorno a la democracia se recuperaron lentamente algunas de las instituciones históricas, empero acosadas por las maniobras reaccionarias de las viejas clases dominantes y el miedo ideológico al militarismo y autoritarismo de la época anterior. Después de 1982 se generaliza la reforma neoliberal del Estado, que elimina el capitalismo de Estado y exige el adelgazamiento vertiginoso del Estado, con lo cual se echan por la borda muchas de las expectativas de recuperar instituciones sociales y fortalecer instituciones nacionales y políticas. Se crean múltiples instituciones para viabilizar una rápida acumulación de capital: bolsas de valores, instituciones de crédito, reglamentaciones de comercio e inversiones, flexibilidad laboral, etcétera. La realidad del nuevo Estado neoliberal dependiente y subordinado plenamente instituido para el decenio de los noventa, es que se trata de un Estado sumamente precario, con instituciones sin continuidad ni estabilidad, con poca densidad sociocultural y política. De ahí que muchos gobiernos han preferido acompañar sus proyectos de reforma neoliberal de viejas o nuevas instituciones autoritaritarias de Estado para aplicar los proyectos de modernización y el Estado abandone su compromiso con la renovación y la defensa de viejas instituciones democráticas nacio-

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nales y sociales. Además, está la carencia estructural de recursos con los cuales sostener las instituciones, debido a la fuga de excedente por la vía del pago a la deuda externa y los subsidios al gran capital nativo y extranjero. No obstante los logros de la historia independiente de dos siglos y los extraordinarios esfuerzos de algunas élites políticas, partidos responsables, funcionarios honestos, grupos de militares y organizaciones de la sociedad civil por fortalecer las instituciones democráticas, hoy América Latina presenta una grave precariedad institucional. El hecho de que el retorno a las instituciones civiles y políticas democráticas se haya producido en estados bajo la creciente hegemonía de la fracción financiera rapaz del capital, aliada con otras fracciones sin compromiso nacional y popular, ha contribuido sustancialmente a la reaparición y extensión de instituciones y prácticas patrimonialistas, autoritarias, corruptas, corporativas, clientelistas, caudillistas, caciquiles; la falta de ética de la política neoliberal ha incrementado la idea de que todo es negocio, ya sea de carácter legal o ilegal. Nuevos grupos y mafias se han entronizado en los estados, creando una dinámica de incapacidad institucional y favoritismo hacia grupos legales e ilegales privados que cuentan con inmenso capital: grandes empresarios fraudulentos, financieros corruptos, propietarios monopolizadores de medios de comunicación, partidos y políticos mafiosos, sindicatos prebendalistas, narcotraficantes, contrabandistas de armas y mercancías, lavadores de dinero, traficantes de personas migrantes, etc. En conjunto estas mafias ilegales enferman la ética de lo público, ensucian a la sociedad, corrompen a la política y a los políticos y dominan una parte importante de la acumulación, así como del producto interno bruto. Así, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los ministerios económicos y sociales, el ejército y la policía, las instituciones nacionales, estatales y municipales de salud, seguridad, vivienda, educación, los partidos políticos, los sindicatos, los bancos y oficinas públicas y privadas, el sistema legal comercial, las cárceles, etc., están afectados por la precariedad institucional y están sujetos al abuso continuo de poder, al patrimonialismo y a la eventualidad de la corrupción. Si hubiese que argumentar con ejemplos, bastaría con constatar la cantidad innumerable de presidentes y hombres fuertes que han estado en la cúspide del poder y han sido llevados recientemente a juicio político o acusados públicamente: Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Noriega en Panamá, Salinas en México, Fujimori en el Perú, Menem en Argentina, Banzer en Bolivia, Ríos Mont en Guatemala, Antonio Carlos Magalhaes en Brasil, etc. Si ése es el caso de los responsables nacionales de las políticas del Estado, está claro que sus subordinados o responsables de menor nivel han podido actuar con mayor impunidad. En los estados centrales europeos o estadunidense se da una situación distinta. Existen múltiples instituciones nacionales, locales, sociales, económicas y políticas cuyo funcionamiento crea una funcionalidad reiterada y ese funcionamiento consigue la legitimidad, la credibilidad y la participación continua de la población incluso en los casos nacionales en que las políticas neoliberales han reducido los servicios y el gasto social: sistemas políticos, sistemas de servicio social, protección al desempleado, sistemas de educación y salud, actividad del poder judicial, etc., son

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una constante en los países desarrollados. Los graves y algunas veces recurrentes casos de corrupción institucional, de negociaciones ilegales o de abuso de poder no producen una desestabilización nacional y son apreciados por las mayorías silenciosas como excepciones que confirman la regla. Citemos por caso dos graves situaciones ocurridas en Estados Unidos: las cuestionadas últimas elecciones presidenciales irregulares que llevaron a Bush hijo al poder y la quiebra premeditada, fraudulenta y coludida con el poder del Estado de la mayor empresa de generación de electricidad, la Enron. En América Latina, la precariedad institucional impide una verdadera consolidación de la democracia. Es otro hoyo por el que se fugan el Estado de derecho, el sistema presidencialista equilibrado, el sistema de partidos, la legitimidad de la representación y la participación y por el que se desgastan las energías sociales. El resultado es normalmente el periódico estallido de crisis políticas profundas y recurrentes que merman la credibilidad y la confianza de la sociedad en el régimen democrático y en las propias instituciones.

LAS POLÍTICAS DE GOBERNABILIDAD

Con las naturales diferencias entre los países, el propósito central del Estado neoliberal latinoamericano no es ya la obtención hegemónica de una adhesión de mediano o largo plazo a su proyecto ni una mediación política real de intereses, precisamente por el carácter excesivamente concentrador, excluyente, patrimonialista y rapaz que ha adquirido el capitalismo en América Latina. Su objetivo no es obtener el consenso mayoritario a sus políticas, sino canalizar el descontento social hacia llamados artificiales de nacionalismo o a legitimar un asistencialismo abstracto hacia asuntos de manipulación de masas, en fin, al control ideológico, político, electoral y policial de corto plazo de la población frente a los efectos de la nueva orientación y las nuevas políticas económicas y sociales del Estado. En tanto receptor inevitable de las demandas, luchas y fuerza de los dominados, el Estado se ha desfigurado, se ha distanciado de éstos, en pos de cumplir con sus objetivos de dominio neooligárquico y con los compromisos internacionales con la acumulación privada. Esto ha dado lugar a políticas y a pactos conservadores entre las élites, que adoptan una cerrazón prolongada ante las demandas de sectores medios, de pequeños empresarios agobiados por las deudas y la falta de apoyos y ante los reclamos de trabajadores sobrexplotados, precarizados, de desempleados y jubilados o de los campesinos pauperizados y relegados. El poder neoliberal, en general, se ha opuesto a la consulta pública verdadera, a la reforma política democrática, a la inclusión y la participación política. Se ha olvidado y opuesto a la atención efectiva, estructural, a la pobreza por medio de proyectos de desarrollo y empleo. En el horizonte político de la élite dominante en lugar del consenso y de la atención a demandas sociales, se ha privile-

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giado la ingeniería electoral y la manipulación de los medios de comunicación para mantener la imagen de un Estado democrático y liberal y se ha concentrado su gobernabilidad en la llamada “política espectáculo”, en la que los ciudadanos no deciden, aun cuando participen, lo que lleva al desprecio estatal de las demandas y a luchas de sectores nacionales y populares. La política de la globalización tiende por ello a generar crisis políticas recurrentes en los débiles estados de formaciones nacionales como las latinoamericanas, en crisis estructural interna debido a la propia evolución del capitalismo dependiente (Marini, 1993; Vuskovic, 1990). Los actuales primeros años del siglo XXI son intensos escenarios de resistencia social a la globalización y de conflictos sociopolíticos de gran magnitud en los países como Argentina, Bolivia, Ecuador, etc., además de que han concitado manifestaciones multitudinarias en Brasil. Por su parte, las políticas hacia América Latina de los estados hegemónicos, fuertes y dominantes, presionan para, en primer lugar, promover y apoyar el rompimiento en los países de la región latinoamericana de los viejos pactos populistas o nacional desarrollistas que hubieron establecido compromisos internos de nación y de clases. De acuerdo con esta nueva política no hay ya lugar para un proyecto propio de nación de nuestros países, que incluya soluciones propias para los grandes problemas nacionales y sociales, por el contrario se desarrollan las políticas de descrédito interesado a las instituciones públicas nacionales de educación, salud, vivienda y seguridad social, como también el rechazo al reformismo obrero nacional y el deterioro de las instituciones nacionalistas o desarrollistas. Todo eso se acompaña por una presión para reducir aún más la sustentación social y política interna de la soberanía nacional y la función de regulación de la economía por el Estado. Ya no se considera importante la existencia de pactos políticos nacionalistas o de clases que sostengan el Estado sobre la base de políticas distributivas que sean algo más que el crecimiento de corto plazo. Las políticas que buscan viabilizar los grupos dominantes son pactos de coincidencia neoliberal. La política es de subordinación a la acumulación transnacional, al pago del servicio de la deuda externa, al equilibrio de las balanzas comerciales y de pagos. Prevalecen, por lo mismo, los intereses de los grandes financieros, de las oligarquías internas, de las grandes burguesías nativas y de las burguesías transnacionales. En segundo lugar, se ha llevado a cabo una reforma interna del Estado para sustituir las políticas de desarrollo nacional y social por otras que priorizan el crecimiento y la acumulación transnacional. De acuerdo con esta política, el Estado reformado debe garantizar todo un programa de liberalización y privatización de la economía y de subsidios al gran capital, junto a la privatización de los espacios públicos, el empequeñecimiento de la esfera de lo público y la abertura a nuevas formas de negociación con sectores privados de la sociedad civil. Esta reforma del Estado busca sustituir lo que resta del proteccionismo, del intervencionismo y de la regulación del Estado, por la nueva (des)regulación de la economía y de la sociedad, efectuada por los oligopolios nacionales y transnacionales. Con ello, son los sectores financieros y sus aliados burocráticos internos los que adquieren la su-

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premacía en las decisiones, asumen la dirección de la reforma del Estado, cuentan con líneas de crédito internacional abiertas para sus políticas de aliento y subsidio al gran capital transnacional y restrictivas ante el capital productivo interno y las necesidades y demandas sociales de la población. Son los sectores financieros hegemónicos los que han impuesto una política de ajuste monetarista y de ajuste estructural sobre la base de la libre actividad del capital financiero volátil, de los enclaves exportadores, del tope salarial, del despido masivo de burócratas y del recorte abrupto del gasto público. La subordinación obligada y la aceptación interna de las élites políticas y financieras dominantes llevó a que la globalización dejase de ser solamente una política de los estados centrales para ser una orientación asumida internamente por los dirigentes de nuestros estados. De hecho, se ventiló internamente como un resultado de decisiones y responsabilidades internas. Chile, bajo Pinochet y con la administración de los “Chicago Boys”, fue el primer país latinoamericano en llevar a cabo esta política. Después la dictadura de Videla en Argentina siguió por el mismo camino a partir de 1976. Con la democratización política, los nuevos equipos gobernantes de Chile, Argentina, Brasil y Bolivia pasaron a estar dominados por las nuevas oligarquías financieras y se volcaron a consolidar las reformas dichas. Sus nuevas funciones han entrado en contradicción con los elementos históricos anteriores en los cuales el Estado latinoamericano desarrolló parcialmente políticas de inclusión y cohesión social, propios del Estado nacional desarrollista, derivados del compromiso con la acumulación nacional, la ampliación creciente del mercado interno, la integración nacional, el proteccionismo industrial y el desarrollo de políticas asistenciales amplias. Las nuevas políticas del Estado neoliberal dependiente van más allá del objetivo aparente de crear las condiciones internas para que nuestras economías superen las crisis fiscales, participen con nuevas bases en la competencia del mercado mundial, muestren sus ventajas comparativas y se modernicen para tener acceso permanente y verdadero en dicho mercado mundial. La modificación va más allá: fortalece el carácter de dominio unilateral del capital financiero (Hirsh, 1996). En términos abstractos, se trata de una modificación general en la relación del capital a favor de los capitalistas transnacionales (Holloway, 1984); en términos sociales concretos, se desvanece el carácter inclusivo y regulador del Estado nacional y se somete el capital productivo al capital especulativo transnacional (Sader, 1996; Borón, 1997; Oliver, 1998).

EL DETERIORO DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRA REGIÓN. CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN POPULAR

En el ámbito de los sistemas políticos, de la actividad de los partidos políticos, del funcionamiento de las instituciones parlamentarias y de la dinámica de la re-

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presentación y participación política partidaria, el retorno a la institucionalidad democrática que se produjo desde la mitad de los años ochenta del siglo XX, ha enriquecido de una manera totalmente nueva la vida democrática de América Latina: se ha producido una reafirmación de los principios republicanos de separación de poderes y del Estado de derecho; se han consolidado las libertades de organización, expresión y participación; existen avances en la ciudadanía política; hay una consolidación de sistemas electorales legítimos y se está abriendo paso una nueva conciencia de los derechos humanos, ambientales y de minorías. Sin embargo, en América Latina, ese enriquecimiento democrático se ve dificultado –por la ausencia de instituciones– y recurrentemente se ve amenazado por la falta de incidencia social real de las mayorías en las orientaciones de la representación política institucional y en las políticas económicas y sociales de los nuevos estados neoliberales. El propio debate parlamentario, en general, no incluye proyectos populares, lo cual genera un decaimiento del interés de las mayorías por las luchas y la dinámica de los partidos e instituciones parlamentarias y un peligroso distanciamiento de la política. En Europa, acontece algo incluso más grave dentro de los estados neoliberales de competencia. Hirsch ha llamado a esto “ahuecamiento de la democracia” bajo instituciones fuertes (Hirsch, 1996). En América Latina, el fenómeno se presenta como falta de instituciones, divorcio entre ciudadanía social, representación institucional y decisiones básicas de los estados, lo cual genera una tensión continua que debilita la legitimidad del Estado, condiciona y deforma las políticas de la gobernabilidad para acentuar su función de control social en menoscabo del necesario fortalecimiento institucional. El fenómeno de fragilización y vaciamiento de la democracia, lleva a la recurrencia de crisis políticas de representación y legitimación. En ese contexto, han surgido casos de anarquismo social o fenómenos de neopopulismo de derecha que procuran aprovechar ese deterioro de la democracia. El más relevante es, evidentemente, el del ex presidente Fujimori de Perú. Dominado por militares y paramilitares ultraconservadores y obsesionados por aniquilar el movimiento de Sendero Luminoso, reelecto dos veces y bajo cuestionamiento constante de la población, éste protagonizó al año de su mandato un golpe de Estado restrictivo de los derechos y de la representación y llevó a cabo políticas neopopulistas y de neocorporativismo para movilizar a las masas marginales y oprimidas en función de sus intereses restringidos contra los enemigos nacionales (los partidos y movimientos sociales o políticos de izquierda y de ultraizquierda). En contraposición a lo anterior, la crisis de representación y participación en América Latina está creando experiencias relevantes de autoorganización y de recuperación de lo social y lo público por las organizaciones sociales y políticas progresistas. Son nuevas formas de lo público no estatal, con participación popular, es decir, una forma especial, popular y no subordinada de recuperar una idea conservadora y mediatizadora, propuesta demagógicamente por las élites de los estados reformados (Bresser, 1998).

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La democracia política latinoamericana se está transformando y debilitando bajo la presión del poder financiero nacional y del dominio de los estados hegemónicos, para pasar a ser vehículo predilecto de la globalización en curso. Gran parte de las figuras públicas, los partidos, sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil tienden a transformarse también en organizaciones que defienden los programas y proyectos neoliberales dominantes, sobre la base de un realismo político de lograr lo posible, pero en abierta oposición con las reivindicaciones sociales mayoritarias y con una profundización de la democracia. Este deterioro de la democracia hace que las mediaciones políticas se empobrezcan y se abra paso el retorno de viejas prácticas autoritarias y de violencia del Estado. Adquieren nuevo papel político viejas instituciones de un discurso represivo y autoritario, de llamado a mantener el orden, tales como los militares y las iglesias conservadores. De esta manera, el rápido deterioro de la democracia está vinculado a la nueva estructura y funciones del Estado neoliberal, así como al predominio de nuevos principios del poder: empequeñecimiento del Estado nacional y debilitamiento de su soberanía, predominio de los grupos financieros sobre las determinaciones de la política económica, poder excluyente de los grupos económicos dominantes, separación entre política y economía y desvanecimento de la identidad de los trabajadores.

CANDADOS Y PUERTAS DE LA DEMOCRACIA

En esta democracia de nuevas oligarquías financieras, los partidos políticos tienen un sinnúmero de condicionamientos institucionales que les impiden realizar la crítica de la política neoliberal y diferenciarse de las políticas básicas del Estado rapaz y negociante. En Europa, un fenómeno parecido provoca que en la perspectiva de cada vez más intelectuales de la izquierda, debería hacerse política solamente por fuera de las instituciones, dado que dentro de éstas ya no hay márgenes para realizar una política distinta (Hirsch, 2000). Tendríamos que preguntarnos ¿por qué en América Latina los partidos políticos parlamentarios populares de oposición se someten a los dictados de la fracción financiera y cada vez más enmarcan sus políticas en la continuidad del patrón neoliberal de acumulación y bajo el predominio de una política burocrática y autonomizada del poder? En general, existe una respuesta a ello en los diversos mecanismos de cooptación política que en una época de empobrecimiento y exclusión hacen de la sociedad política un ámbito de especialistas beneficiados por el sistema. Además está la cuestión de la crisis de las utopías, la aparente ausencia de alternativas y la intensa difusión del pragmatismo y el pesimismo. No obstante aquello, la democracia está ahí, ante nuestros ojos, con toda su gama de libertades y posibilidades; y los partidos, la ciudadanía y las mayorías la

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utilizan, en gran parte, para apoyar a los verdugos de la democracia. Buena parte de las tendencias electorales triunfantes en América Latina están con los partidos conservadores neoliberales: los socialdemócratas en Brasil, Banzer en Bolivia, Fujimori y Toledo en Perú, Fox en México, Ríos Mont en Guatemala. Cabe entonces la pregunta: ¿por qué los pueblos apoyan los proyectos conservadores? ¿Ha llegado a tanto el dirigismo mediático y la introyección del miedo a lo nuevo y a lo radical que les resulta mejor apoyar su propia desgracia? James Petras sostiene que la explicación está en la manipulación que el poder hace de diferentes mecanismos, en especial de los “medios” y la ingeniería electoral (Petras, 2000). Se trata de una enajenación de masas, en la medida en que una vez electos por esa vía los candidatos conservadores, las masas proceden a rebelarse ante las políticas reales aplicadas por los gobiernos. Esa rebelión no va muy lejos por su carácter espontáneo y no programático. Parece entonces que el problema para completar la transición hacia la democracia popular es desmontar los candados a la plena actividad independiente de las clases y grupos sociales populares. El problema, por consiguiente, no es otra democracia ideal, sino más democracia. Existe una red de factores que hacen de la democracia un juego formal, le vacían su contenido popular y le impiden ser reflejo de la generalizada crítica social a un neoliberalismo concentrador y excluyente: condicionamientos financieros externos, estructuras y mecanismos elitistas internos de poder, concentración burocrática y autoritaria de decisiones, separación entre economía y política, ingeniería electoral, enajenación neoliberal de partidos, privatización de lo público, despolitización de la ciudadanía: todo eso hace de la democracia un juego difícil para los intereses populares. La salida está en que los movimientos políticos desmonten esa compleja red que atrapa a la democracia. Los casos brasileño y mexicano son sumamente interesantes en ese sentido: la crítica de los candados y de la red que bloquea a la democracia vino desde fuera. Los Movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México y de los Sin Tierra en Brasil, están fuera de las instituciones y tuvieron la distancia para criticar la red y levantar la esperanza. Pero no han tenido la fuerza para desmontar la red, impulsar una nueva concepción de lo público, recuperar la participación ciudadana y obligar a los partidos políticos a legitimarse ante el movimiento ciudadano y social.

LA REFORMA DEMOCRÁTICA LA DEMOCRACIA

Las alternativas actuales de profundización democrática tienen ante sí la necesidad de revertir las tendencias mencionadas. La experiencia muestra que la crítica radical proviene de fuera de las instituciones formales existentes, aun cuando la profundización del camino democrático tenga que realizarse la mayoría de las veces dentro de las mismas.

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Es necesaria una reforma política democrática del Estado que ponga en cuestión y reduzca la autonomización y concentración actual del poder, que permanece en las manos de las tecnocracias financieras neoliberales del Estado. Una reforma que reivindique la soberanía nacional en función de políticas populares de integración regional y que libere a los partidos del dominio mediático y de la ingeniería electoral, que destruya instituciones autoritarias y caducas y construya nuevas instituciones cuidadas por los ciudadanos. Esta reforma política pasa por varios aspectos de transformación de la sociedad política, de la relación entre Estado y sociedad civil, de las propias instituciones y de la misma sociedad civil. En primer lugar, implica una auténtica separación de poderes y que prevalezca un real Estado de derecho; que los órganos parlamentarios y judiciales tengan la capacidad de conocer y controlar la elaboración y aplicación de las leyes, los presupuestos y las determinaciones económicas con plena independencia de los presidentes y sus ministros. Es necesario establecer políticas nacionales de Estado para los medios de comunicación, que se definan derechos sociales ante la información y las decisiones políticas. Para eso el parlamento ha de asumirse como el órgano representativo principal, incluso más allá del ejecutivo, lo cual implica un alto desarrollo de la sociedad civil. Esto es algo muy distinto a la pretensión de los gobiernos neoliberales de promover la reelección de los legisladores para asegurar la continuidad de sus políticas. Implica también que la elección de los legisladores se produzca sobre la base de la conquista de lo público por parte de la sociedad, de forma tal que los parlamentarios no sean resultado de los acuerdos cupulares de partidos, sino una real reivindicación del papel público de los legisladores de cara a la sociedad. En segundo lugar, una reforma democrática radical conlleva una transformación de las actuales bases del sistema de partidos. Es necesario que los partidos sean entidades de la sociedad civil y no del Estado o de grupos privados de poder, es decir, se requiere una reforma para que el propio Estado obligue a los partidos a efectuar su actividad política dentro de la sociedad y para la sociedad (plebiscitos, consultas, financiamiento bajo control social, etc.). Eso permitirá el surgimiento de un programa fuera de la globalización estatal conservadora y para una mundialización alternativa, así como la alianza entre movimientos sociales radicales y partidos políticos institucionales. En tercer lugar, es imprescindible que los ciudadanos, las colectividades y los movimientos adquieran el derecho a hacer política, en colaboración con, y(o) en sustitución de los partidos. Los movimientos y los ciudadanos tienen potencialidad de influir en el Estado y son correctores de los partidos. No se trata de la política de ciudadanos cautivos de parlamentares, serviles a la política espectáculo, alejados de un programa global y preocupados sólo de sus intereses particulares. Se trata de un movimiento de acción ciudadana reivindicadora de lo público. En cuarto lugar, es importante el desarrollo del ámbito público no estatal, sino societal, para que la sociedad pueda tener acceso directo a las instituciones y

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mecanismos de decisión de asuntos públicos: consejos participativos de decisión presupuestal, consejos directivos de empresas e instituciones públicas y municipales que, a la vez, no sean estatales, sino societales (con participación de entidades de localidad, de barrio, de agrupaciones sociales). También es urgente crear condiciones para que la sociedad civil incida en la valoración y revocación de funcionarios públicos de alto nivel, y cree la capacidad para emitir opiniones sobre políticas sustanciales, a través de consultas, referéndum y plebiscitos legítimos. En quinto lugar, es indispensable que los recursos públicos y la capacidad de decidir sobre ellos estén distribuidos en la sociedad misma, por medio de porcentajes del gasto estatal, asignados a instancias descentralizadas o federalistas de administración y poder local. En la realidad, la profundización de la democracia en América Latina implica tanto una reforma política democrática como la señalada, como que el Estado acepte que la sociedad se autoorganice libremente y administre recursos públicos de forma autónoma, por ejemplo, en las universidades públicas, las casas de cultura de los barrios, las organizaciones de profesionales, en los proyectos científicos y artísticos, en las organizaciones de trabajadores. Uno de los mayores obstáculos a la democracia que interpone el propio poder político actual en América Latina está en que el aparato del Estado se considera con derecho a determinar y a juzgar a la sociedad civil en sus decisiones, funcionamiento y en su propia organización política y social. Es el Estado el que determina las condiciones para reconocer y ejercer su función a los candidatos, partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y de barrios. La respuesta de la sociedad (Argentina, 2002) ha sido, por lo tanto, el rechazo global a todo lo político y a los políticos, cuando, en realidad, se trata de que esa energía crítica se canalice hacia una reivindicación de lo público y comunitario frente a la privatización que de la política han hecho las oligarquías. En sexto lugar, se hace esencial introducir constitucionalmente el derecho al trabajo y obligar a establecer una política económica que se comprometa a la eliminación del desempleo e impulse una política de elevación de la productividad nacional a partir de la superación real de los patrones de educación y desarrollo científico técnico de los trabajadores y de las empresas. En séptimo lugar, la profundización de la democracia en el subcontinente exige establecer lazos de solidaridad entre los movimientos sociales de la región y entre éstos y los del mundo entero, con el objetivo de crear un frente único de defensa democrática y lucha compartida. El Estado no debería ser quien estableciese los contenidos y los límites de la solidaridad internacional. Resolver las contradicciones de la democracia conlleva romper los actuales candados para que la sociedad incida en las decisiones públicas fundamentales y se abra espacio para su desarrollo pleno sin la tutela del Estado. El desarrollo de la sociedad civil es un desarrollo político, o sea, implica entender que aun cuando está sujeto a la lucha entre distintas hegemonías y distintos grupos sociales, puede organizarse para influir en distintos ámbitos de la vida social. Para el

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sector popular la noción tiene una veta de autonomización y afirmación creciente de un proyecto popular. La resistencia al neoliberalismo hoy en día se hace principalmente sobre la base de la defensa de lo local: de la economía del lugar, de las instituciones, valores y costumbres locales, lo cual permite una afirmación y una identidad, pero no crea alternativas para una globalización incluyente ni para una unión regional, nacional o internacional de fuerzas. Por otro lado, hay una veta reiterada de resistencia en la defensa de las viejas instituciones históricas del Estado nacional popular, en las cuales los nuevos excluidos y dominados desenvuelven sus viejas políticas de oposición, algunas veces explosivas y de corto plazo. Aquí, el problema es que las instituciones del Estado nacional desarrollistas, vinculadas a complejos procesos de acumulación y de reproducción social y política de viejos pactos sociales, buena parte de las veces, son instituciones corrompidas o inadecuadas para enfrentar los nuevos procesos (un ejemplo claro son los sindicatos oficialistas que usufructuan prebendas y corrupción frente al conjunto de los trabajadores). Aún no se hace la crítica popular de las viejas instituciones nacional populares. Por otra parte, no es un hecho común la articulación entre los nuevos movimientos sociales y las políticas institucionales de los partidos políticos de oposición al capitalismo neoliberal y la sociedad civil aún está controlada, cooptada o dirigida por los órganos estatales o por las fuerzas empresariales. No obstante, todo indica que es ahí, en ese cruce entre movimientos sociales radicales y partidos institucionales de oposición, donde se gestan los elementos que llevarán a construir un programa de reforma democrática del Estado, alternativas de reforma radical de la sociedad civil, de desestructuración del poder político y de propuestas de estructuras distintas de Estado republicano y popular, que impliquen la recuperación de lo público, la profundización de la democracia y el desarrollo social.

LAS RESISTENCIAS DE LOS ACTORES INTERNOS

En otras latitudes –particularmente en los países de extremo Oriente considerados los tigres asiáticos– hubo resistencia de los estados, de los empresarios y de las clases trabajadoras ante la ofensiva globalizadora (González Casanova, 1995 –el orden mundial actual). En el extremo Occidente, en América Latina, por el contrario, la capacidad de los estados para sostener una política autónoma y resistir a dicha ofensiva ya estaba deshecha por diversos factores acumulados: la dependencia económica y financiera, la corrupción y la quiebra de los proyectos nacionales y populares, la penetración capitalista de las compañías estadunidenses de los años sesenta y setenta, la derrota política del nacionalismo, la pérdida de fuerza política del mediano y pequeño empresariado y de los trabajado-

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res organizados, la corrupción sindical, las persecuciones que los estados de contrainsurgencia, tanto civiles como militares, hicieron a la izquierda, las clases medias y las clases trabajadoras y, por último, el derrumbe de las ideas y los proyectos socialistas. Fue en Venezuela donde la resistencia de la población a las políticas globalizadoras de Carlos Andrés Pérez llevó a la caída de la partidocracia y a la procuración de nuevos patrones de desarrollo en la mundialización, con resultados hoy aún imprevisibles. Otro caso particular ha sido la resistencia de Cuba para asumir la globalización, tal como la propone Estados Unidos. En el país insular la definición política socialista preexistente permitió un margen de acción del Estado ante tales políticas. Sin embargo, tanto Venezuela como Cuba tuvieron que adoptar parcialmente medidas del programa neoliberal. La gran contradicción interna actual de los nuevos estados latinoamericanos es que las contrarreformas neoliberales que han impulsado bajo la globalización no han consolidado las formas autoritarias en que se apoyan. Por el contrario, en muchos países han llevado a un incremento de la lucha popular por la democracia política, lo que obligó a abrir formas de inclusión política y políticas de atención, aunque sea mínima, a los problemas que genera el aumento geométrico de la pobreza.

LA REFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La nueva dominación ideológica del Estado neoliberal latinoamericano ha tenido características notablemente abarcadoras. Durante los dos últimos decenios generó el convencimiento en el ambiente intelectual, en la sociedad política, en los partidos, los sindicatos, las academias y las organizaciones sociales de América Latina, de que las políticas neoliberales tenían un carácter inevitable, que no existían opciones ni alternativas para otras políticas (Hasam, 2000). Este fenómeno se ha caracterizado en Europa como la nueva dominación del pensamiento único. Por lo demás, dicho pensamiento ha sido desde siempre casi una religión en Estados Unidos, donde prevalecen desde su fundación los principios de competencia liberal en condiciones de acumulación, créditos, dinamismo en el comercio, de los que América Latina carece. En Latinoamérica, la ideología neoliberal se ha impuesto más pragmáticamente por la vía de la decisión de las élites políticas dominantes y de la burocracia del Estado, apoyadas por la propaganda inducida de los medios de comunicación. El pensamiento neoliberal fue llevado a la cúspide del pensamiento político por medio del postulado de Francis Fukuyama sobre el triunfo definitivo de la economía de mercado y de la democracia liberal representativa (Fukuyama, 1993). De manera similar, nuestros liberales locales han argumentado sobre la inevitable inserción subordinada de nuestras economías en la mundialización

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del capital, la consecuente y necesaria disminución de la soberanía del Estado nación y sobre las virtudes de la competencia desigual. Nunca antes en la historia reciente de Latinoamérica se había presentado un convencimiento tan generalizado de que no existe nada alternativo a los dictados de los estados centrales dominantes (o Grupo de los Siete más uno), a las estrategias de las élites transnacionales y a las recomendaciones de los organismos financieros mundiales (Fiori, 1993). Sólo en los dos últimos años se ha visto una luz en las reuniones de miles de asistentes a los foros sociales mundiales de la ciudad brasileña de Porto Alegre, en los cuales se ha abierto espacio para imaginar una mundialización distinta, donde puedan prevalecer políticas universales de desarrollo social y nacional y nuevas soluciones a los problemas acuciantes de dependencia, subordinación, pobreza, desempleo y exclusión. Apenas los intelectuales de América Latina acabaron de alabar la disminución del papel del Estado como un hecho histórico positivo en la región (por lo menos en cuanto a la disminución del deformado crecimiento burocrático, al combate a la corrupción en las empresas estatales y en cuanto aparato inhibidor de la iniciativa económica, política y social, individual y colectiva) cuando se hizo evidente que en su lugar no se abrió paso una matriz cuyo eje fuese la sociedad (Calderón y De los Santos, 1994). Con la experiencia de la contrarreforma del Estado la verdadera matriz que se ha impuesto tiene marcado carácter mercadocéntrico (Ianni, 1998). Esto es: ha prevalecido un dominio del poder económico junto a una regulación oligopólica, en sustitución de la regulación estatal. Con ello se abre paso franco a la dirección de quienes tienen el poder en el mercado, es decir, al poder de los grupos y las grandes firmas capitalistas y financieras. Este pragmatismo neoliberal dominante no es consecuencia de experiencias positivas de la sociedad, es resultado de una política del Estado y se asienta en la falta de resistencias ideológicas y políticas de los sectores progresistas y populares, bajo la influencia de la derrota de las utopías que acompañó a la crisis de los estados desarrollistas, a la quiebra del socialismo de Estado y al asombro de masas ante el dinamismo de la economía digital. Por parte de los estados este pragmatismo se afirma en el supuesto inicio de un nuevo ciclo económico capitalista mundial basado en las nuevas tecnologia y en las redes informáticas globalizadas, pero también del complejo militar industrial estadunidense. En el fondo de esta dominación neoliberal tan abarcadora, existe un derrumbe ideológico del nacionalismo y el pensamiento progresista popular latinoamericano (González Casanova, 1996): los estados nacionalistas y las clases trabajadoras perdieron sus herramientas políticas tradicionales, su cohesión interna y su proyecto político de cambios. El éxito de los nuevos movimientos sociales particularistas avanzó en menoscabo de los viejos proyectos nacionales de reforma y de los sujetos de la transformación social alternativa. Las clases trabajadoras productivas siguen generando las riquezas básicas de la sociedad, sin embargo, han perdido su anterior capacidad de enarbolar y dirigir proyectos de reforma nacional y mundial. El socialismo fue derrotado por su identidad con el

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estatismo burocrático autocrático del extinto bloque comunista y la clase obrera fue derrotada por la sumisión a las organizaciones políticas y sindicales burocráticas, clientelares y a las nomenclaturas socialistas. Lo alentador es que en estos dos decenios se ha abierto paso un pluralismo de la sociedad civil que reivindica otra concepción de lo nacional, lo popular y lo local, que atiende a incluir la diversidad. Solamente reconociendo la derrota, hurgando en sus causas aparentes y profundas, recuperando las experiencias y analizando las nuevas condiciones, se podrá reconstruir un movimiento crítico del capitalismo actual tan poderoso y de tan amplias miras como fue el socialismo. Un aspecto que tendrá que cambiar es la idea de que la clase trabajadora es tan sólo mano de obra productiva sectaria o vanguardia iluminada de por sí, para poner en su lugar la entidad productiva que es también y ante todo una entidad sociocultural en construcción permanente, capaz de dirigir el proceso productivo moderno e incluir a todos los actores populares en la política moderna. Hay una alternativa al neoliberalismo en el desarrollo de los nuevos movimientos sociales y en las sociedades de redes, que han surgido por doquier en los países de la región, así como en los avances concretos de experiencias de democracia popular o participativa dirigidas por algunos partidos de centro y de izquierda. En lo concerniente a las relaciones entre el nuevo Estado capitalista neoliberal y la sociedad civil, cabe señalar que junto al empequeñecimiento del Estado se ha estado produciendo un complejo proceso de desestatización de la sociedad civil, manifiesto en la pérdida de vigencia de la integración de masas al Estado y de los pactos corporativos y de seguridad social que ataban a sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias a la mediación del Estado. Esta desestatización ha liberado a la sociedad de las ataduras de estados omnipresentes, pero también ha estado acompañada de nuevos fenómenos de exclusión y marginalización social (eso en el caso de los estados que en el pasado tuvieron logros significativos y reales con las políticas de capitalismo de Estado y de bienestar relativo, como Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Panamá, Costa Rica y parcialmente Brasil). De esta manera, producto de las políticas de reducción del Estado y de la debilidad creciente de todo su aparato corporativo, clientelar e integrador anterior, resalta un hecho positivo: la recuperación potencial de la autonomía de la sociedad civil. Aun cuando esa nueva posibilidad de autonomía se da en un contexto de creciente pérdida de derechos sociales y económicos universales. En la sociedad civil continuamente se generan nuevos y diversos movimientos sociales, algunos, que para el poder, resultan ultrarradicales, amenazan la gobernabilidad autoritaria del Estado y plantean reivindicaciones sociales, regionales y nacionales, incluso basadas en las propias constituciones de los estados vigentes, demandas que los nuevos estados neoliberales y subordinados difícilmente pueden resolver (el movimiento indígena en Ecuador, el de los jubilados y desempleados en Argentina, el Movimiento de los trabajadores Sin Tierra en Brasil, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento de los Cocaleros en Bolivia, por ejemplo). Esto hace que el Estado busque otras formas,

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neopopulistas, de controlar y de incidir en las nuevas expresiones de la sociedad civil: asistencialismo, violencia, corrupción, control, prebendas, subordinación, formas de carácter neopopulista. La recién surgida libertad de la sociedad civil podría derivar, empero, en una sociedad civil no integrada en sí misma, sino controlada desde fuera por el Estado. Como señalamos arriba, para evitar esto, las sociedades tendrían que avanzar hacia una nueva reforma del Estado y de la propia sociedad civil, bajo nuevas reglas y prácticas sociales que permitan la transformación de la actual sociedad civil en una nueva, capaz de liberar las energías sociales, de desenvolver la organización social desde abajo, de crear sus propias instituciones democráticas y solidarias y de producir nuevas prácticas políticas de democracia popular.

LAS ALTERNATIVAS

Pensar en las alternativas a la situación actual del poder y la política implica, primero, plantear con claridad las contradicciones del patrón actual de desarrollo con pobreza, comprender las nuevas formas de explotación y opresión de las poblaciones trabajadoras y de las naciones por el capitalismo mundializado, discernir el carácter, los límites y las consecuencias de los cambios estructurales profundos que la nueva época proyecta. En particular, conlleva desmitificar el Estado y esclarecer su nuevo papel y funciones bajo la mundialización del capital. En segundo término, la cuestión de las alternativas involucra un convencimiento: que la solución no está sólo en un buen programa de propuestas de cambio que incluya un nuevo Estado con responsabilidades estratégicas y nacionales, una política que atienda al empleo y que combata realmente a la pobreza, una eliminación de los subsidios al capital transnacional. La verdadera alternativa está en sacar del poder a la fracción financiera hoy hegemónica y crear las condiciones sociales y políticas para generar de nuevo lo público y, en cierto sentido, incluso lo partidario, como un poder popular distinto, bajo la hegemonía de la sociedad civil popular reorganizada, independiente y con plenos derechos a decidir los asuntos del Estado y las condiciones nacionales y sociales de participación en la actual mundialización. En tanto se definen objetivos políticos propios para coparticipar o para crear alternativas en la reestructuración capitalista y en la mundialización, los trabajadores tienen ante sí la obligación de reivindicar el valor de lo público y luchar por los viejos y nuevos derechos y deberes en la reestructuración mundial. Entre los que están, en primera instancia, la decisión radical de que la sociedad civil organizada localmente se articule a nivel nacional para reivindicar lo público y definirlo. Si el Estado es siempre una correlación de fuerzas sociales, es fundamental el trabajo para desplazar del poder a la fuerza oligárquico financiera e imponer la fuerza de la sociedad popular en una recuperación de lo público: las

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decisiones de todos bajo una hegemonía popular, la ciudadanización creciente de las decisiones por medio de la reorganización de una sociedad civil popular actuante y limitante de la autonomía burocrática. La actualización y la ratificación del derecho al trabajo, el derecho a la identidad, el derecho a la educación y la calificación, el derecho a la existencia de minorías y a la autonomía de las etnias. Para eso, los trabajadores tendrán que entender y coparticipar –manteniendo su independencia– de las transformaciones del capitalismo y de los medios de renovación científica, técnica, informática y social, sustituir las perspectivas e intereses de los estados centrales y de las firmas capitalistas transnacionalizadas, por los propios que se derivan de las necesidades de nuestra región, sin dejar de reconocer los aportes posibles en aspectos específicos. Eso, en América Latina, implica poner atención en una inédita reforma política del Estado, generar un proyecto nacional avanzado para incidir en la mundialización, para crear la democracia popular y hacer avanzar una nueva sociedad civil. Significa, asimismo, el desarrollo de una nueva fuerza social específica dirigente, basada en una gran alianza nacional y popular y dirigida por los trabajadores calificados en conjunción con los diversos movimientos sociales emergentes.

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GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSNACIONALES: UNA (DES)CONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA LATINA RINA MUSSALI GALANTE*

INTRODUCCIÓN

El contexto internacional de fin de siglo, avizoró la presencia de un mundo completamente distinto, que rebasó el pasado escenario imperante desde la segunda posguerra mundial. Hoy somos testigos de la aparición de un nuevo entorno, caracterizado por una serie de cambios impulsados por el fenómeno multidimensional y simultáneo de la globalización, proceso que toca a cada país y región del mundo. Tras el fin de la guerra fría y el deshielo bipolar, este proceso intenso de transformaciones económicas y políticas ha ocasionado un fuerte impacto en el equilibrio del poder entre naciones, en los intereses y posiciones de las regiones, así como en la forma de interrelacionarse entre éstas. Bajo estas condiciones del poder mundial, aparecen nuevos actores hegemónicos de la globalización que se conjugan en una alianza dominante conformada por las entidades transnacionales y locales de poder. Con un proyecto conjunto y mediante una forma asociada, las primeras tienen como tarea fundamental, exportar una estrategia a todos los países por igual, que no reconozca distingos ni especificidades para crear nuevas políticas y dar paso a una serie de reformas estructurales e institucionales, a fin de favorecer la acumulación transnacional del capital. Por su parte, las entidades locales de poder, deben trabajar internamente para transmitir y adentrar dichas políticas, en sus respectivas estructuras económicas, políticas, sociales y jurídicas con el objeto de readecuarlas a las nuevas condiciones que impone la reestructuración actual. Desde este punto de vista, el presente artículo surge con la idea de examinar el problema de la internacionalización de las políticas públicas a partir de los dictados que imponen las entidades transnacionales de poder a los países ubicados al sur de América, principalmente a las economías emergentes del continente. El interés radica en llamar la atención de los mecanismos, actores y mediaciones que permitieron que las economías más grandes de América Latina hayan emprendido transformaciones estructurales después de la crisis de 1982 y que hayan creado las bases de un crecimiento basado en el sector privado y exportador y que desde el decenio pasado, comenzaron a atraer satisfactoriamente capitales de los mercados financieros internacionales por medio de tasas de interés elevadas. * Socióloga y latinoamericanista. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la y de la Universidad Iberoamericana.

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En ese sentido, resulta imprescindible rescatar la interrelación entre la dinámica interna y la que proviene de nuestra inserción en el sistema internacional. Trazar la articulación y la relación conexa que existen entre las entidades transnacionales y locales de poder, de forma que podamos externar la naturaleza y el contenido de su poder político, sus principales manifestaciones y los resultados de su ejercicio, contribuiría en gran medida a analizar un tema que hoy es punto de observación, discusión y preocupación en la zona. Para lograr lo anterior, se abordará la problemática de la globalización en sus distintas dimensiones, recogiendo el entramado de relaciones económicas, políticas y sociales que proyecta e impone en la esfera de lo “interno” y la necesidad de ésta, de crear políticas transnacionales con el propósito de que los estados latinoamericanos conduzcan una realidad del todo compatible con la nueva y múltiple condicionalidad que impone el rompecabezas global. Nuestra investigación parte de la premisa de que el gran cometido de la nueva alianza hegemónica de la globalización es implantar una serie de políticas regionales encaminadas a desarmar, por un lado, las estructuras económicas, políticas y sociales tradicionales que contravienen e incomodan los patrones hegemónicos que requiere la máxima internacionalización del capital, tal como el modelo de desarrollo hacia adentro defendido y patrocinado por el Estado fordista de seguridad y, por el otro, a armar un nuevo entramado de estructuras basadas en la reestructuración económica, el ajuste estructural y el tipo de reforma del Estado que actualmente se impulsa.

LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL CAPITALISMO GLOBAL

A fines del siglo XX y en espera de un incierto tercer milenio, la humanidad ha sido convulsionada por un proceso de múltiples y vertiginosos cambios. La globalización, pese a ser un concepto no del todo definido y producto de la imposición de una sociedad hegemónica a otras subordinadas, está en la actualidad marcando a los países latinoamericanos en sus patrones de desarrollo y en sus relaciones con el exterior. Este movimiento mayor que presupone un choque inmediato con todo el engranaje de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales pasadas que se habían construido a la luz del Estado fordista de seguridad (Hirsch, 1996)1 que básicamente se estableció después de la segunda guerra mundial, ha definido una nueva constelación de poder y un nuevo proceso de acumulación al interior de los países de América Latina. 1 En su libro Globalización, capital y Estado, Joachim Hirsch hace un intento por determinar las estructuras políticas que se desplegaron durante la fase fordista del capitalismo, que básicamente se estableció después de la segunda guerra mundial. Esta fase implicó una nueva forma histórica estatal que garantizó la supervivencia material de sus miembros y que se caracterizó entre otros factores, por un extenso control estatal de los procesos sociales, un alto grado de intervención del Estado en la economía y por un proyecto político de integración de masas y de amplia participación social.

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Debemos considerar a la globalización como un fenómeno que no es históricamente nuevo. Hay quienes remontan sus orígenes desde los siglos XIV y XV, señalando que en el pasado hubo acontecimientos que impactaron tanto o más al concierto de naciones. Como por ejemplo, la conquista del nuevo mundo, la producción de azúcar, la esclavitud entre los siglos XVI y XVIII, más tarde el ferrocarril, la navegación a vapor y la revolución en las comunicaciones. Para otros, la globalización es una expresión fundamental de los tiempos modernos, cuyo inicio también ha generado un gran debate: ya sea con Guttenberg y la invención de la imprenta, con el descubrimiento de América y la rebelión de Lutero en contra de la autoridad de la Iglesia católica (Flores Olea, Mariña Flores, 1999:51) o bien con la unificación de los estados nacionales en el siglo XVI. En el decir de otros autores, se ha afirmado que con la caída de la Unión Soviética y del sistema social dominado por ésta, comienza un nuevo orden mundial correspondiente al capitalismo global. Así, se ha hecho alusión a la finalización de la guerra fría tras la caída de la Unión Soviética como la victoria histórica del modelo económico y político liberal. Pese a ello, y desde una perspectiva histórica, podemos subrayar que la aceleración de la globalización en los años noventa es identificable con la era de la posguerra fría. La gran mayoría de los autores coincide en que la globalización debe interpretarse como un rasgo característico de la sociedad contemporánea mundial. Para cualquier observador resulta evidente que la globalización ha influido en los acontecimientos, interpretaciones y reflexiones más importantes y cotidianas de la actividad humana y social. Ésta ha adquirido significación y relevancia en la discusión mundial. Muchos la resaltan en términos económicos o políticos, otros la ubican en el terreno de la cultura y otros más, en el ámbito de las comunicaciones. En ese sentido, nuestro objetivo sería más bien ubicarla e interpretarla en su carácter multidimensional y simultáneo, como parte de un vasto proceso económico e ideológico que conlleva a la aplicación de una política creada por fuerzas específicas que la guían estratégicamente hacia el cumplimiento de varios propósitos, entre éstos: hacer rentable al sistema capitalista mundial en nombre de los intereses de los grandes centros del poder mundial y de la constelación de actores hegemónicos que conducen la globalización en marcha. En términos generales, podríamos decir que la globalización alude por el momento a un concepto meramente indicativo, que aún no está acabado ni completamente definido, y cuyas consecuencias no son todavía completamente desplegadas. No obstante la compleja forma que asume el sistema capitalista a fin de siglo, podemos afirmar que cuenta con una caracterización propia y singular. Cualquier intento por conceptuar la globalización, debería hacer referencia por lo menos a una serie de procesos vinculatorios que cotidianamente se están desenvolviendo, a saber: – el desarrollo vasto y estrepitoso de las tecnologías de las comunicaciones

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que han traído consigo la simultaneidad mundial en los flujos de información en tiempo y en espacio lo que ha producido una proximidad planetaria sin parangón, sobrepasando para ello formas territoriales de poder tradicional. – La confluencia de la dinámica territorial con formas de poder y dominio no territorial. Ello lo ejemplifica la relación entre el Estado como una entidad política con un territorio circunscrito y estructurado bajo un gobierno que emite sus propias leyes con un capital omnipresente que no reconoce a éste y trasciende sus fronteras. – La desregulación financiera y el despliegue internacional a nuevos montos y niveles de capital. – Internacionalización de la producción gracias a la transición global de un modelo tecnológico organizacional a otro, lo que ha llevado a un crecimiento inusitado de las llamadas corporaciones transnacionales. – Redimensionamiento de los mercados en espacios macrorregionales. – Surgimiento de una nueva agenda global, en donde temas como narcotráfico, medio ambiente, terrorismo, migración, derechos humanos y democracia ocupan un espacio preponderante en la escena internacional. – Alineamiento de los patrones culturales e identidades colectivas que impactan lo propio y homologan formas de vida. Junto con estos elementos, se puede afirmar que la globalización surge para enfrentar una crisis de acumulación, para retomar el rumbo de la rentabilidad del sistema capitalista actual bajo la nueva hegemonía del capital financiero tras la desaceleración de la economía mundial. Hablamos de crisis, como resultado de la interrupción de un largo periodo de crecimiento relativamente estable y acompañado de un consenso keynesiano cimentado en el sistema ford-taylorista de producción, caracterizado por las prácticas del Estado benefactor y por la producción industrial de masas que se inició en la posguerra. La crisis trata de ser recuperada a través de nuevas estrategias económicas que obligaron a situar al mercado como el asignador más eficiente de recursos, y con la consiguiente implantación de políticas rigurosas en términos de disciplina monetaria, equilibrio presupuestal, privatización y achicamiento del Estado de bienestar, así como la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas formas de organización y autocontrol de los sistemas productivos. El proceso de acumulación del capital que venía siendo obstruido, trata de ser resuelto por medio de la implantación de una desregulación financiera avalada primordialmente por la dinámica extraterritorial, cuyo propósito es generar una nueva proyección y confluencia global del capital. En otras palabras, induciendo una serie de profundos cambios estructurales e institucionales, tanto en las relaciones económicas como en las políticas y sociales, se lograría recuperar la rentabilidad del sistema capitalista actual. Volver a hacer rentable el sistema económico mundial en nombre de los intereses de los grandes centros del poder mundial es el principal objetivo que persigue la actual globalización. Para que ello se logre, las élites del gran capital

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financiero internacional necesitan inducir y promover una serie de profundos cambios y de reformas institucionales, tanto en el interior de los países del centro como dentro de los países de la periferia mundial. Los países del centro deben asumir una doble tarea: primero, generar un nuevo paradigma tecnoeconómico que propicie progreso acumulativo, lo que necesariamente implica establecer una nueva racionalidad para producir y organizar el trabajo que debe plasmarse dentro de estos países, en la red mundial de empresas y en el exterior de éstos, en la conformación de bloques regionales. La segunda tarea que tienen que enfrentar los países que conforman el área más desarrollada del mundo es hacer copartícipes de la globalización a los países de la periferia mundial. Por su parte, los países de la periferia se deben preocupar por ejecutar una sola y vasta tarea: sintonizar y armonizar sus estructuras políticas y socioeconómicas con los mandatos que dictan los férreos representantes de la actual configuración mundial. La internacionalización del capital, como el principal eje de globalización, impone un nuevo paradigma tecnoeconómico que combina la revolución microelectrónica originada en Estados Unidos y el modelo flexible de organización desarrollado con mayor plenitud en el Japón (Pérez, 1989:26-27). Se cree que el nuevo principio basado en la automatización flexible permitiría incrementar índices de productividad y de competencia para así lograr la esperada reactivación de la actividad económica mundial. El desvanecimiento de las industrias basadas en principios electromecánicos esencialmente sencillos que utilizaban elevadas aportaciones de energía (carbón, acero, ferrocarriles, automóviles, hilaturas, etc.), que despedían una cantidad muy grande de partículas y desperdicios y que, a su vez, se caracterizaban por largas series de producción, bajo nivel de especialización de mano de obra, trabajo repetitivo y productos uniformizados, se va sustituyendo por una base tecnológica y científica radicalmente nueva (industrias de ordenadores, procesamiento de datos, semiconductores, aeroespaciales, biología molecular, genética, avanzadas comunicaciones) consumidora de muy escasa energía (Toffler, 1993). Así, la automatización flexible busca, ante todo, reestructurar y recomponer el conjunto de relaciones productivas, organizacionales y laborales para incrementar las tasas de beneficio del capitalismo actual. La estructura de organización, más plana y transparente podría acarrear beneficios para incrementar la productividad y la competitividad y de ese modo mejorar la calidad y el servicio. Este tipo de sociedad que se nos plantea no actúa por sí misma, es una construcción hecha por la misma humanidad y está recreada por fuerzas que la guían estratégicamente. No se trata de una fuerza natural, sino de una dirigida por actores que alientan la reestructuración a través de diversas formas de poder, a fin de asegurar la acumulación continua e incesante del capital. En sí, la globalización es una estrategia que avalan los grupos económicos internacionales y que para el logro de sus objetivos necesitan operar junto con sus

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socios locales. Dicho de otra forma, el proceso de reestructuración ha sido conducido por la élite financiera del gran capital, por la red mundial de empresas, por los bancos centrales y por aquellos actores nacionales que han sido favorecidos por las fuerzas que le dan vida al Estado de tipo neoliberal en América Latina. Cabe además agregar que la globalización ha sido adentrada en los países de América Latina gracias a que forma parte de la ideología neoliberal. Dicha ideología promovió el cambio en las estructuras económicas y político-institucionales que comenzaron a instaurarse desde 1982 en los países latinoamericanos y que se consolidaron a fines del decenio pasado. La globalización requiere que estos países establezcan importantes reformas que permitan impulsar un nuevo proyecto económico y político, a la vez, exige de un cambio en la correlación sociopolítica de fuerzas a nivel interior. La ideología neoliberal ha permitido, en última instancia, que los países de América Latina se inserten en la lógica globalizadora que hoy permea a través del Consenso de Washington (Guillén Romo, 1997). Asimismo parte de esta ideología nos ha hecho creer que la globalización en marcha es la única posible y la más benéfica. Se omite que el entrelazamiento cada vez más real de la humanidad no necesariamente implica una mayor equidad y bienestar. La globalización ha dado como resultado el agravamiento de la desigualdad mundial. Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 200 millones de personas viven con menos de 1 dólar diario y 2 800 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios. Para América Latina, ello ha significado situarse entre los países con mayor desigualdad de ingreso (Naciones Unidas, 2001). La exclusión de países y hasta de continentes enteros nos habla de un proceso lleno de contratendencias, en donde a la par de la integración económica, se viven procesos de desarticulación y desintegración en el ámbito de la cultura, la política y la economía mundial.2

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La globalización como la aceleración del proceso de internacionalización del capital financiero mundial y como un fenómeno que impacta severamente en la esfera política, económica, financiera, comercial, técnica, ambiental, militar, legal, social y cultural necesita del diseño de políticas transnacionales instituibles y colocables a todos los países de la región, aun cuando éstos se imponen en diversos grados y se aplican con distintos matices. Ciertamente, el propósito de los actores protagónicos de la llamada globali2 Las manifestaciones actuales de la globalización ponen de relieve su carácter desigual y concentrador. “Entre 1980 y 1994 el grupo de países que el Banco Mundial considera más desarrollados incrementó su porción del producto mundial de 70 a 79%, los países de nivel medio de desarrollo la redujeron de 23 a 16%, y los países más pobres retrocedieron de 7 a 5%” (Vilas, 1997:13).

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zación es echar a andar una serie de políticas transnacionales que tiendan a universalizar y homogeneizar determinados modelos económicos, políticos y sociales en donde tenga lugar un reacomodo general de principios liberales, de tal manera que se tienda a recomponer tanto el conjunto de relaciones productivas, organizacionales y laborales, como políticas y sociales. En ese sentido, las políticas transnacionales han sido sumamente exitosas, en la medida en que la nueva correlación sociopolítica de fuerzas que sustenta el Estado de tipo neoliberal en América Latina, ha tenido la capacidad para destruir principios y modelos económico-políticos anteriores y ha podido convertir en políticas nacionales el ajuste estructural, la reforma de los estados y las democracias gobernables. Los profundos cambios que se buscan inducir en la estructura general de la periferia mundial, están diseñados para no poner en riesgo los sistemas de dominación vigente de los países más desarrollados, tienen como meta central generar las condiciones para fijar un marco jurídico-político adecuado, a efecto de acelerar el proceso de acumulación del capital.3 Es la nueva élite política en el poder y los grupos económicos que predominan, quienes le dan sentido y rumbo al nuevo Estado político de la globalización en América Latina. De forma más específica, la internacionalización de las políticas públicas busca transnacionalizar la economía nacional, desmantelar las políticas del Estado histórico nacional y popular, desestructurar su acervo histórico-social, modificar los marcos jurídicos prevalecientes para implantar, sin salvedad, el progreso y la expansión de las libres fuerzas del mercado y del capital e inducir aquellas condiciones necesarias para construir el nuevo Estado.

LAS ENTIDADES TRANSNACIONALES DE PODER

Podemos identificar que una parte de la alianza hegemónica de la globalización está compuesta por las entidades transnacionales de poder. Este entramado de fuerzas e intereses está representado por los estados desarrollados, bancos centrales, élites financieras del gran capital, red mundial de empresas y organismos financieros internacionales. Todos ellos actúan como los nuevos ejes de poder externo que presionan a los países de la región para que adopten nuevos patrones económicos, políticos y sociales. La obstaculización al proceso de acumulación del capital que se venía dan3 Por ejemplo, en el sector campesino se ha logrado fijar un marco jurídico-político acorde a las nuevas prioridades que impone el capitalismo global. Los principales ejes de la reforma agrícola en América Latina se han traducido en la reestructuración del crédito rural, privatización de empresas productoras de insumos, eliminación de subsidios por la vía de crédito, supresión de los precios fijos de garantía, reformas constitucionales a fin de transformar en propiedad privada la propiedad ejidal, la entrada de granos básicos a precios muy reducidos, todo lo cual ha generado miseria, desprotección y descapitalización en la mayoría de la población rural.

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do por una serie de prácticas económicas y políticas preestablecidas que dificultaban sobremanera la circulación y movilidad de éste, se convirtió en una de las principales denuncias que hacían las entidades transnacionales de poder a los países de la región. Ante tal situación, éstas utilizaron la condicionalidad económica y el acorralamiento político como los dos instrumentos de presión y control que permitieron influir en el poder decisorio de las entidades locales de poder, para que adoptaran el ajuste orotodoxo como la única alternativa viable para retomar el crecimiento. En ese sentido, América Latina se vio ampliamente condicionada por las cartas de intención del FMI que obligaban a aplicar sin flexibilidad los nuevos ajustes y a cumplir en forma y en tiempo los pagos de la deuda externa. Este instrumento pasó a ser la precondición para que organismos financieros internacionales y estados desarrollados les concedieran créditos y recursos frescos a los gobiernos que demandaban ayuda. Para hacer un desembolso, los gobiernos se veían obligados a expresar con anticipación sus principales líneas económicas y a cumplir con el número determinado de acciones que preveía el conjunto de recetas dictadas por el Consenso de Washington. Fue la redacción de documentos de compromiso lo que hizo que las entidades locales de poder pronto se vieran obligadas a promover las exportaciones, a sanear las finanzas públicas, a abrir los mercados y a desincorporar las empresas públicas. Frente a esto debe ponerse de manifiesto el método del acorralamiento político derivado de la relación de subordinación y franca dependencia de los estados latinoamericanos frente a los organismos financieros multilaterales. Aunque la vinculación a ellos ha sido de forma voluntaria, una opción distinta a ella suele causar el quiebre económico, el desprestigio financiero y hasta la caída del Estado. Las recetas de estos organismos imponen limitaciones muy fuertes a las políticas públicas en materia económica y política, así como consecuencias inmediatas en el quehacer social. Lo anterior tiene su origen en la interpretación que hizo en su momento el FMI sobre la crisis de 1982 que detonó en una década perdida en términos de crecimiento económico para la región. Este organismo internacional aseveró que América Latina había precisamente incurrido en una cadena de excesos, primordialmente en lo que concierne a la conducción interna de la política económica. Por ejemplo, percibía como una amenaza la expansión de las conquistas sociales de los trabajadores, aumentos desmedidos del gasto público, mantenimiento de subsidios, expansión del endeudamiento externo y la sobredilatación del Estado (Vuskovic, 1990:26). Fue a este último al que se le atribuyó el gran descalabro, al cuestionar las intervenciones masivas del Estado planificador e interventor. Para las entidades transnacionales de poder era necesario delimitar la acción del Estado: que dejara de controlar el comercio exterior, los precios de producción, las finanzas y el control exclusivo de empresas. Al mismo tiempo, las supuestas políticas éxitosas impuestas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña influyeron de for-

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ma determinante para que América Latina se viera acorralada y sus grupos de poder decidieran optar por este nuevo modelo económico. El proyecto impuesto por estos sujetos y fuerzas pronto presionó para que élites políticas locales y grupos económicos internos hicieran factible la introducción de la revolución conservadora en los países de la región. El haber responsabilizado al mercado como el asignador más eficiente de recursos, hizo necesario privilegiar el sector exportador y los equilibrios macroeconómicos a través del control de las cuentas públicas y niveles bajos de inflación. Las nuevas políticas públicas basadas en el ajuste del gasto público, en la desregulación de las finanzas, en la entrada de capitales foráneos y en el adelgazamiento del tamaño del Estado, han aparecido puntualmente en todos los países de América Latina, tanto, que han presionado hacia la desnacionalización de las estructuras productivas, hacia la transnacionalización de las políticas públicas del Estado y hacia la cada vez mayor pérdida de soberanía nacional. Esta alianza ha decidido propiciar nuevas condiciones y establecer nuevas reglas para reestructurar la economía, la política y la sociedad en la región. Todo ello ha afectado las estructuras internas de América Latina que han causado entre muchas otras cosas, procesos de exclusión, desarticulación y heterogeneidad.

LAS ENTIDADES LOCALES DE PODER

El nuevo rumbo y los tiempos de cada uno de los países latinoamericanos ha estado íntimamente influido por la globalización y por un proceso sociopolítico interno más amplio, en donde se ha experimentado la trasformación de élites políticas gobernantes y de los grupos de poder económico, como de su propio proyecto histórico de afirmación nacional. Ambos procesos han traído como consecuencia el establecimiento de un Estado de tipo neoliberal que ha obligado a éstos a asumir como suyas las políticas que han diseñado y dispuesto los actores de la globalización. El Estado neoliberal, como una forma particular del Estado capitalista, apareció cuando la forma estatal anterior, el Estado fordista de seguridad, entró en una fase de crisis generalizada en los años setenta, que se propagó más tarde en América Latina, con la explosión de la deuda externa en 1982. Tras la gran depresión de los años treinta, se adoptó en el continente una estrategia basada en la sustitución de importaciones que se caracterizó por el modelo de industrialización hacia dentro, en contraposición con el anterior modelo de desarrollo económico que priorizó un modelo de crecimiento hacia fuera. Este modelo alcanzó una estabilidad y resultó suficiente para mantener un crecimiento medio y se le conoció exitoso dadas las altas tasas positivas que engendró para el caso mexicano y brasileño. Sin embargo, desde los años sesenta, se advirtieron diversas señales de ago-

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tamiento de la experiencia estatista en América Latina. Según las entidades transnacionales de poder, esta crítica situación obligó a la necesidad de revisar el modelo económico caracterizado por una excesiva protección, por mantener fuertes desequilibrios macroeconómicos, por generar espirales inflacionarias galopantes, por mantener una excesiva regulación y por promover un fuerte sesgo antiexportador, lo que conllevó a procesos de ineficiencia, corrupción, desconfianza y falta de competitividad. Este agotamiento en gran parte de las entidades transnacionales de poder, con el claro objeto de imponer nuevas reglas sobre el funcionamiento y organización del capitalismo global, estuvo también acompañado de la incapacidad que mostraron las fuerzas que sustentaron el Estado desarrollista de volver a ofrecer expectativas de crecimiento y desarrollo a la población. También mostraron sus límites en el ámbito político al no poder brindar mayores espacios democráticos y transparentes. Todo ello llevó a que América Latina adoptara políticas de ajuste inspiradas en el denominado Consenso de Washington. En el marco de las reformas estructurales e institucionales, el citado Consenso planteó 10 instrumentos de política para llevar a cabo el objetivo de un sistema mundial basado en la libertad del mercado, entre ellos destacó la necesidad de establecer una serie de políticas y reformas que aseguraran una disciplina fiscal, un gasto público etiquetado prioritariamente en educación y salud, una reforma tributaria avanzada, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales libres, inversión extranjera abierta al capital foráneo, empresas públicas privatizadas, economías desreguladas y protección de la propiedad privada (Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, 1998:8). Las medidas del Consenso de Washington que buscaron uniformizar países como modelos de eficiencia y de transformación de la administración pública, fueron aplicadas extensa e indiscriminadamente a todos los países de América Latina, aunque con diferentes grados de intensidad. Pese a haberse incrementado los volúmenes de inversión y de exportación en la mayoría de los países, controlado la inflación y preservado el equilibrio macroeconómico, los resultados obtenidos después de dos decenios no fueron los esperados y terminaron siendo no sólo desalentadores, sino regresivos en materia de reducción de la pobreza, condiciones sociales y redistribución del ingreso. No en vano, la región sigue padeciendo de las mayores desigualdades del mundo en cuanto a distribución de los ingresos y bienestar social. Como ya lo hemos apuntado, la transformación en la escena global, obedeció a las pretensiones hegemónicas de los centros para asegurar, en función de sus intereses, una incesante acumulación de capital que permita el mantenimiento de su posición, privilegio y poder. Es decir, la nueva configuración de actores en el poder mundial y la reformulación de relaciones de poder entre distintas fuerzas, han propiciado nuevas condiciones no sólo para generar cambios trascendentales en las relaciones de producción, trabajo y organización, sino también a efecto de impactar la base sociopolítica de ésta: el Estado.

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El Estado latinoamericano, como la unidad organizativa más importante para los asuntos económicos, políticos y sociales ha visto cuestionado su papel y su función tradicional bajo los imperativos del capitalismo en marcha. Esta transformación se plantea en función de las nuevas necesidades y crecientes demandas de los grupos específicos que representan los intereses de la ya caracterizada economía mundial. Esta mundialización impuesta ha producido una dinámica socioeconómica y política interna que ha apuntado al debilitamiento del Estado como regulador, planificador y árbitro de la sociedad. El capital financiero transnacional restringe la capacidad interventora del Estado en el ámbito económico para que se facilite un mayor flujo libre de capitales. Habría que señalar que la crisis peculiar del Estado fordista de seguridad ha sido un proceso inducido desde la lógica internacional por los cambios acontecidos en el sistema capitalista de producción, pero, a su vez, ha sido el fruto de un proceso sociopolítico más amplio en donde se experimentó la transformación de las élites políticas gobernantes y de los grupos de poder económico-industriales. No obstante, la crisis de 1982 también puso de manifiesto el desgaste del proyecto político y de sustentación social que avalaron las entidades locales de poder en la mayoría de los países de la región. Las élites políticas y los grupos de poder económico vieron fracasar su proyecto histórico de envergadura nacional y popular y pronto se vieron ante la necesidad de transformarse para responder a la nueva realidad interna e internacional. La acumulación privada-transnacional ha hecho que el Estado no tienda a desaparecer como tal, sino lo induce a entrar en una crisis de la forma histórica y singular que asumió en un determinado momento, de sus tradicionales actividades, y lo obliga a constituirse en el nuevo Estado político de la globalización, proceso ampliamente posibilitado gracias a la llegada de una nueva clase política en América Latina denominada tecnoburocracia. Se trata de una nueva generación de funcionarios técnicos que ha adquirido estudios de posgrado en su mayoría de economía en universidades extranjeras, que desplaza a la élite política tradicional y a los grupos de poder económico-industriales para aliarse de lleno a los nuevos criterios que dictan las ganancias del capital transnacional. Este nuevo grupo en el poder abraza un nuevo proyecto histórico basado en el Estado neoliberal y en la reforma del Estado que se impulsa. “Ya no es nacional por su contenido esencial, y en algunos casos tampoco por su forma. Está en manos de grupos financieros que han pasado a dominar las grandes definiciones del poder político actual” (Oliver, 1994:9-10). El ascendente nuevo proyecto busca asegurar la acumulación de una minoría en detrimento de los grandes sectores de la sociedad que alguna vez fueron aliados poderosos del sistema. Bajo la nueva reforma neoliberal del Estado, algunos grupos económicos abandonaron su carácter nacionalista e industrializador y pasaron a formar parte de la tecnoburocracia que, junto con los intereses transnacionales, dieron como resultado una clase sin intereses nacionales.

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La transformación de élites gobernantes y la emergencia de nuevas fuerzas económicas hicieron que el Estado dejara de privilegiar la acumulación pública a través de la asignación estatal de recursos y de la protección de los derechos de los grupos sociales tradicionales para concentrar su interés en la acumulación privada transnacional basada en los criterios de eficiencia, racionalidad, apertura y competitividad internacional. Todo ello hizo que el Estado abandonara o debilitara a algunos actores como las clases medias, los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas para hacer fuerte a otros: las élites del gran capital internacional y la red mundial de empresas. Entonces, podemos afirmar que la transformación de la élite política gobernante y de los grupos de poder económico-industriales de corte nacional y popular, fue aquel proceso que avaló la interiorización de los dictados del capitalismo avanzado en nuestros países gracias al carácter asociativo de éstos, con respecto del capital transnacional. Este nuevo Estado político de la globalización reforma su papel y función, mas no pierde su vigencia o paraliza su intervención. Como lo señala Carlos M. Vilas (Vilas, 1998 y 1999), cambia de sesgo: ahora interviene para privatizar, desregular, desproteger y proteger a otra constelación de fuerzas. El Estado participa en nuevas tareas, retrocede en unas y acrecienta su presencia en otras. La transformación en las relaciones de poder a nivel global se expresan en el ámbito nacional y local en la relación con el Estado y sus políticas. Somos testigos de un cambio en las relaciones de poder internas y externas y una nueva articulación entre éstas. El Estado no pierde su vigencia, porque resulta una pieza indispensable para impulsar el nuevo tipo de acumulación del capital lo que, sin duda, requiere de la creación de una nueva normatividad económica y política basada en el Consenso de Washington. El Estado nacional, que en su acepción general ha transmutado su papel y rol tradicional, ahora aunado a la acción de los mercados nacionales, seguirá siendo un actor toral en el contexto de la globalización. Para Carlos M. Vilas las transformaciones indicadas no han eliminado todavía la importancia económica de los espacios nacionales para la acumulación. Piénsese que la globalización requiere del fortalecimiento del Estado para promover y facilitar las transformaciones económicas y políticas orientadas hacia el mercado (Vilas, 1997:15). La reforma del Estado en América Latina, se plantea entonces como un proceso avalado por los poderes externos y por el nuevo juego de fuerzas sociopolíticas que imperan dentro de cada uno de los países. De esta forma, habría que entender la reforma del Estado como una política inducida por los actores transnacionales de la globalización, de tal manera que sea una política autoproclamada por las fuerzas y los actores que le otorgan vida y movimiento al Estado de tipo neoliberal en América Latina. En otras palabras, la llamada reforma del Estado forma parte de las políticas transnacionales que son dictadas por la globalización y adquiere el carácter de “pública” cuando el Estado de tipo neoliberal la asume como propia y la auto-

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proclama como “Política de Estado”. Así, la reforma del Estado es mucho más que una reforma del sector público o administrativo, ésta se origina por la nueva constelación de actores que arriba al poder, tanto nacional como mundial. Por último hay que mencionar que la nueva institucionalidad de los actores hegemónicos de la globalización tiene como propósito instituir una democracia ad hoc a los parámetros globales y acorde con la esencia y nueva forma del Estado neoliberal en la región. La democracia es una prioridad para el sistema, en el sentido de incrementar la gobernabilidad y evitar una democracia que vaya más allá de formalismos político-electorales. La democracia para la nueva confluencia de fuerzas que detentan el Estado neoliberal de la globalización adquiere importancia desde el punto de vista gobernable y controlable a costas del interés colectivo y de su interés por participar en la redefinición de los proyectos y grandes líneas políticas nacionales. Se trata de mantener el mando político de las formas democráticas, dejando intactos los privilegios de la élite política y económica dirigente de los países, privativa del interés general. América Latina sigue teniendo asignaturas pendientes de un verdadero tránsito a la modernización de las relaciones del Estado con la sociedad. Todavía no podemos hacer alarde de la llegada de una democracia. Difícilmente se puede hablar de ella como producto de la reforma del Estado en curso. La gobernabilidad de la democracia cuenta con un elemento de formalidad, celebrar elecciones periódicas y generar pactos políticos (Salinas Figueredo, 1999:95),4 que tengan por objetivo garantizar la reproducción y el mantenimiento del modelo de acumulación actual. Por el contrario, creemos, la democracia debe llevar consigo el compromiso de mejorar la vida de las mayorías y llamar al interés público y colectivo para que en nombre de éste, se gobierne. En ese sentido, la democracia incluyente alude a un concepto contrario al de la democracia gobernable. La primera refleja una expresión más amplia de la autodeterminación, equidad social, soberanía y justicia.

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS TRANSNACIONALES EN LA SOBERANÍA ESTATAL

En un primer orden de ideas y sin el interés de hacer un trabajo exhaustivo o agotar la discusión sobre la soberanía del Estado en un contexto de globalización, valdría la pena insistir en algunas consideraciones y abordar ciertos criterios que han sido alterados por las políticas transnacionales en la región. El debilitamiento de la soberanía estatal de tipo tradicional en América Lati4 En la mayoría de los países de América Latina se han suscrito pactos políticos, a fin de darle una salida negociada a las demandas sociales, dentro de los límites que impone el mismo proceso de gobernabilidad. En México se puede hacer alusión al Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. En Argentina, se conoció como el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social. En Nicaragua, se ha suscrito otro, bajo el nombre de Acuerdo de Gobernabilidad, etcétera.

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na bajo el orden global contemporáneo, se puede, en gran medida, explicar, porque éste ha creado un nuevo y más limitado contexto para la acción estatal. La merma de soberanía tradicional del Estado se ha dado más bien, ya que la economía mundial, como nunca antes, determina la economía nacional y dificulta a los estados a ejercer con mayor libertad y autonomía su independencia económica. Ello se ha puesto de manifiesto por varios fenómenos: la pérdida de la potestad del Estado frente a las empresas transnacionales (Chomsky y Dieterich, 1995: 64), la transferencia de las decisiones al exterior, el abandono de planteamientos de afirmación nacional como resultado de la transformación de la élite política gobernante y de los grupos de poder económico-industrial y la desincorporación de las empresas del sector público como uno de los pilares de la misma reforma del Estado que interesaba aplicar. Dicho de otra forma, las políticas transnacionales, como un instrumento que facilita la internalización del proceso y de la política de la globalización, han puesto en entredicho la supremacía del Estado para tomar decisiones de incumbencia nacional. Ahora, éstas son impuestas y fiscalizadas por los organismos financieros internacionales y por el Estado estadunidense e influidos ampliamente por la red mundial de empresas. A su vez, el Estado ha perdido capacidad para defender mayores espacios soberanos, pues la correlación sociopolítica de fuerzas y actores que sustenta el nuevo Estado en América Latina, ha renunciado prácticamente a sus aspiraciones de crear proyectos de desarrollo independiente. Pese a que la globalización ha mermado la soberanía tradicional que asumió la forma del Estado anterior, el Estado sigue siendo una institución básica en la construcción del orden interno y del orden internacional. Tal y como lo apunta David Held, Está surgiendo un nuevo régimen de gobierno y de acción gubernativa que está desplazando la concepción tradicional del poder del Estado como forma de poder público indivisible y territorialmente excluyente. La globalización, lejos de generar el fin del Estado, está estimulando toda una variedad de estrategias de mandato y gobierno y, en ciertos aspectos fundamentales, un Estado más activista” (Held, 1997:37). Así, la soberanía del nuevo Estado neoliberal en América Latina no tiende a desaparecer, sino a refuncionalizarse en nombre de las grandes necesidades de los grupos hegemónicos que sustenta el Estado neoliberal. Entonces, lo que ha claudicado son muchas de las características soberanas del Estado-nación y la versión tradicional de la soberanía geográfica o aislada que el Estado fordista de seguridad abrigó y promovió. Pero habría que destacar que no por ello se ha debilitado su esencia y vigencia, todavía no somos espectadores de la claudicación de la soberanía nacional en cuanto a nuestra capacidad para determinarnos y gobernarnos a nosotros mismos. Una vez reflexionado todo lo anterior, quisiéramos apuntar sólo algunas consideraciones sobre la dimensión externa de la soberanía estatal. Recordar que el mismo ordenamiento jurídico internacional ha sido aquella fuerza que también

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ha cuestionado la autoridad decisoria del Estado. Desde esta perspectiva, ahora, el elemento más novedoso reside en el surgimiento de una agenda de naturaleza global, en donde temas como derechos humanos y democracia adquieren una relevancia inusitada en el debate contemporáneo mundial y son producto de una suerte de escrutinio y monitoreo internacional, en donde se anota el interés supremo de la comunidad internacional para dar seguimiento al cumplimiento de estos objetivos, en detrimento de la capacidad soberana de los estados. La nueva ofensiva global apunta a que los derechos humanos universales no puedan sacrificarse en aras del carácter soberano del Estado, porque en nombre de la soberanía se han permitido o se han cometido atropellos, abusos y discriminaciones. Así, la crítica a cabalidad que le hacen los defensores de los derechos humanos a la soberanía que cobijó el Estado fordista de seguridad es que no contempló la defensa y vigilancia de los derechos humanos. Es por ello por lo que hoy se advierte una tendencia muy interesante, la impertinencia de invocar el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos para cometer injusticias en el terreno de los derechos universales de la humanidad. De tal forma, se pugna por transitar de una soberanía total del Estado a una soberanía de los individuos, regulada, vigilada y fiscalizada por un constitucionalismo mundial que garantice la sana supervivencia entre la humanidad.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo pretende contribuir en el ámbito limitado de estas páginas, a esclarecer la problemática compleja que desplega la alianza hegemónica de la globalización como un actor fundamental para impulsar la reestructuración del capitalismo global y periférico y su papel clave y potencial en la realidad latinoamericana. La investigación que pudo, a grandes rasgos, acercarse a responder algunas preguntas clave como ¿quién ejerce el poder, para beneficio de quién y de qué manera?, fue posible gracias al estudio que se realizó sobre la interrelación entre los factores externos e internos. Dicha imbricación también permitió reconocer con mayor énfasis la importancia de utilizar la perspectiva histórica de la dimensión internacional, como un referente fundamental que habilita el conocimiento y comprensión de los asuntos internos, no sólo como un factor único de análisis, sino también como un componente que determina e influye el interior de las sociedades. Diagnosticar el entrelazamiento entre las entidades transnacionales y locales de poder nos dio la oportunidad de comprender la configuración histórica y singular que se ha producido en América Latina y de concebir, bajo otra mirada, el ciclo de reformas económicas, políticas y sociales inauguradas por el modelo neoliberal y la reforma del Estado después de casi 20 años de aplicación.

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Asimismo, pudimos observar que la internacionalización de las políticas públicas hegemónicas, a través de la condicionalidad económica y el acorralamiento político, fungieron como los instrumentos que facilitaron el mismo cumplimiento de los objetivos de la globalización. Ello se hizo enteramente posible gracias a la llegada de una nueva constelación de sujetos y actores que arribaron al poder mundial y a nuevas clases dirigentes que ascendieron al poder nacionalregional. Dichas fuerzas se convirtieron en los nuevos ejes de acción política y de promoción económica, comercial y cultural de la globalización. El nuevo proyecto histórico que planteó la recomposición sustancial de la correlación de fuerzas en el mundo incitó a que el Estado latinoamericano en su acepción general y en su carácter representativo se reestructurara en función de las nuevas condiciones que impusieron las entidades transnacionales de poder y que bien transmitieron las entidades locales de poder. La acción intencionada estuvo encaminada a inducir el desmoronamiento del Estado populista latinoamericano y a darle vida y factibilidad al nuevo Estado político de la globalización. El caso latinoamericano es un ejemplo claro de cómo las entidades transnacionales de poder derrotaron a la fracción nacional-popular (ejército, empresas estatales, burocracia, sindicatos, campesinos asociados al Estado, universidades públicas y partidos políticos de corte estatista) y apoyaron el arribo de una nueva clase de corte transnacional, financiera y moderna que favorece un tipo específico de acumulación y supervivencia. Hasta ahora, la globalización que ha operado en medio de conflictos, tensiones, entregas y resistencia, se niega a romper con el esquema de subordinación y dependencia que ha caracterizado el subdesarrollo latinoamericano y que se ha perfilado en virtud del tipo y forma de vinculación de nuestros países con el contexto internacional. La globalización en marcha sigue sin dar visos de lucha, ni siquiera para abordar las demandas históricas que América Latina ha conllevado a los foros más importantes de la toma de decisiones a nivel mundial: el financiamiento para el desarrollo, la desconcentración en la distribución de la riqueza y mejores condiciones para el pago de la deuda externa. La globalización no connota un proceso homogéneo, tal como lo han señalado diversos autores, por el contrario, tiende a agravar las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados. Ello se ha hecho patente porque las élites globales y locales entrelazadas y asociadas a este proceso prosperan, mientras que la mayoría de la población mundial no se beneficia de ésta. Los conflictos internos motivados por expectativas frustradas, efectos polarizantes e inequidades marcan el desánimo y la desesperanza de las mayorías. El actual contexto obliga a los países latinoamericanos a trabajar por un devenir más promisorio en la región, principalmente en dos sentidos: primero, establecer las condiciones para actuar desde lo local, promoviendo un nuevo proyecto político sustentado en el arribo de distintas fuerzas y actores capaces de otorgarle un nuevo rumbo y sentido al Estado. Y segundo, comprender que bajo las condiciones actuales del poder, los factores externos seguirán jugando un

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papel preponderante para la toma de decisiones a nivel interno, por lo que hay que redoblar esfuerzos para conducir la globalización bajo un estricto sentido de responsabilidad colectiva entre países, priorizando para aquello el desarrollo de un ordenamiento jurídico internacional eficaz acompañado de instituciones apropiadas para regularla y supervisarla.

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LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO, SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD CIVIL Y EL PROBLEMA DE LAS MEDIACIONES TERESA CASTRO ESCUDERO*

INTRODUCCIÓN: DEMOCRACIAS AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

Al momento de cerrar estas notas se anunciaba el virtual derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez y 48 horas después, el regreso de éste como presidente constitucional gracias al apoyo que encontró en una parte de las fuerzas armadas y en sectores muy importantes de la dividida sociedad venezolana. Este frustrado golpe militar hizo inevitable el pensar en el ciclo militarista del pasado reciente, dejándonos muchas reflexiones, como son la fragilidad institucional sobre la cual se mueve el juego político, la tendencia a elegir autoridades mediante las urnas para después no encontrar otra vía que su remoción por medio de marchas callejeras, como sucedió en Ecuador a Jamil Mahuad, o en Argentina al ex mandatario Fernando de la Rúa quien tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero –dicen que tuvo que volver a levantar el estado de sitio para que no fueran los peronistas los que se beneficiaran con el hecho. Hoy le tocó el turno a Hugo Chávez que pasó tres días ilegalmente detenido, como antes al presidente constitucional de Perú Alberto Fujimori quien se dio un autogolpe el 5 de abril de 1992. Es cierto que los 19 presidentes latinoamericanos reunidos en Río de Janeiro no apoyaron el golpe de las élites empresariales, los medios de comunicación, sectores de la Iglesia y de las fuerzas armadas, clases medias que creen que aliándose con los empresarios van a detener su pauperización, obreros que es difícil saber qué esperan con aliarse a los grupos de poder que representan un proyecto antipopular. Por lo que también es cierto que quedó manifiesta una actitud ambigua y poco contundente en defensa de nuestra precaria democracia, especialmente por parte de la administración del presidente norteamericano George Bush al que el regreso de Hugo Chávez tomó en plena celebración. Pero si en Venezuela se trató de la reacción de las cúpulas de poder frente a un moderado programa social que intentó ser una alternativa al neoliberalismo, en Argentina han sido las consecuencias sociales y políticas de los programas de ajuste estructural los que movilizaron a la sociedad mediante el insólito encuentro entre la clase media empobrecida (los caceroleros) y los pobres de siempre, * Socióloga, latinoamericanista y especialista en comunicación, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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junto con los desempleados, los ex obreros, todos víctimas de la política menemista, que ya venían encaminando procesos de organización y formas de acción directa como por ejemplo, bloqueos carreteros (los piqueteros). En el caso venezolano, más acorde con la tendencia que en general se ha dado en la región, en cuanto a un comportamiento más conservador de los sectores medios, la coalición antichavista recordó la que dio forma al llamado paro patronal de octubre, ocurrido durante los peores momentos que vivió el gobierno de la Unidad Popular en Chile, poco antes del sangriento golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, coaliciones en las que también participó la cúpula sindical en apoyo a las clases dominantes y en donde los cacerolazos fueron organizados por las damas de clase alta comprometidas con la estrategia golpista. Tanto en Chile como en Venezuela se orquestó, con la participación de Estados Unidos, todo un proceso de desestabilización donde los medios de comunicación se convirtieron en una trinchera para presionar a los militares a salir de sus cuarteles. Si en la actual coyuntura venezolana y argentina se puede hablar de la ruptura de las formas de mediación, la crisis de los partidos políticos, la fragilidad de las instituciones, en Venezuela, como entonces sucedió en Chile, se perfiló una base social muy importante dispuesta a apoyar la ruptura institucional, el golpe de Estado. Sería muy grave que en la América Latina de la transición a la democracia no se pueda sostener la lógica del juego político frente a los conflictos y se termine por tocar la puerta a los militares. ¿O acaso el impacto social y político de los programas de ajuste estructural han minado de tal manera los fundamentos institucionales que estamos, en efecto, por volver a un nuevo ciclo de militarismo? La tendencia a resolver los conflictos por medios y canales parainstitucionales, la ruptura de las formas de mediación, es decir, de la relación entre gobernantes y gobernados y la posibilidad de conciliar las contradicciones, la inoperancia de los partidos políticos y el riesgo de que movilizaciones populares sin un proyecto alternativo terminen por favorecer a los sectores menos comprometidos con la democracia, nos colocan frente a la necesidad de recomponer dichas formas de mediación, tarea indispensable si se busca redimensionar y revalorar la política como instrumento de transformación y de búsqueda de opciones en el actual entorno neoliberal, sin volver a las soluciones de fuerza. Para tal fin, hay que entender las vías de transformación de la relación Estado-sociedad y de reestructuración de las relaciones de poder e ir detectando las alternativas que se van planteando, frente a la incapacidad del Estado neoliberal para enfrentar la crisis. Argentina es un claro ejemplo del agotamiento (derrumbe, colapso) de una forma de Estado (desarrollista, populista, social) y su manera de relacionarse con la sociedad, y la emergencia de otro, el Estado del neoliberalismo que entra en un proceso de desestabilización cuando aún no termina de estructurarse ni de legitimarse, así como de la emergencia de formas de organización que sus actores conciben como el embrión de nuevas formas de organización.

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Hay que señalar también que si los cambios de lo que pudiéramos llamar Estado Social involucra a “la declinación, fractura y reconstitución de sujetos sociales, así como la decadencia de utopías, imaginarios colectivos e identidades”, también tiene implicaciones en las fuentes de legitimidad y en el cambio del bloque dominante (De la Garza Toledo, 2001:40). Hay un cambio estructural que ha barrido, en efecto, con las condiciones que posibilitaron determinadas formas de organización. Ya no se puede volver a la situación anterior a la crisis ni pensar en reconstituir espacios que las políticas neoliberales han barrido, sino en construir otros, aunque los caminos son inciertos. El punto de partida es un Estado que ha dado la espalda a la fragmentada sociedad. Si se ha llegado a debatir la viabilidad de Argentina como nación, en Colombia, tanto el avance de la guerrilla como la virtual ocupación que padece por parte de Estados Unidos, junto con la incapacidad política y la falta de instrumentos institucionales para enfrentar los graves problemas que postran a dicha nación, han venido cuestionando la capacidad del Estado para tener el control sobre su territorio nacional, al tiempo que se habla en términos de crisis hegemónica y de fractura del bloque histórico que funcionó desde 1957. Y si en Perú el gobierno de Alejandro Toledo promete profundizar la política ortodoxa que su antecesor, Alberto Fujimori empezó a estructurar, en Venezuela el ascenso del actual presidente teniente coronel Hugo Chávez significó, entre otras cosas, el derrumbe del sistema de partidos tradicional instaurado a partir de 1958, lo que ha hecho que los conflictos se busquen dirimir en marchas callejeras y a cacerolazos. Los problemas de gobernabilidad que enfrenta la región tiene su caldo de cultivo en la situación económica. Según informes de la CEPAL (XI Cumbre Iberoamericana, Lima, noviembre de 2001), nuestra región es considerada por su distribución del ingreso como una de las zonas más injustas del planeta, además de que 44% de los latinoamericanos son pobres, llegando esa situación al doble en muchos países del área. La deuda externa aumentó de 42 mil millones de dólares en 1972, a 500 mil millones en 1996 y a 706 mil millones en 1999, habiendo pagado tan sólo de intereses entre 1982 y 1996, 749 mil millones de dólares que representan más del monto total de la deuda acumulada (Luzzani, 2002). Hay que recordar que Argentina (junto con México) fue el ejemplo de lo exitoso del modelo en un país “cumplidor”, pero ahora, frente al colapso de dicho modelo, se dice que la razón fue la mala aplicación que hicieron los argentinos del recetario neoliberal. Después de haberse sentido parte del primer mundo –como hoy pretende el foxismo hacerles creer a los mexicanos gracias al TLCAN–, hoy se habla en Argentina de latinoamericanización, para referirse a los rasgos que asemejan al país a las fragmentadas sociedades del continente. El llamado corralito, que es la confiscación que los bancos hicieron del dinero que muchos argentinos tenían ahí depositados, fue sólo el último de toda una cadena de acontecimientos signados por los programas de ajuste estructu-

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ral, de empequeñecimiento del Estado “desertor”, del abandono de la cobertura social, de 10 años de menemismo, tres años de recesión, de un progresivo agravamiento de las condiciones sociales y laborales, del derrumbe de una importante clase media que se ha visto sin empleo, sin recursos ni ahorros, dejando a sus hijos sin horizontes ni perspectivas. La imagen de desbordamiento de la sociedad argentina y de la venezolana, marca una profunda escisión entre la sociedad y el Estado, frente a lo cual todo parece caer en un estado “anómico”. Como señala Ernesto Herrera, “es claro que el paisaje sociopolítico tallado por los años de ofensiva neoliberal está, cuando menos, en un plano de inestabilidad. En más de un país, el desorden está a la orden del día” (Herrera, 1999:16). Afortunadamente, se ha superado la idea de que hablar de crisis del Estado nación en el actual periodo histórico de la globalización y de la posguerra fría implica suponer su fin y se ha impuesto más bien la necesidad de analizar el proceso de cambios que enfrenta dicho Estado en el entorno neoliberal que lo transforma, lo debilita como instrumento de negociación pero, a la vez, lo hace jugar un papel importantísimo en la implantación misma del proyecto político que podríamos calificar como neoconservador. Se trata, como dice Manuel Antonio Garretón de “reconocer la falsedad empírica envuelta en las afirmaciones antiestatales” que se reivindican desde ángulos contradictorios entre sí, “uno, desde la panacea universal del mercado y el otro desde un protagonismo popular que se enfrenta al Estado” (Garretón, 1994:82). Es necesario explicar las nuevas relaciones de poder que se instrumentan en la etapa neoliberal, así como la aparición de nuevos movimientos sociales, pero sin prescindir del análisis de clase, que tiene mucho que decir. Enrique de la Garza Toledo señala cómo existe un desprecio de la lucha de clases en las teorizaciones posfordistas que privilegian factores estructurales, mientras que para José Nun, junto con la ola de críticas al marxismo leninismo, en muchos aspectos justa, se está produciendo una “espiral del silencio” sobre el análisis de las clases y sus luchas, en tanto principio de análisis cuando los intereses de clase siguen teniendo un peso fundamental, como lo demuestra también el caso venezolano. Lo mismo sucede con otras categorías como la de imperialismo, que muchos buscan poner en el desván de los cachivaches junto con la del Estado nación, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que para nuestros funcionarios neoliberales suenan tan pasadas de moda, que prefieren utilizar una más in y posmoderna como globalización como lo han venido señalando John Saxe Fernández y James Petras (Saxe y Petras, 2001) cuando todas las evidencias apuntan a la persistencia y redefinición de los fenómenos que esos conceptos buscan explicar: “Muchos autores hablan de globalidad y, fascinados con juegos de palabras, antropomorfizan el lenguaje con frases como las exigencias del mercado, o bien adoptan una suerte de determinismo en el que el avance tecnológico es tratado como si fuese una fuerza social, ocultando que el poder y las contradicciones

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del capital constituyen la problemática central del proceso globalizador contemporáneo” (Saxe, 1999:103).

EL CONTEXTO: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y MODELO NEOLIBERAL

Las principales tendencias analíticas que han resultado de los estudios sobre la transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, han privilegiado el campo propiamente político que le compete. Desde esta perspectiva, la democracia es política y, en ese sentido tiene que ver con las reglas del juego institucional que nos permiten elecciones limpias además de que exista libertad de participación, entre otros elementos, lo cual tiene su lógica y principios, frente a los cuales simplemente carecería de sentido hablar de democracia social, pues lo social correspondería a otro nivel de análisis. Es cierto que una sociedad igualitaria en lo social no es automáticamente democrática como señalaba Carlos Pereyra desde la óptica de la filosofía política, al sostener que la democracia es siempre, democracia política. En efecto, decía Pereyra, la democracia tiene que ver con la forma en que los dirigidos eligen a sus dirigentes, la forma que adopta la relación gobernantes-gobernados. La democracia es, así, siempre formal, representativa y pluralista, pero no es igualdad o justicia social por lo que “hablar en términos de democracia social es una confusión” (Carlos Pereyra, 1987). Mucho se ha discutido sobre las obvias diferencias de sociedades que carecen del grado de homogeneidad económica y de articulación social de los países más desarrollados en donde hubo bases incluso estructurales para establecer una esfera política distinta a la social. Sin embargo, se insiste en excluir el aspecto social de la discusión sobre la democracia y sus posibilidades a pesar de que los niveles de pobreza atroz, marginalidad y de exclusión tan graves influyen necesariamente en la calidad del voto, cuando éste se ejerce. Pero a pesar de la tendencia teórica (muy teórica) de separar régimen democrático desigualdad social, argumentando como prueba el hecho de que la transición democrática empieza a pesar de los estragos de la llamada década perdida en América Latina, es fácil llegar, como dice Franco, a la cínica definición de que la democracia representativa es la reproducción pacífica de las desigualdades sociales. La democracia implica consensos y expectativas que el neoliberalismo no ha logrado colmar. Tiene razón Franco cuando señala cómo “la experiencia insidiosa y constante de una creciente ampliación del tamaño de la desigualdad aceptada erosiona tendencialmente la representatividad de los actores y la legitimidad del régimen” (Franco, 1994:106). En las sociedades democráticas, “los consensos son el resultado de la interacción de actores políticos y sociales que confrontan y debaten de manera pública y privada distintas opciones de política que expresan la pluralidad y complejidad de

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dichas sociedades” (Cavarozzi y S. Berensztein, 1998). ¿Se dan las condiciones para esa discusión en sociedades que en su mayoría están sumidas en situaciones de extrema pobreza? Es cierto que en los países más desarrollados se atraviesa también por cambios estructurales que marcan la crisis del Estado de Bienestar y de sus formas de representación pero se trata de la crisis de un modelo que tuvo vigencia y que generó recursos institucionales y toda una cultura política que modera los impactos de los cambios, manteniendo al Estado como factor de equilibrio mientras que, en la periferia del mundo capitalista la transición a la democracia ocurre “donde las políticas de desestatización dominan el escenario organizacional, por lo cual la armonización desde un Estado intervencionista y convocador directo de las masas queda eliminado” y donde además el sistema de partidos no constituye el mecanismo general “con el cual limar asperezas y contradicciones entre la lógica institucional de masas y la de mercado” (Calderón y Dos Santos, 1995). Si el punto de partida es la falta de formas de mediación democrática, el proceso de transición se asume, a decir de Otto Fernández, como una politización controlada (es decir política entre cúpulas) despolitización participante que al no lograr encaminar vías de participación, no termina por consolidarse como régimen democrático. La transición es así percibida, más como tecnología de recambio en el seno de las élites, que como relación que institucionaliza una mayor incorporación efectiva de sujetos y masas a los mecanismos de toma de decisiones, operando, dentro de haces de fuerzas dominantes que bloquean el sentido democrático en sus objetivos sociales esenciales. Al no existir un triunfo social de las formas democráticas sobre las condiciones de exclusión social tradicionales, no se logra ni la institucionalización ni la consolidación de la democracia, instalándose la problemática de una transición que no culmina y es “en cierta medida, una prolongación de soluciones postautoritarias y neocorporativas” (Reyes Fernández, 1992). En tanto se trata de transiciones pactadas entre las élites civiles y militares, acotadas –muy acotadas– precisamente por los intereses de estos últimos, se acepta la lógica de la tutela militar como factor de gobernabilidad al continuar, incluso profundizando, el programa neoliberal y desde luego al respetar las “normas” de la impunidad que las mismas dictaduras militares impusieron, todo lo cual debilita las bases institucionales y sobre todo la legitimidad de los procesos democratizadores. De ahí también que las fuerzas armadas y otros poderes fácticos no dejen de ser un factor de poder y fuerza tutelar sobre las nuevas democracias. Al respecto Cavarozzi y Berensztein señalan, alrededor de un caso como el chileno, donde se han alcanzado grados importantes de desarrollo democrático, cómo, sin embargo, es muy distinto reconocer relaciones de fuerza que el ejercicio democrático de construir consensos:

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Los integrantes de la Concertación gobernante en Chile, para facilitar la transición democrática, aceptaron el poder de facto que retuvieron Pinochet y la derecha chilena. Esto implicó respetar un diseño institucional que restringía la posibilidad de investigar las violaciones a los derechos humanos y bloqueaba el control civil de las fuerzas armadas […] como admitió el ex presidente Patricio Aylwin, no hubo consenso, sino resignación ante la debilidad de la Concertación frente al poder militar (Cavarozzi y Berensztein, 1998).

En palabras de Hugo Zemelman “La democracia postmilitar … permanece prisionera de la herencia autoritaria y carece de los actores con la voluntad y la fuerza para retomar la democracia como espacio de proyectos; de ahí que la lucha por la democratización se tenga que traducir en el esfuerzo por abrir los espacios cerrados a la maduración de proyectos alternativos (Zemelman, 1995:95). Hay que aceptar, a pesar de las críticas que se puedan hacer a la democracia formal que, con todas sus limitaciones, brinda recursos institucionales para la mejor expresión y defensa de los distintos intereses que conforman a una sociedad y para la resolución de los conflictos y antagonismos sin salidas militares o autoritarias en general. No cabe duda que ciertas reglas del juego que tienen que ver especialmente con el recambio electoral y la continuidad democrática formal han logrado revertir intentonas golpistas como la de Lino Oviedo en Paraguay, crisis institucionales serias como lo fueron el desafuero del presidente brasileño Collor de Mello o la detención del general Augusto Pinochet, cuando se encontraba de viaje en Londres, suceso que dividió riesgosamente a la sociedad chilena y que, por lo menos hasta ahora, los militares argentinos se hayan mantenido en sus cuarteles a pesar de la tremenda crisis por las que atraviesa su país y a pesar de los rumores golpistas y de todos los esfuerzos realizados para buscar el reacomodo político de las fuerzas armadas de aquel país. Sin embargo, sucesos como la intentona golpista contra Chávez en Venezuela vuelve a prender los focos rojos en torno a la necesidad de consolidar los procesos democráticos. Como lo señala Alcántara, “la mayoría de los países que iniciaron sus procesos de transición política a partir del decenio de los ochenta, lo hicieron a partir de un serio déficit democrático desde su origen como entidades soberanas; incluso, en algunos casos tan dispares como la ex URSS, el Salvador, Nicaragua y Paraguay, se puede señalar la completa inexistencia de prácticas democráticas” (Alcántara, 1995:187). Con estos procesos de transición democrática ¿no estaremos viviendo, como dice este autor, una situación más bien insólita?, es decir “¿una etapa más en la inestabilidad crónica antes enunciada y en la incapacidad de asentarse el citado conjunto de reglas procedimentales para conseguir terminar con la incertidumbre?” (Alcántara, 1995:197). Precisamente para intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas, es necesario ubicar las transformaciones del poder y la política desde la óptica del

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agotamiento de un modo histórico de Estado, la economía y la sociedad, con sus formas de relación y mediación y el paso a otras que son las que intentamos caracterizar incluyendo los alcances sociopolíticos, económicos y culturales y hasta institucionales de estos cambios, como proceso que se estaría dando no sólo en Argentina, sino en toda América Latina (García Delgado, 1995).

EL ESTADO… ¿SE ACUERDAN? (WAINFELD,

2002)

Si colocáramos el problema del Estado como central, podríamos hablar, a cierto nivel de generalización, que la etapa actual de la posguerra fría está caracterizada por procesos que van desde la transformación de dicho Estado nacional tradicional –en los países más desarrollados–, con todas sus consecuencias en lo social, económico y político, hasta su balcanización, debido a las tendencias a la heterogeneización económica y social que los minan pero a distinto nivel, lo que nos lleva a ponderar los casos nacionales y regionales por medio de un análisis más particular que no se cierra tampoco a dicha generalización sobre la etapa actual del capitalismo y los dilemas que conlleva. La parte más visible de la crisis del actual modelo estatal es la privatización de diversas actividades públicas, razón por la cual se plantea que el Estado abandona sus responsabilidades sociales (el Estado desertor) por lo que hay, en efecto, la sensación de que el Estado es deglutido por el mercado y la globalización,1 de que la economía coloniza la política (O’Donnell, 1997). Existe efectivamente un proceso de desarticulación y desmantelamiento de los mecanismos de la intervención del Estado y, en ese sentido, la reducción obvia de su papel en la economía, la política y la sociedad da la imagen de su jibarización, su achicamiento, pero ésta, en todo caso, es sólo una de las dimensiones de la transformación más profunda y compleja del Estado. Manuel Antonio Garretón ve este proceso como parte de la desintegración de una determinada matriz sociopolítica –es decir, una forma específica de relación del Estado con la sociedad mediada por una estructura político partidaria y sindical, que algunos como Hirsch y Alvater, definen como fordista, en el caso del Estado de Bienestar europeo. En América Latina dicha matriz sociopolítica clásica es caracterizada como un “modelo de agregación en crisis, un modelo nacionalista, popu1

Según una encuesta realizada en Argentina por el Centro de Estudios de la Opinión Pública, 8 de cada 10 porteños bonaerenses creen que el Estado fue deglutido por el mercado, aunque este último para los encuestados, lejos de ser algo abstracto e invisible, es identificado con los grupos económicos y las empresas que hoy gestionan los ex servicios públicos privatizados en su totalidad por el gobierno de Carlos Menem. Los ciudadanos argentinos, según el sondeo, se sienten desprotegidos, a la intemperie, en las manos de Dios, vagando como simples usuarios, a merced de apagones, tarifas in crescendo y oficinas de reclamos casi fantasmales... ni full ciudadanos ni integrados a un Estado con responsabilidades sociales. La intemperie se extiende a la salud, la seguridad y la educación. CEOP,

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lista, desarrollista, industrialista, donde las relaciones de dependencia se dieron dentro del marco de una política que incluyó la sustitución de importaciones, la creación y ampliación del mercado interno, gastos sociales, etcétera”. Esta época del Estado de compromiso logra un consenso sobre el papel interventor del Estado no sólo en la economía, sino en su papel de organizador social y político que hace que el referente de la acción colectiva fuera el Estado, dándole a la política un papel central en la estructuración de la acción social. Ese modelo descrito por Garretón, es el que está en crisis (Garretón, 1992:140). Esta visión de cambios estructurales nos impone también el análisis de largo plazo, como en el caso de Marcelo Cavarozzi, quien ha señalado cómo la desarticulación y desmantelamiento de los mecanismos de la intervencion del Estado fueron parte de un proceso más amplio de desintegración de la matriz Estadocéntrica, la cual involucra tanto los aspectos económicos como políticos. Hay que colocarse entonces desde una perspectiva histórica pues quedarse sólo en el ajuste estructural ha llevado a ignorar la dimension política del proceso de cambio aunque por otro lado el enfoque político institucional de la transición tampoco ha arrojado suficientes respuestas “porque se ha concentrado, por definición, en el análisis de corto plazo, coyuntural de la transición de una forma de régimen político a otro –es decir, del autoritarismo a la democracia” (Cavarozzi,1994:128). Hay que superar las limitaciones de los primeros estudios sobre la transición pero también, como lo ha dicho Guillermo O’Donnell, hay que colocarse en el contexto del terror de Estado impuesto bajo la dictadura argentina (1976-1983) para entender el aprecio por la democracia formal. Salir de la dictadura y plantear una lucha por la democracia, la democracia política, sin adjetivos, se convirtió en una prioridad. O’Donnell, Cavarozzi, Elizabeth Jelin, Oscar Oszlak, fundaron un Centro de Estudios del Estado y Sociedad (CEDES), dice O’Donnell, una “especie de catacumba” donde fueron publicando como podían trabajos que constituyeron esa primera ola de escritos sobre la transición, “admito que con un enfoque procesualista y politicista que dimos a nuestros estudios”, pues en ese momento lo importante era llegar a a la democracia, elecciones limpias, libertades políticas básicas, en suma a una poliarquía (O’Donnell, 1997). Ya llegados a ese punto, esas libertades resultaron insuficientes, pero hay que ubicarse en el decenio de los sesenta para entender las limitaciones del enfoque. La otra cara de la crisis del Estado es la de la sociedad para la cual éste deja de ser el referente fundamental, tanto por el abandono del Estado que deja de lado su pretensión de representar el interés de toda la sociedad y se unilateraliza, se privatiza, representando abiertamente el interés del gran capital. Como señala también Guillermo O’Donnell, “Cuando el Estado se privatiza se convierte en un agente de bajísima autonomía respecto de ciertos intereses y […] es arrasado, continuamente invadido, capturado por el interés privado y no el general, y a diferencia de un Estado de derecho que crea mecanismos de representación horizontal, de control efectivo de las instituciones, un Estado privatizado no puede más que instrumentar políticas paternalistas y verticalistas” (O’Donnell, 1998).

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La contraparte de esta situación es la pérdida de legitimidad ante una sociedad que desconfía de ese Estado y de sus instituciones, entre las cuales se encuentran los partidos políticos, debido a que en América Latina, más que jugar un papel mediador entre Estado y sociedad civil, han funcionado en muchos casos como organismos paraestatales. Pero la contraparte es una sociedad que se atomiza y estalla en particularismos y pérdidas de identidad. Existe, en opinión de Sergio Zermeño, un proceso de fragmentación, desarticulación y heterogeneidad de los actores históricos, de las clases modernas y de las manifestaciones políticas en un escenario golpeado al mismo tiempo por las dictaduras y la severidad de la crisis económica. Esta situación dio origen a estudios que hablaban, más que de comunidad y solidaridad, de anomia, decadencia, destructividad, desintegración, caos, antisocialidad, deterioro. Eugenio Tironi propuso una “sociología de la decadencia” en lugar de la sociología de la modernización que había ocupado el espacio de la reflexión, pues, frente a la disolución de la cohesión social, la desintegración de identidades intermedias y la particularización o repliegue en la esfera individual y atomizada de los miembros de la sociedad, existía una situación de anomia aguda, desafección generalizada con respecto al orden social” (Zermeño, 1996:40-41). Se plantea así la necesidad de reintentar encontrar principios integradores, analíticos, en términos de actores, de movimientos sociales pero en condiciones distintas al pasado inmediato. Pues estamos frente al estallido de una sociedad donde coincidían, se correspondían un modo de producción, un modo de organización social, un sistema de valores y de normas –que llamamos modelo cultural– y un sistema político. En la actualidad, los sistemas políticos no coinciden con el conjunto de lo que se llama la sociedad, sino con una parte de ella” (Garretón, 1998). Se ha pulverizado el contrato social, dice, por su parte, Mario Wainfeld: “Cada argentino, antes que un ciudadano, es una suerte de Robinson que sale cada día a pelear solo, a abordar una realidad imprevisible, enigmática y en general hostil” (Wainfeld, 2002).

LAS BASES DE LA RUPTURA DE LAS MEDIACIONES POLÍTICAS: ESPEJISMOS NEOLIBERALES

Para muchos chilenos que creen en el milagro neoliberal legado por Pinochet, Chile es como una buena casa en un mal barrio. La sociedad argentina del tiempo de Carlos Menem, creyó que su país había dejado el tercer mundo y entraba de lleno a las ligas mayores, con el peso codeándose con el dólar 1 x 1. El México de Salinas de Gortari pretendía que con la firma del TLC entrábamos de lleno al primer mundo, ilusión que no ha dejado de alimentar el gobierno de Vicente Fox, para quien estamos a unos cuantos dólares de lograrlo pues en su tan “globalizada” administración hay quienes sostienen que México dejó de ser un

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país subdesarrollado a pesar de los apabullantes datos que hablan de todo lo contrario, es decir de la profundización de la inequidad social y de las diferencias abismales a nivel de las naciones, y desde luego entre México y sus “socios”, Estados Unidos y Canadá, siendo América Latina una de las zonas más marginadas a nivel mundial. A pesar de los que quieren aislar el caso argentino del resto de los países que practican el credo neoliberal, tan claramente expresado en la portada de la revista Newsweek que con una imagen desoladora de los disturbios en aquella nación, rezaba: “it’s not as bad as it looks. Why Argentina’s contagion Won’t Spread” (sic Newsweek, 2002), para quien quiera verlo, los supuestos del neoliberalismo se derrumban como naipes. Los uruguayos, por ejemplo, apostaron a la sustentabilidad del modelo argentino ¿“y a ese barco se ató nuestro pequeño bote”? ¿Los resultados?: En vez de crecimiento sostenido existe recesión prolongada y la inestabilidad ha llegado a extremos impensables: la espeluznante cifra de 14 millones de pobres en Argentina revela su carácter excluyente, pero lo más dramático de todo es, como dice Viera, que esta realidad “no mueve un pelo” a los partidarios del modelo, ni los aparta de su “fundamentalismo neoliberal” que consistió, Consenso de Washington mediante, en “abrir escandalosamente sus mercados, desregularizarlos, dolarizarlos, estabilizarlos en términos de precios y de valor del dólar, y, ante todo, a limitar los gastos del sector público” (Viera, 2002). Y si el dólar es barato, continúa Viera, el sentido común indica que la tendencia será a importar bienes en vez de fabricarlos en el país, al tiempo que los compradores en el exterior encontrarán caros los productos que se quieren exportar. Resultado: desprotección lacerante, falta de competitividad, relegación de intereses del sector agropecuario e industrial, desempleo creciente. Y los beneficiarios han sido los sectores vinculados al comercio y a los servicios, que no fueron expuestos a la competencia desde el exterior y pudieron operar en precios altos en dólares, el comercio importador de bienes de consumo final. Reconociendo las diferencias de su país con Argentina, en términos de su menor grado de deterioro económico, político y social, el economista uruguayo llega, sin embargo, a una conclusión que se aplica tanto a Uruguay como a otros países de la región: no existen diferencias en cuanto adónde conduce el sendero por el que se está transitando (Viera, ibid.). Un ejemplo muy cercano nos lo brinda el caso ecuatoriano que también sufrió el problema de la dolarización y también tuvo su “corralito”. La dolarización en aquel país, “no respondió a ninguna evaluación económica […] fue una medida estrictamente política para salvar a los banqueros, sustento del poder gubernamental”, explicó al Suplemento Zona del diario argentino El Clarín, Francisco Hidalgo Flor, director de la revista ecuatoriana Espacios. La dolarización viene además con condiciones como la apertura tanto de mercados como de bases militares. Los resultados de la dolarización fueron catastróficos para un país con menos recursos que el argentino: el promedio anual

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de inflación pasó del 52% en 1999, al 90% en el año 2000 y, al 40% en el 2001, pero en dólares, batiendo récord en Latinoamérica; se dio un acelerado deterioro de la vida cotidiana, enormes masas de desocupados que vagan por las calles sin protección ni futuro, registrándose también uno de los mayores éxodos en la historia regional: sólo en el periodo 2000/2001 salieron del Ecuador 500 mil personas, que representan más del 10% de la población económicamente activa que es de 3 millones; el desempleo superó el 50%; quebraron 3 mil empresas; los pobres pasaron de ser 34% de la población en 1995 al 71% en el 2000, mientras que la extrema pobreza se duplicó al pasar, del 12 al 31%. La dolarización también produjo una mayor concentración de la riqueza donde los más ricos pasaron del 52 al 61% del ingreso nacional y los más pobres bajaron en ese periodo del 4.6 a menos del 2.6% del mismo (Luzzani, 2002). Las sociedades latinoamericanas han sido sometidas a un proceso de transformaciones estructurales, en el sentido neoliberal, que se ha traducido en la imposición de un modelo concentrador y excluyente que fragmenta, que rompe el tejido social, que le quita contenido y base social a los partidos políticos y sindicatos que sobrevivieron a las dictaduras. Dicho proceso parece haber logrado una victoria ideológica cultural debido, entre otras razones, al haber convencido a amplísimos sectores de la sociedad capitalista de que no existe otra alternativa, logrando satanizar al Estado convirtiendo toda política social del pasado en burdo populismo, proponiendo en cambio las virtudes del mercado, pero, sobre todo, al haber logrado en la práctica, mercantilizar “derechos y prerrogativas conquistados por las clases populares a lo largo de más de un siglo de lucha, convertidos ahora en bienes o servicios adquiribles en el mercado. La salud, la educación y la seguridad social, por ejemplo, dejaron de ser componentes inalienables de los derechos ciudadanos y se convirtieron en “simples mercancías intercambiadas entre proveedores y compradores, al margen de toda estipulación política” (Borón, 2002:41). La ideología neoliberal se ha convertido en el sentido común de nuestro tiempo y los gobernantes parecen competir en quién declara con más ahínco su adhesión a los principios de libre mercado (y a Estados Unidos) pero tales expresiones tienen que ver poco con la realidad, pues “los capitalismos desarrollados continúan teniendo estados grandes y ricos; muchísimas regulaciones que organizan el funcionamiento de los mercados, recaudación de impuestos, promoción de formas encubiertas y sutiles de proteccionismo” (Borón, 2002) que luego resultan no tan sutiles como dice Joaquín Estefanía en su artículo “George Bush, el hombre de acero”, esto último no por fuerte, sino por el “acusado proteccionismo económico del ultraliberal presidente”, el que acaba de imponer un arancel del 30% a las importaciones estadunidenses de acero, amenazando con extenderlo a otras materias, como las agrícolas o la industria de semiconductores. Así, señala cómo los dirigentes neoliberales como Bush y Reagan han aplicado una política keynesiana de derechas y practican la libertad absoluta para ellos” (Estefanía, 2002).

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Pierre Bourdieu, el sociólogo francés recientemente fallecido, objeta, por su parte, el discurso del neoliberalismo en dos niveles: como teoría, a la que define como “desocializada y deshistorizada” y como práctica, ya que le imputa la destrucción sistemática de los vínculos humanos. En un artículo publicado por el diario argentino El Clarín, Bourdieu escribió que “esta teoría tutelar (la de la lógica del mercado) es pura ficción matemática basada en una abstracción formidable que consiste en poner entre paréntesis las condiciones y las estructuras económicas y sociales que son la condición básica de su ejercicio […] La utopía de un mercado puro y perfecto se logra a través de la acción transformadora y destructiva de todas las estructuras colectivas capaces de obstaculizar la lógica del mercado puro: la nación, grupos de trabajo, colectivos de defensa de los derechos de los trabajadores” (Bourdieu, 1998). Precisamente uno de los referentes para entender la crisis de la política es el deterioro de la llamada “sociedad del trabajo”. La ola de privatizaciones, la política de desindustrialización, la transformación de la estructura económica han afectado profundamente al movimiento obrero, pauperizando a los que vivían de su trabajo, liquidando a la clase media y creando una inmensa economía informal. La precarización del trabajo es un proceso mediante el cual el trabajador se convierte en un vendedor de su fuerza de trabajo sin derechos, como señaló el brasileño Ricardo Antunes, profesor de sociología del trabajo, en entrevista a Adrián Sotelo (Sotelo, 2001). El especialista añadió cómo, de acuerdo con la OIT, por lo menos mil millones de personas en el mundo están en el desempleo y la precarización. Y dentro del proceso de reducción cuantitativa de la clase trabajadora, aumenta la explotación del trabajo femenino e infantil además de que también hay una exclusión creciente tanto de los jóvenes trabajadores, como de los viejos, es decir los que llegan a los 40 años (sic). Antunes sostiene que, más que afirmar que ya no hay clase trabajadora, nos encontramos frente a una forma de trabajo social más complejo, más internacionalmente dividido y más fragmentado, aunque es cierto cómo tanto las políticas neoliberales como el elitismo prevaleciente en el mundo de la tecnocracia que está en el poder buscan reducir su capacidad de articularse como actor social y político. Y es que en este proceso de cambio estructural de la relación de los actores sociales con el Estado, se va imponiendo la perspectiva conservadora de la gobernabilidad en las nuevas democracias, la cual tiende a ver la expansión democrática de la participación popular, en general como una sobrecarga en el gobierno, por lo que toda ilusión del Estado interventor en favor de distintos grupos sociales debe reducirse, según la óptica neoliberal. Empieza a prevalecer la idea de que el peor riesgo para la democracia misma es su ampliación –un “ exceso” de democracia significaría un déficit en la gobernabilidad–, por lo que la conducción debe estar en manos de los grupos entrenados en el poder y su administración, en suma en manos de las élites gobernantes. De esta manera, se empezó a plantear que uno de los principales obstáculos

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para la consolidación democrática eran los gremios fuertes, corporativos, con posibilidades de desestabilizar el sistema a través de un exceso de demanda, por cuanto se apuntaron las energías precisamente para desestructurar su capacidad de respuesta, fragmentándolo y atomizándolo, acusándolo de pertenecer a grupos privilegiados y corruptos por lo que se encamina todo un proceso de desmantelamiento de las viejas estructuras corporativas, clientelares, pero no a favor de las intermediaciones democráticas o colectivas. En México, el salinismo procedió al desmantelamiento del viejo orden, pero, en realidad, no con el afán de sustituir y modificar instituciones corporativas corruptas, sino para sustituirlo por su personal mecanismo de articulación Estado –(Salinas)– pueblo, como fue el Pronasol que Zermeño propone como uno de los ejemplos más nítidos del vaciamiento de las intermediaciones, al intentar ligar en forma directa, la figura personalizada del presidente de la República con la diminuta y transitoria asociación de ciudadanos paupérrimos: “allá en el comité de Solidaridad, en lo más recóndito de la sociedad atomizada […] (Aunque) lo que Solidaridad sí ha logrado con eficiencia es desmantelar las más auténticas organizaciones intermedias de la sociedad (como) parte de una misma concepción desmanteladora de las defensas sociales, de la consistencia del tejido social […] no a favor de las intermediaciones democráticas o colectivas sino a favor del verticalismo personalizado del tlatoani en turno el cambio no condujo a una nueva época de reconstrucción de intermediaciones” (Zermeño, 1996:51-52). El presidente Raúl Alfonsín inicia esta política en Argentina, pero quien le da la puntilla al movimiento obrero tradicional argentino es, paradójicamente, Carlos Menem, heredero del populismo peronista vuelto al revés. El objetivo que supuestamente perseguía Alfonsín, era fortalecer a los partidos políticos y dejar fuera lo corporativo, vinculado a la tradición política previa (peronista) y al modelo nacional popular, lo que significó una estrategia de desarticulación de las bases sociales peronistas, en tanto se les acusó de corporativistas: “el gobierno, al considerarse la única fuerza política capaz de llevar a cabo la transición a buen término, desconfiando de la democraticidad del resto de los actores, no podía evitar caer en un sesgo elitista” (García Delgado, 1995:114). Sin hasta ahora haber podido realizar la hazaña neoliberal menemista de darle vuelta a la Constitución cada vez que pudo y gobernar por decreto, un movimiento parecido intenta realizar el gobierno de Vicente Fox en México al proclamar en el extranjero, concretamente en España, donde estuvo con motivo de la Cumbre Iberoamericana, que hay que modificar la Constitución de 1917 porque obedece a intereses priistas (sic). Independientemente de la distorsión y el desgaste al que estos principios fueron llevados por el priismo, se intenta desconocer que en el origen de dicho documento, que otros panistas consideran un bodrio y una monserga, está un pacto social y político al que dio origen la revolución mexicana, un proyecto nacionalista que es el que está en crisis. Aunque tiene razón Roberto Madrazo, del partido aludido, el PRI, al señalar que reformas a la Constitución sólo podrían darse desde una visión

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de Estado y no mediante políticas revisionistas que buscan convertir a la Carta Magna en un instrumento al servicio de las necesidades del gobierno en turno, el dirigente nacional del PRI no debería olvidar que quienes empezaron estos cambios fueron los gobiernos priístas, desde De la Madrid, hasta Zedillo (Urrutia, 2002). Y es que el fondo de esta modificación constitucional nada tiene que ver con establecer un nuevo pacto social y político, sino que el objetivo es abrir las puertas a la privatización de la energía, el petróleo, el gas y otros recursos naturales, así como parques, servicios, turismo y todo lo que resta, pues es parte de los compromisos con el Banco Mundial y el FMI, razón por la cual también el foxismo está luchando por establecer una nueva relación con el mundo del trabajo por medio de estos programas de flexibilización laboral que permiten al patrón contratar sin tener que respetar derecho alguno para el trabajador. Ya no se trata de cooptar a parte de los obreros organizados, sino de eliminar sus bases organizativas y materiales. Al atentar contra los sindicatos, Menem sigue la tendencia descrita de terminar de raíz con el populismo, como pretendieron las fuerzas armadas, llevando a cabo una estrategia de desarticulación del poder sindical, proponiendo además un plan de flexibilización laboral (García Delgado, 1995:152-153) que es orgullo del “liderato” neoliberal. El desmantelamiento de la universidad pública ha sido “un renglón destacado de esta ingeniería de desconstrucción social” (Zermeño, 1997:50). Y es que los cambios del escenario educativo son a todo nivel. Guillermina Tiramonti señala cómo la escuela primaria ya no es aquel espacio de confluencia de sectores sociales y cómo la suplantan dos circuitos bien diferenciados: la educación pública para los chicos de los sectores medios bajos y bajos, con escuelas para pobres ordenadas alrededor del principio de la asistencia, y la educación y la escuela privada con todos los adelantos y oportunidades para el pequeñísimo núcleo privilegiado de la sociedad. En el caso de sociedades como la argentina, en donde la educación ha sido, como en los otros casos, una vía fundamental para la movilidad social, el día de hoy los jóvenes enfrentan un futuro sombrío y sin certezas, debido, entre otras causas, a que la evolución de la oferta de trabajo en los últimos decenios tiende a concentrarse en quienes manejan un alto nivel de especialización que la educación tradicional no es capaz de ofrecer, condenando a una gran mayoría a flotar entre el desempleo, la paga irrisoria o el desplazamiento –siempre habrá un médico desempleado que desplace a un visitador médico, o un arquitecto a un dibujante–, todo lo que amplía la franja de vulnerabilidad, es decir de marginación. Como dicen Justo Laguna y Marcos Aguinis al reflexionar sobre la vida y los problemas de la Argentina, acosada por la pobreza y la corrupción, la marginación presupone un límite dentro de un Estado: el marginado se ubica adentro, en una zona determinada. La exclusión en cambio, implica el destierro del sistema. El excluido es un hombre sin trabajo, sin hogar, sin futuro. Ni siquiera disfruta del bálsamo que eran los hospitales públicos ni existe el seguro de desempleo (Laguna y Aguinis, 1998).

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Y si la pobreza se va transformando en exclusión, el excluido no es un protestador, sino alguien que se aísla “y en un país en que la exclusión se expande, las reglas de juego de una democracia están en peligro. Puede mantenerse la apariencia de una república con la división de poderes y el voto periódico, pero es muy difícil mantener la democracia sustantiva que implica cuotas de participación y compromiso de la gente” (Neri, 1996). Estos fenómenos están dibujando un nuevo mapa social cruzado por líneas divisorias entre los educados y los asistidos, los empleados y los desempleados, entre los ganadores del modelo que a decir de las sociólogas argentinas Inés González Bombal y Maristella Svampa, son los profesionales, gerentes, empresarios y personal altamente calificado, asociados al ámbito privado y entre los “perdedores estarán los empleados y profesionales del sector público, trabajadores autónomos y comerciantes” (Moreno, 2000), a los que bien se pueden añadir, después de la crisis actual, a una parte muy significativa de la sociedad argentina. Como señala Alberto González Toro, si históricamente esta sociedad, la argentina, estaba dividida en tres clases, la alta, la media y la baja, el decenio de los noventa marca una nueva división dentro de la clase media: una media alta, formada por los ganadores de la convertibilidad, una clase media baja, integrada por perdedores del decenio anterior, empobrecidos e incluso desempleados y un tercer segmento, la clase media media que había logrado mantener la histórica posición de este sector social (González, 2002). Los principales beneficiarios de los actuales intercambios internacionales están ubicados en el nivel de la agroindustria, grandes grupos financieros, exportadores y grandes intereses manufactureros para mercados de exportación, todos ellos, defensores de la globalización, “la globalización es un fenómeno tanto imperialista como de clase, por lo que corrientes de ingresos asimétricos afectan el crecimiento del mercado interno como un todo pero favorecen el rápido crecimiento de enclaves exportadores y el enriquecimiento de las clases locales en el circuito global” (Petras y Veltmeyer, 2001). Otro grupo que apoya la globalización subordinado a los primeros incluye a funcionarios estatales de alto nivel, tecnócratas, académicos y publicistas ligados a circuitos internacionales que son los que se encargan de elaborar las teorías y los conceptos justificatorios de la globalización. (ibid.:31-32). Al respecto la revista Newsweek festejaba, en tiempos de la administración de Bush padre, la existencia de una nueva generación de tecnócratas entrenada en Estados Unidos que estaba “rediseñando las economías latinoamericanas […] viva market economics”, remataba el semanario (Newsweek, 1990:20), y no dudan en referirse a estos tecnócratas bien vestidos, seguros de sí mismos y que ven hacia Estados Unidos como un segundo hogar, como la nueva élite dirigente que estaría barriendo con todos los errores del estatismo. Con todo, la revista advertía también que la privatización emprendida podía terminar en poner muchos de los recursos del Estado en las manos de un pequeño círculo de industriales y financieros, miembros de la oligarquía que ha dominado por decenios, “La venta de las mi-

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nas de Cananea dio al Grupo Industria Minera México, el control sobre el 95% de las reservas de cobre mexicano” (ibid.:23). Va emergiendo así un establishment que ve crecer su fortuna al calor de las privatizaciones para luego monopolizar los servicios públicos privatizados, primero como contratistas de empresas públicas subsidiadas y luego como compradores de éstas a través de mecanismos de privatización de la deuda, constituyéndose como dice Delgado en “herederos del Estado” (Delgado, 1995:147) con inversiones en lo financiero y vinculados a los sectores más concentrados de servicios e industria y ramas industriales de punta mientras que el empresario medio sustitutivo (ISI) de mayor gravitación política y económica en el periodo anterior sufre una disminución considerable de su importancia y poder (muchos prefieren la quiebra mientras que otros se convierten en comerciantes e importadores de los artículos que antes producían, se vuelven firmas subsidiarias o venden sus empresas), desdibujándose también la capacidad de los sectores dominantes más tradicionales –tanto rural como urbano industrial– de manifestar sus tensiones y contradicciones buscando alianzas con los sectores populares por una suerte de autoritarismo y disciplinamiento empresarial (ibid.:149). El modelo neoliberal ha contado con el apoyo de un cada vez más reducido bloque de élites económicas –el número de latinoamericanos en la lista de millonarios de la revista Forbes se incrementó de 8 en 1991 a 39 en 1997–, crecientemente dependientes del capital extranjero que hoy desempeña un importante papel en la región especialmente desde las privatizaciones de principios de los noventa dice el informe de NACLA sobre las nuevas fortunas emergentes (NACLA, 1997). En el caso chileno la reestructuración de los pasados 20 años ha transferido riqueza y poder a un pequeño número de grupos conglomerados y sus socios transnacionales. Los seis mayores grupos controlan mas del 20% del capital. En Chile además se dio la vinculación de la dictadura pinochetista con el grupo de economistas que estudiaron en la Universidad de Chicago con los impulsores del “libre mercado” y que desde la Universidad Católica se convirtieron en pieza fundamental para la instauración del recetario neoliberal, uno de cuyos ejes fue la política de privatización que generó la riqueza de estos pequeños grupos que se convirtieron en la fuerza dirigente de la economía chilena combinando el control de bancos, finanzas y compañías de servicios con industrias agroexportadoras de fruta y productos pesqueros, modificando a los grupos de poder tradicional los que eran como grandes familias poseedoras de latifundios e intereses comerciales y de industrias tradicionales como ropa y zapatos. Otro eje central para la concentración de la riqueza fue la privatización de las pensiones obreras, con base en la privatización del sistema de seguridad social que colocaron los ahorros de los trabajadores bajo estos grupos que usaran los fondos para reconstruir sus imperios en bancarrota (Rosenfeld y Marré, 1997:22 y 24). En México, en estos últimos 15 años, la nueva concentración de la riqueza sin precedentes se da en una nueva élite financiera, los neobanqueros, lo que ha generado una serie de reacomodos en la clase dominante económicamente,

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especialmente del sector industrial. Las políticas privatizadoras se iniciaron en 1987 haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Según Carlos Marichal hoy en México el 10% de los más ricos reciben el 50% del total del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre recibe un escaso 3% (Marichal, 1987:28). En Perú, si bien el gobierno de Fujimori puso fin al poder de la vieja oligarquía terrateniente debido a sus contrarreformas neoliberales, estas mismas proporcionaron al poder económico y político bases para un mayor proceso de concentración, consolidando a una nueva oligarquía en el Perú. Desde luego que no todos los grupos económicos se vieron igualmente beneficiados. Las políticas de libre mercado minaron seriamente al sector industrial favoreciendo al sector primario exportador (cobre, productos del mar, algunos bienes agrícolas) y al sector financiero, entrecruzándose sus intereses (Reyna, 1997). Las nuevas divisiones sociales tienen una impactante expresión en los fenómenos de segregación residencial que tanto conocemos en México, donde van desde verdaderos bunkers hasta la calle cerrada con un policía y una reja o “pestaña” para controlar el paso. En el caso argentino, se le vive como un proceso de suburbanización en los barrios de clases altas, con límites infranqueables, con circuitos familiares, colegios protegidos, en suma, como si fuesen dueños de un tejido urbano propio. Pero también el impacto de estos cambios es cultural, es social, en el sentido de que los instrumentos fundamentales de la socialización y la integración, como eran el barrio, la familia, el trabajo, la escuela, ya no funcionan como tales. Al respecto, enciende los focos rojos el hecho de que en una sociedad como la uruguaya donde la familia, la escuela, el barrio funcionaban de tal manera que potenciaban el desarrollo de los niños en las ciudades y donde “la igualdad de oportunidades era un ideal posible”. Hoy en día, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, muestra una altísima concentración de la pobreza en la infancia, alcanzando al 48% de los niños entre 0 y 6 años y al 42% entre 6 y 13 años, en contraste con los importantes logros y avances sociales en otros grupos, especialmente de la tercera edad. Según estudio de los sociólogos Kaztman y Filgueira, el problema no es principalmente que haya más o menos niños pobres, sino “el problema se centra más bien en la salud de los mecanismos que se habían desarrollado en la sociedad uruguaya para garantizar un mínimo de oportunidades de movilidad en todos los estratos” (Israel, 2002). La situación por la que atraviesan muchas naciones latinoamericanas, aunque con distintos niveles y significados puede verse, como lo hace Ricardo Sidicaro, en términos de sucesivas desintegraciones. A lo que ha sucedido con la estructura ocupacional y la del sistema educativo, hay que añadir la desintegración de la seguridad pública, de los cuerpos encargados de impartir justicia (Sidicaro, 2002). Al respecto, una de las consecuencias del repliegue del Estado en este rubro es que se generan vacíos que, a su vez, son ocupados por poderes fácticos, como

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el proveniente del narcotráfico que, además de tomar la “justicia” en sus manos, también despliega una veta asistencialista y de construcción de infraestructura, tanto en México como en Colombia, al hacerse cargo de la pavimentación de calles, el socorro a los pobres o la construcción de carreteras, pero también abriendo paso a la impunidad del crimen organizado. Un ejemplo de esta situación nos lo brinda el asesinato de un alcalde brasileño del PT, en enero del 2002 en San Andre, como parte de una ola de crímenes contra ese partido de izquierda, que hasta el momento de escribir este ensayo, se encontraba con grandes posibilidades electorales (las elecciones presidenciales de octubre de 2002). Uno de los principales dirigentes de ese partido, Marco Aurelio García señala, como hipótesis del asesinato de Celso, la disputa por el espacio público que se da entre una izquierda ascendente e intereses del “bajo mundo” que se han apropiado de esos espacios, aprovechando también la incapacidad de la policía y de la Justicia. Frente al repliegue del Estado que ha tenido lugar durante los últimos 15 años, tanto en Brasil, como en los otros países latinoamericanos, frente a un Estado, “que se fue del espacio público”, el vacío fue ocupado, en gran medida, por la Iglesia y las ONG pero, en otros casos, por el crimen organizado, el cual, por ejemplo, empezó a ser proveedor de servicios públicos, financiando un puesto de salud por aquí, un club de cultura por allá, equipos de futbol o escolas do samba. Por eso logró una capilaridad social muy grande. Pero cuando el PT llegó a las municipalidades, “reocupó el espacio público al desplegar políticas sociales, como en salud y educación”. Todo esto amplía el espacio ciudadano y crea mecanismos de control del Estado, lo que genera estos conflictos. Precisamente la película La virgen de los sicarios dirigida por Barbet Schroeder basado en la novela autobiográfica del escritor colombiano Fernando Vallejo, intenta ser un reflejo apocalíptico de lo que sucede no sólo en Colombia cuando el Estado “desaparece”: “El Estado –sostiene Vallejo–, está desapareciendo en todas partes. En México también va a desaparecer, porque no puede controlar a una población tan grande […] El Estado está desapareciendo en todos los niveles de la sociedad. La sociedad se le está yendo de las manos al gobierno, y eso lo vemos en Colombia, donde es más grave que en otros (casos), y también en Argentina” (Montaño, 2002:5a). Estos cambios sociales y políticos, esta sensación de abandono del Estado que se percibe desde lo social, apunta hacia lo que es su papel en el orden neoconservador: un Estado que pierde la capacidad de representar al conjunto de la sociedad, frente a la cual sólo puede impulsar nuevas formas de neocorporativismo, reeditando al clientelismo, renovando un presidencialismo autoritario, desmovilizando a la ciudadanía, desorganizando y encapsulando a partidos políticos y sindicatos. Un Estado erosionado por lo que Natalio Botana identifica, en el caso argentino, como la coexistencia de poderes formales con poderes subterráneos y mafiosos (cuando Duhalde asumió la presidencia hubo carteles llamándole Don Corleone), lo que se percibe como falta de control de las autoridades civiles sobre la fuerza pública (Botana, 1998).

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Cabe aquí la definición de Guillermo O’Donnell sobre democracias delegativas, término que busca establecer los contrastes con las institucionalizadas. Así las primeras serían inherentemente hostiles a los patrones de representación que se dan de manera normal en las democracias establecidas, oponiéndose a la creación y fortalecimiento de instituciones políticas y a lo que llama el autor “responsabilidad horizontal”, es decir, el control cotidiano de la validez y legalidad de las acciones del ejecutivo por parte de otros organismos públicos que son razonablemente autónomos del mismo. El término delegativa significa “una concepción y práctica del poder ejecutivo que presupone que éste tiene el derecho, delegado por el electorado, de hacer lo que le parezca adecuado para el país”, señalando de paso la debilidad del componente liberal democrático en esos casos (O’Donnell, 1997). Un Estado que pierde la capacidad de representar los intereses de toda la sociedad genera, a decir de Carlos Vilas, un deterioro en el ejercicio de la ciudadanía, una tendencia a buscar liderazgos personalizados, a que los “excluidos” busquen vincularse de manera directa, sin mediaciones por la vía de elecciones plebiscitarias, lo que reanimaría tanto el caudillismo como el clientelismo, estableciéndose así una clara distinción entre política formal e informal. Es la problemática del neopopulismo, de la antipolítica, de lo antiinstitucional que están presentes en este contexto (Vilas, 1998).2 La erosión de la dimensión pública del Estado, mediante la cual, a decir de O’Donnell “ciertos organismos estatales pasan a ser parte de circuitos de poder que están perversamente privatizados, como ya sucede en el nordeste y toda la región amazónica de Brasil, la zona de la sierra en Perú y varias provincias del centro y noroeste de Argentina, como ejemplos de la evaporación de la dimensión pública del Estado” (O’Donnell, 1994:71). Como señala Joachim Hirsch, el repliegue de los estados que en el siglo XX se habían configurado como estados nacionales, integradores, tanto económica como socialmente, por su habilidad de regulación intervencionista de tipo keynesiano benefactor (fordismo) hacia un menor intervencionismo y una administración magra de la sociedad, “fue un requisito para la reorganización de las condiciones de valorización del capital y de las relaciones de fuerza de clase después de la crisis del fordismo” (Hirsch, 1996). Con ello, empero, fueron al mismo tiempo reducidas considerablemente las posibilidades para poder configurar y mantener cohesionadas a las sociedades por medio de la política estatal (Hirsch, 2000). Esta situación es mucho más acentuada y grave en sociedades periféricas como las nuestras, pues estamos hablando de estados que pierden su legitimidad hacia adentro, como lo hemos visto tanto en el caso argentino, como en los de Venezuela y Ecuador, donde hubo una verdadera insurrección indígena, popular y militar, pero también hacia afuera. 2 Un acercamiento preliminar al tema del neopopulismo y las nuevas formas de dominación autoritaria en Castro, 1997.

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LA VINCULACIÓN INTERNA/EXTERNA DE LA CRISIS

Con la erosión de la dimensión pública del Estado también estamos hablando de esa pérdida de legitimidad hacia afuera, de estados de por sí avasallados en su soberanía nacional por los intereses económicos, políticos y estratégicos de países como Estados Unidos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de estados tan debilitados desde el punto de vista de sus tareas en materia de integración nacional que no pueden hacerse cargo de sus propias fronteras frente a olas de inmigración, redes de narcotráfico y tránsito de guerrilleros y fuerzas de seguridad policiaca y militar en las zonas fronterizas como la de Colombia, la desordenada Ciudad del Este, ese reducto paraguayo que hace frontera con Brasil y Argentina, tierra de nadie, se dice, en donde habita gente de varias nacionalidades, destacando árabes y coreanos y de donde se habrían instrumentado los dos atentados contra la comunidad judía argentina, en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la AMIA frente a una mezcla de complicidad e incapacidad del Estado argentino para evitarlo. La región amazónica, frontera compartida por Brasil y Colombia, es otro foco de tensión pues ninguno de los dos países ha podido establecer del todo su soberanía y ahora se ven enfrentados regionalmente con un nuevo proceso de militarización impulsado tanto por el Plan Colombia, como por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y es que las mismas privatizaciones –y no demandas de autonomía planteada por los indígenas chiapanecos, como bien lo señaló el Subcomandante Marcos– son los fenómenos que van fragmentando y desterritorializando a las sociedades latinoamericanas. Sidicaro se pregunta, junto con las otras desintegraciones, ¿cuándo comenzó la desintegración territorial? “No cabe duda que viene de lejos, que durante los 12 años de neoliberalismo se incrementó el aislamiento de regiones, el abandono de cultura de zonas y se despoblaron ciudades con las privatizaciones […] la fragmentación ha llegado a puntos inéditos” (Sidicaro, 2002). A eso hay que sumar otros fenómenos como los desplazamientos y migraciones tanto al interior de países como Colombia, Venezuela, México, Guatemala, por motivos de guerra, represión, o por causas económicas como entre países latinoamericanos. Así, por ejemplo, en Jujuy y Salta la inmigración boliviana es “tan descomunal que en Jujuy llega al 60% de la población, transformando la misma cultura de la ciudad” (La Nación, 1998). Este conjunto de fenómenos en que se combina la desterritorialización y fragmentación, la emergencia de un nuevo mapa social, los vacíos dejados por el Estado, la emergencia de poderes fácticos, la crisis de los partidos políticos, generan mayor vulnerabilidad de esos estados frente a las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Intentos de integración regional como el Mercosur también resienten el debilitamiento de los estados en términos de sus tareas tradicionales. Como dice Di Tella, “El Mercosur fue un intento de crear una gran área de comercio libre que a la

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Argentina le permitiría quintuplicar el tamaño de su mercado, pero hacer eso exitosamente exigía, aunque parezca contradictorio un decidido intervencionismo estatal” (Di Tella, 2000). No hay duda de que frente a todas estas problemáticas encontradas se rompan los lazos entre representantes y representados, y que desde el campo de los excluidos se busquen alternativas, como en el caso argentino, los clubes de trueque fundados en 1995 cuando llegaban a convocar a 320 mil personas en el 2000, pero hoy superando el millón de personas en 800 clubes de 20 provincias junto con otros fenómenos asociativos como el crecimiento de la acción voluntaria (hay más de 2 millones 200 mil argentinos voluntarios en todo el país, muchos de ellos vinculados a instituciones religiosas (Pavón, 2001), y otras formas de organización que superen la anomia, la pasividad de la misma situación de la exclusión. Se podría decir que muchos caminos fueron abriendo las puertas al encuentro de la orgullosa clase media argentina, que luchó por mantener su estilo de vida y “no asimilarse a la imagen estereotipada de las sociedades latinoamericanas, con los pobres de la clase baja desempleados y pauperizados, unión que no fue producto de la casualidad, sino que ya se venía gestando con mucha anticipación, pues esa clase media empobrecida pasó, de vivir su pobreza de ‘puertas adentro’, vergonzante y aislada, a abrirse e interactuar con los pobres tradicionales, intercambiando bienes y servicios en los mencionados clubes de trueque” (ibid.). Es la imagen de los nuevos pobres y los ya existentes los que forman desde hace un decenio un importante movimiento de desempleados, los llamados piqueteros, con los que de manera inédita confluye la “clasista” ex clase media argentina, participando en acciones conjuntas, mientras las cúpulas políticas se enfrentan entre sí e internamente, de espaldas a ese desesperado pueblo que asalta supermercados y se refugia en movimientos vecinales, tratando de reconstruir, las más de las veces inventar, por primera vez, formas de solidaridad y de apoyo mutuo. La explosión social es inmensa, pero no estamos frente a una revolución. Quizá sí ante la incierta búsqueda de nuevas formas de organización social que hasta ahora no están muy claras. Pero también cabe la advertencia de contemplar los límites de la acción cacerolera: se debe pasar a una reflexión más selectiva porque eso de que, refiriéndose a los políticos, se proclame que todos se vayan no cabe para sociedades complejas donde no se pueden remplazar instituciones por deliberaciones callejeras. “El cacerolazo defiende y reivindica, pero no construye gobiernos ni democracias mejores sin la intermediación de partidos organizados, definiciones programáticas y adopciones ideológicas” (Pasquini, 2002).

EL PROBLEMA DE LAS MEDIACIONES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

Ha sido una constante en América Latina la inadecuación de las fuerzas políticas tradicionales y modernas, sea Estado, partidos políticos, sindicatos, gremios,

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FFAA,

etc., para asumir la confrontación entre movilización social y cambio político, para establecer formas de mediación entre valores y aspiraciones y mecanismos de institucionalización. La actual crisis en Argentina ha puesto de manifiesto una ruptura profunda de la sociedad con los partidos políticos que es una situación que se vive en muchos países de la región. El talón de Aquiles de la democratización es precisamente, junto con su incapacidad para restaurar los fundamentos éticos mínimos para la reconciliación,3 su falta de contenido social y la debilidad o franca ausencia de una cultura política donde los partidos políticos hubieran sido formas de mediación generalizada. Liliana de Riz sostiene que hasta 1983 que marca el fin de la dictadura militar y el tránsito a la democracia, no se puede hablar de la existencia de un sistema de partidos en el marco de un sistema político que se caracteriza por la enorme debilidad que tienen éstos frente al Estado y otros actores de estructuras alternativas como el sindicalismo o las fuerzas armadas (Castiglioni y Medina, 1998:56). Es así como frente al colapso presidencial y la fragilidad institucional en aquella nación, el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez señala que en su país los partidos políticos siguen actuando como “poderes feudales, aves de rapiña que dividen al país y no están dispuestos a ceder el poder”, las estructuras judiciales están pervertidas y en la Legislatura, “están representados los partidos y no el electorado”. El rechazo a los políticos (en estos momentos hasta visceral), por parte de sectores importantes de la sociedad que se sienten defraudados, expresa la crisis de representación, la ruptura de los lazos entre representantes y representados, el vacío de poder, la ruptura de los consensos donde los hubo y de pérdida de legitimidad por medio de la evidente fragmentación y ruptura del tejido social. En este contexto adquiere relevancia la insistencia sobre la importancia del papel de los partidos políticos. No se trata de trasladar instituciones y formas de ser y de participar que se dieron en los países más desarrollados a los nuestros, pero como lo enfatiza Augusto de Franco en un ensayo, por cierto, muy crítico de dichas asociaciones políticas, “sin partidos no hay democracia. Por lo menos en el actual escalón de las relaciones políticas no se puede prescindir de los partidos”, menos en sociedades como la brasileña (y otras de la región) “donde se verifica una ausencia de tradición partidaria sólida, quizá debido a que nuestras élites resolvieron históricamente sus problemas a través de acuerdos de grupo y corporativos, en general, celebrados en el interior del propio Estado”. Precisamente al reflexionar sobre el impacto de la crisis argentina en una so3 Puesto que a la impunidad de la que disfrutan quienes violaron masivamente los derechos humanos en ese país y que son responsables de crímenes de lesa humanidad, se suma la capacidad que tienen de financiar negocios privados “lícitos” como el Renave en México que pretendía llevar a cabo el registro vehicular de una de las ciudades más grandes del mundo bajo la dirección de Cavallo, cruel y frío torturador ahora “retirado”, sólo bajo los principios de la “ley de punto final”, con el botín de guerra que obtuvieron durante la guerra sucia al apropiarse de los bienes de sus víctimas, y acumular un capital considerable.

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ciedad como la uruguaya, el politólogo Jorge Lanzaro señala que lo que la protege, por lo menos en principio, de un estallido social como el de Argentina es la existencia de un sistema de partidos mucho más consistente, al funcionar en forma más integrada, en un contexto donde las reformas estructurales han sido de una manera mucho más gradualista y moderada y no de desarticulación como en la nación vecina, lo que “deja como saldo una mayor preservación del Estado e incluso, en algunos casos, una mejoría importante y hasta un ensanche del sector público”, todo lo cual no significa la ausencia de problemas como son el debilitamiento de las redes colectivas, de las lógicas de identidad, de integración y acción colectiva. Sin embargo, lo interesante a destacar es que la respuesta uruguaya aún es más política, “más de alternativas partidarias, de búsqueda de confianza en los partidos aunque con márgenes importantes de desilusión, de desapego y de distancia con respecto a la política en muchos sectores, especialmente los jóvenes” (Israel, 2001). A pesar de la fuerza de los movimientos sociales, como vimos anteriormente, los partidos políticos no dejan de ser parte de los mecanismos de mediación para lograr la consolidación democrática: la dinámica no consolida la representación, participación y decisiones políticas por igual entre sectores sociales movilizados cotidiana o excepcionalmente, por lo que la necesidad del desarrollo de instituciones políticas más fuertes, es impostergable, así como la institucionalización en el proceso de transición y consolidación democrática. Como señala Jorge Lazarte, “los partidos cumplen una función básica y central en el sistema político: son mecanismos y estructuras especializadas de mediación entre las demandas de la sociedad y el sistema político”, existiendo además una relación positiva e inherente entre partidos, democracia y mediación (Lazarte, 1998). La importancia de estas mediaciones en el desarrollo y consolidación de la democracia europea, con la cual constantemente nos medimos y buscamos reproducir en nuestro medio, es innegable. No obstante, no ha sido el papel que han jugado en América Latina en donde más bien hablaríamos, como dice Roger Bartra de “estructuras políticas de mediación política no democráticas surgidas en el proceso de transición al capitalismo moderno y alimentadas posteriormente por una situación de abigarramiento económico [que] no evolucionan obligatoriamente hacia la democracia” (Bartra, 1978). Bartra apunta a la esencia de lo que Delgado llama el modelo movimientista (democrático popular o populista) donde la democracia es, en todo caso, concebida como participación, no representación, por medio de apoyo de tipo plebiscitario, con gran importancia del liderazgo carismático, una fuerte identidad entre representantes y representados y la indistinción entre los ámbitos público y privado (Delgado, 1998:110). Lo que se consolida son relaciones clientelares entre sectores e instituciones del sector público y las diferentes organizaciones de la sociedad civil donde el

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Estado satisfacía necesidades colectivas de la población a cambio de lealtades que legitimaban el orden político. A falta de sistemas políticos partidarios con gran fuerza representativa, el clientelismo burocrático no tardó en convertirse en la fuente de legitimidad del poder público y en la cara complementaria del sistema corporativo patrimonialista: de esta manera los conflictos sociales se expresan a través del Estado, se superponen acciones sociales, políticas y culturales, en un “constante desplazamiento hacia el Estado de las más diversas órbitas de la vida social” (Calderón y Dos Santos, 1998). Si la precariedad estatal es uno de los elementos que explican las relaciones clientelares –¿qué tanto y cómo prevalecen estas formas de dominación hoy en día?, ¿qué tanto se ha comprobado cómo en la medida en que emergen nuevas prácticas, hacia la participación ciudadana, se va minando el modelo corporativo?, ¿qué tanto se está transitando de una política de clientelas a una política de mayorías ciudadanas? ¿Será, como se dice, que las modalidades tradicionales del autoritarismo así como las formas más modernas y sutiles de no competitividad política echan sus raíces en un mismo tejido social?4 Algo parecido vamos a plantear acerca del corporativismo. El corporativismo es una forma de relación Estado/sociedad civil, “un pluralismo limitado de asociaciones operantes bajo tutela del Estado generador de una red institucional y de un sistema de poderes y contrapoderes” (Nora Rabotnikof, 1992), sistema de representación de intereses que también ha servido como forma de control, que se impone desde arriba. El campo público queda socializado y monopolizado por los organismos corporativos afiliados como en el caso de México, al partido oficial (Jaime Sánchez Susarrey, 1988).5 Es cierto que, como dice Ilán Bizberg, hay que diferenciar entre corporativismo autoritario (en el cual aún existen distintos intereses organizados jerárquicamente y que juegan un papel de representación) dentro del cual el corporativismo estatal donde la iniciativa viene de arriba y la institucionalización e integración de las organizaciones sociales se da por la vía autoritaria y el totalitarismo donde no existen intereses que mediar, y las organizaciones ya no son más que mecanismos de control. “en los regímenes totalitarios se sustituyen los mecanismos de mediación por indoctrinamiento, por lo que no puede hablarse de corporativismo, cuando el propósito central del régimen es abolir intereses particulares o de grupo, eliminar conflicto entre sectores y clases y en última instancia, la vida misma en sociedad” (Rabotnikof, 1992:62-63). 4

Ibid., p. 260. Aunque como señala Susarrey para el modelo mexicano, pero bien puede aplicarse a otros casos latinoamericanos, no fue sobre la base de una racionalidad corporativa –es decir que todo empleado o trabajador está organizado, inserto– por lo que este autor habla en términos de enclaves corporativos, porque la tasa de sindicalización fue bajísima –los optimistas hablan de un 24% y los pesimistas de un 14%– donde resulta que la clase obrera organizada fue minoritaria con respecto al conjunto de la clase trabajadora pero pesaron más esos 2 millones de obreros sindicalizados que los 8 millones de trabajadores desorganizados. Es decir, se da un esquema corporativo débil, que hace del derecho a organización un privilegio, en un mar de población desorganizada, atomizada y despolitizada. 5

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Guillermo O’Donnell ha dicho que el corporativismo populista fue un sistema de incorporación social y activación de la política de masas bajo control del Estado, a diferencia del Estado Burocrático Autoritario, por ejemplo, donde se trata de exclusión y no de incorporación. El corporativismo no es posible cuando el Estado es fuerte, autónomo y diferenciado, cuando la sociedad civil cuenta con formas de organización autónoma, existe un régimen democrático representativo o cuando se trata de sociedades en donde ni el Estado es fuerte ni la sociedad está organizada y es tal su grado de fragmentación que no hay bases donde sustentar formas de organización desde la cúpula (Rabotnikof, 1992:67). Si bien es cierto que para muchos analistas ha llegado el fin del corporativismo, ésta es una idea que habría que discutir con mayor amplitud, pues tal parece que ante la ausencia de organizaciones democráticas plenamente constituidas, el nuevo bloque en el poder tiende a reutilizar estos mecanismos corporativos y clientelares. Esto nos coloca nuevamente frente al problema de la persistencia de formas tradicionales de dominación, que no han sucumbido frente a los distintos esfuerzos modernizadores. Lo que nos lleva también al tema de las mediaciones. Más que favorecer la democracia, el actual modelo neoliberal basado en ajustes macroeconómicos favorece el crecimiento de la pobreza, la marginación o la polarización social, lo que no favorece el afianzamiento de la democracia. Existe una tendencia a los liderazgos personalizados, sin mediaciones, a favorecer a caudillos electorales, a la confirmación del clientelismo, a los votos a cambio de favores, lo que se traduce en un deterioro en el ejercicio de la ciudadanía. De esta manera “se podría decir que la mediación no democrática tiende a surgir en condiciones de gran heterogeneidad económica, política y cultural, en donde el abigarramiento de diferentes y contradictorios factores étnicos, grupos políticos, clases [forman la] base de un aparato político que se ha construido mediante un complejo proceso de alianzas, equilibrios y pactos [como] solución política a una sociedad que, por diferentes razones históricas [colonialismo, etc.] no ha logrado completar en su base social los requisitos de unificación nacional y la sociedad civil no ha sido atomizada en una multitud o masa de invididuos. Al prevalecer todo tipo de fronteras étnicas, nacionales, sociales por lo que el Estado” no se separa de la sociedad civil “sino que se eleva por encima de la sociedad con la ayuda de un aparato mediador no democrático” (Bartra, 1987:98-99). De esta manera, lo característico de América Latina en cuanto a las formas de representación tiene que ver con esos fundamentos para ejercer esa tarea. En países como Brasil por ejemplo, los “representados” no conforman, como en Europa, un todo homogéneo ni desde el punto social, político o cultural, sino que se trata de “una población mosaico, distribuida en diversas escalas de estratificación, con movilizaciones, votos y representaciones de lo político nutridos por la visión que ellos tienen del mundo en que se mueven” (Monclaire, 1993:109).

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Una consecuencia de esta situación es la despolitización. Como lo constató también Stéphane Monclaire, en Brasil existe un pronunciado desinterés por la política. Semanas antes de la primera elección presidencial con sufragio universal desde la instauración de la dictadura, es decir, en un periodo de fuertes movilizaciones (aquéllas donde la consigna era por elecciones diretas ja), el 33% de los electores decía “no interesarse en la política”, lo que no significa que al resto le interese: el 78% de los electores reconocen que la política es tan complicada que “la gente no llega a comprender lo que pasa” (el 52% de los electores de la presidencial de 1990 no tenían una escolarización de más de siete años, el 17% nunca fue a la escuela o sólo estuvo un año). Junto con la despolitización, viene la desconfianza en las formas de representación, razón por la cual los profesionales de la política compiten por el mercado de la representación política con sindicatos, comunidades eclesiásticas de base, cámaras patronales, movimientos culturales (hoy día podríamos añadir al Movimiento de los Sin Tierra cuyo crecimiento e importancia ha sido espectacular y requiere análisis aparte), situación que, además del descrédito, se relaciona con el peso de los intereses regionales, la representación desigual de los llamados partidos “nacionales”, la inmensa superficie del país y la desigual concentración del desarrollo, el aumento de las desigualdades interregionales, las constantes migraciones internas y las rivalidades entre oligarquías locales con intereses opuestos. Desde luego que factores como “el encadenamiento de fases “democráticas” y fases autoritarias, combinado con la creación de un marco partidario inédito en cada cambio de régimen –impulsado por el poder central– perjudicó indiscutiblemente las posibilidades de desarrollo de un sistema de partidos nacionales, creados, por iniciativa de dirigentes locales, a lo que hay que sumar “los modos de movilización política, legado cultural de regímenes militares y del clientelismo, que facilitaron el desarrollo de aparatos electorales locales”, renovando formas de corrupción y parálisis en la unificación de los mercados políticos. Al respecto Robert Gay sostiene, en un reciente trabajo sobre el fenómeno del clientelismo, que tanto la forma como el funcionamiento contemporáneo de dicho fenómeno no ha sido examinado, por lo que su función en el proceso político actual ha sido incomprendido o aún peor, ignorado. Este autor constata cómo en Brasil, las élites tradicionales siguen dominando la escena política, los partidos políticos permanecen débiles, una administración pública fragmentada e inestable continúa siendo insuficiente para responder a los derechos ciudadanos, razón por la cual en este ensayo sostiene que el clientelismo sigue siendo un rasgo esencial y duradero en el panorama político brasileño, razonamiento que pienso válido para analizar otros casos latinoamericanos. “Argumentaré que el clientelismo –dice Gay–, no debe ser visto como una fuerza inmutable […] sino como una relación sujeta a constante reto, renegociación y cambio” (Gay, 1998). Toda esta situación conlleva la falta de permanencia y coherencia de las alianzas electorales (a excepción del Partido de los Trabajadores, PT, que por su

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organización interna por lo menos hasta ahora se ha opuesto a alianzas ideológicamente heterogéneas), lo que lleva a una débil fidelidad partidaria, tanto de parte de los votantes como de los representantes (entre 1986 y 1990, de los 559 parlamentarios, sólo un tercio había llegado a la banca representando al mismo partido, mientras que el 28.7% había pertenecido antes a dos partidos diferentes (Monclaire, 1993:116-117). La situación no es muy distinta en términos de la ilegitimidad de los partidos políticos en un país como Bolivia. Según Jorge Lazarte, encuestas realizadas en 1996, señalan que el porcentaje de desconfianza hacia los partidos es de 82% mientras que el latinoamericano llega a 77%, estando por encima de este país andino, Ecuador, Guatemala y Venezuela (Lazarte, 1997:31). Lazarte nos brinda, a partir del análisis del déficit de los partidos políticos en Bolivia, en relación con el cumplimiento inadecuado de su función primordial de mediación, consideraciones que podemos generalizar a prácticamente toda la región. Así, por ejemplo, la manera en que surgen los partidos en América Latina, más como divisiones entre la misma oligarquía, como facciones sin ideas, estructuras de organización, programas ni reclutamiento, muy personalizados, siendo “más que propiamente partidos, ‘claques’, facciones que no alcanzan siquiera la categoría de protopartido”, compartiendo un código patrimonialista sobre el poder y la política y funcionando sobre la base de la confusión entre esfera pública y privada, la debilidad institucional, el desprecio por la norma, el caudillismo, la arbitrariedad, el abuso del poder, la corrupción y el “encapsulamiento respecto a los intereses orgánicos de la sociedad” (ibid.:28). Ese modelo patrimonialista, “originario”, caudillista y faccionalista va a pesar en el desarrollo político de naciones como la boliviana pues los partidos de masas que se forman después van a conservar en su matriz estos aspectos. a la vez, que no logran hacerse reconocer como estructuras de mediación. Como señala Lazarte, esto ayuda a entender, como en el caso brasileño, la propensión de importantes sectores de la población a formas directas y no mediadas de representación. Pero si en Brasil estos espacios son llenados fundamentalmente por una variedad de nuevos movimientos sociales, en casos como el boliviano o el argentino, fueron los sindicatos, desde luego que antes de la instauración del modelo neoliberal, los mecanismos más adecuados de representación. En Argentina, el peronismo intentó desplazar a la oligarquía terrateniente, construyendo una alianza con la nueva clase obrera –después de su largo camino de construcción de su identidad dado el peso de los factores culturales y nacionales entre los inmigrantes europeos– y organizándola para abrir las puertas a la burguesía industrial, convirtiendo al sindicalismo en fuerza social y política. En el caso boliviano, el movimiento sindical fue al mismo tiempo movimiento político hasta el punto de remplazar funcionalmente al partido el cual sigue sin poder actuar de mediador reconocido por la sociedad civil, pues ni la misma derecha que confiaba más en el aparato militar los tomaba como tal. Por consi-

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guiente, si en el periodo “populista” se acentúan el prebendalismo y la privatización de los recursos públicos, los posteriores años de autoritarismo marginaron aún más a los partidos, agravando sus dificultades para constituirse en actores políticos centrales (ibid.:28). En el caso argentino hubo más movimientos políticos caudillistas que partidos. Así, el radicalismo que nació como un partido antisistema frente al régimen oligárquico, “rehusó durante años definirse como un partido político apelando al pueblo como categoría colectiva, [mientras que] el peronismo, radicaliza los rasgos populistas de la política argentina y polariza a la sociedad con su discurso y sus prácticas”, momento en que la Unión Cívica Radical se plantea como partido. Especialmente el carácter movimientista del sistema político tipifica a los sistemas de representación de algunas sociedades que no vivieron el proceso de la separación de las esferas societales propio de la modernidad, dicen Castiglioni y Abal Medina. Es decir, no hubo una diferenciación de lo estatal, lo político y lo social, razón por la cual el Estado va a fungir como elemento ordenador, “espacio concreto diferenciado de la confusión significativa que prima en lo social” (Castiglioni y Abal, 1998:59). No podemos dejar de mencionar un caso donde ha funcionado y lo continúa haciendo, un sistema de partidos y nos referimos al caso chileno. Según Augusto Bolívar Espinoza y Ricardo Yocelevsky, “la existencia y participación de los partidos políticos en Chile, y la importancia que tiene su presencia o ausencia hacen la diferencia entre democracia y dictadura y sirven como una primera justificación empírica para relevar la problemática del sistema de partidos en el análisis de la transición no sólo para Chile sino para toda la región, a pesar de su especificidad” (Espinoza y Yocelevksy, 1996:59), porque cuando se habla de democracia o tránsito a la democracia, este proceso es impensable sin la presencia de partidos. Y es que el sistema de partidos y el sistema electoral han constituido en Chile la base desde donde se legitima la representación de los intereses sociales en el sistema político, dada la larga vigencia del sistema de partidos, la tendencia a la formación de alianzas y coaliciones, la costumbre a la participación política institucionalizada que fue incorporando a la representación política a sectores cada vez más amplios de la sociedad, sin recurrir, por cierto a tácticas populistas y corporativistas, todo lo cual se expresa en un crecimiento constante del electorado, la ampliación de mecanismos de negociación para la resolución de conflicto, la existencia de un modelo ideológico compartido por los actores del sistema de partidos, la existencia de una élite profesional de políticos que conformaba un verdadero gremio en el que participaban personeros de los partidos principales, pero legitimados por su capacidad para gestionar o patrocinar intereses individuales o de grupo. En todo caso “estuvieron profundamente enraizados en la sociedad: realmente expresan intereses, se adscriben a expresiones ideológicas universales las que les permiten competir como profesionales en la estructura política del estado, en el aparato administrativo” (ibid.). El problema en este caso fue cómo un sistema de partidos en un Estado de

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bienestar subdesarrollado produjo un largo proceso de desarrollo frustrado con tensiones cada vez más agudas ante la imposibilidad de satisfacer demandas desmedidas de clases en pugna, sin quebrantar el esquema de representación democrática. La ampliación democrática fue gradual, como en círculos, primero al proletariado, luego a las mujeres, siendo los últimos en incorporarse los sectores populares rurales, que hasta mediados de los años sesenta permanecían excluidos del derecho a la organización y existían como clientela electoral cautiva de la clase terrateniente tradicional. De alguna forma esta situación contribuyó a estabilizar el llamado esquema triangular de fuerzas pues como dicen los autores, el sector rural había contribuido a mantener una sobrerrepresentación de la derecha, dada la distribución geodemográfica de los asientos parlamentarios. La historia de esta exclusión es bastante conocida pero su significación para la estabilidad del sistema no es muy ampliamente considerada. También hay que destacar que ese consenso en torno al sistema de partidos, en torno al modelo de desarrollo, subordinaba las diferencias ideológicas de los distintos partidos. Cuando se rompe el consenso, los nacionalistas pasan a primer plano, tanto el nacionalismo de derecha como el populismo de izquierda que adquieren relevancia con el debilitamiento o crisis del sistema de partidos (Espinoza y Yocelevsky:62-63).

A MANERA DE CONCLUSIONES: ENTRE LA REFORMA DEL ESTADO Y EL

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La problemática de fondo de las diferencias respecto a la forma que asume la transformación del Estado en los países desarrollados y en América Latina es bien explicada por Joachim Hirsch, al señalar cómo en el proceso de construcción del Estado moderno que es el marco de la democracia representativa parlamentaria, “la relación de los estados entre sí permaneció marcada por la dependencia colonial, la utilización directa de la violencia y la guerra” (Hirsch, 1996:52). Los valores occidentales sobre la democracia, la igualdad y la constitucionalidad “siempre se encontraron limitados a un reducido número de estados desarrollados y dominantes tanto económica como políticamente […] Las sociedades democráticas ‘occidentales’ que disponen de garantías a los derechos humanos medianamente desarrolladas precisamente debido a que se han constituido en la forma estatal nacional (que es lo que permite que los derechos generales del hombre se conviertan en derechos ciudadanos, del Estado), descansan sobre estas relaciones internacionales de desigualdad, dependencia y violencia” (ibid.), relaciones que, pensamos, subsisten bajo el neoliberalismo. En este contexto, señala Hirsch, si la erosión del Estado nacional y el fracaso del modo de regulación del Estado social keynesiano que se expresan en la

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reducción drástica del campo de acción para la intervención económica y sociopolítica se resiente “incluso” en los estados grandes y poderosos, se presenta agudizado en la periferia capitalista, pues al fracasar los intentos por crear vías de desarrollo independientes bajo control del Estado el tercer mundo sucumbe frente a la presión de las condiciones cambiantes del mercado mundial. “Los gobiernos, de por sí débiles desde el punto de vista de las relaciones internas y legitimados democráticamente de manera deficiente, se mostraron ampliamente impotentes. Una consecuencia de ello es el fracaso de las esperanzas de desarrollo para una parte del mundo y un deterioro cada vez más brutal de los estándares económicos, sociales y políticos, con los correspondientes conflictos, incluso violentos” (ibid.:55-56). Es necesario entonces redimensionar el campo de lo político, pero recuperando el papel del Estado (no el anterior Estado populista), entendiendo sus transformaciones, sin hacerlo desaparecer bajo las supuestas tendencias de la globalización, pues como O’Donnell advierte correctamente, sin un Estado que pueda ser escuchado, sin la recuperación de cierta autonomía, sin capacidad de marcar una clara división entre lo público y lo privado, sin tener los instrumentos para corregir los defectos del mercado, no sólo estamos frente a un Estado ineficaz sino frente a un Estado que es arrasado y continuamente invadido por intereses privados (Landi, 1998). Un Estado que encontramos gravitando cada vez más en la órbita de Estados Unidos, en un esquema abiertamente neocolonial y no como parte integrante del puñado de países que dirigen el mundo como lo quiso ver en su momento el ex presidente argentino Carlos Menem, sin lograrlo, ni aun como aliado estratégico extra OTAN ni como lo afirma el presidente mexicano Vicente Fox, quien se asume además como socio, amigo y consejero en asuntos latinoamericanos del mandatario Bush. Los atentados suicidas contra las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre en Nueva York provocaron que toda la ultraderecha militarista vuelva al poder desatando una ofensiva que volvió a poner en sus cuatro patas a todo el aparato bélico industrial norteamericano contra el indefinido terrorismo y contra las aún más nebulosas fuerzas del mal, como señaló Bush, espejo de Bin Laden, al amenazar con que después de las faenas en Afganistán, continúan Irak, Corea del Norte y Filipinas, “nidos del terrorismo”, término que por cierto no discrimina entre Al Quaeda y la guerrilla latinoamericana, entre la organización terrorista ETA y el gobierno de Fidel Castro. Este nuevo entorno internacional viene a profundizar el sometimiento latinoamericano hacia la República Imperial por medio de la imposición de “alianzas” sobre la base de estás conmigo o estás contra mí, disyuntiva frente a la cual América Latina no puede elegir, ni interesa discutir su postura al actual liderato neoliberal pues para Estados Unidos la región es parte de su “entorno natural”, su “espacio vital” y para sus “asociados”, es parte de los nuevos tiempos posmodernos, posguerra fría y posnacionalistas de un mundo supuestamente sin fronteras, abierto y globalizado.

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Hay una redefinición del mapa hemisférico sobre la base del repliegue estratégico de Estados Unidos hacia su zona natural de influencia en tanto que surgen poderes regionales y subregionales en el mundo que disputan espacios de poder político, económico que después puede ser también militar. Parece ser que el rostro estratégico militar de este proceso está articulado alrededor del Plan Colombia en el que América Latina queda inserta bajo la égida de Estados Unidos y su lucha contra el narcotráfico (y ahora el terrorismo), y el rostro civil sería la integración del ALCA, lo que recuerda la Alianza para el Progreso lanzada por el gobierno de Kennedy para responder con amplios programas reformistas al reto planteado por la revolución cubana que quedó subsumido por su rostro militar contrainsurgente, que lanzó también el gobierno norteamericano bajo la idea de que el “enemigo” se había incrustado internamente, dando todo el fundamento para que muchos ejércitos latinoamericanos actuaran como ejércitos de ocupación contra su propia población. Bajo los efectos de la ideología de la globalización tiende incluso a desaparecer la idea de América Latina, viejo sueño panamericano, para hablar ahora en términos de América del Norte, que incluyendo a México intenta lanzar la frontera de Norteamérica hasta los países centroamericanos, y de América del Sur que a pesar de los intentos de que el Mercosur sea el núcleo de unidad que redefina las relaciones con Estados Unidos desde la perspectiva de los países involucrados en ese proceso en el mediano plazo quedaría también inmersa en este proyecto neocolonial. Varias razones explican esta situación entre las que están el que Brasil ni ha podido imponer su liderazgo ni países como Chile o Argentina lo aceptan de esa manera, aunado a la caótica situación económica de Argentina por lo que quedaría pendiente la “solución” de “obstáculos” y piedritas en el zapato como la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela, el problema de la ahora definida como narcoguerrilla terrorista colombiana, el evitar la radicalización de la crisis argentina, el que la izquierda brasileña siga sin ser una opción de poder, el seguir apretando las tuercas a la revolución cubana, para lo cual cuentan con embajadores honorarios que promueven las iniciativas norteamericanas contra Cuba, como el gobierno de Carlos Menem y su definición del nuevo realismo estratégico y su recientemente fallecido canciller Guido Di Tella, quien caracterizaba como relaciones carnales la nueva vinculación argentina con Estados Unidos. El modelo para el ALCA es el tratado comercial de México con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, espejo en donde muchos países de la región se quisieran ver, algunos hasta pensando que si Argentina hubiera tenido un tratado de esta naturaleza, no hubiera sucumbido ante la crisis que ahora vive, pero es sólo un espejismo pues la “globalización” de México por medio del TLCAN en realidad conlleva una “inserción de corte colonial de México, su economía, su mercado y sus recursos naturales estratégicos en la gran estrategia estadunidense por lograr un posicionamiento global ventajoso, especialmente en su relación cooperativa-conflictiva con Europa y Asia” (Saxe, 1999).

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Por ahora el presidente Hugo Chávez está demasiado concentrado en su entorno inmediato para evitar un nuevo golpe contra su gobierno como para ocuparse de la agenda externa, el nuevo presidente de Perú Alejandro Toledo, no se va a oponer al nuevo diseño norteamericano, Argentina está en crisis y Brasil enfrenta un proceso electoral, mientras que en Colombia se ha impuesto el candidato de la ultraderecha en Colombia, Álvaro Uribe. Chile ya se decidió por el ALCA y no por el Mercosur, con lo que Estados Unidos tiene ya en sus manos prácticamente todas las cartas hemisféricas. Con el cambio del modelo de acumulación se empieza a dar una recomposición regresiva desde el punto de vista social, del capitalismo, proceso de desmantelamiento del Estado, el repliegue a sus funciones mismas bajo el predominio del capital financiero especulativo sobre el productivo, sobre una deliberada desestructuración de la industria nacional y la configuración de un proyecto político neoconservador. Como dice Atilio Borón, el Estado al igual que en su fase oligárquica rescinde unilateralmente su contrato democrático con la ciudadanía al desertar de sus más elementales responsabilidades. Tenemos frente a nosotros a Argentina, como dicen, un inmenso laboratorio del neoliberalismo, sus ominosas consecuencias y sus muchas lecciones. No dejemos pasar este momento para articular una visión de conjunto sobre los retos que enfrentamos como región.

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El objetivo de este ensayo es problematizar y poner en tela de juicio las coordenadas básicas del debate contemporáneo sobre la relación entre política y sociedad. En esta dirección se abordarán cinco aspectos fundamentales de este debate: la crisis de la política, la institucionalización de los partidos políticos, la centralidad de la sociedad civil, la reconfiguración de los movimientos sociales y la supuesta desaparición de la izquierda y la derecha como proyectos políticos significativos.

LA CRISIS DE LA POLÍTICA

Hablar de crisis significa apuntar a un parteaguas, un momento o una situación en donde se agotó una forma histórica determinada, sin que se haya todavía asentado la nueva, entre “lo viejo que no acaba de morir” y lo “nuevo que no acaba de nacer”, como escribía Antonio Gramsci en las cárceles fascistas (Gramsci, 1999). En la actualidad, lo “nuevo” se asocia principalmente con el modelo neoliberal, aún cuando –en los tiempos más recientes-– está en curso una recomposición de fuerzas antagonistas que marca la coyuntura actual y de donde podría surgir en un futuro una alternativa de sociedad.1 Así, la crisis aparece como un momento de transición y de disputa, lo que desmiente la visión de los que asocian la crisis de la política con el fin de la política. Siendo la política una manifestación del conflicto social y de la lucha por el poder, ésta no se ha acabado ni se va a acabar. La tesis del fin de la política o el “adiós a la política” tiene su origen en una observación superficial de las tendencias en curso y, al mismo tiempo, en un proyecto ideológico determinado: el procesamiento neoliberal y conservador de la política. Mientras algunos observadores confunden el indiscutible agotamiento del modelo anterior de relaciones sociopolíticas y la transición en curso con una cri* Profesor del Posgrado en Pensamiento y Cultura en América Latina de la Universidad de la Ciudad de México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador editorial de la revista Memoria. Comentarios a: <[email protected]> 1 Me refiero en particular a la articulación de movimientos y organizaciones sociales en el Foro Social Mundial inaugurado en Porto Alegre en 2001.

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sis terminal, otros reconocen que la política se está simplemente transformando. Pero ¿de qué política estamos hablando?, ¿a qué transformaciones nos referimos? Un concepto tan abarcador como política produce lecturas diversas, aparentemente contrapuestas y hasta conduce a formulaciones retorcidas como la de Norbert Lechner, para quien “la política realmente existente desborda los límites entre lo político y lo no político” (Lechner, 1999:64). En este terreno resbaloso tropieza también un intelectual crítico como Joachim Hirsch cuando plantea el abandono de la política y, al mismo tiempo, distingue la “pequeña política” de matriz estrictamente institucional de la “gran política” de origen social, ubicando en la segunda los elementos del renacimiento de nuevas formas políticas potencialmente transformadoras y liberadoras (Hirsch, 2000). En la misma lógica, Marco Revelli, un destacado intelectual de la izquierda radical italiana, acusa a la política, “al hombre político”, de los grandes males del siglo y acaba festejando la entrada al nuevo siglo del “hombre solidario”, potencial edificador de una nueva sociedad, con lo cual la política regresa por la ventana después de haber sido echada por la puerta (Revelli, 2001). A pesar de todo, el análisis de Revelli tiene el mérito de introducir en la discusión una dimensión fundamental: la de la derrota política e ideológica del movimiento socialista internacional, en sus distintas vertientes, como la clave para entender la crisis de un sistema basado en la competencia ideológica y la disputa entre proyectos de sociedad. Sin embargo, es discutible el rechazo absoluto al modelo socialista y al proyecto antagónico que lo protagonizó (el capitalismo). Aunque al igual que Lechner, su lectura va más allá del mero reconocimiento de los elementos del nuevo contexto sociohistórico, ya que considera el elemento de la correlación de fuerzas y de enfrentamiento entre proyectos históricos. De hecho, es justamente la clara hegemonía del pensamiento neoliberal el sustento del triunfalismo de los que proclaman entierros precoces y, al mismo tiempo, el motor de la transformación de los términos, las modalidades y la percepción de la política. Si asumimos que la historia es la historia del conflicto social –por no escandalizar a los biempensantes hablando de lucha de clases–, no podemos leer los cambios de la realidad sociopolítica sin remitirnos a un enfrentamiento –más o menos visible– entre proyectos contrapuestos y su resolución histórica. Allí residen los orígenes de la crisis actual de la política. Desde allí se tiene que empezar el análisis de sus manifestaciones. La distinción de Hirsch entre “pequeña” y “gran” política, más allá de la valoración implícita en esta adjetivación, también evoca indirectamente la historicidad de una forma determinada de la política. El siglo XX ha sido la centuria de la política de masas, de la politización de los conflictos sociales, en donde la política fue el centro articulador de la vida social, desde el Estado o desde los movimientos de masas. De alguna manera, la política acabó de desdoblarse. Y es de este desdoblamiento de donde surgen las confusiones conceptuales actuales. ¿Qué es la política?, ¿es el ordenamiento institucional desde arriba o el empoderamiento desde abajo? En el corto siglo XX, ésta se manifestó de las dos maneras y ambas entraron en crisis. La crisis de la política se manifiesta, por un lado, en el acotamiento y la re-

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definición de la intervención estatal. La forma neoliberal de Estado ya no ofrece los amplios márgenes en términos de redistribución de la riqueza del siglo pasado, sino que se define más bien por establecer –en forma subalterna a las instituciones económicas internacionales– las condiciones de su concentración, mediante los incentivos y la protección del capital y el control social. En este desdibujamiento político de los márgenes de acción de las instituciones estatales, los partidos ven reducido su papel de realizadores de proyectos políticos, aspecto sobre el cual nos detendremos más adelante. El triunfo del neoliberalismo y la derrota de los movimientos anticapitalistas del siglo XX también impactaron a la política desde abajo, modificando el panorama, las formas y los objetivos de la movilización social –tal como lo apuntamos en otro apartado– y produjeron, a nivel de las representaciones sociales, un crecimiento del conservadurismo, el conformismo y la apatía frente a un statu quo que aparece o es presentado como inmutable. Ahora bien, ¿podemos decir que la crisis de la política implica simplemente despolitización? ¿En qué medida se cruzan fenómenos o movimientos de despolitización y repolitización? ¿Dónde queda la política? Frente al componente de despolitización impulsado por el neoliberalismo y funcional a los intereses dominantes (cf. Osorio, 1997), existe –como apunta Lechner– una tendencia a la “informalización de la política […] que acorta la distancia entre política y sociedad, pero simultáneamente provoca cierto vaciamiento de las instituciones políticas” (Lechner, 1999:64). Lo cual nos remite a mirar a los distintos lugares y distintas formas de la política para discernir entre tendencias al alejamiento y al acercamiento entre política y sociedad (Almeyra, 2000). Para empezar, hay que reconocer el evidente rechazo popular hacia la política institucional, a la “pequeña política” de la que habla Hirsch. Existe entonces una aversión a la política como lucha abierta y directa entre fuerzas sociales y proyectos distintos, producido por el mencionado fracaso del movimiento socialista y por un capitalismo triunfante que se asume como eterno e indestructible. Las causas de esto pueden ser variadas. Pesan, en este sentido, la derrota de las utopías del siglo XX y la frustración que sigue al fracaso del esfuerzo por transformar a la sociedad capitalista y los costos que éste comportó. Pesa también la otra cara de la derrota, un capitalismo ganador que puede permitirse el lujo de recuperar una forma más pura, más depredadora y explotadora. Como ha venido ocurriendo la historia (como relato) siempre ha sido escrita por los triunfadores y esta historia cuenta cómo la politización de las reivindicaciones sociales fue la que provocó las grandes catástrofes humanas que marcaron el siglo pasado. Este aprendizaje forzoso fomenta el rechazo a la política y al conflicto social, de cuya simbiosis surgió la disputa entre proyectos alternativos de sociedad que recorrió el siglo XX. Por otra parte, tal rechazo se manifiesta a la política entendida como administración, como técnica de gobierno. Esta asociación ha sido un caballo de Troya del neoliberalismo para depurar ideológicamente la lucha por el poder del Estado, para otorgar a sus postulados un reconocimiento “científico”, para de-

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sarmar los proyectos de transformación y para construir un monopolio de poder. El éxito de esta operación es un componente de la actual crisis de la política. Las formas tradicionales no han sido sustituidas eficazmente, puesto que el modelo neoliberal ha creado un abismo entre las instancias de gobierno y de representación y las posibilidades de influencia, de defensa de intereses de los sectores sociales mayoritarios. Este abismo es la condición para la implementación de las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, su límite estructural, porque no logra canalizar políticamente la reacción que éstas producen, lo que origina la alerta de los neoliberales y su reciente corriente “reguladora”. Si bien desarmó, aparentemente, a posibles proyectos alternativos de sociedad, el triunfo neoliberal parece haber sembrado, en este aspecto, un factor de su propia crisis. El neoliberalismo logró obtener el control prácticamente exclusivo del gobierno, propició y aprovechó la derrota de los movimientos antisistémicos, desactivó parcialmente el conflicto político y entronó la dimensión de gestión y administración en los marcos definidos por sus postulados. Simultáneamente, suscitó un rechazo generalizado a la política que, aun cuando le garantiza el monopolio en el aparato estatal, no logra canalizar la insatisfacción y la reacción popular. Allí se abren espacios y oportunidades para una salida a la crisis, una alternativa al procesamiento neoliberal de la política, que signifique la reconstrucción de ésta como terreno de conflicto, como refundación o reconquista de la soberanía popular, es decir, como el poder de las mayorías de decidir su destino.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La crisis de la política se manifiesta en una crisis de las mediaciones políticas típicas del siglo XX. Las transformaciones del papel de los partidos políticos representan un caso paradigmático por la centralidad que éstos asumieron dentro de las relaciones entre política y sociedad y por la refuncionalización por la que se vuelven a posicionar en la actualidad. A la par de la construcción de la democracia como conjunto de procedimientos, en el neoliberalismo los partidos políticos tienden a reducir sus funciones a la de puntales institucionales de los nuevos sistemas políticos. Asistimos a una redefinición de las funciones clásicas de los partidos, los que pasan a segundo plano. La elaboración de proyectos y la movilización, se reduce la representación y la agregación de demandas al momento electoral, la canalización de los conflictos se asocia al control y la gobernabilidad, mientras que sobresalen funciones como la administración y el gobierno, el reclutamiento de la clase política y el papel de la oposición acotado al ámbito parlamentario. Los partidos políticos –de derecha, centro e izquierda–2 actúan siempre más como instituciones 2 Evidentemente existen excepciones, casos de partidos de izquierda que mantienen horizontes de transformación que trascienden los marcos institucionales. Por otro lado, se trata de excepciones

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del sistema político y del Estado que como representantes de la sociedad y su papel responde a la lógica de la institucionalización de las relaciones políticas. En esta perspectiva, desaparecen o se desdibujan otros tantos aspectos clásicos de los partidos, vistos como organizaciones sociales y políticas o como comunidades, como espacios de articulación y proyección de la movilización y la lucha social, como instrumentos de elaboración y difusión de ideas, de valores, de proyectos de sociedad.3 El crecimiento del individualismo y la fragmentación social en las sociedades contemporáneas condujo, paralelamente, a una tendencia homogeneizadora, a una intensa y no pocas veces contradictoria relación entre búsqueda de identidades y defensa de la diferencia, lo que se manifestó claramente desde el surgimiento de los llamados “nuevos movimientos sociales”. Así que a los “clivajes” clásicos, de donde surgieron los partidos políticos históricos (centralismo-federalismo, Estado-Iglesia, capital-trabajo), se sumaron otros que los partidos políticos parecen no alcanzar a agregar y representar. Por otro lado, la disminución y la focalización de las políticas públicas dificulta la reproducción de los esquemas corporativos o semicorporativos tradicionales, provocando una dispersión de la negociación y la búsqueda por parte de una multiplicidad de actores, de canales directos de interlocución con el Estado para impulsar sus demandas. Si los nuevos actores escapan a una representación política estable, el papel de los partidos en cuanto la agregación de demandas es puesto en discusión, mientras que la función de canalización puede llevarse a cabo en términos de lobby y grupos de intereses, con lo que se reproducen el patrimonialismo y el clientelismo característicos de las clases dirigentes latinoamericanas que, en el interior de los partidos, se expresa en la lucha de facciones, el aumento de candidaturas independientes o la autonomía creciente de los representantes populares con relación a su partido. En ausencia de identidades sociales generales y estables, los partidos están sometidos a las oscilaciones de una indeterminada opinión pública que se expresa en la disminución de la militancia, la fluidez del voto, las encuestas y la influencia determinante de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, por la competencia mediática y publicitaria que implican hoy día las elecciones (junto a las reformas de los sistemas electorales en sentido uninominal), se fortalecen el personalismo y el caudillismo. Es importante señalar que el papel preponderante en la influencia cultural y la circulación de las ideas están más a cargo de los medios de comunicación masiva que de los partidos políticos llegando incluso a determinar la agenda política. La “teoría de la institucionalización” de corte politológico, que subyace a las que, si bien son sintomáticas de la resistencia de ciertos sectores a la normalización neoliberal, confirman la tendencia general en la medida en que ven disminuir sus márgenes de influencia y suelen reducirse a un presencia “testimonial”. 3 Sobre este problema véase (Offe, 1988) y, para una problematización desde América Latina (Garretón, 1998).

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transformaciones en curso, asume que el grado de partidismo corresponde al grado de democraticidad, medido por la duración del régimen democrático, la institucionalidad de los partidos, la competitividad del sistema de partidos y el establecimiento de rutinas en el funcionamiento del Estado (Cansino, 1997). Más allá del papel legitimador que han cumplido los estudios de la transitología latinoamericana, hay que reconocer las dificultades del pensamiento crítico en la cuestión de los partidos. Desde el rechazo tardío a la tradición partidocéntrica y vanguardista –hoy asumida con otro sentido por una corriente política y politológica conservadora– hasta el auge del enfoque movimientista, en sus distintas facetas, las investigaciones sobre los partidos políticos en América Latina han focalizado su atención en los aspectos novedosos y funcionales, descuidando los elementos permanentes y conflictivos. Así que desaparecieron artificialmente los problemas que surgen de la relación entre representación y participación política que los partidos clásicos extendían más allá del momento de la votación mediante un vínculo más a menos profundo de “pertenencia” a un colectivo, lo que respondía a una concepción amplia de participación social y ciudadana que hoy tiende a ser superada por medio de un proceso de despolitización tangible en el creciente abstencionismo, el rechazo hacia los partidos, el enaltecimiento de la llamada sociedad civil, la separación entre política y sociedad y entre Estado y sociedad. La institucionalización de los partidos políticos corresponde, por lo tanto, a una refuncionalización en sentido conservador, centrada en la idea de la gobernabilidad y de la neutralización de los conflictos sociales, mismos que los partidos –tiempo atrás– contribuían a elevar a una dimensión política. Este desplazamiento es componente y factor fundamental de la crisis de la política en general y de las mediaciones políticas en particular, lo que ahonda el vacío entre política y sociedad, tendiendo a expulsar la noción y el alcance del conflicto social de la contienda político-institucional. Ante estas tendencias actuales, existe un debate estrictamente político alrededor de los partidos. Por un lado, encontramos los que rechazan la política institucionalizada y sus actores fundamentales –los partidos políticos– desde una perspectiva movimientista. En el otro extremo, se sitúan los defensores de los partidos-aparatos electorales en términos de un pluralismo funcional a un modelo de democracia procedimental y socialmente neutral, aceptando el esquema delineado anteriormente. En una posición intermedia, se ubican los que asumen la crisis de la forma partido clásica y se preocupan por la consiguiente separación entre política y sociedad, invocando la recuperación de las raíces sociales de los partidos. Esta última posición merece ser analizada más detenidamente en la medida en que reagrupa interpretaciones relativamente distintas. En una versión modernizante, se plantea una forma de partido flexible capaz de interpretar las demandas sociales, como una caja de resonancia de la opinión pública, de manera que los partidos adquieran legitimidad social en su quehacer público y las aspira-

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ciones sociales adquieran concreción política, reactivando los canales de comunicación y de influencia recíproca entre política y sociedad.4 Por otro lado, se encuentra una visión un tanto nostálgica que, asumiendo la crítica a la deriva institucional de los partidos, propone recuperar su “esencia”, remitiendo al nacimiento de los partidos populares en el siglo XX, en la época de crisis del liberalismo oligárquico.5 Aquí se plantea la renovación de la idea de partido de masa no como simple “portador” de demandas populares, sino como instrumento de integración y de proyección política de las clases subalternas. Esta última postura es particularmente interesante, porque nos permite abrir una interrogante teórica a partir de la revisión histórica del siglo. ¿Cuál es la esencia de los partidos políticos?, ¿es acaso la de la alternancia entre partidos liberales y conservadores relativamente homogéneos basado en la exclusión de las mayorías desposeídas, por lo tanto la de un modelo neoligárquico?, ¿o la del antagonismo aggiornato entre partidos del orden y partidos revolucionarios? Posiblemente la respuesta se encuentre en una lectura de época y nos remita una vez más a los ciclos de maduración del conflicto social que acompaña a la historia del capitalismo. Será entonces la naturaleza y el nivel del conflicto los que determinarán las formas que asumirá el enfrentamiento político y el papel de los partidos. Podemos entonces vislumbrar un escenario en donde la transición de la resistencia a la construcción de alternativas al capitalismo neoliberal, implique la emergencia de partidos políticos que asuman un proyecto distinto de sociedad. De la misma manera, podemos avizorar otro contexto –inédito– en donde la transformación social sea impulsada por nuevas formas de organización, movilización y protagonismo popular al margen y en contra de un sistema de partidos anquilosado y atrincherado en la defensa de la conservación de estructuras políticas y sociales excluyentes.

LAS AMBIGÜEDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El proyecto neoliberal y neoconservador de separación entre la política y el conflicto social y de expulsión de éste de la esfera político-institucional, se relaciona con las vicisitudes de un supuesto nuevo sujeto histórico: la sociedad civil. Desde los años ochenta, a partir de las transiciones a la democracia en Europa oriental y América Latina, el concepto de sociedad civil se ha convertido en un tema de moda en el debate politológico y sociológico y en un referente obligado del discurso político, tanto de derecha como de izquierda, lo cual encierra 4 Ésta es la formulación de la socialdemocracia europea reagrupada en el Partido Socialista Europeo de gran influencia en la izquierda partidaria latinoamericana. 5 Ésta es la formulación de la izquierda partidista radical en Europa como en América Latina. Véase también la opinión de un intelectual comprometido como Marcos Roitman Rosenmann, Roitman, 2002:10.

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–detrás de la supuesta convergencia– una áspera disputa conceptual (Olvera, 1999). Antes de abordar las principales caracterizaciones de la sociedad civil, hay que volver a situar en el centro del análisis la dimensión histórica. Una vez más, la explicación del surgimiento –real o imaginario– de la sociedad civil encuentra sus orígenes en el desenlace del gran conflicto sociopolítico que marcó el siglo XX. Aunque existen diferencias notables entre los procesos europeos y latinoamericanos, ambos fueron expresiones de la derrota de los movimientos populares antisistémicos del siglo XX, como lo demuestra –entre otras cosas– el hecho de que los protagonistas y las demandas presentes en las movilizaciones del decenio de los ochenta no respondían a un referente de clase o popular. La derrota ideológica no se manifestó, como algunos pretenden, en la sustitución de ideales de emancipación social con ideales democráticos y libertarios, sino en la falta de articulación entre ambos, como había sido planteado por toda la izquierda socialista occidental post 68. Si bien es cierto que en América Latina esta perspectiva articuladora estuvo presente en las movilizaciones que impulsaron las transiciones desde los regímenes autoritarios, también lo es que aquella quedó supeditada a las demandas estrictamente democráticas y a los actores que las impulsaban. En esto se asentaba la derrota de un proyecto emancipador integral que se había venido gestando decenios atrás y estableciéndose ahora una nueva correlación de fuerzas. La retirada relativa de las fuerzas armadas del aparato estatal abría paso a la recomposición de sistemas de partidos depurados de las opciones extremas y al protagonismo de nuevos y viejos actores sociales. En la articulación entre viejos y nuevos actores se marcaba entonces el cambio de fondo de las dinámicas sociopolíticas y nacía el mito de la sociedad civil. Por encima de los movimientos populares de corte tradicional, ganaban visibilidad las posteriormente famosas organizaciones no gubernamentales, a partir de la lucha contra la impunidad en la violación de derechos humanos y a favor de la liberalización de la vida política. En este clima, la emergencia de la llamada sociedad civil organizada fue reconocida y aprovechada por un sistema político institucional en el que los partidos políticos asumían la conducción del proceso de reformas, pero reconocían el papel de las organizaciones civiles y su capital de legitimación política. De hecho, la relación de cooperación y competencia entre partidos y organizaciones civiles ha sido uno de los ejes fundamentales de los procesos de democratización latinoamericanos. En este proceso histórico se dibujaron distintas visiones de la sociedad civil. Por un lado, se asentó la visión neoliberal dominante que usa el concepto en referencia a todo lo que no es poder político e instituciones públicas, incluyendo organizaciones con rasgos paraestatales, como los sindicatos en regímenes corporativos o semicorporativos y todos y cada uno de los “ciudadanos”. Esta visión, que se apoya formalmente en la distinción clásica entre sociedad política y sociedad civil, fue recuperada en el discurso transitológico y tuvo un papel legiti-

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mador en el desmantelamiento del Estado populista-desarrollista latinoamericano –tal como lo fue del Estado fordista en los países desarrollados y del Estado socialista burocrático en el Este europeo. Planteando una contraposición maniquea entre Estado y sociedad civil, la visión neoliberal tiende, junto con la defensa de las libertades civiles y políticas, a justificar la libertad de iniciativa individual y la centralidad del libre mercado en la construcción social. A partir de esta lógica, como escribe François Houtart: el papel del Estado está limitado a tres funciones; proporcionar un marco jurídico que garantice la propiedad privada y el ejercicio de la libre empresa, asegurar el funcionamiento de la reproducción social (educación, salud…) y proteger a los individuos. Volvemos a encontrar la expresión de Michel Camdessus cuando hablaba de las tres manos: la mano invisible del mercado, la del Estado, destinada a organizar las reglas del juego y la de la caridad, que se ocupa de aquellos que quedan excluidos (Houtart, 2001).

Detrás de esta operación ideológica exitosa se percibe una deformación homogeneizante e idealizada de la sociedad civil. Homogeneizante, porque la asume como una unidad –un nuevo sujeto histórico–, sin distinguir ni reconocer los conflictos, las grietas y los intereses contrapuestos que la atraviesan y la fragmentan; como si la sociedad en su conjunto pudiera asumir e impulsar un sólo proyecto que implicara el bienestar de todos. Idealizada porque el concepto de sociedad civil se basa en el presupuesto de la existencia de “ciudadanos”, es decir, asume como dadas ciertas condiciones de igualdad en el plano económico, político y social (Vilas, 1998). Como reflejo de este “ciudadano” ideal, la sociedad civil es asociada a un conjunto de valores positivos (la armonía, la paz, la democracia, etc.) –el bien opuesto al demonio estatal y a las “molestias” ocasionadas por el conflicto social y político. La sociedad civil aparece así como un ente eminentemente apolítico. Más allá de la aparente ingenuidad, se percibe claramente el sesgo ideológico que, detrás de la retórica civilista, caracterizó y caracteriza a un proyecto político conservador y conformista. Si esta visión de la sociedad civil es propia de la derecha, al punto que es promovida por las instituciones financieras internacionales responsables de los grandes modelos de ingeniería social en nuestros días,6 la confirmación de la hegemonía neoliberal puede encontrarse en la contaminación que, a partir de esta concepción, sufrieron vastos sectores de izquierda. En particular, la renovación más reciente de la socialdemocracia europea, cuya influencia ideológica se percibe claramente en América Latina, se apoya fundamentalmente en esta caracterización de la sociedad civil, aun cuando, a diferencia de la derecha, que la asume como plenamente realizada, la concibe como un proceso cuya realización queda supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, en particular la 6 Véase, por ejemplo, el interesante análisis del discurso de algunas instituciones de crédito en Nora Rabotnikof, “La caracterización de la sociedad civil. Perspectiva de los bancos multilaterales de desarrollo”, en Perfiles latinoamericanos, núm. 15, 12/1999, Flacso-México, pp. 27-46.

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conquista de una igualdad de “oportunidades”, con lo cual se sustituye la referencia a la igualdad de derechos, es decir, cambia el objetivo de la igualdad real con la meta de la igualdad posible.7 Desde la misma concepción, conciben su labor social gran parte de las ONG que proliferan a lo largo y ancho del globo. Sin asumir los factores estructurales de los fenómenos de explotación, dominación y opresión que sancionan las relaciones políticas, económicas y sociales, muchas ONG se consideran los actores fundamentales de una sociedad civil “angelical” –como la llama Houtart– y caritativa que opera como válvula de escape, limitando los daños sociales de los ajustes estructurales y conteniendo las pulsiones autoritarias del modelo neoliberal, garantizando su estabilización, su viabilidad y la gobernabilidad. Escribe Houtart: Este tipo de concepción de la sociedad civil permite, sin duda, encabezar los combates sociales. En efecto, los abusos del sistema son denunciados, pero esto no desemboca en una crítica de su lógica. Por esta misma razón, se convierte fácilmente en receptáculo de ideologías antiestado, interclasistas, culturalistas, utópicas en el sentido negativo del término y, al tiempo que manifiesta el deseo de cambiar los paradigmas de la sociedad, resulta ineficaz a largo plazo (Houtart, 2001).

Así que, detrás de las buenas intenciones de muchas organizaciones civiles en gran medida inspiradas en una visión católica del mundo, se esconde su papel funcional al neoliberalismo (Petras, 2000). Por otro lado, hay que reconocer la presencia de una concepción radicalmente distinta. La idea de sociedad civil es –en esta versión– relacionada con la lucha por la hegemonía y con la resistencia frente a las políticas neoliberales, percibidas por separado o como parte de un proyecto global o de una formación económico-social históricamente determinada. En esta lectura, la sociedad civil aparece como una red de contención de múltiples actores sociales y populares en defensa de valores y derechos fundamentales y representa un frente en el conflicto y la confrontación sociales. Conflicto y confrontación polifacéticos, impulsados por minorías activas que conquistan visibilidad e influencia creciente en la contienda política y que –en determinadas coyunturas– pueden llegar a animar movimientos masivos. Esta visión, reconociendo el elemento del conflicto, tiende a asumir a la sociedad civil como un sujeto histórico antagonista. Sin embargo, no se trata de la simple sustitución de un sujeto caído en desgracia en tiempos de neoliberalismo (la clase obrera, el pueblo, los oprimidos, los explotados, según el matiz y el caso), por otro más actual con las mismas características. Si bien en esta versión la sociedad civil es el sujeto de la transformación desde abajo, lo es también a partir de otra concepción de poder y a partir de cierta interpretación de la construcción de una hegemonía. Poder y hegemonía aparecen 7

2000.

Sobre la tercera vía de Anthony Giddens y sus influencias en América Latina, véase Modonesi,

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aquí en sus facetas antiburocráticas y antiestatalistas –típicas de los tiempos neoliberales– como procesos de transformación de las relaciones sociales desde abajo, al margen del poder político y de la ocupación del aparato del Estado que en la teoría revolucionaria clásica, incluso en la refinada versión gramsciana, constituían un momento o un espacio central y resolutivo. La sociedad civil “antagonista” recupera solamente una parte de la compleja articulación que subrayaba Gramsci, la parte más olvidada por las vanguardias revolucionarias del siglo XX, la que sitúa a la transformación en el entramado social más finos, desde los espacios colectivos hasta los individuales que conforman a las sociedades contemporáneas.8 Ambas posturas están marcadas por un intento de caracterizar un concepto que, a partir de la crisis del Estado interventor, asumió una connotación positiva y se volvió central en el discurso político. Ambas responden a una voluntad de apropiarse del concepto en función de un objetivo –conservador o transformador. Ambas tienden a homogeneizar una realidad compleja y contradictoria, forzando el alcance del concepto, para construir artificialmente un sujeto social portador de un proyecto histórico. Aunque estas posturas son comprensibles, desde una lógica estratégica (la contienda en torno al concepto y los intentos de apropiación de la bandera de la sociedad civil), desde nuestra perspectiva, es pertinente recuperar los términos de esta disputa y emprender el análisis de la sociedad civil a partir de los conflictos, las fracturas y las profundas desigualdades que allí se gestan y se reproducen. La sociedad civil aparecería así, no como un sujeto histórico conservador o transformador, sino como un espacio de conflicto y el terreno privilegiado de la lucha hegemónica –tal como planteaba Antonio Gramsci en una época de franca contraposición ideológica–. Vista de esta manera, la sociedad civil resulta ser el terreno privilegiado de la política, de la praxis, el lugar donde se manifiestan los aspectos más sutiles de la dominación, se gestan los proyectos hegemónicos, se articulan las fuerzas sociales, se construyen y destruyen las pacíficas trincheras del poder y del contrapoder. Por lo cual, más allá de la mencionada contraposición conceptual, somos llevados a reconocer que la supuesta recuperación de autonomía de la sociedad civil, que festejan la mayor parte de los observadores contemporáneos, tiene una doble cara detrás de la cual se esconde un conflicto político y social cuyas dimensiones descubriremos pronto. Por una parte, la autonomía es el resultado de un complejo proceso de desestatización o privatización de la sociedad llevado a cabo a partir del desmantelamiento de los pactos corporativos y de seguridad social que, a su vez, produce un crecimiento exponencial de fenómenos de exclusión y marginación social, al mismo tiempo que favorece –bajo la ley del mercado– una concentración de la riqueza. 8 A esta concepción se oponen intelectuales marxistas que insisten en que toda revolución tiene que arrancar de una voluntad de poder que se exprese tanto a nivel social como a nivel estatal.Véase, por ejemplo, la crítica al pensamiento zapatista de Atilio Borón (Borón, 2001).

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Las relaciones de dominación depuradas de las mediaciones institucionales anteriores, según el esquema neoliberal polarizan a las sociedades latinoamericanas perfilando lo que Eduardo Ruiz Contardo llama un proceso de neoligarquización (Ruiz, 1995). Como contraparte de estos procesos, en y desde la sociedad civil, la autonomía libera energías y márgenes de acción que el modelo de dominación previo acotaba, abriendo la puerta al florecer de nuevas formas de resistencia y a la germinación de posibles alternativas. En la sociedad civil, bajo las nuevas condiciones, no sólo no desaparece el conflicto social sino que inevitablemente tiende a asumir formas políticas. La política, entendida como empoderamiento de los sujetos sociales colectivos, regresa a sus orígenes y empieza a recorrer el camino que la llevó a ser la protagonista del siglo XX, vuelve a gestarse desde abajo, en las tensiones, las contradicciones y los conflictos para resurgir como proyecto de transformación de lo existente, como alternativa, como utopía posible, como movimiento y tensión permanente hacia el cambio.

RECONFIGURACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

A partir de las tendencias mencionadas, es posible señalar algunos rasgos significativos de la reconfiguración de los movimientos sociales latinoamericanos. En primer lugar, es necesario establecer una distinción entre movilizaciones y movimientos sociales, en tanto que en que las primeras suelen ser coyunturales mientras que los segundos, si bien surgen y se alimentan de experiencias de movilización, tienden a asumir formas más estables y duraderas de organización y de elaboración programática. En este aspecto, podemos asumir que vivimos una época de repunte de las movilizaciones y, en consecuencia, de redefinición de los movimientos. La reconfiguración de los movimientos sociales se da, en el contexto del neoliberalismo, en direcciones contradictorias. Por un lado, juegan los factores ya mencionados, ahondándose la distancia entre política y sociedad, provocando desencanto, rechazo, apatía e indiferencia. Las nuevas formas de concentración del poder político producen una disminución de la capacidad de los ciudadanos para incidir en las políticas públicas y provocan una desvalorización de lo público, una creciente despolitización de la vida social y un debilitamiento de la participación institucional y social. Estos fenómenos acompañaron el descenso de la movilización a partir de los años ochenta y fueron el correlato del arraigo del neoliberalismo. Al mismo tiempo, la desestatización de la sociedad y la multiplicación de las fracturas sociales –más allá de la que produce la oposición capital/trabajo– liberaron una serie de sujetos sociales, complejizando la lucha social y generando nuevos movimientos reivindicativos. Por otra parte, en la medida en que el neo-

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liberalismo teñía de colores sombríos a las sociedades latinoamericanas, se levantaron las protestas y la resistencia asumió formas más visibles y ruidosas.9 Entre los flujos, los reflujos y las tendencias contrapuestas, podemos tratar de caracterizar sumariamente a los movimientos sociales latinoamericanos de la actualidad, a partir de dos perfiles generales, dos tipos ideales entre los cuales se sitúan las distintas realidades concretas. Un primer perfil responde a un modelo tradicional refuncionalizado en el marco del neoliberalismo. En éste se reproduce, afuera de los marcos corporativos de la etapa anterior, la dinámica de protesta-presión-negociación alrededor de reivindicaciones puntuales y limitadas de algunos sectores sociales determinados. A pesar del debilitamiento del papel de los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y el movimiento urbano-popular, se puede observar una renovación de la lógica corporativa en el marco de la gobernabilidad, una lógica neocorporativa focalizada que propicia nuevas formas de organización social y responde a la multiplicación de demandas, como una maniobra para integrar estratégicamente a ciertos núcleos y excluir a otros. Por lo tanto las movilizaciones de determinados sectores sociales organizados se caracterizan por una postura defensiva, de estricta resistencia, que parte de la protesta como presión para la obtención de ciertos resultados específicos y limitados. En tanto no se genere una representación política democrática y una forma de gobernar que prescinda de la mediación clientelar, el mecanismo corporativo como forma de legitimación y de hacer política puede reducir su alcance pero subsiste en un entorno marcado por el debilitamiento, la reducción y la fragmentación del mundo del trabajo. Así se mantienen y surgen organizaciones centradas en la defensa de derechos sociales puntuales. Si bien en muchos de estos movimientos existe la percepción –por lo menos en el nivel discursivo– de que el neoliberalismo es un modelo totalizante y que las demandas puntuales se resuelven en un marco general, se privilegia la posibilidad de obtener respuestas inmediatas a la acción social dirigida al cuestionamiento del sistema en su conjunto. En esta lógica, pesa, evidentemente, la derrota histórica vivida por los movimientos sociales tradicionales de los años setenta, así como su crisis de representación, fenómenos que empujan hacia la conservación del papel y la influencia de algunas organizaciones históricas a partir de su capacidad de obtener resultados concretos en lo inmediato. De esta forma, gran parte de las organizaciones y los movimientos sociales resienten, por una parte, las modificaciones en su entorno y, por otra, la reducida capacidad de incidir sobre las decisiones públicas. En consecuencia, se limitan a presionar para obtener concesiones limitadas, alimentando una cerrada competencia por la atribución de recursos, aceptando la subalternidad al neoliberalismo, guiándose por el posibilismo y el pragmatismo y sosteniéndose sobre un 9 Para una visión panorámica de los movimientos de protesta latinoamericanos de los últimos decenios véanse Eckstein, 2001; López, 1999.

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clientelismo siempre más miserable.10 Por lo tanto, a partir de la fragmentación social, gran parte de las manifestaciones de resistencia social a las políticas neoliberales asumen objetivos y formas aisladas y cortoplacistas. En este esquema, se pueden ubicar los llamados nuevos movimientos sociales surgidos en los años ochenta, a favor de la diferencia en la igualdad de géneros, de las preferencias sexuales y en defensa del medio ambiente. A pesar de que existen diferencias en las variadas expresiones que asumieron estos movimientos en cuanto a radicalismo y posturas antineoliberales, la tendencia dominante se ubica en el terreno de la presión para la obtención de avances concretos en términos legislativo y de financiamiento y, raras veces, asume la forma de una acción política dirigida hacia un modelo alternativo integral. Por otro lado, a diferencia de las organizaciones sociales tradicionales, en estos espacios se producen formas de asociación mucho menos centralizadas, rígidas, verticales y autoritarias que favorecen formas de militancia más elásticas y desembocan, en muchos casos, en la participación en diversas experiencias de movilización y de posicionamiento político general (Coll, 2000). Asimismo, desde el decenio de los noventa, empezó a dibujarse otro perfil dentro del conjunto de los movimientos sociales contemporáneos. De la desconfiguración de los esquemas tradicionales surgieron nuevos actores políticos, nuevas formas de organización y de lucha. Una parte minoritaria pero creciente de los sectores populares rompió con o fue expulsada de los acuerdos neocorporativos y del clientelismo focalizado neoliberal. A partir de la exclusión, se construyeron una serie de organizaciones independientes que asumieron la defensa de los derechos sociales y de los intereses populares en una contraposición permanente e irreductible frente al Estado neoliberal.11 El protagonismo de estos nuevos movimientos sociales, aun cuando aparecen todavía fragmentados, plantea niveles y formas de conflictividad social que no pueden simplemente entenderse desde el análisis clasista –aunque éste sigue siendo fundamental– (Vilas, 1995). Aquí la crítica frontal al neoliberalismo se entiende, por un lado, en la defensa de los derechos conquistados por el Estado nacional popular, ligada a la idea de igualdad y de justicia sociales y, por el otro, en la conquista de derechos no estrictamente ligados a la distribución de la riqueza, sino vinculados a los principios del pluralismo, de la diversidad y la diferencia cultural.12 En su conjunto y como horizonte de visibilidad, estos movimientos plantean la superación del statu quo en dirección de una sociedad radicalmente distinta. 10 Miserable, en el sentido de que, a diferencia de la etapa anterior, los clientes –en tiempos neoliberales– no salen de la miseria. 11 Y, en general, a toda forma estatal, lo cual ha conducido a la recuperación, explícita o implícita, del ideario político del anarquismo, como teoría y como práctica. Véase, por ejemplo, Epstein, 2001. 12 Este último aspecto ha sido señalado por los teóricos más conocidos de los movimientos sociales contemporáneos, véanse, por ejemplo, Touraine, 1997; Melucci, 1999.

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En este sentido, lo que en el fondo distingue estos movimientos es su proyección utópica. En esa tensión utópica convergen experiencias diversas que arrancan de contextos locales y de demandas puntuales (como por ejemplo los piqueteros argentinos, los sin tierra brasileños, los cocaleros bolivianos, los zapatistas mexicanos, los indígenas ecuatorianos y muchos otros movimientos sociales latinoamericanos) y de reivindicaciones de carácter global (como la red de ATTAC, de grupos ecologistas radicales o de defensa de los derechos humanos).13 Para estos nuevos actores de la vida política de la región las concesiones arrancadas a los estados neoliberales son pequeños pasos hacia delante en la construcción de una alternativa de sociedad. De esta manera, no solamente están contribuyendo a la resistencia al neoliberalismo en el presente, sino que están sembrando las semillas de un futuro distinto. Ambos perfiles de los movimientos sociales latinoamericanos apuntan a la redefinición de lo que es la política. Por un lado, se refuncionaliza la subalternidad hacia el Estado, la política institucional o “estadocéntrica”, ahora más en términos de influencia en una lógica defensiva que en términos de conquista y ocupación. Por el otro, vuelve a plantearse la contraposición irreductible con el Estado y sus instituciones desde una perspectiva de transformación centrada en lo social, en el horizonte de construcción de una alternativa de hecho, a partir de algunas coordenadas ideales más que de orientaciones programáticas y planificadoras. La definición de “política” vuelve a ponerse en el centro de la disputa “política”, en la cual se entrecruzan procesos de integración, resistencia y franca rebeldía a partir de los cuales se conforman los actores sociales que protagonizan la historia que estamos viviendo.

DERECHAS E IZQUIERDAS. LA HISTORIA SIN FIN

Alrededor de estas coordenadas básicas, es decir, en función de determinadas concepciones de la política a principio de este siglo, del papel de los partidos políticos, la sociedad civil y los movimientos sociales, se conforman, se articulan, se diferencian y, por ende, se pueden identificar los distintos proyectos políticos que habitan las sociedades latinoamericanas contemporáneas. La hegemonía cultural neoliberal logró filtrar en el sentido común la idea de que ya no existen diferencias entre derecha e izquierda, apoyándose en la tesis posmoderna del fin de las ideologías y en el real “acentramiento” de los partidos políticos en el interior de sistemas políticos homogéneos y homogenizadores, en los cuales ya no son representadas las posiciones “extremas” (Giddens, 1995). Sin embargo, la vida social y política latinoamericana, como lo hemos tra13 Este segundo aspecto es la gran novedad que ha despertado muchas expectativas y esperanzas a lo largo y ancho del mundo. Para una revisión de los planteamientos del movimiento en contra de la globalización neoliberal véase, entre otros, Seoane y Taddei, 2001.

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tado de ilustrar, desmiente esta lectura que resulta más apegada al “deber ser” neoliberal que a la realidad. Izquierda y derecha subsisten en la medida en que subsiste el conflicto social de fondo y que de allí se desprenden una serie de proyectos políticos.14 Lo que es indudable es que esta contraposición fundamental se modificó y se complejizó paralelamente a las transformaciones de la política. La competencia entre proyectos conservadores y revolucionarios perdió la linealidad que la caracterizó en el siglo XX y vuelve a presentarse como una nebulosa aparentemente contradictoria. Sin el afán de dar cuenta en profundidad de todas las fuerzas y los actores presentes y en proceso de construcción, podemos ubicar, en un primer acercamiento, cuatro perfiles fundamentales: una derecha institucional, una derecha social, una izquierda institucional y una izquierda social. La construcción de estos perfiles supone que más allá de la permanencia de la división entre izquierda y derecha, es necesario reconocer un corte transversal entre proyectos políticos de matriz social y de matriz institucional, el cual es el producto del proceso de separación y alejamiento entre las dos formas de hacer política que caracterizamos anteriormente y cuya articulación marcó la historia del siglo XX. La contraposición entre derecha e izquierda institucionales se manifiesta en el terreno electoral, bajo la forma de partidos, en torno a una visión de la política como ordenamiento desde arriba, desde las instituciones estatales. La izquierda institucional propone contener el conflicto social mediante dosis de redistribución, asumiendo que la transformación no puede rebasar los marcos establecidos por las leyes del mercado, sino que se tiene que limitar a un reformismo tendiente a un vago concepto de “equidad”. La derecha institucional asume la defensa de lo existente y propone contener el conflicto social por medio de una combinación de medidas represivas y políticas sociales focalizadas tendientes a neutralizar la posibilidad de una protesta explosiva de los sectores más desamparados y a dividir el campo de la exclusión. La relación entre izquierda y derecha institucionales es de competencia electoral, pero, en buena medida, de contaminación y convergencia ideológica y programática.15 Por otra parte, existen una derecha y una izquierda sociales que se manifiestan en el terreno de la representación y la organización de los sectores populares, a partir de una visión de la política como movimiento de abajo que pretende incidir en la construcción y reproducción societal. La izquierda social corresponde a los movimientos sociales antagonistas y negociadores ya mencionados, ubicados 14 En esto estamos parcialmente en desacuerdo con la lectura de Norberto Bobbio (Bobbio, 1994), quien ubica la persistencia en el terreno de la ideas, en el énfasis de la izquierda en la igualdad y la derecha en la libertad. Esta manifestación de la persistencia no considera la raíz, la cual tiene que buscarse en el plano de las relaciones materiales. 15 Como plantean muchos intelectuales radicales ya mencionados como Petras y Hirsch, véase Revelli, 1996.

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en el horizonte de una transformación más o menos radical y más o menos diferenciada en el tiempo. La derecha social, por su parte, se encuentra en las diversas expresiones de organización popular, alrededor de ideales comunitarios conservadores, de inspiración religiosa o secular. Si bien ambos movimientos políticos se sitúan en el terreno social y comparten un discurso y una práctica antineoliberal, su relación es de cerrada competencia en cuanto a la capacidad de convocar y organizar a las masas excluidas y marginadas por el neoliberalismo y de abierta divergencia con relación a los objetivos de fondo. La creciente fractura entre la política como expresión social y como expresión institucional produjo una polarización de los proyectos políticos inspirados en ideales tanto de derecha como de izquierda, al punto que resulta más pertinente, en términos descriptivos, comparar derecha e izquierda social, por una parte, y derecha e izquierda institucional, por la otra. Esto no quiere decir que se hayan roto definitivamente los puentes y las posibilidades de articulación entre expresiones sociales e institucionales de izquierda y de derecha. Este aspecto merecería un análisis aparte. De hecho, a pesar de la tendencia a la separación entre lo social y lo institucional, es justamente la capacidad de rearticulación la clave que potenciaría enormemente cualquier proyecto político –de derecha o de izquierda– que ofrezca la oportunidad de un reencuentro integral entre política y sociedad. Entonces, nos encontramos frente a una paradoja: cuando la lógica del nuevo modelo de relaciones políticas apunta a mantener separadas las esferas de la política, la lógica de poder, que anima todo proyecto político, empuja hacia alianzas en función de objetivos comunes. Alianzas posibles, pero difíciles de realizar, en la medida en que la génesis y la razón de ser de los proyectos políticos de corte eminentemente social e institucional responde a necesidades distintas propias de los tiempos que vivimos, lo cual envuelve las posibilidades de articulación en un círculo vicioso complicado para romper.16 Si bien estamos ciertos de que esta sumaria revisión del problema requeriría profundizarse por medio de ejemplos concretos y del análisis sistemático de los contenidos de cada proyecto político,17 en la lógica de este ensayo, ella es útil para apuntalar la tesis de la permanencia del conflicto social y su trascendencia 16 Este problema es asumido por parte de pensadores y activistas de izquierda, aunque no se plantea en toda su complejidad, como lo demuestra, por ejemplo, la forma en que Atilio Borón lo reduce a un asunto de claridad ideológica: “Sin embargo, es preciso reconocer que, lamentablemente, estas heroicas muestras de combatividad popular no logran aún articularse en una fuerza política nacional, dando vida a una expresión unitaria y coherente. Son luchas puntuales, sectoriales, locales, que agotan sus energías en proyectos que todavía no alcanzan a trascender el marco valioso pero insuficiente de lo inmediato. La ‘izquierda política’ no ha acudido todavía a la cita con una ‘izquierda social’ cada vez más movilizada. El atraso ideológico y teórico de la ‘izquierda política’ y su exasperante fragmentación en un archipiélago de rivalidades irreconciliables la priva de toda eficacia, comprometiendo asimismo la efectividad de la creciente protesta popular que no encuentra un continente adecuado en el que canalizar sus esperanzas y sus luchas.” Véase Borón, 2000:209). 17 Mayor profundidad en el acercamiento al problema de la contraposición entre izquierda social e institucional se encontrará en Modonesi, 2001.

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en el terreno político. La política, a pesar de todas sus mutaciones, sigue siendo el terreno privilegiado de la disputa que atraviesa a las sociedades latinoamericanas, sigue siendo la continuación y la proyección del conflicto social en el plano de la eterna tensión entre conservación y transformación, sigue siendo el espacio de la conciencia y de la acción mediante la cual los sujetos sociales tratan de incidir sobre su destino. Así como la historia no se ha acabado, tampoco ha terminado la contienda que la acompaña y le imprime su sello.

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LA “GOBERNABILIDAD-GOBERNANZA”. COMO IDEOLOGEMA NEOLIBERAL GLOBALISTA EDUARDO E. SAXE-FERNÁNDEZ*

INTRODUCCIÓN

Una característica saliente de la ideología del globalismo neoliberal (cf. Saxe Fernández y Brugger, 1997) consiste en la prohibición del empleo de ciertos conceptos y categorías que explican determinados ámbitos histórico-sociales o político-económicos de forma tal, que contradicen los postulados, descripciones o prescripciones globalistas neoliberales. Tal es el caso de las nociones de “clase social” o “imperialismo” que son de la mayor relevancia para entender crítica o alternativamente las realidades actuales y que, por lo tanto, son prohibidas por esa ideología dominante –que supone ser dueña de toda y cualquier verdad. Paralelamente, y a la inversa, la ideología dominante contiene una serie de seudoconceptos engañosos que disfrazan la realidad y las políticas, que, consecuentemente, conllevan grandes cargas connotativas positivas y que se difunden ampliamente entre los medios políticos, académicos y populares. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la idea de “flexibilización laboral”, que esconde políticas de ataque y destrucción del empleo y de derechos laborales. Algo similar sucede con la noción de “modernización”, que hoy significa un regreso a las formas liberales y oligárquicas de organización del capital, incluyendo procesos característicos de una “des-modernización”, como lo constituye la actual desindustrialización de América Latina. Se trata de una larga lista de seudoconceptos, entre los que también, por supuesto, encontramos el de “globalización” (cf. Saxe-Fernández, 1999a). En ese sentido, Samir Amin señala: El discurso dominante impuso, desde hace veinte años, el uso del término mundialización (a veces escrito en “franglés”, “globalisation”) para designar, de manera general, los fenómenos de interdependencia a escala mundial de las sociedades contemporáneas. El término nunca es relacionado con las lógicas de expansión del capitalismo y, menos aún, con las dimensiones imperialistas de su despliegue. Esta falta de precisión deja entender que se trata de una fatalidad, que es independiente de la naturaleza de los sistemas sociales –la mundialización se impondría a todos los países de la misma forma, sea cual sea su opción de principio, capitalista o socialista– y que actúa entonces como una ley de la naturaleza (2001:15). * Latinoamericanista. Catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Globalacademy/racsa.co.cr.

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En este artículo discuto uno de estos seudoconceptos de la ideología neoliberal globalista, compuesto por el siguiente binomio terminológico: “gobernabilidad” y “gobernanza”. Dichos términos se presentan con una pesadísima carga denotativa y connotativa positivas; por consiguiente, es necesario mostrar sus alcances conceptuales en relación con las políticas que ellos explican y/o justifican. Las nociones de “gobernabilidad” y “gobernanza” como “nebulosa conceptual” en la definición oficial de situación. Por “nebulosa conceptual” voy a entender ciertos imagologemas conceptuales que conforman una “nebulosa” o un “cluster” de significados y significantes. Se pueden encontrar nebulosas conceptuales en torno a una doctrina político ideológica durante la última fase de la llamada guerra fría y el decenio final del siglo XX. Estos imagologemas son de dos tipos, unos generales y otros particulares. Entre 1970 y 1990, el “neoliberalismo” fue una nebulosa conceptual general dominante en la definición oficial de situación, pero a partir de ese último año, éste empieza a abandonarse y la nueva nebulosa conceptual empleada oficialmente pasa a ser “globalización-globalismo”. Ambas categorías pronto se caracterizaron por una hiperdenotabilidad, pues, por un lado, constituyeron teorías propuestas como ideas y políticas para terminar de acabar con el sistema internacional de la URSS y, por lo tanto, estaban cargadas de muy intensos y abundantes contenidos ideológicos –incluyendo la postulación de supuestas “bondades ideales” del neoliberalismo y del globalismo, concebidas en términos de determinación absoluta, de manera que los métodos y los resultados obligadamente serían considerados exitosos, al estar guiados por una Entidad externa (o inmanente) superior (la Naturaleza o Dios, según el pontífice romano de turno) que actúa infaliblemente. Por la otra parte, tales denotaciones bondadosas ideales –por ejemplo, que neoliberalismo y globalismo produzcan/propicien “equidad”– introducían nuevas posibilidades connotativas, cuando –siguiendo el ejemplo– esa “equidad” se consideró en diferentes sentidos por los crecientes adversarios del neoliberalismo y del globalismo. ¡Los mismos vulgarizadores de las ideologías del neoliberalismo y el globalismo, como el hijo de Vargas Llosa, al final sólo pudieron responder a sus críticos, con el peregrino argumento de que no se podía discutir sobre estas teorizaciones (neoliberalismo y globalismo), porque se habían cargado con demasiadas connotaciones y, por lo tanto, no significaban ya nada! Estas nebulosas conceptuales son popularmente conocidas en Estados Unidos como “buzzwords”, “palabras que convocan-con-ruido-de-llamada” (BUZZZZZZZ, como un mosquito o abejorro insistente, pero que no irrita sino que más bien “incita gratificantemente”).

LA NOCIÓN DE GOBERNABILIDAD

A diferencia de las “doctrinas” del neoliberalismo y del globalismo, que son constructos relativamente articulados de conceptos e imágenes, el “concepto”

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de “gobernabilidad” en cuanto tal debería poseer un ámbito de significaciones y representaciones mucho más específico. Sin embargo, se ha universalizado sin que la población se haya percatado, incluso, para un importante sector de críticos del sistema y posiciones alternativas, la “gobernabilidad” continúa cargada de positividades. La positividad denotativa y connotativa de la noción hace más difícil entenderla en sus dimensiones negativas, tal como aparecen en la formulación y ejecución de políticas planteadas por sus impulsores (entre ellas, el Banco Mundial). En efecto, se dice y se cree que posibilita: participación generalizada intensa, lo cual propiciaría una democracia de alta intensidad, y superación de tendencias y procesos de crisis, lo cual propiciaría una vida social económica y política basada en la equidad. Ciertamente que la idea de una “democracia con equidad”, en tanto idea “concierta consenso” y entusiasmo, tanto en los pocos ricos y poderosos, como en los muchos pobres y avasallados, así como en los sectores medios, en particular en la volátil opinión de la academia de hoy, que anda buscando justificaciones para servir al poder sin mala conciencia.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS NOCIONES DE “GOBERNABILIDAD” Y “GOBERNANZA”

En lo que sigue estudiaré las nociones de gobernabilidad y gobernanza desde algunas perspectivas críticas. Supondré que las primeras son parte del “discurso oficial” y que éste no solamente pretende ser el discurso único o el discurso dominante/hegemónico, sino que representa los intereses de quienes hoy hiperconcentran el poder y la riqueza. En este sentido, dichas nociones forman parte de renovadas posturas de intervención e ingeniería sociales oficiales formuladas para mantener el statu quo y las dinámicas dominantes (concentración de riqueza y poder en condiciones de crisis terminales mundiales). Son nociones que desempeñan un papel importante en la justificación y la explicación de las estrategias y las políticas oficiales adoptadas respecto a las relaciones entre lo político y lo económico, postulando la cuadratura del círculo como algo “natural”, “normal y normativo” y “deseable”, es decir, la mutua interacción recíprocamente beneficiosa entre una dinámica política democrática (incluso participativa y demás) y una dinámica de mercado (ideal), regulado a favor de los dueños del capital y oligopolizado. “Gobernabilidad” y “Gobernanza” son nociones que tienen impactos reales en la constitución de políticas que justifican y explican en la aplicación de las mismas, tanto mediante los instrumentos nacionales a disposición de quienes detentan poder y concentran riqueza, como también mediante el conjunto de organizaciones, instituciones y regímenes internacionales que han construido y manejan (instituciones financieras internacionales, por ejemplo). La gobernabilidad y la gobernanza se refieren a una dimensión conceptual muy importante, entonces, de la “reforma” institucional promulgada, santifica-

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da y propagandizada, impulsada e impuesta, por los OFI (en este caso, particularmente sobre América Latina). En un artículo fundacional del análisis crítico de esta noción de gobernabilidad, Manuel Rojas Bolaños señala, en primer lugar, que: la popularidad del término en los años noventa se debe fundamentalmente a dos instituciones financieras multilaterales: el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1993 el bm publicó, dentro de la tradición inaugurada por la Comisión Trilateral en los años setenta, un trabajo titulado Governance and Development, basado en la producción realizada en 1991 por una task force de la institución […], que las preocupaciones del bid, al igual que las del Banco Mundial, no son de carácter explicativo sino operativo: cómo lograr las condiciones apropiadas, en todos los niveles, para alcanzar un desempleño gubernamental, acorde con los objetivos de desarrollo económico propuestos (Saxe-Fernández, 1995:34-35, cursivas mías, ESF).

Este autor también señala ese carácter “nebuloso” que he empleado para calificar y analizar el constructo conceptual “gobernabilidad”: se trata de un concepto con una pluralidad de significados. En el plano académico se ha tratado de teorizar alrededor de la gobernabilidad, pero con resultados hasta cierto punto decepcionantes […] [porque] la controversia sobre la gobernabilidad se desliza hacia el antiguo pero nunca superado problema de las condiciones para la emergencia y sostenimiento de la democracia (1995:36, cursivas mías, ESF).

La ambigüedad denotativa de “gobernabilidad”, característica destacada de su nebulosidad conceptual, ha sido notada por otros investigadores, tales como Nogueira quien indica que: Não é de hoje que o debate latino-americano vive às voltas com a questão da “governabilidade”. Alastrou-se entre nós uma cinzenta área de imprecisões: t˜ao intensivo tem sido o usa da expres˜ao e ta˜o rápida está sendo sua incorporacão ao léxico corriente que, muitas vezes, é como se o objeto fugisse do controle, diluído em vários significados terminológicos e em dimensões analíticas as mais diversas (1995:105).

La tarea de quienes reciben el encargo de impulsar, propiciar y articular esa “gobernabilidad”, anota Rojas Bolaños, consiste en considerar, “el buen gobierno”, pero también las circunstancias en que éste se realiza; es decir, un conjunto de condiciones objetivas y subjetivas entre las cuales se pueden mencionar la posibilidad de acuerdos honorables entre actores estratégicos, la situación económica y social y la cultura política (cursivas mías, ESF) (loc. cit.). Más aún, esa gobernabilidad en su nivel de mayor generalidad denotativa y de pretensión deontológica, tiene como ideales la justicia y la equidad sociales y como ideal político una democracia efectiva y solidaria. Pero, en su nivel de mayor incidencia real y, por lo tanto, en su nivel más específico y particular, se refiere

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a los criterios, políticas e instrumentos que emplean los OFI para que sus programas en América Latina, precisamente, “produzcan” esa anhelada e ideal gobernabilidad democrática. Ahora, los OFI son quienes, con la “lógica económica del mercado”, controlan (o mandan) sobre la política en América Latina. Es “la colonización de la política por la racionalidad del mercado” (Lechner, 1995). En concreto, “se exigirá” a las instituciones y a las políticas nacionales “adaptarse” para poder hacer uso adecuado, no solamente de las nuevas tecnologías, sino de las nuevas formas organizativas y de gestión. Es el institucionalismo dominante como doctrina de “desarrollo”, el cual no es sino una nueva versión de las viejas teorías de la modernización, en las que la parte “tradicional” o “premoderna” había de adoptar las instituciones y el ethos de la parte “moderna”. Ambas doctrinas señalan, por ejemplo, que los problemas de América Latina pertenecen o son responsabilidad de América Latina y su solución requiere cambiar las instituciones latinoamericanas. Conforme se haga esto, supuestamente irá aumentando de forma correlativa la gobernabilidad. Los OFI “saben” cómo lograr la gobernabilidad, entonces, la promueven y la ponen en marcha a través de sus programas y políticas para los países latinoamericanos, programas y políticas que son obligatorios para los gobiernos nacionales de cada caso. El supuesto principal de esta orientación es tecnoeconómico e indica que la adopción de nuevas tecnologías y la absoluta liberalización del mercado “promoverán” la democracia. La estrategia consiste, entonces, en utilizar la liberalización absoluta como criterio de “eficiencia institucional”, para desde allí, y desde ese modelo, impulsar las reformas institucionales del sistema político y social, buscando que desarrollen una “eficiencia” similar o derivada del mercado. En otras palabras, la política se articula y ejecuta mediante la “conducción” de las variables macroeconómicas a cargo de los OFI. A la “eficiencia” económica, mercantil, que ahora han de tener las instituciones políticas, se agrega su principal elemento político tradicional, la “legitimidad” (Tomassini, 1994). La legitimidad se obtiene por procesos electorales y la propuesta de eficiencia (Cardoso, Fox, Rodríguez Echeverría), permite al populismo neoliberal combatir el paternalismo y localismo del populismo nacionalista.

LA GOBERNANZA (GOVERNANCE)

Para enfrentar una primera ola de críticas, los teóricos de la gobernabilidad del Banco Mundial y el BID transformaron la gobernabilidad en governance, “gobernanza” en el neologismo creado para el caso. La “gobernabilidad”, así, pasa a referirse sólo a las cuestiones relativas al sistema político, mientras que la “gobernanza” se refiere a la administración del gobierno (Salazar, 1998). En 1994, el Banco Mundial “define” el ideal o los parámetros de la gobernanza que esa institución exigirá a los países que tengan programas con ella:

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que las políticas públicas sean resultado de procesos transparentes, es decir, abiertos, predecibles y racionales; que la burocracia estatal tenga ethos profesional; que el ejecutivo del gobierno sea imputable por sus acciones (accountability); que la sociedad civil participe activamente en los asuntos públicos y, que reine/rija el imperio de la ley (World Bank, 1994).

Ninguno de estos elementos, en sí y en combinación, afecta necesariamente la distribución de poder y de riqueza (propiedad). Por una parte, la noción de “equidad” no aparece explícitamente postulada como desiderátum y, por otra parte, el tipo de “equidad” que surge de los cinco componentes es formal y procedimental. Después de todo, se puede decir que se trata simplemente de una nueva forma de “modernismo”. Es decir, estos parámetros calzan perfectamente dentro de los postulados neoliberales, como para el caso de los derechos humanos como indica Herrera Flores, trasladan la racionalidad económica neoclásica a todas las esferas de lo social para poder determinar el coste económico que supone reconocer derechos y garantías constitucionales a los ciudadanos […] Bajo los presupuestos teóricos e ideológicos de las teorías de los property rights y de la public choice toda reivindicación de derechos contraria, o que se resista, a los cálculos del mercado debe ser suprimida al debate […] Los derechos humanos son los derechos del mercado. Cualquier otra reivindicación es una distorsión de los mercados que hay que evitar (2000:26).

La noción de gobernanza es lanzada como teorización y como “metodología” (ingeniería), a principios del decenio de 1990, como un esfuerzo ya sea para reconstruir o consolidar las nuevas posiciones adquiridas en el sistema internacional por Estados Unidos, la OCDE y las principales CTN amenazadas por consecuencias indeseables de los mismos procesos de neoliberalización y globalización. Se trata de una estrategia que busca la “normalización” en dos sentidos, el de racionalizar y el de homogenizar. Los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID), tuvieron una “incidencia crucial” en la sustitución de políticas económicas intervencionistas y orientadas hacia los mercados nacionales, por políticas de “apertura” económica y mercado “abierto”, por lo tanto, en la promoción de una “atmósfera” ideológica e intelectual favorable al neoliberalismo. Estos organismos desarrollaron su influencia mediante tres formas: como proveedores y reguladores financieros; como diseñadores y controladores de la agenda socio económica y, como difusores de un nuevo marco cognoscitivo. A su vez, ese marco cognoscitivo tiene por meta eliminar/reducir la inflación y promover el favoritismo y las ventajas para la rentabilidad (rent-seeking). Para alcanzar la meta propone combinar cuatro elementos:

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1] liberalismo económico; 2] liberalismo político; 3] desregulación y, 4] buena gobernanza. La “buena gobernanza” implicaría entonces, articularse en/desde el marco estatal (reducido y sobre todo “reformado”) para que la interacción entre 1-2, y 3, genere/propicie justicia y equidad sociales y democracia participativa o “intensa”. Esta ecuación supone, por lo tanto, una relación de correspondencia (deseada, real o posible), entre mercado y justicia y equidad social, como base de una democracia “intensa”. Es decir, en este momento la teoría de la democracia neoliberal, que es fundamentalmente formalista y procedimentalista, reconoce la necesidad de dimensionar los derechos humanos de segunda y tercera generación, en particular, cuando se trate de una situación “buena” o, al menos, “mínimamente adecuada a una persona” o, en términos económicos, sociológicos, psicológicos y éticos, de la totalidad de la población. Es un reconocimiento, por supuesto, imposible de cumplir, como imposible es que el mercado desregulado y oligopolizado, en condiciones de informatización económica, pueda eliminar el desempleo y la pobreza crecientes. Esa relación de correspondencia entre mercado y equidad “debería”, o mejor, “tiene que existir” (supuesto considerado explícito por los teóricos de la gobernanza), puesto que el mercado es el mejor/único sistema económico “viable” y “real”. “El problema” reside en la medida de incompatibilidad entre “mercado” y “acceso universal a la participación política significativa (democracia)” (véase Saxe y Brugger, 1997). O, como lo ponen Haggard y Kaufman (1994:70), el mercado no es el mejor asignador en materia de distribución del ingreso y mucho menos del empleo pleno. Y, por lo demás, las tendencias que observamos en el mercado se inclinan más bien hacia crecientes y continuados procesos de concentracion de la riqueza y de centralización del capital. Como señala Gabriel Salazar, la gobernabilidad pasa a consistir en “mantener disciplinada a una sociedad bajo un Estado de derecho” (1998:38). La “disciplina” estaría, en importante medida contenida en las condiciones de gobernanza. Conviene recordar que la disciplina es una cualidad practicada y fomentada intensamente por las corporaciones autoritarias como las corporaciones transnacionales, las iglesias o los ejércitos. Un “estado de derecho con disciplina” ha sido el anhelo buscado por regímenes como el franquista, el somocista o el pinochetista. Y la forma “gobernanza” de la gobernabilidad tiene una base/origen de autoritarismo más que de democracia, es decir, puede darse con mínima democracia o incluso sin ella. Así, Samuel Huntington afirma: “poca democracia permite consolidar la gobernabilidad; mucha, la desestabiliza” (citado por Salazar, 1998:63). Esto nos remite directamente a aquellas tesis sostenidas por los liberales latinoamericanos clásicos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando explicaban, por ejemplo, la necesidad del régimen autoritario oligárquico de Porfirio Díaz, por la falta de “educación” de la población. De manera que, sólo cuando la población

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se educara, podría aspirar a un régimen democrático. “Mientras tanto”, y sobre todo, para llevar a cabo (lo que hoy llaman) la transición democrática, era necesario un régimen como el porfiriano. Argumentos similares presentaron después de la segunda guerra mundial los teóricos metropolitanos del “desarrollo”, al establecer, como requisitos de la democracia, el “desarrollo” económico y social. Mientras lo último llegaba, aprobaban y financiaban regímenes militares como el guatemalteco, el nicaragüense o el brasileño. Con el neoliberalismo, este argumento de minoridad para la mayoría de la población se elimina en términos políticos, pero se afirma y consolida en términos socieconómicos. De ahí entonces, la necesidad de aquellos gobiernos de transición de –y sigo a Huntington– no dar/permitir “mucha” democracia. La mucha tolerancia es riesgosa para los periodos de transición y también para la operación del mercado, el cual contradice y limita las posibilidades reales de esa gobernanza. Esta formulación de la participación política, sin embargo, no es la única posible ni tampoco la más deseable o viable. Las nociones de governanza I, II, y III, de Salazar (1998), nos sirven para plantear tres niveles/tipos de participación presentes en el imaginario del Banco Mundial: el modelo I de gobernanza implica un paso más allá de la gobernabilidad, entonces, “la democracia óptima, en términos de gobernabilidad, es aquella que, entre el Estado y los ciudadanos, establece un subsistema electoral para elegir los representantes y un subsistema de negociación para resolver los conflictos públicos y privados. También permite y regula un subsistema de asociación privada entre los ciudadanos” (Salazar, 1998:62-63). Se trata del modelo o tipo de democracia que encontraríamos operando en Estados Unidos o en la Unión Europea. Sería demasiado entonces, si se lograra que los países latinoamericanos llegaran a este “nivel” o “tipo” de sistema político. Con la misma lógica de Sarmiento, el institucionalismo nos indica que “ser como” los anglosajones o los otros europeos nos permitirá la democracia. El modelo II de governanza representa un ideal superior que posteriormente se mostrará inalcanzable, por lo que el modelo III, que parece ser el recomendado en última instancia, lo modera o atempera. Conviene, sin embargo, considerar el modelo II, por ser el más adelantado, el más participativo y cualitativamente diferente. Una democracia radical añade a eso (modelo I, ESF) un subsistema de participación ciudadana, que limita el subsistema de representantes, sobrepasa el subsistema de negociación y torna hegemónico el de asociación horizontal de la sociedad civil. Claramente, la participación, si se rige por su lógica natural, conduce a crear una red de poder y un tipo de regulación que no sólo inestabiliza la gobernabilidad del sistema político establecido, sino que tiende a crear otro paralelo o alternativo que, más temprano que tarde, tenderá a exigir un cambio estructural. Una vez que se instala y crece, el subsistema de participación torna obsoleta la gobernabilidad y promueve una disciplina ciudadana dis-

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tinta a la del Estado de derecho: aquella que, basada en la dinámica social, promueve la construcción de poder (empowerment) ciudadano y la reconstrucción del Derecho y del Estado (loc. cit.).

Por lo tanto, la consideración de la participación servirá para evaluar el nivel de “democratización” de diferentes regímenes. La formulación/constitución de la participación es un criterio fundamental para evaluar o caracterizar diferentes esquemas/modelos políticos y asimismo, permite examinar también los niveles y las formas de violencia y represión que subsisten y caracterizan a las oligarquías latinoamericanas de hoy y del pasado. La gobernanza se parece a constructos liberales previos, que actuaron como núcleos conceptuales en torno a los cuales se les pretendió crear “formas” tales de administrar las naciones latinoamericanas, que preservaran o acentuaran unas formas institucionales con fortísimos contenidos social simbólicos, particularmente, jurídicos e ideológicos (la gobernanza II como desideratum inalcanzable/fundante). Los promotores de la gobernabilidad y la gobernanza. Los OFI presiden/dirigen los procesos político económicos de los diferentes países latinoamericanos, pero con salvaguardas para la integridad y perpetuación de esos mismos OFI. Efectivamente, ellos son los intermediarios/proveedores de dirección política, los que, en concreto formulan la política macroeconómica de los países al detalle (empleando para esto, en primer término, el presupuesto nacional y “supervisando” al banco central y a los ministerios del área económica y financiera), sin embargo, no están expuestos a tener que dar cuentas a los ciudadanos de cada país latinoamericano. Los gobiernos nacionales son responsables de los resultados de las políticas económicas que se ponen en práctica. Esas políticas favorecen los intereses económicos de quienes tienen localmente el poder político y también el de las grandes potencias a través de sus corporaciones transnacionales, en primera instancia, las de financieras privadas. Desfavorecen los intereses de la mayoría de la población y de la ciudadanía, son fracasos absolutos para el bienestar de la mayoría de la ciudadanía que sufre procesos de empobrecimiento sostenido (des-desarrollo). El Banco Mundial, por una parte, “controla” la definición de la situación desde la que “se piensa” la pobreza, la participación, la democracia, en América Latina: “Es obvio que el empowerment ciudadano requiere de algo más que Fondos Sociales e intervenciones técnicas del Banco Mundial… pero… al momento, el discurso del Banco Mundial ha copado el tema de la participación, a tal punto que ha dejado sin discurso propio al Estado y con poca autonomía a las ONG (Salazar, 1998:61, cursivas mías, ESF). Por la otra parte, dicho organismo internacional “controla” y define la situación porque, “es el Banco Mundial quien cuenta con los resortes precisos para imponer la aplicación de sus ideas: los créditos pactados con los gobiernos, en la condicionalidad cruzada con el FMI” (Bascones, 1998:110, nota 1). Destaco a este autor en tanto califica el proceso por el que “las ideas” del Banco Mundial se ponen en práctica, como imposición llevada a cabo mediante el ejercicio de “resortes precisos”,

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donde el término “resorte” evoca lo relativo a la disposición de recursos financieros por parte del Banco y el término “preciso” se refiere a las formas sofisticadas y rigurosas de control financiero que este último ejerce sobre/en cada país latinoamericano. La apuesta del Banco parece ser no discutir sobre qué hacer; sino simplemente hacer, y en ese hacer, poner en práctica sus ideas, sus políticas: para el Banco Mundial, la “participación” no es ni puede convertirse en una práctica “política” (y menos en un poder político), sino permanecer todo el tiempo como una práctica de “empresarialidad”. Por tanto, se trata de una forma económica de incorporar los pobres al Mercado, no al Estado” (Salazar, 1998:59).

El problema de fondo, que el Banco no puede resolver, se encuentra en las limitaciones que el mercado oligopólico internacional “impone” a las formas de participación de la población y la ciudadanía (cf. mi trabajo La nueva oligarquía latinoamericana, cap. II). Señalo aquí un intento de prolongar los plazos para adoptar formas más participativas, que hacen entonces necesaria la presencia de las fuerzas militares para mantener funcionando una economía que ataca masivamente los intereses de las inmensas mayorías sin capital. Y, como se trata de una especie de permanente postración, de crecientes (ni siquiera “contenidos”) pobreza, “desempoderamiento” y corrupción estructurales, entonces, la democracia participativa pasa a ser también reivindicativa. A este punto, el Banco Mundial ya no puede llegar, señalan Salazar, 1998 y Bascones, 1998). Puesto que su misión es esencialmente contradictoria pretende eliminar las distorsiones y la pobreza mundiales sin tener que destruir/reformar el mercado oligopólico internacional y terminar así, privilegiando sólo uno de los objetivos.

CONCLUSIÓN: LA LÓGICA OCULTA DE LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA

La comprensión de esa “contradicción” entre los bondadosos postulados ideales de la gobernanza y la “liberalización” (privatización) económica, nos permite hacer la “crítica” a esas nebulosas conceptuales, la cual pasa indudablemente por discutir el concepto de “eficiencia”. Ésta ha sido desarrollada por Hinkelammert (1996), quien indica que, “la eficiencia y el cálculo de la utilidad borran de la conciencia el sentido de lo real” (1996). Mientras, Beatriz Stolowicz (“Gobernabilidad y democracia”, en Estudios Latinoamericanos, núm. 8, CELA, FCPyS, 1997) plantea que la lógica de la gobernanza es, “la búsqueda de la estabilidad del sistema, sin modificar la realidad económica y social, considerada como algo dado que hay que preservar, enfatizando el mecanismo de control de toda participación que pudiera alterar las condiciones de explotación y de dominación, que pueden ser estables, incluso si no son legítimas” (cursivas mías, ESF). Es relevante notar que la “estabilidad” es un valor primordial de quienes de-

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tentan poder y riqueza, que implica una postura “conservadora” y que, acaso lo más importante, privilegia el “orden” sobre el “derecho”. Es decir, que la gobernanza podría ser desarrollada por regímenes tan despóticos como el fujimorista o el menemista, los que serían apoyados por los OFI, siempre y cuando mantuvieran “estable” la economía y la política peruanas y argentinas, respectivamente. Al respecto, Francisco Hidalgo (1999) determina con exactitud que la gobernabilidad/gobernanza redunda en que: El mejor régimen político es aquel que conserva el orden y es capaz de controlar, dentro de los parámetros que no ponen en duda la continuidad del proyecto, los niveles de conflictos generados por la desigualdad, la exclusión y la explotación.

Y Marco Aurelio Nogueira (1995:105-106), por su parte, destaca el carácter conservador que entonces adquiere la búsqueda/promoción de gobernanza: Diferentemente do conceito de representação –que privilegia a capacidade que tem os governados de controlar a ação dos governantes e deste modo participar do governo–, o conceito de governabilidade costuma focalizar, naquela relação, o movimento inverso, insistindo na capacidade que tem os governantes de tomarem decisões que atendam demandas efetivas dos governados e de viabilizarem a reprodução das condições de preservação do poder. Visto desse ángulo, o conceito de governabilidade colide frontalmente com a idéa de participação, pois acaba por interpretála como foco gerador de propostas e reivindicações incómodas, potencialmente opostas a racionalidade governamental. Não por acaso, o conceito emergiu na ciência política pela ótica da “ingovernabilidade”, com um claro viés conservador, já que dirigido basicamente para a justificação de procedimentos destinados à redução dos fatores e exigencias interpostas pela sociedada ao “bom” funcionamento do sistema político, ou, para falar com termos mais rigorosos, destinados a diminuir os custos de legitimação do sistema político (cursivas mías, ESF).

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PODER Y CLASES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA: LA FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CLASES EN BRASIL SEVERO SALLES*

Parto, en este trabajo, del entendimiento de que las clases sociales son los sujetos por excelencia del poder social (Poulantzas, 1968). En consecuencia, me parece que, para estar en consonancia con el propósito del presente volumen, habrá que concentrar el análisis ahí. En el presente trabajo me detengo en el estudio de la estructura de clases en Brasil mediante un recorrido por los grandes rasgos de su constitución a lo largo de la historia. Focalicé el aspecto básico de las relaciones sociales de producción y la estructura de clases. Tengo claro, sin embargo, que la estructura de clases no es un producto unívoco de tales relaciones sociales, pues, las clases son entes económicos, políticos, culturales y, en particular, se realizan plenamente en las luchas sociales; más aún, en aquellas de alcance histórico (Salles, 2002). Por esto, presento también un bosquejo de luchas sociales recientes en Brasil al final del texto. El azúcar fue la principal producción durante la época de la Colonia.1 Este cultivo dio lugar a cierta diversificación de las actividades. Desde el principio del siglo XIX, se impusieron las grandes propiedades donde se cultivaba el café, por las condiciones de acceso a la tenencia de la tierra y de disponibilidad de la fuerza de trabajo imperantes en Brasil.2 Generalmente, se usaba el trabajo de esclavos, en vista del escaso nivel técnico en las fincas, especialmente hasta 1870 (se generalizó el arado a partir de ese año) y, [en parte,] de la falta de trabajadores libres.3 Durante la segunda mitad del siglo XIX, la actitud de los que se oponían a la esclavitud, que eran parte de un sector social urbano, fluido y ambiguo, pero a menudo portador de una mentalidad burguesa y constituido sobre todo por el “alto comercio” que representaba la burguesía en formación, expresaba más bien el ím* Científico político. Profesor de los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, y en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 1 “Incluso cuando las exportaciones de oro estaban en su apogeo, el azúcar siempre fue el producto más importante, cuando menos para el comercio legal” (Fausto, 1996:82-83). 2 “Brasil es el café y el café es el negro”, decían en los medios poderosos en la primera mitad del siglo XIX (idem, 1992). Casi toda la población libre creía que el fin repentino del tráfico llevaría la sociedad brasileña al colapso (ibidem). 3 ¿Por qué la esclavitud? “No había mucha oferta de trabajadores dispuestos a emigrar, en calidad de dependientes parciales o asalariados, y el trabajo asalariado tampoco era adecuado para los fines de la colonización” (Fausto, 1996:48). Desde principios del siglo XIX, y aun antes, Brasil tenía intereses fuertemente instalados en algunas regiones costeras de África, ligados al tráfico de esclavos (idem:144).

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petu para extender el orden social competitivo… el impulso que transformaría luego la actitud contra la esclavitud y el abolicionismo en una revolución social de los “blancos” y para los “blancos” nació en el seno de estos núcleos: de esta manera, no se daba la pelea en contra de la esclavitud en sí, sino en contra de todo lo anómalo que representaba, dentro de una sociedad que había enterrado el estatus colonial, que pretendía organizarse como nación y que buscaba, por todos los medios posibles, aumentar internamente la economía de mercado (Fernández, 1974:19). Ésta fue la fase final del Imperio y de la institución de la República en 1888. La ley sobre la tierra4 (1850), aprobada al abolirse la esclavitud, hace un siglo, y que estipulaba las condiciones para acceder a la tenencia, limitó el acceso a las concesiones y adquisiciones del Estado (al opuesto de lo que pasó en Estados Unidos). El fin último de la ley era bloquear el acceso a la propiedad para los antiguos esclavos y colonos.5 Este punto representa un importante punto de referencia en la historia agraria de Brasil. Dicha Ley ya preveía prohibir el acceso a las tierras para los futuros colonos extranjeros: era una manera de obligarlos a emplearse en las granjas. Se trataba de implantar, de algún modo, restricciones sobre la fuerza de trabajo para que no pudiera encontrar otros medios de supervivencia. Así, la transformación de las relaciones de producción, a partir de la reducción del trabajo esclavo desembocó en una modificación del régimen de tenencia de la tierra: un tipo de reforma agraria al revés. Aun cuando, un siglo más tarde, al generalizarse el trabajo asalariado en el campo y cuando la industria ya no necesitaba a los antiguos campesinos para satisfacer sus necesidades de mano de obra,6 no se modificó el estatus de la propiedad –lo que hubiera sido una verdadera reforma agraria. Ello nos habla de la alianza histórica entre los latifundistas y la burguesía y sobre las limitaciones de ésta. Tal bloque histórico se proyecta, como sería de esperar, en el carácter social del Estado. Brasil se integra al ciclo del gran capital que se extiende en el mundo desde una fase precoz de su colonización. Se integra en calidad de “retaguardia de la vanguardia” (Francisco de Oliveira, 1997) de la económica mundial, en su carácter de proveedor de algunos productos alimenticios y también, un poco más tarde, en su calidad de fuente de metales preciosos. Al contrario, otras colonias, como América del Norte (incluido Canadá), Australia y Nueva Zelanda, juegan el papel de “vanguardia de la retaguardia” (Oliveira, 1997), en parte abandonadas a su suerte: la del desarrollo intenso de pequeñas propiedades.7 Sabemos muy bien cómo acabó la historia: la participación dependiente en la 4

La ley núm. 601 de 1850. Se dijo: “Se liberó a los esclavos y se aprisionó las tierras.” 6 Desde el principio, los campesinos expulsados fueron supernumerarios en las ciudades. 7 Por supuesto, no podemos tomar esto al pie de la letra ya que estas colonias aportaron también algunas materias primas (el algodón norteamericano, entre otras) y productos alimenticios al proceso de valorización mundial del capital. Sin embargo, no fue lo que más caracterizó estas formaciones sociales en gestación. 5

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vanguardia mundial produjo países atrasados, explotados y que siguen siendo dependientes; y los países que {fueron dejados} a un lado se transformaron en países centrales. Regresando a Brasil, se debe tener en mente que, desde el principio, la lógica de su economía respondía, mal que bien, a las necesidades y mandatos de la economía mundial que gobernaba cada vez más el capital. Sin embargo, los protagonistas del proceso de producción en Brasil no entablaban relaciones propiamente capitalistas entre ellos, es decir, relaciones de extracción del excedente bajo la modalidad de plusvalía, por medio del asalariado. Se trataba entonces de un dominio indirecto del capital sobre los procesos de trabajo y producción. El excedente sacado de los trabajadores (sobre todo de los esclavos) no tomaba originalmente la modalidad de plusvalía; esto se daba después, virtualmente, cuando se transformaba en provecho para el capital internacional, orientado a la comercialización de los productos principalmente en Europa. Las relaciones entre hacendados y campesinos conservaron rasgos patriarcales hasta la mitad del siglo XIX. Los últimos gozaban de cierta estabilidad en sus condiciones de vida y de trabajo y, por lo general, no pasaban hambre; producían ellos mismos su alimento en tierras que les habían cedido los hacendados. Esta etapa se acabó cuando se introdujeron progresivamente nuevas tecnologías. La contrapartida fue la expulsión de los campesinos de las haciendas. El auge del café en las tierras fértiles de Sa˜o Paulo8 marcó justamente el periodo del primer impulso del capitalismo en Brasil. Algunos elementos explican la prominencia económica y política del estado de Sa˜o Paulo (desde 1920, SP ocupa el primer lugar como productor industrial; durante la primera República, esta ciudad se dedicaba sobre todo a las exportaciones agrícolas, sin embargo, su gobierno no estaba en contra de la industrialización ya que no tenía una política muy clara de desarrollo): 1] la migración interna de esclavos hacia Sa˜o Paulo9 y luego la emigración internacional que contribuyó a la formación de un mercado interno – Sa˜o Paulo contó con la mano de obra esclava10 cuando los plantadores de café la necesitaron y con asalariados, por cierto combativos (70% de los obreros en las manufacturas en 1893), y colonos extranjeros a la vuelta del siglo, quienes contribuyeron al florecimiento del capitalismo naciente–; 2) la disponibilidad de capitales para las primeras inversiones industriales significativas; 3] la importante urbanización de la 8 El café fue por mucho el primer producto de exportación, de la segunda mitad del siglo XIX a la primera del siglo XX (72.5% del total de las ventas en el extranjero al final de los años veinte). 9 Los diputados del sur se opusieron a la abolición de la esclavitud cuando se votó la ley acerca de la libertad de los hijos de esclavos, ley del vientre libre, en 1871 (39 estuvieron en contra, 6 a favor). Los del nordeste votaron en un sentido diferente (30 a favor, 12 en contra). Esto se explica por el hecho de que en ese momento, en razón de la migración de los esclavos hacia el sur, el noreste ya no dependía de ellos (Fausto, 1996:219). 10 “La esperanza de vida al nacer de un esclavo del sexo masculino en 1872 era de 18.3 años, mientras que para el conjunto dela población era de 27.4 años. Al contrario, un esclavo del mismo sexo, nacido en Estados Unidos, alrededor de 1850 podía esperar vivir 35.5 años” (Fausto, 1996:54). “Se estima que la vida útil de un esclavo no rebasaba de siete a doce años, en las minas” (idem:102).

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ciudad, que pasó de estar en el quinto lugar en 1890, al segundo a principios de siglo, con 240 000 habitantes; 4] y, por último, pero no menos importante, la orientación liberal de la oligarquía paulista aunada a su control sobre el ejecutivo federal, que siempre ha sido intervencionista, con el objeto de proteger sus intereses. Minas Gerais, Río de Janeiro y la región sur siguieron, a cierta distancia, el estado líder. La región nordeste entró en decadencia, provocada por la pérdida de importancia del azúcar y la consolidación de grandes propiedades poco productivas que instauraron relaciones pre-capitalistas de producción. El norte conoció el apogeo del caucho durante aproximadamente los cuarenta años que abarcan el cambio de siglo; posteriormente, luego cayó en el estancamiento. La unión de las oligarquías de Sa˜o Paulo y de Minas Gerais marcó de manera decisiva la primera República (1889-1930), la que se dio en llamar la República del café con leche, puesto que Minas Gerais constituía un importante productor de lácteos.11 La desvalorización de la moneda nacional, impuesta para mantener internamente las rentas del café, frente al precio constante del producto o a su baja en dólares, significaba una “socialización de las pérdidas”, en detrimento de otras regiones, en razón del encarecimiento de los productos importados. En 1930 ocurre una revolución que, a primera vista, no es más que una sustitución del poder de la oligarquía central por las oligarquías regionales. Sin embargo, el desplazamiento de la oligarquía paulista cafetalera del centro del poder (a pesar de que conservó un poder considerable) significó subir un escalón nada despreciable hacia la instalación de la primacía de la burguesía industrial en el aparato del Estado (Diniz, 1986c). Durante los años anteriores a la revolución de 1930 y, sobre todo durante los diez años siguientes, el capital industrial creció notablemente y la fracción burguesa correspondiente ocupó el centro del poder del Estado. Sin embargo, nunca se produjo una ruptura real con el bloque histórico anterior, dirigido por la burguesía del café en alianza con latifundistas socialmente atrasados, en el que la burguesía industrial ocupaba un lugar muy secundario y la nueva pequeña burguesía urbana, una posición completamente subordinada. Con la revolución del 30, no se contrarrestaron mucho los intereses del café y no se implantó una reforma agraria en las tierras ociosas de los latifundistas. A partir de este hecho pude observar la incapacidad crónica de la burguesía brasileña para llevar a cabo su revolución, tema que Florestan Fernández analizó muy bien.12 Durante los diez o quince años siguientes (1930-1945), la burguesía se apoderó más claramente de la primera posición en la sociedad y en el Estado.13 11 El poder de tal alianza –que no agota aquí su historia– se reflejó claramente en que la presidencia de Brasil fue asumida alternadamente por representantes de uno y otro estado. 12 El que la burguesía no logre tal objetivo tiene su contraparte en cierta “incompletud” de las clases subordinadas como clases sociales. 13 “Entre 1930 y 1955 este dominio del capital industrial asentado en Sa˜ o Paulo se ejercita en el mercado nacional de mercancías” (Cano, 1999:167).

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En lo que se refiere a la constitución de la clase obrera, se distinguen dos fases: una dada antes de la primera guerra mundial, al principio de la industrialización, cuando una gran mayoría de los obreros eran de origen extranjero, y otra, que se desarrolla a partir de 1930, cuando los obreros eran mayoritariamente brasileños. Se produjeron movimientos muy amplios relativamente temprano; en 1917, especialmente, se registra una huelga general que contó con la participación de 40 000 trabajadores. A partir de 1937, la represión redujo al movimiento obrero (Rodríguez, 1969:65 ss.). La Constitución de la República de 1946 admitirá la existencia de un problema agrario e instituirá la posibilidad del cambio de uso de las tierras por razones de interés social. Sin embargo, en la práctica, casi no se aplicó el precepto constitucional, lo cual abrió la puerta, por un lado, a nuevas formas de organización campesina –las ligas campesinas– y, por otro, a numerosos conflictos sociales. Ocurrieron también importantes migraciones campesinas, a partir de la “redemocratización” de 1945: se desplazaron poblaciones del nordeste hacia el norte y el centro-oeste, y del sur hacia la región oeste. En este sentido, la concentración de la estructura agraria y la esperanza –a menudo frustrada– de lograr satisfacer sus necesidades mínimas en las ciudades, gracias al auge de la industria y del sector terciario, empujaron a los campesinos hacia las ciudades durante los cuarenta años siguientes,14 con el consecuente cambio de las relaciones entre población rural y población urbana y la multiplicación del fenómeno de la exclusión urbana en ciudades perdidas miserables: las favelas.15 Durante los primeros años de los sesenta, las luchas por la tierra subieron de intensidad bajo el lema de “reforma agraria por ley o por fuerza”, “reforma agrária na lei ou na marra”. El debate abierto en este momento en los medios políticos y académicos acerca de la cuestión agraria podría sintetizar en los términos siguientes.16 A] por una reforma agraria antifeudal. Era una postura que gustaba mucho al Partido Comunista brasileño, que derivaba de su análisis de la formación social brasileña y de su estructura de clases y que llevaba a buscar una alianza con la burguesía y en contra de las clases agrarias dominantes atrasadas; B] por una reforma agraria orientada hacia la expansión del mercado interno, que favorecería, entonces, el desarrollo capitalista nacional. Celso Furtado y algunos economistas de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, representaban esta corriente y pretendían, con ella, convencer a la “burguesía nacional”; C] por una reforma agraria orientada hacia la doctrina social de la Iglesia; D] La postura que consideraba que la reforma agraria podría tener un impacto anti-capitalista, en vista de la particularidad 14 La construcción de Brasilia, la nueva capital [inaugurada en 1961], atrajo a unos 500 000 trabajadores; la mitad se instaló de manera definitiva. 15 La población urbana pasó de 31 a 45% entre 1940 y 1960, mientras que la población campesina bajó de 69 a 55% durante estos mismos años (Vinhas, 1970:94 [fuente: IBGE]). 16 Véase, Stédile, 1997.

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del dominio de la burguesía en Brasil y su oposición a la reforma. Representaban esta corriente Caio Prado Junior y otros intelectuales más a la izquierda.17 En 1963, se creó la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura. Este periodo se cierra con el golpe de estado de 1964, precedido –y, en un sentido no despreciable, motivado o precipitado– por el anuncio hecho por el presidente Joa˜o Goulart, de un proyecto de reforma agraria que tenía un alcance considerable. La política de la dictadura (1964-1985), específicamente en lo relativo a la economía, abonó el terreno para la globalización financiera que se venía madurando desde los últimos quince o veinte años. Instaló la “paz social” mediante la implantación de relaciones económicas, políticas e ideológicas que eran muy desfavorables para las masas populares. Estas relaciones se implantaron de acuerdo con la modernidad financiera, de modo que permitieron una práctica neoliberal y monetarista de larga duración –o sea, desde hace 25 años aproximadamente–. De esta manera, se le dio prioridad a la estabilidad monetaria. Se provocaron tasas de interés elevadas. Se crearon o multiplicaron, en potencia, las instituciones financieras necesarias: el mercado de capitales, la bolsa y el banco central; todos orientados a favorecer al capital financiero internacional: el lema era: libertad para los capitales, hasta en el mercado del trabajo. Incluso cuando la dictadura estimuló el capital productivo (pensemos en el periodo del “milagro” y en los primeros años de Geisel), lo hizo en provecho del gran capital internacional: del capital financiero, en el sentido clásico de la palabra, el mismo que actuará más tarde como palanca de la financiarización. Por otra parte, la primacía dada a las exportaciones y al excedente comercial contribuyó a la exportación de las ganancias financieras. Asimismo, favoreció la concentración de capitales a partir de 1964, así como la “racionalización” de la administración de las empresas, las ganancias de productividad y la abertura de su capital. La política del Estado durante la dictadura de 1964-1985 reprimía cualquier cuestionamiento a la estructura agraria y se orientaba hacia el desarrollo del capitalismo en la agricultura en relación con la industria y las empresas internacionales. De hecho, la transformación de las relaciones sociales fue notoria durante este periodo, y fue marcada por una relación mayor entre el salario, la capitalización, la mecanización, la concentración de la agricultura18 y su orientación hacia la exportación.19 17 A pesar de que sus postulados eran verdaderos, puede uno cuestionarse en cuanto al significado anticapitalista de la reforma agraria en sí. Confiamos más –sin estar tampoco seguros– en el impacto de las luchas sociales que lleven a esta reforma y a su consolidación posterior, como también, a su integración necesaria con otras luchas de trabajadores en Brasil. 18 Véase Müller (1987) sobre este tema. 19 Delgado escribe en 1984 una excelente tesis acerca de las relaciones entre el capital financiero y la agricultura en el desarrollo económico de Brasil, desde la mitad de los años sesenta hasta el fin de los setenta. El autor identifica el núcleo de las transformaciones técnicas en la producción agrícola, en la integración técnica agricultura-industria, donde examina la articulación financiera, en la mediación del Estado. Se concibe esta integración como un momento de la integración de los capi-

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En efecto, entre 1970 y 1980, las unidades agrícolas que tienen más de mil hectáreas rebasan por 48 millones de hectáreas la superficie que ocupaban al principio del periodo; pasan a ocupar 164 millones de hectáreas. Mientras, 2.5 millones de familias de pequeños propietarios ocupan apenas 9 millones de hectáreas. Existían también 12 millones de agricultores sin tierra. En estas últimas dos clases sociales –así como en las superficies urbanas ociosas– se concentra el hambre que padece la población brasileña, sobre la que ya hemos hecho mención. Esta situación provocó el éxodo rural de 27 millones de personas entre 1960 y 1980 (IBGE).20 La composición de la clase obrera por rangos de edad señalaba que, en 1976, 49% eran jóvenes de 18 a 30 años; 70.58% de esta clase se concentraba en la región sureste en 1970; 32.79% se ocupaba en la metalurgia, los materiales eléctricos y de transporte y en la ingeniería mecánica, en 1973, mientras que 33.25% trabajaba en la industria del vestido y el calzado, las bebidas, los productos alimenticios y los hilados; 60.18% de los obreros se quedaba menos de dos años en el mismo empleo, en 1976; para ese mismo año, 7% de ellos había concluido el segundo año de primaria y 52% había cursado los cuatro primeros años de la primaria; el crecimiento de 15% de la población brasileña, entre 1970 y 1976, fue muy inferior al de la clase obrera industrial que aumentó 90%. La proporción era aún más marcada en relación con los obreros agrícolas: 190% (Pereira, 1981). El empleo en el sector secundario subió de 2 940 242 a 10 674 977, de 1960 a 1980, multiplicándose por 3.6 en veinte años (Keck, 1988 : 391). De 1950 a 1980, estas cifras se multiplicaron por 5. En este fenómeno influyó la entrada masiva de los jóvenes en el ejército de la industria: en 1976, 34% de los trabajadores de la industria de la extracción y de la transformación tenía entre 18 y 21 años (IBGE-RAIS, 1976). Examinemos brevemente algunos datos de conjunto, relativos al sindicalismo. La evolución de la distribución de los trabajadores afiliados a asociaciones rurales o a asociaciones urbanas, y por unidad de la Federación, también sorprende. A finales de 1979, los primeros son más numerosos en 19 estados y los segundos, sólo los rebasan en 7 unidades; de éstas, 4 corresponden a los estados más chicos, la 5a. es poco representativa y las dos últimas tienen la tasa de sindicalización más alta: São Paulo (3.6 habitante de ciudad por miembro de sindicato rural) y Río de Janeiro (23 por 1). tales. Esto interesa tanto los mercados de productos, como los mercados financieros. Concluye que el desarrollo desequilibrado, desde el punto de vista de las necesidades sociales, bajo la influencia del sistema de los precios y de los mercados internacionales, plantea problemas relativos a la regulación de las relaciones sociales que requieren, para atacar simultáneamente la injusticia social y la inestabilidad económica, una reestructuración de la política agraria y de la modalidad de regulación por el Estado de los márgenes de beneficio y de ganancias patrimoniales de los grandes capitales. Según el autor, no se pueden alcanzar estos objetivos sino mediante el control de estas nuevas estructuras por parte de la sociedad civil. 20 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

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Al principio de los setenta, particularmente en 1973, surgen los llamados nuevos movimientos sociales, que, en un primer tiempo, se constituyen alrededor de conjuntos de reivindicaciones comunes, formando determinadas identidades.21 La relación de estos movimientos, nacidos en los barrios, con los sindicatos es muy importante: el nuevo sindicalismo surge marcado por la participación y por las relaciones orgánicas con la base obrera; éstas provienen del movimiento popular de los barrios, que mostraba esta misma dinámica, al principio de los años setenta; además, el apoyo que dieron estos movimientos entre 1978 y 1980 (sobre todo en 1980) a las huelgas de los obreros de la metalurgia es decisivo. Por otro lado, se establece una estrecha relación entre los obreros que trabajan y los desempleados en los barrios22 y, por último, precisamente la combinación de todas estas manifestaciones fue la única capaz de derrumbar la dictadura. Estos nuevos movimientos sociales sitúan sus luchas dentro del contexto de un proyecto de autoafirmación de las clases populares, que no es muy preciso ni siempre muy explícito. Esta reivindicación hace referencia a una especie de derecho natural, inherente a la dignidad humana (Eder Sader, 1985:2 a 5). Gunder Frank dirá que estos movimientos han sido, desde siempre, los principales agentes de la motivación y la movilización de cientos de millones de personas en todo el mundo, a partir de intereses comunes (1989:23); son agentes de transformación social importantes –en el futuro, quizá los principales–; podrán transformarse en los intérpretes de la “ruptura” –“desconecte”– con el capitalismo y la transición hacia el socialismo. Sin embargo, pensamos que al empezar cualquier análisis de los movimientos sociales, es necesario considerar el contexto histórico y las relaciones sociales implicados. Aquí, lo nuevo presenta indicios de un futuro posible. Pero nadie podría entender el significado de estos indicios si no los relaciona con las estructuras sociales y la lucha de clases. A partir de 1979, las luchas campesinas vivieron el principio de un nuevo auge.23 Las formas de organización y coordinación24 que se introdujeron constituyen un antecedente de la creación del Movimiento de los Sin Tierra,25 MST, en 1984. 21 Según Silva Telles: “a pesar de las condiciones opresivas que reinaban en aquellos años (los setenta), los movimientos sociales, que eran tan precisos en sus reivindicaciones, tenían, por otro lado, un alcance simbólico que rebasaba el significado inmediato de los conflictos locales; servían de intermedio entre las diversas experiencias que se vivían en diferentes lugares y resaltaban lo que tenían en común” (1984:103-104). 22 La relación entre el movimiento sindical y el de los desempleados enfrenta hoy en día problemas considerables: en Brasil, la pérdida del empleo implica la prohibición de participar en cualquier actividad sindical; de ahí un fuerte rechazo hacia el sindicato por parte de los desempleados (Eder Sader, 1985:40). 23 Las luchas por la tierra cobran decenas de vida de campesinos cada año. 24 El proceso para conocerse fue largo: The process of connecting these militant peasant groups has been a long one: a process of been acquainted, analysing one each other situation and acting, and discussing the main issues (SAS [Stédile,1997], mayo de 1999, conferencia en la Universidad de Francfurt s/M). 25 Se consideran sin tierra a los campesinos que, bajo diferentes modalidades de relaciones

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La Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia católica se creó en 1975, estimulando y dando más coherencia a sus acciones en provecho de los campesinos pobres. En 1984, el movimiento26 se extendió a los trabajadores de los cultivos de caña de azúcar, destinada a la producción de alcohol que se utiliza desde el principio de los años ochenta como carburante para coches, en respuesta a los problemas del petróleo, que Brasil importaba en gran cantidad (75% de su consumo al finalizar los años setenta). La producción de alcohol pasó de 900 millones de litros en 1979 a 9 billones en 1984. En estas regiones, los conflictos fueron muy fuertes: los trabajadores de estos cultivos representaban el 70% de la fuerza de trabajo y el 30% de la masa salarial y los salarios superiores a diez salarios mínimos o más, sólo representaban 1.6% de los asalariados. En mayo de 1985, el nuevo gobierno presenta un proyecto de reforma agraria que recibe una buena acogida de parte de los movimientos y las instituciones que apoyan este proceso.27 En octubre, los parlamentarios aprobaron el plan del Congreso, con modificaciones que limitan su alcance. Ya se ha dicho, acerca de este plan, como lo había dicho Marx hablando de la Constitución Francesa de 1848, que “cada párrafo lleva su antítesis”. En realidad, la gravedad de la situación del trabajador agrícola y de la estructura agraria rebasa por mucho esta ley modesta, aparte de que se pusieron trabas para su aplicación. En 1985, las propiedades que medían menos de 10 hectáreas representaban 53% del total de las fincas pero sólo ocupaban 3% de la superficie dedicada a la agricultura. Sin embargo, las propiedades de más de 1 000 hectáreas, que sólo representaban 0.8% del total, aprovechaban 43% de las tierras reservadas para la agricultura.28 Esta concentración ha aumentado desde entonces.29 Sin embargo, las grandes fincas, cuya superficie promedio es de 2 600 hectáreas, muestran una tasa de aprovechamiento efectivo de las superficies muy bajo; en 1988, según el INCRA, era del orden de 11%, en comparación con un valor promedio de 57.4% para el conjunto de las fincas. Se dieron bastantes movimientos de huelga durante los años ochenta; el sindicalismo rural se extendió; se crearon las centrales sindicales; se intentó organizar a los obreros en las fábricas. También se deben mencionar las huelgas generales de 1983, de 1986 y de 1989 que fueron exitosas –lo que no sucedía desde 1964. También se debe apuntar las tomas de fábricas, en particular de la Compañía Siderúrgica Nacional en 1989. Los obreros se rebelaron especialmente en contra de la sobreexplotación del trabajo (Antunes, 1985:13-53). sociales, cuentan con menos de 5 hectáreas, a sus hijos y a los asalariados agrícolas que desean trabajar su propia parcela. 26 Acerca de estas luchas, véase Minc (1985). 27 Idem. 28 IBGE. 29 En 1966, las fincas de menos de 100 hectáreas ocupaban 20.4% de las tierras, en 1992 representaban 15.4%, mientras que durante estos mismos años, las propiedades de más de 1 000 hectáreas pasaron de 45.1 a 55.2% (IBGE).

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Las privatizaciones, la “flexibilización” del trabajo y la desindustrialización organizada por la política neoliberal practicada por los gobiernos de Collor y Cardoso obligaron a retroceder al movimiento sindical (Antunes, 1995:52-53). Los sindicatos se enfocaron hacia la preservación de la regulación de los contratos de trabajo y de los derechos sociales adquiridos. Al principio de los años noventa, el movimiento sindical entró a menudo en negociaciones que buscaban la participación en la toma de decisiones económicas por sector. Esto supone acuerdos y un proyecto común con el capital30 (Antunes, 1995:51). La creación31 del MST32 contribuyó de manera significativa al auge de las luchas campesinas.33 Durante los diez primeros años de su existencia, organizó unas 140 000 familias en cooperativas de producción; los militantes del movimiento han ocupado más de 7 millones de hectáreas de tierra; el movimiento coordina casi 900 escuelas que atienden 38 000 alumnos (Stédile, 1997).34 La reforma agraria propuesta por el MST considera el acceso al trabajo para toda la población rural (ya que la tierra es la base), una mejor distribución del ingreso, la seguridad alimenticia, la igualdad de derechos para todos, la promoción de la mujer y de los jóvenes, la ecología, la industria rural y la agroindustria. Habrá entonces que democratizar la tenencia de la tierra, modificando su estructura y subordinándola a la justicia social, promover la producción familiar y las cooperativas, desarrollar tecnologías que sean adecuadas, fomentar el desarrollo cultural. El MST se considera un movimiento rural-urbano35 y busca acercarse a todos 30

La CUT se ha encaminado hacia la social-democratización después de sus congresos de 1989 y 1991 (Antunes, 1995:66). 31 El MST considera que es el heredero de las ligas campesinas brasileñas y dice inspirarse en las luchas latinoamericanas, específicamente en la Revolución mexicana de 1910-1920. 32 El MST no está integrado a ningún partido político y no quiere constituir ninguno, es un movimiento extraparlamentario. Favorece las iniciativas locales y las de las bases del movimiento; sus niveles superiores tienen el estatuto de coordinaciones y no de direcciones; considera que cada uno de sus militantes es un organizador político. De tal suerte, se apoya en principios de organización tales como: a] desarrollar de manera continua luchas de masas y mantenerse ligado a éstas; b] guiarse gracias a un sistema de dirección colectiva; c] observar la disciplina interna, concebida como la existencia de reglas establecidas colectivamente y respetadas por todos los militantes; d] promover la formación de cuadros. 33 Pero, estas “movilizaciones campesinas no cuestionan, forzosamente, la estructura del poder” (Souza Martins, 1997:49). 34 Según encuestas recientes, 70% y más, de los brasileños, admiten que se debe instrumentar una reforma agraria; alrededor de 40% apoyan las ocupaciones de tierra que lleva a cabo el MST. Sin embargo, “Sería ilusorio pensar que la reforma agraria se ha vuelto una preocupación ineludible [una fuerza social que abarca al pueblo-SAS] del pueblo brasileño” (Souza Martins, 1997:47). 35 La existencia de formas indirectas de dominación por parte del capital y el proceso de transformación de éstas en formas directas de dominación por parte del capital, provocan un cambio constante en los límites de la clase obrera. Estas transformaciones son a menudo progresivas –y a veces regresivas–, lo que provoca un proceso histórico de fijación de la categoría de proletariado. La socialización de la producción capitalista agrega elementos para que sea todavía más compleja la delimitación de la

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los movimientos populares y a los sectores explotados de la sociedad.36 Fomenta la elaboración de un proyecto nacional alternativo. Se empeña en aplicar una reforma agraria donde sea que echa raíces, ocupando tierras ociosas.37 Creo que la particularidad de la relación entre capital y trabajo es la condición que impulsa al campesinado al primer plano de la escena, es decir, representa las condiciones históricas y sociales de este papel de liderazgo. Más precisamente, la especificidad de esta relación promovió la posibilidad de este papel de liderazgo. Me gustaría sugerir también que la posición de liderazgo que tiene el MST se debe a su actitud política radical. Sus posiciones políticas en la práctica no son siempre radicales, como sí lo son sus conceptos generales.38 Francisco de Oliveira analizó con exactitud la posición de las clases dominantes quienes se resistieron a integrar a la población dominada del país; al contrario, su pretensión era excluirla, reforzando así “el apartheid” entre las clases. La burguesía no busca más la hegemonía con la combinación clásica de coerción y consenso sobre las clases dominadas. “Esta negación de la universalización de la dominación, definida entonces como dominación llana y sencilla, niega la democracia y se transforma en totalitarismo” (Oliveira, 1997:16). Este concepto permite captar la tendencia que llegó a ser proyecto durante el gobierno de Cardoso y que significa la imposibilidad de disentir o de presentar una alternativa.

clase obrera. Se debe recordar que esta categoría no está concebida para un uso estadístico. La pobreza urbana es tal vez la consecuencia más grave de la cuestión agraria (véase Souza Martins, 1997). 36 “Lo que separa al campesino del proletariado no es su interés real, sino sus prejuicios ilusorios.” Ya que la propiedad campesina no es más algo real (Marx, 1978:195). [Traducción directa del español.] Además, “Los campesinos que se movilizan hoy no son ajenos a la realidad urbana: En algunos casos, los nuevos campesinos son antiguos obreros despedidos o desplazados por el cierre de minas o de fábricas, que tenían a veces una familia de origen campesino […] A menudo, las hijas de los pequeños campesinos deciden participar en los movimientos, después de haber concluido sus estudios de primaria o secundaria, en lugar de emigrar a la ciudad para trabajar como empleadas domésticas. Dedicarse a las luchas rurales, vivir en el campo y trabajar la tierra no impiden que estos hombres y mujeres tengan una visión cosmopolita” (Petras, 2000b:30). 37 Esto no es una reivindicación revolucionaria ya que: “un gobierno revolucionario es aquel que hace una reforma agraria, que cambia el régimen de propiedad de la tierra, dando al campesino no sólo las tierras que quedan sino, y sobre todo, las que están siendo valorizadas, las que poseen los latifundistas, que son las mejores y que tienen los rendimientos más altos, además de que estas tierras se las robaron a los campesinos en el pasado”(Che Guevara, agosto de 1960, Discurso en el Primer Congreso Latinoamericano de la Juventud). 38 La vida en los campamentos (que puede prolongarse hasta por 18 meses), la vida comunitaria con gestión autónoma desde el punto de vista político, práctico y moral, las enormes dificultades y preocupaciones que comparten, así como la esperanza de una vida más digna, la solidaridad experimentada día a día y la que reciben de parte de los compañeros ya instalados en sus tierras –las formas de luchas– las ocupaciones sucesivas y desalojos bajo amenazas (hasta que se les reconozca la posesión de la tierra) los enfrentamientos con la represión, los duelos, los recuerdos de las víctimas, la confianza en sus propias fuerzas, la educación formal y la formación política recibidas, todo esto transforma la mentalidad de los militantes sin tierra y, con bastante frecuencia, los hace más generosos, solidarios y concientes, más fuertes y combativos, más aptos para luchas más largas y prolongadas.

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De este modo, la particularidad de la crisis actual reside en la coexistencia del capitalismo y de la barbarie, en la segmentación política y regional de ésta, en la tasa de ganancia sostenida en combinación con un desempleo elevado y, más a menudo, en el empobrecimiento de los trabajadores (empobrecimiento relativo casi en todos lados, y absoluto en la mayor parte del tercer mundo y para ciertas categorías profesionales en los países occidentales); y reside también en el carácter sumamente antisocial de las políticas de recuperación, en el mantenimiento y la aceleración de la acumulación del gran capital (ligada sobre todo a su centralización), en la inestabilidad monetaria39 y financiera acentuada en el tercer mundo40 por el peso del capital internacional volátil.41 En todos estos procesos, se observa un tipo de re-colonización42 de los países dependientes que, más allá de la reducción de los estados involucrados, produce una crisis nacional en estos países (Petras, 2000). Así, Brasil se trasformó a fondo en el último tercio del siglo: la clase obrera se multiplicó y concentró, y la vida urbana se generalizó. La tasa de explotación de la fuerza de trabajo se elevó, al igual que la intensidad, la productividad y la disciplina del trabajo aumentaron y éste se ha flexibilizado. La concentración del ingreso creció, como también la centralización del capital. Las relaciones económicas, políticas e ideológicas entre las clases fundamentales evolucionaron en desfavor de los trabajadores; las relaciones capitalistas en el campo se extendieron ampliamente y el trabajador rural se sindicalizó; el populismo dejó de ser un puente importante entre la burguesía y la clase trabajadora. La estructura industrial se diversificó y su integración horizontal y vertical aumentaron; el dominio de la industria sobre la agricultura se afianzó y el capital financiero se convirtió en el dominante, la economía se abrió a las mercancías y capitales internacionales, la integración dependiente al sistema financiero mundial se profundizó. El desequilibrio regional se acentuó. En síntesis, un nuevo régimen de acumulación se articuló y la estructura de clases sociales y las relaciones entre éstas se trasformaron. Instalándose, así, una forma de Estado dependiente, neoliberal y de competencia.43 39 Véase el texto de Suzanne de Brunhoff (1996) acerca de la inestabilidad monetaria internacional. 40 “La financiarización en las economías semi-industrializadas tomará diferentes formas… A menudo, la forma principal, y es una gran diferencia con los países capitalistas desarrollados, será la compra de títulos a corto plazo de la deuda pública, títulos que son atractivos porque son casi dinero en efectivo, varían con los precios o el dólar, y generan intereses a menudo elevados” (Salama y Vallier, 1990:75). 41 Esta inestabilidad en aumento, así como el desplazamiento del lugar donde estallan las crisis son consecuencia de la financiarización combinada con la transformación de las relaciones entre los capitales mundializados y los estados. Finalmente, es una consecuencia del conjunto de las determinaciones de la fase actual del imperialismo. 42 Existe incluso una semejanza trágica entre la suerte reservada a la mayoría de nuestros conciudadanos actuales y la que tuvieron los primeros habitantes de nuestros países. 43 Véase, Lucio Oliver en este mismo libro.

PODER Y CLASES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

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NUEVOS ODRES Y VIEJOS VINOS: LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI CARLOS FIGUEROA IBARRA*

INTRODUCCIÓN

El fin de la guerra fría, la expansión de la globalización y la instauración del neoliberalismo –que ha intensificado los males del capitalismo–, pudieran ser los tres grandes factores que dan un nuevo contexto a los problemas seculares del mundo y de América Latina. Acaso lo que sucede es que viejos conflictos se nutren y reproducen ampliadamente o asumen nuevas formas, como consecuencia de las implicaciones de un escenario novedoso: el mundo de la posguerra fría. El fin de la amenaza soviética y el desprestigio de las dictaduras –como forma de gestión estatal– desde la segunda posguerra, ha hecho inviables a las formas autoritarias del pasado, las cuales fueron fuente esencial de la violencia política durante el siglo XX. A mediados del siglo XX, las dictaduras oligárquicas latinoamericanas, aquellas que nutrieron a la novelística de la dictadura en la región, eran ya un anacronismo. En los dos últimos decenios del siglo XX comenzó el eclipse de las dictaduras militares. En buena parte de la región surgieron sistemas de democracia representativa, en los cuales pueden verse algunas novedades: la disminución sustancial de la cuota de poder de las fuerzas armadas, las elecciones no fraudulentas, la desaparición parcial del terrorismo de Estado, las posibilidades de la rotación electoral, la gradual sustitución de la cultura del terror por la cultura democrática. Pueden hacerse lecturas complacientes de todos estos hechos. Una de ellas sería concluir que la agenda de la transición democrática está esencialmente finiquitada, e ignorar que el subcontinente latinoamericano sigue siendo escenario de grandes violencias. Intentaremos sustentar en este trabajo que esta visión es infundada. Otra, sería la de considerar superados los viejos conflictos y empezar a estimar como prioritarias en la atención lo que hoy se llaman “las nuevas amenazas”. En sí la noción de “nuevas amenazas” constituye una interpretación de los conflictos de la región desde una perspectiva de la dominación. Independientemente de que el concepto puede tener la intención de legitimar la acción militar en problemas de seguridad que no necesariamente tienen una solución militar (López, 2001:18-19), el uso de la palabra “amenaza” implica una visión que * Sociólogo. Profesor investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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privilegia el manejo de la gobernabilidad en vez de la detección de las causas profundas del conflicto. Además, las llamadas “nuevas amenazas”, no necesariamente lo son. Después de postular lo que se considera las tres “nuevas amenazas” (inmigraciones ilegales, tráfico de drogas y depredación de recursos naturales), un especialista argentino concluye que en realidad “se trata de actividades delictivas, algunas tan antiguas como los mismos países en donde se desarrollan” (Montenegro, 2001:9). Otro autor las enumera más exhaustivamente: terrorismo internacional, narcoactividades, tráfico ilegal de armas, degradación del medio ambiente, fundamentalismo religioso, migraciones internacionales, pobreza extrema, crimen organizado internacional. Concluye que, salvo ésta última, las restantes ocho son problemas que existían desde antes del fin de la guerra fría, más aún, tres de ellos (tráfico ilegal de armas, degradación ambiental y pobreza extrema) son definitivamente arcaicos (López, loc. cit.:15). Sostendremos que, como consecuencia de los tres factores mencionados en las primeras líneas de este trabajo –posguerra fría, globalización y neoliberalismo–, algunos de los hechos de violencia que hoy observamos en la región, sólo son manifestaciones relativamente novedosas ante viejos problemas derivados de fenómenos estructurales bastante antiguos. Algunos ejemplos de estos últimos son: la dominación estadunidense en toda la región, la subalternidad de la economía de esta última, el autoritarismo impreso en los diferentes estados latinoamericanos, la gran paradoja que presentan éstos últimos al combinar una fuerte vocación represiva con una desigual presencia en los distintos ámbitos de la sociedad, la incompleta cristalización de lo público en dichos estados, la corrupción que se deriva de lo anterior, la aguda polarización social y, por lo tanto, la pobreza extrema. Todos estos datos estructurales están indudablemente vinculados a viejos hechos y nuevas formas de la violencia en América Latina: persistencia de aparatos de guerra sucia, narcotráfico y mafias en general, guerrillas, guardias blancas, delincuencia común, linchamientos y protestas populares o sociales. Lo viejo y lo nuevo parece estar simbióticamente entrelazado en América Latina en lo que se refiere a causas y hechos de la violencia en la región. Examinemos entonces, algunos de ellos.

GLOBALIZACIÓN, NEOLIBERALISMO, IMPERIO Y VIOLENCIA

La gran paradoja del desmantelamiento de las dictaduras militares en la región, en tanto éste se vio acompañado de la continuidad y profundización del neoliberalismo, es que no resolvió la crisis que provocaba en ellas la ausencia de las tres grandes mediaciones postuladas por O’Donnell: la nación, la ciudadanía y lo popular.

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Esto sucede, porque el inicio del desmantelamiento de las dictaduras militares se vio precedido, en el decenio de los setenta, por la caída de las exportaciones latinoamericanas a consecuencia de la crisis internacional, lo cual evidenció el fin del modelo de sustitución de importaciones y desarrollo capitalista asentado en el mercado interno. La crisis de la deuda externa en los ochenta (“la década perdida”) se origina en la aparición de créditos vencidos en el contexto de una disminución de la capacidad exportadora (Libreros, 2001:99-100). En América Latina, esta crisis profunda se combina con el auge mundial de las recetas neoliberales –contextualizadas por la globalización– que, supuestamente, resolverán dicha crisis: desmantelamiento del Estado benefactor, disminución del proteccionismo y apertura de los mercados nacionales, reorganización espacial de la producción, movilidad extraordinaria de capitales, innovación tecnológica que provoca desempleo y abatimiento de los salarios, flexibilización laboral, represión al descontento social y laboral, flujos migratorios extraordinarios, apertura y explotación de los recursos naturales, lucha feroz por recursos naturales estratégicos y, por ello mismo, necesidad de presencia imperial en territorios también considerados estratégicos (López, 2001:3; Sarmiento, 2001:85). He aquí el contexto estructural que explica por qué las grandes ausencias en los regímenes autoritarios –la nación, la ciudadanía y lo popular– lo siguen siendo en los regímenes posdictatoriales. Es desde esta perspectiva como examinaremos las diferentes formas de violencia que hoy se expresan en los distintos países de América Latina. Cabe aclarar que no todas ellas existen en cada uno de los países de la región o, al menos, no existen en igual intensidad. Pero aun cuando esto sea así, su mera existencia es síntoma del gran saldo del siglo XX: la consecución de una nada despreciable formalidad democrática que se ve desvirtuada por la profundización de un capitalismo excluyente.

LOS ANACRONISMOS QUE NO LO SON: EL IMPERIALISMO EN AMÉRICA LATINA

El ataque contra las torres gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, fue el ataque de un sector extremista de una identidad cultural y religiosa que se siente agraviada en contra de un poder imperial. Los terribles incidentes de ese día, nos recordaron que existe una dominación imperial, que ésta recibe respuestas violentas y que, en algunos casos, esa violencia adquiere su forma más perversa: el terrorismo. Independientemente de que se puede estar de acuerdo con la afirmación de que los conflictos de clase no son los únicos ni siempre los más importantes en la esfera de lo social, el argumento de Huntington de que en esta época los conflictos más peligrosos, generalizados e importantes serán los del choque de distintas culturas (Huntington, 2001:22), pretende tapar el sol con un dedo. Con-

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trariamente a lo que a veces se afirma en medios académicos y políticos, infortunadamente no vivimos todavía en la época del “postimperialismo”. Mientras una buena parte de la intelectualidad en Occidente diluye el tema del imperialismo y la pertinencia de su análisis (Petras, 2001:IV), el mundo observa su presencia rampante en el mundo de la posguerra fría. Durante la guerra fría pudieron observarse intervenciones imperiales en Turquía, Guatemala (1954), Vietnam, República Dominicana, Angola, Mozambique, Nicaragua y Centroamérica (en los ochenta), Granada, Panamá y Afganistán. En la posguerra fría éstas se siguen observando en Irak, Somalia, Haití, los Balcanes y nuevamente Afganistán. Si por imperialismo entendemos la expansión política, militar, ideológica y cultural de un Estado o de un grupo de estados con el propósito de hegemonizar territorios, controlar recursos naturales, expoliar a enormes masas humanas, y con todo ello reproducirse ampliadamente, no existe ninguna razón para no denominar imperialismo lo que hoy hace Estados Unidos de América en el planeta. De acuerdo con la anterior definición, el imperialismo estadunidense tiene amplias razones para empecinarse en su presencia política y militar en la región del Medio Oriente: Arabia Saudita posee el 25% de las reservas mundiales de Petróleo (un bien cuya escasez será parte del conflicto mundial en los próximos decenios) y si a este país le unimos Kuwait, Irán, Irak, Qatar, Omán, Israel y parte de lo que fue la Unión Soviética (Siberia, por ejemplo) el anterior porcentaje sube a 65%; las repúblicas islámicas centroasiáticas que en un tiempo fueron parte de la Unión Soviética, en particular las limítrofes con Afganistán (Turkmenistán y Uzbekistán), son en potencia la tercera región más importante del mundo (después del Golfo Pérsico y Siberia) en materia de petróleo y sobre todo de gas natural; a esto se puede agregar el oro en el mismo Uzbekistán, la plata y el uranio en Tadzikistán, el petróleo y el gas en Kazajstán (Chossudovsky, 2000:4). Si el imperio tiene intereses vitales en la región entera del Medio Oriente, también los tiene en América Latina. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que tendría que entrar en vigor en 2005 está pensado como uno de los instrumentos esenciales de la dominación estadunidense en la región. Para los Estados Unidos de América se ha convertido en una prioridad estratégica el contar con un mercado estable, dado su papel de principal comprador en el mercado internacional, lo que, a su vez, es una de las explicaciones de su enorme déficit en su balanza cambiaria (Libreros, 2001:97) Diversos estudiosos han calificado al ALCA como la versión moderna de la Doctrina Monroe (Figueroa, 2001:28; Villafuerte, 2002:13-14), y la definición de James Petras en ese sentido es elocuente: “El ALCA es un sistema mercantilista, centrado en la supremacía política de Estados Unidos, cuyas políticas económicas son dictadas por el Estado imperial a través de un conjunto de estructuras asimétricas, monopolistas, que facilitan el flujo de los beneficios en una sola dirección” (Petras, en Falero, 2001:16). En este contexto, México se convierte en una pieza estratégica en aras de una integración de todo el subcontinente que afiance una hegemonía estadunidense y que, en el cono sur, tiene en la inversión europea un rival (Figue-

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roa, loc. cit.). A México, en su función de “país bisagra”, le toca cumplir un papel de primer orden en el proceso de conformación del Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA y en coadyuvar a mantener la estabilidad política en Guatemala, una zona que es neurálgica hoy en el contexto centroamericano que sigue siendo inestable (Villafuerte, op. cit. 8, 13-14). También es necesario recordar que toda el área es una de las fuentes principales de uno de los problemas geopolíticos más importantes para Estados Unidos de América: la migración (Falero, loc. cit.). Acaso sean estos motivos más importantes en la inspiración del Plan PueblaPanamá, que las potencialidades de mercado que el área centroamericana tiene para México: la importancia de ésta como área de comercio exterior para México apenas llega al 1% (Villafuerte, loc. cit.). Sin embargo, los motivos esenciales del mencionado plan van más allá de aquellas consideraciones. La gran concentración industrial comercial, financiera, portuaria y de comunicaciones que se encuentra en la costa este de Estados Unidos, la más grande del planeta, podría ser una de las explicaciones esenciales de lo que en México se llama el Plan Puebla-Panamá. Al igual que en el siglo XX, Estados Unidos de América sigue necesitando una vía expedita hacia el Pacífico, ahora con mayor razón, puesto que Asia se ha convertido en uno de los polos del dinamismo económico mundial.1 Estados Unidos de América necesita para enfrentarse al desafío de la globalización y la competencia entre potencias en el siglo XXI, al menos los siguientes factores: 1] corredores viales a lo largo del territorio mexicano que los comuniquen hacia el sur y hacia el océano Pacífico; 2] debido a la insuficiencia y obsolescencia del canal de Panamá, canales y vías secas de comunicación interoceánica en cada uno de los países centroamericanos y en el istmo de Tehuantepec; 3] infraestructura portuaria en todas las costas que dan hacia el mar Caribe; 4] corredores de maquilas en México, Centroamérica y el Caribe, y 5] garantías del dominio de la biodiversidad, por lo tanto, de las reservas ecológicas en Mesoamérica, el Caribe y la zona amazónica. La adecuación de México hacia todo este plan global, implicaría, entre otras cosas, el reordenamiento demográfico y la transformación de la agricultura de subsistencia en una de plantación, en toda la zona sur del país. Si las anteriores afirmaciones fueran ciertas, en el siglo XXI, México, el Caribe y Centroamérica serán zonas estratégicas para la agenda de la seguridad nacional de nuestro vecino del norte. Cuba agregará, por todas estas razones geopolíticas, un motivo más para ser un estorbo en los planes imperiales. Fácil es imaginar los conflictos que se están creando y otros más que se avecinan con su respectiva cauda de violencia: reordenamientos demográficos, expropiaciones de tierras campesinas, instalación de economías de plantación, atentados contra identidades étnicas, intensificación de formas expoliativas del trabajo. 1 En este tema el autor simplemente suscribe lo expresado por el economista Andrés Barreda en las extensas conferencias que sobre el Plan Puebla Panamá ha impartido durante el primer y segundo semestres de 2001, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Puebla.

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Si el Plan Puebla-Panamá se encuentra indisolublemente asociado al proyecto de integración continental que persigue el ALCA, igualmente sucede con la llamada Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia. Particularmente este último sería un proyecto integral de “limpieza de obstáculos” y vencimiento de resistencias, no solamente en Colombia, sino en la región que la circunda a efecto de poder implantar el ALCA en 2005 (Estrada, 2001:37; Caycedo, 2001:202). De acuerdo con diversos especialistas el Plan Colombia es una iniciativa imperial que va mucho más allá del país que le da su nombre puesto que pretende controlar la parte norte de Sudamérica2 y, en general, a buena parte de la región amazónica, la cual, como se sabe, es una de las más ricas del mundo en petróleo y biodiversidad. Por ello mismo, si en el pasado “la amenaza soviética” o la “subversión comunista internacional” fueron los factores pretextados por la intervención imperialista, hoy el narcotráfico y el terrorismo (particularmente después del 11 de septiembre de 2001) serían los enemigos a vencer que justificarían o legitimarían la intervención estadunidense en cualquier parte del mundo.3 En lo que se refiere al petróleo, entre 1990 y 1999 el consumo estadunidense de petróleo creció el 15% (Sarmiento, 2001:88) y se elevará en los próximos 20 años a cinco millones de barriles diarios. Esto convierte a México, Ecuador, Venezuela y Colombia en zonas estratégicas para el imperio en relación con Latinoamérica. Venezuela es hoy el principal abastecedor de Estados Unidos de América en el hemisferio occidental, mientras Colombia, que ha aumentado su producción en 78% entre 1990 y 1999, se ha convertido en el séptimo abastecedor del mismo Estados Unidos de América. Objetivo esencial del plan es controlar la amazonia colombiana y, por esa vía, tener acceso al dominio de la cuenca del río Amazonas, la cual incluye a parte de Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam (Estrada, op. cit.:51-52). Informaciones recabadas a fines del siglo XX indicaban que Colombia ocupaba en Latinoamérica el segundo lugar, después de Brasil, en materia de diversidad de especies por unidad de área y el cuarto lugar en disponibilidad de agua por unidad de superficie (59 lt/s/km2). El costo estimado del Plan Colombia es de 7 588.1 millones de dólares, de los cuales poco más de 3 525 deberán ser aportados por lo que se ha llamado la ayuda internacional (Estrada, 2001:29). El supuesto del que se parte es la existencia de la narcoguerrilla, una organización armada (particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP) que, de acuerdo con los postuladores del plan, ya habría abandonado en lo esencial sus 2 Se trata del “triángulo radical”, como es llamado por Petras (2001:159) y que estaría constituido por la Venezuela gobernada por Hugo Chávez, la Colombia con una poderosa fuerza insurgente y el Ecuador con un palpitante movimiento indígena. El cuadro se completaría con la inestabilidad política en Perú, la creciente movilización social en Bolivia y la emergente protesta social en la Argentina que tendría a final de 2001 su expresión climática. 3 Ésta parece ser una coincidencia básica en los ensayos de Estrada, Sarmiento, Libreros, Petras, Caycedo y Vargas Velásquez incluidos en el volumen compilado por Jairo Estrada Álvarez (Estrada, 2001). Otro ensayo del analista colombiano Alejo Vargas Velásquez (2001a) reitera la misma aseveración.

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objetivos políticos para entrar en el cuantioso mercado de la droga (Estrada, 2001:46; Caycedo, 2001:185). Un investigador colombiano, Ricardo Vargas Meza, ha hecho los cálculos de la importancia de la guerrilla colombiana en el narcotráfico: si fuesen ciertas las cifras proporcionadas por el ex “zar antidrogas”, general McCaffrey, con relación a los ingresos de la guerrilla por concepto de impuestos a la producción de coca en las regiones que controla (500 millones de dólares anuales), resultaría que se estaría embolsando el 1% de los 50 mil millones de dólares que se apropian los narcotraficantes por las 400 toneladas de cocaína que exportan anualmente (Estrada, 2001:47).4 Estos datos nos llevan a tres conclusiones: 1] que la participación de la guerrilla en el narcotráfico es marginal; 2] que el problema del narcotráfico no radica en la producción, sino en la poderosa cadena que ha construido el crimen organizado, y 3] que el principal interés del Plan Colombia no es el narcotráfico, sino la insurgencia y la importancia geopolítica de Colombia y la región que la circunda. Cabe agregar que la cadena del narcotráfico tiene su resorte fundamental en la demanda de cocaína en el propio Estados Unidos de América. De esta manera si como parece ser el caso, el problema fundamental no es el narcotráfico sino el control de toda el área andina y la amazónica, el énfasis del Plan Colombia está puesto en la represión y la contrainsurgencia. El plan consta de un programa en tres fases a ser aplicadas a lo largo de 6 años durante los cuales se buscaría reducir en el 50% la producción de coca: a] la fase 1 de carácter “judicial, policiaco y militar” se concentrará en el Putumayo y, en general, el sur de Colombia (no por casualidad una de las áreas de mayor influencia de la insurgencia); b] la fase 2, que tendrá una duración de 2 a 3 años, se irradiará hacia el sureste y las zonas centrales del país y, c] la fase 3, otros tres años, se extenderá hacia todo el país. Ese aspecto represivo y contrainsurgente del plan se evidencia en la estructura de gastos de su presupuesto total, puesto que de los 7 558.1 millones de dólares que costará el plan, 4 810 millones (63.6%) se destinarán a lo que se llama “seguridad y justicia” que, en rigor. serían los gastos policiacos y militares. Otro tanto sucede con la ayuda internacional: de los 3 525 millones a los que ésta asciende, 1 780 (poco más del 50%) tendrán el mismo destino. Similar tendencia se observa en la cooperación estadunidense al plan: de los 860 millones de dólares que serán otorgados por Estados Unidos de América, el 74% se destinará a las fuerzas armadas y la policía colombiana en el marco del programa push into Southern Colombia. Esto sería congruente con el hecho de que entre 1997 y 2000, la ayuda militar estadunidense creció de poco más de 86 562 millones a 709 millones de dólares (Estrada, 2001:32-39; Caycedo, 2001:187-189). Lo que el Plan Colombia significa para la propia Colombia y para al menos las regiones fronterizas con dicho país, es un incremento sustancial de la violencia que tendrá consecuencias indeseables y magros resultados. Incluso un analista 4 En este cálculo se parte del supuesto de que 1 kilo de base de coca cuesta 1 000 dólares mientras 1 kilo de cocaína tiene un precio de 150 mil, lo que implica que si las guerrillas se embolsan el 1%, el campesino productor de coca obtiene sin contar costos de producción, el 0.67 por ciento.

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colombiano convencido de las bondades del Plan Colombia, concluye que en caso de que se lograra la meta de reducir en 50% el área colombiana de cultivos ilícitos, esto ocasionaría que Perú y Bolivia recuperaran su notable papel exportador (Rocha, 2001:32). Estados Unidos de América ha instalado una red de bases aéreas en Manta (Ecuador), Aruba y Curazao (Caribe), Liberia (Costa Rica), Comalapa (El Salvador) y Soto Cano (Honduras) a partir de las cuales se impulsarán las denominadas Forward Operation Locations (FOL). Repitiendo, mutatis mutandis, la experiencia de la guerra de baja intensidad practicada en la Centroamérica de los ochenta y noventa, el Plan Colombia evidencia la participación militar estadunidense en la asesoría contrainsurgente, sea a través de asesores militares o a través de los mercenarios contratistas (hoy estimados en 300); alienta las expectativas de las fuerzas armadas colombianas en una improbable victoria militar sobre la insurgencia; estimula la carrera armamentista entre Colombia y los países aledaños; internacionaliza el conflicto al provocar inestabilidad en las regiones cercanas a Colombia en los países fronterizos; acrecienta las acciones de terror contrainsurgente que impulsa el Estado; incrementa el número de efectivos de los otros implicados en la guerra sucia (los 12 mil integrantes de los “grupos de autodefensa”); propicia las posibilidades de una guerra biológica (a través de la difusión del hongo fusarium oxysporum); incrementa los gastos bélicos del Estado colombiano en detrimento de los ya marginales gastos sociales; profundiza el fenómeno de la población civil desplazada (estimada en 2.5 millones de personas en los últimos 15 años) y la que se refugia en Ecuador, Panamá y Brasil; transforma las fronteras en zonas de guerra, propicia una alianza explícita o implícita de Estados Unidos de América con los grupos paramilitares y la parte de altos oficiales, terratenientes, banqueros y capitalistas que se encuentran involucrados en el narcotráfico o lavado de dinero. En suma, impone una enorme cuota de sufrimiento humano en aras de los intereses del imperio y de las élites de toda la región.5

NARCOTRÁFICO Y PODER

En el último tercio del siglo XX, el planeta entero asistió a un descomunal crecimiento de la importancia de los cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola) y, sobre todo, del crimen organizado en torno a su transformación en enervantes y a su comercialización. A principios de la actual centuria el volumen mundial del narcotráfico era calculado entre 400 y 700 mil millones de dólares, cálculo que incluía no solamente el intercambio de la droga, sino el lavado de divisas a éste asociado (Caycedo, 2001:189; Chossudovsky, 2001:4). 5 Petras, 2001:161, 169, 176-177; García y Mejía, 2001:137; Caycedo, 2001:193; Libreros, 2001:96; Vargas Velásquez, 2001a; Sarmiento, 2001:75, 77, 80.

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Dos áreas del planeta parecen tener una importancia estratégica en el cultivo y producción de enervantes. La primera de ellas tiene en el momento de escribir estas líneas un destino incierto por los acontecimientos observados en los últimos dos o tres años. Se trata de la región comprendida en las tierras fronterizas entre Afganistán y Pakistán (conocidas como la Golden Crecent), que han sido el productor de opio número uno del mundo (75%), y proveedor del 60 y 70% del opio que, transformado en heroína, se consume en Estados Unidos de América y en Europa, respectivamente. Hasta antes de la prohibición decretada por el régimen talibán en Afganistán y de la guerra estadunidense contra dicho país, el negocio rendía ganancias entre 100 y 200 mil millones de dólares al año (Chossudovsky, loc. cit.). La segunda de las áreas del planeta con importancia esencial en el narcotráfico es la constituida por Colombia, Perú y Bolivia. Entre los años sesenta y setenta del siglo XX, la coca era cultivada en Perú y Bolivia y procesada en el norte de Chile. A mediados del decenio de los setenta, un grupo de narcotraficantes colombianos emprendió la tarea de exportar la cocaína en cantidades nunca vistas y haciendo uso de yates y aviones.6 Los narcotraficantes se habían beneficiado con la política de erradicación de cultivo de marihuana en México, lo que convirtió a Colombia, entre 1976-1979, en el principal productor de dicho estupefaciente. El boom de la marihuana fue decreciendo, hasta que en 1989 México volvió a tener la importancia que antes tenía (Vargas Meza, 2001:317). Sin embargo, la innovación en el trasiego de cocaína había rendido notables frutos a los barones de la droga en Colombia. Cálculos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) de 1988, estimaban que el monto de toneladas de cocaína exportada hacia Estados Unidos de América pasó de entre 14 y 19 toneladas en 1976, a 45 en 1982 y que los ingresos hacia Colombia por el tráfico aumentaron de 1 500 en 1980, a 2 500-3 000 millones de dólares en 1985 (Dinges, 1990:123-124). Para entonces nuevas rutas de acceso al mercado estadunidense se habían encontrado: desde los setenta el narcotraficante colombiano Lehder había inaugurado la ruta a través de las Bahamas (ibid.:127), desde principios de los ochenta los traficantes andinos buscaron evitar pagar a los intermediarios colombianos, desviando la droga a través de Brasil (Desmond y Davis, 2001:2), y desde 1982 el general Manuel Antonio Noriega hizo de Panamá una importante escala hacia el resto de Centroamérica, México y el Caribe (Dinger, op. cit.: 131). El procesamiento de la pasta cruda de cocaína se empezó a realizar en Colombia merced a la instalación de refinerías por Escobar Gaviria, quien también impulsó el cultivo de coca en el país para ganar independencia (ibid.:127). A fines del siglo XX, nuevos barones de la droga habían sustituido a los precursores que habían muerto o estaban en la cárcel. Los cárteles de Medellín y Colombia habían sido desarticulados, dando origen a una descentralización o fragmentación –con resultados exitosos– de las otrora grandes corporaciones de la droga (Caycedo, 2001:190; Vargas Meza, 2001:318; Rocha, 2001:5). Entre 1994 y 1998, la 6 Los innovadores en el trasiego de la droga fueron Pablo Escobar Gaviria, Jorge Ochoa, Carlos Lehder, José González Rodríguez.

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política antidrogas estadunidense había reducido drásticamente el cultivo de coca en Perú y Bolivia, lo que ocasionó que el mismo se desplazara hacia Colombia. Dicho país exportaba 400 toneladas de cocaína anualmente, lo cual significaba un monto de 50 mil millones de dólares. El 98% de este monto se lavaba en el sistema financiero estadunidense y europeo y entre 2 500 y 3 000 millones de dólares retornaban al país, lo que significaba el triple de las exportaciones de café y un monto superior a las de petróleo. Colombia, al pasar del 20% de la superficie mundial de cultivo de coca en 1990, al 67% en 2000, se había convertido en el mayor productor y exportador de cocaína. El negocio de la droga irradiaba sus efectos por casi toda América Latina, y en Estados Unidos y Europa las ganancias lavadas se convirtieron en un elemento importante de su economía (Estrada, 2001:48; Caycedo, 2001:189-192; Rocha, 2001:4-6).7 El análisis de los resultados de la guerra estadunidense contra las drogas en los noventa resulta desolador cuando se analizan las cifras presentadas por la policía antinarcóticos y el Departamento de Estado (Vargas Velásquez, 2001). Ciertamente, se pudo abatir de manera drástica la producción potencial neta de hoja de coca en Bolivia y Perú de 80 000 y 155 500 toneladas métricas que tenían, respectivamente, en 1992, a 13 400 y casi 61 000 en el año 2000. Pero en el mismo periodo las cifras de Colombia pasaron de 29 600 a 183 200, es decir, que tal potencial en toneladas métricas en dicho país se sextuplicó. Si bien el área de cultivo de coca en Bolivia y Perú ascendía en 1992 a 45 500 y 129 200 hectáreas, respectivamente, y en 2000 tales cifras habían descendido a 14 600 y 34 100, es ineludible constatar que en el mismo periodo el número de hectáreas en Colombia pasó de 41 206 a 136 200. En suma, en 1992 había en los tres países 215 906 hectáreas de cultivos de coca, mientras que en el 2000 tal número de hectáreas ascendía a 184 900 hectáreas. Apenas una diferencia de 31 mil hectáreas, una cifra magra si se considera que, en el mismo periodo, en Colombia se fumigaron con glifosato –un herbicida de funestos resultados para fauna, flora, agua y salud de los habitantes de las áreas fumigadas– 244 144 héctareas y el número de hectáreas en Bolivia disminuyó en 30 900, mientras en Perú lo hizo en 95 100, lo que significó una disminución total de 126 mil hectáreas (ibid.). No es sorpresa entonces que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD, organismo de la OEA) concluya que la disponibilidad de la cocaína para los consumidores se mantenga igual.8 La fumigación ha resultado infructífera, porque los narcotraficantes necesitan un periodo de apenas cuatro meses a un año para poder regenerar los cultivos fumigados o instalarse en nuevas regiones (Vargas Meza, 2001:320), pero sobre todo, porque en un contexto de conflicto agrario irresuelto, miles de campesinos están dispuestos a enfrentar los riesgos de un sistema judicial que se ensaña con 7 He aquí los motivos por los cuales el analista colombiano Jaime Caycedo Turriago aventura la categoría de narcocapitalismo (Caycedo, 2001:189). 8 La Jornada, 15 de enero de 2002:28, México.

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ellos, puesto que su sobrevivencia está muchísimo más asegurada con el cultivo de la hoja de coca, marihuana o amapola que con el cultivo de maíz y frijol.9 Independientemente de que se puedan discutir los efectos benéficos en las economías de los países productores y exportadores de enervantes,10 lo cierto es que el surgimiento de grupos poderosos de capital generado ilícitamente, crea una situación política y estatal enteramente nueva. La ilegalidad del producto eleva su precio y el poder corruptor de los barones de la droga llega a los más altos niveles del Estado. El caso de Noriega en Panamá, las investigaciones en torno al periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari en México, el encarcelamiento del jefe de la lucha contra las drogas en dicho país –general Gutiérrez Rebollo–, así como de siete generales más (Piñeyro, 2001:6), las evidencias de la participación del narcotráfico en el financiamiento de la campaña electoral del después presidente colombiano, Ernesto Samper (1994-1998) (Tickner, 2001:215), son algunos de los ejemplos sobresalientes que empequeñecen a los poderes invisibles en otros países. El narcotráfico se ha convertido en una alternativa de sobrevivencia para enormes conjuntos poblacionales en las áreas rurales y urbanas,11 ha corrompido notable y acaso irremediablemente a los cuerpos policiacos y militares, así como a partes significativas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; ha influido de manera subrepticia, pero notable, a no pocos partidos políticos y a sus dirigentes;12 sus intermediarios han construido poderes alternos al Estado en campos y ciudades; ha estimulado el surgimiento de otras ramas del crimen organizado (contrabando de armas, de indocumentados, grupos paramilitares, bandas de sicarios y secuestradores); ha elevado notablemente los índices de violencia y criminalidad en las ciudades especialmente en sus áreas pobres y marginales.13 En síntesis, en América Latina, la existencia de grupos poderosos de capitalistas criminales que operan detrás de bambalinas, en mayor o menor medida según el caso, ha puesto en crisis a la soberanía del Estado, ha profundizado la existencia formal del Estado de derecho, ha deteriorado el supuesto ejercicio legítimo y monopólico de la violencia (acorde a la famosa fórmula de Max We9 Una dramática ilustración sobre el ensañamiento judicial contra mujeres indígenas presas por delitos contra la salud en Oaxaca, México puede encontrarse en Núñez (2001). 10 Rocha (2001:11-13, 18-19, 32) pone en duda los efectos benéficos del narcotráfico para Colombia y afirma que, en cambio, implica un enorme costo social y político. 11 En México; genera 355 mil empleos, según el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, mientras que, según la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, se convierte en fuente de ingreso en el 80% de los municipios más depauperados (Piñeyro, 2001:3, 11). En Colombia, es fuente de 40 mil empleos directos (Rocha, 2001:11). En Bolivia, la presencia relevante del movimiento de campesinos cocaleros habla por sí sola. 12 El caso colombiano es el más explícito: Pablo Escobar Gaviria formó su propio partido, llegó a ser diputado e incluso fue evidente la influencia del narcotráfico sobre una parte del poder legislativo. 13 En Colombia, dos investigadores, Fabio Sánchez y Jairo Núñez, encontraron que, en las siete mayores ciudades y sus áreas metropolitanas, un incremento del 1% de los ingresos por narcotráfico elevaba la tasa de homicidios en 0.2% (Rocha, 2001:17). El caso de Medellín es paradigmático: la causa primera de la mortalidad masculina es la violencia (Fernández Moreno, 2001).

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ber), ha ocasionado la pérdida de la independencia de los poderes del Estado, ha desprestigiado aún más a la política y al poder político y ha incrementado las regiones en las cuales el vacío estatal es una realidad.

LAS CIUDADES VIOLENTAS

Vivimos hoy una enorme polarización social. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraban el desolador panorama de la desigualdad humana a fines del siglo XX: las 225 personas más ricas del mundo poseían en 1998 la misma riqueza que 2 500 millones de seres humanos. La riqueza de aquellos 225 magnates equivalía a la del PIB acumulado de los 48 países menos desarrollados del planeta (Ameglio y Fracchia, 2001:1). En América Latina, según datos de la CEPAL, en términos absolutos el número de pobres pasó de 130 millones en 1970 a 203 en 1990 (un aumento del 64%), mientras que la proporción de personas en estado de pobreza alimentaria relativa pasó de 41% en 1980 a 47% en 1990. Según datos del Banco Mundial, entre 1980 y 1989, la proporción de personas en pobreza alimentaria absoluta pasó de 26.5 a 31.5% del total de la población en la región. Los pobres alimentarios relativos aumentaron en 59 millones mientras los pobres alimentarios absolutos lo hicieron en 42. Relacionando estos datos con el incremento poblacional ocurrido en el mismo lapso, para obtener la incidencia marginal de la pobreza –proporción de la pobreza en la población que se añadió al total demográfico– se supo que ésta ascendía a 70.2 y 54%, respectivamente. Las estimaciones que se hacían indicaban que entre 1990 y 2000, el número de pobres en la región crecería de 203 a 232 millones. Ello implicaría que entre 1970 y 2000 los pobres aumentarían en aproximadamente 200 millones (Boltvinik, 1996:32-33). Datos aportados en los documentos de las delegaciones nacionales del Foro de S˜ao Paulo indican que en 1997 en México, el déficit total de empleos alcanzaba los 20 millones de puestos de trabajo. La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) indicaba que un año antes el salario mínimo había alcanzado su nivel más bajo desde 1935. Solamente 35% de los trabajadores ganaba más de dos salarios mínimos (unos 200 dólares), otro 30% ganaba entre 1 y 2, 20% recibía menos de uno y el 15% no recibía ninguno. En Brasil, las cifras oficiales aceptaban a fin de siglo 80 millones de pobres, 30 de los cuales lo eran absolutamente. Los trabajadores informales representaban el 50% de los 55 millones que constituían a la población económicamente activa. En Uruguay 11% de la población vivía en el desempleo abierto e igualmente un 11% vivía bajo la línea de la pobreza mientras que en el campo tal porcentaje alcanzaba el 43%. En Venezuela el número de pobres absolutos había aumentado en 40% desde el inicio de la implantación de las políticas neoliberales. En 1998, el 26% de los 5 millones de hogares de dicho país vivían pobreza extrema y los salarios reales promedio tenían el 57%

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de su valor en 1990. Entre 1998 y 2000, en Colombia se perdieron un millón de empleos y el desempleo abierto llegaba a 20.5% mientras otro 60% estaba constituido por los trabajadores informales. Entre 1993 y 1999 el porcentaje de pobres entre la población total del país (42.3 millones) pasó de 51.7 a 56.3%, mientras en el campo pasó de poco más de 70 a casi 80%. En Guatemala, según fuentes periodísticas, tres municipios y una etnia en el oriente del país estaban al borde de la extinción por la hambruna, mientras que aproximadamente 103 municipios (una tercera parte del total) estaban en las vísperas de llegar a la misma situación. A principios del siglo XXI, la otrora próspera Argentina tenía una deuda externa de 147 mil millones de dólares (50% del PIB), la cual consumía el 22% del gasto público en pagos de intereses. El 10% más pobre obtenía el 1.5% del PIB mientras el 10% más rico obtenía el 35%. La suma de desempleados y subempleados ascendía al 31%, tenía a 11 (33%) de sus 36 millones de habitantes viviendo debajo de la línea de pobreza, 2.5 millones (7%) en calidad de indigentes.14 Aun en Chile, donde la polarización y la pobreza no ha sido tan cruda como en otras partes de la región, en el último decenio del siglo XX la pobreza extrema aumentó y la diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el más pobre de la población pasó de 14 veces a 15.3 (Salinas, 2001). En síntesis, en cada uno de los países de la región la pobreza arroja datos alarmantes. Más aún –al decir de una analista argentina–, a los “pobres estructurales” habría que agregar ahora, dos nuevas categorías de pobres que reflejarían la debacle de las clases medias: los “nuevos pobres” y los “pobres de nuevo” (Aguilar, 2001:5). El recuento anterior de la pobreza en América Latina nos obliga a dilucidar si la pobreza es la que genera la inseguridad en América Latina. Siendo un subcontinente agobiado por la miseria, tal como se ha fundamentado líneas atrás, también se convirtió en los años ochenta y noventa, en la segunda región con más violencia delincuencial en el mundo: en 1994 su tasa de homicidios alcanzó 28.4 por cada 100 mil habitantes, después de la África subsahariana que en 1990 tenía una tasa arriba de 40 por cada 100 mil habitantes. Las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron en los años ochenta de manera espectacular en Perú y Colombia en 379 y 337%, respectivamente, lo que puede explicarse por las guerras internas que observaron. En términos absolutos, a fines de los ochenta y principios de los noventa, Colombia tenía una tasa de 89.5 (más del doble que la región más violenta del mundo), seguida de lejos por Brasil (19.7), Perú (11.5) y Ecuador (10.3). Lo importante de resaltar es que a principios de los noventa del siglo XX, en Brasil y Uruguay la tasa de homicidios había subido en alrededor de 70%, en Ecuador el 60%, en Argentina y Venezuela entre el 23 y 30% (Dammert, 2001:3-4). En Guatemala, según datos del PNUD, en solamente un lapso bianual, la violencia delincuencial aumentó en la capital del 14 Pereira, 1999:6; Ramírez, 2001a:4; Sarmiento, 2001:66-67; Libreros, 2001:98; Rajland, 2001:12; Ciriza, 2001:5.

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país el 14% (Palma, s/f:4). En este momento no podemos sino señalar la coincidencia en el tiempo entre el comienzo del proceso neoliberal en la región, con un aumento significativo de la violencia delincuencial. Ciertamente la pobreza no necesariamente genera delincuencia y el riesgo de una afirmación en sentido contrario es la criminalización de la pobreza. En Venezuela los índices más bajos de violencia delictiva se encuentran en los estados más pobres como Apure, Sucre, Delta Amacuro y Trujillo y lo mismo sucede en Brasil, en donde los pobres estados del nordeste son los que muestran las tasas más bajas de homicidios (Briceño, 1997:55). Esto significa que la pobreza no necesariamente genera delincuencia y que este fenómeno tiene una explicación que va más allá de la miseria. Para empezar la delincuencia más importante, el crimen organizado, tiene a sus protagonistas en las altas esferas de la sociedad y, a su explicación, en el traslado de la lógica del capital –la búsqueda de la máxima ganancia– a los ámbitos de la ilegalidad. Sin embargo, es importante decir que la pobreza unida a otros factores siempre es un excelente caldo de cultivo para la criminalidad. Sea en el ámbito de la delincuencia común o en el crimen organizado, la pobreza es uno de los factores sin los cuales ambos hechos no se explican. El crimen organizado recluta a sus infanterías entre los jóvenes que viven en la pobreza. En el contexto de una sociedad con poco espacio de movilidad social, por las escasas e inestables oportunidades de trabajo, las bandas de narcotraficantes, secuestradores o sicarios, tienen en ex policías a sus cuadros medios y en los jóvenes provenientes de las poblaciones, favelas, limonadas, barrios y pueblos jóvenes a sus agentes operativos. El crimen se convierte en un recurso que da poder, satisfactores materiales y si el joven logra sobrevivir, acaso una situación holgada en la vida adulta. Las cifras que asocian el crimen con la juventud son elocuentes en la región. En Argentina la proporción de inculpados menores de 21 años creció a una tasa de 2% entre 1991 y 1997, pero entre 1995 y 1997 lo hizo en el 7.8% anual. En esas mismas fechas en Venezuela, si se comparaba a la población de menos de 29 años con la mayor de esa edad, los menores de 27 años tenían un 2.7 más de probabilidad de ser víctimas de un asesinato (Briceño, 1997:51). En Río de Janeiro, los jóvenes pobres de entre 18 y 24 años, de baja escolaridad, preferentemente negros o mestizos eran las principales víctimas de los homicidios dolosos.15 La definición de los sicarios dada por Fernando Vallejo, el novelista colombiano que los retrató, es elocuente: el sicario “es un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo” (Martínez, 2001:4). Por lo demás la violencia delincuencial tiene en los espacios de pobreza uno de sus escenarios privilegiados. En la Venezuela del fin del siglo XX, casi la totalidad de los heridos con armas blancas y de fuego eran personas que tenían entre uno y tres salarios mínimos. En los barrios la precaria presencia del Estado, el trazo irregular de las calles, la densidad poblacional favorecían la acción delin15 Los jóvenes de entre 18 y 24 años eran el 12% de la población de Río de Janeiro, sin embargo constituían el 35% de los homicidios dolosos (Pereira, 1999:6).

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cuencial y dificultaban la de la policía (Briceño, loc. cit.:55 y 59).16 No es de extrañarse entonces que el 80% de las víctimas de los homicidios vivían allí. En Río de Janeiro las tasas de homicidios de las zonas pobres eran tres o cuatro veces superiores a las de clase media o media alta. A mediados de los noventa del siglo XX, el 41% de las víctimas de homicidios en la ciudad de México eran obreros y trabajadores (Briceño, 1999: 400). Se desprende de todo lo que se ha dicho anteriormente, que el otro ámbito privilegiado de la violencia delincuencial son las ciudades. El aumento de la población que habita en las áreas marginales y el que la pobreza en ellas sea rampante,17 el deterioro de los servicios a las mismas, el que un boyante crimen organizado y las policías corruptas hagan de las urbes un espacio privilegiado para generar y realizar sus ganancias, la más fácil disolución de las relaciones de solidaridad en un espacio que no es propicio para la comunidad, la polarización social que se ha acentuado en los últimos dos decenios y la generación de una cultura de la violencia merced a todo lo anterior. Acaso sean éstas las razones para que la ciudad, sobre todo la gran ciudad, se convierta en un sitio de significativo peligro. En las ciudades latinoamericanas se ha instaurado una suerte de apartheid, en el que las áreas burguesas o de clase media acomodada se aíslan con verjas, retenes y policías privadas del resto del casco urbano. En Río de Janeiro a mediados de los años noventa del siglo XX, una de las versiones dominantes sobre la violencia en la ciudad, la dividía en pobres y ricos, en favelados e cidadados, morro e asfalto (cerro y asfalto), y urgía una acción enérgica para controlar a las classes perigosas (Pereira, 1999:2). La lucha de clases en las urbes latinoamericanas se objetiva en el uso discriminatorio y excluyente del espacio. A excepción de Brasil, donde el porcentaje de victimas de actos delincuenciales es prácticamente el mismo en las ciudades pequeñas que en las grandes (aproximadamente 40%), en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela las diferencias entre ciudades pequeñas y grandes oscila entre 10 y 20 puntos (Dammert, 2001:5-6). En el último lustro del siglo XX, en Guatemala el 35% de los delitos violentos se cometían en la capital del país que tenía el 10% de la población total (Palma, s/f:6). A fines del siglo XX, la mitad de los homicidios ocurrían en Caracas mientras que en Brasil, lo homicidios se concentraban en las grandes ciudades del sur (Sa˜o Paulo, Río de Janeiro) (Briceño, 1999: 399-400). En 1995, 79 de cada 10 mil habitantes de Río de Janeiro murieron de forma violenta (Sperberg y Happe, 1999:9). En Medellín, Colombia, entre 1987 y 1996, la violencia mató a 14 hombres por una mujer, alrededor del 16 Esta afirmación de Briceño puede ser extendida a las favelas de Río de Janeiro, las limonadas en Guatemala, las poblaciones en Santiago de Chile. 17 Entre 1991 y 1996, el número de favelas aumentó en Río de Janeiro de 573 a 603. Si bien la población de la ciudad creció en apenas 1.29%, los cuatro conjuntos de favelas crecieron entre casi 6 y casi 70%. Si la tasa de desempleo en la ciudad era de 5.4%, en las favelas llegaba al 18.5%. Si el trabajo informal era de 26% de la PEA en la región metropolitana, en las favelas tal porcentaje ascendía a 35.5% (Pereira, 1999:5).

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60% de las muertes masculinas fueron por causas violentas y representaba una pérdida de la esperanza de vida de hasta 12 años de los hombres con respecto a las mujeres (Fernández Moreno, 2001). Fuentes periodísticas informaban que en México a principios de 2002, 1 de cada 8 delitos se cometían en el Distrito Federal. En este contexto la ineficiencia judicial y policiaca resulta notable como notable es su efecto deslegitimador en las instituciones del Estado. Entre 1990 y 1997 la probabilidad de condena de los delincuentes18 cayó en Argentina de 2.9 a 2.3% y en Buenos Aires tal caída fue de 5.9 a 3.9%. El 52% de la población de las principales ciudades dijo que la policía hacía mal su trabajo (Dammert:13, 16). En lo que se refiere a México, si en 1990 se consignaba el 14.3% de las averiguaciones, en 1996 solamente se hacía en un 6%, la ineficiencia en la persecución del homicidio era del 50% y en otros delitos de 80 y 90% (Alvarado, 1999:3). En Caracas otra encuesta revelaba que el 81% de la gente consideraba la actuación de las policías entre regular y muy mala (Briceño et al., 1999:340). Una encuesta más realizada en Caracas en 1997, reveló que el 86% de la población consideraba la eficacia de los juzgados entre regular, mala o muy mala. La desconfianza era tal que de manera sorprendente solamente el 33% de los heridos con arma blanca y el 14% de aquellos que lo habían sido con arma de fuego, presentaron su denuncia ante las autoridades respectivas (Briceño, 1997:60). El resultado de todo esto fue que el 42% de los encuestados estaba de acuerdo en que la gente tenía derecho a hacerse justicia por mano propia. Lo interesante es que este porcentaje crecía en los barrios a 53% (Briceño et al., 1997:209-210). Pero no solamente es la ineficiencia lo que afecta a los cuerpos policiacos en América Latina. Su corrupción, la impunidad con la que ejercen la violencia extralegal y el hecho de que no tengan fronteras definidas con la delincuencia organizada, a menudo los convierten en uno de los factores de la inseguridad pública y en enemigos de la población.19 La policía militar en Río de Janeiro se ha visto involucrada en masacres de favelados y niños de la calle (Pereira, 1999:3), así como otros cuerpos policiacos han organizado los famosos escuadroes da morte los cuales se han asociado al narcotráfico (Soares, 1999:4). Según datos de diversas organizaciones de derechos humanos en México las policías municipales y las judiciales estatales acumulan el 55 de las denuncias nacionales por violación a los derechos humanos. Entre las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre 1993 y 1997, el 95% tenía que ver con anomalías y delitos cometidos por las autoridades judiciales y policiacas (Alvarado, loc. cit.). Habría que agregar que la corrupción beneficia esencialmente 18

Probabilidad de arresto multiplicado por la probabilidad de sentencia. Citando al investigador brasileño Bento Rubi˜ao, Sperberger y Happe (1999:14) afirman: “la policía en Río no cumple funciones de auxilio hacia las víctimas, sino que representa para los favelados el ‘inimigo núm. 1’”. 19

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a los altos mandos policiacos, puesto que oficiales medios y la tropa frecuentemente se quejan de bajos salarios y pobre equipamiento.20 El sociólogo venezolano Roberto Briceño-León ha dicho que la “violencia tiene una mayor relación con el proceso de empobrecimiento que con la pobreza” (Briceño, 1997:56). Sus afirmaciones (s/f:125) en relación con el caso venezolano pueden ser extendidas a otros países: la disminución de la acción del Estado para paliar la miseria, la profundización de la pobreza en el decenio de los ochenta y noventa, han dejado sin esperanzas a los pobres de la región. El control social se ha relajado no sólo porque el Estado se ha ausentado (porque no está presente o porque carece de legitimidad), sino también porque familia y escuela se han visto desmantelados en las áreas de pobreza. La mayoría de los estados latinoamericanos parecen combinar sus ausencias en la gestión de la seguridad y la justicia social, con sus presencias punitivas a través de policías corruptas y asociadas al crimen organizado. En el lado de la sociedad civil, la creciente marginalidad adopta una forma perversa de rebelión, de tal manera que no resulta extraño que la violencia urbana sea calificada ya como “el devenir siniestro y policiaco de la lucha de clases” (Ciriza, 2001:1). Todo lo dicho hasta aquí parece ser una explicación más consistente que la que en un momento dio William Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y arquitecto de la noción de tolerancia cero frente a la delincuencia: “la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de las condiciones sociales”. Desde una perspectiva conservadora o neoliberal, la delincuencia es un fenómeno que tiene su explicación en el individuo que viola el contrato social (Cid Lopes, 2001:9). La explicación reaccionaria tiene su consecuencia inevitable en el apelar a la represión como única forma de contener al crimen. Lo anterior se expresa, como sucede en muchas ciudades latinoamericanas, en la añoranza autoritaria de las clases medias y altas que hoy observamos en Latinoamérica. Se culpa del incremento del crimen a la instauración de la limitada institucionalidad democrática que hoy observamos en la región. El descontento aumenta cuando se observa la corrupción del sistema judicial y policiaco (Malone, 2001). Los medios de comunicación, principalmente la televisión, magnifican el fenómeno de la delincuencia, y contribuyen a crear en amplios sectores de la población, especialmente las clases medias,21 la apelación autoritaria y el reduccionismo punitivo como solución al crimen organizado y a la delincuencia común. Fomentan el descontento ante los derechos de los reclusos y la idea de que un delincuente no debe tener derechos ciudadanos (Pereira, 20

Tavares (2001:8) habla de movilizaciones de policías civiles y militares en 10 estados brasileños en los meses de junio y agosto de 1997, así como de huelgas de policías entre 1997 y 2001 en los estados de Río Grande del Sur, S˜ao Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Río de Janeiro, Alagoas, Bahía y Tocantins. Tales movilizaciones y huelgas las hemos visto también en años recientes en la ciudad de México. 21 Una encuesta Gallup realizada en Buenos Aires reveló que los sectores más golpeados por el delito fueron la clase media y la clase media alta (61%) (Aguilar, 1999:11).

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1999). Tal es el proceso de construcción ideológica que legitima la política neoliberal que reduce gastos sociales e incrementa costos en el aparato represivo.22

LA PROTESTA SOCIAL Y LAS AUSENCIAS ESTATALES

Hemos apuntado desde el inicio de este trabajo, que la gran paradoja de buena parte de los estados latinoamericanos, es la de combinar una fuerte vocación represiva con una desigual presencia en los distintos ámbitos de la sociedad. A pesar de esta capacidad represiva son notorios los vacíos estatales. Éstos comienzan como lo hemos visto ya, con el notorio déficit de legitimidad que muchos estados –algunos más, otros menos– tienen ante vastos sectores de la sociedad civil. En efecto, la corrupción, la impunidad de la que gozan los funcionarios estatales y la ineficiencia en la administración de justicia, desprestigian a la política y a los políticos y restan espacio a una gobernabilidad democrática. Pero tal vacuum continúa con su incapacidad para mantener el monopolio de la violencia legítima en extensos trozos de los territorios que supuestamente gobierna, así como en sus deficiencias en el momento de administrar la desigualdad social. Siguiendo a Alain Touraine, Carlos Vilas corrobora que solamente en contados casos tal monopolio fue alcanzado en América Latina (Vilas, 1999:4). Al parecer el Estado en Latinoamérica se vuelve una eficiente maquinaria represiva especialmente cuando se enfrenta a oposiciones y subversiones. Los mismos estados que fueron implacablemente eficientes en la represión en Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay y Brasil, se comportan hoy de manera inversa con el crimen organizado y la delincuencia común.23 En Colombia en el año 2000, se asesinó a un dirigente sindical cada tres días, se registraron 10 asesinatos políticos y una desaparición forzada diariamente, así como una masacre (más de cinco víctimas en un hecho) cada dos días. Ese mismo Estado permitía 3 mil secuestros al año, 30 mil homicidios de los cuales solamente 12% eran por motivos políticos, y la impunidad con respecto a la delincuencia se calculaba en 90% (Sarmiento, 2001:75). En México el 90% de un total de 520 acciones militares y de control –observadas entre 1998 y 1999– se concentraron en el sur del país, y solamente en Chiapas se calculaba que el ejército concentraba contra el 22 En su campaña electoral en 1999, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México llegó a difundir un anuncio televisivo en el que decía que “las ratas (rateros) no tienen derechos humanos”. Una investigadora argentina resalta cómo la sociedad argentina se indigna ante el hecho de que se cometa un robo cada 45 minutos y 4 asesinatos por día, pero no parece mostrar similar conmoción con el hecho de que la miseria mate a 47 niños menores de cinco años cada 24 horas (Aguilar, 1999:8). 23 Es necesario resaltar el caso de Guatemala en donde en medio del crecimiento rampante del crimen organizado y la delincuencia común, el aparato de la guerra sucia no ha sido desmantelado. Más aún los oficiales más connotados de la inteligencia contrainsurgente tienen una red de lealtades recíprocas que es conocido como La Cofradía. La Cofradía era a principios del siglo XXI uno de los grupos de poder invisible más influyentes en el país. Véase Vela, 2001.

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zapatismo entre 50 y 60 mil efectivos (30% del total). En ese mismo periodo de un total de 319 acciones armadas registradas, el 42% la realizaron los grupos paramilitares y/o civiles armados mientras que 313 activistas sociales fueron asesinados (Ameglio y Fracchia, 2001). En Brasil, un país en el que las ausencias estatales son notables, datos de la Comisión Pastoral de la Tierra indican que entre 1989 y 2000, fueron encarcelados 1 898 trabajadores rurales, mientras que entre 1988 y 2001 fueron asesinados otros 1 517 (Souza, 1999). El neoliberalismo ha profundizado las deficiencias seculares de los estados latinoamericanos, por tanto ha hecho más notorias las ausencias estatales, al debilitar al Estado en ámbitos en los que el mayor gasto social del modelo desarrollista, lo hacía tener presencia. Son estos espacios en los cuales brotan las distintas manifestaciones de la rebelión, o al menos una suerte de “aestatalidad”, en la Latinoamérica del siglo XXI. Se ha dicho ya que la ineficacia de la justicia genera en diversos sectores de la población, al menos plantearse la posibilidad de hacerse justicia por mano propia. Encuestas diversas nos indican que la población manifestaba su derecho a matar para defender su familia a favor con el 70% en Caracas y con 60% en Santiago de Chile, Bahía y San Salvador. El matar para defender la propiedad era aceptado con el 60% en Caracas, con 49% en Santiago de Chile, y el 40% en Bahía y San Salvador. La “limpieza social” (exterminio de delincuentes, lo que implica el uso de los escuadrones de la muerte) era aceptado con el 20% en Caracas, y con 16% en Bahía y San Salvador (Briceño, et al., 1999:341). Entre el 22 y 32% de la población manifestó su disposición a portar armas en Caracas, Medellín, San Salvador, Río de Janeiro y en Santiago de Chile (Briceño, 1997:60 y 65). En la mitad de los linchamientos observados entre 1987 y 1998 en México, las víctimas fueron vapuleadas salvajemente por sus agresores, lo que corroboraba el sentido de justicia por mano propia que tienen tales actos (Vilas, 1999:12). Un análisis comparado de la aestatalidad en los barrios miserables de Santiago de Chile y Río de Janeiro nos lo ofrecen Sperberger y Happe (1999). De acuerdo con ellos, la presencia del Estado en las poblaciones de Santiago no se limita a proveerlos de infraestructura sino el combate a la violencia y delincuencia. Por ello mismo, resulta inimaginable que los traficantes de drogas dominen barrios enteros como sucede en Río de Janeiro. Aun así los pobladores chilenos administran justicia por cuenta propia en materia de delitos sexuales, robo y tráfico de drogas, con sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión. A diferencia de Santiago, las favelas de Río de Janeiro parecen ser aldeas cerradas y autosuficientes, las pandillas asumen el papel de policía, los favelados sienten más confianza con los miembros de las quadrilhas (bandas) que con la policía. Una fascinante descripción de este poder local se encuentra en Arias y Davis (2001), quienes describen a las bandas de narcotraficantes como administradores brutales de justicia informal entre los favelados de Río de Janeiro. Las penas de muerte, las mutilaciones, empalamientos y los linchamientos son castigos usuales para los que violan los códigos internos de las favelas en delitos como la

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traición, el robo, violación, desórdenes públicos, alcoholismo, violencia doméstica. La administración de poder sin embargo no se hace solamente a través de la violencia intimidante, sino también a través de medidas que generan consenso. Los traficantes de drogas financian fiestas locales, ayudan a la resolución de conflictos entre los favelados y aun proveen ciertas formas básicas de asistencia social (farmacias con medicamentos baratos). En no pocas ocasiones los favelados prefieren acudir al jefe de la banda o sus lugartenientes que al sistema judicial del Estado puesto que lo consideran lento e ineficiente.24 Es de hacer notar que la influencia de los traficantes de drogas y la violencia que ejerce la justicia informal en el castigo a los infractores, es notablemente menor en las poblaciones que en las favelas. La razón de ello parece estar en la desigual presencia estatal en ambos lugares. Las ausencias estatales parecen ser resueltas de distinta manera según la clase o sector social que la vive. En Buenos Aires, las clases medias y altas han acudido a las empresas de seguridad privada para garantizar la seguridad de barrios y countris (Aguilar, 1999:8). En Venezuela, la ineficacia penal y la impunidad causan que clases medias sin gran capacidad adquisitiva, contraten una “vigilancia privada informal”. No se trata de servicios empresariales de seguridad con tecnología sofisticada, sino del guachimanismo,25 que no es más que la contratación de vigilantes que sin estar preparados para ello, usan armas de fuego y ejercen funciones de seguridad (Romero, 2001). En diversas ciudades de América Latina, las noticias también dan cuenta de la organización autónoma de los vecinos de barrios populares para efectuar rondas nocturnas que los resguarden de la delincuencia. En el campo, una de las manifestaciones más importantes de la justicia por mano propia ha sido el linchamiento. En México, Guatemala, El Salvador, Haití, Brasil, Venezuela y en otros países el linchamiento es un acontecimiento más o menos frecuente. Al menos en los primeros dos países, el linchamiento tiene en lo rural y lo comunitario su espacio privilegiado. Entre 1984 y 2000, la prensa escrita en México dio cuenta de 186 casos de linchamientos, de los cuales el 64% fueron en zonas rurales y el 9% más en zonas conurbadas, de tal manera que solamente poco más de una cuarta parte de los mismos fueron actos estrictamente urbanos (Fuentes, 2001:6). Otro recuento, que va de 1987 a 1998, revelaba la misma tendencia: de los 97 linchamientos registrados 73% (71 casos) fueron realizados en áreas rurales (Vilas, 1999:9). En el caso guatemalteco, las informaciones periodísticas informaron que entre 1994 y 1999, 240 presuntos delincuentes habían sido linchados.26 Se ha estimado que los linchamientos han ocurrido en el 60% del territorio guatemalteco y que ha sido el campo su esce24 Relato y análisis de lo que sucede en las favelas nos hace recordar a lo que sucedía en todos los cordones de miseria en Lima, en la época en que la hegemonía la ejercía Sendero Luminoso. Una de las razones del éxito de Fujimori fue que pudo sustituir el clientelismo sustentado en el terror de Sendero Luminoso por el despotismo presidencial del propio Fujimori. Véase el artículo de Carmen Rosa Balbi (1996). 25 La palabra viene de guachman, versión castellanizada de la palabra inglesa watchman (vigilante). 26 La Jornada, 15 de septiembre de 1999:80.

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nario privilegiado: el 90% de los linchamientos en Guatemala se han cometido en las áreas rurales (IIJ/URL, 2000:6). En espacios abigarrados por la articulación de la diversidad étnica y la pobreza, el vacuum estatal parece acentuarse. La ilegitimidad estatal se combina con formas alternativas de legalidad (Vilas, op. cit.:5) o legalidad informal, códigos y valores comunitarios que son ajenos al Estado. Acaso sea ésta una de las explicaciones al porqué en México casi el 47% de los linchamientos observados entre 1987 y 1998 fueron en los estados de alta densidad indígena como Oaxaca, Chiapas y Guerrero y que en Guatemala el 75% de los linchamientos han sido cometidos en el seno de las comunidades indígenas del país (IIJ/URL, 2000:6).27 El examen de los linchamientos sugiere que más que como acciones delictivas, deben verse como formas de protesta social. Los relatos de las emociones, rituales y procedimientos que usan los victimarios son muy parecidos a los de los motines de indios en la Mesoamérica colonial (Martínez Peláez, 1985). Como en el motín, en el linchamiento la ira que provoca el ordenamiento social se desencadena más o menos espontáneamente sobre el enemigo más próximo y muy a menudo éste resulta ser las autoridades más a la mano. En el estudio de Vilas, puede constatarse que más del 20% de las víctimas fueron personas que desempeñaban alguna posición local de autoridad (Vilas, op. cit.:16). Por supuesto la rebelión en América Latina no termina allí. Desde los albores del neoliberalismo, los rigores de éste provocaron todo tipo de actos de resistencia. Dos autores, Walton y Shefner constataron que entre 1976 y 1989 se observaron 80 campañas de protesta contra la austeridad (Almeida, 2001:1). En el periodo comprendido entre 1996 y 2001, los diarios latinoamericanos y estadunidenses dieron cuenta de 281 campañas y 969 protestas en toda la región.28 Las proporciones de tales campañas tuvieron un comportamiento oscilatorio con cúspides que significativamente cada vez son más grandes que la anterior: en 1997, 1999 y en 2000. De igual manera el epicentro de las protestas pasó de Perú, Argentina, República Dominicana, Brasil, Bolivia y Venezuela en los ochenta y principios de los noventa, hacia Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador entre 1996 y 2001 (Almeida, op. cit.:5-6). Tres momentos culminantes de la rebelión popular pueden ser visualizados en todo este largo proceso de implantación del neoliberalismo en América Latina: el caracazo de febrero de 1989, el levantamiento zapatista en enero de 1994, y el argentinazo en diciembre de 2001. 27 El vacío estatal fue aludido por el procurador de los Derechos Humanos en Guatemala como la causa primordial de los linchamientos: “Yo creía que se debían (los linchamientos) a la guerra, por las masacres y el genocidio, pero ahora estoy seguro que se deben a la justicia, que es inoperante y lenta.” Al menos en el caso guatemalteco, la explicación resulta incompleta si solamente se queda ahí. Como dice Carmen Aída Ibarra, una analista guatemalteca, la cultura del terror y de la violencia también cumplen un papel: “Los códigos éticos de los guatemaltecos son de autoritarismo y violencia... además la guerra de 36 años tocó la mente y el corazón de los guatemaltecos. La violencia se convirtió en algo normal, la vida perdió valor”, véase Figueroa Ibarra (2000). 28 El autor del trabajo que consigna estos datos define a las campañas como luchas extensas contra una política específica de austeridad y a la protesta como los sucesos individuales que se observan en una campaña (marchas, cortes de ruta, huelgas, etcétera).

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Ciertamente nuevos actores y nuevas expresiones de lucha han surgido en todo este proceso. El desmantelamiento de industrias y decaimiento de productos de primoexportación ha desaparecido antiguos sujetos. El mercado del narcotráfico ha hecho surgir a otros. En Bolivia, los legendarios mineros del estaño casi han desaparecido y en su lugar han surgido 35 mil familias y 200 mil personas –muchos de ellos antiguos mineros– que viven de la producción y comercialización de la coca (Gironda, 2001:394). Los cocaleros han sido en los noventa uno de los ejes del movimiento popular boliviano. Los cocaleros del Putumayo, Guaviare y Baja Bota en Cauca, Colombia han encabezado un fuerte movimiento para que los reconozcan como movimiento social y no como simples delincuentes (Ramírez, 2001b). Surgido de tradiciones de lucha campesina desde los años setenta del siglo XX nutrido con ex obreros industriales que perdieron su trabajo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), se convirtió en los noventa en la parcela más conocida e influyente del movimiento social brasileño (Souza, 1999). En Ecuador, las distintas etnias agrupadas en el Consejo Nacional Indígena (CONAI), se convirtieron en los últimos años del siglo XX en el epicentro en una poderosa fuerza social que tuvo que ser tomada en cuenta para restablecer la gobernabilidad. A partir del segundo lustro de los ochenta, el movimiento étnico resultó ser la gran novedad en Guatemala como también sucedió con los mapuches en Chile. En Argentina, los motines de Santiago del Estero y La Banda parecen ser el inicio de una creciente protesta popular manifiesta en revueltas, motines, manifestaciones callejeras, cortes de ruta y huelgas que tuvieron un momento climático a final de 2001. Burócratas, estudiantes y jubilados aparecieron como nuevos sujetos colectivos a la par de los ya conocidos sindicatos de distinta filiación (Íñigo y Costarelo, 1999). Ex obreros y ex mineros convertidos en luchadores agrarios, trabajadores rurales con demandas campesinas, burócratas, estudiantes, pueblos indígenas, desempleados, ambientalistas, mujeres, tales son algunos sujetos del abigarrado movimiento de protesta social en América Latina. Las formas de expresión de la protesta incluyen también novedades además de los ya antiguos cacerolazos: marchas a caballo y con machetes que evocan al imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos en público, perforaciones de piel y extracciones de sangre. En medio de todo esta diferenciación, drama y manifestaciones lúdicas, los obreros parecen seguir jugando un papel significativo. Entre las 281 campañas de protesta contra la austeridad observadas entre 1996 y 2001, el sujeto más activo fue la clase obrera con su participación en el 56% de dichas campañas (Almeida, 2001).

CONCLUSIONES

Los caminos de la rebelión en América Latina nos pueden llevar a los escenarios más conocidos de confrontación armada en la región. La implantación de

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la guerrilla del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las cañadas de Chiapas, y el control, merced a las negociaciones, de 42 mil kilómetros cuadrados por parte de los 15-20 mil hombres en armas de las FARC-EP en Colombia –tema complejo como para analizarlo en este espacio–, corroboran que con sus ausencias los estados latinoamericanos dejan un gran espacio para la rebelión. Ausencias que expresan la ilegitimidad que han alcanzado, no solamente el Estado, sino también la política y los políticos. Abandonos que expresan que a pesar de su capacidad para la represión, tales estados son incapaces de detentar el monopolio de la violencia legítima. Vacíos que indican que lo estatal en la región nunca pudo ser homogeneidad, y que por ello mismo son llenados por culturas subalternas, poderes locales y formas legales informales. En un mundo que vive los efectos del derrumbe de lo que era visto –equivocada o acertadamente– como un referente poscapitalista, que también vive los efectos de una reformulación del trabajo, la aparición de nuevos sujetos colectivos y la presencia ampliada y profundizada de la injusticia social, los caminos de la rebelión no se han cancelado como se pensó desde la óptica del fin de la historia, de las utopías e ideologías. Solamente sucede que las certezas ideológicas terminaron, que las vanguardias preestablecidas sucumbieron, y que la línea entre las formas perversas y morales de la rebelión se hicieron difusas. Sin ser la única manifestación del conflicto social que vive la región –puesto que nuevos sujetos han surgido–, la lucha de clases sigue siendo un eje explicativo fundamental en la dominación y la resistencia en la región. Si hay novedad en la violenta realidad que en estas páginas hemos intentado sintetizar, acaso sea porque los viejos vinos de la dependencia, el autoritarismo, la expoliación y la impunidad, han sido intensificados por los nuevos odres de un mundo globalizado y neoliberal. Es la implantación de un nuevo modelo de acumulación capitalista, más expoliador y depredador que el anterior, el que explica que la ciudad se haya convertido en un espacio de segregaciones, en una combinación de amurallamientos y territorios parecidos a un hobbesiano “estado natural”. Es este modelo y la búsqueda de la máxima ganancia, lo que explica el auge rampante del narcotráfico y la impunidad con la que actúa el crimen organizado. Hay perversidad, pero también una suerte de rebelión, en los jóvenes delincuentes, en los chavos banda, maras o quadrilhas juveniles, en las poblaciones que legitiman el poder local de narcotraficantes en las áreas marginales urbanas, en las comunidades que linchan a presuntos delincuentes. Pero también es dicho modelo de acumulación capitalista lo que está detrás de la resistencia a los planes imperiales para el control de territorios, recursos humanos y naturales, de los campesinos cultivadores de la coca que exigen una alternativa de vida, de los pobres del campo que ocupan tierras, de los indígenas que piden autonomía para sus territorios y cultura, de los campesinos que se resisten a ser expropiados, de los trabajadores que repudian salarios miserables y despidos sumarios, de los desempleados que exigen trabajo, de los jubila-

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dos que piden dignidad para la última parte de su vida, de los jóvenes que no quieren estar condenados a la marginalidad, de los ciudadanos que exigen que la seguridad reine en campos y ciudades, de todos los hombres y mujeres que por todas las causas anteriores, siguen nutriendo a las guerrillas en México, Colombia y otros países. Acaso en todos ellos se encuentra anidada la esperanza en el preludio de este siglo.

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rez, Plan Colombia. Ensayos críticos, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Vargas Velásquez, Alejo (2001a), El Plan Colombia y la iniciativa regional andina: equivocada respuesta al problema insurgente y poca eficacia en la lucha contra el narcotráfico, manuscrito inédito, Bogotá. ——— (2001b), “Los efectos sobre la guerra y la paz”, en Jairo Estrada Álvarez, Plan Colombia. Ensayos críticos, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Vásquez del Real, Álvaro (2001), “Las perspectivas del proceso de negociación”, en Jairo Estrada Álvarez, Plan Colombia. Ensayos críticos, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Vela, Manolo (2001), Guatemala: democratización y servicios de inteligencia, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Antigua, Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre. Vilas, Carlos (1999), (In)justicia por mano propia: linchamientos en México, ponencia presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Concepción, Chile, 12-16 de octubre. Villafuerte Solís, Daniel (2002), “La globalización en el sur del mundo”, en Memoria, núm. 162, agosto. Villanueva Solís, Daniel (2001), La frontera sur de México: cambios y expectativas en el contexto de la globalización, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Antigua, Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre.

LOS INTERESES GEOESTRATÉGICOS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PLAN PUEBLA PANAMÁ Y EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO1 ALFONSO LÓPEZ RAMÍREZ*

En este trabajo me propongo demostrar, por una parte, el carácter geoestratégico del Plan Puebla Panamá (PPP) en la perspectiva de los recursos estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos y de los intereses del capital norteamericano, a través del cual se favorece la integración económica del sur-sureste mexicano a la economía norteamericana en el marco del TLCAN, y por otra, la importancia geoeconómica y geopolítica que reviste el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) bajo el control del Banco Mundial (BM). El propósito de integrar en un mismo estudio ambos proyectos, el PPP y el CBM, reside no sólo en que éstos responden a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos, sino también en que la concepción del PPP hace del CBM una parte complementaria de aquél.2 En la primera parte del trabajo, se analizan los diversos proyectos de construcción de infraestructura y los programas de inversión del PPP, así como sus nexos con el TLCAN, los que representan áreas de expansión para el capital norteameri1 Este trabajo se originó en el proyecto de investigación: “Chiapas, desestructuración económica de las comunidades indígenas y pacificación contrainsurgente” que se llevó a cabo en los Talleres de Investigación Social I-III de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En él participaron las alumnas Vanessa García y Zaira Ayala, quienes a lo largo del proyecto realizaron entrevistas en la zona fronteriza de Chiapas, en el municipio de las Margaritas, colaboraron en la sistematización de la información generada por las entrevistas y en la elaboración de algunas monografías relativas a la problemática de las fuerzas armadas, la guerra de baja intensidad, los recursos de la biodiversidad y el petróleo en Chiapas. Una parte de estos avances de investigación ha sido incorporada al presente trabajo. * Sociólogo y ambientalista. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y profesor de tiempo completo del Posgrado en Estudios Latinoamericanos y de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 2 Estos proyectos se gestan en diferentes momentos y desde diferentes ámbitos. El Corredor Biológico Mesoamericano surge como un proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente encabezado por el Banco Mundial en noviembre de 2000. Mientras que el PPP se va conformando desde diferentes iniciativas, como se señalará más adelante. Sin embargo, el CBM se incorpora de manera explícita en el rubro de las Fortalezas del PPP, señalándose allí los servicios ambientales que puede proporcionar la biodiversidad del corredor. Se trata de una mención muy cuidadosa por parte del gobierno de México con el propósito de no inmiscuirse en los asuntos del BM; sin embargo, la referencia, aunque breve, trata de atraer sobre el PPP el prestigio que representa la existencia de un proyecto del banco en la región sur sureste. México, Presidencia de la República, Plan Puebla Panamá, capítulo México, Documento Base, marzo 2001, versión Internet, p. 43.

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cano. Las obras de infraestructura se examinan en tanto que generan condiciones para el acceso a recursos estratégicos: petróleo, electricidad y agua. Además, se analiza el papel del PPP como cabeza de playa para expandir desde México hacia Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina el proyecto hemisférico comercial del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Y, por último, su carácter de instrumento de la seguridad nacional de Estados Unidos en el manejo del flujo migratorio de la frontera sur hacia el norte. La segunda parte, dedicada al análisis del CBM, se ocupa del avance del BM en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México en el marco de la disputa internacional por los recursos de la biodiversidad. Aunque el corredor abarca porciones significativas de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, los aspectos de mayor interés geoestratégico se hallan en este último. En este territorio se encuentran, además de los recursos de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes), yacimientos petroleros y agua. Pero, dado que el corredor en el estado de Chiapas se sobrepone a la zona de conflicto armado, la estrategia contrainsurgente, tal como se explica aquí, forma parte fundamental del proyecto del corredor diseñado por el BM. Finalmente, se examinan la creación de un Estado paralelo en las instituciones ambientales del país y la construcción jurídico-institucional de la biodiversidad.

PLAN PUEBLA PANAMÁ

El PPP surge de una propuesta que recoge diversas iniciativas, nacionales e internacionales, entre ellas, las de Santiago Levy, ex subsecretario de Hacienda, contenidas en el documento “El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional mexicano”,3 quien hace el planteamiento básico para el sur-sureste mexicano; las del empresario regiomontano Alfonso Romo (grupo Pulsar), miembro del equipo de campaña foxista, quien desde 1995 participó en la creación del Fondo Chiapas, constituido por las empresas: Nestlé, Protexa, Grupo Modelo, Minsa, Maseca, Serfin, entre otras (Fazio, 2001a); y las provenientes de los órganos técnicos del BID y del Banco Mundial.4 El PPP se propone hacer de la macrorregión comprendida entre el estado de Puebla y Panamá, un polo de desarrollo de “clase mundial” en América Latina. Se plantea como un plan integral, de largo plazo, que pretende lograr un cambio estructural que a su vez, permita el desarrollo acelerado y duradero de la región y reduzca la distancia que lo separa de los estados norteños. En la región sur-sureste de México se ubican el 84% de los municipios de alta y 3 Santiago Levy, Georgina Kessel y Enrique Dávila, “De la confección del Plan Puebla Panamá. El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional mexicano”, julio de 2001, Ediciones Pirata, Colección Documentos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, mayo de 2001. 4 Florencio Salazar Adame, coordinador del PPP en declaraciones a la revista Proceso, 10 de junio de 2001.

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muy alta marginación. En ella habita el 74% de la población indígena del país, que representa el 16% de su población total. El grado de marginación de los indígenas supera el promedio de la región (México, Presidencia de la República, 2001). En este sentido, siendo un plan para Mesoamérica, el PPP se propone “mejorar la calidad de vida de la región territorial comprendida en la región sur-sureste de México y los países de Centroamérica” (México, Presidencia de la República, 2001). El plan tiene como objetivo elevar los niveles de educación, vivienda y salud, en particular las condiciones de vida de los pueblos indios, sin embargo, carece de acciones concretas encaminadas a ese fin.5 Lo mismo puede decirse de la sustentabilidad ambiental.6 Ambas son sólo un adorno discursivo sin contenido real. Su enunciado en los objetivos no se corresponde con las estrategias. Las estrategias en el ámbito social hacen mención de generalidades que contrastan con la concreción de las estrategias económicas. En esa dirección, el propósito real del PPP se acerca a la concepción que se plantea en el documento que le dio origen: “El sur también existe: Un ensayo sobre el desarrollo regional mexicano”, el cual separa explícitamente los objetivos de desarrollo económico de los programas sociales, optando por los primeros.7 La distancia entre objetivos y estrategias, lleva a coincidencias fundamentales con el documento de Levy, que destaca el carácter real del proyecto gubernamental. De esta forma, mientras el Documento Base del PPP, elaborado por la Presidencia de la República, plantea “la realización de inversiones estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar las potencialidades inscritas en los Tratados de Libre Comercio de México” (México, Presidencia de la República, 2001:3), el de Levy sugiere que las obras de infraestructura reduzcan los costos de transporte y vinculen a la región con los mercados de Estados Unidos en el marco del TLCAN y con los mercados internacionales. En concreto, propone enlazar, por carretera, al sur-sureste con Estados Unidos, aumentando así las ventajas comparativas de la región mediante la disminución de los costos de transporte. 5 Véase la parte relativa a objetivos sociales y líneas estratégicas del PPP, México, Presidencia de la República, op. cit., pp. 54 a 67. Versión Internet. 6 Véase el objetivo (6) “Conseguir un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente.” La estrategia correspondiente a este objetivo establece “promover el desarrollo de programas de ordenamiento territorial en todas las entidades de la región, integrando en ellas una visión de largo plazo”. Aquí se hace recaer la responsabilidad de la degradación ambiental en la región sur-sureste de México en la dispersión poblacional de las comunidades rurales en condiciones de pobreza, estableciendo como estrategia la creación de “centros de integración rural”. Destaca en esta estrategia la ausencia de referencia alguna en el deterioro ambiental a los procesos económicos dominantes, entre otros: la ganadería extensiva, la tala clandestina por compañías madereras y la explotación petrolera, ibid., pp. 107 a 109. Versión Internet. 7 Un indicador a este respecto es el que se desprende de una declaración hecha por un funcionario del PPP, quien reveló que no existe presupuesto para las estrategias educativas del plan. Liz I. Sánchez Reyna, maestrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Asimismo, las declaraciones del secretario de Salud de México reconocen que, no obstante el atraso sanitario de la región Puebla-Panamá, el PPP no contempla recursos para la atención a la salud, La Jornada, 19 de abril de 2002.

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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

El plan establece la posibilidad de enlazar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, creando un corredor de transporte multimodal, para lo cual se rehabilitaría el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y se llevaría a cabo el mejoramiento de la carretera Salina CruzCoatzacoalcos, así como el acondicionamiento de los aeropuertos de Salina Cruz e Ixtepec. Además, el corredor carretero del Golfo de México uniría a Chiapas y Matamoros con el sur de Estados Unidos. En tales labores –según señala el PPP– se daría una creciente participación del sector privado en ferrocarriles y aeropuertos. Considera que la mejoría de los sistemas de transporte (puertos y corredores carreteros) aumentaría las posibilidades de atraer inversiones del sector maquilador hacia la región. Entre los objetivos estratégicos se considera el enlace ferroviario con un corredor hacia Norteamérica y Centroamérica y hacia los puertos marítimos y fronterizos. Entre tales proyectos ferroviarios estarían: el ferrocarril del sureste (inversión privada), el ferrocarril Chiapas-Mayab (inversión privada) y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (inversión pública). La ampliación de puertos como el de Dos Bocas, en Veracruz, permitirá una exportación petrolera más eficiente. El Puerto Madero en Chiapas facilitará el comercio regional e internacional, como las actividades comerciales fronterizas con Guatemala. El Puerto Progreso, en Yucatán permitirá la exportación hacia el este de Estados Unidos y Europa. Una de las grandes “fortalezas” en el ámbito energético, es –según el plan– la existencia de una red de ductos de gas conectada con el sur de Estados Unidos que permita las operaciones de importación y exportación. Señala que existen yacimientos de gas aún no explotados en la región. Se estima que el país será deficitario de gas, debido al incremento de la demanda derivada de la expansión de las termoeléctricas a gas, pudiendo abastecerse entonces del proveniente de Venezuela-Colombia. Por otra parte, las obras del proyecto Cantarell Integral, clasificado como súper gigante, el más importante de México y sexto en el mundo, permitirá asegurar el abasto de aceite y gas. La explotación petrolera en el Delta del Grijalva (al suroeste de la ciudad de Frontera, Tabasco) aumentará la oferta de gas y aceite en un promedio de 168.6 mmpcd y 55mdb en el periodo 2001-2006. En petroquímica, el plan destaca “la cadena petróleo-gas e industria química y un programa para convertir a la región en el centro petroquímico del país” (México, Presidencia de la República, 2001:96), como parte de lo que se considera el “cluster de la petroquímica secundaria” (conglomerado empresarial). El PPP contempla el desarrollo del Centro Energético Minatitlán-Coatzacoalcos, sobre la base de la petroquímica y la generación de electricidad, que ampliaría la capacidad de refinación de energéticos para consumo industrial de las plantas de Minatitlán y Salina Cruz, además de la instalación de una planta termoeléc-

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trica en Minatitlán y la instalación de una red industrial de gas para el abasto de la región sureste (Fazio, 2001b). Señala que el Acuerdo de Caracas de venta de petróleo a Centroamérica y el Caribe, que desplaza a México de este mercado y que se establece por encima del Pacto de San José, representa el peligro de desplazar el liderazgo regional de México. A este respecto plantea una relación competitiva con Venezuela y Colombia. De acuerdo con el PPP, es posible ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica aprovechando la infraestructura hidráulica actual. Entre los proyectos hidroeléctricos se contempla ampliar la capacidad de generación eléctrica de Chicoasén, Boca del Río en Tabasco y la de San Juan Tetelcingo, sobre el río Balsas, en Guerrero, entre otros. Este conjunto de obras hidroeléctricas configuran lo que puede considerarse un “cluster energético”, resultante de nuevas obras y de ampliaciones de proyectos existentes (Fazio, 2001b). Se propone, además, la interconexión energética con Centroamérica, tarea en la que participaría el capital privado. Al parecer éste es un viejo proyecto del BID: según Enrique Iglesias, el banco trabaja desde hace varios años en un proyecto de integración energética en Centroamérica (El Financiero, 18 de junio de 2001). Efectivamente, en el convenio que establece las líneas estratégicas del PPP, firmado el 15 de junio del 2001 entre los gobiernos de los países centroamericanos y el de México destaca la interconexión energética, no sólo eléctrica sino también de gas, además, la integración de los servicios de telecomunicación y un corredor vial y el apoyo a la creación del ALCA (La Jornada, 16 de junio de 2001). De manera muy reciente los gobernadores de Texas y Nuevo León anunciaron su intención de impulsar un proyecto que conectaría ambos estados mediante un corredor llamado Trans Texas que incluye caminos de cuota, ferrocarril de alta velocidad para pasajeros y carga, ferrocarril regional para carga y pasajeros y transporte subterráneo para agua, petróleo, gas y telecomunicaciones (La Jornada, 13 de marzo de 2002). Este proyecto sugiere un conjunto de perspectivas sobre lo que podría conformarse bajo el marco del PPP: los recursos estratégicos de petróleo, agua dulce, electricidad, existentes en el sureste, así como los productos petroquímicos y el tendido de telecomunicaciones, podrían igualmente fluir desde el sureste mexicano hasta el este de Estados Unidos, por el corredor del Golfo. A partir de los datos anteriores, podemos afirmar que las distintas obras de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria del PPP están diseñadas para enlazar el sur-sureste de México con la economía de la región este de Estados Unidos y no para promover el desarrollo de la zona mexicana (Álvarez, et al., 2002). En tal sentido, es evidente que el desarrollo de las obras de infraestructura permiten las condiciones para el abasto energético a Estados Unidos.8 8 La necesidad de incrementar la cooperación en materia energética de los países latinoamericanos productores de petróleo, fue subrayada por el secretario de Energía de Estados Unidos en la V Conferencia Ministerial de la Iniciativa Energética, en la que demandaba una mayor cooperación regional en este tema, Klare, La Jornada, 12 de abril de 2002.

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Sin embargo, la creación de infraestructura no agota la propuesta del plan, puesto que se trata de un proyecto de apertura a las inversiones extranjeras directas, “una ventana de oportunidades”, en las áreas de turismo, agroindustria, ganadería extensiva, industria maquiladora, agricultura de plantación, telecomunicaciones y energía. Tema que veremos a continuación.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

El PPP abre perspectivas a la inversión extranjera directa en áreas de interés prioritario para el capital norteamericano: ferrocarriles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, así como en la construcción de corredores carreteros y de un corredor multimodal transístmico que conectará el Pacífico y el Golfo de México. Estas obras crearían ventajas comparativas, en un contexto de mano de obra muy barata (tercera generación), que impulsarían las inversiones en agricultura, agroindustria, turismo y maquiladoras. En esta última, destacan los sectores de vestido, muebles, electrónica y pequeñas operaciones en distribución automotriz. El interés hemisférico de Estados Unidos por los aspectos estratégicos del plan se refleja en el apoyo del BID para el financiamiento del proyecto, siendo la primera institución financiera que dio su respaldo al PPP. Hecho que no debiera sorprender, puesto que se trata de una institución creada por Estados Unidos, que, junto con el FMI y el BM, conforman los instrumentos de la “presidencia imperial”, encaminada a proteger “el interés privado nacional de Estados Unidos” (Saxe-Fernández, 2001a). La coordinación financiera del plan fue asignada al BID, conforme a un acuerdo entre los presidentes centroamericanos y el de México. Para el primer trimestre de 2002 el plan contaba con un fondo de 4 mil millones, de los cuales el BID aportó el 75% y el resto fue la contribución del gobierno de México. En una reunión entre los presidentes de México y de los países centroamericanos celebrada en Monterrey, se acordó que del total de esos fondos el 85% se destinará a la iniciativa carretera, 11%, a la conexión eléctrica y el resto a programas de desarrollo social. Asimismo, se acordó concretar para este año el plan de interconexión energética, particularmente, la producción y distribución de electricidad (La Jornada, 21 de marzo de 2002). Entre otras propuestas del plan se encuentran un turismo ecológico y arqueológico: el desarrollo del Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul (en los municipios de Palenque y Chilón), el desarrollo turístico y urbano del corredor Cancún Riviera-Maya, el de las zonas arqueológicas de Bonampak, Yaxchilán y Toniná y de las áreas naturales de Palenque, Agua Clara, Agua Azul, Lagunas de Catazajá y la Reserva de la Biosfera Montes Azules. El plan considera que el desarrollo turístico contribuirá al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes.

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Se contempla, por otro lado, un programa de tecnificación de la agricultura del trópico húmedo, programas de desarrollo rural integral y la promoción de esquemas regionales de reconversión productiva con énfasis en cultivos de exportación. La propuesta para la ampliación en el mediano plazo de la infraestructura ganadera-pradera en 144 000 has significa una amenaza a los bosques de selva tropical, tal como sucedió en Tabasco entre los años sesenta-setenta. Esta supuesta solución ya ha probado su carácter insustentable no sólo en lo ambiental, sino también social, pues en Tabasco los menos beneficiados por esta actividad fueron los campesinos.9 Aquí sugiere la vuelta a la ganadería extensiva, la forma de cría de ganado más degradante del medio ambiente. El Plan no contempla apoyos para la producción maicera, de manera de no entrar en conflicto con el TLCAN y, de esa forma, para continuar beneficiando a los productores maiceros de Estados Unidos. En efecto, del Documento Base del PPP se desprende el interés por desalentar la producción de maíz: “no obstante que las características climatológicas favorecen el cultivo de otros productos agrícolas, una tercera parte de las tierras sembradas está dedicada al cultivo del maíz”, en particular, Chiapas, Guerrero y Oaxaca (México, Presidencia de la República, 2001:37).

CENTROS DE INTEGRACIÓN RURAL Y CONTRAINSURGENCIA

El Plan establece que la dispersión poblacional permite el sostenimiento de patrones intensivos de consumo de recursos naturales degradantes del entorno natural, de ahí que propone que para generar una explotación eficiente y sustentable de los recursos naturales y revertir el proceso de dispersión de la población promoverá un ordenamiento territorial. Para ello, propone crear una “red de centros de integración rural”, “cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas”, serían “espacios de atracción de la población rural para contener los procesos de emigración y de dispersión poblacional” (México, Presidencia de la República, 2001:108). Frente a la constatación de que México tiene una de las tasas de deforestación más altas de América Latina, el Plan, de manera implícita, responsabiliza a las comunidades rurales e indígenas en las zonas de selva tropical por la deforestación, reforzando así la necesidad de concentrarlos en centros poblacionales. La concentración poblacional inducida para reducir la dispersión geográfica de las comunidades rurales es un proyecto creado por Carlos Rojas, ex secretario de Sedesol, quien proponía la creación de “centros de integración comu9 Véase, Fernando Tudela (coord.), La modernización forzada del trópico: el caso de Tabasco, México, El Colegio de México, CINVESTAV, IFIAS UNRISD, 1992.

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nitaria”. El PPP retoma esta idea. El ordenamiento territorial mediante estos centros poblacionales, a los cuales se dotaría de servicios de salud y educación, tiene connotaciones contrainsurgentes en el contexto de zonas de conflicto armado, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde operan respectivamente el EZLN, el ERP y el ERPI. Dicha concentración rompería los lazos comunitarios, étnicos y culturales, además, fracturaría la cohesión política. En estas zonas de conflicto armado, los centros de integración rural asumen los mismos objetivos que las aldeas modelo de Vietnam o los “polos de desarrollo” en las zonas de conflicto armado de los años ochenta en Guatemala (López Ramírez, 1992). Sin duda, la presencia del conflicto armado en Chiapas constituye un obstáculo para el PPP. Esto resulta aún más claro en las declaraciones del presidente de México, quien de visita en Centroamérica, con el fin de conseguir el aval de los gobiernos de la región para su proyecto de desarrollo, niega la importancia de la lucha zapatista, asegurando que en Chiapas ya no hay conflicto por lo que el PPP es “mil veces más que el zapatismo o una comunidad indígena en Chiapas” (Reforma, 15 de junio de 2001). Mientras que, otros actores políticos, como el ex canciller costarricense Rodrigo Madrigal, considera que es imposible impulsar el PPP mientras persista el conflicto chiapaneco (La Jornada, 10 de marzo de 2001). Un elemento de contención a los propósitos económicos y contrainsurgentes del PPP es el reconocimiento de los derechos indígenas incluidos en los Acuerdos de San Andrés, los cuales establecen los derechos de usufructo del hábitat y territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México. Sin embargo, la concentración poblacional tiene también como objetivo la apertura de áreas de inversión en las tierras actualmente en posesión de comunidades indígenas. La creación de centros poblacionales mediante el desplazamiento de las comunidades rurales permitiría generar procesos de concentración de la tierra, dando lugar a grandes latifundios (La Jornada, 17 de marzo de 2001), por medio de la venta o renta de la tierra. De ahí la necesidad enfatizada en el documento de Levy de impulsar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales. Este programa avanza en el sentido de las reformas del gobierno de Salinas de Gortari al artículo 127 Constitucional, que permiten la privatización de la tierra.

PLANTACIONES FORESTALES

Del documento titulado “El sur también existe”, el PPP retoma la propuesta del aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región en la producción agrícola mediante el desarrollo de la agricultura de plantación, una agricultura caracterizada por amplias extensiones (permisibles en el marco de las reformas constitucionales al artículo. 27), donde se cultiva en forma tecnificada un solo

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producto de tipo perenne (palma africana, productos maderables, cacao, café, entre otros) y que es impulsada por “agentes económicos dotados de amplios recursos financieros” debido al tamaño de las plantaciones. Para ellos, la seguridad en la tenencia de la tierra es esencial (Levy, et al., 2001:34). En el mismo documento se señala que es “necesario remover obstáculos jurídicos a la operación eficiente del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), con particular énfasis en el sureste. Lo anterior tiene mayor relevancia en el Estado de Chiapas y Oaxaca” (Levy et al., 2001:49). Como ya hemos indicado, un antecedente que guarda algunas similitudes con el proyecto del PPP es el que tuvo lugar en el sur de Veracruz y en Huimanguillo en Tabasco, donde, tras la crisis de la ganadería, la ausencia de programas para el fomento de las actividades agrícolas, agropecuarias, agroforestales y forestales y el cierre de pozos petroleros, crearon las condiciones para que muchos ganaderos, gran parte de ellos con carteras vencidas, rentaran sus tierras a un consorcio transnacional dedicado a la producción de papel. La empresa tiene cultivadas actualmente 9 000 ha de eucalipto, distribuidos entre las Choapas, Moloacán y Agua Dulce, en Veracruz y Huimanguillo, en Tabasco, con la perspectiva de ampliarlas a 21 000. El producto se envía a la fábrica de papel de Temple en Houston, Texas.10 Un interés explícito para desarrollar grandes plantaciones forestales en Chiapas es el de Alfonso Romo (grupo Pulsar), quien se propone el desarrollo de monocultivos para exportación, como el eucalipto, en una superficie de 300 mil hectáreas y también de plantas ornamentales, por medio de la capacitación de campesinos indígenas para su cultivo. Alfonso Romo considera que ésta es su mejor contribución para lograr la paz en Chiapas.11 La agricultura de plantaciones forestales, como el eucalipto para la producción de papel y cartón, han sido un área de expansión de las CMN. La Shell, por ejemplo, una empresa petrolera, tiene enormes plantaciones en Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Congo y Nueva Zelanda (La Jornada, 24 de junio de 2001).

CONTROL DEL FLUJO MIGRATORIO EN EL PPP

Uno de los objetivos geopolíticos del PPP es el control de las corrientes migratorias desde el sur-sureste de México y Centroamérica hacia Estados Unidos.12 En este sentido, el PPP recoge la trama de intereses que se han creado entre México y Estados Unidos con la firma del TLCAN. Para el Instituto Nacional de Migración el control del flujo migratorio y la se10

Luisa Paré, “Las plantaciones forestales de eucalipto en el sureste de México ¿una prioridad nacional?”, Cuadernos Agrarios, núm. 14, septiembre de 1997. 11 Boletín “Chiapas al día”, núm. 175, CIEPAC, Chiapas, México, 18 de septiembre de 1999. 12 Declaraciones del coordinador general de PPP, Florencio Salazar, Milenio, 22 de febrero de 2001.

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guridad de la frontera sur son un requisito para el avance del PPP (La Jornada, marzo de 2001). El problema migratorio ha sido asumido por el gobierno mexicano en un proceso de subordinación de la política exterior a los intereses de Estados Unidos, mediante la creación del Plan Frontera Sur en el que se pretende militarizar aquélla para detener el flujo de indocumentados a Estados Unidos. En tal militarización participarán la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva, el ejército, la armada, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación a través del Instituto de Inmigración (La Jornada, 21 de junio de 2001). El gobierno norteamericano hizo sentir sus presiones sobre el gobierno de México en las declaraciones de su embajador, Davidow, quien señaló el deber de México de hacer respetar sus leyes e impedir el paso de inmigrantes a Estados Unidos (La Jornada, 21 de junio de 2001). En el mismo sentido, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un plan bilateral migratorio denominado Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (La Jornada, 23 de junio de 2001). Desde la óptica de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, el TLCAN ha generado una creciente interdependencia con México. Desde esa misma perspectiva norteamericana, “la seguridad de Estados Unidos se fortalecería enormemente si México participara en el manejo de las amenazas transnacionales que tenemos en nuestra frontera común” (Dziedzic, en Aguayo, 1997:98). Entre éstas, están los flujos masivos de refugiados. “Resulta obvio que Estados Unidos debe garantizar que México no sea conducto, sino barrera eficaz contra dichas amenazas transnacionales” (Dziedzic, en Aguayo, 1997:113). Como complemento a la militarización de la frontera sur, el PPP incorporó un programa elaborado por la Secretaría de Economía para el desarrollo de la maquila denominado Marcha hacia el sur, que busca contener los flujos migratorios y prevé la generación de 300 mil empleos en seis años (México, Secretaría de Economía, 2002). Como parte de este Plan, en la carretera fronteriza con Guatemala, cerca de Palenque, se instaló la primera maquiladora de un eventual corredor industrial (La Jornada, 28 de marzo de 2002). La creación de empleos en la zona de conflicto armado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero obedece a la lógica de la pacificación contrainsurgente. Recuerda las acciones emprendidas por el ejército guatemalteco para generar el desarrollo agrícola bajo el esquema de la agricultura de exportación no tradicional (AENT) que impulsó en algunas zonas de guerra interna, en los años ochenta para desactivar el conflicto (López Ramírez, 1992).

EL TLCAN Y EL ALCA

Las perspectivas para la inversión extranjera directa en áreas de interés para las CMN norteamericanas, así como para el acceso a recursos estratégicos que sirven a la seguridad nacional de Estados Unidos, como el petróleo, la electricidad y el

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agua dulce, son congruentes con el proceso de “anexionismo comercial” (SaxeFernández, et al., 2001) que se ha ido tejiendo desde la firma del TLCAN. El PPP le permite a Estados Unidos avanzar en el proceso gradual de anexión comercial en su área de influencia “natural”, que, en una primera fase, corresponde a México y Canadá. Este proceso se desarrolla gracias a las adecuaciones constitucionales y al aparato jurídico mexicano, que hace posible abrir nuevas áreas a la inversión extranjera directa en el marco del TLCAN, pero también a través de las presiones del gobierno y el capital norteamericanos tendientes a la privatización de recursos naturales estratégicos: petróleo y energía. La anexión comercial se desarrolla en el contexto de la rivalidad intercapitalista de Estados Unidos con Alemania y Japón, que tiene lugar en el macro proceso de desaceleración del crecimiento global (Saxe-Fernández et al., 2001) y que no es sino la expresión de una larga crisis del sistema capitalista mundial, una crisis de 23 años.13 En este contexto de crisis del sistema capitalista mundial y de la creciente rivalidad intercapitalista, asociada a la caída de la competitividad frente a Alemania y Japón, el control de áreas económicas exclusivas (bloques regionales) se vuelve absolutamente necesario para la hegemonía capitalista mundial de Estados Unidos. Con esa estrategia, se intensifica “la explotación de zonas tradicionales de hegemonía mediante tratados de libre comercio (América Latina y Canadá)” (Petras, 1998:143). La tendencia adoptada por el gobierno de México para adecuar el sistema jurídico a las exigencias del TLCAN, ha llevado a introducir cambios en la Ley de Inversión Extranjera aprobada por el gobierno mexicano a principios de 1994. A partir de estas transformaciones, el capital extranjero podrá participar en la construcción de ductos para hidrocarburos, en la minería, transporte terrestre, la perforación de pozos petroleros, la construcción de terminales aéreas, servicios portuarios y telefonía y adquirir inmuebles en zonas restringidas del país, entre otras actividades. En algunos de los sectores de mayor interés para el capital norteamericano, como lo son la petroquímica, los bancos, la minería, los puertos, el sector agrícola, las carreteras y los ferrocarriles, los programas “rama por rama” del BM “han venido preparando el terreno desde que se firmaron las cartas de intención con el FMI y las cartas de “política” con el BM. Este proceso ahora se completa con la puesta en marcha del TLC” (González Casanova/SaxeFernández, 1996:89). Desde 1982, el binomio BM (Saxe-Fernández et al., 2001) ha ido incrementando su influencia por medio de préstamos atados del BM en programas de “modernización” de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y plantas generadoras de electricidad, entre otros rubros, las cuales constituyen ramas económicas de particular importancia para sus acreedores. Esta influencia ha ido en aumento, desde mediados de los años ochenta, en la medida en que el gobierno de México 13 Gerard De Seylis, “Investigación mundial: El proceso de privatización, el más grande robo de todos los tiempos”, Proceso, núm. 1024, México, 17 de junio de 1996, 42. Apud: Saxe-Fernández, 2001:16.

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ha destinado cada vez porciones más amplias del gasto público al servicio de la deuda (Saxe-Fernández et al., 2001). El estrechamiento de intereses entre el gobierno de México y el FMI-BM ha estado acompañado de un proceso de construcción de un gobierno paralelo, por el cual en la mayoría de las secretarías de Estado, así como en los niveles de direcciones y subdirecciones, empresas públicas y algunas empresas privadas, existe alguna relación directa o indirecta con el BM14 (Saxe-Fernández et al., 2001). Este proceso es común en la administración pública latinoamericana.15 En un documento del Banco Mundial denominado Estrategia de Asistencia de País (CAS en inglés) se delinea la estrategia para el empleo de un crédito por un total de 5 200 millones de dólares en los próximos tres años, destinados a crear un blindaje económico para evitar las crisis recurrentes de fin de sexenio en México. El crédito se concede bajo la premisa (condicionamiento) de que el país continuará con el proceso de privatizaciones y que se mantendrán la disciplina fiscal, porque si ésta se debilitara, el crédito sería reducido. Una prioridad del programa de asistencia es el incremento de la participación privada en el sector energético. El documento, en ese momento, alentaba a la participación privada en el sector petrolero, así como a ampliar los esfuerzos de privatización en ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones. Señala también la importancia de abrir la participación del sector privado a los servicios de infraestructura, donde hasta ahora sólo se han producido avances limitados en los servicios urbanos como agua y vivienda (La Jornada, 25 de junio de 1999). En el Memorando de Políticas Económicas, elaborado conjuntamente entre la Secretaría de Hacienda y el Banco Mundial en enero de 1995, el gobierno de Zedillo decide acelerar las reformas estructurales en ferrocarriles, telecomunicaciones (incluyendo comunicaciones vía satélite), la aceleración de la privatización de puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas y, también, la participación privada en plantas de generación de energía eléctrica.16 Todas estas ramas forman parte de las obras a impulsar por el PPP. Para Saxe-Fernández el memorando es una capitulación económica del gobierno mexicano y fue elaborado apenas un mes después de “los errores de diciembre de 1994”. 14 El proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano se fundamenta en un gobierno paralelo construido sobre las instituciones gubernamentales del medio ambiente, como se verá más adelante. 15 En Costa Rica, la AID forzó a la creación de un gobierno paralelo que llevó a la transformación del sistema bancario de manera de permitir la entrada de fondos de esta agencia e implantar un esquema de agricultura de exportación no tradicional (AENT). Las presiones al gobierno de Luis Alberto Monge para que estos cambios se realizaran, inicialmente, estuvieron contenidas en una carta de intención firmada con el FMI; sin embargo, dada la “rebeldía” del gobierno costarricense, quien se negaba a someterse a los intereses norteamericanos, el fondo presionó a través de la derecha, con la amenaza de un golpe de Estado, logrando finalmente su objetivo: la reforma del sistema bancario. Michael E. Douglas, L. Murray y Peter M. Rosset, A cautionary tale. Failed U.S. Development Policy in Central America, Londres, Lynne Rienner Publishers, 1996. 16 Memorando de Políticas Económicas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco Mundial, DOF, 26 de enero de 1995, p. 1. Apud: Saxe-Fernández, John, James Petras, Henry Vietmeyer, Omar Núñez, Globalización, imperialismo y clase social, Buenos Aires, Grupo Editorial Lumen, Humanitas, 2001, p. 301.

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La piedra angular para la estrategia económica hemisférica de Estados Unidos es la posibilidad de que este país pueda tener un trato preferencial, discriminando a terceros y esto es justamente lo que se formaliza en el TLCAN. A este respecto, señala Saxe-Fernández, que la naturaleza geopolítica y geoeconómica del TLCAN consiste en que éste es, “tanto un esquema de ‘anexionismo comercial’, como una estrategia dirigida al establecimiento de una zona de exclusividad para la inversión estadunidense, con su respectiva sombrilla de ‘seguridad’” (Saxe-Fernández et al., 2001). El gobierno de Zedillo introdujo cambios para permitir la inversión extranjera en ferrocarriles17 y telecomunicaciones y, actualmente, se tiene la intención de avanzar en la extranjerización de terminales portuarias, aeroportuarias y de todo el sistema de comunicaciones, lo cual generará enormes “riesgos para la jurisdiccionalidad territorial de los Estados Unidos Mexicanos” (Saxe-Fernández et al., 2001). Esta desincorporación del Istmo de Tehuantepec, está contemplada en el PPP, con lo que se llegaría al cierre del “cerco estadunidense sobre todo el sureste mexicano y sus inmensos recursos petroleros, minerales, acuíferos y forestales”18 (Saxe-Fernández et al., 2001:324). El sistema multimodal del Istmo de Tehuantepec considerado en el PPP, significaría una integración vertical de ferrocarriles, autotransportes, puertos y aeropuertos. La reforma jurídica que ha venido operando el gobierno mexicano en los últimos años desde el ajuste estructural y posteriormente bajo el TLCAN, generan condiciones que le permiten al capital norteamericano expandirse en las diversas áreas de inversión propuestas en el PPP, así como acceder a los recursos estratégicos existentes en el sureste mexicano, particularmente a los recursos energéticos, respecto de los cuales el BM ha mantenido un interés prioritario en la privatización del sector,19 como lo confirman los créditos atados para el blindaje económico de la economía al final del sexenio de Zedillo (documento CAS, mencionado en líneas anteriores). Puede considerarse que el PPP es un proyecto “creado a la medida” de las necesidades geoeconómicas y geopolíticas de Estados Unidos. Las obras de infraestructura como las del puerto de Dos Bocas, en Veracruz, permitirán una exportación petrolera más eficiente, generando condiciones que agilizarán el suministro petrolero a Estados Unidos, país respecto del cual México representa el segundo proveedor más importante después de Venezuela. El corredor carretero del Golfo y los enlaces ferroviarios orientados a la costa este de Norteamérica y hacia los puertos marítimos, fortalecen la anexión comercial con Estados Unidos por me17 El gobierno de Zedillo estructuró la ley para permitir el 100% de la inversión extranjera en ferrocarriles. 18 Coincidiendo con estas apreciaciones, el subcomandante Marcos señaló en una entrevista que “el proyecto transístmico es trasladar las funciones del Canal de Panamá a la República Mexicana, pero cortando efectivamente el país en dos o en tres partes”, La Jornada, 2 de febrero de 2001. 19 Del interés del BM por el sector energético, en el sureste, es un ejemplo el apoyo reciente del BM para la construcción de dos presas sobre los márgenes del Río Usumacinta, en Chiapas, en la que el banco aportará el 50% del capital, La Jornada, 19 de abril de 2002.

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dio del TLCAN. En el rubro de inversiones directas del PPP, éste abre oportunidades de inversión en terminales portuarias, aeroportuarias, ferrocarriles, telecomunicaciones y telefonía. La Ley de Inversión Extranjera de 1994, señalada antes, permite la participación del capital extranjero en la perforación de pozos petroleros, la construcción de ductos para hidrocarburos, la construcción de terminales aéreas, servicios portuarios y telefonía. Los cambios a dicha ley realizados por el gobierno de Zedillo, permite la inversión extranjera en telecomunicaciones. La apertura en los ferrocarriles llegó al 100 por ciento. Bartra señala que, en la medida en que las inversiones que establece el PPP se ofrecen al capital extranjero,20 el resultado será una “economía de enclave”, que permitirá la extracción, no tanto de ganancias sino de rentas, derivadas del monopolio de las ventajas comparativas: los recursos naturales, el saber comunitario, la biodiversidad y el paisaje (Álvarez et al., 2002). El diagnóstico del Plan establece la necesidad de superar las desigualdades económicas y sociales entre el norte y el sur, sin embargo, en la medida en que se llegara a configurar una economía de enclave, la perspectiva de avanzar en una integración mayor del país se vería frustrada y la tendencia sería la de profundizar la fragmentación, ampliando las diferencias entre el sur atrasado y los estados del norte, cada vez más integrados a Estados Unidos, de modo que han llegado a constituir la región denominada mexamérica (Saxe-Fernández et al., 2001). Dadas las restricciones constitucionales a la participación del capital privado en la explotación petrolera, el gobierno de Fox ha venido esgrimiendo ciertas estrategias embozadas de participación del capital privado. Entre éstas, se hallan los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) con los cuales la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex) pretenden abrir al capital nacional y extranjero la exploración y extracción de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos (principal región productora de gas natural en el país), con derechos de exclusividad por 20 años. Para el académico Víctor Rodríguez-Padilla, asesor del Senado en Asuntos Energéticos, los CSM, constituyen “una apertura de todos los hidrocarburos, pero disfrazada”. Más que un contrato representa una concesión por 20 años (La Jornada, 6 de diciembre de 2001). En las “líneas estratégicas” del PPP firmado por los gobiernos centroamericanos y el de México, se establece el “apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)” (La Jornada, 16 de junio de 2001). Para los intereses geoeconómicos de Estados Unidos, México debe servir de puente entre la América angloparlante y la hispanohablante (Dziedzic, en Aguayo, 1997).21 En una entrevista celebrada entre los directivos de las empresas que integran el Global Business Policy Coun20 Florencio Salazar Adame coordinador general del PPP dijo en una entrevista realizada en Madrid que “si no somos capaces de atraer inversión privada el plan no tiene futuro”, El Universal, 13 de julio de 2001. 21 Para la correduría neoyorquina Merrill Lynch la “americanización” regional se iniciará en México. Carlos Fazio, A propósito del Plan Puebla Panamá, La Jornada, 25 de junio de 2001, p. 18.

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cil y el presidente de México, los primeros alentaron al segundo a asumir el liderazgo que impulse al ALCA (La Jornada, 20 de marzo de 2002). Para los intereses geopolíticos y geoeconómicos norteamericanos la conformación de un área económica exclusiva resulta vital frente a la competencia por la hegemonía económica con Alemania y Japón, de ahí el objetivo de construir el ALCA para el año 2005. “Si nuestra propia región geográfica no logra intercalarse en lo económico y Europa y Asia sí tienen éxito en este sentido, Estados Unidos se encontrará en una clara desventaja geoeconómica. Para protegerse del ‘peor de los casos’, o sea, la división del mundo en bloques comerciales regionales, Estados Unidos no puede darse el lujo de descuidar a sus vecinos” (Dziedzic, en Aguayo, 1997:104). Para Estados Unidos el ALCA representa la posibilidad de completar la integración del bloque económico en el hemisferio americano.

PERSPECTIVAS DEL PPP

No obstante los apoyos iniciales brindados al PPP por la banca regional, parece que el shock del 11 de septiembre, ha reducido el interés por el proyecto.22 Con el fin de reanimar el interés por las enormes oportunidades de inversión que se abren con el PPP, se reunieron, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo promovida por la ONU en Monterrey, los presidentes de los países firmantes del plan, donde acordaron la realización de un “tianguis de inversión” en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el mes de junio de 2002, en el que se invitaría a organismos financieros internacionales, empresarios estadunidenses, europeos, asiáticos para conocer las posibilidades de inversión que se proponen en el PPP (La Jornada, 21 de marzo de 2002). También, en ese mismo sentido, parece haberse orientado la reunión entre Fox y Bush en Monterrey, en la que se daría el “banderazo” a lo que se ha denominado “la sociedad para la prosperidad” la cual estaría dirigida, según el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, “al desarrollo de las regiones mexicanas que han estado excluidas del beneficio del Tratado de Libre Comercio” (La Jornada, 21 de marzo de 2002). La referencia al sur-sureste mexicano y al PPP es evidente. Aunque Global Business Policy Council ubica a México en el cuarto lugar más atractivo para inversiones extranjeras directas, la CEPAL señala que la aversión a invertir en naciones emergentes después de la crisis de Rusia, Brasil y Argentina llevará a que América Latina deje de recibir inversiones por algún tiempo (La Jornada, 20 de marzo de 2002). Es posible que en la reducción de perspectivas de atraer inversión para el plan se combinen, tanto la situación derivada del 11 de septiembre, como el miedo al riesgo de contagio de la crisis de Argentina. 22 Con esta posición coincide la profesora del ITAM Rossana Fuentes Berain, quien señaló que la oportunidad en que aparece el PPP parece haber quedado atrás después del 11 de septiembre, hoy es poco atractivo. Programa televisivo del canal 22, domingo 16 de diciembre de 2001, 8:00 p.m., México, D.F.

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En una reunión entre los gobernadores del sureste (Tabasco, Veracruz, Puebla, Campeche y Quintana Roo), en la que externalizaron su inconformidad ante el presidente Fox por el retraso en la ejecución del PPP, éste ofreció agilizar la aplicación del plan mediante un trato directo con las secretarías de Estado vinculadas al proyecto (La Jornada, 9 de abril de 2002). Con ello se evidenció que el proyecto del PPP carece de un presupuesto propio. Esta característica del PPP es señalada por Bartra, quien considera al plan una entelequia armada con los presupuestos de las diferentes secretarías de Estado, carente de presupuesto propio, “no [es] un verdadero plan de desarrollo regional” (Álvarez et al., 2002:85). El PPP ha sido cuestionado desde múltiples foros, por una enorme cantidad de organizaciones sociales nacionales e internacionales y por muchísimos académicos. Entre otros cuestionamientos se señalan: su carácter excluyente, en tanto que no considera el punto de vista de la población mayoritaria que habita en las comunidades rurales del sur sureste; el determinismo de la relación pobreza-deterioro ambiental; su carácter fragmentador del país: Marcos (La Jornada, 2 de febrero de 2001); su desconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indios; la sumisión a las necesidades energéticas de Estados Unidos; su carácter contrainsurgente, en la medida que pretende poner en práctica mecanismos de concentración de la población dispersa; la reducción de la industrialización a la maquila; su carácter de contrarreforma agraria, en cuanto apunta hacia la creación de nuevos latifundios. A pesar de la fuerte repulsa manifestada por parte de organizaciones sociales, económicas, de derechos humanos, político-militares como el EZLN, académicos y políticos de izquierda, entre otros, se trata de un rechazo desarticulado. Del análisis del PPP puede desprenderse que se trata de un plan económico tradicional, el cual, apoyado en la teoría del goteo, supone que sólo la derrama económica lleva paulatinamente los beneficios sociales a las comunidades pobres que habitan el sur sureste mexicano, ya que no proponen acciones concretas para superar las condiciones de atraso educativo, de servicios de salud adecuados o mejorar las condiciones de vivienda de las comunidades rurales, mayoritariamente indígenas, de la región. Por otra parte, el PPP se ubica en el enfoque de los cambios jurídico-institucionales que ha realizado el gobierno de México desde el marco del TLCAN. Las áreas en donde abre oportunidades de inversión resultan campos coincidentes con los cambios estructurales realizados en el marco del TLCAN, con lo que se fortalece la tendencia a la anexión comercial del país que ya se viene operando desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Por último, el plan supone el sometimiento del gobierno mexicano a la estrategia energética del gobierno de Estados Unidos, en tanto se le garantiza a este último el suministro adecuado de recursos petroleros, mediante la construcción de instalaciones petroleras que permitan aumentar la oferta de aceite y gas y las condiciones de infraestructura portuaria las que, a su vez, generen una eficiente exportación de tales recursos.

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Tal como se señaló con anterioridad, el PPP es muy cauteloso de no interferir con los intereses del BM, de ahí que sólo haga una breve mención a la biodiversidad del CBM, en términos de los servicios ambientales a que da lugar, aunque la considere como una de las Fortalezas del Plan. Abre el campo de inversiones en otras áreas como los recursos turísticos del paisaje, pero no las referentes a la biodiversidad.

EL PROYECTO DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO

En este apartado se analizarán los aspectos “duros” detrás de la “fachada verde” del Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano del BM y del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indios en el área del corredor: el petróleo y la pacificación contrainsurgente. Asimismo, se estudiará la creación de un Estado paralelo en las instituciones ambientales del país. Los objetivos no explícitos del Banco Mundial son, en primer término, dar una imagen de sí mismo “ambientalmente amigable”. En segundo lugar, el programa del corredor le permite desarrollar un banco de datos de los recursos de la biodiversidad existentes en ecosistemas, especies y genes. El primer objetivo se halla dentro del campo de la construcción institucional (institutional building), mediante la cual el banco busca generarse una legitimidad de “Banco Mundial Verde”, luego de los desastres ambientales que promovió en varios países del mundo (Ghana y México) con la implementación del ajuste estructural (Bryant/Bailey, 1997). Dado que después de la reestructuración económica mundial, el desarrollo ha dejado de ser un objetivo económico, el énfasis en esta etapa está puesto en el crecimiento económico y ya que en la fase fordista de desarrollo el Banco fue la autoridad mundial en cuestiones del desarrollo, particularmente entre los países de la periferia, en la actual fase posfordista, el BM se erige como la autoridad mundial en asuntos ambientales, con lo cual reconstruye su legitimidad institucional (Bryant/Bailey, 1997). Mientras tanto el segundo objetivo se deriva de su naturaleza de “agencia imperial” que, como parte de las acciones de “monitoreo y evaluación de recursos” en las zonas de los corredores, produce un banco de datos, que no es otra cosa que biopiratería. El proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, acordado entre el BM y el gobierno de México, se instala a partir de las conectividades que se generan en 6 de las 10 áreas naturales protegidas establecidas en el Programa de Áreas Protegidas 1992-2001. El proyecto del BM integra áreas naturales protegidas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, englobadas en amplios territorios que incluyen áreas de amortiguamiento y asentamientos poblacionales, configurando una conectividad ecológica y social. En estas zonas del corredor existen un acelerado proceso de deforestación y sobreexplotación de los recursos naturales. En este sentido, el proyecto del BM busca cooperar con el gobierno mexi-

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cano para preservar la biodiversidad a través de programas de desarrollo sustentable del sur-sureste (The World Bank, 2000). El concepto básico del CBM es el mantenimiento de la conectividad entre reservas naturales. El proyecto del corredor, que se echó andar el 31 de enero de 2001 (The World Bank, 2000), combina acciones encaminadas al desarrollo de proyectos económicos que conserven la biodiversidad, bajo el concepto del uso sustentable de los recursos biológicos. En otras palabras, se orienta a promover el desarrollo y aliviar la pobreza bajo un esquema “amigable con la naturaleza” (enfoque Brundtland),23 en el que las actividades productivas se mantienen dentro de rangos adecuados a la capacidad natural de los ecosistemas para soportar estas actividades en el largo plazo. El proyecto incluye un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indios (PDPI) orientado a involucrarlos en el diseño e implementación del proyecto por medio de asistencia técnica y capacitación. El uso sustentable de los recursos naturales supone: la conservación de los ecosistemas nativos, la restauración de los ecosistemas degradados y el manejo sustentable de los recursos biológicos en procesos productivos. Este último incluye, a su vez, la capacitación para el uso alternativo de productos forestales, que excluyen especies maderables, el establecimiento de reglas para la extracción de plantas ornamentales, el uso sustentable de la biodiversidad de la flora en traspatios o solares y estudios de acceso al mercado de productos orgánicos y/o de manejo sustentable de recursos biológicos, entre otros (The World Bank, 2000). El CBM forma parte de un proyecto todavía más ambicioso encaminado al manejo sustentable de un conjunto de diez áreas naturales protegidas existentes en la República Mexicana que se caracterizan por la alta biodiversidad existente en ellas. De éstas, seis se agrupan en el CBM (The World Bank, 1997). El proyecto del CBM que tendrá una vigencia de 2001 a 2008, surge en una coyuntura de competencia internacional de la biodiversidad24 existente en ecosistemas, especies y genes. En ese contexto hay que ubicar el interés por la conservación, recuperación, uso sustentable de la biodiversidad in situ y el conocimiento tradicional de las comunidades rurales. México está considerado en el cuarto lugar entre los 13 países megadiversos, conteniendo el 10% de la biodiversidad mundial. En esa lógica, la iniciativa, que busca conectar hábitat desde México a través de Centroamérica y hasta Colombia recibió desde un principio el apoyo político al más alto nivel en la Segunda Reunión Cumbre de Tuxtla en 1996, que fue 23 Este enfoque es propuesto por el Informe Brundtland, elaborado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 24 El gobierno de Israel llevó a cabo entre 1993 y 1994 un amplio estudio sobre el estado de Chiapas. El año pasado una delegación del gobierno de Israel encabezada por el ministro consejero de la embajada en México, sostuvo una reunión con el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas de Chiapas (Compitch) en donde reiteró su interés por el intercambio de ayuda y conocimiento sobre la biodiversidad con las comunidades indígenas. Compitch rehusó colaborar argumentando el propósito de bioprospección de los israelíes.

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realizada en San José, Costa Rica. Allí, los presidentes de los países centroamericanos y de México se comprometieron a establecer una cooperación regional para desarrollar “El Sistema Regional Mesoamericano sobre Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Corredores Biológicos (CBM)” (The World Bank, 2000).

EL ESTADO PARALELO EN LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES DE MÉXICO

En 1992 el gobierno mexicano y el BM establecieron un acuerdo a través del cual el Banco otorgó un préstamo y una donación proveniente del Fondo del Medio Ambiente Global (GEF, en inglés),25 destinados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El programa inicial del BM contemplaba el apoyo a 17 áreas protegidas, después se redujo a 12 y, finalmente, con la reestructuración de 1996, sólo fueron 10. Entre ellas se encuentran: Calakmul, en Campeche; Isla Contoy en Quintana Roo; Islas del Golfo, en Baja California; Manantlán, en Colima; Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán; Ría Lagartos, en Yucatán; Vizcaíno, en Baja California sur; Sian Ka’an, y Montes Azules y el Triunfo, en Chiapas (The World Bank, 1997). La estrategia empleada por el BM para intervenir en la política ambiental del gobierno mexicano reside en la creación del Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FANP), que constituyó un montaje de gobierno paralelo entre las instituciones gubernamentales del medio ambiente (The World Bank, 1997). Esto le permitió, además, acceder a los recursos de la biodiversidad, puesto que en México no existen formas jurídico-institucionales que regulen tal acceso. La forma como se creó el FANP estuvo precedida de toda una simulación democrática. El Consejo Nacional para Áreas Protegidas (CONANP),26 una entidad integrada por los sectores social y privado, llevó a cabo una amplia consulta que incluyó a 80 organizaciones conservacionistas, representantes de comunidades locales, hombres de negocios, funcionarios gubernamentales e instituciones donantes, en la que el tema de la consulta fue una cuestión muy acotada referente “al establecimiento de mecanismos de dotación” para el programa de áreas protegidas de GEF. El CONANP decidió, de acuerdo con la consulta, el establecimiento de un fondo de dotación privado, fuera del control gubernamental y que preferiblemente usara una institución ya existente. Así, bajo la legitimidad de una consulta amplia y como si no resultara de una estrategia preconcebida, se establece que el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FNAP) estuviera co25

En el GEF participan el PNUD, el PNUMA y el BM, siendo este último el coordinador del Fondo. El CONANP está compuesto por representantes de ONG conservacionistas, la comunidad académica, los sectores social y empresarial y pueblos indígenas. Fue creado para proveer asesoría al gobierno mexicano en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 26

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bijado, nada menos que bajo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). Éste, una organización privada no lucrativa, creada por ASAID, el gobierno mexicano y contribuyentes privados tiene como fin la promoción de la conservación de la biodiversidad y el manejo de un fondo, destinado a pequeños y medianos programas de donaciones. Luego de una enmienda acordada entre el GEF, el gobierno mexicano, Banobras y el Fondo Nacional de Áreas Protegidas (FANP), se reasignó al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) el manejo de los recursos de la donación hecha por GEF, con el propósito de capitalizar el fondo. Posteriormente, se dio pie a la posibilidad de la privatización del fondo (The World Bank, 1997). Este monto dinerario permitirá asegurar en el largo plazo el financiamiento de los programas de conservación de las reservas de las diez áreas en el que participa el GEF. El proyecto de actividades apoyadas por el FANP se espera continúen por un periodo de 35 a 40 años, con un capital de 16.3 millones de dólares (The World Bank, 1997:11-12). El financiamiento del Programa de Áreas Protegidas se configura con una contribución del GEF de 57% del costo del proyecto; el gobierno mexicano aporta alrededor del 31% (incluyendo los ingresos de FANP que resultan del programa de deuda swap del gobierno mexicano, equivalente a 1.3 millones de dólares); los ingresos del FANP, alrededor del 11% (excluyendo el ingreso de deuda swap) y, la cooperación de un 1% por parte de otros cofinanciadores (The World Bank, 1997:12). Entre abril y mayo de 1996 tuvo lugar una reestructuración del programa, acordada entre BM y el gobierno de México, por la cual el programa se extendería hasta el año 2001. Los responsables de impulsar el programa serían: el Instituto Nacional de Ecología (INE), y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), los cuales estarían apoyados por Semarnat,27 CONANP y los Consejos Técnicos Asesores (CTA). Sin embargo, más adelante, mediante un acuerdo conjunto entre el Banco, FMCN y el gobierno mexicano se releva de responsabilidades en el proyecto a Semarnat y al INE. Con ello, la implementación del Programa de Áreas Protegidas queda en manos del BM, mientras que el manejo de los fondos de la dotación GEF residen en el USAID, a través del (FMCN), terminando de configurase las instituciones del “estado paralelo”, bajo el binomio BM-USAID, en los programas de manejo de áreas naturales protegidas del país (The World Bank, 1997). La creación del esquema institucional creado por el BM-USAID se explica en el marco del vacío institucional de formas jurídico-institucionales relativas al acceso a los recursos de la biodiversidad. La creación de instituciones para la regulación de la naturaleza “no es un producto de prerrequisitos funcionales de la acumulación de capital, sino un resultado de estrategias específicas, coaliciones, negociaciones y su estabilización institucional”.28 27 En el proyecto original aparece como Semarnap pero la reestructuración llevada a cabo en 2001 la transforma en Semarnat. 28 Bridge/MacManus, 2000. Apud: Brand/Gorg, 2001:4.

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Desde este nuevo esquema de control del Programa de Áreas Protegidas se evidencian los objetivos reales del BM-USAID. En 1996 el FMCN (USAID) aprobó un presupuesto de 1.7 millones de dólares, de los cuales alrededor del 10% (casi 280 mil dólares) se hallan destinados a programas focales de conservación de especies particulares, monitoreo biológico y actividades de uso sustentable con comunidades locales (BM, 1997). El monitoreo biológico significa la elaboración de bancos de datos sobre ecosistemas, especies y genes.29 Dado que las áreas protegidas son propiedad del Estado, las actividades de bioprospección,30 los aspectos relativos al “consentimiento previo y los acuerdos de distribución de beneficios” que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), tienen que negociarse con el gobierno de México, sin embargo, esto es algo no referido en el documento del Programa de Áreas Protegidas del BM (The World Bank, 1997). En consecuencia, el monitoreo biológico no es otra cosa que biopiratería.31 La importancia de las áreas naturales protegidas radica en que permiten el desarrollo de la biodiversidad in situ, mientras que los bancos de germoplasma ex situ, sólo la conservan (Delgado, 2002). De ahí, el interés del Programa de Áreas Protegidas del BM por la conservación de especies.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Una de la prioridades del Programa para Áreas Naturales Protegidas en México 1995-2000 diseñado por el gobierno mexicano y que fue dado a conocer en mayo de 1996 bajo el gobierno de Zedillo, fue la descentralización de los parques nacionales. Este programa constituía el primer esfuerzo coherente para desarrollar una estrategia para proteger los recursos biológicos del país y fue resultado de una consulta a la comunidad científica nacional, conservacionistas y pueblos indígenas. Algunas de las prioridades de este programa fueron: 29 El BM participó en la creación de una red mundial de bancos de germoplasma desde 1974, a través de la International Board for Plant Genetic Resources, bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos. Incluye 26 centros de investigación, programas universitarios de investigación, unidades gubernamentales de almacenamiento y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional. Gian Carlo Delgado Ramos, La biopiratería y la propiedad intelectual como piedra angular del dominio tecnológico por y para el capital, 2002, versión Internet [email protected] 30 El proceso de búsqueda y evaluación que permite identificar, seleccionar y aislar componentes útiles de los recursos de la biodiversidad (ecosistemas, especies o genes) se conoce como bioprospección. Ésta es la exploración de la diversidad biológica y del conocimiento indígena ligado a ella, para facilitar la selección y extracción de recursos genéticos y bioquímicos que puedan resultar en productos comerciales. 31 Es la apropiación por parte de instituciones públicas o privadas de investigación, ONG, CMN de los recursos genéticos y de los conocimientos asociados a ellos, para su apropiación privada y con fines de lucro.

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1. recategorizar los parques nacionales, y 2. desarrollar sistemas adecuados de información de la biodiversidad (BM, 1997:5). Precisamente, la propuesta de descentralización de los parques nacionales transformados en áreas naturales protegidas, es una de las áreas prioritarias del BM para el proyecto del corredor (The World Bank, 2000:2-3). En ese sentido, el gobierno de Zedillo recoge la formulación planteada por el banco. La Estrategia de Asistencia de País (CAS, por sus siglas en inglés), establece para México “tres temas centrales para el Grupo del Banco Mundial: sustentabilidad social, remoción de obstáculos al crecimiento sustentable y gobernancia pública efectiva. Dentro de este amplio marco, el CAS identifica cinco áreas prioritarias para la participación del banco en el sector ambiental: desarrollo institucional, descentralización del manejo ambiental, mejoría en el manejo de recursos naturales (por ejemplo, bosques, agua y biodiversidad) y asistencia en el diseño de políticas sectoriales” (The World Bank, 2000:2-3). La idea de descentralización de los parques nacionales está asociada a un concepto global denominado gobernancia32 que se viene elaborando desde principios de los años noventa en el ámbito de las relaciones internacionales, bajo el cual se integra el proceso de conformación de un nuevo orden mundial y de regulación internacional que se empieza a configurar desde la disolución del conflicto Este-Oeste y la reestructuración económica mundial. Bajo este concepto se plantea una descentralización “a ultranza” que supone la creación de autonomías regionales en los estados nacionales, con autosuficiencia económica y, desde luego, jurídica y política.33 Desde la óptica de la “buena gobernancia” el proceso de descentralización genera las condiciones para la fragmentación de los estados nacionales en pequeñas repúblicas y, en ese sentido, los gobiernos locales se vuelven un elemento crucial de la gobernancia (PNUD, 1997). En la perspectiva de la gobernancia, la descentralización se convierte en un instrumento de la economía política global que permite la reasignación de recursos de la biodiversidad, haciendo posible la privatización de los mismos. Con la descentralización de las áreas naturales protegidas, la privatización de los recursos de la biodiversidad se vuelve un objetivo fácilmente alcanzable, dado que 32 Véase, Rosenau, James, Ernst-Otto Czempiel, Thomas J. Biersteker, Janice E. Thomson, Mark W. Zacher et al., Governance without government: order and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 33 La Conferencia de Naciones Unidas estableció que la descentralización radica en la necesidad de dotar de autonomía jurídica, política, administrativa y económica a las regiones-ciudades para establecer vínculos globales que no requieran de la aprobación de los gobiernos de dichos países. De ahí que los nexos globales serán menos entre países y más entre regiones o ciudades que compitan entre sí por una inserción competitiva en el mercado mundial. Para los países subdesarrollados representaría una profundización de la fragmentación de las economías, la cual se expresa al nivel regional y entre sectores. Por otro lado, las regiones transformadas en “micro estados” serían fácil presa de las CMN. PNUD, Governance for Sustainable Growth and Equity, Conferencia de Naciones Unidas, Nueva York, 28-30 de julio de 1997.

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las negociaciones entre eventuales organismos multinacionales o corporaciones multinacionales con los poderes públicos regionales o locales, tendrían lugar en el marco de las grandes asimetrías entre poderes internacionales y regionales o locales.

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Como ya se mencionó más arriba, otra de las áreas prioritarias del BM en el sector ambiental, para el proyecto del corredor, es el desarrollo institucional. El interés por el desarrollo institucional recoge la experiencia del Proyecto de Áreas Protegidas del cual el Banco extrajo la lección de que “el desarrollo institucional y la política ambiental en su conjunto deben ser dirigidas” (The World Bank, 2000:22). Con estas prioridades, el banco busca elevar a rango institucional (mainstreaming) a la biodiversidad en la planeación del desarrollo. Desde este punto de vista, el banco condujo al gobierno mexicano a establecer una coordinación interinstitucional, llamada “Bases de Colaboración Interinstitucional” entre las Secretarías del Ambiente (Semarnap), Agricultura (SAGAR), Desarrollo Social (Sedesol), Transporte (SCT) , Reforma Agraria (SRA), Educación (SEP), Salud (SSA) y Comercio (SECOFI) (The World Bank, 2000). La estrategia de construcción de instituciones ambientales impulsada por el BM busca establecer una regulación jurídico-política de la biodiversidad, creando las condiciones para la valorización de la naturaleza y, de ahí, a la privatización de la biodiversidad. Esto significa que la globalización no es conducida por la “mano invisible del mercado”, “no es un proceso autónomo de mercados desincorporados (disembedded markets)” (Brand/Görg, 2001:3). La lógica de instrumentación político-administrativa del proyecto del CBM se desprende del carácter del BM como agencia de la presidencia imperial de Estados Unidos (Saxe-Fernández et al., 2001), donde, si bien su contribución al costo del proyecto sólo es del 16% (The World Bank, 2000:8), éste logra imponer la conducción del proyecto más allá de su aportación financiera real. Como puede verse en uno de los aspectos del programa, en donde se señala que la agencia ejecutiva (CONABIO) será responsable y seguirá “los estándares de procedimiento del banco para todas las adquisiciones del proyecto”, esto incluye la obtención de servicios de consultoría, bienes y equipo, entrenamiento, trabajos civiles menores y donaciones” (The World Bank, 2000:16). Por otra parte, el BM “proveerá comentarios técnicos a los Planes Operacionales del Corredor antes de someterlos al Consejo Nacional del Corredor; y proveerá su visto bueno al programa de trabajo como un todo” (The World Bank, 2000:15-16). Sólo una razón política explica el grado de sometimiento de las autoridades mexicanas al BM. En la estrategia de construcción institucional el banco se comporta como la cabeza de las instituciones estatales que el mismo promueve: ni más ni menos que como un procónsul del imperio.

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BIOPROSPECCIÓN

El proyecto señala que la base de datos sobre especies, poblaciones y ecosistemas será la base del sistema de evaluación y monitoreo integrado del proyecto y que, además, las necesidades de operación de los proyectos requieren de compartir la información a todos los niveles. Cada categoría de manejo sustentable de recursos naturales en el proyecto del CBM incluye actividades de definición e inventario, tanto en bosques, como en plantas medicinales, fibras, plantas ornamentales y resinas. El proyecto indica que la participación de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) como entidad ejecutiva, garantiza que “los resultados del monitoreo y evaluación serán integrados en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad creado por CONABIO” (The World Bank, 2000:14). CONABIO será responsable de todas las actividades biológicas y ecológicas del subcomponente de Monitoreo y Evaluación del proyecto, incluyendo su diseño, subproyectos y contratación de consultores (The World Bank, 2000). Con ello el BM queda liberado de cualquier sospecha de realizar bioprospección. El monitoreo y evaluación del corredor biológico se impulsará en diferentes escalas con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (CIG), construido sobre trabajo científico reciente desarrollado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, en inglés) y adaptado a las condiciones de México. CIFOR además, se propone evaluar los efectos del manejo de la biodiversidad, mediante el examen de los procesos que la mantienen, y éstos, por medio de indicadores adaptados a las condiciones locales (The World Bank, 2000).

RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS

El análisis de los recursos de la biodiversidad se limita al estado de Chiapas, dado que ahí se hallan los mayores recursos de biodiversidad (hot spots) del conjunto de las áreas del corredor. La alta diversidad biológica existente es resultado de la confluencia de la biota y las variaciones climáticas espaciales de las zonas biogeográficas Neoártica, en el hemisferio norte y Neotropical, en el hemisferio sur, acentuada por condiciones geomorfológicas que alcanzan su máxima expresión en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (The World Bank, 2000). Chiapas, dice Andrés Aubry, es la bisagra que une las dos Américas, su posición ístmica le permite beneficiarse de los vientos de dos océanos, Pacífico y Atlántico, creando la humedad necesaria para sus selvas. “Así se explica la diversidad prodigiosa de los recursos del corredor biológico ahora conformado” (Aubry, 2002). En Chiapas se encuentran abundantes bosques del tipo tropical perennifolio o selva tropical húmeda, que contiene la mayor riqueza biológica, reconociéndose 500 mil especies de fanerógamas (5% son endémicas del país) y 452 especies de árboles tropicales (9.6% son endémicos) (Barreda, 1999). Las zonas de

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bosques húmedos tropicales se encuentran en la Selva Lacandona, el Ocote y el Triunfo, estos dos últimos ubicados en la vertiente costera de la Sierra Madre del Sur, pertenecientes al corredor biológico. La riqueza biológica de la Selva Lacandona se ilustra en el siguiente cuadro, en el que se contrastan las cifras de flora y fauna en el ámbito nacional con las de la selva, y el porcentaje que representan las especies de la selva con relación al total nacional. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y REPRESENTATIVIDAD DE LA SELVA LACANDONA CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL (NÚMERO DE ESPECIES)

Especies Flora Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Mariposas

México 30 000 439 1 041 717 284 1 069

Selva Lacandona 3 400 163 340 84 25 450

% 10.0 15.9 31.8 9.0 8.8 42.0

FUENTE: Víctor Hugo Hernández y Edouard Adé Blanchard (coords.), Selva Lacandona, Un paraíso en extinción, México, Seguros Comercial América, Grupo Pulsar, 1997, p. 44.

Del conjunto de la Selva Lacandona, el área biológica y ecológicamente más rica es la subregión de las Cañadas. Su diversidad de relieves, donde se hallan elevaciones de cerca de 2 000 m hasta pequeños valles ubicados a una altura de 300 m sobre el nivel del mar, le permiten desarrollar una gran variedad climática y una gran diversidad de paisajes, convirtiéndola “en una de las porciones ecológicamente más complejas del país, con zonas tropicales y templadas, húmedas y subhúmedas” (Toledo, 2000:97), que se combinan en un territorio relativamente pequeño. Se trata de un territorio que metafóricamente se puede entender como un papel arrugado.

PETRÓLEO Y CONTRAINSURGENCIA

El proyecto original del BM reducía a la conservación de la biodiversidad en 12 áreas protegidas del país (1993), esto después de una reestructuración que las reduce de 17. Más tarde, en el Proyecto Reestructurado de abril/mayo de 1996 el proyecto del banco incluye a 10 reservas para la conservación de la biodiversidad (The World Bank, 1997). El territorio ocupado por el Proyecto Reestructurado de 1996 del BM en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se reduce a las áreas protegidas, tal como puede verse en el mapa 1.

1

OCÉANO PACÍFICO

PROYECTO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL BM,

MAPA

1996

CAPITAL NACIONAL CAPITALES ESTATALES

RESERVAS PROYECTADAS

CIUDADES O PUEBLOS PRINCIPALES LÍMITES ESTATALES LÍMITES INTERNACIONALES

GOLFO DE MÉXICO

Bahía de Campeche

MÉXICO PROGRAMA GEF DE ÁREAS PROTEGIDAS

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Sin embargo, como resultado de una evaluación realizada en agosto de 1995 en San Cristóbal de Las Casas en donde participan el Consorcio Paseo Pantera34 y Conservation International (Barreda, 1997), quienes proponen la creación de una “zona de conexión biológica” entre la Frailesca y la reserva de la Biosfera el Triunfo y la reserva de la Sepultura, desde la frontera suroeste a lo largo de la Sierra Madre del Sur, el BM transforma el proyecto original de áreas protegidas en la creación de varios corredores que integran las áreas protegidas de los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, incorporando la propuesta de corredor biológico en el proyecto que aparece en noviembre de 2000. De esta forma, bajo el concepto de corredor biológico se integran asentamientos poblacionales, áreas de amortiguamiento y áreas protegidas, generando una conectividad biológico social (The World Bank, 2000) (véase el mapa 2). En el caso de Chiapas, la extensión sobre los territorios zapatistas y sobre un espacio en el que no sólo se hallan recursos genéticos, sino también yacimientos petroleros y agua dulce, así como la posibilidad de desarrollar energía hidroeléctrica, provoca un giro estratégico a la concepción del corredor y a la presencia del BM. En esa nueva perspectiva estratégica, el petróleo y la contrainsurgencia entran en una ecuación geopolítica. México y Venezuela son los dos países que en la región continental constituyen los mayores proveedores de petróleo a Estados Unidos, otro de los proveedores más importantes es Colombia. En la V Conferencia Ministerial de Iniciativa Energética realizada en México, en marzo de 2001, el secretario de Energía de Estados Unidos señaló la importancia de una mayor cooperación regional energética, esto significa el envío de mayores cantidades de petróleo a Estados Unidos35 En Colombia, los intentos de incrementar la producción de crudo se han visto entorpecidos por los ataques de la guerrilla a las instalaciones y ductos petroleros, en tal sentido, la participación de Estados Unidos en el Plan Colombia está asociado a la necesidad de aumentar la producción de petróleo. “En ningún momento Washington ha ligado explícitamente estos esfuerzos con sus políticas energéticas, pero sus funcionarios, sin duda, creen que una reducción sustancial de la actividad guerrillera permitirá un eventual incremento en la producción de crudo” (Klare, 2002). La relación entre el combate a la guerrilla y las necesidades energéticas de Estados Unidos, tiene, en México connotaciones que presentan ciertas semejanzas. El levantamiento zapatista da lugar a un nuevo actor político-militar: el EZLN, que estorba a los intereses del BM en la región. En ese marco, la creación del co34 El consorcio Paseo Pantera es una institución que se integra con la colaboración de la Oficina de Programas Centroamericanos de la USAID Guatemala y la dos organizaciones conservacionistas no gubernamentales: Wildlife Conservation Society (WCS) y la Caribbean Conservation Corporation (CCC) (Barreda, 1997). 35 En un análisis estratégico elaborado por la empresa Stratfor, se afirma que Estados Unidos, “sería feliz de cambiar la dependencia de Venezuela o Arabia Saudita, ambos miembros de la OPEP, por una mayor dependencia con su vecino y aliado México” (El Universal, 7 de abril de 2002).

2

DEL BM,

2000

BIOLÓGICO MESOAMERICANO

PROYECTO DEL CORREDOR

MAPA

Bahía de Campeche

Golfo de Honduras

Mar Caribe

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rredor, un nuevo concepto ecológico que no sólo integra áreas naturales sino también establece una conectividad ecológica sobre asentamientos poblacionales, justifica la extensión del espacio de interés del banco, sobre territorios zapatistas y yacimientos petrolíferos. La creación del corredor en este nuevo escenario, tiene el sentido de forzar la pacificación en Chiapas, de manera que los grupos armados no obstaculicen la perspectiva de ampliar la explotación petrolera en esa región. Desde luego, éste no es el propósito explícito. Desde la lógica del BM la ampliación del corredor sobre las zonas de yacimientos petroleros, en el contexto de un conflicto de guerra interna, transforma al proyecto de corredor biológico en un proyecto de interés geoestratégico para Estados Unidos, porque la presencia del EZLN atenta contra la seguridad nacional de ese país, en cuanto pone en riesgo el abasto de energía para la economía norteamericana, haciendo obligada la pacificación desde el enfoque de la guerra de baja intensidad. La extensión del corredor sobre zonas petroleras en Chiapas avanza en el sentido de una ocupación preventiva de un espacio estratégico para las necesidades energéticas de Estados Unidos. En la estrategia de la cooperación energética de México, como proveedor seguro de petróleo a Estados Unidos, el plan energético de Bush considera que “México es una fuente destacada y confiable de petróleo importado […], sus grandes reservas básicas, aproximadamente 25% mayores que nuestras reservas probadas, hacen de México una fuente probable de producción petrolera incrementada en el próximo decenio” (Klare, 2002:IV). Esto explica el enorme despliegue de las fuerzas armadas en la zona de conflicto, particularmente desde febrero de 1995 y no el riesgo de un “desborde” militar de los zapatistas. Las presiones del BM sobre el gobierno mexicano para expulsar a las poblaciones asentadas en Montes Azules, podrían ser un indicador del tipo de salida que pueda darse a las comunidades “alzadas” existentes en el territorio del Corredor. Por otro lado, frente a los posibles reclamos de impacto ambiental derivados de la explotación petrolera en la Selva Lacandona, qué mejor garantía para que tal cosa no ocurra, a pesar de la extracción de petróleo, que el BM, la autoridad mundial del medio ambiente. Los yacimientos petroleros en la zona del corredor se ubican en Los Altos de Chiapas y en la región de la selva, ambas regiones tienen una alta potencialidad de presencia de petróleo. Un informe del General Accounting Office cita los datos proporcionados por un funcionario de Pemex, quien señala el descubrimiento de un gran campo petrolero en el estado de Chiapas, cerca de Ocosingo (Barreda, 1999). De acuerdo con la regionalización de Pemex, se establecen las siguientes áreas de prospectos: Nazareth, al oeste del municipio de Ocosingo y al norte de Altamirano. Ahí se evalúa una reserva potencial estimada de 2 178 millones de barriles de crudo. En los municipios de Ocosingo, cerca de la frontera con Chilón y al sur de Palenque se encuentra el prospecto Ocotal Noroeste, el que posee

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grandes potencialidades de existencia de hidrocarburos. El prospecto San Fernando en el área de Bonampak-Yaxchilán tiene también muchas posibilidades de contener hidrocarburos. Un documento de Pemex señala la existencia de varios yacimientos gigantes en el área de Marqués de Comillas y Yaxchilán, estableciéndose una reserva potencial estimada en 1 498 millones de barriles de crudo. Y, por último, las reservas petroleras en el valle de Amador en Montes Azules (Barreda, 1997) (mapa 3). Por otra parte el EZLN señala la existencia de yacimientos petroleros en el Zapotal y Pichucalco (en la reserva de Montes Azules) y en el Zapote, en la parte noroeste de Montes Azules, cerca de Taniperla (Barreda, 2000:7) (mapa 4).

PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIOS

A diferencia del PPP, el cual sostiene que la dispersión geográfica es la fuente de la marginación social indígena y del uso degradante de los recursos naturales, el proyecto de CBM mantiene la posición de apoyarse en las comunidades indígenas y rurales con sus prácticas productivas para conservar y generar formas de uso sustentable de la biodiversidad. La diferencia entre ambos enfoques, radica en que mientras el PPP pone el énfasis en un proyecto productivista tradicional, donde los objetivos de alcanzar la sustentabilidad ambiental en el sur-sureste son sólo un referente del discurso “verde”, el proyecto del CBM, con base en la perspectiva del informe Brundtland,36 recoge la preocupación por el alivio a la pobreza y por el desarrollo de las poblaciones indígenas. El CBM, que tiene como área focal a la biodiversidad se ubica en el enfoque de las llamadas “industrias de la vida”, en donde los términos de la ecuación de la biodiversidad establecen, por una parte, a la valorización de la naturaleza y, por la otra, al conocimiento tradicional. Los recursos genéticos son parte constitutiva de la biotecnología, como lo es igualmente el conocimiento de los pueblos indios. Una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indios (PDPI) es el fortalecimiento de las prácticas productivas de las poblaciones indígenas compatibles con la conservación. Otras de las líneas estratégicas están encaminadas al desarrollo de las comunidades indígenas en los ámbitos organizativos, de salud y educación. El proyecto de CBM señala que para alcanzar su meta se promoverán proyectos productivos para uso sustentable de la biodiversidad, incluyendo entrenamiento y mercadeo. Estos esfuerzos estratégicos serán enriquecidos por un sistema de monitoreo y evaluación basado en la participación local y de académicos. Como resultado del proyecto, se espera que pueda mantenerse un “modelo de manejo 36 Es el nombre de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo que trabajó en Oslo y fue presidida por la primera ministro de Noruega Gro Harlem Brundtland. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro futuro común, Madrid, Alianza editorial, 1987.

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3

PRINCIPALES PERFORACIONES Y HALLAZGOS PETROLEROS EN EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS COINCIDEN CON LAS ÁREAS MÁS DEFORESTADAS

Área de selva conservada Parques nacionales, reservas de la biósfera o equivalentes

Reserva privada o comunal Pozos exploratorios Campamentos de Pemex Yacimientos de petróleo

Área de mayor riqueza biológica

de recursos naturales económicamente atractivo. Que sea compatible con –y favorable a– la conservación” (The World Bank, 2000, Annex 12:1). Los indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones son “aliados esenciales” en la búsqueda del desarrollo sustentable, entendido “en un sentido social, cultural y ecológico” (The World Bank, 2000, Annex 12:1), en tanto depositarios de conocimientos de la naturaleza, como parte de su cultura y visión del mundo. El proyecto busca construir alternativas basadas en este conocimiento, para lo cual se definen importantes funciones para la participación local en el desarrollo de este proyecto (planeación comunitaria, talleres, formación de consejos en el ámbito estatal, entrenamiento, compartir experiencias), que re-

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4. INCONGRUENCIA DE LÍMITES ENTRE LA VERSIÓN DE LA RIBMA OFRECIDA POR EL INEGI Y LA

DE LA SCT Y EL GOBIERNO DE CHIAPAS

Reserva de Montes Azules de acuerdo con el INEGI Reserva de Montes Azules de acuerdo con la SCT Áreas exploratorias reportadas por el EZLN Yacimientos petroleros reportados por el EZLN

sulten en una aplicación del plan apoyada principalmente en esa participación. Por otra parte, el 39% del total de la población del corredor es indígena y existen áreas donde la mayoría es indígena, como en el caso de Chiapas, Campeche y Quintana Roo (The World Bank, 2000, Annex 12). En la parte del CBM del estado de Chiapas destaca el hecho de que a pesar de incluir poblaciones zapatistas, en la porción de la Selva Lacandona del corredor, las áreas focales son: Ixcán en la zona fronteriza del sur, Yaxchilán y Neha-Metzabok al norte de la reserva de Montes Azules. Las áreas focales son la denominación del proyecto del CBM a las poblaciones con las cuales se pretende desarrollar proyectos productivos de desarrollo sustentable. Las poblaciones lacandonas se han caracterizado a lo largo de la historia reciente por su asimilación a las prácticas gubernamentales, además de haberse mantenido al margen del conflicto zapatista. Asimismo, en el conjunto de las poblaciones de la selva, los lacandones constituyen el grupo indígena más antiguo de la selva, no obstante que se considera que su llegada a esta región se ubica en el siglo XVIII. El resto de los asenta-

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mientos poblacionales de la selva son grupos indígenas mayas emigrantes de los Altos o del norte de Chiapas. En ese sentido, carecen del conocimiento tradicional que poseen las comunidades lacandonas sobre los recursos naturales de la selva. De este modo, también se muestra el interés del BM por incorporar poblaciones “dóciles” que acepten los programas productivos del corredor. El Plan de Desarrollo de los Pueblos Indios es una buena fachada de sustentabilidad ambiental, social y económica del “banco verde” (Bryant/Bailey, 1997), dada la incongruencia mostrada frente a la existencia de asentamientos poblacionales rebeldes en “su territorio” de Montes Azules, donde la estrategia de expulsión de las poblaciones asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules refleja los intereses reales del banco. En la estrategia de expulsión se entrecruzan diferentes actores: 1. La demanda de desalojo de la comunidad lacandona armada con datos y fotografías proporcionadas por Conservation International (La Jornada, 25 de marzo de 2002), una ONG que realiza biopiratería en Chiapas desde hace varios años. 2. El predominio de la línea del desalojo sin concertación en la Mesa Ambiental de Chiapas para tratar la problemática de la Selva Lacandona, en la que participan representantes de autoridades federales y que encabeza el titular de Semarnat. 3. La previa calificación de los pobladores del área de Montes Azules como “terroristas ambientales” por el anterior titular de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinzer. 4. El acoso a las comunidades del área de Montes Azules mediante sobrevuelos de helicópteros militares (La Jornada, 19 de marzo de 2002). Detrás del desalojo hay una estrategia que busca integrar diversos objetivos: A] Cumplir con los compromisos políticos firmados por el gobierno mexicano con el Banco Mundial, en particular, el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano. Uno de los requerimientos del banco es la observancia de la regulación ambiental (LGEEPA) o como la llama el banco: la gobernancia pública efectiva. Desde la óptica del BM, las comunidades asentadas en la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, la cual forma parte del corredor, estorban a su proyecto, sobre todo si no se trata de comunidades “dóciles”. B] La mitad de las comunidades asentadas en Montes Azules son bases de apoyo zapatistas, ahí el objetivo contrainsurgente es evidente: desarticular y aislar a dichas bases de apoyo. C] Facilitar las tareas de los organismos nacionales (Grupo Pulsar) e internacionales (Conservation International) dedicados a la biopiratería en Chiapas. Se protege la selva de las comunidades indígenas asentadas en la reserva de la biosfera para entregarla a los piratas de los recursos genéticos. Para las autoridades medioambientales: Semarnat, PROFEP, INE y CONABIO, los terroristas ambientales no son las compañías madereras que trafican clandestinamente con la selva de Chiapas, sino las comunidades indígenas pobres para quienes el estado de derecho es sólo una ficción.

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Los riesgos de una escalada sangrienta son claros: las comunidades indígenas han declarado su intención de defender sus tierras, por otra parte, las autoridades federales han manifestado su interés de imponer el desalojo, el entonces Consejero de Seguridad Nacional hizo alusión, en diciembre de 2001, a “una operación de guerra” (La Jornada, 25 de marzo de 2002). Una salida al problema podría estar en adoptar la propuesta que plantean las comunidades de asumir la tarea del manejo sustentable de la selva, conforme al Acuerdo 169 de la OIT firmado por el gobierno mexicano.

PPP Y CBM: COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS

El PPP es un proyecto concebido desde la perspectiva de sometimiento a la exclusividad de la inversión estadunidense en México, ya que se abre en aquellas áreas de inversión en las que han avanzado los cambios jurídico-institucionales en el marco del TLCAN. Los objetivos de superación del atraso del sur-sureste contenidos en el PPP se alcanzarán desde la lógica de la teoría del goteo, mediante la cual la derrama económica producirá beneficios sociales per se. El PPP le da al capital norteamericano un campo de expansión muy significativo y además posibilita el acceso a recursos estratégicos para la economía de Estados Unidos. El PPP le brinda también a Estados Unidos la posibilidad de tender un puente hacia el sur para el establecimiento del ALCA. Por último, es un instrumento de protección de su frontera sur frente a las amenazas que representa el flujo migratorio meridional. Por su parte, el CBM está planteado como un proyecto encaminado a ejercer presión sobre el gobierno mexicano para la protección de los recursos estratégicos de petróleo y energía existentes en la parte del corredor correspondiente a Chiapas, frente a la amenaza de la guerrilla zapatista. Se trata de la ocupación preventiva de un territorio estratégico para las necesidades energéticas de Estados Unidos. Sin embargo, no son despreciables los intereses del BM por el acceso a los recursos de la megabiodiversidad, sobre todo en Chiapas. Las coincidencias residen en que ambos responden a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos. Sin embargo, difieren en su concepción: el PPP se elabora desde la perspectiva del gobierno mexicano de que el mejor futuro del país reside en el sometimiento a la anexión económica con el vecino del norte. Mientras que el CBM se diseña desde una lógica de imposición imperial BMAID, la cual tiene como contraparte a la sumisión del gobierno de México. En el ámbito del medio ambiente, las acciones del BM le permiten la creación de instituciones del tipo estado-paralelo, elevar a rango institucional a la biodiversidad y desarrollar las condiciones que conduzcan a la privatización de los recursos de aquélla, por medio de la descentralización del manejo de las áreas protegidas. Un rasgo común a ambos proyectos es, finalmente, su estrategia frente al mo-

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vimiento armado zapatista, planteando una pacificación contrainsurgente desde la lógica de la guerra de baja intensidad.

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Estados Unidos Mexicanos, INEGI, Las Margaritas, Chiapas. Carta topográfica 1: 250 000.

250 REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

Periódicos La Jornada, 25 de junio de 1999. La Jornada, 4 de enero de 2000, p. 5. La Jornada, 25 de marzo de 2000, p. 14. La Jornada, 10 de mayo de 2000, pp.6-7. La Jornada, 9 de enero de 2001, p. 6. La Jornada, 10 de enero de 2001, p. 7. La Jornada, 2 de febrero de 2001, p. 8. Milenio, 22 de febrero de 2001, p. 13. Excélsior, 4 de marzo de 2001, p. 8. El Universal, 8 de marzo de 2001, p. 4. La Jornada, 10 de marzo de 2001, p. 13. La Jornada, 17 de marzo de 2001, p. 12. La Jornada, 18 de marzo de 2001, p. 5. La Jornada, 19 de marzo de 2001, p. 12. El Financiero, 19 de marzo de 2001, p. 38. La Jornada, 8 de junio de 2001, p. 42. Reforma, 15 de junio de 2001, p. 10. La Jornada, 16 de junio de 2001, p. 3. La Jornada, 17 de junio de 2001, p. 8. La Jornada, 18 de junio de 2001, p. 8. El Financiero, 18 de junio de 2001, p. 26. La Jornada, 21 de junio de 2001, p. 12. La Jornada, 23 de junio de 2001. La Jornada, 24 de junio de 2001, p. 41. Novedades, 24 de junio de 2001, p. 13. La Jornada, 25 de junio de 2001, p. 18. Reforma, 3 de julio de 2001, p. 7. La Jornada, 8 de julio de 2001, p. 19. La Jornada, 10 de julio de 2001, p. 15. Excélsior, 14 de julio de 2001, p. 17. Excélsior, 14 de julio de 2001, p. 26. El Universal, 18 de julio de 2001, p. 14. La Jornada, 22 de julio de 2001, p. 6. La Jornada, 25 de julio de 2000, p. 24. La Jornada, 26 de agosto de 2001, p. 8. La Jornada, 26 de agosto de 2001, p. 12. La Jornada, 15 de noviembre de 2001, p. 33. La Jornada, 19 de noviembre de 2001, p. 37. La Jornada, 6 de diciembre de 2001, p. 23. La Jornada, 9 de diciembre de 2001, p. 38. La Jornada, 18 de diciembre de 2001, p. 10. La Jornada, 2 de febrero de 2002, p. 22.

ALFONSO LÓPEZ RAMÍREZ

LOS INTERESES GEOESTRATÉGICOS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PLAN PUEBLA PANAMÁ

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La Jornada, 10 de febrero de 2002, p. 31. La Jornada, 14 de febrero de 2002, p. 3. La Jornada, 10 de marzo de 2002, p. 10. La Jornada, 16 de marzo de 2002, p. 15. La Jornada, 17 de marzo de 2002, p. 16. La Jornada, 18 de marzo de 2002, p. 16. La Jornada, 19 de marzo de 2002, p. 51. La Jornada, 20 de marzo de 2002, p. 6. La Jornada, 20 de marzo de 2002, p. 24. La Jornada, 21 de marzo de 2002, p. 7. La Jornada, 21 de marzo de 2002, p. 22. La Jornada, 24 de marzo de 2002, p. 13. La Jornada, 25 de marzo de 2002, p. 9. La Jornada, 27 de marzo de 2002, p. 11. La Jornada, 28 de marzo de 2002, pp. 10-11. La Jornada, 30 de marzo de 2002. La Jornada, 31 de marzo de 2002, p. 14. El Universal, 7 de abril de 2002, pp. 1 y 12. La Jornada, 9 de abril de 2002, p. 11. La Jornada, 11 de abril de 2002, p. 6. La Jornada, 11 de abril de 2002, p. 58. La Jornada, 12 de abril de 2002, pp. I-IV. La Jornada, 19 de abril de 2002, editorial, p. 2. Revistas Boletín “Chiapas al Día”, núm. 175, 18 de septiembre de 1999, CIEPAC, Chiapas, México. Proceso, 10 de junio de 2001, pp. 26-28. Siempre!, 28 de junio de 2001, p. 80.

ÍNDICE TEMÁTICO ELABORACIÓN: MA. ELENA GALEANA*

DESCRIPTORES

acumulación interna, 54 acumulación transnacional del capital, l67 alternativas políticas, 75, 76, 79, 81, 82 automatización, 91

y PATRICIA SALCIDO CAÑEDO

desarrollo capitalista nacional, 22, 91 desarrollo urbano-industrial, 32 descontento social, 57 desigualdad mundial, 92 deuda pública, 63 doctrina de seguridad nacional, 40

bolsa de valores, 59, 61 burguesías transnacionalizadas, 19, 65

educación, 119 entidades locales de poder, 87, 95, 101 entidades transnacionales de poder, 87, 93, capital, 21, 90, 91 101, 102 capital financiero, 22, 61, 63, 72, 90-91, 92 equilibrio macroeconómico, 55 capitalismo, 90 Estado: capitalismo de agroexportación, 23 capitalista, 26, 50 capitalismo dependiente, 71 Estado de compromiso, 113 capitalismo global, 89 Estado de contrainsurgencia, 41, 68 cardenismo, 32, 35 Estado de derecho, 76 ciudadanía, 58 Estado desarrollista burgués, 37, 38 clase dominante, 35, 52,121 Estado desertor, 112, 123 clase media, 120, 126 Estado hegemónico, 51 clientelismo, 129, 131 Estado interventor capitalista, 33 corporaciones transnacionales, 61 Estado nacional desarrollista, 11, 17, corporativismo, 28, 33, 34, 36, 118, 129, 130 19, 21, 23, 37, 41, 42, 43, 51, 65 corrupción, 69, 70 Estado nacional oligárquico, 21, 23, 26, crimen organizado, 123 27 crisis económica, 29, 107-108, 116 Estado nacional popular, 24, 27, 42, 43, crisis política, 57, 105, 106 44, 78 crisis social, 116 Estado neoliberal, 67, 70, 95, 97 Estado neoliberal dependiente, 55, 56, democracia, 52, 53, 57, 75, 99, 109, 110, 72 111, 113, 117, 134 Estado social, 17, 34, 107 democracia, deterioro de la, 67, 72, 73, 74, Estado, crisis del, 113, 123, 124, 125, 134 124 Estado, legitimidad del, 54, 63, 69, 125 democracia, transición a la, 51, 110, 111 Estado, militarización del, 39 derecho al trabajo, 77 * Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Sociología. Socióloga y pedagoga por la FCPyS y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, respectivamente.

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ÍNDICE TEMÁTICO

partidos políticos, 57, 58, 65, 74, 75, 76, 78, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 patrón de desarrollo exportador, 53, 54 peronismo, 35 pobreza, 122 poder judicial, 122, 123 flexibilización laboral, 119 poder legislativo, 76 formas de representación, 131 política, 11, 13 fuerzas armadas, 29 política económica, 54, 58, 94, 97, 117 políticas públicas, internacionalización de gasto público, 64, 65 las, 87, 93, 100, 102 globalización, 18, 19, 52, 60, 61, 63, 71, 79, populismo, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 43 88, 89, 90, 91, 92, 102, 108, 120 precarización del trabajo, 117 gobernabilidad, 117 privatización, 120, 121 público-privado, 64, 77 industrialización, 21, 30, 33 instituciones, 53, 67, 68, 69, 70 recursos públicos, 77 integración regional, 56 reestructuración económica, 59, 62, 64 intervencionismo estatal, 60 reestructuración estatal, 12 reformas constitucionales, 118, 119 justicia social, 109 remesas, 57 liberalización económica, 55, 71 sector financiero, 52, 54, 72, 121 sindicalismo, 132 maquiladoras, 57 situación económica, 107 mediación política, 106 sociedad civil, 53, 57, 76, 77, 78, 81, 82, 83 mercado mundial, 115 solidaridad internacional, 77 migración laboral, 62 modernización, 27, 28 tecnócratas, 66, 97, 120 movimientos políticos, 75, 133 territorio, 125 movimientos sociales, 57, 77, 81, 82 terrorismo, 135 movimientos sociales radicales, 76, 78 mundialización, del capital, 59, 60, 61, 82, 83 tratados comerciales, 62 Estado, reforma del, 12, 71, 76, 98, 112 Estado, soberanía del, 56, 63, 99, 100 Estados de competencia, 58, 66 exclusión social, 120

neoliberalismo, 11, 12, 19, 20, 46, 60, 66, varguismo, 35 70, 71, 79, 80, 108, 114, 115, 116, 121 ORGANISMOS Y CONFERENCIAS

oligarquía, 30, 31, 59, 65 11 de septiembre, 135 ALCA, 136 organismos financieros internacionales, 19, Alianza para el Progreso, 40 31 Banco Interamericano de Desarrollo, 18 organización social, 126, 127 Banco Mundial, 18 organizaciones sociales, políticas, 73 Consenso de Washington, 94, 96 Fondo Monetario Internacional, 18, 94 participación política, 74 Foros Mundiales de Porto Alegre, 80 participación social, societal, ciudadana, 76 Mercosur, 59, 136 partidos conservadores, 75 TLCAN, 59, 136

ÍNDICE

PRÓLOGO,

por TERESA CASTRO y LUCIO OLIVER

11

REVISITANDO AL ESTADO. LOS ESTADOS POPULISTAS Y DESARROLLISTAS: PONER LAS COSAS EN SU LUGAR, RINA MUSSALI GALANTE

por TERESA CASTRO ESCUDERO, y LUCIO OLIVER COSTILLA

17

REVISITANDO AL ESTADO. LAS ESPECIFICIDADES DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA,

por LUCIO OLIVER COSTILLA

50

GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSNACIONALES: UNA (DES)CONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA LATINA,

por RINA MUSSALI GALANTE

87

LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO, SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD CIVIL Y EL PROBLEMA DE LAS MEDIACIONES,

por TERESA CASTRO ESCUDERO

¿DÓNDE QUEDÓ LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA?, por MASSIMO MODONESI

105 141

LA “GOBERNABILIDAD-GOBERNANZA”. COMO IDEOLOGEMA NEOLIBERAL GLOBALISTA,

por EDUARDO E. SAXE-FERNÁNDEZ

160

PODER Y CLASES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA: LA FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CLASES EN BRASIL,

por SEVERO SALLES

173

NUEVOS ODRES Y VIEJOS VINOS: LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI,

por CARLOS FIGUEROA IBARRA

186

LOS INTERESES GEOESTRATÉGICOS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PLAN PUEBLA PANAMÁ Y EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO, ÍNDICE TEMÁTICO,

por ALFONSO LÓPEZ RAMÍREZ

por MARÍA ELENA GALEANA y PATRICIA SALCIDO CAÑEDO

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214 253

formación: cecilia pereyra impreso en programas educativos, s.a. calz. chabacano 65, local a col. asturias 06850 méxico d.f. 20 de mayo de 2005