sociología y política
EL DEBATE LATINOAMERICANO VOLUMEN 3
PODER Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA por TERESA CASTRO ESCU...
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sociología y política
EL DEBATE LATINOAMERICANO VOLUMEN 3
PODER Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA por TERESA CASTRO ESCUDERO
* RINA MUSSALI GALANTE LUCIO OLIVER COSTILLA * MASSIMO MODONESI EDUARDO E. SAXE FERNÁNDEZ * SEVERO SALLES CARLOS FIGUEROA IBARRA * ALFONSO LÓPEZ RAMÍREZ coordinadores TERESA CASTRO ESCUDERO
y LUCIO OLIVER COSTILLA
siglo xxi editores, s.a. de c.v. CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D.F.
siglo xxi editores argentina, s.a. TUCUMÁN 1621, 7 N, C1050AAG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
portada de maría luisa martínez passarge primera edición, 2005 © siglo xxi editores, s.a. de c.v. en coedición con facultad de ciencias políticas y sociales-unam centro de estudios latinoamericanos (cela) programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica (papiit) isbn 968-23-2507-2 (obra completa) isbn 968-23-2567-6 (vol. 3) derechos reservados conforme a la ley impreso y hecho en méxico
PRESENTACIÓN GENERAL
En el año 2001 el Centro de Estudios Latinoamericanos inició el proyecto de investigación colectiva El debate latinoamericano actual. Tendencias, problemas y alternativas. En él participaron investigadores del CELA así como de otros centros de la UNAM y de otras universidades mexicanas, dedicados todos a los estudios latinoamericanos. La colección de cinco tomos que hoy el lector tiene en sus manos es producto de dicho esfuerzo colectivo. En ella hemos integrado estudios orientados a definir las principales tendencias del desarrollo social, económico, político y cultural de los países de la región latinoamericana. En su conjunto, esta colección tiene por objetivo la ubicación de lo que, consideramos, son los principales problemas latinoamericanos en los diversos ámbitos ya señalados; asimismo, nos propusimos trabajar en torno al planteamiento de las grandes tendencias que se están desarrollando en nuestra región en el marco de los procesos mundiales. Los tomos que conforman la colección tocan los siguientes campos de conocimiento, a saber: 1] el debate en torno a los planteamientos teóricos y las posturas epistemológicas desde las cuales se abordan los procesos y problemas de la región latinoamericana; 2] la concepción del desarrollo regional asociada a la reestructuración económica y política mundial; 3] la caracterización de las reformas de los estados y de las nuevas estructuras y funciones del poder y la política en relación con la sociedad y los cambios en las formas de dominación; 4] el nuevo significado e influencia de la nación y lo nacional bajo la globalización, así como el debate sobre el significado de diversos movimientos y actores sociales y nacionales; 5] la reafirmación del papel de la cultura, la identidad y la diversidad local, nacional y regional latinoamericana. En los cinco tomos de esta colección –y cada uno en su propia especificidad temática– se encuentra presente la búsqueda de alternativas, mismas que requirieron no sólo de indagaciones tanto en el ámbito teórico y analítico, como también desde el espacio en el que nuestras propias sociedades están planteando y construyendo sus propias propuestas. Así, los análisis y las propuestas teóricas que cruzan tanto a la colección en su conjunto, como a cada uno de los tomos, tienen como marco la presencia, algunas veces implícita y en otras explícita, de los sujetos sociales que conforman la realidad concreta de nuestros países; y tienen, además, una preocupación que animó el debate en cada uno de los cinco equipos de investigadores: la del presente y el futuro de nuestra América Latina. Esperamos que en estos libros esto se vea reflejado. Es importante, por último, destacar que este esfuerzo colectivo de investiga[9]
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ción fue posible desarrollarlo a lo largo de dos años de trabajo –y logró su cristalización en los cinco tomos que componen la colección–, gracias al respaldo otorgado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) a través del Proyecto IN305199, lo cual nos permitió contar con las bases infraestructurales para iniciar, desarrollar y llevar a buen término esta investigación. Agradecemos al PAPIIT su importante ayuda. Asimismo, el doctor Fernando Pérez Correa, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales impulsó y apoyó de manera importante la concreción de esta tarea colectiva. Valoramos ampliamente el interés que desde un principio mostró ante este esfuerzo académico. No podemos dejar de reconocer la contribución de Massimo Modonessi, María José Rodríguez y Felipe Varela, quienes participaron como becarios desde el inicio del proyecto. En las diversas tareas –desde las cotidianas de organización de los equipos, las reuniones generales, la elaboración de informes, hasta las que requerían de sus conocimientos teóricos y de su capacidad de análisis sobre la realidad latinoamericana– la participación de ellos significó un aporte valioso. LUCIO OLIVER COSTILLA IRENE SÁNCHEZ RAMOS
PRÓLOGO TERESA CASTRO LUCIO OLIVER
En este libro se debate el poder y la política en la América Latina de hoy. El punto de partida es que el menor peso aparente del poder y la disminución de la política bajo las reformas tecnocráticas del Estado de los últimos decenios son sólo una apariencia. Que en realidad ambos siguen siendo sostén de las instituciones y fundamentos de la reproducción actual de la economía y la sociedad. Sin embargo, es del interés de los círculos dominantes internos y externos de la actual mundialización que poder y política aparezcan diluidos y escondidos. De ahí que este tomo busque sacarlos a la luz pública y debatir su carácter y sus funciones. Los autores polemizan con las tesis del pensamiento neoliberal que defienden el papel redentor del libre mercado, que desaprueban cualquier intervención reguladora del Estado y difunden las bondades de una nueva y posmoderna sociedad civil atomizada y enajenada al mercado y al Estado. La realidad se ha encargado de cuestionar tales supuestos optimistas. A dos decenios de entronización del neoliberalismo en América Latina, los gobiernos de la región e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se niegan a establecer cualquier relación causal entre sus políticas de reforma del Estado, ajuste estructural, mayor internacionalización del capital y el creciente deterioro de la democracia, incremento de los conflictos sociales irresolubles, la persistencia del estancamiento económico y el alarmante aumento de la pobreza en la región. Los autores del libro critican desde diversos ángulos el Estado latinoamericano neoliberal actual y sus políticas modernizadoras. Llevan a cabo un análisis riguroso y fundamentado de su carácter, funciones, instituciones y mediaciones, con el fin de develar su papel histórico y estudiar el bloque de poder que los conforman. Igual esfuerzo se realiza en el estudio de los estados desarrollistas latinoamericanos anteriores. Se analiza su significado histórico y su carácter nacionalista, interventor y proteccionista, para entender y valorar las herencias que nos dejaron y para cuestionar los frecuentes descréditos que sobre los mismos hacen los ideólogos neoliberales. La polémica habida sobre los contradictorios avances del periodo populista y desarrollista nos obligaron a una nueva reflexión sobre el poder y la política en dicho periodo. Asimismo se recogen las controversias sobre la fase de su crisis y la complejidad de las alternativas a tales estados. Con respecto al Estado actual cabe decir que las políticas neoliberales de reforma del Estado, aplicadas por los gobiernos latinoamericanos en los dos últimos decenios, no resisten el mínimo análisis. Orientadas a la privatización de los acti[11]
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vos públicos, a la desregulación económica y financiera, a la transnacionalización de las políticas públicas y a la disolución de la soberanía nacional y popular, constituyen políticas de logros económicos mínimos y fracasos sociales máximos. Supuestamente estuvieron comprometidas con desterrar las múltiples instituciones burocratizadas, antidemocráticas y autoritarias del Estado y enfrentar la cultura política de la corrupción. Sin embargo, junto con esa lucha –cuya sinceridad es discutible dado el geométrico incremento de la alta corrupción en nuestra región–, echaron por la borda también a instituciones fundamentales del Estado, que a todas luces debían persistir, desarrollarse y asumirse como sustento de una nueva democracia política. Se trata de instituciones forjadas en decenios de sacrificio social, como las empresas estatales de carácter estratégico para el desarrollo nacional y para la soberanía, los proyectos populares y nacionales que incluyen políticas de planificación de la acumulación y de la distribución, las instituciones crediticias de apoyo a la expansión de la pequeña y mediana industria, las instituciones de salud, educación y seguridad social para beneficio de la población mayoritaria de la sociedad, el pacto político de compromiso nacionalista y popular que, con nuevos componentes democráticos, permitiría una estabilidad en el desarrollo de los países de la región. El abandono de aquéllas ha llevado a que nuestros países pierdan una herencia fundamental y buena parte de ellos ingresen por el camino de profundas crisis económicas y políticas, sin que puedan apelar a recursos nacionales y estatales que pudieran evitarlas o, por lo menos, aminorar sus efectos. Ciertamente era inevitable y deseable la reforma del Estado nacional populista y desarrollista bajo las nuevas condiciones de la mundialización y de desarrollo de la sociedad civil latinoamericana. La reforma del Estado, empero, debía haber transcurrido por otros rumbos distintos al neoliberal, que mantuvieran y/o recuperaran los logros institucionales, políticos, económicos e históricos del Estado latinoamericano del siglo XX y los proyectaran al XXI. Los autores del libro consideramos que la reestructuración de los estados debe encaminarse hacia hacerlos portadores de una concepción renovada de lo público que incluya la participación social directa y la priorización de los intereses colectivos. Se trata de abrir los estados a la participación eficiente y competitiva de nuestras economías en la actual fase de desarrollo capitalista, a partir de usar el poder público para alentar un alto nivel científico técnico nacional, para invertir en la calificación de la mano de obra y en el desarrollo de ramas productivas complejas asociadas con la transformación y elaboración de nuestros recursos naturales. La sociedad debe convertir a los estados en la expresión política de verdaderos proyectos populares y nacionales, definidos desde políticas sociales universales y desde el desarrollo de sociedades civiles populares fuertes, organizadas y dominantes, capaces de someter a los grupos empresariales a sus dictados. Una alternativa de reforma democrática y popular del Estado de esa naturaleza necesariamente implica una concepción global de lo local popular, y una aplicación local de lo global popular. Es esencial procurar el fortaleci-
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miento de las instituciones del Estado, la legitimidad de la democracia, su estabilidad relativa, y una disminución del nivel de desigualdad y pobreza de la mayoría de la sociedad. Está claro, sin embargo, que en las condiciones actuales del mundo tener a la mano una opción antineoliberal y una alternativa de reforma progresista del Estado no es una posibilidad fácil de países aislados en lucha contra la tendencia dominante. Requiere de avances sustanciales en la integración económica, política, cultural y social de Latinoamérica. Exige también la defensa conjunta del derecho de los países de nuestro subcontinente a incidir con independencia, soberanía y desarrollo en la mundialización en curso. Los estudios sobre el poder y la política, y la re-visita al Estado latinoamericano actual a través de nuestras investigaciones nos mostró también un aspecto que ningún latinoamericanista debería olvidar: el Estado puede reducirse al mínimo, sus funciones clásicas ser abandonadas, sus recursos económicos reducidos, sus políticas económicas y sociales definidas en función exclusiva de la rentabilidad del capital nacional y transnacional y sus gobernantes en turno privilegiar el alineamiento incondicional con Estados Unidos. Pero siempre existirá una voluntad política potencial de soberanía y proyecto nacional que la misma figura del Estado encarna –no obstante las políticas actuales contrarias a ello– y la sociedad permanentemente reclama. Eso significa darnos cuenta de la existencia de un recurso popular sumamente valioso para resistir a las políticas de subordinación internacional, para la elaboración potencial de otras políticas y otras orientaciones. La encarnación social y política de dicha voluntad política pasa por la transformación de la actual sociedad civil y por una nueva noción de lo público, de lo cual está urgida Latinoamérica. A lo largo de los distintos capítulos de este tomo se otorga especial atención a discutir el supuesto fin de la política de raíces históricas, otrora basada en el reconocimiento de la existencia dinamizadora y constructiva de los conflictos sociales profundos, y se polemiza con la actual política única de administración macroeconómica eficiente, gobernabilidad conservadora y mediaciones elitizadas, políticas que en lugar de procurar una renovación de lo público, persiguen y persisten en el fortalecimiento de lo privado-estatal. Los capítulos sobre la política en América Latina muestran que en estos días uno de los temas más importantes de la política pasa por su revalorización y recomposición, revirtiendo el desprestigio de una actividad fundamental para transformar las condiciones actuales. El fundamentalismo neoliberal, con su crítica al Estado populista al que los globalistas antipopulares declaran extinto, sumado al desprestigio de la política entre la sociedad y la tendencia de ésta a organizarse de manera autónoma por medio de movimientos sociales, organizaciones vecinales, ollas comunes, clubes de trueque y otras formas de organización en abierto rechazo al Estado y sus instituciones, habían marginado la problemática del Estado y decretado el fin de la política. La manipulación de los procesos electorales y de las luchas políticas por los
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medios de comunicación, el diseño intencionado de la ingeniería electoral, el vaciamiento de los proyectos de cambio, los procesos de desestructuración social, la pobreza creciente, la corrupción de algunos sectores de la élite política, con la consecuente desvalorización de la actividad pública y la ineficacia del Estado que abandona al ciudadano a su suerte, son algunos elementos que han precipitado esta grave crisis de representación, junto con la preocupante tendencia a caminar por vías parainstitucionales, creando vacíos que en general abren las puertas a liderazgos autoritarios (el neopopulismo conservador). No es casual, en ese sentido, la crisis de los partidos tradicionales en Colombia, la opción militarista para “resolver” la situación de enfrentamiento con la guerrilla, la crisis económica, los desplazados de la guerra interna y que, en ese contexto, más de la mitad de la población viviendo en la pobreza hayan colocado al nuevo presidente electo, Álvaro Uribe, como vanguardia de las fuerzas paramilitares de extrema derecha, lo que garantiza la continuidad de la vía militar y la exclusión del camino de la política. Algo similar ocurre con el virtual derrocamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, y su posterior reposición al cargo, acontecimientos que vivimos al cerrar este volumen y los cuales nos dejan la impresión de que el juego político electoral no parece ser la vía privilegiada para la resolución de los conflictos en las sociedades latinoamericanas. Los mismos mecanismos y concepciones que actuaron en la intentona de golpe de Estado, auspiciados por los grupos de ultraderecha que están en el poder en Estados Unidos, y por la mayoría de los gobiernos conservadores de América Latina, seguirán tratando, sin duda alguna, de evitar el desarrollo de la política democrática e imponer por la vía violenta la salida de Chávez. Hace dos años Óscar Cardoso, periodista del diario El Clarín comentaba el derrocamiento del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, hecho que, no obstante la activa participación popular que involucró y el carácter igualmente popular de la lucha indígena que acompañó a la deposición, “marcó un antecedente incómodo que no conviene ignorar. Fue por unas pocas horas, pero por primera vez en casi un cuarto de siglo los militares consumaron un golpe de Estado exitoso contra un civil en América Latina” (Cardoso, 2000). Lo que pasó después en Venezuela, confirma la valoración positiva del periodista con respecto a la norma constitucional: si hasta ahora no ha sido suficiente como para resolver los graves conflictos sociales y políticos que enfrenta la región; sin embargo, proporciona elementos como para desmontar intentonas golpistas y crear el entorno adecuado para el desarrollo de la sociedad civil en condiciones que ninguna dictadura garantiza. El tema del libro forma parte de los intereses académicos de los participantes: todos estamos vinculados a la investigación y a la docencia en sociología política, particularmente de América Latina. El análisis social y político de los países de la región y del conjunto de ellos, es parte de nuestra labor intelectual y de nuestra sensibilidad política desde hace muchos años. Así que no resultó difícil el encuentro, en un seminario permanente interinstitucional patrocinado
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por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN305199, para, durante dos años, discutir entre nosotros las obras de actualidad, analizar y debatir las tendencias, los problemas y las alternativas sobre el poder y la política en el mundo contemporáneo y en Latinoamérica. Participaron en el proyecto, en las discusiones o en la redacción de los cuadernos o de los propios capítulos del libro profesores de otras instituciones, además de la UNAM: la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Frankfurt. Fue sumamente gratificante y enriquecedor el reunirnos para planear la obra y para avanzar en las distintas etapas del proyecto. Primero debatimos sobre los estudios de autores contemporáneos claves de la sociología política de América Latina: Pablo González Casanova, Carlos Vilas, Guillermo O’Donnell, Bresser Pereira, Atilio Borón, Sergio Zermeño y Octavio Ianni, entre otros. En la discusión intercalamos el análisis de autores estadunidenses y europeos: James Petras, Joachim Hirsch, Anthony Giddens, Ronald Chilcote, John Holloway, además de algunos otros. Posteriormente, el grupo de trabajo se avocó a la delimitación y estudio de los debates actuales en torno a problemas del Estado, la democracia, las políticas públicas, las instituciones, la lucha política, las organizaciones políticas, las organizaciones civiles. Con ello se avanzó en la construcción de hipótesis generales sobre el poder y la política en América Latina que alimentaron las investigaciones individuales. El resultado de estas primeras fases ha sido incluido en unos cuadernos de trabajo de bibliografía comentada que están en proceso de edición por el Centro de Estudios Latinoamericanos. Las siguientes etapas del trabajo colectivo fueron encaminadas a la discusión particular de los temas del tomo con profesores invitados de las universidades Central de Venezuela y Santa Catarina de Brasil, con el objetivo de evaluar conjuntamente los proyectos de capítulo de cada participante, los avances de investigación, los borradores iniciales; hasta llegar al momento de los seminarios en los que se debatieron los capítulos finales incluidos en este tomo. Las discusiones de los seminarios de trabajo nos convencieron de organizar la presentación de los capítulos de la obra en dos partes: una primera, formada por las contribuciones individuales y conjuntas de Teresa Castro, Rina Mussali y Lucio Oliver, encaminadas a revisitar el Estado en América Latina, tanto en su momento nacional desarrollista, en un capítulo de elaboración colectiva, como en el momento actual neoliberal, con capítulos sobre las especificidades del Estado neo y social liberal latinoamericano (Lucio Oliver), la transnacionalización de las políticas públicas (Rina Mussali) y la valoración del carácter, el papel y las funciones de los partidos y las mediaciones estatales que conducen la globalización (Teresa Castro).
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Hay en el libro una segunda parte que incluye capítulos destinados al estudio de diversos aspectos del poder y la política en curso en América Latina. Esta parte está conformada por las aportaciones de Carlos Figueroa sobre la violencia política; de Severo de Salles, sobre la determinación de clase del poder y de las luchas políticas, tomando como ejemplo el caso de Brasil; de Massimo Modonesi, referidas a la crisis de la política y de los partidos políticos en América Latina; de Alfonso López, sobre las estrategias de dominio estadunidenses frente a las áreas latinoamericanas de disputa ecológica y de recursos biotécnicos y de Eduardo Saxe sobre la diferencia entre las actuales políticas neooligárquicas de gobernabilidad y la pertinencia de buscar una gobernanza en la cual la conducción del Estado se sujete a patrones del derecho y de la fiscalización de la sociedad. Por último, quisiéramos decir que el libro que presentamos a continuación logró que los académicos participantes pasáramos de la soledad de la reflexión individual al establecimiento de un intercambio y una reflexión colectiva y actualizada para pensar en opciones y en alternativas que urgentemente está requiriendo la realidad de nuestra América Latina, como punto de partida para una discusión que esperamos sea fructífera, con los lectores interesados en el tema.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
Cardoso, Oscar (2000), “A modo de introducción”, en Claudio Lozano (2000) (comp.), Democracia, estado y desigualdad. Segundo encuentro nacional por un nuevo pensamiento, Buenos Aires, Eudeba/Instituto de Estudios y Formación CTA.
REVISITANDO AL ESTADO. LOS ESTADOS POPULISTAS Y DESARROLLISTAS: PONER LAS COSAS EN SU LUGAR TERESA CASTRO ESCUDERO, RINA MUSSALI GALANTE
y LUCIO OLIVER COSTILLA*
EL HORIZONTE NEOLIBERAL Y LA CRÍTICA DEL ESTADO NACIONAL DESARROLLISTA
En este primer trabajo nos proponemos revisitar al Estado capitalista latinoamericano del periodo nacional desarrollista para dar cuenta de lo que realmente fue su papel histórico y evaluar la herencia que nos dejó; para analizar sus características, funciones y aportes al desarrollo social y para dilucidar en qué consistió su crisis. El periodo analizado abarca los decenios de 1920 a 1970. En tanto investigadores de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras instituciones académicas independientes y comprometidas con el desarrollo latinoamericano, nos interesa hacer nuestra propia lectura e interpretación del Estado nacional desarrollista para, en ese sentido, diferenciarnos seriamente de los lugares comunes propalados sobre este asunto por las distintas agencias financieras, políticas y culturales neoliberales durante los dos últimos decenios del siglo anterior. Dichas agencias, en lugar de partir de un análisis crítico a fondo del papel esencial jugado por el Estado, presupusieron la existencia perenne de una gran crisis histórica estructural del Estado nacional desarrollista y la justificaron a partir de las dificultades habidas en el crecimiento económico de los años setenta y ochenta del siglo anterior y de la imposibilidad de sostener en las nuevas condiciones lo que consideraban un excesivo gasto público. En lugar del análisis y la reconstrucción del Estado para reinsertarnos en la nueva mundialización a partir de las necesidades e intereses de los propios países latinoamericanos, la propaganda se orientó a denostar al Estado y a sostener que el eje del desarrollo es el libre juego de las fuerzas del mercado, no obstante los desequilibrios y desigualdades evidentes que éste crea en el espacio internacional y en el interior de las sociedades. Todo lo relacionado con las funciones nacionales, sociales, populares, y estratégicas, del Estado fue tildado de “pernicioso estatismo” y se exigió simplemente menos Estado y más mercado. Esta concepción neoliberal tuvo algunas variantes en la propuesta del llamado Esta* Sociólogos y latinoamericanistas. La maestra Teresa Castro y el doctor Lucio Oliver son investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos, docentes del Posgrado en Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM. La maestra Rina Mussali es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.
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do social liberal. Con esta propuesta se pretende ocultar la sumisión a la globalización neoliberal y a los dictados del mercado. Con una supuesta reorganización gerencial del Estado, un intervencionismo estratégico nacional y una preocupación por la situación social se mantiene en primer término la libre acción del mercado y de las grandes firmas transnacionales, se abre paso a la plena internacionalización del capital y el sometimiento de la acumulación nacional y el trabajo asalariado a los intereses de la rentabilidad del capital transnacional. Aparte del interés de viabilizar la reorganización capitalista mundial que ambas propuestas de reforma del Estado pretendían, la neoliberal y la social liberal, y ante la falta de respuesta a fondo de parte de los políticos, intelectuales y académicos críticos, esa propaganda puso en el centro del debate de la sociología la necesidad –que recogemos en esta investigación– de una revaloración a fondo de lo que fue el papel y la función histórica y política del Estado nacional desarrollista en América Latina. Es por ello que con el presente escrito (y con el siguiente que trata de las especificidades del Estado actual), revisitamos el Estado en América Latina a partir de una discusión de lo que fue el Estado intervencionista y proteccionista en sus variantes populista y burgués desarrollista. En el ambiente político oficial de los gobiernos latinoamericanos de los dos últimos decenios, la crítica superficial al Estado nacional desarrollista en América Latina se expande vertiginosamente a fines de los años ochenta del siglo anterior, a partir del supuesto de las organizaciones financieras internacionales, principalmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de que el Estado se había convertido en un obstáculo al crecimiento económico de la región, lo que exigía políticas radicales de ajuste estructural, liberalización y privatización de activos públicos para lograr la eficiencia económica y liberar las trabas a una economía abierta y competitiva a nivel mundial. En esa concepción, los estados nacionales latinoamericanos tuvieron un carácter de inhibidores de la libre empresa competitiva, funciones regulatorias, intervencionistas y proteccionistas, y un papel paternalista-clientelista, que impidieron que los países de la región estuviesen aptos para participar eficiente y competitivamente en la globalización. En la misma óptica, se presupuso que América Latina heredó, junto con la transición a la democracia, Estados hipertrofiados, con un gasto público excesivo e incontrolado; con enormes, pesadas e inútiles burocracias intervencionistas y reguladoras, sustentadores de economías ineficientes excesivamente protegidas, prohijadores de sistemas políticos corruptos, prebendarios, corporativistas y clientelares, y alentadores de sociedades sin iniciativa, dominadas por un pernicioso paternalismo (Bresser Pereira, 1991). Se cuestiona la prevalencia fuera de tiempo y de contexto de una “matriz estadocéntrica” y se sostiene su crisis y transformación creciente hacia otra matriz, cuyo eje debía ser el mercado. El Banco Mundial promovió la tesis neoliberal de que el Estado debe transformarse para reinsertar a América Latina en la nueva corriente de globalización: ajustes monetaristas y ajustes estructurales son la receta para sanear la economía y modificar la re-
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lación entre el Estado y la economía en beneficio de un crecimiento económico realista y eficiente (Banco Mundial, 1997). Dentro de la sociología académica se propusieron otros enfoques de la transformación del Estado, enfoques aislados y minoritarios, que proponían que el eje de las relaciones Estado-sociedad fuese una matriz “societal” y una reorganización democrático nacional del Estado en la que prevaleciera la dirección social y no de mercado (Calderón y Dos Santos, 1994; Oliver, 1998). Sobre el nuevo carácter y papel del Estado, en general, hoy tiende a dominar una doble crítica conservadora que pretende mantener la prioridad del mercado y proviene de 1] los proyectos estadunidenses de impulso a la globalización neoliberal para recuperar su hegemonía en América Latina (Documentos de Santa Fe, I y II; Consenso de Washington, proyecto ALCA); 2] las políticas neoliberales de las grandes organizaciones financieras internacionales y, 3] el programa de las grandes burguesías transnacionalizadas latinoamericanas y de una nueva oligarquía financiera enclavada nacionalmente para restringir la actividad del Estado en la economía y avanzar hacia el predominio de una regulación oligopólica. Hay, por otra parte, políticos, intelectuales y académicos latinoamericanistas que con su crítica se oponen al programa de contrarreforma neoliberal del Estado y proponen un nuevo papel regulador del Estado (Ignacio “Lula” da Silva y Cuauhtémoc Cárdenas entre los políticos. Para los académicos véase: Pablo González Casanova, 1990; Fernando Calderón y Dos Santos, 1995; Atilio Borón, 1997; Carlos Vilas, 1995). A lo largo del decenio de los años noventa, las palabras de orden pasaron a ser el ajuste estructural y la reforma del Estado, así como el Estado mínimo social liberal o neoliberal, con lo cual se suponía que se desarrollarían mágicamente en la región grandes grupos económicos de origen nacional capaces de crear una economía competitiva a nivel mundial. En lugar de generarse la creación de dichos grupos, en la política latinoamericana triunfa y se hace hegemónica una fracción financiera neoliberal estrechamente asociada a los grupos financieros transnacionales, interesada en la especulación, en la liberalización de las inversiones de capital financiero y en la restricción del gasto público para cubrir los intereses de la deuda externa e interna y en la prolongación de la dependencia, la subordinación, el atraso económico y la pérdida de autonomía y soberanía del Estado. Las principales tesis del neoliberalismo sobre el Estado han girado en torno a las siguientes ideas básicas: 1] El Estado nacional desarrollista entró en una crisis terminal porque su dinamismo económico estuvo basado en el gasto público discrecional y populista, en un proteccionismo e intervencionismo de Estado que solaparon una industria ineficiente y en una onerosa deuda pública externa: en su transcurso impidió el desarrollo del mercado y la eficiencia económica. 2] Los estados deben dejar su lugar a las fuerzas del mercado y acabar con la regulación política de la acumulación, con el intervencionismo en la economía y con el proteccionismo industrial y comercial.
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3] La mayoría de los estados han construido inmensas y costosas redes de clientelismo político, perniciosas y contrarias a la democracia liberal moderna. 4] Los estados latinoamericanos son corruptos, grandes burocráticamente y débiles en términos de la efectividad de su regulación. 5] La función del Estado es garantizar el marco jurídico de la economía y dar seguridades al capital privado. 6] Se deben desarrollar programas focalizados y compensatorios de política social hacia los núcleos marginados de la población. La crítica neoliberal del Estado simplifica enormemente el problema y deja de lado lo que fue realmente el papel histórico y las funciones de los estados nacional desarrollistas en América Latina, no obstante sus deficiencias y contradicciones: es por ello urgente una valoración independiente y crítica de cuál fue su papel de promotor de la economía capitalista industrial dependiente, de estímulo a mecanismos generadores de altas ganancias en grupos elitistas y de una acumulación nacional concentrada; valorar con rigor cuáles fueron sus posibilidades, compromisos y objetivos de autonomía, soberanía y desarrollo nacional y popular; criticar su limitado impulso a la industrialización de sustitución de importaciones que no tuvo como horizonte crear un nuevo mercado interno, sino abastecer al anterior (Vuskovic, 1990); sopesar su regulación de la economía a través del proteccionismo y del intervencionismo para impulsar la modernización capitalista dependiente; ventilar el sentido y validez que tuvo la creación de una burocracia extensa ideada para el control político, además de enfrentar los retos de la planeación y ejecución de miles de programas de inversión, programas universales de seguridad social, de empleo y de atención médica y educativa; analizar los resultados reales de la consecución de pactos nacionales o sociales entre las clases mayoritarias y las clases monopólicas para un proyecto desarrollista nacional que terminó creando grandes monopolios nacionales que, a su vez, promovieron los golpes de Estado contrainsurgentes que garantizaron una acumulación de capital en beneficio exclusivo de dichos monopolios y sus nuevos socios transnacionales. Independientemente de la evaluación por hacer, cabe decir que el Estado nacional desarrollista latinoamericano entró realmente en crisis desde inicios de los años sesenta del siglo anterior. Manifestaciones evidentes fueron su incapacidad de canalizar la lucha de clases y la multiplicidad de conflictos de intereses que se evidenciaron en ese decenio y en el subsecuente; la crisis fiscal que llevó a fenómenos de hiperinflación ante la obligación de cubrir el servicio de una deuda externa e interna creciente; el desbordamiento de una excesiva burocracia estatal cuyas ramificaciones abarcaban todos los poros de la sociedad y la dificultad de acumulación basada en el capitalismo de Estado al servicio exclusivo de un proyecto que aportaba altas ganancias a los monopolios capitalistas protegidos y mantenía políticas sociales universales cuya calidad entró en declive. En cierta forma era inevitable una reforma del Estado latinoamericano a finales del siglo XX. Lo que se discute es el carácter y las funciones de la refor-
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ma (contrarreforma) neoliberal que ha prevalecido, que no parte de la valoración compleja de la herencia histórica de la principal institución que tuvo América Latina en el siglo XX: el Estado nacional desarrollista.
EL CAPITALISMO DEPENDIENTE EN AMÉRICA LATINA: LA TRANSICIÓN DEL ESTADO NACIONAL OLIGÁRQUICO AL NUEVO ESTADO NACIONAL POPULAR DESARROLLISTA
Para caracterizar cómo se abre paso en nuestra región el dominio de las nuevas relaciones sociales capitalistas urbano industriales dependientes conviene mencionar algunos aspectos de la transición del capitalismo agroexportador al capitalismo de sustitución de importaciones. La constitución de una oligarquía dominante en buena parte de América Latina a mediados del siglo XX, llevó a la formación de numerosos estados nacionales oligárquicos latinoamericanos. Con dichos estados se avanzó en unificar económica y políticamente a las diversas regiones internas de las nuevas naciones. Los diversos logros en agricultura, ganadería y minería de exportación, se convirtieron en el eje del desarrollo capitalista dependiente de la región (frutas, café, tabaco, plata, estaño, carne). Para afirmar un poder propio y a su vez apoyar ese capitalismo neocolonial (Donghi, 1989), el nuevo Estado latinoamericano procuró establecer instituciones nacionales básicas: el ejército, la administración, las instituciones constitucionales formales, los sistemas bancarios, fiscales, de educación, salud y obras públicas, que se consolidaron en esa época. A partir de los años ochenta del siglo XIX se acentúa el ingreso de capitales imperialistas en diversas actividades estratégicas: extractivas, energía eléctrica, comunicaciones. Se fortalece el papel de América Latina en la producción de materias primas y de agricultura para la exportación. La oligarquía latinoamericana entreteje sus intereses con dichos capitales externos y se fortalece el nuevo bloque de poder oligárquico imperialista (Dongui, 1989; Kaplan, 1969; Cueva, 1977). Esa inclusión no modifica de manera alguna el carácter excluyente y represor del poder público con respecto a los sectores modernos nacientes: industriales nativos, pequeños y medianos productores, diversos grupos de trabajadores urbanos y rurales: obreros, campesinos, trabajadores rurales. A inicios del siglo XX, ya se observa en varios países grandes de la región de América Latina una modernización significativa: los talleres textiles se transforman en industria de la confección (Argentina, Brasil, México); aumenta la presión política de los sectores urbanos en pos de una administración racional en la ciudad y una representatividad político social (Kaplan, 1969). Ese impulso capitalista industrializante reta a los estados oligárquicos excluyentes, que se mantienen cerrados y opuestos a la expansión y reestructuración capitalista en las ciudades y en el campo (Kaplan, 1981).
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Hacia principios del siglo XX la inserción de América Latina al mercado mundial capitalista así como el aceleramiento –violento– de las relaciones de producción capitalistas tuvieron impactos diversos y en todo nivel en las emergentes sociedades nacionales. Entre éstos podemos señalar un proceso de relativa diversificación productiva que produjo una desorganización de las corrientes comerciales tradicionales, el debilitamiento del sistema exportador, la emergencia de un incipiente sector industrial que, aunque tributario del sector agropexportador, transforma los equilibrios sociales y las relaciones de poder existentes, lo que se define como el inicio de la crisis de la dominación oligárquica, la aparición de un nuevo tipo de trabajador asalariado no calificado, de origen campesino, sin experiencia de lucha y organización, como producto de migraciones del campo a la ciudad o de la llegada de inmigrantes europeos atraídos por los procesos de urbanización e industrialización en algunas regiones, población que tiene que convivir con sectores de la también emergente clase media vinculada a la burocracia estatal, los servicios y las profesiones independientes, junto con los artesanos, mineros, ferrocarrileros, zapateros, sastres, que habitan en esos desequilibrados complejos urbanos. Con esta vorágine de cambios sociales se abre una oportunidad histórica para el desarrollo capitalista nacional, el cual, sin embargo, no encuentra una clase capitalista madura y con un proyecto propio, sino que los grupos políticos que encabezan las distintas tentativas de proyectos nacionales modernizantes que se ventilan, lo hacen a partir de la búsqueda de la conquista del Estado y de procurar su utilización como palanca dominate de dichos proyectos. Es un periodo de irrupción de masas que están en su proceso de transición de relaciones estamentales a las relaciones de clase, que escapan a los controles tradicionales, que exigen su incorporación a la política pero que no cuentan con canales de integración ni con la capacidad de elaborarlos. Pero como dice Ianni, estas masas que aparecen como elemento dinámico para replantear el papel del Estado, debido a su irrupción masiva, como consecuencia de su retraso político e ideológico, su falta de autonomía, su papel es como masa de maniobra, subordinado a ese Estado que asume la dirección del desarrollo capitalista nacional. La nueva relación global de capital en el mundo, el capital financiero imperialista, estimula y coincide con los procesos de expansión capitalista urbano industrial que se producen en las áreas desarrolladas de América Latina. La cual no es la excepción. En los países más articulados con el capitalismo mundial, o con mayor desarrollo capitalista interno, se producen transformaciones en el modo de producción y en la acumulación que encuentran un obstáculo en el poder oligárquico. Es un momento histórico en que avanzan reformas político administrativas que se ponen a la orden del día en Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y Cuba. Se trata de una anticipación de procesos más profundos y radicales que se abrirán paso con la Revolución de 1910 en México, con la crisis del capitalismo mundial de 1929-1930 y especialmente a partir de la segunda guerra mundial. Esa nueva si-
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tuación pone contra la pared al capitalismo de agroexportación y al Estado oligárquico latinoamericano. A partir de 1935-1938 se toca la campana que llama a que en algunos países se instauren proyectos de un capitalismo nacional industrial signado por un proceso de sustitución de importaciones (Argentina, México, Brasil) para abastecer con productos locales el mercado interno existente y, en su caso, ampliar la producción a nuevos sectores y expandir el limitado mercado interno, a partir de la organización urbano industrial, sindical o la reforma agraria. Así sucedió en los países de industria más avanzada. En otras áreas de América Latina los movimientos campesinos o urbanos fueron derrotados y siguió prevaleciendo el Estado oligárquico (Perú, Guatemala, El Salvador, etc.). En El Salvador, hasta se llegó al extremo de prohibir la industrialización en la Constitución Política de 1940 (González Casanova, 1985). Las nuevas relaciones urbano capitalistas y los movimientos sociales y políticos modernizadores también se expanden en sociedades tradicionales, de enclaves, donde siguen prevaleciendo las castas y la servidumbre, articuladas por la exportación primaria y los estados oligárquicos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en parte también México). El panorama de América Latina cambia a partir de finales de los años treinta del siglo XX; en algunos países de la región surgen triunfantes procesos de capitalismo nacional y nuevos estados nacionales populares, comprometidos con el desarrollo capitalista interno. La complejidad del nuevo desarrollo capitalista, a partir de los procesos de industrialización, urbanización, cambio y modernización en sociedades con instituciones, actores, cultura tradicionales y conservadores, crea fenómenos particulares que llevan a que los cambios ya maduros se procesen con formas políticas singulares: surge así el Estado capitalista nacional con forma populista, el Estado despótico burgués, el Estado democrático liberal, que caracterizan, a nivel de una voluntad política constructora, el capitalismo histórico de América Latina. A continuación estudiaremos las características, funciones, instituciones y relaciones políticas que signaron a los nuevos estados nacional populares desarrollistas e impulsaron a su manera el progreso social, bajo condiciones de una sociedad civil poco evolucionada en términos de organización, independencia y conciencia propia de los cambios que se estaban abriendo paso. Entendemos que la voluntad política transformadora que encarnan estos estados es resultado del avance de una nueva relación global de capital que se abre paso también en América Latina.
EL ESTADO NACIONAL DESARROLLISTA: LA FORMA POPULISTA
El Estado populista y el populismo en general, per se, son problemáticos en cuanto a su definición, pues con ella también se intentó englobar experiencias muy
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dispares de países de Europa, Asia y América Latina, dando lugar a definiciones muy ambiguas de un fenómeno, por otro lado, decisivo para nuestra región: las formas peculiares no democráticas que asume la construcción del Estado y la nación modernas en el subcontinente –en aquellos casos en que prosperó este camino–, mediante la incorporación –vertical, autoritaria– de las masas a la política. Así una primera caracterización del populismo es como un movimiento de masas que aparece en momentos de rupturas estructurales que acompañan a la crisis del sistema capitalista a nivel mundial y que corresponden en América Latina a la crisis oligárquica y a la conformación de una sociedad de clases (Ianni, 1975), por lo que los regímenes populistas aparecen como sistemas de transición que se esfuerzan por integrar las clases populares al orden político y social existente a través de una acción voluntaria del Estado, combinando la movilización policlasista y un modelo de corporativismo estatal que conserva el modelo de dominación existente. Aníbal Viguera otorga al populismo un lugar central en la evolución histórica de las ideologías y proyectos políticos de Latinoamérica pero no deja de reconocer la falta de precisión del concepto y sus repercusiones actuales (Viguera, 1993:49). Citado por Ives Surel, del Instituto de Estudios Políticos de París, Sir Isaiah Berlin, resumía los problemas clásicos que plantean a la ciencia política los fenómenos populistas y el propio concepto de populismo, hablando de un complejo de cenicienta “…por el cual entendía lo siguiente: hay un zapato –la palabra populismo– para el cual, en alguna parte hay un pie” (Surel, 2001:137). Por su parte, Rafael Quintero López, en un reciente ensayo sobre el debate actual del populismo, también cuestiona la capacidad científica del concepto, llamando la atención al hecho de que al hablar de populismo, distintos autores como Nelson Minello, Paul Drake, David Raby, Lisa North, Juan Maiguasah, Carlos de la Torre, entre otros, construyen fórmulas y caracterizaciones de comportamientos sociales o económicos bastante diferentes, pues mientras unos lo consideran un tipo de proyecto nacional popular, otros, un fenómeno principalmente discursivo. Para Quintero, a pesar de que otros autores han hecho importantes esfuerzos por crear una tipología entre los viejos populismos y los neopopulismos, no se habría logrado salir de la ambigüedad del concepto. Lo fundamental de su crítica se basa en los intentos de caracterizar tanto los varios gobiernos de Velasco Ibarra, como el ascenso de Abdalá Bucaram en 1996, en el caso del Ecuador. Ioannis Papadopoulos señala cómo el populismo, con todas sus raíces históricas profundas en Europa y en la “semiperiferia de América del Sur”, es un concepto que se utiliza con una carga negativa para estigmatizar a los oponentes y, si bien “cualquier definición de populismo carece de consenso científico”, es necesario dotarlo de significados y explicaciones que no se alcanzarán aceptando la noción de Peter Wiles que lo presenta como un “síndrome”, al ser un fenómeno que no concuerda ni con las características de una ideología populista ni con sus condiciones de emergencia o sus bases sociales, porque “refleja una re-
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signación intelectual ante la complejidad del tema bajo escrutinio” (Papadopoulus, 2001:68-69). En el mismo sentido, el historiador Alan Knight del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford se aboca a la discusión del “fenómeno/concepto” del populismo, debido a lo ubicuo de éste y lo controvertido de un término caracterizado por diversos analistas como “elusivo y recurrente” y “uno de los enigmas no resueltos de la historia y la sociología latinoamericanas” (Knight, 1994). Podríamos seguir enumerando posturas muy diversas frente al fenómeno en cuestión y sin negar que el populismo se puede aplicar a un estilo personal, a un movimiento político, a un partido y que se puede hablar de periodos o interregnos populistas, pensamos que el mismo Knight nos brinda un asidero para intentar circunscribir un tema de esta naturaleza a lo que es el populismo en América Latina, que poco tiene que ver con el que se dio en Rusia o Estados Unidos. Es lo que el autor define como enfoque histórico y estructural, el cual considera al populismo como un gran proyecto sociopolítico que, aunque demagógico y manipulador desde el punto de vista de su discurso y retórica, también incluye políticas concretas –asociadas a la política de industrialización– y a una coalición específica de intereses, productos ellos mismos de circunstancias históricas determinadas que empezaron a darse entre las dos guerras. Este enfoque nos parece más preciso, porque delimita el problema del populismo “clásico” –o realmente existente– históricamente, refiriéndose a los casos donde el populismo se concretó, cristalizando en un tipo de Estado determinado, todo lo cual nos permite ir más allá del campo del mero estilo político que es demasiado impreciso y amplio, aunque sin excluirlo, pues es una noción muy extendida y comprendida, tanto por el especialista como por el ciudadano común, para establecer no sólo las diferencias, sino lo que hay en común en experiencias tan diversas como el yrigoyenismo, batllismo, getulismo, varguismo, cardenismo, peronismo, velasquismo, los gobiernos de Paz Estensoro y Siles Suazo en Bolivia y otros más; todas ellas experiencias nacionalistas-populares disímiles que, a pesar de que comparten rasgos similares, han sido encajonadas bajo el mismo concepto del populismo. Procediendo de esta manera podríamos tener muchos más elementos para, por la vía del análisis comparado, entender los casos en que el populismo se desplegó en políticas públicas del tipo Estado de compromiso nacionalista, sin que, sin embargo, podamos calificarlo como Estado de bienestar al estilo europeo, así como considerar otros casos como el del APRA en el Perú –que si bien podríamos considerar un clásico partido populista, no llegó al poder en esa coyuntura y el de aquellos donde estrictamente no se puede hablar de populismo, como Chile y Uruguay. Si nos atenemos a la definición que presentan Ruth y David Collier sobre el populismo, como un movimiento político que contó con un amplio apoyo de masas provenientes de la clase obrera urbana y/o campesina, además de un fuerte elemento de movilización desde arriba, un papel central de liderato del sector medio o élite, la existencia de un líder personalista o carismático, una
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ideología y un programa anti statu quo, nos encontramos frente al populismo latinoamericano, diferente de movimientos que tuvieron en otras partes del mundo un carácter más agrario. De esta manera, la caracterización del Estado populista se ubicaría en los contornos de un análisis histórico estructural que establecería que los regímenes populistas emergen en la coyuntura de los años treinta confluyendo con la crisis de los sistemas agroexportadores y la irrupción de “sociedades urbanas de masas basadas en economías insuficientemente industrializadas”, lo que genera una gran población marginal desempleada y miserable. El Estado capitalista en América Latina ha asumido distintas formas y ha manifestado su singularidad bajo determinadas condiciones nacionales e internacionales, no obstante, su trayectoria histórica lo ha caracterizado por su condición periférica y dependiente, razón por la cual debe ser entendido en un código distinto a lo que fue la conformación del Estado en las sociedades desarrolladas. El punto de arranque es el hecho colonial, una situación muy distinta a la europea que es el espejo en el que hasta de manera enfermiza nos queremos reflejar. Un análisis histórico estructural también nos permite resaltar, como lo propone Pablo González Casanova, las principales modalidades específicas asumidas por el Estado capitalista en América Latina desde la emergencia del Estado de las raquíticas burguesías comerciales y urbanas en 1800, el Estado de las oligarquías asociadas al naciente imperialismo entre 1850 y 1880, momento también de emergencia de los primeros ejércitos profesionales cuya principal misión era garantizar la posesión de los territorios nacionales frente a caciques regionales y la protección de los enclaves extranjeros. Después estaría el Estado de los caudillos populares o populistas que en 1930 establecieron una variedad de pactos con capas medias e incluso con los obreros, siendo el momento del auge de las burguesías nativas o nacionales y de su vinculación creciente con el capital monopólico, hasta llegar a las transformaciones del Estado bajo el modelo neoliberal a partir de 1980 (González Casanova, 1990). Como lo mencionamos anteriormente, el populismo aparece como uno de los efectos de la crisis de la dominación oligárquica, orden que se había alcanzado luego de algunos decenios de luchas internas en los países latinoamericanos, que el propio Halperin Donghi denominó la “larga espera”. El surgimiento del orden neocolonial estuvo acompañado de un liberalismo progresista a menudo permeado de soluciones políticas autoritarias. En ese periodo se transitó de una situación de dispersión de poder, en donde las élites políticas mostraban su incapacidad por hallar un orden político estable, a un Estado liberal oligárquico de la fase siguiente que tuvo como objetivo implantar el capitalismo como modo de producción dominante en las entidades latinoamericanas, con el fin de transformar a nuestros países en productores de materias primas para los centros de la nueva economía industrial, a la vez proveedoras de artículos de consumo alimenticio y consumidoras de producción industrial (Halperin Donghi, 1989).
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El Estado oligárquico estuvo sustentado por los grandes comerciantes exportadores e importadores, quienes junto con el capital extranjero monopólico se entretejieron para ubicarse fundamentalmente en los sectores de la actividad primario-exportadora (Cueva, 1977). Así, el poder político del régimen oligárquico se encontró íntimamente ligado a los intereses de la agricultura, ganadería y minería, y a los intereses detentados por las economías dominantes de su momento: Inglaterra y Estados Unidos. La oligarquía establece un Estado elitista y patrimonialista, derivando en un aparato cerrado y excluyente que vela por la acumulación privada en su versión nacional o extranjera. La participación política es suprimida o limitada por la violencia, coacción, represión y manipulación política. Su carácter autoritario y represivo se expresó en el alargamiento de la jornada laboral del trabajo, en los salarios deprimidos y en la aniquilación de soluciones alternativas, tampoco se favoreció el desarrollo de instituciones políticas autónomas de gobierno, sino, por el contrario, se reforzaron las ya existentes. Cardoso y Faletto hablan del momento de la crisis de ese Estado como un periodo de transición en el cual la diferenciación misma de la economía exportadora creó las bases para que empezaran a surgir, junto con los sectores agrario, minero y ganadero, otros, como son los financieros y mercantiles, una burguesía industrial y comercial, clases medias urbanas, un proletariado incipiente y un incrementado sector popular urbano no obrero que crece más rápido que la capacidad de absorberlos por las industrias en crecimiento (Cardoso y Faletto, 1981:19). Al respecto, resulta muy sugerente la caracterización que hace Julio Godio del populismo como articulador de la cuestión nacional, es decir, como un fenómeno policlasista con un contenido de clase nacional burgués que, a pesar de sus limitaciones, logra recuperar las tradiciones bolivarianas y el liberalismo progresista del siglo XIX, entre otros elementos, lo que también hace de estos populismos movimientos nacional-populares, cemento político cultural que evocaría las reflexiones de Gramsci sobre lo que él denomina “voluntad nacional popular” (lo que precisamente se manifiesta posteriormente en las experiencias revolucionarias de Cuba y la Nicaragua sandinista) (Godio, 1983). Desde la óptica de la teoría de la modernización, que contempla este periodo bajo la perspectiva de la transición de sociedades tradicionales a modernas, planteamiento que se basa en el hacer de la experiencia histórica concreta de la variada construcción nacional europea un modelo de validez universal, que se convirtió en el horizonte “civilizatorio” de nuestras élites frente a la bárbara realidad autóctona, habría faltado en nuestro medio una correspondencia entre “movilización”, que se refiere a todo el proceso de cambios, desde el nivel material, al simbólico cultural y político, e “integración”, constituida por los canales que posibilitan la incorporación de los intereses emergentes en el sistema político como son sindicatos y partidos políticos fundamentalmente y que en otras latitudes habría conducido a la “ampliación progresiva de las bases políticas de
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las democracias occidentales por medio de la integración de las clases populares, la extensión sucesiva de los derechos civiles políticos y sociales mediante el sufragio, el ‘Welfare State’ y el consumo de masa” (Germani, 1977). Este tránsito de una sociedad tradicional a una moderna –o proceso de modernización– en sociedades desarticuladas como las latinoamericanas, junto al retraso en la formación de mecanismos de integración dada la estructura social, lleva a dos consecuencias políticas fundamentales: a] La parcelación y ausencia de hegemonía de clase de la burguesía industrial y de las fuerzas sociales modernizadoras impulsan de manera prioritaria la exigencia de un Estado fuerte capaz de imprimir una cierta coherencia social y política al desarrollo (Zermeño, 1996:255). En este sentido, el vacío político dejado por el colapso de la dominación oligárquica, la inexistencia de una clase social hegemónica alternativa, pero también la incapacidad de la clase media para derrumbar la dominación oligárquica, a pesar de los movimientos masivos de finales del siglo XIX y principios del XX y de su ideario liberal, son el caldo de cultivo para la emergencia de líderes que pudieron llenar ese vacío apelando a las masas en el contexto de amplios movimientos policlasistas. b] La falta de canales democráticos –tanto en lo que se refiere a los partidos políticos (los existentes eran muy elitistas, pues expresaban más bien los temas que dividían a la propia oligarquía, además de estar volcados hacia fuera, mirando hacia Europa primordialmente), como a los sindicatos (los que existían representaban a sectores muy reducidos y jerarquizados de la clase trabajadora, generalmente de orientación anarquista, la cual no contaba con una política “nacional” que incorporara a los sectores recién llegados o al campesinado, que eran mayoría entre la población Latinoamérica). De este modo, debido al peso de patrones tradicionales tanto en lo productivo –economías de subsistencia– como en lo cultural –por su origen indígena y rural–, estos sectores movilizados son integrados de manera autoritaria a la vida económica y política, por medio de formas de representación corporativa y a costa de su autonomía organizativa, ideológica y política. Ello se trató de paliar a través de las prebendas recibidas de una política redistributiva y un gasto público ampliado que puso énfasis en lo social. Hay que señalar las consecuencias sociales de estos procesos de industrialización tardía y superficial en sociedades no democráticas como son una incipiente clase obrera muy jerarquizada internamente en el contexto de una gran masa de población desempleada y miserable, sectores populares sin experiencia organizativa previa ni conciencia social ni política que presionan para su incorporación, pero también frenan el desarrollo de la clase obrera como tal. A decir de Zermeño, el impacto de las “masas” populares de reciente origen urbano sobre una cultura obrera de mayor tradición, dispuestas a apoyar a líderes populistas y autoritarios por ascender en la escala social, terminan por confundir la identidad obrera. Una cierta mejoría de la situación económica laboral bien amalgamada con la ideología nacionalista, la condujo inevitablemente al colaboracionismo
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clasista y estatal (Zermeño, 1996:254). La contraparte social, una oligarquía tradicional retardataria, una burguesía que nace como apéndice de esa oligarquía, tampoco conforman una clase social hegemónica.
EL POPULISMO Y SUS POLÍTICAS DE DESARROLLO
El evento que precipita la latente crisis de la dominación oligárquica en América Latina es la crisis económica mundial de 1929, en una coyuntura que marca también el eclipse de la hegemonía inglesa y la consolidación de los intereses norteamericanos en la región. Se inicia así un proceso de modernización en lo político, y un tanto después en lo económico, bajo la conducción de gobiernos nacional populares o populistas sustentados en amplias alianzas policlasistas, promoviendo políticas de integración de la emergente sociedad de masas a la vida política. La crisis del 29 impactó a todo el sistema capitalista mundial, aunque según señala Víctor Durand, “el mayor peso de la crisis recayó en los países periféricos, (provocando) una descapitalización de éstos, para concentrar aún más la riqueza en los países metropolitanos”. Además de que esta crisis, continúa Durand, también significó una gran inestabilidad política, pues no hubo ningún país de la región que durante la crisis pudiera conservar en el poder a sus jefes de Estado. Las formas variaron, desde la renuncia, el golpe de Estado, el cuartelazo, hasta la imposición de dictaduras en los países invadidos en la época por Estados Unidos, como Nicaragua y la República Dominicana (Durand, 1977).
En palabras de Alejandro D. Marroquín: La crisis puso en evidencia la tremenda desigualdad que existe en el orden mundial de los países: naciones desarrolladas y muy poderosas en cuyo seno se generó la crisis y débiles naciones dependientes que reciben dicha crisis como una desgracia que les viene de fuera; naciones cuyo desarrollo institucional les permite recursos y reservas para enfrentarse a la emergencia crítica y pequeñas naciones que lejos de tener recursos defensivos son incorporadas al engranaje de la economía internacional y se ven obligadas a actuar como instrumentos amortiguadores a favor de las grandes naciones (Marroquín, 1977).
La fase de acumulación industrializante, Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) o periodo de desarrollo hacia adentro, correspondería a lo que en los países desarrollados se define como modelo de regulación fordista, lo cual señalamos, dicho sea de paso, sólo para establecer las equivalencias, pues no podríamos hablar de fordismo en América Latina, “sea como régimen de acumulación (articulación entre producción en masa y consumo en masa) o como ti-
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po de proceso productivo en nuestra región” (De la Garza Toledo, 2001:50). En todo caso, la ISI, también en la periferia capitalista, implicó, en los países más desarrollados de la región, un tipo de relación del Estado con la economía y la sociedad sumamente estrecho, donde el Estado asumió también una dimensión de motor de la acumulación (capitalismo de Estado) y una acción benefactora, aunque en otro contexto y con otras bases del caso europeo. Sin embargo, no podemos generalizar estos efectos a todos los casos, ya que hay algunos países que no iniciaron cierto proceso de modernización sino hasta después de la segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos se instala como la potencia hegemónica del mundo capitalista y cuando el capital transnacional domina el corazón de la producción latinoamericana. También hay otros movimientos que se organizaron sobre una base más autónoma, no encuadrable en políticas de corporativización que aunque fracasaran en cuanto a sus objetivos más definidos, incluso más radicales, con un perfil más clasista, protagonizaron movimientos nacional-revolucionarios, distinción fundamental para diferenciarlos de los movimientos nacional populares. Los países que se pusieron a la cabeza de la industrialización latinoamericana fueron aquéllos con un cierto nivel de desarrollo previo. Tanto Argentina, como Brasil y México habían edificado un sector industrial importante antes de la crisis del 29, siendo los productores nacionales y no los extranjeros los que dominaban la producción de exportaciones, favoreciendo el desarrollo de las manufacturas para el mercado interno (Sheahan, 1990:242). Concentrado ese crecimiento industrial en las ciudades más desarrolladas de la región implicó un cambio en el bloque de poder dominado por la oligarquía agrominero exportadora desde la consolidación del orden conservador después de las guerras de Independencia. Como señala Edelberto Torres Rivas (1977) en los países menos desarrollados de la región como los países centroamericanos, Bolivia, Perú, además del Caribe (con excepción de Cuba), no hubo ninguna capacidad modernizadora que se tradujera en la forma asumida por el Estado en el impulso al desarrollo capitalista, pues apenas existía una burguesía agrario mercantil exportadora, debilitada por las luchas intestinas entre liberales y conservadores. Torres Rivas establece lo siguiente: “Si el populismo arremete contra la vieja oligarquía, la cual si no es barrida por lo menos se tiene que replegar o aburguesar, según los casos, en muchos de los países menores, por el contrario, hay un repliegue pro oligárquico, es decir, la oligarquía se afianza aunque la solución es militarista” (Torres Rivas, 1977). Esto se tradujo en largas dictaduras, como las de Guatemala, El Salvador y Honduras en donde no había bases estructurales para sustentar ningún proceso de crecimiento industrial. En países como Bolivia, por ejemplo, caracterizado por Luis Antezana como uno semicolonial, monoexportador (estaño), con una agricultura semifeudal en la cual la tierra era propiedad de pocas manos y los campesinos, sometidos a un régimen de servidumbre –80% de indígenas en una población de 3 millones de
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habitantes– y con un esbozo de industria ligera, existía un proletariado minero y urbano que no pasaba del 10%. En conclusión, el Estado era evidentemente paupérrimo (Antezana, 1977). Cuando la crisis de 1929, Bolivia había vivido importantes luchas obreras y campesinas, así como sangrientas represiones que, junto con la falta de dirección política y la amenaza de guerra contra Paraguay, desviaron el curso de la agitación social, todo lo cual derivó en un golpe militar que representaba a las fuerzas más oligárquicas. En ese país no sería sino hasta la revolución de 1952 cuando se inicia un camino nacionalista y reformista. ¿Qué decir de un caso como el peruano, en donde las divisiones y heterogeneidades se dan a nivel económico, social, político, étnico y hasta geográfico y en donde ha sido muy difícil articular al país como nación viable? A pesar de que bajo el gobierno de Leguía, que llegó al poder en 1919 por medio de un golpe de Estado y se mantuvo ahí hasta 1930, se terminó con el poder de los grupos políticos más tradicionales con el propósito de promover los intereses comercial urbanos vinculados con Estados Unidos, pero de espaldas a las primeras movilizaciones populares antioligárquicas. Esto fue así, a decir de Aníbal Quijano, porque a diferencia de los coetáneos movimientos yrigoyenistas y alessandristas en Argentina y Chile, respectivamente, en donde el desarrollo relativamente importante de los grupos burgueses urbanos permitía una diferenciación suficientemente clara entre éstos y los grupos más oligárquicos y, en consecuencia, otorgaba a los grupos modernizantes de la burguesía la capacidad de arrastrar detrás suyo a los sectores populares antioligárquicos, en el Perú de ese periodo los grupos modernistas eran aún de desarrollo relativamente débil y su diferenciación con los otros era poco visible… razón por la cual Leguía no tuvo capacidad de liderazgo como Yrigoyen o Alessandri y “…su patria nueva no pasó de ser una patria volteada y remendada”. Sin embargo, tampoco quienes dentro de la élite se oponían, tenían la capacidad de enfrentársele. El resultado final fue el reforzamiento de los terratenientes señoriales del interior del país, la completa sumisión a la hegemonía norteamericana (Quijano, 1977:265). En el caso peruano los arrestos populistas del régimen se redujeron a la promulgación de un texto constitucional en que se incorporaron de manera difusa e incongruente, algunos de los postulados y mecanismos de la Constitución de Weimar, estableciendo garantías sociales e individuales que, obviamente, nunca pasaron del papel a la vida […] Las consecuencias de este proceso de ruptura de la cohesión política oligárquica, sin que sus grupos modernistas fueran capaces de captar el apoyo popular como en otros países, determinarían que en adelante la hegemonía burguesa en el Perú sólo pudiera ejercerse por mediación militar en el control del Estado (Quijano, 1977).
En el periodo anterior el Estado oligárquico se había extendido, aunque en crisis hasta 1968, comprendiendo transitorios regímenes “democrático oligárqui-
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cos” y no es sino hasta el periodo que va de 1950 a 1975, caracterizado por Carlos Franco como de un ciclo expansivo del patrón urbano-industrial de desarrollo dependiente, cuando por medio de acelerados procesos de migración, industrialización, urbanización, extensión de las relaciones mercantiles y los servicios del Estado, se producen alteraciones en el “paisaje” político cultural dominante, con la aparición de nuevos personajes urbano populares, una “ciudadanía plebeya” (Franco, 1994:103). Misma que se alimenta de la inmensa ola migratoria del campo a la ciudad ocurrida entre 1950-1980, producto de un modelo que excluyó a la población rural de sus magros beneficios, pero cuyo proceso de construcción se ve afectado por un nuevo ciclo depresivo marcado por la “dramática ampliación de la desigualdad distributiva. Cuando ello sucede, la marginación económico-social no sólo engloba a la población rural, sino a la vasta mayoría de la población urbana”, generalizándose la anomia implosiva, la violencia armada, el progresivo retiro de las precarias lealtades al Estado y “una marcada tendencia al derrumbe del régimen político”. Por último, se trata de llamar la atención a los aciertos de políticas de integración de esta naturaleza, pero también de sus paradojas y contradicciones. Si los populismos son, a falta de un juego democrático y de canales de participación adecuados, la vía para incorporar y organizar a la emergente sociedad de masas, su mayor costo es retardar la consolidación de dichos mecanismos de integración, por lo que roto el pacto populista tampoco entonces se da una transición democrática, dada la precariedad organizativa e institucional, desembocándose, muchas veces, en regímenes autoritarios. Como bien sintetiza esta posición Zermeño, con el cardenismo, una forma histórica de populismo (es cierto que este ejemplo tiene poco que ver con una génesis cultural democrático burguesa) “en tanto fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado, por un lado, fue la vía de industrialización y modernización, en un ‘meteórico pasaje, en sólo treinta años, desde una sociedad de masas, piramidal, hacia una sociedad donde aparentemente predomina la ciudad, la industria y la modernización en general’ pero, por otra parte, lo fue sobre la base de una sociedad desarticulada, dislocada”. Así pues, la pirámide popular nacional (estatal) que coronó a la historia mexicana bajo el cardenismo… subsiste y se amplía, asentando su extensa base en la sociedad tradicional, en el campesinado populista, pero asegurando también su futuro en las crecientes bolsas del pauperismo urbano” (Zermeño, 1996:258-259).
EL POPULISMO Y EL PAPEL REGULADOR DEL ESTADO
En el modelo nacional popular, el referente central de la acción colectiva no fueron las clases capitalistas industriales, sino que, por la debilidad de éstas, su lugar fue ocupado por el Estado. y la política tuvo un papel básico en la estructu-
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ración de la acción social configurando, en los países en donde el populismo cristalizó en una forma de Estado y de políticas públicas, una relación particular (corporativa) con el movimiento obrero y popular en el marco de políticas nacionalistas, desarrollistas e industrializantes, con base en la sustitución de importaciones, en la ampliación reltiva de un mercado interno, en el impulso al gasto social y a una cierta política redistributiva. Así, en nuestro medio, es el Estado el que mediante formas corporativas organiza al incipiente movimiento obrero y popular, elemento a destacar también, ya que en Europa, como en cualquier economía capitalista, el Estado juega un papel central pero en un contexto totalmente diferente. La modernización de los estados latinoamericanos fue tardía, además de que la fuerte vinculación pueblo-nación-Estado dio origen, como señala René García Delgado a una tradición movimientista que se aparta de las formas de la democracia representativa. Delgado apunta otras diferencias con respecto a los casos de las sociedades centrales. Las políticas de bienestar y regulación de la economía dadas por el Estado se dieron allá sin que fueran tan determinantes en la conformación de la sociedad como en América Latina, donde la alta influencia de lo estatal se produjo, tanto en la conformación del modelo de desarrollo, como en la constitución de actores e identidades, en la vida cotidiana. Por lo tanto, se trató aquí de un Estado gravitante, un Estado que organiza, y que aglutina a la sociedad civil; el Estado construye a la nación, citando a Barrington Moore y sus revoluciones desde arriba en los casos de modernizaciones tardías. Precisamente ese fuerte papel estatal impulsor del desarrollo, articulador regional e integrador social que fuera profundizado a partir de la posguerra, en el cual el modelo de acumulación marcado por la intervención del Estado fue la ISI o periodo de desarrollo hacia adentro, que implicó un tipo de relación Estado economía sumamente estrecho, una subordinación del mercado al control político para ser receptivo a demandas sociales de grandes colectivos. En América Latina, este Estado interventor capitalista no fue dirigido por la clase industrial a la que servía, sino que dirigió desde arriba los procesos de modernización e industrialización, monopolizó las relaciones políticas y organizó la vida social por medio de pactos corporativos y relaciones clientelistas con las grandes organizaciones: los sindicatos y las ligas campesinas, las fuerzas armadas y la Iglesia. El Estado subordinó las decisiones económicas para responder a las demandas sociales de grandes colectivos, sin que esto afectara la lógica de acumulación capitalista. El Estado fue el gran modernizador, el factor de transformación y garante de un determinado statu quo a diferencia de países desarrollados donde la clase dominante industrial y la sociedad civil mantuvieron una mayor autonomía y una dinámica menos dependiente en cuanto a sus formas de organización y participación. Ese Estado planificador e interventor, promotor directo y activo del desarrollo capitalista, corrector de los fallos del mercado, y en algunos casos integrador del territorio nacional es el que entró en crisis al final del decenio de los setenta.
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POPULISMO Y CORPORATIVISMO
La carga antiinstitucional fue muy grande, pues en el populismo las masas se reconocieron en el caudillo y en el Estado, no en el partido, por lo que se consolidaron relaciones clientelares entre sectores e instituciones del sector público y las diferentes organizaciones de la sociedad civil. El Estado satisfacía necesidades colectivas de la población a cambio de lealtades que legitimaban el orden político. A falta de sistemas políticos partidarios con fuerza representativa, el clientelismo burocrático no tardó en convertirse en la fuente de legitimidad del poder público y en la cara complementaria del sistema corporativo patrimonialista. La originalidad de la situación latinoamericana con relación a los países del centro es que la expansión capitalista se dio dentro de este marco político corporativo donde el movimiento obrero no es un representante autónomo de los trabajadores sino un órgano que depende de las instancias estatales para cumplir sus objetivos reivindicativos, todo bajo una pauta autoritaria que el neoliberalismo tiende a profundizar (Delgado, 1995; Calderón y Dos Santos, 1995; Zapata, 1977). En el debate en torno a la democracia a la que hoy se aspira, habría que enfatizar las consecuencias que tiene para la misma el hecho de que haya sido el Estado el que asumió la organización del incipiente movimiento obrero y popular, corporativizándolo e inhibiendo así el proceso de ciudadanización que sigue siendo una asignatura pendiente. En aquellos países de América Latina en los que pudo cristalizar lo que pudiéramos llamar Estado social, éste se implantó parcialmente, dejando importantes áreas sociales y grupos de población sin cubrir, por un lado, y verdaderos enclaves corporativos, por el otro, lo que le da sus características a la política de masas propia del populismo con sus consecuentes liderazgos carismáticos, en un contexto de falta de distinción entre lo público y lo privado. La población mayormente educada y más informada comenzaba a demandar mayores canales de participación en el seno de un orden cerrado y excluyente. El descontento de los sectores medios es considerado como uno de los elementos catalizadores que permitieron la emergencia del populismo, el cual ofrecería a los sectores marginados, la histórica posibilidad de ser incorporados al progreso económico y social. La estrechez de los mercados para las materias primas de exportación y la dificultad de seguir consumiendo productos importados de países avanzados, dotó de un gran impulso al sector industrial o secundario y favoreció la irrupción de actores que antes no eran tomados en cuenta: la burguesía nacional, el proletariado, las clases medias, los militares, los intelectuales, los universitarios, etcétera. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas y las alianzas de clases, hay que concentrar éstas en las disputas entre los intereses de la oligarquía terrateniente-agrominera y la naciente burguesía. Sin concordar plenamente con
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De la Garza Toledo cuando dice que “no se trataba de la lucha entre capitalismo y precapitalismo, sino entre dos grandes fracciones burguesas, la terrateniente y la industrial”, porque eso no nos ayudaría a entender las especificidades del capitalismo subdesarrollado latinoamericano en donde existen muchas bases para hablar más bien en términos de la persistencia del poder capitalista más tradicional, ya que no existe una burguesía plenamente constituida, nos interesa destacar la disputa entre las fracciones de la clase dominante, en este periodo, por el control del Estado, lo que aunado en algunos casos con la fortaleza del movimiento campesino e indígena y en otros, por el ascenso del proletariado, es fuente de alianzas de clase muy particulares. En México se dio una revolución, pero en la mayoría de los casos se produjo un modus vivendi entre aquellas fracciones con los sectores más vinculados a la industria sobre bases muy frágiles debido a que éstos se mantenían dependientes del modelo agroexportador. En este caso el tránsito entre el viejo Estado oligárquico y el nuevo Estado capitalista de la Revolución mexicana quedó sellado con el ascenso del cardenismo que rompió con los restos de las fuerzas conservadoras, apoyándose en obreros y campesinos para emprender una reforma agraria a fondo, la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles y la formalización de la relación corporativa entre Estado, sindicatos y organizaciones campesinas. En Argentina, a diferencia de México, no hubo revolución y sí, desde los años treinta, una cadena de golpes militares, que fue debilitando pero no sacando de la escena a la oligarquía terrateniente. Con la aparición del peronismo en 1946, irrumpe el proletariado como fuerza política en alianza con los sectores medios mediante la cual Perón pudo iniciar una política de intervención del Estado en la economía, de industrialización y nacionalizaciones. Sin embargo, la alianza de la oligarquía terrateniente con los otros factores de poder, como son la Iglesia y las fuerzas armadas, permite que este sector recomponga sus fuerzas y derroque a Perón en 1955. En Brasil, el punto de arranque del desarrollo industrial y de la corporativización del movimiento obrero fue el golpe militar de 1930 que llevó al poder a Getúlio Vargas. Se estableció una forma de organización sindical, muy peculiar, pues los sindicatos tienen una estructura territorial; no hay la categoría de contrato colectivo de trabajo, pues se consideró que en el Código del Trabajo estaban contenidos todos los derechos de los trabajadores, quedó prohibido formar confederaciones nacionales de trabajadores. El varguismo planteó una serie de tareas que dejó inconclusas, pero lo particular del arreglo brasileño es que, con el golpe de 1964, la dictadura no fue neoliberal, sino desarrollista, profundizando la sustitución de importaciones y la industrialización, así como la intervención del Estado. Venezuela es otro caso de corporativismo de larga duración. Con la dictadura de Pérez Jiménez la industrialización fue limitada, aunque la propia dictadura se identificaba con la sustitución de importaciones, pero la dependencia de
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la economía respecto de la exportación petrolera siempre había y ha sido apabullante. Hasta la caída del dictador en 1958, se inicia una etapa de importante crecimiento económico pero apuntalado en el petróleo. Cuando Acción Democrática gana las elecciones, estableció un pacto con otras fuerzas políticas y con los sindicatos. Fue el inicio del corporativismo venezolano, ya que la Central de Trabajadores de Venezuela, había estado controlada por los principales partidos políticos (De la Garza, 2001:94). Como dice Miriam Kornblith (Kornblith, 1998), después de 1958 el país funcionó bajo las claves de un “sistema populista de conciliación de élites”, que representaba a los sectores minoritarios pero más poderosos como son los partidos políticos, las fuerzas armadas, la Iglesia, los grupos empresariales, grupos laborales organizados, asociaciones gremiales. Al mismo tiempo se institucionalizó un sistema semicorporativo de participación y representación de intereses dominado por los partidos políticos que hoy entró en crisis. Que la estructura semicorporativa es muy difícil de desmontar y que persisten los grupos más tradicionales de dominación, queda al parecer demostrado con la crisis institucional que enfrentó aquel país el pasado 10 de abril de 2002 y que protagonizó el golpe de Estado frustrado, por medio del cual precisamente esas élites intentaron derrocar al presidente constitucionalmente electo, Hugo Chávez, aliándose con algunos sectores de las fuerzas armadas y contando con el total apoyo de los medios de comunicación más importantes y con el de Estados Unidos. Colombia es un país con una situación intermedia en el sindicalismo, puesto que existe una mezcla de corporativismo y clasismo, como también sucede en Perú, donde incluso se da un clasismo más extendido que ha impedido la corporativización del movimiento obrero. En situaciones como Uruguay y Chile, se combina una tradición clasista con un sistema de partidos y un proceso muy importante de institucionalización. Es en estos conflictos de clases donde surgieron los llamados regímenes políticos populistas en América Latina en los años veinte, treinta y cuarenta, con componentes caudillezcos y nacionalistas, que identificaron, frente al capital extranjero, la industrialización con los intereses de la nación, que establecieron políticas de desarrollo nacional dirigidas por el Estado, proteccionismo, planes nacionales y Estado empresario “se apoyaron como base de masas en el campesinado, el proletariado y sectores medios urbanos” ( De la Garza, 2001:90). Pese a que la experiencia populista no fue un proceso estrictamente idéntico para las distintas realidades, sí podemos hacer referencia a los elementos típicos que hicieron posible la experiencia populista; entre éstos destacan: La presencia fuerte del Estado en el ámbito político, económico, social y cultural; la aspiración desarrollista-redistributiva, a fin de reorientar el flujo del excedente económico “hacia adentro” y para el beneficio de la clase media, urbana e industrial; la retórica antioligárquica y antiimperialista, principalmente en contra de Estados Unidos, con miras a conseguir una mayor autonomía en el manejo de sus relaciones internacionales y para defender la soberanía de los es-
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tados; el carácter policlasista (transacción entre fuerzas integradas por el pacto populista: la llegada de la burguesía industrial-urbana, las clases medias, los sectores intelectuales, el proletariado y los militares); el carácter demagógico y carismático basado en la relación líder-masa y en la relación política del Estado-partido-sindicato; la connotación represiva y manipuladora del Estado para controlar a las masas. En términos generales, podemos afirmar que el populismo significó para América Latina un momento peculiar de cambio social, en el cual se lograron establecer las bases que apuntalaron el desarrollo económico, político y social. Expresó la ruptura de la fuerza oligárquica tradicional y el arribo de una correlación sociopolítica de fuerzas del todo distinta. Este juego permeado de una nueva conformación y combinación de fuerzas sociales, políticas y económicas permitió organizar y hacer funcionar la nueva forma del Estado.
LA MODALIDAD DESARROLLISTA BURGUESA DEL ESTADO CAPITALISTA DEPENDIENTE
El Estado nacional desarrollista se refiere a una concepción más conservadora, dirigista del Estado en el proceso económico, el llamado desarrollismo, momento en que la posición política de los grupos gobernantes hacia los trabajadores sufrió modificaciones importantes. La clase obrera fue reprimida o exaltada abstractamente como aliada, según las coyunturas específicas. Otros regímenes populistas como el varguismo y el peronismo se agotaron como modelo debido a la reorientación de las tendencias internacionales y al desgaste interno y desembocaron en golpes militares, por lo que después de la segunda guerra mundial no necesariamente los procesos de modernización pueden ser vistos a través del desarrollismo, como en Centroamérica, sino bajo modelos de Estado contrainsurgente. En los años posteriores al varguismo en Brasil, al cardenismo en México y al peronismo en Argentina y demás experiencias exitosas de corte nacional-popular en América Latina, en donde quedó demostrada la gran capacidad del Estado para integrar a las masas populares, las clases medias y los sectores urbanos e intelectuales, a los beneficios del modelo de desarrollo económico y político, surge un nuevo carácter del Estado-capitalista dependiente en América Latina, ante el ocaso del nacionalismo populista: su modalidad desarrollista-burgués.* El gobierno de Juscelino Kubitschek (Brasil), de Miguel Alemán (México) y de Jorge Alessandri (Chile) –y parcialmente el de Alfonso López Pumarejo en Colombia– destacan por haber promovido desde el Estado y desde su sustento (coalición de políticos tecnócratas, empresarios nacionales y oligarquía) una concepción desarrollista-industrializadora que no contemplaba las bases políti* Se alude a una nueva modalidad desarrollista burgués del Estado en América Latina, en gran parte, porque las experiencias antes aludidas comparten características que impiden categorizarlas bajo el proyecto nacional-popular.
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cas y sociales que habían sido tradicionalmente las aliadas de la experiencia nacional-popular. Por ejemplo, Jorge Alessandri representaba a las fuerzas del gran capital industrial y financiero aliado a los consorcios imperialistas y encarnó los intereses de la gran burguesía industrial, comercial y bancaria. La política de éste fue atraer el capital privado en su modalidad nacional o extranjera y su apoyo en los empresarios, partidos tradicionales y la Iglesia. Alessandri fue una figura que tejió una política regresiva en términos del populismo que Chile conoció, pues la congelación de salarios, los conflictos del mundo laboral, las masacres de trabajadores (1962), la represión popular y la política reaccionaria, dieron cuenta del nuevo proyecto político al que se encaminaba el capitalismo tardío y dependiente en América Latina. El caso de Juscelino Kubistchek, no es del todo distinto, pues su gobierno no significó un momento de movilización de las masas obreras, campesinas y pequeño-burguesas. No existió un programa comprometido con las clases populares y a Kubitschek se le conoce como aquel personaje de la historia brasileña que revivió el pacto oligárquico-burgués imperialista. Durante su administración, llegó a desarrollarse significativamente el capital extranjero con la consecuente instalación de empresas multinacionales y se favoreció una inversión directa de los capitales monopólicos extranjeros en ciertas áreas de la economía y producción brasileña. Además de no otorgarle un peso relevante a la cuestión agraria, su proyecto desarrollista-industrial buscaba, ante todo, ampliar el mercado interno en función de la mano de obra barata. En su periodo surgieron varios conflictos salariales en contra de la caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y media del país. Recuérdese las huelgas que ocurrieron en S˜ao Paulo y Minas Gerais en los años 1957 y 1958 por demandas para incrementar los sueldos. El abandono de la vieja ideología nacional-popular también llegó a México. El proyecto industrial de Miguel Alemán no se tradujo en concesiones a las demandas obreras y campesinas. Por el contrario, se registraron tensiones sociales y contrarreformas en cuanto a la conquista de derechos laborales, que fueron resueltas con la intervención del ejército y de la policía (charrismo sindical). Con base en la represión, autoritarismo y en un manejo vertical, se depuraron los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, a fin de apoyar su recomposición (intervención del ejército en la sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros). La falta de negociación política fue una característica innata de estos regímenes, así como la disciplina al movimiento obrero y la anulación de avances progresistas en cuanto al régimen de la tierra. Las bases políticas del cardenismo son reconvertidas, refuncionalizadas e instrumentalizadas en función de un proyecto político diferente a partir de 1940. Aun cuando estas experiencias se condujeron avantes, permanecieron y se reprodujeron con remanentes nacional-populares y se apoyaron en sus mediaciones, cambió el proyecto político y económico de la nueva élite política y de los grupos de poder económicos, que pronto impactaron en la relación especí-
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fica entre los diversos actores. Para concluir esta caracterización del Estado desarrollista podemos coincidir con José Luis Fiori en que: Lo fundamental que hay que recordar es que fue la derecha –económica y política– la que construyó y usufructuó del Estado desarrollista; y que, en este sentido, las actuales reformas liberales son básicamente conservadoras porque alteran la forma pero preservan la esencia de lo que siempre fue criticado por la izquierda con respecto al Estado/estrategia desarrollista latinoamericano: su patrón de financiamiento externo; su base sociopolítica de sustentación derechista y autoritaria; su uso oligárquico en la protección indebida de intereses privados; y, finalmente, su estrategia de crecimiento invariablemente excluyente desde el punto de vista social. Conocida la historia de este subcontinente, sólo el cinismo de nuestras élites conservadoras puede sostener que la defensa de algunas conquistas sociales, apenas logradas en tiempos relativamente recientes por los excluidos de estos países, pueda ser acusada de conservadora o incluso de reaccionaria. Lo mismo se puede decir de la confusión intencional que muchos hacen entre la defensa de un núcleo estratégico estatal capaz de proteger la homogeneidad nacional frente al efecto desintegrador de la mercantilización desenfrenada o lo que es apenas una forma más de proteger los mismos intereses que siempre se escudaron en el Estado desarrollista y ahora se benefician con su jaraquiri” (Fiori, 1999:xviii).
LA MILITARIZACIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
Las dictaduras militares en América Latina constituyeron una prolongada interrupción de los regímenes civiles y la cancelación de la vía política tradicional, para canalizar los conflictos y regular el orden social establecido. Asimismo, expresaron la culminación de un proceso que había ofrecido pocas oportunidades para la consolidación democrática estable en la mayoría de los países. Cuando en 1964, las fuerzas armadas brasileñas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al presidente Jo˜ao Goulart, inauguraron una nueva forma de golpismo en América Latina. Ya no era el caudillo militar ni eran tiempos de organización nacional, sino que se trataba de las fuerzas armadas, como institución, como un cuerpo profesional inserto en el aparato de Estado que rompían la norma constitucional. Se trataba además de los países más desarrollados en lo económico y lo político de la región, lo que contrariaba la máxima de a mayor desarrollo, mayor democracia, pues años más tarde ocurría lo mismo en Argentina, al arribar al poder el general Onganía (1966) como preámbulo a una de las peores dictaduras que hubo conocido ese país y que fue la protagonizada en primera instancia por el general Videla (1976-1983); años de la llamada Guerra sucia en la cual desaparecieron o fueron asesinadas 30 mil personas. En 1971 Hugo Bánzer ponía fin al gobierno reformista de Juan José Torres en Bolivia y un sangriento golpe militar derrocaba al presidente constitucional
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de Chile Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, seguido por un golpe similar en Uruguay. De igual forma, se produjeron una serie de pronunciamientos militares en Centroamérica y el Caribe que derrocaron a los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Honduras y República Dominicana.* Bajo este contexto, Luis Maira trata de acercarse al tema respondiendo a una pregunta central: ¿estos estados de excepción en América Latina forman parte de un diseño internacional definido en el marco hegemónico de Estados Unidos o responden a un designio autónomo de cúpulas militares en el país? El autor comenta que aunque el Estado de Seguridad Nacional mostró sus diferencias en cada país y que, sin duda, se desplegaron experiencias disímiles en la región, compartieron la misma matriz ideológica inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos había desarrollado en los años cuarenta. Esta Doctrina que conllevaba en su seno un cambio radical en el planteamiento político-estratégico estadunidense, tenía como propósito fundamental transmitir a los países del área esta nueva percepción de la política exterior estadunidense y de adherir específicamente a las fuerzas armadas latinoamericanas a través de la vía diplomática y del ofrecimiento de entrenamientos y capacitación. Más adelante, estos planes cundieron en el esfuerzo contrainsurgente que apoyó la Alianza para el Progreso, a fin de que otros países del continente no repitieran el ejemplo cubano y de contener en forma global y regional el comunismo internacional. Con la introducción de la guerra fría en América Latina se inicia, en Washington y en los círculos de la derecha latinoamericana, una revisión profunda de la organización política del continente. Para Estados Unidos, la verdadera respuesta ante la irreconciliable visión del mundo libre y comunista, se centraba en la necesidad de transformar la base del aparato del Estado en el de seguridad nacional. Este Estado que debía erigirse, tenía como proyecto histórico evitar el contagio comunista, a través de la eliminación de las garantías constitucionales que caracterizaban a las democracias liberales, de la cancelación de los derechos humanos en función de proteger el control de la subversión y de los tratados militares signados con los demás países del continente. Todo ello se realizaba bajo la inspiración de preservar la civilización, la ideología y la cultura occidentales. Al igual que Maira, Ruy Mauro Marini, se pregunta ¿por qué el Estado populista que favorecía la acumulación del conjunto de las fracciones capitalistas termina por desestructurarse en América Latina? Para responder a ello, recurre al análisis de la crisis de acumulación interna y al estudio del fascismo como punto de referencia, aunque reconoce las grandes distancias que existieron de nuestras propias experiencias frente a las del continente europeo, por lo que extrae de éste su carácter eminentemente contrarrevolucionario como uno de los elementos más significativos que nos pudiera transportar y adentrar de mejor forma al estudio de caso latinoamericano. * Habría que recordar que la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana confirmaba una vez más el apoyo que este país le otorgaba a las dictaduras militares en América Latina, garantes del orden de sus intereses.
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Para Marini, el Estado de contrainsurgencia es el resultado de un proceso en el que las fuerzas militares vinculadas al capital monopólico se alían junto con los intereses extranjeros para beneficiar una nueva modalidad de acumulación de capital que favorece a dicha fracción y desfavorece al pequeño y mediano capital. Para viabilizar el nuevo patrón concentrador y evitar las rebeliones o incluso una revolución, se echa a andar un Estado basado en la contrainsurgencia, tal como lo muestra el Estado venezolano que surge en 1959, cuando Betancourt era presidente. Marini comparte con Maira el relevar el contexto geopolítico internacional que impone una nueva agenda de prioridades en la estrategia global y muestra cómo Estados Unidos, cabeza del mundo capitalista, se ve enfrentado a una cadena de procesos revolucionarios en distintas partes del mundo (Argentina, Congo, Vietnam, Cuba). Ante ello, surge este Estado de contrainsurgencia a fin de otorgarle a la política un enfoque militar con el pleno objeto de detener el movimiento revolucionario y extirparlo. Este Estado que significó un caso de excepción y que exigió suspender la democracia burguesa, también priorizó las condiciones para favorecer la supervivencia y los intereses de las fracciones monopólicas, tanto nacionales como extranjeras. Esta correlación sociopolítica de fuerzas empleó la fuerza del Estado para enfrentar al movimiento popular, ante su mera incapacidad de luchar en la arena política. Siguiendo la tradición presidencialista que ha marcado la esencia y la forma de los sistemas políticos en América Latina, una de las características de este tipo de Estado que más sobresalió fue la hipertrofia del poder ejecutivo, conformado por una rama militar y una económica (tecnoburocracia), lo que equivalió a favorecer la concentración de poderes en el ejecutivo en detrimento del poder legislativo y el judicial.
UNA VISIÓN FINAL DE CONJUNTO SOBRE EL ESTADO NACIONAL POPULAR DESARROLLISTA LATINOAMERICANO
Esperamos que haya sido demostrado que en este momento, clave para América Latina se hace indispensable reabordar el análisis del Estado nacional-popular en la región, para rescatar los elementos que bien pudieran enriquecer el debate actual en torno a los principios de una estrategia alternativa de desarrollo. Aludimos a que se trata de un debate importante en un momento histórico trascendental para América Latina por dos razones principales; primero, por la existencia de un nuevo contexto internacional que obliga a repensar el papel del Estado, contexto caracterizado por el fin de la posguerra fría y marcado por vertiginosos cambios, dado el despliegue internacional del capital y las transformaciones científico-tecnológicas promovidas y avaladas por la globalización; y segundo, por la urgente necesidad que enfrenta hoy América Latina de descu-
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brir cauces alternativos de solución a la mayoría de los problemas que aquejan a la región y que incluyen una referencia al papel del Estado, debido al dramático retroceso social que a casi 20 años, hemos experimentado con motivo de la acumulación neoliberal. Revisitar al Estado populista y el Estado nacional desarrollista con el objeto de revalorar su especificidad sobre aportes y límites, resulta ser un ejercicio obligado para cualquier cientista social latinoamericano preocupado por la situación actual y el futuro cercano que nos aguarda. A pesar de que se estableció una democracia con bases precarias, habría que insistir en el carácter autoritario, semidictatorial o dictatorial del Estado populista. No se logró incluir a las fuerzas no populistas, se emplearon técnicas de cooptación, manipulación, clientelismo y control para debilitar a la oposición, que conllevaron a la hipertrofia del poder ejecutivo. Pese a ello, debemos ubicar nuestra apreciación peculiar sobre el populismo en el terreno de los grandes proyectos integradores de América Latina. El Estado populista, a diferencia del Estado oligárquico, en donde el poder se ejercía sin el consentimiento del pueblo y éste no era desconcentrado ni distribuido, emitió su propia forma integradora de masas, pues en lo político representó los intereses de determinados grupos sociales vinculados entre sí por medio de un pacto nacionalista y popular, en lo económico logró reorientar los flujos del excedente, que satisficieron hasta un tiempo determinado las necesidades y satisfactores básicos de sectores mayoritarios de la sociedad y, por último, en lo social, pudo regular las conductas de sus miembros. Podemos afirmar que la época del Estado populista en América Latina remarca toda una era de cambios sustanciales desde el modo de regulación del Estado social desarrollista, que incluía el intento por sentar las bases para forjar un desarrollo económico autosostenido, hasta la forma de percibir la política y las formas de participación social. En el aspecto político, la institucionalidad de la representación y participación política del Estado desarrollista fue precaria, excluyente de amplios grupos sociales marginados y sobre todo no democrática. En el ámbito económico el Estado impuso una serie de medidas que tendieron a contrarrestar la estructura agraria y latifundista. Su gran cometido fue generar excedente económico por la vía industrial y por el mantenimiento y la ampliación relativa del mercado interno e interrumpir la transferencia hacia el sector agroexportador. Para Agustín Cueva, la tarea principal del Estado capitalista-dependiente en América Latina fue transformar la modalidad reaccionaria del desarrollo de ese capitalismo en una modalidad progresista (Cueva, 1977:148). En su papel de motor del desarrollo y de facilitador del progreso material, el Estado nacional-popular latinoamericano, interventor en la economía, debía devolver a la nación los recursos naturales que por geografía le pertenecían y que en aras de ejercer su pleno derecho a la soberanía, se encontraban en manos de intereses extranjeros. Pese a ello, estuvo muy alejado de conformar un mecanismo au-
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tónomo de desarrollo, sirvió plenamente a la acumulación monopólica de capital a partir de una industrialización extensiva (y no con base en una innovación tecnológica propia) (Cueva, 1977). A esos fines el Estado crecientemente subordinó el salario y el empleo; siguió dependiendo de la entrada de divisas del exterior y de los vaivenes a que quedaban sujetos los precios de nuestras exportaciones en el mercado mundial. Frente a Estados Unidos, polo hegemónico insustituible del sistema capitalista, después de la segunda guerra mundial, se reavivó nuestro carácter dependiente y se redefinió nuestra subordinación bajo nuevas formas de vinculación y dominio. La función del Estado nacional popular no se limitó a ser el garante del orden ni tampoco a ser el concentrador de la economía, sino que actuó como ente viabilizador de la acumulación, canalizador también de los procesos políticos y sociales, y como productor y difusor de la cultura e ideología. Este Estado se convirtió en un agente de cambio económico y político. Sólo el Estado podía hacer desaparecer los antiguos privilegios para echar mano de la reforma social que se requería concretizar. No obstante, pronto reflejó el carácter conservador de su peculiar compromiso social. El Estado pasó a ser el actor central de la sociedad y se hacía partícipe de los conflictos que surgían de las relaciones obrero-patronales y pugnas entre distintos grupos y gremios. A partir del reconocimiento de los intereses particulares y conciliándolos en un todo unificado, este tipo de Estado se erigió como una instancia mediadora sobre los conflictos que se produjeron entre clases y grupos. Todo ello se logró organizando y unificando a las masas, otorgando a los sectores más representativos de la economía y de la política nacional de una representación oficial frente al quehacer del Estado. El Estado nacional desarrollista y populista fue el intento más acabado de conciliar las contradicciones sociales y políticas en sociedades profundamente desiguales, heterogéneas y fragmentadas como las de América Latina, en el marco de economías dependientes que buscaron articular a la nación, responder a los derechos básicos de sus sociedades en términos de salud y educación, que permitieron alianzas sociales para construir una dimensión política, instrumentando formas de organización policlasista –Graciarena y otros autores lo llamaron por eso Estado de compromiso– y una identidad; aunque, a falta de sujetos sociales y políticos autónomos, estas tareas trascendentales se realizaron de manera no democrática, corporativa, clientelista, por medio de un presidencialismo autoritario. En opinión de Alberto Parisí de la Universidad Nacional de Córdoba, el populismo revoluciónó “desde arriba” a la sociedad de su tiempo, generando enormes beneficios, especialmente para los desposeídos y fundando lo que llama “Estado de Bienestar Criollo”, aunque el precio del pacto social que generó el populismo “estribó en suplantar fuertemente las iniciativas de la sociedad civil, generando una cultura paternalista y subsidiaria entre Estado y sociedad civil“ (Parisí, 2000:248).
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Coincidimos con Emir Sader en que hoy dìa no se trata de volver al Estado anterior: “si nosotros nos casáramos con ese Estado tal cual, iríamos al fondo del mar junto con él, es un Titanic que en verdad está perdiendo equilibrio”. Pero luego se pregunta ¿qué es lo rescatable de lo que hemos tenido hasta ahora en América Latina?, ¿acaso las opciones son como dicen los neoliberales entre estatal o privado, Estado o mercado, colectivismo estatal o espacio del individuo? “La utopía del liberalismo en última instancia es que no existan sino individuos en la sociedad y un Estado distanciado de ellos […] que seamos reducidos a consumidores […] como individuos para el mercado, no como sujetos políticos con derechos” (Sader, 2000:241).* Tiene razón Sader al afirmar que la alternativa no está en el abandono del Estado y en echar por la borda la herencia histórica de los logros del Estado nacional popular. Consideramos fundamental rescatar la dimensión pública del Estado, la dimensión ciudadana, recuperar lo que es comunitario. Es totalmente aceptable recoger la herencia del Estado desarrollista en cuanto a mantener el papel estratégico del Estado en el ejercicio de la regulación política de la acumulación de capital, junto a la necesidad de reafirmar objetivos de un real desarrollo social y nacional. Para ello también habría que combinar la democracia formal con la democracia directa, instrumentar “acciones que tienen que ser estatales pero que tienen una contrapartida de la ciudadanía organizada, combatiendo el carácter burocrático, tecnocrático del estado” (Sader, 2000:245-246). Lo antes dicho es necesario para superar, por lo tanto, la concepción neoliberal subdesarrollada de que el mercado es el regulador más adecuado de la vida social y política en lugar del Estado, esa imagen equívoca del paso de la matriz Estado-céntrica a la mercado-céntrica, que en los hechos significa ahondar los rasgos de subordinación y dependencia por el total abandono de los objetivos sociales nacionales y políticos, así como estratégicos, de un Estado que se ha privatizado para responder a los intereses de los grupos más vinculados con el capital transnacional (principalmente norteamericano). Grupos que exigen fin a todo subsidio estatal, mientras Estados Unidos aumenta el subsidio al campo, coloca aranceles al acero y extiende su proteccionismo a otros rubros, exige total apertura de las fronteras al tiempo que cierra las suyas, imponiendo controles policiacos militares cada vez más férreos. * El presupuesto participativo que se practica en alcaldías como Porto Alegre, donde el PT busca instrumentar alternativas incorporando a la ciudadanía en el manejo del presupuesto y que merecería un trabajo aparte, se trata de experiencias que buscan contrarrestar la desigualdad producida por el modelo económico, como dice Sader, un proceso de socialización de la política que tiene límite, porque una alcaldía no puede hacer mucho más. Otro ejemplo es el Movimiento de los Sin Tierra, MST, cuyos asentamientos llegan a organizar a un millón de personas, donde todos los niños van a la escuela –tienen 850 escuelas y miles de profesores–, porque para los Sin Tierra, la escuela es tan importante como la tierra, la supervivencia tan determinante como la necesidad de definir identidad, cultura, ciudadanía. Lo interesante es que los Sin Tierra han logrado el reconocimiento y cuentan con recursos estatales, pero respetando… la dinámica colectiva de grupos que se definen como movimientos sociales.
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Hay que recordar que el Estado latinoamericano no ha dejado de intervenir en la vida económica. El problema es que lo hace en beneficio de los grandes intereses locales y extranjeros, con métodos mafiosos, como se dio durante el régimen del presidente Menem en Argentina, lo que nos coloca en la vía de la reestructuración del Estado bajo las administraciones neoliberales, donde hay que ver la corrupción no como un legado del populismo, sino como producto de formas de ejercer el poder sin necesitar legitimarse, de la mercantilización de la política, del neopatrimonialismo neoliberal, de los herederos del Estado, esa casta de nuevos ricos que se formó como fruto de las privatizaciones a ultranza que se practicaron en los últimos decenios en la región. El discurso neoliberal adjudica al viejo y gordo Estado populista la corrupción, pero, como dice Parisí sobre el caso argentino, aunque aplicable a otros casos: “el tamaño de la corrupción en ese país con epicentro en el Estado se debe no tanto a la sumatoria de actos corruptos cuanto a que el propio Estado se convirtió en una maquinaria al servicio de la corrupción”. Su antecedente es la dictadura neoliberal de 1976 que convirtió al Estado en un aparato o maquinaria de asesinar, usando el poder y los símbolos del Estado mismo, junto con la impotencia para frenar y castigar esa situación. Experiencias como las de los países asiáticos, que lograron índices de crecimiento sostenido e importante e incluso lograron sortear la crisis económica, precisamente, gracias al papel del Estado, junto con el desastre social generalizado que es América Latina, ha hecho que algunos funcionarios de entidades financieras como el Banco Mundial hayan llegado a la conclusión de que el Estado fuerte fortalece al mercado, incluyendo las ganancias; y existe cada vez más la convicción de que bienes públicos como educación y que la creación de tecnología contribuyen a aumentar la productividad, mientras que los sistemas destinados a garantizar cierta base de ingreso mínima “aumentan la masa de consumo y reducen la incertidumbre del mercado” (Banco Mundial, 1997). Joseph Stiglitz, quien ha sido vicepresidente del BM, sostiene que cuestionar las intervenciones estatales en bloque hace olvidar el éxito de los tres decenios precedentes, al cual el gobierno, pese a yerros ocasionales ha contribuido ciertamente. Sin duda, estos logros que no sólo incluyen grandes aumentos del PIB per cápita, sino también incrementos en la esperanza de vida, en el nivel de educación y en una gran reducción de la pobreza, son mejoras reales y más duraderas que la presente crisis financiera (Julio Sevares, 2000:299). Hacer una evaluación, por lo tanto, del papel que jugó el modelo estatal que hizo crisis en la región, evaluando sus alcances y limitaciones de una manera equilibrada, es un antecedente necesario para entender tanto la forma que asume el Estado bajo el neoliberalismo, como para emprender la búsqueda de alternativas entre las cuales será imprescindible contar con un Estado refundado sobre la base de un nuevo pacto social, un Estado dinámico que recupere poder e iniciativa. “El Estado mínimo no sólo renuncia a toda posibilidad de revertir los elevados niveles de inequidad social y económica, sino que debilita en la práctica el
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principio de ciudadanía universal: sólo las instituciones de un Estado fuerte pueden asegurar el imperio de la ley” (Cavarozzi y Berensztein, 1998). La crítica neoliberal al Estado que en el caso de los países europeos ha llevado a replantear su papel como actor en el proceso de “mundialización” (término no sólo semántico, sino que asigna una función al Estado en la etapa actual de la internacionalización capitalista), parece llevarse hasta sus últimas consecuencias en el caso de los países de América Latina y otros del Tercer Mundo, al desmantelar todos los fundamentos de la importante presencia económica, política, social que tuvo en países, en los cuales su debilidad estructural, su heterogénea y frágil composición social, el peso de la oligarquía conservadora, de instituciones autoritarias, la ausencia de una clase hegemónica, los llevó a reinsertarse en el mercado mundial, en tanto países capitalistas dependientes, como países tributarios y subordinados a los dictados externos, colocando la soberanía del Estado en entredicho. La crítica neoliberal del Estado se ejerce sin ningún horizonte histórico, sin conocimiento social y político y sin herramientas teóricas –todo lo cual no forma parte de la formación del tecnócrata criollo–, como para comprender las formas que asume el Estado en la periferia capitalista, los límites en que se movió en nuestra región y las alternativas nacional populares que siguen presentes y vigentes. Hoy América Latina enfrenta el problema de la mayor pérdida de soberanía habida en la historia de los estados latinoamericanos –financiera, política, cultural, geoestratégica– frente a Estados Unidos. Si el papel del Estado en el orden neoconservador actual está cambiando en todo el mundo, este proceso está más acotado en América Latina por los menores recursos y colchones institucionales (a diferencia del Estado de los países desarrollados que mantiene, en mayor o menor medida, el corazón del Estado de Bienestar), la mayor gravitación del capital transnacional y las exigencias del FMI y del BM. A lo anterior hay que agregar la recomposición hegemónica que busca Estados Unidos, a partir de lo que considera su zona natural de influencia, mediante la redefinición de sus problemas de seguridad nacional a los que ha de sumar el combate al narcotráfico, el terrorismo, después de los atentados del 11 de septiembre, dándole una dimensión aún más militarista a la relación con los súbditos latinoamericanos, y el Plan Colombia, que sería el rostro contrainsurgente del proyecto de integración hemisférica que es el Área de Libre Comercio de América (ALCA) (como en su momento fue la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy y el programa contrainsurgente y militarista que en la lucha contra la irradiación de la Revolución cubana prevaleció sobre las reformas). En las condiciones de asimetría que han caracterizado las relaciones Estados Unidos-América Latina, no podemos esperar más que mayor subordinación a la administración del presidente Bush Jr. y todas las águilas militaristas y los halcones republicanos que le acompañan. No se puede teorizar sobre el Estado en América Latina y sus transformaciones sin mencionar esta otra cara del Estado latinoamericano que es su tipo de
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vinculación subordinada con Estados Unidos. En este sentido, cabe considerar el impacto del declive hegemónico de dicho país a nivel mundial, lo que significa su repliegue hemisférico. Marcos Roitman, comentando un texto de Joan Garcés intitulado De soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Roitman, 2002), señala acertadamente cómo con la llegada de los gobiernos neoliberales en América Latina, la mayoría electos por voto directo, secreto y universal, existe una complementariedad de objetivos entre las fuerzas políticas internas, las élites económicas y “la estrategia de desintegración nacional diseñado por la potencia hegemónica, en este caso, Estados Unidos”, país que no se ha visto en la necesidad de imponerse por la fuerza, pues ha encontrado anuencia, aceptación y total identificación de los actuales gobiernos latinoamericanos –a excepción de Cuba y de Venezuela– a su política exterior, al punto irrisorio de que hasta se adelantan a lo que puede desear dicho país. Y concluye afirmando que “lo verdaderamente trágico para América Latina es que sus gobiernos cipayos practican una política de sumisión consciente, cuyo resultado es la desintegración de proyectos democráticos internos. Y en esto coinciden ambos actores, los protagonistas y los bufones del imperio.”
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REVISITANDO AL ESTADO. LAS ESPECIFICIDADES ACTUALES DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA LUCIO OLIVER COSTILLA*
INTRODUCCIÓN
A pesar de su manifiesta importancia, en América Latina resulta una tarea difícil y a contracorriente estudiar al Estado y lo público en estos tiempos de nueva mundialización y de agrupamiento obligatorio e inevitable de las formaciones nacionales en bloques regionales. Para nuestra investigación sobre lo específico de los estados en América Latina hemos dividido a los estados contemporáneos en tres grandes grupos: 1] Unos cuantos estados capitalistas transnacionales hegemónicos que dominan conjuntamente al mundo o, cada uno por separado, regiones enteras –América, Europa, Asia– y someten múltiples formaciones nacionales a sus dictados. En este caso, están el estadunidense, el alemán y el japonés. 2] Algunos pocos estados del capitalismo avanzado que logran a duras penas mantener un grado de equilibrio, autonomía y soberanía relativas en el nuevo contexto de hegemonía triádica y de procesos de integración en bloques regionales, Aquí se encuentran ciertos estados europeos (Inglaterra, Francia, Italia y, en menor medida, también España), China, Canadá y, en menor grado Rusia y la India, y 3] Una multitud de estados capitalistas de desarrollo medio y de desarrollo precario, cuya característica básica es que su soberanía e instituciones son débiles, precarias, dependientes (en algunos casos incluso aparentes) y están sometidos de diversas formas a los estados fuertes. En este tercer caso, se ubican los estados de América Latina en general, una gran parte de los de Asia, algunos de Europa occidental y oriental y la mayoría de los estados de África. No obstante las evidentes diferencias en cuanto a tamaño, recursos naturales, población, grado de constitución del capitalismo nacional, inserción internacional, capacidad industrial, legitimidad, desarrollo institucional, cohesión social y política, poder internacional, etc., los estados latinoamericanos, en mayor o menor medida, están bajo la hegemonía de Estados Unidos, dominados por sus políticas transnacionales, dependiendo de los distintos organismos financieros, económicos y políticos internacionales que ese Estado maneja, situación que, en general, ha sido aceptada con beneplácito por las élites internas. * Sociólogo, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, México.
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En América Latina los actuales estados tienen una legitimación que proviene de que son el resultado del retorno a las repúblicas civiles con democracia, pero sus instituciones son precarias y sus poderes están disminuidos; en lo externo, están limitados en su capacidad de mantener la autonomía y soberanía, a pesar de que en lo interno apliquen una dosis grande de dominio, manipulación y autoritarismo. Lo anterior no es tan sólo un fenómeno “político” de contraposición de poderes, entre un Estado mundialmente hegemónico y estados subordinados y precarios en lo interno y débiles en lo externo. La influencia decisiva del Estado hegemónico proviene del predominio de una nueva relación social global de capital, de los nuevos procesos de dominio mundial del capital, instaurados a partir de la reestructuración capitalista global de fines del siglo anterior, del avance de la internacionalización del capital, de la desregulación de los flujos comerciales, monetarios y de valores y de la (neo) financierización de las economías. Ello ha provocado un nuevo carácter, así como también nuevas estructuras, funciones y políticas de los estados latinoamericanos. En este capítulo exponemos los resultados de nuestra investigación de las tendencias prevalecientes y las transformaciones fundamentales ocurridas en el poder público de América Latina. Trataremos de dilucidar no sólo el nuevo carácter y las nuevas funciones, sino además de prestar atención a las tensiones y contradicciones institucionales y políticas que ponen a la orden del día una discusión urgente sobre la actualidad, las alternativas y las opciones para recuperar y redefinir el valor de lo estatal, lo público y lo general en la sociedad.
UNA HISTORIA RECIENTE. DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA AL ENCUENTRO CON EL ESTADO PRIVATIZADOR NEOLIBERAL
En las distintas área de nuestra región subcontinental (Sudamérica, Brasil, Países Andinos, Centroamérica, Caribe, México), hemos asistido durante los dos últimos decenios a un esfuerzo político de trascendencia, realizado por diversos actores políticos y sectores mayoritarios de las sociedades para instituir o recrear regímenes y sistemas políticos de democracia representativa con plena vigencia de los derechos civiles y políticos de la modernidad. Derechos que fueron cancelados o disminuidos anteriormente por los estados civiles y militares de contrainsurgencia que asolaron a la región, en los decenios de los sesenta y setenta del siglo XX. Los esfuerzos sociales y políticos democratizantes del decenio de los ochenta buscaron recuperar y ampliar las formas civiles y republicanas de representación y participación y abrieron camino a procesos de negociación de los asuntos políticos. La generalidad de los actores políticos suponía que con el retorno de la democracia política a través de pactos y acuerdos, la región vería florecer sus potencialidades y resolvería sus principales problemas. La sociología
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del tránsito a la democracia acompañó esos esfuerzos y generó una copiosa producción de literatura que prácticamente dominó los análisis y los debates (O’Donnell, 1997; Lander, 1996; Osorio, 1995). La realidad actual, a cerca de veinte años de haber iniciado dichas transformaciones, se nos presenta pletórica de instituciones precarias, democracias delegativas y crisis políticas recurrentes en buena parte de los países de la región (México: 1994, Venezuela: 1999, Perú: 2000, Ecuador: 2000, Bolivia: 2001, Argentina: 2002, etc.). Ello muestra que en los proyectos de cambio y en la lucha política de nuestras sociedades se ventilan otros asuntos igualmente graves que los de reimplantar elecciones libres, derechos civiles democráticos y establecer procesos de concertación entre actores. Son asuntos que fueron dejados de lado por la literatura y que tienen que ver con la dinámica contradictoria y conflictiva de la inserción latinoamericana en la globalización, con la (des)organización económica y social interna, con la acumulación (neo)oligárquica de capital, con la distribución del dinero y del poder en beneficio de una concertación en las alturas, con el dominio de clases elitistas, con la precariedad de las instituciones y con la ambigüedad de la cultura política. Los análisis de la democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas, con sus notables excepciones (González Casanova, 1990; O’Donnell, 1993; Emir Sader, 1996; Atilio Borón, 1997; Lander, 1996), redujeron las formaciones sociales de la región a su ámbito político; separaron y aislaron los asuntos de la democracia de los del patrón de acumulación y del Estado.1 El resultado fue desconectar el tránsito a los derechos políticos y civiles de la realización de cambios en el poder prevaleciente e ignorar la relación entre el carácter de este poder, la nueva relación de capital y la constitución de determinado tipo de reinserción internacional y de reproducción económica concentradora, excluyente y dependiente. Tampoco se consideró la cuestión del grupo social de clase (la fracción política capitalista) que mantiene la dominación en el Estado neoliberal latinoamericano y, por lo tanto, se dejó de cuestionar y analizar a la fracción financiera rapaz, que durante los dos últimos decenios indudablemente ha estado a la cabeza del Estado, dictando las políticas económicas prevalecientes, articulando la relación con el exterior y llevando a la población a la miseria y la exclusión. Las ciencias sociales no contemplaron tampoco, salvo notables excepciones (O’Donnell, 1993; Pipitoni, 1994) la precariedad institucional de nuestros estados y la débil hegemonía existente. También se dejó de lado la relación profun1 Tal como lo expone Manuel Antonio Garretón, en su texto, “Del autoritarismo a la democracia” (1991), para las corrientes teóricas dominantes en esa época, la democracia es “un tipo de régimen y no un tipo de sociedad […]. Los rasgos que diferencian y caracterizan al régimen democrático son tanto los que pueden definirse como ‘republicanos’, Estado de Derecho, división de poderes, como los que se refieren al problema de la representación y participación: soberanía popular, expresada en el sufragio universal, alternancia en el poder, pluralismo político, vigencia de libertades públicas y derechos humanos en general”(Garretón, 1991: 285-286).
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da del Estado y la nación; se ignoró el deterioro del bloque del poder al no asumir la pluralidad de esta última (política, social, regional, étnica, cultural, etc.) e incorporarla al terreno del poder (París Pombo, 2002). No se consideró la relación entre el Estado y la reinstauración de un patrón de desarrollo financiero-primario y secundario (en los países de mayor desarrollo capitalista relativo) exportador renovado, subsumido dentro de un nuevo modo de acumulación transnacionalizado (Piñón, 2002). Se hizo caso omiso de las implicaciones del pobre desarrollo de la sociedad civil popular y de las repercusiones negativas del sometimiento del ámbito público frente a su privatización creciente. En fin, se olvidó el complejo vínculo que existe entre democracia, Estado y sociedad y se perdió de vista el estudio de los intereses en juego y en conflicto en la región. Todo ello, hasta que la realidad ha ido poniendo las cosas poco a poco en su lugar. Por otra parte, el debate que hubo al final del siglo pasado en la política y en las ciencias sociales de la región sobre las cambiantes funciones y papel del Estado (véase la recopilación crítica de ese debate en Lander, 1996) se dedicó a hacer apologías y a respaldar las tesis sobre la reforma del Estado del Banco Mundial o, en el caso opuesto, a cuestionar el proyecto neoliberal de Estado mínimo y mercado máximo, sin atender en ambas situaciones a una cuestión vital del Estado: la necesidad de impulsar el fortalecimiento de las instituciones y de definir su relación con la dinámica de conjunto de la formación social y con las contradicciones sociopolíticas de la democracia política (Vilas, 1995). Por lo anterior, en este capítulo pretendemos revisitar el Estado actual en la región e intentar estudiar su carácter, su papel, sus funciones, para también conectar ese estudio con el panorama de precariedad de las instituciones, de la dominación política rapaz y antipopular ejercida por determinadas fracciones de la clase dominante sobre los aparatos del Estado, para entonces vincularlos con los asuntos de la democracia. Confiamos que ello nos llevará a entender las expresiones actuales de crisis política y de resistencia de la sociedad civil popular que recorre de sur a norte a nuestros países.
EL NUEVO CARÁCTER DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
Los recientes han sido años de redefinición del patrón capitalista de desarrollo histórico interno de las formaciones nacionales latinoamericanas y de cambios drásticos en los estados: se abrió paso una acelerada modernización y una “reinserción” de dichas formaciones en la nueva división internacional del trabajo (Saxe, 1993), en conjunción con procesos de contrarreforma neoliberal de los estados. Con notables diferencias entre los países que para finales del siglo anterior lograron un mayor desarrollo relativo del capitalismo dependiente –Argentina, Brasil, México, Chile y Venezuela–, los que permanecieron como países de desarrollo
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medio –los países andinos, de Centroamérica y del Caribe– y los países atrasados y abigarrados en extremo –entre los cuales se encuentran Paraguay, Haití, Honduras–, desde hace dos decenios se viene imponiendo en la región un nuevo patrón de desarrollo primario y secundario exportador, especializado y dependiente. En función de dicho patrón, la estructura productiva se asienta en la producción especializada y heterogénea de bienes primarios y secundarios básicos orientados a la exportación, en general, con base en enclaves locales de maquiladoras que se encuentran desligadas de la economía nacional. Además, los países se han vuelto paraísos fiscales para los negocios financieros, se equilibran en su macroeconomía gracias a ingresos continuos de remesas de migrantes y a inversiones extranjeras de capital. Los estados que promueven esta transformación –incluso los estados grandes como Brasil, México y Argentina– son económica y políticamente débiles, poseen instituciones precarias y una incapacidad estructural para competir con autonomía en el sistema internacional de estados.* El modo de acumulación interno que hoy prevalece está basado en dichas economías de exportación y está regido por políticas económicas monetaristas, además de ser más concentrador y excluyente que el anterior. En nuestras economías nacionales se ha producido un achicamiento del mercado interno, una relativa desindustrialización, un rompimiento de las cadenas productivas internas, un desempleo galopante; junto a la propagación de procesos de transnacionalización, financierización, concentración y centralización de capital, reducción del gasto público, privatización de activos y empresas públicas y focalización de los servicios sociales (Vuskovic, 1990; Piñón, 2002). Con respecto del carácter del Estado neoliberal latinoamericano actual, una cuestión poco analizada pero con grandes implicaciones es la que dice relación con el acceso de una fracción financiera rapaz a la dominación del Estado. Especialmente en los países con mayor desarrollo relativo del capitalismo, un sector burocrático financiero transnacionalizado domina el mercado accionario y las bolsas de valores, impone sus intereses, sus concepciones y sus políticas, comparte la dominación con inversionistas extranjeros y viejas oligarquías y tiene grupos de tecnócratas leales y antinacionales administrando los gabinetes económicos de prácticamente todos los países de América Latina (hoy quizá con la excepción relativa de Cuba y Venezuela). Igual en México que en Chile, Argentina y Brasil, con el triunfo de sus articulaciones internacionales, el desplazamiento y subordinación de las fracciones industriales internas, se produjeron la desregulación estatal, la dependencia fi* Las nociones de estados débiles y fuertes tienen significados cambiantes. Con relación al sistema internacional de estados, todos los latinoamericanos son estados débiles (Hirsh, 1996), mientras que dentro de la perspectiva latinoamericana un Estado débil expresa un capitalismo nacional subordinado, carece del mínimo de autonomía y depende de los intereses privados, mientras que un Estado fuerte es aquel que “independientemente del tamaño de su burocracia […] establece con eficacia esa legalidad y no es percibido por la mayoría de la población sólo como un ámbito para la persecución de intereses particularistas” (O’Donnell, 1993).
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nanciera extrema, la privatización de empresas estatales –en buena parte con los propios recursos del erario–, el compromiso absoluto de cubrir los servicios a la deuda externa, el uso de la deuda pública interna para apoyar una nueva (des)regulación oligopólica y el abaratamiento y flexibilización de la mano de obra. Todo ello bajo el avance de las políticas del libre mercado, la libre competencia, la libre y desregulada circulación internacional de bienes, servicios y capitales. Sólo Cuba mantiene una cierta regulación estatal y, tal vez, Venezuela, que dio un viraje relativo e incierto a esta situación con la elección del militar nacionalista de tintes neopopulistas, Hugo Chávez, quien propone una opción nacional popular, sin plantear hasta ahora para su país un proyecto alternativo al neoliberal. Este nuevo Estado neoliberal dependiente latinoamericano, hegemonizado por banqueros, financistas y tecnócratas desnacionalizados, carece de cualquier proyecto de acumulación y desarrollo nacional; está definido por su interés de privilegiar el beneficio exclusivo de los monopolios transnacionalizados. El proyecto de los actuales dirigentes de este Estado se basa en la obsesión del equilibrio macroeconómico, el control de la inflación y el crecimiento económico de corto plazo, a partir de la promoción del ingreso de capital financiero internacional, del ajuste a las reglas de la hegemonía imperial, de la reinserción fragmentada, especializada, subordinada y dependiente del aparato productivo interno en la economía mundial y de la entrada de empresas maquiladoras transnacionales. Sin embargo, eso ha llevado a una situación especialmente problemática. En América Latina, ni siquiera en las formaciones nacionales más avanzadas e integradas, la combinación del Estado mínimo y el mercado máximo ha generado el desarrollo de la acumulación nacional en gran escala y de la competencia capitalista. Lo que ha generado ese nuevo Estado neoliberal latinoamericano, que se ha abierto a la transnacionalización del capital, prohijando el predominio en la dirección del Estado de negociantes privados de todo tipo, principalmente de los que dominan los espacios especulativos financieros, es la profundización del carácter precario, heterogéneo, fragmentado, dependiente y subordinado de la economía; la derrota histórica de las burguesías nacionales, la desorganización y el debilitamiento de los trabajadores y de las izquierdas y el acceso al poder de grupos de políticos y tecnócratas neoliberales. Banqueros, políticos y tecnócratas neoliberales transnacionalizados han formado “cliques” financieros rapaces que hegemonizan el Estado y dominan los gabinetes económicos, deciden las políticas económicas, han logrado subordinar el banco central al sistema bancario y las bolsas de valores. Así, se han concentrado en esos “cliques” el uso y mal uso de buena parte de los dineros otorgados como préstamo o ayuda por los organismos financieros internacionales (FMI, BIRD, BID), los ingresados por la inversión extranjera, los relacionados con el uso indebido y patrimonialista de los activos del erario, los que provienen de las licitaciones y ventas de bienes públicos y los que surgen de la proliferación de diversos negocios compartidos con mafias privadas de todo tipo: narcotraficantes, contrabandistas de bienes de consu-
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mo y de armas y lavadores de dinero. El resultado después de varios años ha sido el patrimonialismo de los políticos y la estafa continua de los ahorradores, los trabajadores y los capitalistas nacionales. Hoy está fresco el caso de Argentina en el 2002, pero mañana podría manifestarse en cualquier país. Por lo anterior, el Estado actual no tiene carácter nacional ni carácter público, en el triple sentido de que carece de un proyecto de acumulación y de desarrollo nacional que impulsar y defender, no tiene soberanía ni autonomía para decidir y sostener políticas económicas e instituciones nacionales y está cada vez más regulado, privatizado, penetrado y dominado por oligopolios, firmas y grupos de capitalistas transnacionales. El carácter del Estado neoliberal dependiente de América Latina también se puede observar por las funciones que prioriza y ejecuta para reinsertar a nuestros países en la actual mundialización. La función principal del Estado es estimular un tipo de crecimiento y un tipo de reinserción subordinados a los intereses y a la valorización del capital transnacional: es un Estado que se asume a sí mismo como vehículo de la globalización en curso: (des)organiza la economía para orientarla a la exportación –la producción, el consumo, la acumulación–; fragmenta interiormente a los países –abandona las áreas rurales de pequeños productores, crea enclaves maquiladores en determinadas localidades urbanas–, dispone arbitrariamente de la sociedad –ofreciendo subsidios y mano de obra barata, tanto la semicalificada como la mayoría no calificada—; construye los apoyos a la política de integración hemisférica –participación acrítica en los proyectos del bloque regional americano (TLC, ALCA)–, todo en función de dar seguridad y garantías a la valorización y la rentabilidad del capital. Incluso los proyectos de integración regional están cada vez más pensados para beneficiar la rentabilidad de las transnacionales, tanto a las empresas productivo exportadoras, como a las redes financieras. El Estado nacional se subordina al capital transnacional y promueve la nueva relación global de capital, en lugar de utilizar la voluntad política nacional para regular el ingreso y permanencia del capital externo, para desarrollar un proyecto autónomo de participación en la mundialización, para reformar la nación incorporando la diversidad social y étnico cultural.
LAS CONTRADICCIONES DEL ESTADO ACTUAL
Otro aspecto relativo al carácter del Estado tiene que ver con un creciente autoritarismo neooligárquico que revela las especificidades y limitaciones de la democracia liberal recién instalada. La oposición entre la determinación globalizadora e integracionista del grupo de poder y las necesidades crecientes, apremiantes e insatisfechas de una población excluida y empobrecida, con alto desempleo y empleo informal han llevado a que, no obstante la reciente conquista de derechos,
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instituciones y prácticas democrático representativas, prevalezcan los intereses y las políticas de los grupos sociales privilegiados vinculados con la creciente internacionalización del capital. Ese fenómeno de insuficiencia, descrédito, empobrecimiento y vaciamiento de la democracia está llevando a un creciente distanciamiento entre las élites políticas neoliberales, incluyendo la absoluta mayoría de los gobernantes y dirigentes de los partidos políticos integrados al establishment del Estado, de la mayoría de la población opositora políticamente activa que tiende a expresarse a través de múltiples movimientos sociales de distinta naturaleza. Esa oposición ha llegado a alcanzar un nivel agudo y se expresa en recurrente descontento con las instituciones y hasta en crisis políticas como la que ha caracterizado a la Argentina de 2002, pero ha tenido su presencia en los conflictos que acontecen en los países andinos (Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia) y los países del Cono Sur. En las formaciones nacionales del norte de América Latina: Centroamérica, el Caribe y México, esos mismos conflictos entre las políticas de los estados que se han convertido en vehículos de la globalización y los intereses de las grandes masas de trabajadores y excluidos, están, por lo pronto, aminorados (a pesar del incremento continuo de la pobreza, el descenso del nivel de vida y el deterioro de las instituciones), entre otras cosas, por los ingresos provenientes de las maquiladoras, el turismo y las migraciones internacionales (con las remesas que los migrantes envían a sus países) (CEPAL, 2001). El nuevo Estado latinoamericano tiene contradicciones sustantivas: por un lado, es el sorprendente resultado triunfante, reciente e innovador de luchas populares y de fracciones capitalistas que lograron una recuperación y profundización de la organización republicana civil y de la democracia política frente a los estados militares de contrainsurgencia y, por el otro, es producto del avance de instituciones y prácticas autoritarias y de la mencionada contrarreforma neoliberal financiera del Estado, restrictiva del acceso político real de las mayorías a las políticas económicas, funcional a los intereses transnacionales de las grandes oligarquías financieras y a las firmas y grupos del capital mundializado. Un elemento importante que caracterizó el avance de la contrarreforma neoliberal financiera es que el funcionamiento de la vida republicana, la mayor democracia política y los pactos de concertación entre élites políticas que conllevó el retorno a la democracia, no condujeron a un fortalecimiento institucional democrático capaz de canalizar los conflictos de intereses en un orden burocrático racional legal (Weber), reglamentario procedimental legítimo y real (O’Donnell, 1993; 1993b); por el contrario, los nuevos regímenes democráticos han ido perdiendo legitimidad e institucionalidad ante el predominio casi exclusivo de los intereses de los capitalistas transnacionalizados y se están vaciando de sustancia ante el patrimonialismo y la corrupción de las élites políticas y financieras, el poder omnímodo de las oligarquías y las élites conservadoras. Los nuevos derechos ciudadanos y la representación popular recobrada, que llevaron a que partidos con reconocimiento social tuviesen acceso a los gobiernos y a los parlamentos, sin embargo, no abrieron paso a una mayor influencia
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de los ciudadanos, sino a un proceso de despolitización de la ciudadanía (Osorio, 1997). Con pocas excepciones, los partidos que participan del Estado neoliberal y de los acuerdos de concertación política para la gobernabilidad se distanciaron de los intereses populares y se volvieron, en general, verdaderas partidocracias legitimadoras de las políticas globalizadoras de los estados. Hoy día no se trata ya de la integración de masas al Estado como en la época del nacional desarrollismo, sino de integración de los partidos al Estado como parte de la institucionalidad despolitizadora dominante y autoritaria sobre la sociedad. Los estados, a su vez, han modificado sus funciones y sus políticas en un creciente sometimiento a intereses particulares, un asistencialismo a los grandes grupos privados de interés económico, a partir de prohijar el dominio político de los nuevos gabinetes económico financieros al servicio del capital transnacionalizado interno, de los organismos financieros internacionales, de las firmas globales y de los estados centrales fuertes. Debido a lo anterior la función prioritaria actual de los estados se restringe a garantizar la alta rentabilidad del capital financiero, estimular con subsidios de todo tipo y con reducciones y topes salariales a la valoración del capital transnacional, mantener en ritmo y forma el pago de los intereses de la deuda externa y alinearse a las políticas económicas dictadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los dirigentes de los estados latinoamericanos justifican esa nueva función de asistencialismo al capital y de entrega de las decisiones a los grupos financieros en aras de transformar sus estados en estados gerenciales de competencia, esto es, estados eficientes que compiten con otros para atraer capital transnacional, crear las mejores condiciones de valoración, con el fin de impulsar altas tasas de crecimiento (Bresser Pereira, 1998). No obstante, los estados de competencia latinoamericanos no son tales (verdaderos estados de competencia), contrariamente, favorecen una seudocompetencia, sumamente precaria y de corto plazo, que no tiene relación con el desarrollo de cadenas productivas internas y de una estructura productiva diversificada y homogénea que es la base de los nuevos estados de competencia europeos, de Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, lo que existe en América Latina es una parodia triste y amarga de los fuertes estados nacionales de competencia de otras regiones (Hirsch, 1996). Como si el cambio de carácter y funciones del Estado no fuese suficiente, se ha establecido un nuevo patrimonialismo político administrativo: a cambio de garantizar la viabilidad del proyecto económico del capital transnacional, los administradores del Estado latinoamericano –los Salinas, los Zedillo, los Pérez, los Menem, los Cardoso, pero también los Fujimori, los Pastrana, etc.– y sus mandos altos en los gabinetes económicos (los Cavallo, los Ortiz, los Serra, etc.), se han llenado patrimonialmente los bolsillos de un porcentaje de las transacciones y negocios de las privatizaciones, las licitaciones, las adjudicaciones, las renegociaciones, etc., que muestran su concepción rapaz de lo público y su patrimonialismo acendrado.
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PRIMERA DIGRESIÓN. EL CONTEXTO MUNDIAL ACTIVO: LA GLOBALIZACIÓN COMO POLÍTICA DE UNA NUEVA RELACIÓN DE CAPITAL Y LA POLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN
La reestructuración capitalista mundial de los años ochenta y noventa del siglo pasado impulsó una nueva dinámica económica y social en todo el orbe, generando una nueva mundialización del capital como realidad económica dominante que se ha impuesto progresivamente, obligando a las distintas formaciones nacionales a redefinirse (y a someterse) ante ella; también propició la formación de tres grandes bloques económicos regionales de comercio e integración (mercados comunes, áreas y uniones regionales en Asia, América y Europa occidental). En el bloque americano, bajo el dominio de Estados Unidos, se encuentran las formaciones nacionales de América Latina. En su interior destacan el Mercado del Sur (Mercosur) –que tiene, no obstante la presencia que las transnacionales estadunidenses tienen en él, un cierto grado de autonomía– y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya anteriormente, a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, al calor de grandes problemas de productividad de las industrias fordistas de segunda generación, de la caída de la tasa de ganancias y de la crisis fiscal de los estados, se inició una reestructuración organizativa, económica y financiera de las grandes firmas transnacionales. Para América Latina eso significó presión para desregular los flujos monetarios y de capital, la adopción de un nuevo modo de acumulación basado en la maquila y en las exportaciones agroalimentarias, la exigencia de pago puntual de los intereses de la deuda externa, la elevación del precio del petróleo y altas tasas de interés mundiales. Bajo la globalización se inició también una gran (contra)revolución financiera que llevó a la supremacía política a distintos grupos de (neo)oligarcas (especuladores privados, empresarios de las bolsas de valores, artífices de los negocios bancarios, de las fusiones y compraventa de acciones) es decir, a todo un poderoso circuito de negocios financieros que acapararon la acumulación internacional y nacional (Chesnais, 1996). Se transnacionalizaron las bolsas de valores nacionales y surgieron las de valores integradas; se formalizó la injerencia de los bancos mundiales sobre el circuito de ahorro e inversión nacional; las organizaciones financieras transnacionales se apropiaron del ahorro interno, legal e ilegal, dominaron las relaciones económicas, canalizaron las quiebras industriales y los nuevos procesos de privatización y la compra de bancos nacionales por los bancos privados transnacionales, intervinieron en la emisión de nuevos bonos de deuda interna y externa y en los procesos de renegociación de las mismas (Chesnais, 1996). En el ámbito productivo, la reorganización capitalista dio lugar a la producción mundializada, basada en la generalización de grandes empresas redes. Este fenómeno ha sido conceptualizado como una nueva universalización de la ley del valor, mundialización del capital o cuarta fase de la internacionalización del capital (Marini, 1995; Hirsch, 1996; Chesnais, 1996; Sotelo, 1997).
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La mundialización del capital no es, sin embargo, la continuidad lineal del anterior proceso de internacionalización del capital pues hubo que introducir cambios, quiebres e innovaciones en la regulación del Estado, en la acumulación, en las actividades empresariales y financieras, en las relaciones laborales, en las instituciones políticas y culturales. La nueva fase de mundialización del capital se apoya en una desregulación de la economía y en una explícita intervención de los estados y de los organismos financieros internacionales hegemónicos para apoyar la nueva dinámica mundializada de acumulación, para deshacer pactos y relaciones políticas que sostuvieron y legitimaron al capitalismo fordista o al capitalismo desarrollista en su periodo dorado de despliegue nacional de acumulación y profundización del mercado interno (1945-1975) (Hirsch, 1996; Sader, 1996). También se apoya en políticas estatales neoliberales orientadas a debilitar instituciones y organizaciones culturales, sociales y políticas que implicaban un gasto social y con los cuales se identificaba la relativa grandeza de los estados nacionales y su variable compromiso nacional y popular. El nuevo intervencionismo del Estado sirve asimismo para redefinir funciones del poder político nacional estableciendo otras prioridades y otras políticas, acordes con el nuevo papel que se le otorga al mercado mundial. El culto al dinero, al maquinismo, a la productividad y a la competitividad que introdujo en la cultura occidental el modo de producción capitalista se amplió, modernizó y adquirió una nueva fisonomía de enriquecimiento mundial y de volatilidad con la propagación de la globalización. Por todo lo anterior, se puede afirmar con Joachim Hirsch (Hirsch, 1996) que la denominada globalización es en sus múltiples dimensiones, y sobre la base del predominio de una tendencia de reestructuración capitalista, ante todo un proyecto político de los poderes hegemónicos mundiales (especialmente de Estados Unidos) para reorientar en su beneficio el capitalismo mundial, desregular, reorganizar la economía y el sistema de poder internacionales, quebrar viejos pactos institucionales de colaboración clasista y someter a su dinámica la reestructuración de los países dependientes. Para ello se requiere un nuevo dominio hegemónico de los estados centrales y una presión política hacia los países dependientes. En el caso de América Latina, para forzar la ruptura de los pactos nacionales y populares que obligaban a una distribución interna nacional del excedente.
SEGUNDA DIGRESIÓN. LA MUNDIALIZACIÓN Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA LATINA
En el ámbito de las formaciones nacionales latinoamericanas, la reestructuración del capitalismo mundial, la nueva relación global de capital2 y las políticas 2 Por relación global de capital entiendo la relación de poder social que se genera, reproduce y se transforma periódicamente entre las clases sociales del régimen de producción capitalista a partir de los procesos de reestructuración de los diversos modos de acumulación y, en consecuencia, del dominio y de la lucha entre ellas dentro y fuera de las instituciones (Holloway y Picciotto, 1984).
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de la globalización, asumidas acríticamente por nuestros gobiernos, tienen efectos de avalancha que cambian el carácter, las funciones, la situación y la dinámica del poder político, tanto como de las economías, las empresas, las comunidades y los ciudadanos: Las corporaciones transnacionales dominan crecientemente la acumulación mundial y someten a su directriz todos los procesos nacionales y locales. Se produce el sometimiento creciente de los procesos productivos, comerciales y financieros nacionales y locales a esas corporaciones, sea por la integración, la tercerización, la competencia y, en algunos casos, también por la violencia contra los estados, las empresas, los núcleos sociales y políticos que se resisten. Se reestructuran los estados por medio de las políticas y los mecanismos de ajuste estructural y reforma del Estado (recetados por el Consenso de Washington a mediados de los años ochenta y ratificados anualmente, incluso hasta la 43 reunión de gobernadores del BID en el 2002), lo que facilita la expansión de los capitales financieros e industriales transnacionales y la implantación de su dominio político y económico mundial. Esta reorganización productiva es dirigida por el capital financiero especulativo, lo que permite los procesos de adquisición, fusión, venta y compra de los capitales. Capital que con las bolsas de valores consigue un grado de autonomía relativa sorprendente, hasta llegar a ser un fenómeno dominante en el desarrollo económico mundial, generando nuevas posibilidades de acumulación y expansión junto a una mayor dependencia y crisis notorias de países de desarrollo medio (México, 1995; Corea, 1998; Brasil, 1999; Argentina 2002), (Blanca Rubio, 2000). Es el fin de la edad de oro de la acumulación basada en un capital privado nativo que floreció bajo el desarrollismo y el proteccionismo nacionales del capital estatal. El nuevo crecimiento económico se da en un marco de internacionalización del capital privado y de la competencia mundial; se abre paso una transnacionalización generalizada de los monopolios privados en la industria, el comercio y los servicios. Se debilita la regulación del Estado sobre los procesos económicos y políticos internos. Se produce una quiebra y prácticamente la desaparición del capitalismo de Estado y el fin de los compromisos nacionalistas y populares de los estados. Hay un ocaso de los proyectos de capitalismo nacional dependiente con tasas de crecimiento económico alto y ciudadanía universal; surge la hegemonía de una nueva (des)regulación de los procesos económicos globales y nacionales: la (des)regulación de los oligopolios mundiales bajo la dirección de la oligarquía financiera. Los proyectos nacionales autónomos llegan a su fin y se abre una era de proyectos regionales y mundiales. La adhesión acrítica al modelo neoliberal y la falta de una estrategia de inserción independiente de nuestras economías en la globalización, que transforme las estructuras productivas para la exportación en un sentido de fortaleza nacional, lleva a la creciente desintegración de la industria nacional orientada al
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mercado interno. Se rompen las cadenas productivas internas y se reorientan las mismas estructuras productivas anteriores hacia una exportación especializada de bienes primarios y de productos manufacturados diversos (predominantemente maquilas), bajo la égida de las empresas transnacionales (Piñón, 2002). El resultado de lo anterior es la tendencia a la quiebra de las empresas medias y pequeñas medianamente productivas no integradas; la incorporación subordinada en la calidad de “enclaves” de algunas regiones, localidades y grupos sociales y la marginalización de otros; el debilitamiento del poder sindical y contractual de los trabajadores; bajo la influencia de los proyectos transnacionales de “maquiladoras”, de utilización intensiva de mano de obra poco calificada, se desintegra y fragmenta la economía interna y la producción industrial articulada de los países. Se produce, como nunca antes, un deterioro del valor y una precarización del trabajo, así como un desempleo estructural de la mano de obra. La reestructuración productiva se hace acompañar de nuevas tecnologías que permiten una producción flexible capaz de satisfacer las nuevas exigencias del mercado. Dicha reestructuración del proceso de producción de mercancías y de sus elementos técnicos, pasa a exigir una nueva forma de contratación y gerenciamento de la fuerza de trabajo, vía la flexibilidad, la precarización y la tercerización. El fenómeno de la mundialización del capital y la reorganización productiva no impide que en los niveles locales y nacionales algunos procesos económicos de producción, comercio y acumulación, continúen teniendo una gran presencia e importancia, con participación de elementos capitalistas o laboristas locales, en calidad subordinada a la acumulación transnacionalizada y a la dinámica mundial. Junto a una corriente de emigración masiva de trabajadores rurales para los centros urbanos y para los países más industrializados, avanzan algunos proyectos de carácter subregional que permiten canalizar en corto plazo el capital nacional y la mano de obra entre países de regiones comerciales integradas: en los países de mayor desarrollo, en general, esa mano de obra tiende a estar en condición de ilegal y carente de derechos. Se desarrollan nuevos tratados comerciales y de libre circulación de capital entre países de capitalismo medio (Mercosur) y entre éstos y las grandes potencias industriales (TLCAN), sobrepuestos por las presiones de Estados Unidos para avanzar hacia una regionalización panamericana (ALCA) que dé seguridad al capital transnacional, con acceso a mercados y a productos naturales estratégicos de su área de influencia. En el ámbito sociocultural y de las comunicaciones la globalización también tiene efectos. En las construcciones que hace la media, en los imaginarios antropológicos, culturales, espirituales y artísticos, se producen tendencias homogenizadoras que entran en conflicto con anteriores construcciones y que provocan el reavivamiento de lo local como espacio de resistencia, de reformulación, continuidad y afirmación de lo propio.
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TERCERA DIGRESIÓN. LA GLOBALIZACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO
Conviene hacer algunas consideraciones sobre el fenómeno del debilitamiento del Estado nación bajo la nueva fase de la internacionalización del capital. Dicho proceso ha propiciado un debilitamiento y hasta una transferencia de la soberanía del Estado, en la medida en que la internacionalización de la economía, la desregulación de los flujos de comercio y finanzas y las nuevas relaciones laborales, entran en contradicción con la afirmación de proyectos nacionales de reinserción en la globalización relativamente autónomos. Las élites dominantes y sus políticas económicas y sociales están hoy subordinadas a los condicionamientos y las directrices económicas internacionales, a los préstamos internacionales, a las inversiones, a los reconocimientos de las consultorías y las organizaciones financieras mundiales (Teixeira et al., 1996). Además de tener ausencia de soberanía, el Estado ha perdido legitimidad interna por haberse entregado a los proyectos transnacionales y haber terminado con las políticas sociales universales que fueron un elemento de legitimidad y cohesión del periodo anterior. La debilidad del Estado en términos de soberanía y de legitimidad interna ha producido la tendencia a utilizar la fuerza policiaca y militar y la razón de Estado, ante la población trabajadora en resistencia, en términos de definir internamente el ajuste estructural, los bajos salarios, las políticas públicas restrictivas, privatizaciones, tasas de interés altas y una política de subsidios y de apoyo a los grandes banqueros y empresarios transnacionalizados. Paradójicamente, junto a esa pérdida de soberanía, se ha producido un nuevo intervencionismo del Estado en beneficio de la acumulación transnacional de capital. Los casos de Argentina, Brasil y México son ejemplificativos del manejo reciente de las disposiciones y los recursos públicos y de la deuda interna y externa para beneficiar a la nueva acumulación del capital: la sustentación artificial del peso en Argentina bajo Carlos Menem y De la Rua (1989-2002) y del real en Brasil, durante el primer periodo de Fernando Enrique Cardoso (1994-1998), fueron obtenidas a partir de un crecimiento inusitado del endeudamiento interno y externo. Una deuda pública y una creciente pérdida de reservas, que estaban ocultas ante los ojos de la población y que, sin embargo, se mostró abiertamente en los momentos de las crisis financieras que llevaron a la devaluación de la moneda y a la quiebra de los proyectos de estabilización monetaria a toda costa. El capital financiero transnacional y el Estado procedieron a apropiarse y a controlar los recursos financieros de la población, a la par que se producía uno de los mayores saqueos y fuga de divisas de la historia de esos países, Brasil en 1999 y Argentina en el 2002. Como ejemplo, podemos poner también el caso de la utilización abusiva de recursos públicos para sustentar una acumulación privada de capital por parte del antiguo Fobaproa mexicano, ahora Instituto Para el Ahorro Bancario (IPAB), que significó hacer pública una extraordinaria deuda interna del Estado con los grandes bancos y empresarios nativos y transnacio-
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nalizados. Aquéllos constituyen una muestra evidente del nuevo intervencionismo de Estado cargado a beneficiar a los grandes capitalistas. Después de 1982-1985, el avance de la reforma del Estado, la adopción del programa neoliberal y la reinserción subordinada de los países latinoamericanos en la nueva división internacional del trabajo, fueron llevados a cabo adoptando las políticas del “consenso de Washington”. Ello se hizo de manera firme, pero dudosa, bajo anteriores dictaduras militares (Argentina, por ejemplo, de 1976 a 1983); posteriormente, en los inicios de los años ochenta y de forma integral, abierta y acelerada, en los noventa, Argentina, Bolivia, México, la adoptaron de 1988 a 1994. Brasil, Perú y los países Centroamericanos hicieron lo propio de 1994 a 1998. Los estados de América Latina han sufrido las consecuencias de una reforma neoliberal del Estado que ha girado alrededor del famoso tripié: 1] control macroeconómico con austeridad fiscal y reducción del gasto público; 2] privatizaciones de empresas y activos públicos y, 3] desregulación y liberalización financiera, comercial y de servicios (Oliver, 1996). En su sentido esencial, el objetivo de la política actual de los estados latinoamericanos ha pasado a ser el mismo que el de los estados neoliberales hegemónicos: privilegiar ante todo la rentabilidad del capital. Empero, en América Latina los estados no se sustentan en estructuras productivas integradas y fuertes ni en instituciones legitimadas, para, con esa política, conseguir dinamizar y reproducir internamente la acumulación y extender los beneficios sociales y nacionales con esa política. En cierta forma la relativa “competencia” con otros estados subdesarrollados por atraer capitales, mercancías y servicios a América Latina, no tiene como contrapartida la canalización de una parte del excedente al fortalecimiento de la estructura productiva interna y a la cohesión social de la nación (O’Donnell, 1993). Esto se mira en los propios datos del Banco Mundial que muestran estadísticamente cómo el gasto público en los países de la OCDE está diferenciado entre países avanzados y países atrasados, siendo notoriamente menor en estos últimos. Como es sabido, en los países de América Latina el gasto público ha descendido, en general, a menos del 15% del PIB (Banco Mundial, 1997).
DE NUEVO LAS ESPECIFICIDADES DE AMÉRICA LATINA. LA CRECIENTE PRIVATIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADO
El Estado en América Latina se ha “privatizado” crecientemente, en el sentido de que está dependiendo mucho más que antes del financiamiento y el consentimiento de los grupos e intereses privados. Se ha visto disminuido en tanto regulador de la economía, director de las energías sociales y mediador entre diversos intereses, entre ellos los que sostienen las aspiraciones del grupo dirigente y las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil popular.
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En contradicción con la supuesta herencia ibérica de América Latina, lo público, e incluso mucho de lo social, se han tendido a privatizar y a subsumir en el ámbito privado, lo cual se ha hecho propagandizando una concepción negativa de lo público como ámbito ineficiente, corrupto, de derroche y burocratización y una interesada y equivocada concepción de lo privado como eficiente y honesto. Por desgracia, la historia de los países de nuestra región es más equitativa: registra casos notables de corrupción, de desviación de recursos y de patrimonialismo en los ámbitos estatal, privado y sindical. Asimismo, se ha desarrollado una presión desde el Estado y la clase empresarial para que partidos, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, asuman como función prioritaria el atender fines privados y corporativos. La tendencia a la estatización de los partidos, es decir, a que los partidos políticos sostengan su existencia y actividades a partir de los recursos del Estado y que su reconocimiento básico provenga de éste y no de la sociedad, ha ido paralelo con tendencias a su privatización, es decir, a su sumisión a grupos de poder privados. Por otra parte, las políticas de ajuste han reducido y focalizado el gasto social del Estado: educación, salud, empleo, servicios sociales, policía, servicios de vivienda, drenaje, electricidad, etc., o sea, han pasado a estar regidos por una reglamentación y una visión derivadas del ámbito comercial y privado (Vilas, 1995).
EL BLOQUE NEOOLIGÁRQUICO DE PODER
El Estado nacional desarrollista de América Latina, basado en el capitalismo nacional de los países de la región, tuvo por sustento la integración de un amplio bloque de poder dominante encabezado por la fracción industrial nativa del capital. Ese bloque se definía por la existencia de un compromiso nacional de clases que obligaba a una relativa distribución interna del excedente a los sectores populares (véase el capítulo primero de este tomo). De hecho el Estado nacional desarrollista fue, en su vertiente populista y burguesa, el Estado del capitalismo histórico latinoamericano (Revueltas, 1962). Bajo el Estado político neoliberal dependiente se abre paso un nuevo bloque de poder, mismo que arremente contra los compromisos anteriores, excluye a la mayoría de los trabajadores y a una fracción social numerosa de medianos y pequeños capitalistas (Vilas, 1996; González Casanova, 1991; González Casanova y Roitman, 1995). El actual bloque de poder de los estados neoliberales latinoamericanos está conformado por los grandes capitalistas nativos transnacionalizados, encabezados por los sectores importadores y financieros del gran capital; cuenta con la adhesión de los capitalistas externos con inversiones en maquilas e industria de exportación. Ese bloque de poder tiene el apoyo y la simpatía de la vieja oligarquía de propietarios de la tierra de abolengo, sobre todo en Argentina, en Brasil, en los
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países del Cono Sur y en Colombia. Dicha oligarquía ha sido desplazada de la dirección del Estado, pero cuenta con un gran peso económico dentro de la clase dominante. Hay casos en los que incluso un sector de esa oligarquía se ha modernizado y compite sin mucho éxito aún por encabezar al Estado (es el caso de la fracción que dirige el político Antonio Carlos Magalhaes, en Brasil). La transformación de los estados y la asunción acrítica del modelo neoliberal no habría sido posible si en la lucha por la dirección del Estado no hubiesen accedido al poder élites financieras y políticas representativas de los intereses transnacionales y de la ideología neoliberal, junto a tecnócratas formados en Estados Unidos –los llamados en Chile coloquialmente “Chicago boys” y en México, los egresados de Harvard y del Banco Mundial (Derbez, en el actual gobierno del presidente Vicente Fox), quienes cubrieron los puestos de primer nivel de los ministerios de economía– dispuestos a asumir rápidamente las políticas de la internacionalización del capital. Por ello, la reforma del Estado es, en primer lugar, un proceso de cambio de élites en el poder y así ha acontecido en Chile, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Brasil e incluso en varios países centroamericanos y del Caribe.
LA RAPACIDAD DE LOS DIRIGENTES FINANCIEROS DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA
La función de los nuevos estados reformados, expresada magistralmente por el teórico neoliberal brasileño Bresser Pereira, ministro de la Administración Federal y la Reforma del Estado bajo el primer periodo del presidente Cardoso, debe ser estimular a las empresas y a los ciudadanos a modernizarse y a participar en la competencia internacional, buscar y obtener capital productivo y financiero para sus países, vender materias primas estratégicas y ofrecer mano de obra barata y flexible al capital internacional (Bresser, 1998). De ahí que esa visión conservadora resulte adecuada a la conceptualización crítica que el investigador universitario alemán, Joachim Hirsch, hace de los nuevos estados neoliberales como estados de competencia (Hirsch, 1996). Es decir, se trata de estados que entran en competencia con otros estados para ofrecer las mejores condiciones de rentabilidad, seguridad, inversiones, comercio y negocios al capital internacional. Sin embargo, como se comentó un poco más arriba, en el caso de América Latina los precarios estados distan mucho de tener dicha capacidad de “competencia” con otros estados ya que no cuentan con un capitalismo desarrollado ni con la estructura productiva interna para una afirmación nacional en la economía global y en el sistema internacional de estados. Son estados sumamente débiles, carentes de una base de acumulación nacional fuerte, su economía ha sufrido procesos crecientes de erosión de su industria, de pérdida del patrimonio público; en lo institucional han visto perder sus pactos constitutivos nacionalistas y debilitarse sus mecanismos de cohesión de masas. Por ello los nuevos esta-
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dos políticos latinoamericanos transformados no compiten realmente. Su parodia de competencia es con minúsculas, luchan entre sí por ver quién hace mayor entrega de sus intereses al capital internacional y a la hegemonía del Estado de Estados Unidos, por ver quién entrega más subsidios a los inversionistas externos, por ver quién abarata más sus materias primas y su mano de obra y por ver quién se pliega más a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Como fue acuñado en una famosa frase de un ministro de economía de Argentina bajo uno de los gobiernos de Carlos Menem, pelean por ver qué país hace una entrega “carnal” mayor a Estados Unidos. En lugar de estados de competencia, en el caso de América Latina se trata de estados neoliberales rapaces. Además de lo anterior existe otra particularidad latinoamericana: en nuestros países se retiene poco excedente, se desperdician recursos, el gasto estatal es demasiado bajo y las instituciones son precarias en cuanto a su capacidad de aplicar y administrar la ley, estructurar la representación y la participación, mantener la legitimidad, todo lo cual atenta contra la estabilización del nuevo modelo neoliberal y genera continuas crisis políticas. Guillermo O’Donnell insistió ya en esto desde 1993, con respecto de Argentina, Brasil y Perú, al señalar que dichos países no han transitado hacia verdaderas democracias representativas, sino hacia democracias delegativas y estados autoritarios y clientelares, hoy día reestructurados con fachadas democrático liberales (O’Donnell, 1993). Los estados latinoamericanos, al adoptar las políticas concentradoras, restrictivas y eficientistas de los verdaderos estados de competencia, siendo en realidad estados rapaces, están creando problemas políticos graves y recurrentes. El propio Banco Mundial, en su informe de 1997 sobre el Estado (Banco Mundial, 1997) muestra su preocupación y desarrolla una argumentación encaminada a convencer de cuidar la eficacia y la capacidad del Estado, así como aboga cínicamente en contra de una interpretación dogmática del Estado mínimo que se desentiende de los problemas sociales, de la corrupción, de la arbitrariedad y del clientelismo.
LA PRECARIEDAD DE LAS INSTITUCIONES
Una característica central de los estados latinoamericanos ha sido la precariedad y volatilidad de sus instituciones. Se trata de estados con cerca de dos siglos de existencia –continuamente interrumpida– que han construido lentamente sus instituciones básicas: leyes, constituciones y reglamentaciones; una burocracia ejecutiva, ministerial, política, administrativa y recaudadora; parlamentos y cámaras; cortes de justicia y poder judicial; sistemas electorales y de representación; un ejército, policías, universidades, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, una economía interna y otras. Se trata de instituciones que significan un logro importante en la legitimidad del poder político nacional y en cuanto a la estabilidad política vía la canalización sociopolítica de la lucha de intereses.
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Desde inicios de siglo y durante el periodo de 1930 a 1975, los estados nacionales oligárquico modernizadores, desarrollistas, tanto populistas como propiamente burgueses, crearon instituciones sumamente importantes de organización y participación política, de educación pública, de sistemas de salud, de atención global al empleo, de transparencia administrativa, etc. Los regímenes de Yrigoyen en Argentina, Batlle en Uruguay y de parlamentarismo activo en Chile son iniciadores del proceso de creación de instituciones democráticas ciudadanas. Posteriormente, tanto ésos, como los nuevos regímenes populistas y nacional desarrollistas subordinaron y absorbieron a las instituciones y organizaciones sociales, creando también en América Latina el fenómeno de una integración de masas al Estado (Hirsch, 1996), que en el caso de América Latina tuvo carácter diverso según la particularidad nacional: democrática combinada con instituciones autoritarias en Chile, Uruguay y Costa Rica; populista y antidemocrática con base en el clientelismo, corporativismo, caciquismo, corrupción, en Argentina, Brasil, México, Perú, Panamá. Otros países no lograron dicha integración, lo que provocó la continuidad del predominio del terrorismo de Estado, la violencia, los grupos paramilitares, la exclusión social y las relaciones oligárquicas: el Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití, Paraguay. De 1958 a 1985 se entronizaron los estados de Contrainsurgencia, de tipo civil (Venezuela, México) o militar (Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay) que debilitaron o, en el caso de los regímenes militares, deshicieron los estados republicanos: cayeron por tierra diversas instituciones democrático populares –constituciones, sistemas políticos, sistemas electorales, sistemas judiciales, derechos ciudadanos, instituciones sociales, organizaciones populares, sindicatos, partidos, etc.–, revitalizaron e introdujeron instituciones y prácticas de carácter sumamente autoritarias en las cuales prevalecían viejas y nuevas formas de corrupción. Después de 1980, con el inicio del retorno a la democracia se recuperaron lentamente algunas de las instituciones históricas, empero acosadas por las maniobras reaccionarias de las viejas clases dominantes y el miedo ideológico al militarismo y autoritarismo de la época anterior. Después de 1982 se generaliza la reforma neoliberal del Estado, que elimina el capitalismo de Estado y exige el adelgazamiento vertiginoso del Estado, con lo cual se echan por la borda muchas de las expectativas de recuperar instituciones sociales y fortalecer instituciones nacionales y políticas. Se crean múltiples instituciones para viabilizar una rápida acumulación de capital: bolsas de valores, instituciones de crédito, reglamentaciones de comercio e inversiones, flexibilidad laboral, etcétera. La realidad del nuevo Estado neoliberal dependiente y subordinado plenamente instituido para el decenio de los noventa, es que se trata de un Estado sumamente precario, con instituciones sin continuidad ni estabilidad, con poca densidad sociocultural y política. De ahí que muchos gobiernos han preferido acompañar sus proyectos de reforma neoliberal de viejas o nuevas instituciones autoritaritarias de Estado para aplicar los proyectos de modernización y el Estado abandone su compromiso con la renovación y la defensa de viejas instituciones democráticas nacio-
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nales y sociales. Además, está la carencia estructural de recursos con los cuales sostener las instituciones, debido a la fuga de excedente por la vía del pago a la deuda externa y los subsidios al gran capital nativo y extranjero. No obstante los logros de la historia independiente de dos siglos y los extraordinarios esfuerzos de algunas élites políticas, partidos responsables, funcionarios honestos, grupos de militares y organizaciones de la sociedad civil por fortalecer las instituciones democráticas, hoy América Latina presenta una grave precariedad institucional. El hecho de que el retorno a las instituciones civiles y políticas democráticas se haya producido en estados bajo la creciente hegemonía de la fracción financiera rapaz del capital, aliada con otras fracciones sin compromiso nacional y popular, ha contribuido sustancialmente a la reaparición y extensión de instituciones y prácticas patrimonialistas, autoritarias, corruptas, corporativas, clientelistas, caudillistas, caciquiles; la falta de ética de la política neoliberal ha incrementado la idea de que todo es negocio, ya sea de carácter legal o ilegal. Nuevos grupos y mafias se han entronizado en los estados, creando una dinámica de incapacidad institucional y favoritismo hacia grupos legales e ilegales privados que cuentan con inmenso capital: grandes empresarios fraudulentos, financieros corruptos, propietarios monopolizadores de medios de comunicación, partidos y políticos mafiosos, sindicatos prebendalistas, narcotraficantes, contrabandistas de armas y mercancías, lavadores de dinero, traficantes de personas migrantes, etc. En conjunto estas mafias ilegales enferman la ética de lo público, ensucian a la sociedad, corrompen a la política y a los políticos y dominan una parte importante de la acumulación, así como del producto interno bruto. Así, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los ministerios económicos y sociales, el ejército y la policía, las instituciones nacionales, estatales y municipales de salud, seguridad, vivienda, educación, los partidos políticos, los sindicatos, los bancos y oficinas públicas y privadas, el sistema legal comercial, las cárceles, etc., están afectados por la precariedad institucional y están sujetos al abuso continuo de poder, al patrimonialismo y a la eventualidad de la corrupción. Si hubiese que argumentar con ejemplos, bastaría con constatar la cantidad innumerable de presidentes y hombres fuertes que han estado en la cúspide del poder y han sido llevados recientemente a juicio político o acusados públicamente: Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Noriega en Panamá, Salinas en México, Fujimori en el Perú, Menem en Argentina, Banzer en Bolivia, Ríos Mont en Guatemala, Antonio Carlos Magalhaes en Brasil, etc. Si ése es el caso de los responsables nacionales de las políticas del Estado, está claro que sus subordinados o responsables de menor nivel han podido actuar con mayor impunidad. En los estados centrales europeos o estadunidense se da una situación distinta. Existen múltiples instituciones nacionales, locales, sociales, económicas y políticas cuyo funcionamiento crea una funcionalidad reiterada y ese funcionamiento consigue la legitimidad, la credibilidad y la participación continua de la población incluso en los casos nacionales en que las políticas neoliberales han reducido los servicios y el gasto social: sistemas políticos, sistemas de servicio social, protección al desempleado, sistemas de educación y salud, actividad del poder judicial, etc., son
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una constante en los países desarrollados. Los graves y algunas veces recurrentes casos de corrupción institucional, de negociaciones ilegales o de abuso de poder no producen una desestabilización nacional y son apreciados por las mayorías silenciosas como excepciones que confirman la regla. Citemos por caso dos graves situaciones ocurridas en Estados Unidos: las cuestionadas últimas elecciones presidenciales irregulares que llevaron a Bush hijo al poder y la quiebra premeditada, fraudulenta y coludida con el poder del Estado de la mayor empresa de generación de electricidad, la Enron. En América Latina, la precariedad institucional impide una verdadera consolidación de la democracia. Es otro hoyo por el que se fugan el Estado de derecho, el sistema presidencialista equilibrado, el sistema de partidos, la legitimidad de la representación y la participación y por el que se desgastan las energías sociales. El resultado es normalmente el periódico estallido de crisis políticas profundas y recurrentes que merman la credibilidad y la confianza de la sociedad en el régimen democrático y en las propias instituciones.
LAS POLÍTICAS DE GOBERNABILIDAD
Con las naturales diferencias entre los países, el propósito central del Estado neoliberal latinoamericano no es ya la obtención hegemónica de una adhesión de mediano o largo plazo a su proyecto ni una mediación política real de intereses, precisamente por el carácter excesivamente concentrador, excluyente, patrimonialista y rapaz que ha adquirido el capitalismo en América Latina. Su objetivo no es obtener el consenso mayoritario a sus políticas, sino canalizar el descontento social hacia llamados artificiales de nacionalismo o a legitimar un asistencialismo abstracto hacia asuntos de manipulación de masas, en fin, al control ideológico, político, electoral y policial de corto plazo de la población frente a los efectos de la nueva orientación y las nuevas políticas económicas y sociales del Estado. En tanto receptor inevitable de las demandas, luchas y fuerza de los dominados, el Estado se ha desfigurado, se ha distanciado de éstos, en pos de cumplir con sus objetivos de dominio neooligárquico y con los compromisos internacionales con la acumulación privada. Esto ha dado lugar a políticas y a pactos conservadores entre las élites, que adoptan una cerrazón prolongada ante las demandas de sectores medios, de pequeños empresarios agobiados por las deudas y la falta de apoyos y ante los reclamos de trabajadores sobrexplotados, precarizados, de desempleados y jubilados o de los campesinos pauperizados y relegados. El poder neoliberal, en general, se ha opuesto a la consulta pública verdadera, a la reforma política democrática, a la inclusión y la participación política. Se ha olvidado y opuesto a la atención efectiva, estructural, a la pobreza por medio de proyectos de desarrollo y empleo. En el horizonte político de la élite dominante en lugar del consenso y de la atención a demandas sociales, se ha privile-
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giado la ingeniería electoral y la manipulación de los medios de comunicación para mantener la imagen de un Estado democrático y liberal y se ha concentrado su gobernabilidad en la llamada “política espectáculo”, en la que los ciudadanos no deciden, aun cuando participen, lo que lleva al desprecio estatal de las demandas y a luchas de sectores nacionales y populares. La política de la globalización tiende por ello a generar crisis políticas recurrentes en los débiles estados de formaciones nacionales como las latinoamericanas, en crisis estructural interna debido a la propia evolución del capitalismo dependiente (Marini, 1993; Vuskovic, 1990). Los actuales primeros años del siglo XXI son intensos escenarios de resistencia social a la globalización y de conflictos sociopolíticos de gran magnitud en los países como Argentina, Bolivia, Ecuador, etc., además de que han concitado manifestaciones multitudinarias en Brasil. Por su parte, las políticas hacia América Latina de los estados hegemónicos, fuertes y dominantes, presionan para, en primer lugar, promover y apoyar el rompimiento en los países de la región latinoamericana de los viejos pactos populistas o nacional desarrollistas que hubieron establecido compromisos internos de nación y de clases. De acuerdo con esta nueva política no hay ya lugar para un proyecto propio de nación de nuestros países, que incluya soluciones propias para los grandes problemas nacionales y sociales, por el contrario se desarrollan las políticas de descrédito interesado a las instituciones públicas nacionales de educación, salud, vivienda y seguridad social, como también el rechazo al reformismo obrero nacional y el deterioro de las instituciones nacionalistas o desarrollistas. Todo eso se acompaña por una presión para reducir aún más la sustentación social y política interna de la soberanía nacional y la función de regulación de la economía por el Estado. Ya no se considera importante la existencia de pactos políticos nacionalistas o de clases que sostengan el Estado sobre la base de políticas distributivas que sean algo más que el crecimiento de corto plazo. Las políticas que buscan viabilizar los grupos dominantes son pactos de coincidencia neoliberal. La política es de subordinación a la acumulación transnacional, al pago del servicio de la deuda externa, al equilibrio de las balanzas comerciales y de pagos. Prevalecen, por lo mismo, los intereses de los grandes financieros, de las oligarquías internas, de las grandes burguesías nativas y de las burguesías transnacionales. En segundo lugar, se ha llevado a cabo una reforma interna del Estado para sustituir las políticas de desarrollo nacional y social por otras que priorizan el crecimiento y la acumulación transnacional. De acuerdo con esta política, el Estado reformado debe garantizar todo un programa de liberalización y privatización de la economía y de subsidios al gran capital, junto a la privatización de los espacios públicos, el empequeñecimiento de la esfera de lo público y la abertura a nuevas formas de negociación con sectores privados de la sociedad civil. Esta reforma del Estado busca sustituir lo que resta del proteccionismo, del intervencionismo y de la regulación del Estado, por la nueva (des)regulación de la economía y de la sociedad, efectuada por los oligopolios nacionales y transnacionales. Con ello, son los sectores financieros y sus aliados burocráticos internos los que adquieren la su-
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premacía en las decisiones, asumen la dirección de la reforma del Estado, cuentan con líneas de crédito internacional abiertas para sus políticas de aliento y subsidio al gran capital transnacional y restrictivas ante el capital productivo interno y las necesidades y demandas sociales de la población. Son los sectores financieros hegemónicos los que han impuesto una política de ajuste monetarista y de ajuste estructural sobre la base de la libre actividad del capital financiero volátil, de los enclaves exportadores, del tope salarial, del despido masivo de burócratas y del recorte abrupto del gasto público. La subordinación obligada y la aceptación interna de las élites políticas y financieras dominantes llevó a que la globalización dejase de ser solamente una política de los estados centrales para ser una orientación asumida internamente por los dirigentes de nuestros estados. De hecho, se ventiló internamente como un resultado de decisiones y responsabilidades internas. Chile, bajo Pinochet y con la administración de los “Chicago Boys”, fue el primer país latinoamericano en llevar a cabo esta política. Después la dictadura de Videla en Argentina siguió por el mismo camino a partir de 1976. Con la democratización política, los nuevos equipos gobernantes de Chile, Argentina, Brasil y Bolivia pasaron a estar dominados por las nuevas oligarquías financieras y se volcaron a consolidar las reformas dichas. Sus nuevas funciones han entrado en contradicción con los elementos históricos anteriores en los cuales el Estado latinoamericano desarrolló parcialmente políticas de inclusión y cohesión social, propios del Estado nacional desarrollista, derivados del compromiso con la acumulación nacional, la ampliación creciente del mercado interno, la integración nacional, el proteccionismo industrial y el desarrollo de políticas asistenciales amplias. Las nuevas políticas del Estado neoliberal dependiente van más allá del objetivo aparente de crear las condiciones internas para que nuestras economías superen las crisis fiscales, participen con nuevas bases en la competencia del mercado mundial, muestren sus ventajas comparativas y se modernicen para tener acceso permanente y verdadero en dicho mercado mundial. La modificación va más allá: fortalece el carácter de dominio unilateral del capital financiero (Hirsh, 1996). En términos abstractos, se trata de una modificación general en la relación del capital a favor de los capitalistas transnacionales (Holloway, 1984); en términos sociales concretos, se desvanece el carácter inclusivo y regulador del Estado nacional y se somete el capital productivo al capital especulativo transnacional (Sader, 1996; Borón, 1997; Oliver, 1998).
EL DETERIORO DE LA DEMOCRACIA EN NUESTRA REGIÓN. CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN POPULAR
En el ámbito de los sistemas políticos, de la actividad de los partidos políticos, del funcionamiento de las instituciones parlamentarias y de la dinámica de la re-
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presentación y participación política partidaria, el retorno a la institucionalidad democrática que se produjo desde la mitad de los años ochenta del siglo XX, ha enriquecido de una manera totalmente nueva la vida democrática de América Latina: se ha producido una reafirmación de los principios republicanos de separación de poderes y del Estado de derecho; se han consolidado las libertades de organización, expresión y participación; existen avances en la ciudadanía política; hay una consolidación de sistemas electorales legítimos y se está abriendo paso una nueva conciencia de los derechos humanos, ambientales y de minorías. Sin embargo, en América Latina, ese enriquecimiento democrático se ve dificultado –por la ausencia de instituciones– y recurrentemente se ve amenazado por la falta de incidencia social real de las mayorías en las orientaciones de la representación política institucional y en las políticas económicas y sociales de los nuevos estados neoliberales. El propio debate parlamentario, en general, no incluye proyectos populares, lo cual genera un decaimiento del interés de las mayorías por las luchas y la dinámica de los partidos e instituciones parlamentarias y un peligroso distanciamiento de la política. En Europa, acontece algo incluso más grave dentro de los estados neoliberales de competencia. Hirsch ha llamado a esto “ahuecamiento de la democracia” bajo instituciones fuertes (Hirsch, 1996). En América Latina, el fenómeno se presenta como falta de instituciones, divorcio entre ciudadanía social, representación institucional y decisiones básicas de los estados, lo cual genera una tensión continua que debilita la legitimidad del Estado, condiciona y deforma las políticas de la gobernabilidad para acentuar su función de control social en menoscabo del necesario fortalecimiento institucional. El fenómeno de fragilización y vaciamiento de la democracia, lleva a la recurrencia de crisis políticas de representación y legitimación. En ese contexto, han surgido casos de anarquismo social o fenómenos de neopopulismo de derecha que procuran aprovechar ese deterioro de la democracia. El más relevante es, evidentemente, el del ex presidente Fujimori de Perú. Dominado por militares y paramilitares ultraconservadores y obsesionados por aniquilar el movimiento de Sendero Luminoso, reelecto dos veces y bajo cuestionamiento constante de la población, éste protagonizó al año de su mandato un golpe de Estado restrictivo de los derechos y de la representación y llevó a cabo políticas neopopulistas y de neocorporativismo para movilizar a las masas marginales y oprimidas en función de sus intereses restringidos contra los enemigos nacionales (los partidos y movimientos sociales o políticos de izquierda y de ultraizquierda). En contraposición a lo anterior, la crisis de representación y participación en América Latina está creando experiencias relevantes de autoorganización y de recuperación de lo social y lo público por las organizaciones sociales y políticas progresistas. Son nuevas formas de lo público no estatal, con participación popular, es decir, una forma especial, popular y no subordinada de recuperar una idea conservadora y mediatizadora, propuesta demagógicamente por las élites de los estados reformados (Bresser, 1998).
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La democracia política latinoamericana se está transformando y debilitando bajo la presión del poder financiero nacional y del dominio de los estados hegemónicos, para pasar a ser vehículo predilecto de la globalización en curso. Gran parte de las figuras públicas, los partidos, sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil tienden a transformarse también en organizaciones que defienden los programas y proyectos neoliberales dominantes, sobre la base de un realismo político de lograr lo posible, pero en abierta oposición con las reivindicaciones sociales mayoritarias y con una profundización de la democracia. Este deterioro de la democracia hace que las mediaciones políticas se empobrezcan y se abra paso el retorno de viejas prácticas autoritarias y de violencia del Estado. Adquieren nuevo papel político viejas instituciones de un discurso represivo y autoritario, de llamado a mantener el orden, tales como los militares y las iglesias conservadores. De esta manera, el rápido deterioro de la democracia está vinculado a la nueva estructura y funciones del Estado neoliberal, así como al predominio de nuevos principios del poder: empequeñecimiento del Estado nacional y debilitamiento de su soberanía, predominio de los grupos financieros sobre las determinaciones de la política económica, poder excluyente de los grupos económicos dominantes, separación entre política y economía y desvanecimento de la identidad de los trabajadores.
CANDADOS Y PUERTAS DE LA DEMOCRACIA
En esta democracia de nuevas oligarquías financieras, los partidos políticos tienen un sinnúmero de condicionamientos institucionales que les impiden realizar la crítica de la política neoliberal y diferenciarse de las políticas básicas del Estado rapaz y negociante. En Europa, un fenómeno parecido provoca que en la perspectiva de cada vez más intelectuales de la izquierda, debería hacerse política solamente por fuera de las instituciones, dado que dentro de éstas ya no hay márgenes para realizar una política distinta (Hirsch, 2000). Tendríamos que preguntarnos ¿por qué en América Latina los partidos políticos parlamentarios populares de oposición se someten a los dictados de la fracción financiera y cada vez más enmarcan sus políticas en la continuidad del patrón neoliberal de acumulación y bajo el predominio de una política burocrática y autonomizada del poder? En general, existe una respuesta a ello en los diversos mecanismos de cooptación política que en una época de empobrecimiento y exclusión hacen de la sociedad política un ámbito de especialistas beneficiados por el sistema. Además está la cuestión de la crisis de las utopías, la aparente ausencia de alternativas y la intensa difusión del pragmatismo y el pesimismo. No obstante aquello, la democracia está ahí, ante nuestros ojos, con toda su gama de libertades y posibilidades; y los partidos, la ciudadanía y las mayorías la
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utilizan, en gran parte, para apoyar a los verdugos de la democracia. Buena parte de las tendencias electorales triunfantes en América Latina están con los partidos conservadores neoliberales: los socialdemócratas en Brasil, Banzer en Bolivia, Fujimori y Toledo en Perú, Fox en México, Ríos Mont en Guatemala. Cabe entonces la pregunta: ¿por qué los pueblos apoyan los proyectos conservadores? ¿Ha llegado a tanto el dirigismo mediático y la introyección del miedo a lo nuevo y a lo radical que les resulta mejor apoyar su propia desgracia? James Petras sostiene que la explicación está en la manipulación que el poder hace de diferentes mecanismos, en especial de los “medios” y la ingeniería electoral (Petras, 2000). Se trata de una enajenación de masas, en la medida en que una vez electos por esa vía los candidatos conservadores, las masas proceden a rebelarse ante las políticas reales aplicadas por los gobiernos. Esa rebelión no va muy lejos por su carácter espontáneo y no programático. Parece entonces que el problema para completar la transición hacia la democracia popular es desmontar los candados a la plena actividad independiente de las clases y grupos sociales populares. El problema, por consiguiente, no es otra democracia ideal, sino más democracia. Existe una red de factores que hacen de la democracia un juego formal, le vacían su contenido popular y le impiden ser reflejo de la generalizada crítica social a un neoliberalismo concentrador y excluyente: condicionamientos financieros externos, estructuras y mecanismos elitistas internos de poder, concentración burocrática y autoritaria de decisiones, separación entre economía y política, ingeniería electoral, enajenación neoliberal de partidos, privatización de lo público, despolitización de la ciudadanía: todo eso hace de la democracia un juego difícil para los intereses populares. La salida está en que los movimientos políticos desmonten esa compleja red que atrapa a la democracia. Los casos brasileño y mexicano son sumamente interesantes en ese sentido: la crítica de los candados y de la red que bloquea a la democracia vino desde fuera. Los Movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México y de los Sin Tierra en Brasil, están fuera de las instituciones y tuvieron la distancia para criticar la red y levantar la esperanza. Pero no han tenido la fuerza para desmontar la red, impulsar una nueva concepción de lo público, recuperar la participación ciudadana y obligar a los partidos políticos a legitimarse ante el movimiento ciudadano y social.
LA REFORMA DEMOCRÁTICA LA DEMOCRACIA
Las alternativas actuales de profundización democrática tienen ante sí la necesidad de revertir las tendencias mencionadas. La experiencia muestra que la crítica radical proviene de fuera de las instituciones formales existentes, aun cuando la profundización del camino democrático tenga que realizarse la mayoría de las veces dentro de las mismas.
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Es necesaria una reforma política democrática del Estado que ponga en cuestión y reduzca la autonomización y concentración actual del poder, que permanece en las manos de las tecnocracias financieras neoliberales del Estado. Una reforma que reivindique la soberanía nacional en función de políticas populares de integración regional y que libere a los partidos del dominio mediático y de la ingeniería electoral, que destruya instituciones autoritarias y caducas y construya nuevas instituciones cuidadas por los ciudadanos. Esta reforma política pasa por varios aspectos de transformación de la sociedad política, de la relación entre Estado y sociedad civil, de las propias instituciones y de la misma sociedad civil. En primer lugar, implica una auténtica separación de poderes y que prevalezca un real Estado de derecho; que los órganos parlamentarios y judiciales tengan la capacidad de conocer y controlar la elaboración y aplicación de las leyes, los presupuestos y las determinaciones económicas con plena independencia de los presidentes y sus ministros. Es necesario establecer políticas nacionales de Estado para los medios de comunicación, que se definan derechos sociales ante la información y las decisiones políticas. Para eso el parlamento ha de asumirse como el órgano representativo principal, incluso más allá del ejecutivo, lo cual implica un alto desarrollo de la sociedad civil. Esto es algo muy distinto a la pretensión de los gobiernos neoliberales de promover la reelección de los legisladores para asegurar la continuidad de sus políticas. Implica también que la elección de los legisladores se produzca sobre la base de la conquista de lo público por parte de la sociedad, de forma tal que los parlamentarios no sean resultado de los acuerdos cupulares de partidos, sino una real reivindicación del papel público de los legisladores de cara a la sociedad. En segundo lugar, una reforma democrática radical conlleva una transformación de las actuales bases del sistema de partidos. Es necesario que los partidos sean entidades de la sociedad civil y no del Estado o de grupos privados de poder, es decir, se requiere una reforma para que el propio Estado obligue a los partidos a efectuar su actividad política dentro de la sociedad y para la sociedad (plebiscitos, consultas, financiamiento bajo control social, etc.). Eso permitirá el surgimiento de un programa fuera de la globalización estatal conservadora y para una mundialización alternativa, así como la alianza entre movimientos sociales radicales y partidos políticos institucionales. En tercer lugar, es imprescindible que los ciudadanos, las colectividades y los movimientos adquieran el derecho a hacer política, en colaboración con, y(o) en sustitución de los partidos. Los movimientos y los ciudadanos tienen potencialidad de influir en el Estado y son correctores de los partidos. No se trata de la política de ciudadanos cautivos de parlamentares, serviles a la política espectáculo, alejados de un programa global y preocupados sólo de sus intereses particulares. Se trata de un movimiento de acción ciudadana reivindicadora de lo público. En cuarto lugar, es importante el desarrollo del ámbito público no estatal, sino societal, para que la sociedad pueda tener acceso directo a las instituciones y
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mecanismos de decisión de asuntos públicos: consejos participativos de decisión presupuestal, consejos directivos de empresas e instituciones públicas y municipales que, a la vez, no sean estatales, sino societales (con participación de entidades de localidad, de barrio, de agrupaciones sociales). También es urgente crear condiciones para que la sociedad civil incida en la valoración y revocación de funcionarios públicos de alto nivel, y cree la capacidad para emitir opiniones sobre políticas sustanciales, a través de consultas, referéndum y plebiscitos legítimos. En quinto lugar, es indispensable que los recursos públicos y la capacidad de decidir sobre ellos estén distribuidos en la sociedad misma, por medio de porcentajes del gasto estatal, asignados a instancias descentralizadas o federalistas de administración y poder local. En la realidad, la profundización de la democracia en América Latina implica tanto una reforma política democrática como la señalada, como que el Estado acepte que la sociedad se autoorganice libremente y administre recursos públicos de forma autónoma, por ejemplo, en las universidades públicas, las casas de cultura de los barrios, las organizaciones de profesionales, en los proyectos científicos y artísticos, en las organizaciones de trabajadores. Uno de los mayores obstáculos a la democracia que interpone el propio poder político actual en América Latina está en que el aparato del Estado se considera con derecho a determinar y a juzgar a la sociedad civil en sus decisiones, funcionamiento y en su propia organización política y social. Es el Estado el que determina las condiciones para reconocer y ejercer su función a los candidatos, partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y de barrios. La respuesta de la sociedad (Argentina, 2002) ha sido, por lo tanto, el rechazo global a todo lo político y a los políticos, cuando, en realidad, se trata de que esa energía crítica se canalice hacia una reivindicación de lo público y comunitario frente a la privatización que de la política han hecho las oligarquías. En sexto lugar, se hace esencial introducir constitucionalmente el derecho al trabajo y obligar a establecer una política económica que se comprometa a la eliminación del desempleo e impulse una política de elevación de la productividad nacional a partir de la superación real de los patrones de educación y desarrollo científico técnico de los trabajadores y de las empresas. En séptimo lugar, la profundización de la democracia en el subcontinente exige establecer lazos de solidaridad entre los movimientos sociales de la región y entre éstos y los del mundo entero, con el objetivo de crear un frente único de defensa democrática y lucha compartida. El Estado no debería ser quien estableciese los contenidos y los límites de la solidaridad internacional. Resolver las contradicciones de la democracia conlleva romper los actuales candados para que la sociedad incida en las decisiones públicas fundamentales y se abra espacio para su desarrollo pleno sin la tutela del Estado. El desarrollo de la sociedad civil es un desarrollo político, o sea, implica entender que aun cuando está sujeto a la lucha entre distintas hegemonías y distintos grupos sociales, puede organizarse para influir en distintos ámbitos de la vida social. Para el
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sector popular la noción tiene una veta de autonomización y afirmación creciente de un proyecto popular. La resistencia al neoliberalismo hoy en día se hace principalmente sobre la base de la defensa de lo local: de la economía del lugar, de las instituciones, valores y costumbres locales, lo cual permite una afirmación y una identidad, pero no crea alternativas para una globalización incluyente ni para una unión regional, nacional o internacional de fuerzas. Por otro lado, hay una veta reiterada de resistencia en la defensa de las viejas instituciones históricas del Estado nacional popular, en las cuales los nuevos excluidos y dominados desenvuelven sus viejas políticas de oposición, algunas veces explosivas y de corto plazo. Aquí, el problema es que las instituciones del Estado nacional desarrollistas, vinculadas a complejos procesos de acumulación y de reproducción social y política de viejos pactos sociales, buena parte de las veces, son instituciones corrompidas o inadecuadas para enfrentar los nuevos procesos (un ejemplo claro son los sindicatos oficialistas que usufructuan prebendas y corrupción frente al conjunto de los trabajadores). Aún no se hace la crítica popular de las viejas instituciones nacional populares. Por otra parte, no es un hecho común la articulación entre los nuevos movimientos sociales y las políticas institucionales de los partidos políticos de oposición al capitalismo neoliberal y la sociedad civil aún está controlada, cooptada o dirigida por los órganos estatales o por las fuerzas empresariales. No obstante, todo indica que es ahí, en ese cruce entre movimientos sociales radicales y partidos institucionales de oposición, donde se gestan los elementos que llevarán a construir un programa de reforma democrática del Estado, alternativas de reforma radical de la sociedad civil, de desestructuración del poder político y de propuestas de estructuras distintas de Estado republicano y popular, que impliquen la recuperación de lo público, la profundización de la democracia y el desarrollo social.
LAS RESISTENCIAS DE LOS ACTORES INTERNOS
En otras latitudes –particularmente en los países de extremo Oriente considerados los tigres asiáticos– hubo resistencia de los estados, de los empresarios y de las clases trabajadoras ante la ofensiva globalizadora (González Casanova, 1995 –el orden mundial actual). En el extremo Occidente, en América Latina, por el contrario, la capacidad de los estados para sostener una política autónoma y resistir a dicha ofensiva ya estaba deshecha por diversos factores acumulados: la dependencia económica y financiera, la corrupción y la quiebra de los proyectos nacionales y populares, la penetración capitalista de las compañías estadunidenses de los años sesenta y setenta, la derrota política del nacionalismo, la pérdida de fuerza política del mediano y pequeño empresariado y de los trabajado-
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res organizados, la corrupción sindical, las persecuciones que los estados de contrainsurgencia, tanto civiles como militares, hicieron a la izquierda, las clases medias y las clases trabajadoras y, por último, el derrumbe de las ideas y los proyectos socialistas. Fue en Venezuela donde la resistencia de la población a las políticas globalizadoras de Carlos Andrés Pérez llevó a la caída de la partidocracia y a la procuración de nuevos patrones de desarrollo en la mundialización, con resultados hoy aún imprevisibles. Otro caso particular ha sido la resistencia de Cuba para asumir la globalización, tal como la propone Estados Unidos. En el país insular la definición política socialista preexistente permitió un margen de acción del Estado ante tales políticas. Sin embargo, tanto Venezuela como Cuba tuvieron que adoptar parcialmente medidas del programa neoliberal. La gran contradicción interna actual de los nuevos estados latinoamericanos es que las contrarreformas neoliberales que han impulsado bajo la globalización no han consolidado las formas autoritarias en que se apoyan. Por el contrario, en muchos países han llevado a un incremento de la lucha popular por la democracia política, lo que obligó a abrir formas de inclusión política y políticas de atención, aunque sea mínima, a los problemas que genera el aumento geométrico de la pobreza.
LA REFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL
La nueva dominación ideológica del Estado neoliberal latinoamericano ha tenido características notablemente abarcadoras. Durante los dos últimos decenios generó el convencimiento en el ambiente intelectual, en la sociedad política, en los partidos, los sindicatos, las academias y las organizaciones sociales de América Latina, de que las políticas neoliberales tenían un carácter inevitable, que no existían opciones ni alternativas para otras políticas (Hasam, 2000). Este fenómeno se ha caracterizado en Europa como la nueva dominación del pensamiento único. Por lo demás, dicho pensamiento ha sido desde siempre casi una religión en Estados Unidos, donde prevalecen desde su fundación los principios de competencia liberal en condiciones de acumulación, créditos, dinamismo en el comercio, de los que América Latina carece. En Latinoamérica, la ideología neoliberal se ha impuesto más pragmáticamente por la vía de la decisión de las élites políticas dominantes y de la burocracia del Estado, apoyadas por la propaganda inducida de los medios de comunicación. El pensamiento neoliberal fue llevado a la cúspide del pensamiento político por medio del postulado de Francis Fukuyama sobre el triunfo definitivo de la economía de mercado y de la democracia liberal representativa (Fukuyama, 1993). De manera similar, nuestros liberales locales han argumentado sobre la inevitable inserción subordinada de nuestras economías en la mundialización
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del capital, la consecuente y necesaria disminución de la soberanía del Estado nación y sobre las virtudes de la competencia desigual. Nunca antes en la historia reciente de Latinoamérica se había presentado un convencimiento tan generalizado de que no existe nada alternativo a los dictados de los estados centrales dominantes (o Grupo de los Siete más uno), a las estrategias de las élites transnacionales y a las recomendaciones de los organismos financieros mundiales (Fiori, 1993). Sólo en los dos últimos años se ha visto una luz en las reuniones de miles de asistentes a los foros sociales mundiales de la ciudad brasileña de Porto Alegre, en los cuales se ha abierto espacio para imaginar una mundialización distinta, donde puedan prevalecer políticas universales de desarrollo social y nacional y nuevas soluciones a los problemas acuciantes de dependencia, subordinación, pobreza, desempleo y exclusión. Apenas los intelectuales de América Latina acabaron de alabar la disminución del papel del Estado como un hecho histórico positivo en la región (por lo menos en cuanto a la disminución del deformado crecimiento burocrático, al combate a la corrupción en las empresas estatales y en cuanto aparato inhibidor de la iniciativa económica, política y social, individual y colectiva) cuando se hizo evidente que en su lugar no se abrió paso una matriz cuyo eje fuese la sociedad (Calderón y De los Santos, 1994). Con la experiencia de la contrarreforma del Estado la verdadera matriz que se ha impuesto tiene marcado carácter mercadocéntrico (Ianni, 1998). Esto es: ha prevalecido un dominio del poder económico junto a una regulación oligopólica, en sustitución de la regulación estatal. Con ello se abre paso franco a la dirección de quienes tienen el poder en el mercado, es decir, al poder de los grupos y las grandes firmas capitalistas y financieras. Este pragmatismo neoliberal dominante no es consecuencia de experiencias positivas de la sociedad, es resultado de una política del Estado y se asienta en la falta de resistencias ideológicas y políticas de los sectores progresistas y populares, bajo la influencia de la derrota de las utopías que acompañó a la crisis de los estados desarrollistas, a la quiebra del socialismo de Estado y al asombro de masas ante el dinamismo de la economía digital. Por parte de los estados este pragmatismo se afirma en el supuesto inicio de un nuevo ciclo económico capitalista mundial basado en las nuevas tecnologia y en las redes informáticas globalizadas, pero también del complejo militar industrial estadunidense. En el fondo de esta dominación neoliberal tan abarcadora, existe un derrumbe ideológico del nacionalismo y el pensamiento progresista popular latinoamericano (González Casanova, 1996): los estados nacionalistas y las clases trabajadoras perdieron sus herramientas políticas tradicionales, su cohesión interna y su proyecto político de cambios. El éxito de los nuevos movimientos sociales particularistas avanzó en menoscabo de los viejos proyectos nacionales de reforma y de los sujetos de la transformación social alternativa. Las clases trabajadoras productivas siguen generando las riquezas básicas de la sociedad, sin embargo, han perdido su anterior capacidad de enarbolar y dirigir proyectos de reforma nacional y mundial. El socialismo fue derrotado por su identidad con el
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estatismo burocrático autocrático del extinto bloque comunista y la clase obrera fue derrotada por la sumisión a las organizaciones políticas y sindicales burocráticas, clientelares y a las nomenclaturas socialistas. Lo alentador es que en estos dos decenios se ha abierto paso un pluralismo de la sociedad civil que reivindica otra concepción de lo nacional, lo popular y lo local, que atiende a incluir la diversidad. Solamente reconociendo la derrota, hurgando en sus causas aparentes y profundas, recuperando las experiencias y analizando las nuevas condiciones, se podrá reconstruir un movimiento crítico del capitalismo actual tan poderoso y de tan amplias miras como fue el socialismo. Un aspecto que tendrá que cambiar es la idea de que la clase trabajadora es tan sólo mano de obra productiva sectaria o vanguardia iluminada de por sí, para poner en su lugar la entidad productiva que es también y ante todo una entidad sociocultural en construcción permanente, capaz de dirigir el proceso productivo moderno e incluir a todos los actores populares en la política moderna. Hay una alternativa al neoliberalismo en el desarrollo de los nuevos movimientos sociales y en las sociedades de redes, que han surgido por doquier en los países de la región, así como en los avances concretos de experiencias de democracia popular o participativa dirigidas por algunos partidos de centro y de izquierda. En lo concerniente a las relaciones entre el nuevo Estado capitalista neoliberal y la sociedad civil, cabe señalar que junto al empequeñecimiento del Estado se ha estado produciendo un complejo proceso de desestatización de la sociedad civil, manifiesto en la pérdida de vigencia de la integración de masas al Estado y de los pactos corporativos y de seguridad social que ataban a sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias a la mediación del Estado. Esta desestatización ha liberado a la sociedad de las ataduras de estados omnipresentes, pero también ha estado acompañada de nuevos fenómenos de exclusión y marginalización social (eso en el caso de los estados que en el pasado tuvieron logros significativos y reales con las políticas de capitalismo de Estado y de bienestar relativo, como Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Panamá, Costa Rica y parcialmente Brasil). De esta manera, producto de las políticas de reducción del Estado y de la debilidad creciente de todo su aparato corporativo, clientelar e integrador anterior, resalta un hecho positivo: la recuperación potencial de la autonomía de la sociedad civil. Aun cuando esa nueva posibilidad de autonomía se da en un contexto de creciente pérdida de derechos sociales y económicos universales. En la sociedad civil continuamente se generan nuevos y diversos movimientos sociales, algunos, que para el poder, resultan ultrarradicales, amenazan la gobernabilidad autoritaria del Estado y plantean reivindicaciones sociales, regionales y nacionales, incluso basadas en las propias constituciones de los estados vigentes, demandas que los nuevos estados neoliberales y subordinados difícilmente pueden resolver (el movimiento indígena en Ecuador, el de los jubilados y desempleados en Argentina, el Movimiento de los trabajadores Sin Tierra en Brasil, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento de los Cocaleros en Bolivia, por ejemplo). Esto hace que el Estado busque otras formas,
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neopopulistas, de controlar y de incidir en las nuevas expresiones de la sociedad civil: asistencialismo, violencia, corrupción, control, prebendas, subordinación, formas de carácter neopopulista. La recién surgida libertad de la sociedad civil podría derivar, empero, en una sociedad civil no integrada en sí misma, sino controlada desde fuera por el Estado. Como señalamos arriba, para evitar esto, las sociedades tendrían que avanzar hacia una nueva reforma del Estado y de la propia sociedad civil, bajo nuevas reglas y prácticas sociales que permitan la transformación de la actual sociedad civil en una nueva, capaz de liberar las energías sociales, de desenvolver la organización social desde abajo, de crear sus propias instituciones democráticas y solidarias y de producir nuevas prácticas políticas de democracia popular.
LAS ALTERNATIVAS
Pensar en las alternativas a la situación actual del poder y la política implica, primero, plantear con claridad las contradicciones del patrón actual de desarrollo con pobreza, comprender las nuevas formas de explotación y opresión de las poblaciones trabajadoras y de las naciones por el capitalismo mundializado, discernir el carácter, los límites y las consecuencias de los cambios estructurales profundos que la nueva época proyecta. En particular, conlleva desmitificar el Estado y esclarecer su nuevo papel y funciones bajo la mundialización del capital. En segundo término, la cuestión de las alternativas involucra un convencimiento: que la solución no está sólo en un buen programa de propuestas de cambio que incluya un nuevo Estado con responsabilidades estratégicas y nacionales, una política que atienda al empleo y que combata realmente a la pobreza, una eliminación de los subsidios al capital transnacional. La verdadera alternativa está en sacar del poder a la fracción financiera hoy hegemónica y crear las condiciones sociales y políticas para generar de nuevo lo público y, en cierto sentido, incluso lo partidario, como un poder popular distinto, bajo la hegemonía de la sociedad civil popular reorganizada, independiente y con plenos derechos a decidir los asuntos del Estado y las condiciones nacionales y sociales de participación en la actual mundialización. En tanto se definen objetivos políticos propios para coparticipar o para crear alternativas en la reestructuración capitalista y en la mundialización, los trabajadores tienen ante sí la obligación de reivindicar el valor de lo público y luchar por los viejos y nuevos derechos y deberes en la reestructuración mundial. Entre los que están, en primera instancia, la decisión radical de que la sociedad civil organizada localmente se articule a nivel nacional para reivindicar lo público y definirlo. Si el Estado es siempre una correlación de fuerzas sociales, es fundamental el trabajo para desplazar del poder a la fuerza oligárquico financiera e imponer la fuerza de la sociedad popular en una recuperación de lo público: las
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decisiones de todos bajo una hegemonía popular, la ciudadanización creciente de las decisiones por medio de la reorganización de una sociedad civil popular actuante y limitante de la autonomía burocrática. La actualización y la ratificación del derecho al trabajo, el derecho a la identidad, el derecho a la educación y la calificación, el derecho a la existencia de minorías y a la autonomía de las etnias. Para eso, los trabajadores tendrán que entender y coparticipar –manteniendo su independencia– de las transformaciones del capitalismo y de los medios de renovación científica, técnica, informática y social, sustituir las perspectivas e intereses de los estados centrales y de las firmas capitalistas transnacionalizadas, por los propios que se derivan de las necesidades de nuestra región, sin dejar de reconocer los aportes posibles en aspectos específicos. Eso, en América Latina, implica poner atención en una inédita reforma política del Estado, generar un proyecto nacional avanzado para incidir en la mundialización, para crear la democracia popular y hacer avanzar una nueva sociedad civil. Significa, asimismo, el desarrollo de una nueva fuerza social específica dirigente, basada en una gran alianza nacional y popular y dirigida por los trabajadores calificados en conjunción con los diversos movimientos sociales emergentes.
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GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSNACIONALES: UNA (DES)CONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA LATINA RINA MUSSALI GALANTE*
INTRODUCCIÓN
El contexto internacional de fin de siglo, avizoró la presencia de un mundo completamente distinto, que rebasó el pasado escenario imperante desde la segunda posguerra mundial. Hoy somos testigos de la aparición de un nuevo entorno, caracterizado por una serie de cambios impulsados por el fenómeno multidimensional y simultáneo de la globalización, proceso que toca a cada país y región del mundo. Tras el fin de la guerra fría y el deshielo bipolar, este proceso intenso de transformaciones económicas y políticas ha ocasionado un fuerte impacto en el equilibrio del poder entre naciones, en los intereses y posiciones de las regiones, así como en la forma de interrelacionarse entre éstas. Bajo estas condiciones del poder mundial, aparecen nuevos actores hegemónicos de la globalización que se conjugan en una alianza dominante conformada por las entidades transnacionales y locales de poder. Con un proyecto conjunto y mediante una forma asociada, las primeras tienen como tarea fundamental, exportar una estrategia a todos los países por igual, que no reconozca distingos ni especificidades para crear nuevas políticas y dar paso a una serie de reformas estructurales e institucionales, a fin de favorecer la acumulación transnacional del capital. Por su parte, las entidades locales de poder, deben trabajar internamente para transmitir y adentrar dichas políticas, en sus respectivas estructuras económicas, políticas, sociales y jurídicas con el objeto de readecuarlas a las nuevas condiciones que impone la reestructuración actual. Desde este punto de vista, el presente artículo surge con la idea de examinar el problema de la internacionalización de las políticas públicas a partir de los dictados que imponen las entidades transnacionales de poder a los países ubicados al sur de América, principalmente a las economías emergentes del continente. El interés radica en llamar la atención de los mecanismos, actores y mediaciones que permitieron que las economías más grandes de América Latina hayan emprendido transformaciones estructurales después de la crisis de 1982 y que hayan creado las bases de un crecimiento basado en el sector privado y exportador y que desde el decenio pasado, comenzaron a atraer satisfactoriamente capitales de los mercados financieros internacionales por medio de tasas de interés elevadas. * Socióloga y latinoamericanista. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la y de la Universidad Iberoamericana.
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En ese sentido, resulta imprescindible rescatar la interrelación entre la dinámica interna y la que proviene de nuestra inserción en el sistema internacional. Trazar la articulación y la relación conexa que existen entre las entidades transnacionales y locales de poder, de forma que podamos externar la naturaleza y el contenido de su poder político, sus principales manifestaciones y los resultados de su ejercicio, contribuiría en gran medida a analizar un tema que hoy es punto de observación, discusión y preocupación en la zona. Para lograr lo anterior, se abordará la problemática de la globalización en sus distintas dimensiones, recogiendo el entramado de relaciones económicas, políticas y sociales que proyecta e impone en la esfera de lo “interno” y la necesidad de ésta, de crear políticas transnacionales con el propósito de que los estados latinoamericanos conduzcan una realidad del todo compatible con la nueva y múltiple condicionalidad que impone el rompecabezas global. Nuestra investigación parte de la premisa de que el gran cometido de la nueva alianza hegemónica de la globalización es implantar una serie de políticas regionales encaminadas a desarmar, por un lado, las estructuras económicas, políticas y sociales tradicionales que contravienen e incomodan los patrones hegemónicos que requiere la máxima internacionalización del capital, tal como el modelo de desarrollo hacia adentro defendido y patrocinado por el Estado fordista de seguridad y, por el otro, a armar un nuevo entramado de estructuras basadas en la reestructuración económica, el ajuste estructural y el tipo de reforma del Estado que actualmente se impulsa.
LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL CAPITALISMO GLOBAL
A fines del siglo XX y en espera de un incierto tercer milenio, la humanidad ha sido convulsionada por un proceso de múltiples y vertiginosos cambios. La globalización, pese a ser un concepto no del todo definido y producto de la imposición de una sociedad hegemónica a otras subordinadas, está en la actualidad marcando a los países latinoamericanos en sus patrones de desarrollo y en sus relaciones con el exterior. Este movimiento mayor que presupone un choque inmediato con todo el engranaje de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales pasadas que se habían construido a la luz del Estado fordista de seguridad (Hirsch, 1996)1 que básicamente se estableció después de la segunda guerra mundial, ha definido una nueva constelación de poder y un nuevo proceso de acumulación al interior de los países de América Latina. 1 En su libro Globalización, capital y Estado, Joachim Hirsch hace un intento por determinar las estructuras políticas que se desplegaron durante la fase fordista del capitalismo, que básicamente se estableció después de la segunda guerra mundial. Esta fase implicó una nueva forma histórica estatal que garantizó la supervivencia material de sus miembros y que se caracterizó entre otros factores, por un extenso control estatal de los procesos sociales, un alto grado de intervención del Estado en la economía y por un proyecto político de integración de masas y de amplia participación social.
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Debemos considerar a la globalización como un fenómeno que no es históricamente nuevo. Hay quienes remontan sus orígenes desde los siglos XIV y XV, señalando que en el pasado hubo acontecimientos que impactaron tanto o más al concierto de naciones. Como por ejemplo, la conquista del nuevo mundo, la producción de azúcar, la esclavitud entre los siglos XVI y XVIII, más tarde el ferrocarril, la navegación a vapor y la revolución en las comunicaciones. Para otros, la globalización es una expresión fundamental de los tiempos modernos, cuyo inicio también ha generado un gran debate: ya sea con Guttenberg y la invención de la imprenta, con el descubrimiento de América y la rebelión de Lutero en contra de la autoridad de la Iglesia católica (Flores Olea, Mariña Flores, 1999:51) o bien con la unificación de los estados nacionales en el siglo XVI. En el decir de otros autores, se ha afirmado que con la caída de la Unión Soviética y del sistema social dominado por ésta, comienza un nuevo orden mundial correspondiente al capitalismo global. Así, se ha hecho alusión a la finalización de la guerra fría tras la caída de la Unión Soviética como la victoria histórica del modelo económico y político liberal. Pese a ello, y desde una perspectiva histórica, podemos subrayar que la aceleración de la globalización en los años noventa es identificable con la era de la posguerra fría. La gran mayoría de los autores coincide en que la globalización debe interpretarse como un rasgo característico de la sociedad contemporánea mundial. Para cualquier observador resulta evidente que la globalización ha influido en los acontecimientos, interpretaciones y reflexiones más importantes y cotidianas de la actividad humana y social. Ésta ha adquirido significación y relevancia en la discusión mundial. Muchos la resaltan en términos económicos o políticos, otros la ubican en el terreno de la cultura y otros más, en el ámbito de las comunicaciones. En ese sentido, nuestro objetivo sería más bien ubicarla e interpretarla en su carácter multidimensional y simultáneo, como parte de un vasto proceso económico e ideológico que conlleva a la aplicación de una política creada por fuerzas específicas que la guían estratégicamente hacia el cumplimiento de varios propósitos, entre éstos: hacer rentable al sistema capitalista mundial en nombre de los intereses de los grandes centros del poder mundial y de la constelación de actores hegemónicos que conducen la globalización en marcha. En términos generales, podríamos decir que la globalización alude por el momento a un concepto meramente indicativo, que aún no está acabado ni completamente definido, y cuyas consecuencias no son todavía completamente desplegadas. No obstante la compleja forma que asume el sistema capitalista a fin de siglo, podemos afirmar que cuenta con una caracterización propia y singular. Cualquier intento por conceptuar la globalización, debería hacer referencia por lo menos a una serie de procesos vinculatorios que cotidianamente se están desenvolviendo, a saber: – el desarrollo vasto y estrepitoso de las tecnologías de las comunicaciones
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que han traído consigo la simultaneidad mundial en los flujos de información en tiempo y en espacio lo que ha producido una proximidad planetaria sin parangón, sobrepasando para ello formas territoriales de poder tradicional. – La confluencia de la dinámica territorial con formas de poder y dominio no territorial. Ello lo ejemplifica la relación entre el Estado como una entidad política con un territorio circunscrito y estructurado bajo un gobierno que emite sus propias leyes con un capital omnipresente que no reconoce a éste y trasciende sus fronteras. – La desregulación financiera y el despliegue internacional a nuevos montos y niveles de capital. – Internacionalización de la producción gracias a la transición global de un modelo tecnológico organizacional a otro, lo que ha llevado a un crecimiento inusitado de las llamadas corporaciones transnacionales. – Redimensionamiento de los mercados en espacios macrorregionales. – Surgimiento de una nueva agenda global, en donde temas como narcotráfico, medio ambiente, terrorismo, migración, derechos humanos y democracia ocupan un espacio preponderante en la escena internacional. – Alineamiento de los patrones culturales e identidades colectivas que impactan lo propio y homologan formas de vida. Junto con estos elementos, se puede afirmar que la globalización surge para enfrentar una crisis de acumulación, para retomar el rumbo de la rentabilidad del sistema capitalista actual bajo la nueva hegemonía del capital financiero tras la desaceleración de la economía mundial. Hablamos de crisis, como resultado de la interrupción de un largo periodo de crecimiento relativamente estable y acompañado de un consenso keynesiano cimentado en el sistema ford-taylorista de producción, caracterizado por las prácticas del Estado benefactor y por la producción industrial de masas que se inició en la posguerra. La crisis trata de ser recuperada a través de nuevas estrategias económicas que obligaron a situar al mercado como el asignador más eficiente de recursos, y con la consiguiente implantación de políticas rigurosas en términos de disciplina monetaria, equilibrio presupuestal, privatización y achicamiento del Estado de bienestar, así como la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas formas de organización y autocontrol de los sistemas productivos. El proceso de acumulación del capital que venía siendo obstruido, trata de ser resuelto por medio de la implantación de una desregulación financiera avalada primordialmente por la dinámica extraterritorial, cuyo propósito es generar una nueva proyección y confluencia global del capital. En otras palabras, induciendo una serie de profundos cambios estructurales e institucionales, tanto en las relaciones económicas como en las políticas y sociales, se lograría recuperar la rentabilidad del sistema capitalista actual. Volver a hacer rentable el sistema económico mundial en nombre de los intereses de los grandes centros del poder mundial es el principal objetivo que persigue la actual globalización. Para que ello se logre, las élites del gran capital
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financiero internacional necesitan inducir y promover una serie de profundos cambios y de reformas institucionales, tanto en el interior de los países del centro como dentro de los países de la periferia mundial. Los países del centro deben asumir una doble tarea: primero, generar un nuevo paradigma tecnoeconómico que propicie progreso acumulativo, lo que necesariamente implica establecer una nueva racionalidad para producir y organizar el trabajo que debe plasmarse dentro de estos países, en la red mundial de empresas y en el exterior de éstos, en la conformación de bloques regionales. La segunda tarea que tienen que enfrentar los países que conforman el área más desarrollada del mundo es hacer copartícipes de la globalización a los países de la periferia mundial. Por su parte, los países de la periferia se deben preocupar por ejecutar una sola y vasta tarea: sintonizar y armonizar sus estructuras políticas y socioeconómicas con los mandatos que dictan los férreos representantes de la actual configuración mundial. La internacionalización del capital, como el principal eje de globalización, impone un nuevo paradigma tecnoeconómico que combina la revolución microelectrónica originada en Estados Unidos y el modelo flexible de organización desarrollado con mayor plenitud en el Japón (Pérez, 1989:26-27). Se cree que el nuevo principio basado en la automatización flexible permitiría incrementar índices de productividad y de competencia para así lograr la esperada reactivación de la actividad económica mundial. El desvanecimiento de las industrias basadas en principios electromecánicos esencialmente sencillos que utilizaban elevadas aportaciones de energía (carbón, acero, ferrocarriles, automóviles, hilaturas, etc.), que despedían una cantidad muy grande de partículas y desperdicios y que, a su vez, se caracterizaban por largas series de producción, bajo nivel de especialización de mano de obra, trabajo repetitivo y productos uniformizados, se va sustituyendo por una base tecnológica y científica radicalmente nueva (industrias de ordenadores, procesamiento de datos, semiconductores, aeroespaciales, biología molecular, genética, avanzadas comunicaciones) consumidora de muy escasa energía (Toffler, 1993). Así, la automatización flexible busca, ante todo, reestructurar y recomponer el conjunto de relaciones productivas, organizacionales y laborales para incrementar las tasas de beneficio del capitalismo actual. La estructura de organización, más plana y transparente podría acarrear beneficios para incrementar la productividad y la competitividad y de ese modo mejorar la calidad y el servicio. Este tipo de sociedad que se nos plantea no actúa por sí misma, es una construcción hecha por la misma humanidad y está recreada por fuerzas que la guían estratégicamente. No se trata de una fuerza natural, sino de una dirigida por actores que alientan la reestructuración a través de diversas formas de poder, a fin de asegurar la acumulación continua e incesante del capital. En sí, la globalización es una estrategia que avalan los grupos económicos internacionales y que para el logro de sus objetivos necesitan operar junto con sus
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socios locales. Dicho de otra forma, el proceso de reestructuración ha sido conducido por la élite financiera del gran capital, por la red mundial de empresas, por los bancos centrales y por aquellos actores nacionales que han sido favorecidos por las fuerzas que le dan vida al Estado de tipo neoliberal en América Latina. Cabe además agregar que la globalización ha sido adentrada en los países de América Latina gracias a que forma parte de la ideología neoliberal. Dicha ideología promovió el cambio en las estructuras económicas y político-institucionales que comenzaron a instaurarse desde 1982 en los países latinoamericanos y que se consolidaron a fines del decenio pasado. La globalización requiere que estos países establezcan importantes reformas que permitan impulsar un nuevo proyecto económico y político, a la vez, exige de un cambio en la correlación sociopolítica de fuerzas a nivel interior. La ideología neoliberal ha permitido, en última instancia, que los países de América Latina se inserten en la lógica globalizadora que hoy permea a través del Consenso de Washington (Guillén Romo, 1997). Asimismo parte de esta ideología nos ha hecho creer que la globalización en marcha es la única posible y la más benéfica. Se omite que el entrelazamiento cada vez más real de la humanidad no necesariamente implica una mayor equidad y bienestar. La globalización ha dado como resultado el agravamiento de la desigualdad mundial. Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 200 millones de personas viven con menos de 1 dólar diario y 2 800 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios. Para América Latina, ello ha significado situarse entre los países con mayor desigualdad de ingreso (Naciones Unidas, 2001). La exclusión de países y hasta de continentes enteros nos habla de un proceso lleno de contratendencias, en donde a la par de la integración económica, se viven procesos de desarticulación y desintegración en el ámbito de la cultura, la política y la economía mundial.2
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La globalización como la aceleración del proceso de internacionalización del capital financiero mundial y como un fenómeno que impacta severamente en la esfera política, económica, financiera, comercial, técnica, ambiental, militar, legal, social y cultural necesita del diseño de políticas transnacionales instituibles y colocables a todos los países de la región, aun cuando éstos se imponen en diversos grados y se aplican con distintos matices. Ciertamente, el propósito de los actores protagónicos de la llamada globali2 Las manifestaciones actuales de la globalización ponen de relieve su carácter desigual y concentrador. “Entre 1980 y 1994 el grupo de países que el Banco Mundial considera más desarrollados incrementó su porción del producto mundial de 70 a 79%, los países de nivel medio de desarrollo la redujeron de 23 a 16%, y los países más pobres retrocedieron de 7 a 5%” (Vilas, 1997:13).
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zación es echar a andar una serie de políticas transnacionales que tiendan a universalizar y homogeneizar determinados modelos económicos, políticos y sociales en donde tenga lugar un reacomodo general de principios liberales, de tal manera que se tienda a recomponer tanto el conjunto de relaciones productivas, organizacionales y laborales, como políticas y sociales. En ese sentido, las políticas transnacionales han sido sumamente exitosas, en la medida en que la nueva correlación sociopolítica de fuerzas que sustenta el Estado de tipo neoliberal en América Latina, ha tenido la capacidad para destruir principios y modelos económico-políticos anteriores y ha podido convertir en políticas nacionales el ajuste estructural, la reforma de los estados y las democracias gobernables. Los profundos cambios que se buscan inducir en la estructura general de la periferia mundial, están diseñados para no poner en riesgo los sistemas de dominación vigente de los países más desarrollados, tienen como meta central generar las condiciones para fijar un marco jurídico-político adecuado, a efecto de acelerar el proceso de acumulación del capital.3 Es la nueva élite política en el poder y los grupos económicos que predominan, quienes le dan sentido y rumbo al nuevo Estado político de la globalización en América Latina. De forma más específica, la internacionalización de las políticas públicas busca transnacionalizar la economía nacional, desmantelar las políticas del Estado histórico nacional y popular, desestructurar su acervo histórico-social, modificar los marcos jurídicos prevalecientes para implantar, sin salvedad, el progreso y la expansión de las libres fuerzas del mercado y del capital e inducir aquellas condiciones necesarias para construir el nuevo Estado.
LAS ENTIDADES TRANSNACIONALES DE PODER
Podemos identificar que una parte de la alianza hegemónica de la globalización está compuesta por las entidades transnacionales de poder. Este entramado de fuerzas e intereses está representado por los estados desarrollados, bancos centrales, élites financieras del gran capital, red mundial de empresas y organismos financieros internacionales. Todos ellos actúan como los nuevos ejes de poder externo que presionan a los países de la región para que adopten nuevos patrones económicos, políticos y sociales. La obstaculización al proceso de acumulación del capital que se venía dan3 Por ejemplo, en el sector campesino se ha logrado fijar un marco jurídico-político acorde a las nuevas prioridades que impone el capitalismo global. Los principales ejes de la reforma agrícola en América Latina se han traducido en la reestructuración del crédito rural, privatización de empresas productoras de insumos, eliminación de subsidios por la vía de crédito, supresión de los precios fijos de garantía, reformas constitucionales a fin de transformar en propiedad privada la propiedad ejidal, la entrada de granos básicos a precios muy reducidos, todo lo cual ha generado miseria, desprotección y descapitalización en la mayoría de la población rural.
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do por una serie de prácticas económicas y políticas preestablecidas que dificultaban sobremanera la circulación y movilidad de éste, se convirtió en una de las principales denuncias que hacían las entidades transnacionales de poder a los países de la región. Ante tal situación, éstas utilizaron la condicionalidad económica y el acorralamiento político como los dos instrumentos de presión y control que permitieron influir en el poder decisorio de las entidades locales de poder, para que adoptaran el ajuste orotodoxo como la única alternativa viable para retomar el crecimiento. En ese sentido, América Latina se vio ampliamente condicionada por las cartas de intención del FMI que obligaban a aplicar sin flexibilidad los nuevos ajustes y a cumplir en forma y en tiempo los pagos de la deuda externa. Este instrumento pasó a ser la precondición para que organismos financieros internacionales y estados desarrollados les concedieran créditos y recursos frescos a los gobiernos que demandaban ayuda. Para hacer un desembolso, los gobiernos se veían obligados a expresar con anticipación sus principales líneas económicas y a cumplir con el número determinado de acciones que preveía el conjunto de recetas dictadas por el Consenso de Washington. Fue la redacción de documentos de compromiso lo que hizo que las entidades locales de poder pronto se vieran obligadas a promover las exportaciones, a sanear las finanzas públicas, a abrir los mercados y a desincorporar las empresas públicas. Frente a esto debe ponerse de manifiesto el método del acorralamiento político derivado de la relación de subordinación y franca dependencia de los estados latinoamericanos frente a los organismos financieros multilaterales. Aunque la vinculación a ellos ha sido de forma voluntaria, una opción distinta a ella suele causar el quiebre económico, el desprestigio financiero y hasta la caída del Estado. Las recetas de estos organismos imponen limitaciones muy fuertes a las políticas públicas en materia económica y política, así como consecuencias inmediatas en el quehacer social. Lo anterior tiene su origen en la interpretación que hizo en su momento el FMI sobre la crisis de 1982 que detonó en una década perdida en términos de crecimiento económico para la región. Este organismo internacional aseveró que América Latina había precisamente incurrido en una cadena de excesos, primordialmente en lo que concierne a la conducción interna de la política económica. Por ejemplo, percibía como una amenaza la expansión de las conquistas sociales de los trabajadores, aumentos desmedidos del gasto público, mantenimiento de subsidios, expansión del endeudamiento externo y la sobredilatación del Estado (Vuskovic, 1990:26). Fue a este último al que se le atribuyó el gran descalabro, al cuestionar las intervenciones masivas del Estado planificador e interventor. Para las entidades transnacionales de poder era necesario delimitar la acción del Estado: que dejara de controlar el comercio exterior, los precios de producción, las finanzas y el control exclusivo de empresas. Al mismo tiempo, las supuestas políticas éxitosas impuestas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña influyeron de for-
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ma determinante para que América Latina se viera acorralada y sus grupos de poder decidieran optar por este nuevo modelo económico. El proyecto impuesto por estos sujetos y fuerzas pronto presionó para que élites políticas locales y grupos económicos internos hicieran factible la introducción de la revolución conservadora en los países de la región. El haber responsabilizado al mercado como el asignador más eficiente de recursos, hizo necesario privilegiar el sector exportador y los equilibrios macroeconómicos a través del control de las cuentas públicas y niveles bajos de inflación. Las nuevas políticas públicas basadas en el ajuste del gasto público, en la desregulación de las finanzas, en la entrada de capitales foráneos y en el adelgazamiento del tamaño del Estado, han aparecido puntualmente en todos los países de América Latina, tanto, que han presionado hacia la desnacionalización de las estructuras productivas, hacia la transnacionalización de las políticas públicas del Estado y hacia la cada vez mayor pérdida de soberanía nacional. Esta alianza ha decidido propiciar nuevas condiciones y establecer nuevas reglas para reestructurar la economía, la política y la sociedad en la región. Todo ello ha afectado las estructuras internas de América Latina que han causado entre muchas otras cosas, procesos de exclusión, desarticulación y heterogeneidad.
LAS ENTIDADES LOCALES DE PODER
El nuevo rumbo y los tiempos de cada uno de los países latinoamericanos ha estado íntimamente influido por la globalización y por un proceso sociopolítico interno más amplio, en donde se ha experimentado la trasformación de élites políticas gobernantes y de los grupos de poder económico, como de su propio proyecto histórico de afirmación nacional. Ambos procesos han traído como consecuencia el establecimiento de un Estado de tipo neoliberal que ha obligado a éstos a asumir como suyas las políticas que han diseñado y dispuesto los actores de la globalización. El Estado neoliberal, como una forma particular del Estado capitalista, apareció cuando la forma estatal anterior, el Estado fordista de seguridad, entró en una fase de crisis generalizada en los años setenta, que se propagó más tarde en América Latina, con la explosión de la deuda externa en 1982. Tras la gran depresión de los años treinta, se adoptó en el continente una estrategia basada en la sustitución de importaciones que se caracterizó por el modelo de industrialización hacia dentro, en contraposición con el anterior modelo de desarrollo económico que priorizó un modelo de crecimiento hacia fuera. Este modelo alcanzó una estabilidad y resultó suficiente para mantener un crecimiento medio y se le conoció exitoso dadas las altas tasas positivas que engendró para el caso mexicano y brasileño. Sin embargo, desde los años sesenta, se advirtieron diversas señales de ago-
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tamiento de la experiencia estatista en América Latina. Según las entidades transnacionales de poder, esta crítica situación obligó a la necesidad de revisar el modelo económico caracterizado por una excesiva protección, por mantener fuertes desequilibrios macroeconómicos, por generar espirales inflacionarias galopantes, por mantener una excesiva regulación y por promover un fuerte sesgo antiexportador, lo que conllevó a procesos de ineficiencia, corrupción, desconfianza y falta de competitividad. Este agotamiento en gran parte de las entidades transnacionales de poder, con el claro objeto de imponer nuevas reglas sobre el funcionamiento y organización del capitalismo global, estuvo también acompañado de la incapacidad que mostraron las fuerzas que sustentaron el Estado desarrollista de volver a ofrecer expectativas de crecimiento y desarrollo a la población. También mostraron sus límites en el ámbito político al no poder brindar mayores espacios democráticos y transparentes. Todo ello llevó a que América Latina adoptara políticas de ajuste inspiradas en el denominado Consenso de Washington. En el marco de las reformas estructurales e institucionales, el citado Consenso planteó 10 instrumentos de política para llevar a cabo el objetivo de un sistema mundial basado en la libertad del mercado, entre ellos destacó la necesidad de establecer una serie de políticas y reformas que aseguraran una disciplina fiscal, un gasto público etiquetado prioritariamente en educación y salud, una reforma tributaria avanzada, tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales libres, inversión extranjera abierta al capital foráneo, empresas públicas privatizadas, economías desreguladas y protección de la propiedad privada (Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, 1998:8). Las medidas del Consenso de Washington que buscaron uniformizar países como modelos de eficiencia y de transformación de la administración pública, fueron aplicadas extensa e indiscriminadamente a todos los países de América Latina, aunque con diferentes grados de intensidad. Pese a haberse incrementado los volúmenes de inversión y de exportación en la mayoría de los países, controlado la inflación y preservado el equilibrio macroeconómico, los resultados obtenidos después de dos decenios no fueron los esperados y terminaron siendo no sólo desalentadores, sino regresivos en materia de reducción de la pobreza, condiciones sociales y redistribución del ingreso. No en vano, la región sigue padeciendo de las mayores desigualdades del mundo en cuanto a distribución de los ingresos y bienestar social. Como ya lo hemos apuntado, la transformación en la escena global, obedeció a las pretensiones hegemónicas de los centros para asegurar, en función de sus intereses, una incesante acumulación de capital que permita el mantenimiento de su posición, privilegio y poder. Es decir, la nueva configuración de actores en el poder mundial y la reformulación de relaciones de poder entre distintas fuerzas, han propiciado nuevas condiciones no sólo para generar cambios trascendentales en las relaciones de producción, trabajo y organización, sino también a efecto de impactar la base sociopolítica de ésta: el Estado.
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El Estado latinoamericano, como la unidad organizativa más importante para los asuntos económicos, políticos y sociales ha visto cuestionado su papel y su función tradicional bajo los imperativos del capitalismo en marcha. Esta transformación se plantea en función de las nuevas necesidades y crecientes demandas de los grupos específicos que representan los intereses de la ya caracterizada economía mundial. Esta mundialización impuesta ha producido una dinámica socioeconómica y política interna que ha apuntado al debilitamiento del Estado como regulador, planificador y árbitro de la sociedad. El capital financiero transnacional restringe la capacidad interventora del Estado en el ámbito económico para que se facilite un mayor flujo libre de capitales. Habría que señalar que la crisis peculiar del Estado fordista de seguridad ha sido un proceso inducido desde la lógica internacional por los cambios acontecidos en el sistema capitalista de producción, pero, a su vez, ha sido el fruto de un proceso sociopolítico más amplio en donde se experimentó la transformación de las élites políticas gobernantes y de los grupos de poder económico-industriales. No obstante, la crisis de 1982 también puso de manifiesto el desgaste del proyecto político y de sustentación social que avalaron las entidades locales de poder en la mayoría de los países de la región. Las élites políticas y los grupos de poder económico vieron fracasar su proyecto histórico de envergadura nacional y popular y pronto se vieron ante la necesidad de transformarse para responder a la nueva realidad interna e internacional. La acumulación privada-transnacional ha hecho que el Estado no tienda a desaparecer como tal, sino lo induce a entrar en una crisis de la forma histórica y singular que asumió en un determinado momento, de sus tradicionales actividades, y lo obliga a constituirse en el nuevo Estado político de la globalización, proceso ampliamente posibilitado gracias a la llegada de una nueva clase política en América Latina denominada tecnoburocracia. Se trata de una nueva generación de funcionarios técnicos que ha adquirido estudios de posgrado en su mayoría de economía en universidades extranjeras, que desplaza a la élite política tradicional y a los grupos de poder económico-industriales para aliarse de lleno a los nuevos criterios que dictan las ganancias del capital transnacional. Este nuevo grupo en el poder abraza un nuevo proyecto histórico basado en el Estado neoliberal y en la reforma del Estado que se impulsa. “Ya no es nacional por su contenido esencial, y en algunos casos tampoco por su forma. Está en manos de grupos financieros que han pasado a dominar las grandes definiciones del poder político actual” (Oliver, 1994:9-10). El ascendente nuevo proyecto busca asegurar la acumulación de una minoría en detrimento de los grandes sectores de la sociedad que alguna vez fueron aliados poderosos del sistema. Bajo la nueva reforma neoliberal del Estado, algunos grupos económicos abandonaron su carácter nacionalista e industrializador y pasaron a formar parte de la tecnoburocracia que, junto con los intereses transnacionales, dieron como resultado una clase sin intereses nacionales.
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La transformación de élites gobernantes y la emergencia de nuevas fuerzas económicas hicieron que el Estado dejara de privilegiar la acumulación pública a través de la asignación estatal de recursos y de la protección de los derechos de los grupos sociales tradicionales para concentrar su interés en la acumulación privada transnacional basada en los criterios de eficiencia, racionalidad, apertura y competitividad internacional. Todo ello hizo que el Estado abandonara o debilitara a algunos actores como las clases medias, los sectores populares, las pequeñas y medianas empresas para hacer fuerte a otros: las élites del gran capital internacional y la red mundial de empresas. Entonces, podemos afirmar que la transformación de la élite política gobernante y de los grupos de poder económico-industriales de corte nacional y popular, fue aquel proceso que avaló la interiorización de los dictados del capitalismo avanzado en nuestros países gracias al carácter asociativo de éstos, con respecto del capital transnacional. Este nuevo Estado político de la globalización reforma su papel y función, mas no pierde su vigencia o paraliza su intervención. Como lo señala Carlos M. Vilas (Vilas, 1998 y 1999), cambia de sesgo: ahora interviene para privatizar, desregular, desproteger y proteger a otra constelación de fuerzas. El Estado participa en nuevas tareas, retrocede en unas y acrecienta su presencia en otras. La transformación en las relaciones de poder a nivel global se expresan en el ámbito nacional y local en la relación con el Estado y sus políticas. Somos testigos de un cambio en las relaciones de poder internas y externas y una nueva articulación entre éstas. El Estado no pierde su vigencia, porque resulta una pieza indispensable para impulsar el nuevo tipo de acumulación del capital lo que, sin duda, requiere de la creación de una nueva normatividad económica y política basada en el Consenso de Washington. El Estado nacional, que en su acepción general ha transmutado su papel y rol tradicional, ahora aunado a la acción de los mercados nacionales, seguirá siendo un actor toral en el contexto de la globalización. Para Carlos M. Vilas las transformaciones indicadas no han eliminado todavía la importancia económica de los espacios nacionales para la acumulación. Piénsese que la globalización requiere del fortalecimiento del Estado para promover y facilitar las transformaciones económicas y políticas orientadas hacia el mercado (Vilas, 1997:15). La reforma del Estado en América Latina, se plantea entonces como un proceso avalado por los poderes externos y por el nuevo juego de fuerzas sociopolíticas que imperan dentro de cada uno de los países. De esta forma, habría que entender la reforma del Estado como una política inducida por los actores transnacionales de la globalización, de tal manera que sea una política autoproclamada por las fuerzas y los actores que le otorgan vida y movimiento al Estado de tipo neoliberal en América Latina. En otras palabras, la llamada reforma del Estado forma parte de las políticas transnacionales que son dictadas por la globalización y adquiere el carácter de “pública” cuando el Estado de tipo neoliberal la asume como propia y la auto-
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proclama como “Política de Estado”. Así, la reforma del Estado es mucho más que una reforma del sector público o administrativo, ésta se origina por la nueva constelación de actores que arriba al poder, tanto nacional como mundial. Por último hay que mencionar que la nueva institucionalidad de los actores hegemónicos de la globalización tiene como propósito instituir una democracia ad hoc a los parámetros globales y acorde con la esencia y nueva forma del Estado neoliberal en la región. La democracia es una prioridad para el sistema, en el sentido de incrementar la gobernabilidad y evitar una democracia que vaya más allá de formalismos político-electorales. La democracia para la nueva confluencia de fuerzas que detentan el Estado neoliberal de la globalización adquiere importancia desde el punto de vista gobernable y controlable a costas del interés colectivo y de su interés por participar en la redefinición de los proyectos y grandes líneas políticas nacionales. Se trata de mantener el mando político de las formas democráticas, dejando intactos los privilegios de la élite política y económica dirigente de los países, privativa del interés general. América Latina sigue teniendo asignaturas pendientes de un verdadero tránsito a la modernización de las relaciones del Estado con la sociedad. Todavía no podemos hacer alard