Vicisitudes De Un Litigante Bisono (Spanish Edition)

VICISITUDES DE UN LITIGANTE BISOÑO

Enrique Antonio Pedraza

Vicisitudes de un litigante bisoño

PORTADA: Composición fotográfica realizada con Paint a partir de dos fotos.

D. R. Número de registro 03200409141036100001 Registrada el 24 de septiembre de 2004 Dirección General del Derecho de Autor Secretaría de Educación Pública México ISBN 978-1-4357-3767-9

Puedes copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas Bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento, no comercial y compartir bajo la misma licencia. Consultar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

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Giordano bruno Estatua realizada por Mara “Arte Galería” 17 Oriente 108-4 Puebla, Pue.

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“El cargo de juez tiene todavía algún prestigio, pero la sociedad política está encargándose de liquidarlo. El cargo se otorga con criterios políticos, y los jueces no tienen ninguna dificultad en ejercer ese cargo porque toda la administración de justicia, cuyos criterios no son complejos, se mueve sola. El juez no parece ser ya un magistrado ⎯en sentido etimológico⎯ dispuesto a resolver los entuertos que la sociedad lleva a sus estrados. Es más bien un funcionario burocrático, triturado por expedientes, mal pagado, con más ganas de sacarse de encima las causas pendientes que revolucionar la jurisprudencia con sentencias históricas.” Daniel E. Herrendorf. El poder de los jueces. Universidad Veracruzana.

Relato basado en hechos reales Las transcripciones son verídicas y revelan la manera en que se comportan las autoridades que conocen del juicio de amparo.

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PREFACIO La sociedad se está inundando de órganos jurisdiccionales; muchos tribunales y juzgados federales repletos de expedientes; los magistrados, jueces y secretarios, y demás personal, sin tiempo suficiente para su vida privada. ¿Mucho esfuerzo, poca justicia? Habría que averiguar si se realizan diligencias para la pronta conclusión de los asuntos; si las demandas de amparo son aclaradas por las partes dentro de los términos legales; si las competencias jurisdiccionales se sujetan a su especial trámite; si la admisión, preparación y desahogo de probanzas, se limitan a su exclusivo objeto; si las audiencias constitucionales se difieren en los casos limitativamente establecidos en la jurisprudencia; y, en fin, si las sentencias son dictadas con prontitud o “a la carrera”, como lo demuestra el relato de las “Vicisitudes de un litigante bisoño”. Lic. Gerardo García Muñoz

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PRIMER DÍA Maestro: ¡Buenas tardes! Director: ¡Buenas tardes! Maestro, ¿cómo le fue de vacaciones? Maestro: Bien, ¿usted salió de la ciudad? Director: No, tuve visitas que atender. Aquí tengo preparadas sus listas. Es un grupo pequeño de 20 alumnos. Son buenos, estudiosos y aplicados, aunque un poco inquietos. ¿Quiere que lo presente? Maestro: Si me hace usted el favor. Director: ¡Buenas tardes! Vengo a presentarles a su maestro de Derecho de Amparo. El licenciado tiene amplia experiencia en esta materia, así que procuren aprovechar los conocimientos que viene a compartirles. Maestro queda en su aula, con sus alumnos. Maestro: Bueno, como es la primera clase es conveniente que exponga cual será el temario del curso. Previo al estudio de la materia es necesario que repasemos o que aprendamos, según sea el caso, cuáles son las garantías que consagra nuestra constitución. ¿Alguien recuerda que es una garantía?... No tantos… ¡Vamos muchachos! Hagan memoria, recuerden sus clases de Introducción al Estudio del Derecho. ¿Qué son los derechos subjetivos públicos? Nadie recuerda… De otra ma11

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nera: ¿Qué son los Derechos Humanos? Alumno: ¿Los que tienen los hombres? Maestro: ¿Cuándo fue la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano? Alumno: ¡En la Revolución Francesa! Maestro: ¡Sí! ¿En qué consistieron? Alumno: En que el Estado tenía que respetar determinados derechos a las personas. Maestro: ¡Exacto! Las garantías individuales son los derechos consagrados en la constitución que la autoridad debe respetar. ¿Por qué es necesario que en la materia de Derecho de Amparo, veamos cuáles son las garantías individuales?... Es pregunta… Alguna idea… sugerencia u ocurrencia… Nada. ¡Muy sencillo!, el juicio de amparo es el medio de defensa que tenemos los mexicanos para obligar a las autoridades a respetar las garantías individuales. “Otro tema previo será la integración del Poder Judicial de la Federación. ¿Alguien sabe por qué?” Alumno: Porque el amparo se tramita ante los tribunales federales. Maestro: ¡Muy bien! Estos dos temas son previos a entrar en materia. Como temas del juicio de amparo, en primer lugar, haremos un repaso breve sobre la historia del juicio de amparo, hablaremos de su nacimiento, de 12

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sus creadores, de su evolución legislativa. En segundo lugar, veremos los principios que rigen el juicio de amparo. Son cinco principios, a saber: Instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, relatividad de la sentencia o formula otero, estricto derecho y definitividad del acto reclamado. Alumno: ¿Nos va a dar copia del temario? Maestro: Si. Voy a darles copia del temario, pero recuerden que fotocopiar el temario no es leerlo, ni mucho menos aprenderlo. “Continúo, el tercer tema será la procedencia del juicio de amparo, veremos cuales son los actos contra los que procede el juicio de amparo en la vía indirecta y en la directa. Hablaremos de las causales de improcedencia del juicio de amparo. “El cuarto será las partes en el juicio de amparo, es decir: El quejoso, la autoridad, el tercero perjudicado y el ministerio público. “Como quinto tema analizaremos la demanda de amparo, tanto en la vía indirecta, como en la directa. Los requisitos que deben contener las demandas y los documentos que tenemos que acompañar y las pruebas que en su caso deberemos ofrecer. En este tema pondré especial énfasis en explicarles qué son los conceptos de violación. 13

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“El tema número seis será la suspensión del acto reclamado, tanto de oficio como a petición de parte, la manera en que se tramita una y otra, los requisitos para que proceda, los casos en que puede modificarse o revocarse y la manera de tramitarla. “Otro tema será las resoluciones que se dictan en el juicio de amparo, los autos, las sentencias y en este tema veremos la audiencia constitucional. Otro más será los informes, previos y justificados. Como tema nueve veremos cuales son los recursos que existen en el juicio de amparo: Reclamación, queja y revisión. Y el tema diez será la jurisprudencia, la manera en que se integra y las contracciones de tesis. “El temario es pequeño, trata exclusivamente sobre el juicio de amparo. En caso de que tuviéramos tiempo podrías ver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. “¿Qué es un procedimiento?” Alumno: Un juicio Maestro: No pregunté, ¿qué es un procedimiento judicial?, sino ¿qué es un procedimiento?, de una manera general. Alumna: Una serie de pasos encaminados a un fin. Maestro: En el procedimiento judicial el fin es la sentencia, donde el juzgador emite un juicio. ¿Qué es un 14

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juicio? Alumno: ¿Un procedimiento judicial? Maestro: ¿Me preguntas o me contestas? Alumno: Le contesto: juicio es un procedimiento judicial. Maestro: Tampoco pregunté, ¿qué es juicio?, en su aspecto jurídico, sino juicio en general. Alumno: La afirmación o negación de algo. Maestro: ¡Exacto! En una sentencia se emite un juicio y por sinécdoque, los abogados llamamos juicio a todo el procedimiento. Alumno: ¿Qué es una sinécdoque? Maestro: Es una figura literaria o tropo que significa que podemos nombrar al todo por una de sus partes. “El juicio de amparo es un procedimiento que tenemos los mexicanos para defendernos de los actos de autoridad. Este procedimiento puede parecer complicado, pero en resumen son una serie de pasos encaminados a un fin y por lo mismo es necesario que conozcamos, antes de entrar en el estudio específico de cada etapa, cómo se desarrolla el juicio. “Ahora sí pregunto, conforme a la teoría del proceso, ¿cuáles son las etapas que deben tener todo procedimiento judicial o juicio para ser valido?” Alumnos: ¡Competencia y personalidad! 15

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Maestro: ¡No! Esos son los presupuestos procesales. Yo quiero saber las etapas. Alumno: Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Maestro: ¡Bien! Esas son las etapas que tienen todos los juicios. En materia laboral, por ejemplo, se presenta la demanda y se señala fecha para una audiencia donde las partes conciliaran y en caso de no hacerlo se pasará a la siguiente fase en la que se demanda y se contesta, en la última etapa se ofrecen pruebas. La junta señala día y hora para el desahogo de las probanzas que lo ameriten, concede término para alegar y dicta la sentencia que en esta materia se llama laudo. “Veamos el procedimiento agrario, éste es igual que el laboral, nada más que en la audiencia donde se concilia, se demanda y se contesta, y se ofrecen pruebas, también se desahogan. Al concluir esta audiencia se da término para alegatos y se dicta sentencia. “En materia penal, el procedimiento se llama proceso y tiene etapas parecidas, pero que reciben otros nombres. La demanda en materia penal es la denuncia o la querella, la contestación es la declaración preparatoria. Hay un periodo probatorio que se llama instrucción y las partes fijan la litis en una audiencia de vista, ésta haría las veces de alegatos. Finalmente, se dicta sen16

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tencia. “El juicio de amparo indirecto tiene también sus propias etapas, que si bien reciben nombres específicos, poseen las mismas características que las etapas de cualquier procedimiento. “La demanda: Al igual que cualquier procedimiento judicial, el juicio de amparo inicia con una demanda, que tiene sus características y requisitos especiales que veremos en el curso. “Informes justificados: Como en el juicio de amparo demandamos a una autoridad, el informe que rinde la autoridad hace las veces de contestación. “Audiencia constitucional: En una sola audiencia dividida en tres partes, se admiten y desahogan las pruebas, se escuchan los alegatos y se dicta sentencia. En otras palabras, la audiencia constitucional tiene tres fases, la probatoria, la de alegatos y la de sentencia. “No debemos perdernos de este esquema y si analizan el temario que en este momento le entrego al jefe de grupo, verán que todos los temas embonan en este esquema. “¿Dudas? ¿Preguntas?” Alumno: No entiendo. Maestro: ¿Qué no entendiste? Alumno: Lo de los procedimientos. ¿Acaso todos son 17

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iguales? Maestro: Sí y no. Los procedimientos en esencia tienen las partes que mencioné, pero son muy diferentes. “Pongo un ejemplo para clarificar el asunto. ¿Qué prefieren, civil, laboral, penal o agrario?” Alumnos: ¡Civil! ¡No! Mejor penal. ¡Laboral! Maestro: Una cosa me quedó clara. No les gusta el Derecho Agrario. Voy a poner un ejemplo penal porque en esta materia las fases de procedimiento toman nombre específicos que difieren a los de otros procedimientos. Algo parecido a lo que ocurre en el amparo. “¿Qué pasa si a alguno de ustedes le roban su coche?” Alumno: Hay que presentar una denuncia. Maestro: ¿Ante quién? Alumno: Ante el Ministerio Público. Maestro: La denuncia es un escrito donde se narran los hechos que acontecieron. En este caso que tú, por poner un ejemplo, eres dueño de un coche, que lo dejaste estacionado y que por las prisas de llegar puntual a tu clase de Derecho de Amparo, dejaste las llaves pegadas y cuando regresaste, el carro ya no se encontraba. Antes de narrar estos hechos deben darse las generales, nombre, domicilio, edad, etc. “¿En contra de quién se levanta la denuncia?” 18

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Alumno: De quién resulte responsable. Maestro: ¿Qué diferencia advierten con una demanda civil o laboral? Alumno: Que en la demanda civil tenemos que señalar al demandado y que reclamamos prestaciones específicas. Alumno: En la demanda laboral no es necesario poner el nombre del patrón, puede señalarse únicamente el domicilio. Alumno: En las demandas no es necesario poner las generales. Alumno: Las autoridades ante quiénes se presentan las denuncias y las demandas. Las demandas civiles se presentan ante los juzgados civiles. Alumno: Las demandas laborales ante las juntas. Alumno: Las denuncias ante el ministerio público. Maestro: ¡Muy bien! Me da mucho gusto que ya despertaron. ¿Cuáles son las similitudes? Alumno: Que inician un procedimiento. Alumno: Que consignan hechos. Maestro: ¡Bien! Con esa denuncia, ¿qué hace el Ministerio Público? ¡No! Equivoqué mi pregunta, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Alumno: Detener al delincuente. Maestro: En términos sencillos, tienes razón, pero en 19

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términos jurídicos, debe integrar una averiguación previa, tiene que dirigir la investigación de la policía y en caso de que logre determinar quién es el presunto responsable y comprobar el cuerpo del delito, ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes, para que se libre una orden de aprehensión en contra del presunto delincuente y la policía pueda detenerlo. “Volvamos a nuestro ejemplo: Los agentes de la policía investigan y encuentran que hubo testigos que vieron a la persona que se llevó el coche. Con retratos hablados y con las amplias técnicas de investigación que tiene la policía de nuestro país, determinan quién es el culpable. Es un ejemplo utópico, podemos decir cualquier cosa. Ya con las pruebas ejercitan acción penal, el juez libra la orden de aprehensión y la policía detiene al responsable, poniéndolo a disposición de dicho juez. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida?” Alumno: Debe rendir su declaración preparatoria. Maestro: Si, pero recuerden que nadie está obligado a declarar. Hasta este momento no hemos oído la versión del presunto responsable o podríamos llamarlo ¿demandado?... Alumno: Ya entendí. Aquí el demandado o el delincuente da su versión de los hechos y tiene el derecho de demostrarla en el proceso. Por eso es que los proce20

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sos judiciales se parecen, pero son diferentes. Maestro: Si. ¿Alguna otra duda?, ¿no? Les recuerdo, el juicio de amparo en la vía indirecta inicia con una demanda, las autoridades deben rendir un informe justificado, se celebra la audiencia donde se reciben pruebas se escuchan alegatos y se dicta sentencia. ¿Dudas?, ¿preguntas? Nos vemos mañana. Alumnos: Maestro, ¡mañana no tenemos clase! Maestro: ¡Nos vemos la clase siguiente!

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LA SORPRESA Hace tiempo, me enteré que el Buró de Crédito cuenta con mi historial crediticio. Éste está compuesto por mi nombre, mi Registro Federal de Contribuyente, mi fecha de nacimiento, mi cédula única del registro de población, mis domicilios pasados y presentes (poco faltó para que tuviera los futuros). Todos mis números telefónicos, tanto de mi casa, como de mi trabajo, los pasados y los presentes. Detalles de todos mis créditos, esto es: tipo de crédito, cuenta, responsabilidad, otorgante, número de cuenta, monto, forma de pago, fecha de actualización, historial de pagos, observaciones actualizadas, último pago, apertura, última compra, límite de crédito, saldo actual, saldo vencido, monto a pagar, bienes raíces hipotecados, tarjetas de crédito, prestamos personales, etcétera. Cualquier persona dedicada al secuestro agradecería mucho estos datos, pues con ellos, puede conocer perfectamente cuanto pedir de rescate por su víctima, donde vive, donde trabaja, donde compra, etcétera. Además, el documento donde consta esto datos, por disposición legal, tiene una leyenda que dice: “Documento sin valor probatorio en juicios”. 22

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Cuando pude recuperarme de la sorpresa de que alguien tuviera tantos datos de mi vida personal y de las comunicaciones de negocios que he tenido con diversas empresas y bancos; pensé que sólo instituciones gubernamentales como la CIA, INTERPOL, KGB, GESTAPO, etcétera, podían tener información tan detallada de las personas. Pensar que en México o en los Estados Unidos... Mexicanos, para hablar con propiedad, existiera una organización dedicada a conservar la historia financiera de las personas, me parecía imposible; así que me di a la tarea de investigar: ¿Qué es el Buró de Crédito? Resulta que el 23 de julio de 1993, nuestro H. (¿Por qué tendrá la hache?, ¿Qué abreviara?, ¿Honorable?, ¿Horroroso?, ¿Heroico?, ¿Hacendoso?, o lo contrario… ¿cómo se dice flojo con h?) Congreso de la Unión aprobó reformas a los artículos 33, 33A y 33B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Con base en estas disposiciones legales, el Banco de México expidió las Disposiciones de Carácter General a las que se Sujetaran las Sociedades de Información Crediticia para Proporcionar su Base de Datos a otras Sociedades de Información Crediticia. Con ese “sustento” legal y (?) reglamentario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de 23

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Hacienda y Crédito Público y el Banco de México autorizaron la creación del Buró Nacional de Crédito. ¿Por qué nacional? Porque pretendió y logró poseer todos los historiales crediticios de los mexicanos, hubieran pagado puntualmente o tuvieran mora, pues más que inscribir a la gente que no pagó sus créditos; dicho buró recibía información de todas las finanzas de las personas: sus cuentas de banco, sus inversiones, sus propiedades, etcétera. De esta manera, cualquier persona que tenga una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito departamental, o una cuenta de cheques, o una cuenta de ahorro, o una hipoteca, o un contrato con una compañía de teléfonos celulares, está en el buró de crédito. Y toda la información que la persona dio al banco, o a la tienda, o a la compañía de telefonía celular…, también está en el Buró de Crédito. Por eso, en el historial crediticio aparecen los domicilios pasados y presentes, los lugares de trabajo, etcétera. En la actualidad, el Buró de Crédito ya no tiene el apelativo de “nacional”, porque no pertenece al gobierno sino que pertenece a particulares, es decir, seres mortales como usted o como yo…, aunque por las prerrogativas que les dio el gobierno a través de la ley, mas parecen dioses. ¿Cómo se creó el buró de crédito? A través de un 24

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acta constitutiva protocolizada ante notario, es decir, como cualquier sociedad mercantil. Finalmente, el H. Congreso de la Unión; mientras defendía a las transnacionales que vende comida chatarra, bajo el grito de: ¡No al I. V. A. en alimentos y medicinas!; aprobó, el 15 de enero de 2002, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. ¡Primero se constituyó el Buró de Crédito y después la ley que lo regula! Después de una lectura somera a esta “ley”, advertí que violaba los derechos humanos más elementales, porque autorizaba a un Buró de Crédito a concentrar los historiales crediticios de los mexicanos, de manera que los particulares que tienen acceso a esta información pueden disponer de ella y manejarla a su antojo. En efecto, esta ley autoriza a los bancos y a las grandes empresas para que: utilizaran, intercambiaran y vendieran la información que reciban de sus clientes, con el fin de que nadie les quede a deber, creando la denominada “lista negra” que manejan a su antojo, pues sin necesidad de seguir un juicio, ponen a cualquiera que “les caiga mal” en dicha lista. En otras palabras, los bancos y grandes empresas dicen quién les debe y cuánto, sin tener que acudir a los tribunales a demostrarlo. Para finalizar, está ley permite que las personas que 25

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por cualquier motivo, justificado o no, tuvieron algún problema con una empresa o un banco, estén “fichadas” por un lapso de ochenta y cuatro meses. ¡Y yo que pensaba que las tiendas de raya eran cosa del pasado! ¿Qué defensa constitucional tengo en contra de una ley que viola mi derecho a la privacidad, tan en boga actualmente, mi fama, mis comunicaciones, mis derechos de personalidad, el derecho a que nadie se haga justicia por propia mano, el derecho a que no existan monopolios… en pocas palabras, mis garantías individuales? El Juicio de Amparo. En las aulas de la escuela de Derecho, todos mis maestros, sin excepción, me hablaron de las bondades de este juicio y de la dignidad de jueces y magistrados federales. Por este motivo, decidí solicitar el amparo en contra de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Con la firme convicción de que en un Estado de Derecho no pueden existir este tipo de leyes y confiando en la justicia federal, decidí tramitar un juicio de amparo para impugnar este “ordenamiento jurídico”. A partir del momento en que me llegó el correo electrónico que me envió el Buró de Crédito con mi historial crediticio, empezó a correr el plazo de quince días para 26

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poder interponer mi demanda de amparo, pues la recepción de este correo constituye el primer acto de aplicación de la ley. El plazo que en la ley se antoja amplio, cuando uno se enfrenta al problema de analizar una ley, a todas luces violatoria de derechos humanos, se torna breve. Una pregunta circuló en mi mente: en caso de que el tiempo no me alcance, ¿habrá consentimiento tácito?; ¿el particular y la autoridad pueden consentir una ley inconstitucional? Mis estudios jurídicos me dicen que no, ya que sería absurdo pensar, por ejemplo, que una ley que admite la esclavitud, pueda consentirse. Sin embargo, cuando la ley favorece a los grandes capitales, quizá la respuesta no sea la misma. Preferí no averiguar y sujetarme al plazo de quince días En principio, me di a la tarea de consultar el Diario Oficial de la Federación donde se publicó esta ley, pues en la copia que leí por Internet no establecía cuál era el fundamento constitucional para que el H.... Congreso de la Unión pudiera emitir una ley con estas características. Conseguir una copia del Diario Oficial no es tarea sencilla, ya que esta publicación sólo la reciben los órganos de gobierno, por lo que hay que consultarla en las bibliotecas que tienen los congresos o los tribunales 27

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superiores de justicias estatales, pues aunque también los tribunales federales reciben esta publicación, los ejemplares no siempre están accesibles al público. Existe la posibilidad de consultarlo vía Internet o recurrir a las publicaciones oficiales que por medios electrónicos (CD) realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opté por esta última opción y pude constatar que al Poder Legislativo, ya no le interesa respetar las garantías de fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto legislativo que contiene la ley no dice en qué precepto constitucional está la facultad para emitir una ley que regule las sociedades de información crediticia. Al ver esto, recordé mis clases de Derecho Constitucional donde aprendí que las facultades que no estuvieran concedidas a la federación por la constitución, se entendían reservadas a los estados. Por este motivo, considero que es necesario que el H. (mejor sin hache) Congreso de la Unión funde la expedición de una ley en la constitución. La falta de este requisito; es decir, cuando el acto de autoridad no está fundado, ni motivado; ocasiona que sea inconstitucional, y que el amparo que se promueva en su contra sea concedido de manera inmediata. Tan es así, que los amparos contra las órde28

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nes de aprehensión y los autos de formal prisión se conceden por falta de este requisito de fundamentación y motivación, pero... ¿pasará lo mismo cuando sea la ley la que adolezca de fundamentación y motivación?... Tuve que seguir estudiando. Los datos que tiene el Buró de Crédito son anteriores a la ley, por lo que existe un problema de retroactividad. Sin embargo, antes de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, estuvieron vigentes diversos artículos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Tengo que impugnar éstos, so pena de consentirlos, aun cuando ya estén derogados. Por cierto, en ninguna parte de la constitución, concretamente en el artículo 73, encontré alguna disposición que facultara al Congreso de la Unión a expedir estas leyes, es decir, no existe expresamente la facultad de expedir la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Este descubrimiento reforzó mi postura de que ambas leyes adolecían de fundamentación y motivación. Sin embargo, al consultar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me enteré de que hay tesis aisladas que establecen que el Congreso de la Unión no está obligado a fundar, ni a motivar sus 29

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actos. En otras palabras, para nuestro máximo tribunal existen autoridades que están por encima de la constitución.

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LA SÉPTIMA CLASE Maestro: ¡Buenas tardes! Ayer vi en sus rostros que no quedaron claras las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ¿Me equivoco? Alumnos: ¡Sí! Maestro: Entonces si me equivoco. ¡Todo quedó claro! Alumnos: ¡No! Maestro: ¡Oh! ¿Quién los entienden? ¿Quedó claro o no? Alumnos: ¡No quedó claro! Maestro: Vuelvo a explicar. No hay problema. “El día de ayer, les decía que la mayor cantidad de amparos se tramitan contra actos de autoridad que violan los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Alguien recuerda por qué?” Alumno: Porque en estos artículos están contenidas las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Maestro: ¡Correcto! ¿Cuáles son? Pueden consultar la Constitución. No estamos en examen. Alumno: La irretroactividad de la ley. Maestro: Otra. Alumno: La garantía de audiencia. 31

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Maestro: Otra. Alumno: La de debido proceso legal. Maestro: Otra. Alumno: Estricta aplicación de la ley penal. Alumno: Principio de legalidad en materia civil Alumno: Mandamiento de autoridad Alumno: Fundamentación y motivación Alumno: Los requisitos de la orden de aprehensión. Alumno: Los requisitos para una detención por parte del Ministerio Público Alumno: Las órdenes de cateo. Alumno: La inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Alumno: Los requisitos de las visitas domiciliarias. Alumno: La inviolabilidad del correo. Alumno: La prohibición de alcabalas militares. Maestro: Como ven son demasiadas garantías contenidas en dos artículos, por eso la mayoría de los amparos se tramitan aduciendo violación a estos dos artículos. “El argumento que más emplean los litigantes es que el acto reclamado no está fundado, ni motivado. “¿Qué debemos entender por fundamentación y motivación?” Alumno: Fundar quiere decir que el acto debe basarse en una ley. 32

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Maestro: ¡Exacto! La autoridad sólo puede hacer aquello para lo que la ley la faculta. En cambio, el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. ¿Y qué es motivación? Alumno: Ajustar los hechos a la norma. Alumno: Exponer los razonamientos jurídicos por los cuales procede la aplicación de la norma. Maestro: Estas garantías de fundamentación y motivación son la base de los estados de Derecho. La validez de los regímenes jurídicos se sustenta en el respeto a la garantía de fundar y motivar los actos. Alumno: ¿Qué autoridades están obligadas a fundar y motivar sus actos? Maestro: ¡Todas! Sin ninguna excepción. ¿Quedó claro? Alumno: La verdad, maestro, yo no entiendo nada. Maestro: ¿Y desde cuando te sucedió eso? Alumno: ¿Qué? Maestro: Pues si, dices que no entiendes nada, ¿desde cuándo? Alumno: Desde la clase pasada. Maestro: ¡Ah! Menos mal, te refieres a la fundamentación y la motivación. Vemos un ejemplo: En este preciso instante llegan agentes de la policía a catear este salón… 33

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Alumno: ¡No pueden! Maestro: Precisamente, para que puedan, necesitan traer una orden de cateo debidamente fundada y motivada. Primero, ¿cuál es el artículo de la Constitución que permite las órdenes de cateo? Alumno: Los artículos 14 y 16 constitucionales. Maestro: Primer problema de la fundamentación. Debemos precisar el precepto legal en el que fundamos la actuación, así que ¿en cuál de los dos? Alumno: En el 16. Alumno: En el 14. Maestro: Como verán no es tan fácil fundar. Busquen el artículo léanlo y precisen donde está la facultad para las órdenes de cateo. Alumno: Es en el 16 maestro, a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete… en el octavo párrafo. Maestro: Léenos ese párrafo: Alumno: “En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan que aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, 34

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por la autoridad que practique la diligencia.” Maestro: Ahí está el fundamento de las órdenes de cateo. Comencemos el análisis. El comandante del Vigésimo regimiento emite la orden de cateo, ¿estará bien? Alumnos: ¡No! Maestro: ¿Por qué? Alumno: Porque no es autoridad judicial, y aquí dice que sólo la autoridad judicial. Maestro: Entonces que la expida el director de la policía judicial. Alumno: ¡No! El tampoco es autoridad judicial. Maestro: ¿El Procurador General de Justicia? Alumno: Tampoco es autoridad judicial Maestro: ¿Quiénes son autoridades judiciales? Alumno: Los jueces, tanto locales, como federales. Maestro: Entonces, para que una orden de cateo esté fundada y motivada, ¿qué requiere? Alumna: Que la dicte un juez y que cite el artículo 16 constitucional. Maestro: En el caso concreto, para que venga a catear este salón de clases, ¿cualquier juez puede dictar la orden? Alumnos: Si. Maestro: El juez menor de lo civil de Chiapas dicta la 35

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orden de cateo para que se ejecute en Puebla. Alumno: El juez tiene que ser competente. Maestro: Debe tener muchos conocimientos, maestrías, doctorados… Alumno: No, debe ser competente por razón del territorio, cuantía, grado y materia. Maestro: Entonces no debe tener conocimientos. Alumno: Si, debe ser licenciado en derecho. Maestro: En otras palabras para ejercer la función de juez es necesario una competencia subjetiva que consiste en que la persona debe tener título de licenciado en derecho. Pero tu compañero tiene razón. La competencia de la autoridad es en razón del territorio, por eso en nuestro ejemplo, ¿qué juez debe dictar la orden de cateo? Alumno: Un juez de aquí de Puebla. Maestro: ¿De qué materia? Alumno: En materia penal. Maestro: ¿De qué grado? Alumno: De primera instancia. Maestro: ¿De qué cuantía? Alumno: Aquí en la capital no hay jueces por razón de la cuantía, cualquier juez conoce del asunto sin importar la cuantía. Maestro: En efecto, aquí en la capital, no existen 36

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jueces que conozcan de asuntos de menor cuantía, sino que el monto de lo reclamado no importa. ¿En qué leyes está la competencia de los jueces? Alumnos: ¡En la Ley Orgánica del Poder Judicial! Maestro: Entonces para fundar la orden de cateo deben citarse los artículos correspondientes de esta ley. ¿Qué quieren que vengan a buscar? Alumno: ¡Marihuana! Alumno: ¡Armas! Alumno: ¡A Raúl! Maestro: Si vienen por Raúl, me quedo sin la mitad de la clase, entre él, Lorena, Armando y Luís, y algún otro que luego participa, son los que mantienen esta clase, la otra docena están tan asombrados de la brillante elocuencia del maestro que no pueden ni hablar. “Aquí hay otro problema, si la orden es para buscar marihuana, ¿a qué juez le corresponde dictarla: al federal o al local?” Alumno: Al federal. Maestro: ¿Por qué? Alumno: Porque la materia de narcotráfico es federal. Maestro: ¿Según quién?, ¿los noticieros? Alumno: Conforme a la Constitución. Maestro: Si, el Congreso de la Unión tiene compe37

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tencia para dictar leyes en materia de narcotráfico. Alumno: ¿Qué para dictar leyes también se requiere competencia? Maestro: ¡Buena pregunta! Al adoptar la forma de un gobierno federal, es decir, la existencia de un gobierno federal al lado de los gobiernos de lo estados, surge el problema de: ¿a quién corresponde dictar leyes? La solución que dio nuestra constitución es establecer las materias que son del ámbito federal y dejar las demás a los estados integrantes de la República Mexicana. “Por eso, si el Poder Legislativo Federal tiene facultades limitadas a los casos comprendidos en la constitución, es evidente que para emitir una ley debe fundar y motivar su actuación. Pensar de manera contraria implicaría que el Congreso de la Unión fuera una autoridad que estuviera por encima de la Constitución. “Regresando al tema. La autoridad tiene que citar todos estos preceptos legales y además debe de razonar por qué los preceptos se adecuan o adecúan al caso concreto.” Alumno: Esa es la parte que no entiendo. Maestro: Continuamos con el ejemplo. El ministerio público tuvo que solicitar la orden de cateo y para hacerlo debió aportar pruebas que justificaran la necesidad de catear este salón. 38

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“¿Qué se les ocurre? “Supongamos que uno de sus compañeros se le sigue un proceso por posesión de marihuana y en su declaración preparatoria declaró que en el cajón del escritorio de este salón escondió un cartón de marihuana. ¿Qué pruebas tendría que aportar el ministerio público?” Alumno: Copias certificadas del proceso. Maestro: Si. El juez tendrá que otorgarles el valor probatorio consignado en el Código Federal de Procedimientos Penales, para lo cual tendrá que motivar la resolución. Alumno: Entonces, ¿la motivación es valorar las pruebas? Maestro: En parte. Recuerda que para poder aplicar una norma necesitamos que se demuestren los hechos y para comprobarlos el juez necesita valorar pruebas, y para hacer esto necesita razonar. Alumno: Ya entendí. “La motivación la realiza el juez al señalar que las pruebas tienen valor conforme a determinados artículos del código y conforme a otros se dan los supuestos necesarios para que proceda la orden de cateo.” Maestro: Si. El problema es que cada caso particular requiere una motivación específica, pues cada caso es 39

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diferente. Pero es la autoridad a quien corresponde fundar y motivar. Al quejoso sólo le corresponde decir por qué no está fundado, ni motivado el acto de autoridad que reclama en amparo. “¿Dudas?, ¿preguntas? “Nos vemos la clase siguiente.”

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EL ANÁLISIS Después de estudiar la creación del Buró de Crédito y su reglamentación advertí varios problemas jurídicos: El primero, ¿cómo se creó? No lo creo una ley dada por el congreso o un decreto presidencial, sino que el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se unieron y emitieron disposiciones que autorizaron la creación del buró de crédito mediante una escritura pública ante la fe de un notario. La ley que lo regula es posterior a su creación. El segundo problema, una vez creado el Buró de Crédito en escritura pública, como cualquier sociedad anónima, el Congreso de la Unión expidió una ley para regularlo, ¿es posible esto? Primero creamos y después regulamos. Otro problema es que la reglamentación del Buró de Crédito corresponde al Secretario de Hacienda y Crédito Público, es decir, que la reglamentación de este órgano no es a cargo del Presidente de la República, como indica la constitución, sino el facultado para expedir el reglamento es un simple secretario. Un cuarto problema, ¿qué es orden público? La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 41

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dice que es de orden público, pero ¿cómo lo definiríamos? ¿Es de orden público que el Estado permita que los particulares intercambien la información financiera de sus clientes? Además, esta ley autoriza al Secretario de Hacienda y Crédito Público a interpretar esta ley. En otras palabras, yo abogado puedo hacer planos arquitectónicos porque la ley me autoriza, con independencia de mis conocimientos sobre la materia. Ya que autorizar a un Secretario de Estado a interpretar la ley, a pesar de que para ocupar el cargo no se requiera título de licenciado en derecho, equivale a que por decreto se tengan conocimientos, ¿o no? Un quinto problema es que el buró de crédito es una persona moral de derecho privado, es decir, son personas ajenas al gobierno quiénes lo manejan. Sin embargo, estas personas vulneran el derecho a la privacidad de cuarenta millones de mexicanos, con la ayuda del Estado. Las empresas y los bancos, a través del intercambio de información de sus clientes, consiguen hacerse justicia por propia mano, pues ellos deciden quién les debe y cuánto. Además, las personas que por cualquier motivo se retrasan en sus pagos son amenazados con “meterlos al buró”. Los mexicanos sabemos que esta ame42

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naza equivale a no poder conseguir ningún crédito. Todo lo anterior por medio simples pactos entre particulares, que son muy difíciles de demostrar, pero que todos conocemos. Gracias al buró, las empresas ya no necesitan acudir a los tribunales para molestar a las personas o privarlas de sus derechos, pues una vez que “sancionaron” al particular diciendo que cometió el delito de no pagar a tiempo o de quedar a deber un crédito, por ochenta y cuatro meses ningún banco o empresas le darán crédito. ¡Y pensar que las penas inusitadas y trascendentales están prohibidas por la constitución! Además, no hay manera de demandar al Buró de Crédito porque sus reportes no tienen valor probatorio en juicio. Otro problema es que si en México sólo existe un Buró de Crédito, esta empresa tiene el monopolio de la información financiera de los mexicanos y la ley que sólo regula una empresa, evidentemente, es una ley especial. Una vez que encontré estas inconstitucionales en la ley que regula al buró de crédito, me enfrenté a dos problemas: El primero fue redactarlas de manera clara enfrentando los preceptos legales que regulan al buró de cré43

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dito con las normas constitucionales, ya que sin este requisito, mis conceptos de violación serían inoperantes y el acto subsistiría por no impugnarlo de manera adecuada. Mis clases de amparo nunca fueron claras en este sentido. El acto de autoridad se presume apegado a la constitución, por eso el particular debe demostrar que dicho acto viola sus garantías individuales. Esta parte la entiendo, aun cuando no la comparto, pues pienso que es la autoridad la que debe demostrar que el acto que realizó, está apegado a constitución. Para demostrar la violación de garantías debo exponer conceptos de violación, es decir, razonamientos que demuestren que el acto reclamado es inconstitucional. Esta parte también la entiendo. Lo que no entiendo, es que la calificación de mis conceptos de violación está en manos de los jueces o magistrados federales, quienes determinan si mis conceptos proceden o son improcedentes, son fundados o inoperantes. Aquí me surgió otra duda. Los conceptos de violación inoperantes, inatendibles, improcedentes, insuficientes, ineficaces, etcétera, ¿constituyen una institución en nuestro sistema jurídico? Todos ellos nacieron de diversas jurisprudencias de los tribunales federales. La 44

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consecuencia de que existan, es que el quejoso (persona que acude a solicitar el amparo porque considera que sus garantías individuales o sus derechos humanos están siendo violados por la autoridad) debe contar con una asesoría legal adecuada y muy competente; ya que si no se redactan bien los motivos por los que se considera inconstitucional el acto, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se limitan a decirnos que no supimos defendernos y que el acto de la autoridad subsiste. En consecuencia: ¿Existe la supremacía constitucional? Pues ante conceptos de violación deficientes, los actos de autoridad que son inconstitucionales subsisten. La segunda duda fue: Si la ley sólo regula únicamente actos de particulares, ¿cómo puedo impugnarla? Respecto a la primera pregunta consideré poseer los conocimientos necesarios para poder impugnar la ley, pues tuve un excelente maestro de amparo, aunque, ¿Tendrá la misma opinión el juzgador? Sólo me queda tener la esperanza (debilidad que justifica mi estupidez y que desgraciadamente muere al último) de que así sea. O siguiendo las enseñanzas católicas: rezar. No existe ninguna materia en la carrera de Derecho, ni ningún libro jurídico, que nos enseñe cómo formular conceptos 45

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de violación, y menos cuando se impugna la inconstitucionalidad de una ley. Finalmente, la calificación de los conceptos de violación está en las manos (más bien en el pensamiento o falta de él) del juzgador. La segunda pregunta fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que cualquier acto que modifique nuestra situación jurídica con base en una norma es un acto de autoridad. En efecto, si con base en la ley, el Buró de Crédito modifica mi condición de persona solvente a insolvente, además de violar mi garantía de privacidad para hacerlo y no necesita recurrir a ninguna autoridad para realizar sus fines, es evidente que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, como este criterio es novedoso tuve que invocar la jurisprudencia y explicar por qué considero que los actos del Buró de Crédito son actos de autoridad; de esta manera, la procedencia del juicio de garantías se convirtió en un problema que el juez de distrito tendría que resolver al dictar sentencia. Con esto evito que el juez de distrito me sobresee, ya que la procedencia de amparo es un problema de fondo y por lo mismo no puede aplicar ninguna causal de improcedencia. El siguiente problema a resolver fue: ¿Quién vigilaría el juicio? En efecto, cualquier abogado sabe que es ne46

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cesario acudir al juzgado para evitar sorpresas, esto es, resoluciones que sólo se notifican por lista y que afectan los derechos del promovente. Tengo un primo que tiene veinte años de vivir del litigio, así que recurrí a él. Cual sería mi sorpresa al escucharlo decir que él no acostumbraba litigar en los juzgados de distrito y tribunales colegiados, pues prefería llegar a un arreglo con su contraparte a sujetarse al “criterio” de tales tribunales, pero como favor para mí, estaría al pendiente del negocio. Cuando oí a mi primo, tuve que pensar que no sabía derecho, ya que estaba desconfiando del criterio de los defensores del régimen constitucional, cuya capacidad y honorabilidad no podía ponerse en duda. Este comentario ocasionó que prefiriera presentar la demanda yo mismo y aquí comienzan las vicisitudes.

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LA DÉCIMA TERCERA CLASE A mitad de la clase. Alumno: ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal unitario y un tribunal colegiado? Maestro: Antes de entrar en materia vimos como estaba integrado el Poder Judicial de la Federación. ¿Recuerdas? Alumnos: Es que yo no vine las primeras dos semanas porque todavía no me inscribía a la materia Maestro: No hay problema. Vamos a repasar como está integrado el Poder Judicial de la Federación. “Tenemos que este poder se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, los tribunales colegiados de circuito, lo tribunales unitarios de circuito y los jueces de distrito. ¿De qué conocen los juzgados de distrito?” Alumno: Del amparo. Maestro: Si. ¿De qué tipo de amparo? Recuerden que el juicio de amparo tiene dos vías la directa y la indirecta. Ante juez de distrito se tramitan los amparos en la vía… Alumno: Directa. Maestro: ¡No! 48

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Alumno: En la indirecta. Maestro: Si no es Chana es Juana. Ante el juez de distrito promovemos el amparo en la vía indirecta. ¿Contra qué actos procede el juicio de amparo en la vía indirecta? Alumno: Contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas al procedimiento. Maestro: Bien por tu memoria. Exactamente como lo dice la ley. Ahora, explícamelo. Alumno: Es cuando… Maestro: ¿Es cuando? Alumno: Son los casos donde se reclama un acto por una persona que no es el actor ni el demandado. Maestro: Es decir, se trata de un tercero extraño que sin ser parte en el juicio resiente algún daño, por lo que tiene el juicio de amparo contra estos actos. ¿Contra qué otros actos? Alumno: Contra las leyes. Maestro: ¿Otro? Alumno: Contra los actos de presidente. Maestro: Si, contra los actos de los poderes ejecutivo y legislativo procede el juicio de amparo. Y contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, ¿qué procede? 49

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Alumno: El amparo directo. Maestro: ¿Ante quién se promueve? Alumno: Ante los tribunales colegiados de circuito. Maestro: Estas son los órganos jurisdiccionales de primera instancia en materia de amparo. ¿Quién conocerá en segunda instancia de los juicios de amparo? Alumno: ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación? Maestro: Es pregunta o respuesta. Alumno: Respuesta. Maestro: Si, la Suprema Corte de Justicia conoce de la revisión tanto de las sentencias que pronuncia los juzgados de distrito, como los colegiados de circuito si se impugnó la constitucionalidad de una ley. “En el caso de que ante el juzgado de distrito no se reclame la inconstitucionalidad de una ley, de la revisión conocen los tribunales colegiados de circuito.” Alumno: ¿Y los tribunales unitarios? Maestro: Ellos son tribunales de segunda instancia, pero cuando los jueces de distrito actúan como jueces de lo civil o de lo penal. Alumno: ¿El TREPOJUFE (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de que conoce? Maestro: De los conflictos en las elecciones. Alumno: ¿Y el Consejo de la Judicatura? 50

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Maestro: El se encarga de vigilar y administrar al Poder Judicial de la Federación. “¿Quedó claro entonces la diferencia entre un tribunal unitario y un tribunal colegiado?” Alumno: Si. Maestro: Ahora regresemos a la pregunta original ¿Ante quién presentamos la demanda de amparo que estamos elaborando reclamando la inconstitucionalidad de una ley a partir de un acto concreto de aplicación? Alumno: ¡Ante un juzgado de distrito! Maestro: ¡Muy bien! Nos vemos la próxima clase.

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LA ADMISIÓN Acudí muy temprano a presentar la demanda acompañándola de un número considerable de copias a la Oficialía Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. Muy amables los jóvenes que la atendían me dijeron: ⎯¿Es un amparo administrativo? ⎯No ⎯contesté⎯ se trata de un amparo contra leyes inconstitucionales. ⎯Es que la primera autoridad que menciona es administrativa. ⎯Si, pero también señalo al Congreso de la Unión. ¿Cuál es la diferencia? ⎯El turno se lleva por computadora, por lo que si es inconstitucionalidad de leyes le toca a un juzgado, y si es administrativo es a otro juzgado. ⎯¿Hay alguna diferencia? ⎯No, pero por razón de turno para nosotros es importante. Entonces, ¿qué le ponemos? ⎯Es inconstitucionalidad de leyes. Después de este diálogo, (o primer litigio) me dijeron que me tocó con el juez de distrito más antiguo en el Estado; lo cual me dio mucho gusto, pues consideré que 52

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tendría más experiencia para resolverlo. En relación con el turno me entere que existen acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal que lo regulan; la materia del asunto es la que lo define. Sin embargo, para que ésta pueda apreciarse en la demanda, la autoridad que la defina debe ir al principio. Ni la ley, ni mis clases de derecho me enseñaron esto. Al día siguiente recibo una llamada de mi primo: ⎯¿Qué diablos hiciste? ⎯¿Por qué? ⎯El juez de distrito te está citando para que cumplas no sé que tantas cosas. No entiendo que quiere. ⎯Paso a verte al rato para ver de qué se trata. ⎯Te está dando tres días. ⎯¿Te dejó citatorio? ⎯Te digo que te citó para la tarde. Cuando vi a mi primo, tuve que explicarle que es práctica en los juzgados federales que se deje citatorio para realizar la notificación, pero el actuario no regresa, sino que asienta que nadie esperó al citatorio y realiza la notificación por lista, con lo cual el quejoso, o sea yo, tiene un día más de término. Lo que no era costumbre es que el citatorio se dejará para la tarde del mismo día, pues existe jurisprudencia de que entre el citatorio y la notificación debe mediar un día. En efecto, en los juz53

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gados de fuero común era costumbre que al practicar el emplazamiento, el actuario o diligenciario dejara citatorio para la tarde. Sin embargo, la jurisprudencia estableció que tales emplazamientos violaban la garantía de audiencia, ya que entre el citatorio y la notificación debían mediar por lo menos veinticuatro horas. Los actuales actuarios de los juzgados de distrito, ¿conocerán esta jurisprudencia?, ¿sabrán que nació por los actuarios del fuero común?, ¿les interesará saber que antiguamente existía mucha diferencia entre el proceder de los actuarios o diligenciarios del fuero común, con los del fuero federal? No lo sé. Pero con citatorios que violan jurisprudencias parece que no. Cuando leí el requerimiento… ¡Me fui de espaldas! el juez federal quería lo siguiente: “a) que precisara a qué autoridad de la 1) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la 2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 3) Banco de México, del 4) Buró de Crédito, Sociedad de Información Crediticia integrada por Trans Union de México, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia y Dun & Bradstreet, Sociedad Anónima, Sociedad de información Crediticia, de la 5) Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, del 6) Banco Nacional de México o BANAMEX y del 11) Banco Internacional o BITAL, señalé 54

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como autoridad responsable. “b) que precisara los domicilios de las autoridades responsables. “c) que acompañara copias necesarias para correr traslado a las autoridades responsables, terceros perjudicados y ministerio público.” En cuanto hace al primer requisito, me parece que conforme a derecho, los actos se reclaman al titular de la autoridad, quién debe responder por todos los actos de sus subordinados. Por lo que se refiere al segundo, los domicilios oficiales son del conocimiento público y la Ley de Amparo no establece este requisito. Finalmente, respecto al último, existe jurisprudencia que obliga al juez de distrito a precisar el número de copias que se necesitan. ¿El juez federal conocerá esta jurisprudencia? Me enfrento ante la disyuntiva: impugno el requerimiento, o lo cumplo y con ello consiento la ilegalidad del mismo. Investigo jurisprudencia, en relación con los puntos primero y tercero, no existe discusión. Pero por lo que se refiere al segundo hay tesis contradictorias, es decir, existen tribunales colegiados que sostiene que es un requisito de la demanda señalar domicilio de las autoridades y otros que no. En la Ley de Amparo hay preceptos legales que autorizan la denuncia de contradicción de tesis. La Supre55

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ma Corte de Justicia de la Nación, por medio de la jurisprudencia que emite, sentó el criterio de que la resolución de las tesis contradictorias es prioritaria porque repercuten en la garantía de seguridad jurídica. En efecto, la misma persona puede ganar o perder el asunto, ser condenada o absuelta, obtener o no el amparo y protección de la justicia federal, dependiendo a qué órgano jurisdiccional le toque conocer de su asunto. No obstante lo anterior, la indicada ley, sólo faculta a determinadas personas a denunciar las contradicciones de tesis. Ante la incertidumbre jurídica de dos jurisprudencias contradictorias, prefiero no arriesgarme, cumplo con el requerimiento y la demanda se admite. El día señalado para la celebración de la audiencia constitucional comparezco mediante escrito para ofrecer dos pruebas documentales privadas, consistentes en las autorizaciones de los bancos giradas a los notarios para que tiraran las escrituras de cancelación de hipoteca. En estos documentos consta que las instituciones de crédito reconocen que no tengo ningún adeudo con ellas. Estas pruebas, las ofrecí porque los bancos que las expidieron son autoridades responsables y a la vez, terceros perjudicados, es decir, son parte, por lo 56

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que los documentos privados provenientes de las partes y que no son objetados por ella, tienen pleno valor probatorio; por lo menos eso aprendí en mis clases de derecho procesal civil. Además de ofrecer estas pruebas, hice notar en mi escrito, que las autoridades responsables no habían rendido su informe con la oportunidad necesaria para que pudiera enterarme de su contenido, y que todavía no constaba el emplazamiento a los terceros perjudicados. El juez de distrito difiere la audiencia.

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LA AMPLIACIÓN Cuando estaba corriendo el término para la celebración de una nueva audiencia, recibo una carta de un banco en la que niega procesar la solicitud de una tarjeta de crédito porque: “EL BURÓ DE CRÉDITO REPORTA UN HISTORIAL CREDITICIO NO SATISFACTORIO”. En virtud de esta carta, el banco que la emitió adquirió el carácter de tercero perjudicado, pues tiene interés en que subsistan los actos reclamados al Buró de Crédito. Así que amplío mi demanda señalando a la institución de crédito que me envió la carta, como tercera perjudicada, y señalo como domicilio para que sea emplazada el que está en la carta como remitente. El juez federal admite la ampliación y ordena el emplazamiento mediante exhorto, pues el domicilio de los bancos está en la capital del país, a pesar de que tienen sucursales en todos los estados. Otra llamada de mi primo. ⎯¿Ahora que hiciste? El juez me está requiriendo para que señale el domicilio del tercero perjudicado. ¿No estaba señalado en la demanda? ⎯Así es. No sé que pasa. Conforme a la ley y a la ju58

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risprudencia, si el domicilio del tercero perjudicado no es el que aparece en la demanda, el juez de distrito debe ordenar una investigación, y si después de realizarla, no encuentra el domicilio del tercero perjudicado; sólo entonces debe ordenar la publicación de edictos. ⎯Pues te están apercibiendo de qué si no das el domicilio correcto, el emplazamiento al tercero perjudicado se hará mediante edictos que tú vas a pagar. ⎯¿Cuánto cuesta un edicto? ⎯Más de diez mil pesos. ⎯¿Los tres? ⎯Cada uno. ¿Qué pasa si no los pagas? ⎯La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si no tengo dinero para pagarlos, el juicio de amparo es improcedente. ⎯¿Cómo? ⎯En lenguaje jurídico, la publicación de edictos es una carga procesal que debe cumplir el quejoso; en caso de que no la cumpla, la demanda debe desecharse. ⎯Para el caso es lo mismo. ⎯Lo sé. ⎯¿Cuáles fueron los motivos por lo que no se pudo emplazar? ⎯No sé. ¿Quieres que vaya al juzgado a ver el exhor59

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to? ⎯Por favor, ve. Cuando mi primo me dijo la razón actuarial para no emplazar al tercero perjudicado, ¡quedé asombrado! El actuario asentó que se constituyó en domicilio del banco y que aparecía la razón social, no obstante, el jefe de servicio de vigilancia del banco le informó de que: “...no se podía recibir notificaciones dirigidas a la parte tercera perjudicada en virtud de que la única área que podía recibirlas, era la Dirección Jurídica...”. Ahora resulta que cualquier particular (el banco es un particular, ¡Aunque Ud. no lo crea!) puede evadir la acción de la justicia, es decir, puede evitar ser demandado con sólo decir que en su domicilio no se reciben notificaciones. Pero lo que más me sorprendió es que el actuario que asentó la notificación se ostentó como abogado, que el exhorto fue remitido por un juez de distrito (exhortante) y que el juez de distrito (exhortado) que lo recibió, son abogados. Y ninguno se percató que, conforme a la ley, cuando no se encuentra a la persona que se busca en el domicilio debe dejársele citatorio para que lo espere a una hora fija del día siguiente. Es decir, que si no estaba la persona encargada de recibir las notificaciones porque laboraba en otra área, debió citársele y no decir que el emplazamiento no pudo reali60

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zarse porque la persona a la que iba dirigido recibe sus notificaciones en otra parte. Vuelvo a la disyuntiva, impugno este auto o lo consiento al cumplirlo. Opto por esta segunda posibilidad y cumplo el requerimiento. En primer lugar, informo al juez de distrito que conforme a la razón actuarial, el domicilio que señalé en mi ampliación de demanda sí es el del banco, por lo que debe volverse a emplazar y en caso de que no quieran recibir la notificación, fijarla en la puerta. Después le doy todas las direcciones que tiene el banco en la capital y en mi Estado, las cuales las obtengo de la sección amarilla del directorio telefónico y acompaño copias del mismo. También le hago notar que conforma a la ley a quién le corresponde investigar el domicilio del tercero perjudicado es al juez de distrito, por lo que sugiero que investigue en el registro público de la propiedad y del comercio, y que gire oficio a las procuradurías para que investiguen el domicilio del banco, tercero perjudicado. En caso de que tales medios fueran infructuosos, entonces estoy dispuesto a que se emplace por edictos. En respuesta, el juez federal, giró oficio a la Agencia Federal de Investigaciones, para que le proporcionara el domicilio del banco y la institución de crédito fue emplazada. 61

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LA VIGÉSIMA CLASE Maestro: ¡Buenas tardes! Hoy vamos a ver que es la suspensión. ¿Qué pasa mientras se tramita el juicio de amparo?, ¿qué hace la autoridad?, ¿qué protección tiene el ciudadano frente a la autoridad? “No me vean con cara de asombro. ¡Piensen! Ya están en los últimos semestres de la carrera. “Ya vimos las causales de improcedencia, entre las que están que el juicio de amparo no procede contra actos consumados irreparablemente. “¿Qué pasa si me condenan a muerte y me fusilan? ¡Imagínense!, se quedan sin maestro.” Alumno: Me imagino que debe haber algún medio de detener los actos. Alumno: Nuestro maestro de garantías nos dijo que en la revolución un juez de distrito impidió el fusilamiento de unas personas. Maestro: Si, a los dos. El juez de distrito se llamó Daniel Zepeda y los hechos sucedieron en Tuxtla Gutiérrez. Y lo que hizo fue conceder una suspensión. “La suspensión es la protección para que los órganos jurisdiccionales analicen los actos de autoridad, sin que ésta los ejecute.” 62

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Alumna: Cuando oímos en las noticias que alguna persona salió libre porque le concedieron el amparo, ¿se refieren a la suspensión? Maestro: Bien pensado. El juicio de amparo puede llevar meses. Según la Corte, el máximo son seis meses. Pero la suspensión se tramita rápidamente y ella permite que el quejoso no sea molestado por la autoridad hasta que se compruebe que el acto no viola garantías. Alumno: ¿A poco? Maestro: Si. La suspensión impide que las autoridades ejecuten los actos. Alumna: ¿Y como se solicita? Maestro: Hay dos maneras. De oficio y a petición de parte. La primera se tramita dentro del expediente y se concede de plano. La suspensión de oficio se otorga contra acto que importe peligro de muerte, deportación, destierro y los prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, golpes, malos trato, incomunicación, tortura. Alumno: ¿Y la suspensión a petición de parte? Maestro: Se tramita en vía incidental. El incidente tiene como etapas las siguientes: Se presenta la demanda y el juez concede o niega la suspensión provisional, y solicita informes previos a las autoridades responsables. El informe previo solo establece si es cierto o no el acto 63

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reclamado. Con informes o sin ellos el juez celebra una audiencia incidental donde recibe pruebas, oye alegatos y dicta la sentencia concediendo o negando la suspensión definitiva. Alumnos: ¿Hay recursos contra estas resoluciones? Maestro: La resolución que concede o niega la suspensión provisional es recurrible en queja y la que resuelve el incidente de suspensión admite el recurso de revisión. Alumno: ¿Cuáles son los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte? Maestro: Que lo solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones del orden público, y que los daños que puedan ocasionarse al quejoso sean de difícil o imposible reparación. “Además, la suspensión puede modificarse por causas supervenientes. Para lo cual se tramita un incidente de modificación de la suspensión. “¿Dudas?, ¿Preguntas? “Cuando ponen esas caras pienso que hablo con la pared. “Clarificaré con un ejemplo. “Raúl solicitó amparo contra una orden de aprehensión. ¿Quién es el quejoso?” 64

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Alumno: ¡Pues Raúl! Maestro: En materia penal, ¿hay tercero perjudicado? Alumno: No. Maestro: A menos que se reclame una resolución que se refiera a la reparación del daño. El acto reclamado es la orden de aprehensión, ¿quiénes son las autoridades responsables? Alumno: El juez y la policía. Maestro: Ya tenemos los principales elementos de la demanda. Vamos a presentarla ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y una vez que la demanda es turnada al juzgado, ¿qué pasa? Alumno: El juez de distrito debe admitirla si están todos los elementos de la demanda. Maestro: ¿Y que hará Raúl mientras el juez de distrito resuelve sobre la concesión del amparo? ¿Esconderse? Alumnos: ¡Sí! Maestro: ¿Por qué? Alumno: Porque así no lo aprehenden. Maestro: ¿Quién lo va a aprehender? Alumno: La policía. Maestro: Para evitar que lo aprendan, en la misma demanda de amparo solicitamos la suspensión del acto. ¿Qué va a hacer el juez con esta solicitud? 65

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Alumno: Va a suspender el acto. Maestro: Si, pero no tan de prisa. Al momento de admitir la demanda el juez de distrito tiene que ordenar que se tramite por separado y por duplicado el incidente de suspensión. ¿Qué quiere decir por duplicado y por separado? Alumno: Duplicado, me imagino que quiere decir dos. Maestro: Si. Por eso es necesario que acompañemos dos copias más de la demanda de amparo si vamos a solicitar la suspensión. ¿Y por separado? Alumno: Que se forma otro expediente. Maestro: En efecto, los incidentes se tramitan por cuerda separada, es decir, que se forma otro expediente. ¿Recuerdan cuál es la estructura del juicio de amparo? Alumno: Se presenta la demanda, se admite y se solicitan informes a las autoridades y en la audiencia constitucional, se reciben pruebas, se alega y se dicta sentencia. Maestro: ¡Muy bien! Parece que alguien pone atención a lo que digo. ¿Cómo creen que sea la estructura del incidente de suspensión? Alumno: ¿Igual que la del amparo? Maestro: Si. Es igual a la del juicio de amparo, pero 66

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con otros nombres y otros términos. Como ya vimos al admitir la demanda, si la suspensión se solicita, se ordena que se forme el incidente de suspensión. En este incidente se solicitará a las autoridades un informe previo, que no es lo mismo que el informe justificado. Alumno: ¿Cuál es la diferencia? Maestro: Que en el informe previo la autoridad se limita a aceptar o negar el acto reclamado. En cambio, en el informe justificado debe remitir pruebas del acto reclamado. Por eso, la respuesta de la autoridad se llama informe justificado, porque la autoridad debe demostrar los fundamentos y motivos que tuvo en cuenta para emitir el acto. En otras palabras, en el informe justificado se remiten copias del expediente y en el informe previo: no. ¿Quedó clara la diferencia? Alumno: Si. Maestro: Continúo. En el auto donde se pide el informe previo también se concede una suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión. En ese auto también se cita para la audiencia incidental, que al igual que la constitucional tendrá un periodo de pruebas, otro de alegatos y otro de sentencia. ¿Alguna duda? Alumna: ¿Cuáles son los requisitos para que proceda 67

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la suspensión? Maestro: La suspensión a petición de parte, que es la que se tramita en vía incidental, procede con tres requisitos: Que lo solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al orden público o al interés social y que los daños que ocasionaría la ejecución de los actos sean de difícil o imposible reparación. Estos requisitos lo veremos la siguiente clase. ¡Nos vemos!

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LA SUSPENSIÓN Como advierto que mientras dure el juicio de amparo el Buró de Crédito seguirá disponiendo de la información personal que tiene de mí, decido promover el incidente de suspensión. Mi maestro de derecho de amparo me decía que la suspensión es el alma del amparo, ya que con ella se logra que la autoridad deje de actuar, hasta que el juez de distrito verifique que los actos reclamados, están apegados a derecho. Sin embargo, la suspensión no procede contra actos consumados. La información que obtuvo el Buró de Crédito, ¿será un acto consumado? Me parece que sí, pero los informes que rinde a las empresas no lo son. En consecuencia, al obtener la suspensión lograría que dicho Buró de Crédito dejara de emitir reportes. ¿Qué pasará si el Buró de Crédito informa a los bancos, tiendas que venden a crédito, Estados Unidos…, etcétera, que no puede emitir un reporte de mi historial crediticio porque un juez federal ordenó que suspendiera la emisión de reportes? Este reporte lejos de beneficiarme me perjudicaría, ya que los bancos tienen la política de que las personas 69

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que los demandaron no obtienen crédito con ellos. Esto lo sé por comentarios de gente que trabaja en las instituciones de crédito, sin embargo, es tan notorio que no necesita demostrarse bajo el principio general de derecho de: “Notoria probatione non indigent” (Lo que es notorio no necesita probarse). Afortunadamente uno de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó la teoría de la: “Apariencia del buen derecho”. ¿En qué consiste? En que la suspensión puede otorgarse con efectos restitutorios, es decir, que al concederme la suspensión, el juez de distrito está facultado para analizar el fondo del asunto de una manera somera y otorgar la suspensión, para el efecto de que la autoridad realice un acto positivo que es propio de la concesión del amparo. Comienzo a pensar: en mi demanda de amparo señalé los actos reclamados y las autoridades ejecutoras. Ahora trataré de pedir la suspensión contra tales actos. En primer lugar, estos actos están demostrados porque con mi demanda acompañé un reporte de crédito especial, que por correo electrónico me envió el Buró de Crédito. Tal acto constituye el primer acto de aplicación de la ley, conforme a una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha tesis la cité en mi demanda. 70

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Comienzan los problemas, yo acompañé el documento en mi demanda y por tanto, ya no lo tengo. Sólo me queda la fotocopia que adjunté en la copia de la demanda que me selló el juzgado. Aquí me surge una duda, ¿por qué, si el juzgado está a cargo de un solo juez, necesito aportar pruebas en el incidente que ya obran en el principal? Conozco la respuesta “jurídica”. El incidente se tramita por cuerda separada, las pruebas deben obrar en ambos expedientes, etcétera, pero ¿acaso el juez no conoce los expedientes que se tramitan en su juzgado? Todos los acuerdos y sentencias son firmadas por él, por lo que debo entender en términos reales que cualquier prueba que obre en el juzgado, para el juez debe ser un hecho conocido, o como dice la jurisprudencia, un hecho notorio. Sin embargo, cuando se trata de detener actos de la autoridad, los hechos notorios pudieran no ser tan evidentes. Decido acompañar copia del reporte de crédito y de las copias de las cartas de liberación de hipoteca que me entregaron las instituciones de crédito que informaron al Buró de Crédito que tenía adeudos con ellos. Tales documentos hacen prueba plena porque provienen de una de las partes y si no las objeta y demuestra su objeción tienen pleno valor probatorio. De estos documentos solicito su cotejo con sus originales. 71

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Desde mi demanda hice valer, como concepto de violación, que el reporte de crédito me ocasionaba agravios porque informaba de que tenía dos adeudos pendientes con dos bancos, a pesar de que ya fueron pagados. ¿Qué mejor prueba para demostrar el pago que el recibo que otorgó el acreedor? Con este preámbulo solicitó la suspensión para el efecto de que los informes que emita el Buró de Crédito no contengan las dos cuentas que presentan rezago, ya que estos actos son los que me causan perjuicio. Tales retrasos en los pagos, resultan falsos porque los bancos me otorgaron las cartas de liberación de tales créditos, y obran en original en el expediente principal y copias en el incidente. Además, establezco que si la suspensión provisional o definitiva, es para que no rinda informes. El efecto de este proceder me acarrearía peores perjuicios que los actos reclamados, pues si el Buró de Crédito no realiza ningún reporte o manifiesta que no puede emitir el reporte porque existe una suspensión, evidentemente, nadie me dará un crédito. Por tal motivo, considero que demostré la existencia del derecho porque los actos de ejecución vulneran mis derechos de personalidad, y hay peligro de la demora, pues acompañé una carta donde se rechaza la trami72

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tación de una solicitud de crédito, porque estoy en el Buró de Crédito. De igual manera, satisfago los extremos que la Ley de Amparo establece para que sea procedente la suspensión, pues lo estoy solicitando. No existe perjuicio al interés público, ni al interés social, ya que los bancos y el Buró de Crédito son entes particulares, a pesar de que este último, tenga atributos de autoridad y el legislador haya establecido que la ley que lo regula es de orden público. Y los daños que me ocasionaría la ejecución de tales actos son de difícil o imposible reparación. Con todos estos elementos, tramito mi incidente de suspensión. El juez de distrito admite a trámite el incidente de suspensión. Me niega la suspensión por lo que hace a los actos consumados y me concede la suspensión, para el efecto de que el Buró de Crédito no emita reportes de crédito. El juez de distrito, ¿habrá leído mi demanda incidental? Justo lo que le dije que me ocasionaba peores perjuicios, fue lo que “fallo” o ¿resolvió? Creo que para este tipo de resoluciones es más correcto el primer verbo, pues una de sus acepciones es “frustrarse o faltar una cosa sin responder a lo esperado”. ¿Será por eso que los litigantes dicen: Vamos a ver como falla el juez? Además, en el mismo auto el juez de distrito desecha la prueba de cotejo, bajo los argumentos de que el re73

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porte de crédito no es un documento original y el otro, es una copia simple. Me acuerdo que alguien comentó que actualmente los jueces de distrito concedían las suspensiones contra los órdenes de detención, para el efecto de que el quejoso se internara voluntariamente en la cárcel. Cuando lo oí, no pude creerlo y pensé que era una burla; ahora empiezo a dar crédito al comentario. Tengo el angustioso término de veinticuatro horas para impugnar esta suspensión provisional mediante el recurso de queja. Hay que elaborarlo. En primer lugar, tuve que establecer que impugnaba dos cosas. La primera era la suspensión provisional y la segunda, el desechamiento de la prueba de cotejo, lo anterior con el fin de no dividir la continencia de la causa. Después comencé a elaborar los agravios. Primero tengo que controvertir los vicios formales, y después los de fondo, de acuerdo con la técnica con que se analizan los agravios en la revisión, conforme a la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las omisiones en que incurrió el juez de distrito son: que no dijo nada con respecto a la aplicabilidad de las jurisprudencias que invoqué, las cuales son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia, 74

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obligatorias para dicho juez conforme lo establece la Ley de Amparo. En otras palabras, yo le dije al juez: la jurisprudencia dice esto y el juez en lugar de decirme, sí pero no es aplicable, no es cierto, no dice lo que tú dice, etcétera, es decir, darme una respuesta; se concretó a aplicar una jurisprudencia de un tribunal colegiado. Lo anterior equivale, en términos lógicos, a preguntarle a alguien la hora y que me conteste informándome el estado del tiempo. Tampoco consideró los antecedentes donde de manera clara le expliqué que una suspensión para que no se emitieran reportes de crédito, me ocasionaría peores perjuicios que los propios actos reclamados. Ni consideró las pruebas que ofrecí, ni los razonamientos que realicé para explicarle en qué términos necesitaba la suspensión. Una vez que precisé las omisiones, continúo con los errores lógicos de la resolución, los cuales hago consistir en que el juez, negó y concedió la suspensión, sin precisar respecto qué actos la concedía y en relación con cuáles la negaba. Hago notar que el espíritu de la suspensión es que el quejoso no sufra ningún daño a consecuencia de los actos reclamados. En el caso concreto, lo que me agravia, es la información falsa que tiene el Buró de Crédito. Por lo que concederme una suspensión para que no emita reporte equivale a que la sus75

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pensión me traerá peores perjuicios. En otras palabras, manifiesto que no es posible que para defender mis derechos, al tramitar la suspensión, tenga que sufrir el menoscabo de los mismos, incluso, en peores circunstancias de las que estoy huyendo. Finalizo con los vicios formales de la resolución que me negó y concedió la suspensión, precisando por qué cubro los requisitos legales para obtener dicha medida provisional en los términos que la solicité. Respecto de los dos cotejos que pedí, hago notar que yo ofrecí los originales, tan así es que en el auto de inicio se me admitieron como originales, por lo que considero que el juez de distrito no puede variar su criterio y poner en duda su autenticidad. (Posteriormente me enteré, que para el Consejo de la Judicatura Federal el criterio de un juez de distrito es sagrado, porque aquél carece de facultades para revisar los criterios de éste.) Además, las documentales privadas que estoy ofreciendo provienen de los terceros perjudicados, es decir, son documentos provenientes de las partes. En consecuencia, a ellos les corresponde controvertir la autenticidad y demostrar la falsedad; con lo cual podrían obtener una modificación o revocación a la suspensión. Para controvertir el fondo de la suspensión sostengo 76

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que los actos respecto de los cuales pedí la suspensión, es decir, los que realizan las autoridades ejecutoras, no son actos consumados. Lo anterior por la imprecisión del juez, en consecuencia, en mi agravio preciso cuáles son los actos consumados y cuáles, no. Además, establezco que la medida es suspensiva y no restitutoria, ya que de concedérseme el amparo, el efecto será que el Buró de Crédito borrará mi historia crediticia de su base de datos y jamás volviera a recibir, ni a informar de ninguna comunicación comercial que yo sostenga. Los efectos entre la suspensión y la concesión de amparo son diferentes. Para cerrar mi escrito de agravios, invoco el informe justificado de uno de los bancos, que informó al Buró de Crédito del supuesto adeudo, en el que establece que los datos que envió a dicho buró ya fueron destruidos. Con lo que acredito que la suspensión no le ocasiona perjuicios a los terceros perjudicados. Con el recurso de queja, presentó un escrito donde solicitó al juez que remita copias certificadas de las constancias que obran en el expediente principal, y de las cuales solicité su cotejo para que el tribunal colegiado tenga los elementos necesarios para analizar mis agravios. En respuesta a este escrito el juez federal, sin invocar 77

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fundamento, me dice que yo tuve posibilidad de solicitar las copias para que se agregaran al incidente. En otras palabras, impugno la negativa del juez de cotejar los documentos que ofrecí en el expediente principal, y cuyas copias obran en el incidente, y para demostrar mis agravios, solicito al juez que remita al tribunal de alzada copias de los documentos que obran en el principal. En respuesta dicho juez me dice que estuve en posibilidad de solicitar copias certificadas de los documentos, cuya certificación solicité, sin apoyarse en la ley. Acudo ante el tribunal colegiado para hacer de su conocimiento lo anterior y expongo que el recurso de queja en contra de la suspensión provisional tiene un término de veinticuatro horas, por lo que resulta imposible solicitar copias y obtener su expedición antes de este término. Además, invoco una tesis, de un tribunal colegiado, donde se establece que el recurrente debe señalar las constancias para la tramitación del recurso de queja. Esta promoción me la acordará dicho tribunal al momento de fallar la queja. Dos de los tres magistrados que integran el tribunal colegiado deciden declarar infundada la queja, para lo cual califican de fundados mis agravios, pero inoperantes, por lo siguiente: Respecto a la omisión del juez de distrito de tomar en 78

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consideración los argumentos que propuse al promover la suspensión; los magistrados consideraron que para mayor claridad del asunto era necesario transcribir los términos en que solicite la suspensión. Después establecieron que el juez federal negó la suspensión provisional respecto de los actos consumados y la concedió para el efecto de que no se informara sobre el historial crediticio del quejoso. Inmediatamente después, proceden decirme que los fundamentos para resolver la suspensión fueron la consumación de los actos y el artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el referido juez no tomó en cuenta el efecto específico para el que solicité la suspensión, motivo por el cual el tribunal reasume jurisdicción, tal y como lo señala la jurisprudencia que cité en mis agravios. El tribunal colegiado, por mayoría, establece los efectos para las cuales solicité la suspensión y definen la apariencia del buen derecho, es decir, establece que la medida cautelar descansa en los principios de la apariencia del derecho y el peligro de la demora. Sin embargo, consideran que estos supuestos no se dan porque: “...si bien de manera ‘aparente’ las cuentas que con retraso se reflejan en el reporte del Buró de Crédito ya se encuentran liberadas por las entidades financieras acreedoras... lo cierto es que ello no revela por sí el 79

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buen derecho que el quejoso asegura asiste a su persona.”. Pues lo anterior, no garantiza que obtenga la protección de la justicia federal. Además, los magistrados me dijeron que de concedérseme la suspensión, ellos no estarían velando por los derechos de los bancos. Sin que obste para lo anterior, que uno de los bancos reconociera en su informe justificado que ya no tiene interés en que subsiste la información relacionada con las cuentas con retraso. Lo anterior porque el banco no habló de pago, sino de una cinta magnética donde se proporcionó la información del retraso en el pago; que esto sólo revela una relación contractual. En cuanto al argumento de que la suspensión puede modificarse por causas superveniente, por lo que toca a los bancos demostrar que las cuentas no fueron liquidadas; los referidos magistrados sostuvieron que por esta posibilidad es por lo que no pueden concederme la suspensión. Por lo que se refiere a mi argumento de que la apariencia del buen derecho descansa en que los retrasos de las cuentas son anteriores a la publicación de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia habiendo, en consecuencia, aplicación retroactiva de la ley; los mencionados magistrados sostuvieron que este 80

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es un problema de fondo por lo que para establecer si la ley es retroactiva “...sería imprescindible un estudio más detallado y con mayor reflexión sobre el particular...”. En relación con el peligro de la demora, los indicados funcionarios dijeron que la tardanza en la solución de un asunto no hace procedente la suspensión, sin que se advierta un perjuicio excesivo que no pueda repararse con la sentencia, por lo que “...no se satisface el requisito de la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo.” Concluyeron los magistrados que no puede otorgarse la suspensión “...porque ello es propio del fondo del asunto, como ya se dijo, y podría provocar el otorgamiento inmediato de diverso crédito financiero sobre bases de solvencia inciertas; una medida así, no tendría menos efectos suspensivos sino hasta cierto punto restitutorios, contra lo que aduce el recurrente”. Declaran que es inoperante el argumento de que el juez de distrito no accedió a cotejar dos pruebas documentales porque no es materia de este recurso y porque es en la audiencia incidental donde deben recibirse las pruebas. ¿La prueba documental puede recibirse en cualquier tiempo? Como los magistrados consideraron que el momento 81

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oportuno para acordar mi escrito donde solicité se ordenara al juez federal que remitiera las constancias necesarias para la debida solución de la queja era al resolver ésta; también señalan que como yo alego que mi solicitud está fundada en ley y jurisprudencia y el acuerdo de no enviarlas carece de fundamento legal o jurisprudencial, “…es claro que su intención es controvertir el acuerdo tomado por el a quo; sin embargo, ello no es materia del acto impugnado, por lo que debe declararse inoperante su afirmación.” Y que las documentales que ofrecí “...no es oportuna su valoración para los efectos de la suspensión provisional...” y “...es intrascendente contar con ellas, dado el sentido de este fallo...”. Con este fallo me surgieron muchas dudas. Primera. Si yo señalé desde que interpuse la queja que la promovía contra dos acuerdos dictados en el mismo auto de suspensión, con el fin de no dividir la continencia de la causa y en esos términos me fue admitido el recurso; ¿por qué al fallar me dicen que no podía impugnar el desechamiento de las pruebas en este recurso? En ese momento ya no tengo oportunidad de tramitar otro recurso en contra de tal resolución. Segunda. El tribunal colegiado declaró fundados mis agravios y reconoció que el juez federal no tomó en 82

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cuenta mis argumentos y los transcribe, pero no los analiza, pues se limita a establecer por qué en su concepto no se puede aplicar la apariencia del buen derecho. Entonces me pregunto: ¿Cuándo analizarán mis argumentos? Tercera. Yo basé la apariencia del buen derecho en que tengo derecho a que se respete mi nombre, mi fama pública, mi correspondencia, mi vida privada, en fin, en los derechos de la personalidad que consignan los códigos civiles; yo no basé mi derecho en que ya no le debiera a los bancos. Las cartas de liberación que acompañé fueron para el efecto de demostrar que los terceros perjudicados no tenían ningún interés en que el Buró de Crédito tuviera esa información. Además, los documentos que adjunté me los entregaron los bancos por lo que hacen prueba plena en su contra. Sin embargo, para el tribunal colegiado de circuito los documentos privados que provienen de las partes no tienen valor, pues para acreditar el pago se requiere un documento público. El problema es que no sé cuál, y en consecuencia, opino que se alteró la litis que debían resolver. Cuarta. También está el hecho de que para este órgano jurisdiccional, la autoridad no necesita fundar su proceder, sino que el particular, para poder obtener 83

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una suspensión, debe demostrar que dicha autoridad está cometiendo algún ilícito. Lo anterior, tomando en consideración que el tribunal colegiado nunca estudió la naturaleza del acto reclamado, ni su fundamento constitucional. Quinta. De la misma manera, el derecho subjetivo público de la irretroactividad de la ley, para este tribunal es materia de fondo y por lo tanto no se puede otorgar la suspensión cuando se plantea que la ley es retroactiva. Espero que el Congreso de la Unión nunca expedida una ley que establezca: “Las personas que evadieron al fisco en años anteriores deben ser encarceladas”, ya que al alegar que una ley con estas características es retroactiva, el Poder Judicial de la Federación, por conducto de este tribunal colegiado, dirá que hasta que se resuelva el fondo determinará si la ley es retroactiva. Mientras tanto, todos estaremos en la cárcel porque nadie habrá podido obtener una suspensión. Sexto. Hasta donde me alcanzan los conocimientos, el juicio de amparo defiende las garantías individuales. Entonces, ¿por qué el tribunal tiene temor de que se me conceda un crédito sobre bases de solvencias inciertas? ¿El hecho de tener dos adeudos implica ser insolvente? ¿De quién es la obligación de investigar a las personas que reciben un préstamo de los bancos?, ¿de los tribu84

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nales?, o ¿de los bancos? La ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a realizar una investigación sobre la solvencia económica y este tribunal colegiado me demostró que cuando no la realizan, toca a los tribunales vigilar la solvencia de los deudores. Ya comienzo a entender por qué en México el anatocismo no existe, ni por qué la falta de un buen proyecto de viabilidad económica, no nulifica el contrato hipotecario. Una cosa es escuchar en la radio y ver en la televisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de los bancos, y otra muy distinta vivirlo. Como ya no existe posibilidad de impugnar esta resolución decido esperar la suspensión definitiva.

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LA CORRESPONDENCIA Mientras tanto mi primo me informó de que presentó un escrito como mi apoderado donde le indicó al juez de distrito que probablemente las correspondencias fueron devueltas porque no se dirigieron al domicilio que señalé en la aclaración. ⎯¿Qué hiciste qué? ⎯No quise molestarte y como estoy autorizado, presente la promoción en mi carácter de mandatario judicial. ⎯Barájamela más despacio. ⎯El juez de distrito dice que agregó a los autos los sobres que contienen los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, porque fueron, te leo: “...devueltos por la Administración de Correos en esta ciudad, con las siguientes leyendas: ‘Rehusada’, en consecuencia, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas las notificaciones de los oficios en cita a las autoridades responsables, para todos los efectos legales a que haya lugar...”. Sin embargo, todos los sobres que se agregaron tienen la misma dirección, por eso le dije al juez que probablemente fueron devueltos porque no se dirigieron al domicilio co86

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rrecto de las autoridades. ⎯¿Qué significa la palabra rehusar? ⎯No sé ¿Volver a utilizar? ⎯Busca en el “tumba burros”, rehusar significa rechazar. Lo que quiere decir que las autoridades se negaron a recibir el oficio. ⎯¿Y? ⎯¿Qué pasa cuando un demandado no contesta la demanda que presentaste? ⎯Me despacho con la cuchara grande. Peleo sin tener contrario. ⎯¡Exacto! ⎯Entonces no debí presentar el escrito, pero ¿por qué el juez de distrito pidió que señalaras los domicilios de las autoridades, si la correspondencia es remitida a una sola oficina? ⎯Respecto a tu escrito, no creo que tenga importancia. Y con relación al requerimiento de domicilios de las autoridades, no tenía ningún caso, ya que las oficinas de correos son las que dirigen la correspondencia a los domicilios oficiales, y los actuarios de los juzgados se limitan a llevar la relación de la correspondencia. Tomando en consideración el actuar del juez, necesito que estés al pendiente de cómo se resuelve el incidente de suspensión. 87

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⎯El juez de distrito difirió la audiencia incidental porque no habían llegado los informes previos. ⎯¿Cómo? ⎯Si, hoy chequé las notificaciones por lista. ⎯La ley es muy clara al señalar que la audiencia incidental debe celebrarse con o sin informes. ⎯¿Vas a impugnar este acuerdo? ⎯No vale la pena, en lo que presento el recurso y lo resuelven probablemente ya llegó la fecha en que debe celebrarse la audiencia incidental. Una semana más tarde. ⎯Vengo del juzgado. ⎯¡Qué nuevas me traes! ⎯Pues que el juez solicitó informes a las autoridades que rehusaron los oficios. ¿Se puede hacer eso? ⎯¡Claro que no! Ninguna autoridad jurisdiccional puede revocar sus propias determinaciones. ⎯¿En qué parte de la ley lo dice? ⎯No está en la ley, pero es un principio de seguridad jurídica. De otra manera nadie podría confiar en las autoridades judiciales. ⎯¿Qué vas a hacer? ⎯Promover otro recurso de queja. ⎯Hay me avisas para que lo presente, pero todavía 88

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me debes las copias de la queja anterior. El planteamiento del agravio en esta queja es muy sencillo, por principio de seguridad jurídica, el juez de distrito no puede revocar sus propias determinaciones; en consecuencia, si el juez federal tuvo a las autoridades responsables por notificadas, no puede posteriormente requerirlas para que rindan sus informes justificados, pues implica volverles a notificar el auto que ya tuvo por notificado. Invoco seis tesis de tribunales colegiados para demostrar mi posición. La queja se admite y tiene el efecto de que suspender el procedimiento. Después de otra semana. ⎯Oye primo, qué pasó con el incidente de suspensión. ⎯Nada, desde que presentaste la queja, se suspendió el procedimiento. ⎯Sí, en el principal, pero no en el incidente. ⎯Hablé con la secretaria y me dijo que no podían actuar hasta que se resolviera la queja y que me tenían que notificar personalmente la reanudación del procedimiento. ⎯¡Bueno! Esperemos la resolución de la queja. 89

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⎯Siguen llegando los informes justificados de las autoridades responsables. ⎯Solicítame copias certificadas. ⎯Sí, pero dame dinero. Porque la papelería que está cerca del juzgado las cobra muy caras. ⎯Está bien. Esta queja fue declarada improcedente porque conforme a la ley y a su interpretación el acuerdo impugnado debe ocasionarme un daño o perjuicio trascendental y grave, diciéndome: Como “…en el presente caso, el auto que se recurre tiene por objeto requerir nuevamente a diversas autoridades responsables para que rindan sus informes justificados, a pesar de que mediante diverso auto de fecha… las tuvo por ‘rehusadas’ a recibir los oficios en los que originalmente se les requirió esos informes. “Así, independientemente de que el proceder del a quo sea correcto o no, es de advertirse que atendiendo al contenido del auto recurrido… el proceder del juez de distrito no puede considerarse como trascendental y grave que por su naturaleza pudiera causar un daño o perjuicio al recurrente, que no pueda ser reparable en la sentencia definitiva.” Supongo que la gravedad de un paciente la define el médico y no los gritos de dolor que da un enfermo, 90

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por eso, a pesar de que para mí era trascendente que un juez revocara sus propias determinaciones, para este tribunal, esta circunstancia no me ocasiona ningún perjuicio. En otras palabras, debo confiar en lo que resuelve el juez y estar al pendiente del juicio, ya que en cualquier momento puede modificar sus determinaciones, ya que una modificación a lo dicho no es grave, ni trascendente. Los informes de las autoridades llegaron mientras estaba suspendido el procedimiento y aun cuando el juez de distrito reservó el acuerdo, cuando llegó la notificación de la resolución de la queja, los acordó favorablemente.

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LA SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN) Como pienso que el procedimiento dentro del incidente fue suspendido, decido ofrecer pruebas. En este expediente únicamente pueden ofrecerse la prueba documental y la inspección ocular, pues como no se trata de un acto que importe peligro de deportación, destierro, privación de la libertad fuera de procedimiento, tortura o incomunicación; no puedo ofrecer la prueba testimonial. Por tanto, ofrezco las copias impresas de la página de Internet del Buró de Crédito, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Invoco tesis para sostener que al provenir de páginas oficiales tienen pleno valor probatorio. También ofrezco hechos notorios en iguales términos que en el expediente principal, es decir, las páginas de Internet cuya impresión ofrezco. En respuesta a este escrito el juez federal me informa de que no es posible admitir estas pruebas porque la audiencia incidental ya tuvo verificativo. Con esta resolución me entero que la suspensión fue negada y la resolución notificada por lista. De tal notificación no me enteré porque mi primo, juró y perjuro, que la secretaria le dijo que el procedimiento en el incidente también es92

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taba suspendido. Reflexiono un poco y pienso que los servicios gratuitos para lograr la impartición de justicia, también gratuita, no dan muy buenos resultados. Quizá debí contratar un abogado, en lugar de encargarle el asunto a un familiar. Obviamente mi primo se disculpó, pero ello no cambia el sentido de la resolución. No obstante, el error, en virtud del cual ya no puedo controvertir las razones del juez federal para negarme la suspensión definitiva, que básicamente fueron tres, a saber: 1. que no se surtían los presupuestos procesales necesarios para concederme la suspensión, ya que el perjuicio que me ocasiona que todas mis comunicaciones comerciales sean del dominio público, puede repararse con la sentencia; me pregunto: ¿Cómo? 2. Que tampoco puede perderse la materia de amparo. En eso estoy totalmente de acuerdo, pues mis garantías individuales seguirán siendo violadas durante todo el tiempo que dure el juicio. 3. Que en caso de concedérseme la suspensión puede provocarse: “...el otorgamiento inmediato de un diverso crédito financiero sobre bases de solvencia inciertas...” puesto que los documentos privados que ofrecía y que me fueron proporcionados por los bancos que son parte en el juicio de amparo, son insuficientes para justificar los efectos restitutorios de la sus93

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pensión. En otras palabras, que los bancos me extiendan documentos donde conste el pago, no es suficiente para justificar el pago. Me pregunto, si el juez que falló esta resolución está defendiendo garantías individuales o intereses financieros. La ley que regula los bancos, de manera expresa establece que a ellos, no al juez, ni al Buró de Crédito, corresponde vigilar que los préstamos que realice estén respaldados por bienes… ¡Se me olvidaba! La falta del estudio socioeconómico no es causa de nulidad, conforme determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que el anatocismo no existe en el sistema jurídico mexicano, aun cuando la palabra exista en el diccionario, y designe una realidad cotidiana, como son los agiotistas, que en la actualidad fueron remplazados por los bancos. Considero que no está todo perdido por dos razones: La primera, conforme a la ley la suspensión puede modificarse por causas supervenientes; por lo que al aportar nuevas pruebas, es necesario que el juez las analice para modificar la medida suspensional, ya que de suyo esta medida admite modificaciones. Investigo y conforme a la ley y jurisprudencia debe tramitarse un incidente de modificación de la suspensión provisional. La segunda razón es que, cuando mi primo me en94

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seña las copias certificadas de la resolución y de la notificación, advierto que la notificación y la razón actuarial que está asentada en autos tienen las siguientes anomalías: 1. Falta el nombre del actuario y, consecuentemente firma de este funcionario. 2. La anotación con número de la fecha, lo que implica desconocimiento de la ley, cuestión que no puede darse en un actuario que es abogado titulado 3. Falta de número del incidente de suspensión donde se está actuando. 4. Falta del nombre del quejoso. 5. Falta del nombre de la autoridad o autoridades responsables. 6. Falta de una síntesis de la resolución que se notificó. 7. Falta de precisión de la resolución que se notificó. 8. Falta de a quién o a qué parte o partes está dirigida la notificación. 9. Falta de sello del actuario o del sello de la actuaría. Cualquiera de estos errores sería motivo para que un juez de distrito concediera el amparo contra la ilegalidad de un emplazamiento, ya que éste es un acto formal que debe cubrir todos los requisitos que marca la 95

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ley, pues la falta o indebido emplazamiento, ocasiona violación a la garantía de audiencia. Así que estando totalmente seguro de que el incidente de nulidad será procedente decido tramitarlo. Total, siempre estoy en aptitud de promover el incidente de modificación de la suspensión provisional. Vuelvo al trabajo de redactar una demanda. Primero tengo que precisar que impugno tanto las notificaciones, como las razones actuariales de las mismas, pues constituyen un todo. Preciso como antecedentes que la audiencia incidental fue diferida a pesar de que la ley no autoriza este diferimiento. Que me enteré de las notificaciones que impugno, hasta que las pruebas que ofrecí, me fueron desechadas. Después establezco las razones legales por las que considero procedente el incidente, pues de acuerdo con el desarrollo del juicio es preferible “curarse en salud”, en otras palabras, le digo al juez los fundamentos legales de las promociones antes de que diga que se desechan por “notoriamente frívolas e improcedentes”. Esta expresión alguna vez la leí en un juez del fuero común, sin embargo, empiezo a pensar que no existe diferencia con los federales ¿o sí? Además, establezco que conforme a una jurisprudencia, en el incidente de nulidad puedo controvertir que la autoridad realizó una no96

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tificación por lista, cuando ésta debió ser personal. Al tratarse de un incidente debo narrar los hechos. Primero establezco que la notificación del diferimiento de la audiencia debió ser personal. Invoco jurisprudencias que disponen la obligación de notificar los diferimientos de la audiencia constitucional y cuándo deben realizarse las notificaciones personales. Manifiesto que los requisitos para que el juez de distrito estuviera obligado a notificar personalmente el diferimiento de la audiencia incidental fueron: Que el juicio principal estaba suspendido y el auto impugnado era el que solicitaba informes, por lo que surgió la presunción de que el incidente también estaba suspendido, ya que no existe razón legal para diferir una audiencia incidental por falta de informes. Que cuando la interlocutoria que resuelve un incidente no se dicta en la fecha señalada para la celebración de la audiencia, como aconteció en la especie, ya que el juez federal la difirió, es necesaria la notificación personal. Establezco que la notificación de la interlocutoria debió ser personal, ya que me paraba perjuicio. Tan es correcta mi petición que en caso de que el juez hubiera concedido la suspensión, estaba obligado a notificarla personalmente a mi contraparte, es decir, al tercero perjudicado, en función de la jurisprudencia que invoco 97

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y que fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También establezco que la notificación de la resolución que negaba la suspensión debió ser personal porque, de otra manera, no tengo el término que la ley señala para que impugne esta resolución. Al no corrérseme traslado con copia de la resolución, tengo que acudir al juzgado a solicitar copia certificada de la misma, y enterarme de las razones que tuvo el juez para emitirla y poder controvertirlas, con lo que se reduce el término legal para interponer el recurso de revisión. Por lo que considero que no es propio de una autoridad reducir el término que da la ley para que el particular impugne sus determinaciones. Invoco una jurisprudencia que es obligatoria para el juez de distrito, que establece que es principio de elemental justicia notificar personalmente las resoluciones a la parte que le paren perjuicio. Después hago valer todas las violaciones formales que tienen las notificaciones que van desde anotar las fechas con número hasta no tener el nombre del actuario que las realiza. Cito los artículos legales que establecen la manera en que deben realizarse las notificaciones, transcribo los mismos y establezco la manera en que se infringen tales preceptos. Una vez que se admitió el incidente de nulidad, 98

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ofrezco copias certificadas de las notificaciones, pues a pesar de que deben obrar en el incidente de suspensión, no quiero que el juez de distrito me diga que no demostré los errores en las notificaciones, aunque esta razón hubiera sido mejor, que la manera en que se falló el incidente. ⎯¿Qué pasó con el incidente de nulidad? ⎯Fui al juzgado y me dijo el secretario que el juez personalmente está dictando la sentencia. ⎯¿Qué no todas las sentencias las dicta el juez? ⎯No seas payaso. Bien sabes que los expedientes se lo pasan al secretario proyectista, y éste es quien elabora las sentencias, y el juez se limita a revisar y a firmar. ⎯Ya lo sé. Fue nada más un chascarrillo. ⎯La sentencia debe quedar muy bien, pues la está dictando el titular. ⎯No te creas, los jueces están tan acostumbrados a revisar, que cuando tienen que elaborar, luego no saben cómo hacerlo. ⎯¿De verás? ⎯Más vale esperar. El incidente fue declarado infundado porque, en opinión del juez, la ley prevé un caso para que la au99

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diencia incidental se difiera; el referente a las autoridades foráneas. En este supuesto la audiencia sólo se celebra por cuanto hace a las autoridades locales. Por lo que resulta innecesario que se me notificara personalmente esta resolución, ya que no me encuentro privado de mi libertad personal y me cita una jurisprudencia que establecen que la audiencia incidental debe diferirse cuando no están emplazadas las autoridades y una tesis que establece que no necesariamente debe notificarse personalmente el diferimiento de la audiencia constitucional. Sin embargo, esta tesis está en contradicción con las jurisprudencias que invoqué en mi demanda incidental. También sostuvo el juez que no pudo generarse presunción de que el procedimiento estaba suspendido porque el juicio principal y el incidente se siguen por cuerda separada. En cuanto a que debió notificárseme personalmente la resolución que me negó la suspensión, me dice el juez que conforme a la ley y a la jurisprudencia que citó, la notificación personal de la interlocutoria que resuelve la suspensión provisional sólo debe notificarse personalmente cuando el quejoso está privado de su libertad personal. El juez finaliza diciendo que no existe ningún motivo 100

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para que se notificara personalmente la sentencia interlocutoria que resolvió negarme la suspensión definitiva y que las notificaciones realizadas por el actuario están efectuadas conforme a derecho porque: “...en las listas... se asentaron los datos del número de expediente, el nombre del quejoso, la autoridad o autoridades responsables, y una síntesis del acuerdo y se transcribió textualmente el punto resolutivo de la interlocutoria de suspensión, de cuya lectura se infiere la negativa de la suspensión definitiva al quejoso, [o sea a mí] siendo obligación del citado quejoso [o sea yo] enterarse de los términos exactos en que le fue negada la medida cautelar solicitada, ya que como ha quedado de manifiesto, en la lista sólo se asienta una síntesis no la resolución completa...”. Además, los requisitos formales no son necesarios cubrirlos porque están contenidos en una ley supletoria que no es aplicable al caso. Después de leer esta resolución me pongo a pensar: ¿es muy difícil reconocer un error? Estoy de acuerdo que un incidente de nulidad puede generar responsabilidad para el actuario que realizó la notificación. Sin embargo, en el caso concreto bastaba que el juez ordenara la notificación personalmente para concluir que no había responsabilidad para el actuario. No obstante, 101

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prefirió confirmar su proceder, entonces: ¿De qué sirven los recursos que se hacen valer ante el propio órgano jurisdiccional, si su titular no es capaz de reconocer un error?; ¿habrá alguna manera de poder medir la capacidad de rectificar, en las personas que ocuparán el cargo de juez, antes de nombrarlos? Una vez que me repongo del primer impacto de la lectura de esta resolución, pienso que previendo que el juez no quiera revocar sus resoluciones, el legislador estableció una serie de medios de impugnación. Reviso la ley y la jurisprudencia para saber qué recurso procede contra la sentencia interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad. No existe ningún artículo en la ley que establezca que recurso procede contra este tipo de resoluciones, así que tengo que interpretarla para establecer por qué considero que procede el recurso de queja y apoyar mi interpretación con cuatro tesis jurisprudenciales que encuentro. Lo anterior me lleva a elaborar el consabido capítulo de procedencia del recurso. Después de este capítulo vuelvo a insistir en la falta de formalidades en el dictado de la sentencia. La primera es la falta de firma del secretario, por la razón de que 102

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no aparece su nombre, abundo en motivos, razones, pongo ejemplo y cito jurisprudencia. La segunda, en que al citar las tesis y jurisprudencias, el juez omitió escribir qué órgano jurisdiccional las emitió, y en una, ni siquiera estableció su contenido, ya que se limitó a señalar los datos de publicación y el rubro. Establezco que esta omisión formal me deja en estado de indefensión, pues me impide verificar su existencia y controvertirla. La tercera, la hago consistir en que el juez omitió analizar todas las causas de nulidad que expuse en mi demanda. Con el fin de clarificar esto, transcribo parte de mi demanda incidental, la resolución impugnada y porque estimo que las razones del juez son insuficientes para considerar que estudió todas las causas de nulidad. Ahora tengo que controvertir las razones del juez federal para demostrar que las notificaciones realizadas están apegadas a derecho. Con el fin de no omitir alguna, establezco que voy a narrar cada razonamiento del juez con números arábigos y que en incisos alfabéticos controvertiré tales razonamientos, por llamarlos de alguna manera. Comienzo diciendo que el hecho de que la ley autorice un posible diferimiento de la audiencia incidental es un caso de excepción, por lo que no puede aplicarse como regla general; por lo que al tratarse de una ex103

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cepción de la regla general, es por lo que debió ordenarse la notificación personal. Tan es así, que el diferimiento sólo se da respecto de las autoridades foráneas. Establezco que el hecho de que la ley disponga que las notificaciones de las resoluciones deban hacerse al día siguiente no es un obstáculo legal para ordenar la notificación personal en función de la jurisprudencia que cito. También hago valer que no es jurídicamente correcto que haga valer diversos razonamientos para explicar por qué en el caso concreto era procedente que se ordenara una notificación personal y el juez me responda diciendo que la regla general establece que sólo procede la notificación personal cuando el quejoso está privado de su libertad. Controvierto la aplicación de las tesis y jurisprudencias que citó el juez. Concluyo que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la resolución que concede una suspensión debe notificarse al tercero perjudicado, es decir, a la contraparte del quejoso, es aplicable a contrario sentido, es decir, la resolución que niega una suspensión, debe notificarse al quejoso. En efecto, es un principio de elemental justicia que si el juzgador dicta una sentencia, resolución o auto que le pare perjuicio a una persona, lo menos que puede 104

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hacer es notificársela personalmente; vaya, es un principio de decencia, cortesía y moralidad de un buen juez. Por lo que se refiere a que las notificaciones por lista están apegadas a derecho vuelvo hacer notar que en las razones actuariales que obran en el expediente, y que son las únicas que tengo a la vista, faltan: El nombre y firma del actuario, la anotación con número de la fecha, el número del incidente, el nombre del quejoso, la autoridad o autoridades responsables, la síntesis de la resolución y el sello del actuario. Lo anterior con independencia de que en las listas aparecieran tales datos, pues las listas no obran en el expediente, y las razones deben cubrir los mismos requisitos de la lista, ya que sólo de esta manera se puede tener seguridad de que se cumplieron las formalidades que marca la ley. Con la seguridad de que la queja sería declarada fundada, pues tres magistrados, debidamente capacitados, verificarán las formalidades del procedimiento, esperé la resolución de la queja. Cuando recibí la copia certificada de la misma, ya no supe si reír, llorar… o ponerme a rezar. Después de gastar ciento cincuenta y seis páginas narrando la demanda de amparo, la tramitación del incidente de suspensión y del incidente de nulidad, los 105

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magistrados concluyeron que eran infundados e inoperantes los agravios que propuse por los siguientes “motivos”: Que la ley no exige que se ponga en las resoluciones el nombre del secretario con quien actúa el juez, pues sólo exige que se ponga la firma, sin que sea obstáculo para lo anterior que la definición de firma implica que debe constar el nombre y apellido de una persona. Con este razonamiento, México se coloca a la vanguardia en tener “jueces sin rostro”, ya que la ley tampoco obliga a que se asiente el nombre del juez. ¡Sólo obliga a firmar! Conforme al criterio de este tribunal, firmar no implica poner el nombre a pesar de que la definición de firma sea “nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena”. Además, para este tribunal, el hecho de que únicamente se establezca en la resolución que el juez está actuando con “la secretaria” es suficiente para determinar que se trata de una “secretaria de juzgado” y que las “firmas”, o rúbricas, para hablar con propiedad, puestas al final de la sentencia impugnada son del juez y de la secretaria de juzgado, debidamente autorizada por ley para actuar, con nombramiento otorgado y con título profesional de abogado, pues en caso de que yo 106

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opine lo contrario, debo demostrarlo. El problema es cómo voy a demostrar que “la secretaria”, no estudio la licenciatura en derecho, no tiene nombramiento, ni estuvo presente en la diligencia, si ignoro el nombre de “la secretaria”. De la misma manera la frase “doy fe”, es suficiente para considerar que existió un secretario de juzgado que autorizó y dio fe, aun cuando la mencionada frase no indica quién está dando fe, lo que quiere decir que yo debo tener fe en que un secretario de juzgado, debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado dio fe. En efecto, “el hecho de que no se asentara en la resolución rebatida la expresión tradicional de que ‘actúa con secretario’, tampoco es obstáculo para afirmar que no intervino éste, puesto que también se puntualizó ‘Doy Fe’, lo que significa que quien está dando fe del acto no es el juez mismo, sino el secretario con quien actuó y que autorizó con su firma”. Desde hoy, voy a tener mucho cuidado al emplear la frase “doy fe”, pues aprecio que su significado es sumamente amplio, ya que puede referirse a una persona distinta de quién está hablando, tomando en cuenta que la resolución recurrida aparece: “Así lo proveyó y firma el juez. Doy fe.”. También con esta frase se puede saber el cargo que ocupa, la profesión y el nombre de 107

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quién da fe, ¡es maravilloso el significado de estas dos palabras juntas! Por otra parte, la obligación de citar la jurisprudencia con todos sus datos de localización es exclusivamente para las partes, pero no para el juez federal. En otras palabras, yo que soy parte (particular, ciudadano, persona común, ser mortal) estoy obligado a citar los datos de localización de la jurisprudencia y la autoridad (dios, semidiós, santo, ser inmortal) que tiene la obligación de fundar y motivar sus resoluciones, no está obligada a citar los datos de localización. ¡Qué pensarían los romanos de esto! Ellos decían: “Dami factum dabo tibi jus” (Dame los hechos y yo te daré el derecho). Ahora el aforismo de la justicia mexicana sería: “Dame el derecho porque yo no estoy obligado a dártelo”. Acorde con este aforismo, el tribunal colegiado establece que: La falta de cita de los datos de localización en las jurisprudencias “…no deja en estado de indefensión al quejoso [o sea a mí] que impida su conocimiento y controversia de las mismas, pues bien pueden consultarse en la publicación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se realiza mensualmente, [aunque para hacerlo deba revisar hoja por hoja y tomo por 108

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tomo desde 1917 a la fecha para saber donde está, pues no tengo los datos de localización] ya sea editado o por disco ópticos de la computadora [el quejoso está obligado a conocer los adelantos científicos y contar con los medios económicos necesarios para ocuparlos] y de esta manera enterarse del contenido de las jurisprudencias o tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los juzgados, para en su caso, el quejoso [o sea yo] alegue lo que a su derecho convenga respecto a la invocación que de las mismas hace el juzgador; [o sea ellos, aunque sin decirme cuál es] máxime que del escrito del recurso de queja se advierte la citación de variadas jurisprudencias y tesis aisladas, las que no sólo se transcriben, sino que se aportan todos los datos que permiten identificarlas, [pues por ley estoy obligado a hacerlo, ya que de lo contrario no las tomarían en cuenta conforme a la jurisprudencia que ellos mismos han emitido] lo que demuestra que sí se tiene acceso a la consulta de los criterios jurisprudenciales, [supongo que ellos no tienen este acceso] entonces nada impide que el recurrente hiciera lo mismo con los que el a quo [es decir el juez] cita en la sentencia aun con el sólo rubro, [pero sin señalarme datos de localización y hay varías tesis que tienen el mismo rubro] por lo que no hay tal estado de indefensión [en109

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tonces porqué me siento tan indefenso al leer esta parte de la resolución] como se alega”. Respecto a los diversos motivos por los que considero que debió notificárseme personalmente la interlocutoria, el tribunal colegiado de circuito me dice que la ley no prevé esta notificación. Cosa que ya sé, por eso expuse los motivos por los que debió ser personal. Además, yo tengo “la obligación de acudir a su desahogo en la fecha en que se había fijado” y como no hay disposición expresa, no es procedente que se notifique personalmente una resolución. En cuanto al hecho de que si no se me dan a conocer los motivos por los que se niega la suspensión, se me reduce el término para impugnarla, pues debo solicitar copia y esperar a que se me expida, “…es decir, que la notificación por lista de esa resolución impide su impugnación, toda vez que mientras el interesado solicita copia certificada y ésta se le expide, transcurre el plazo para recurrirla [el tribunal colegiado me dijo], lo cual como se dijo son apreciaciones meramente personales que no tienen sustento jurídico”. En efecto, no están sustentadas en el derecho, sino en la realidad, el tiempo nunca deja de transcurrir, aunque me imagino que jurídicamente el tiempo no importa, pues éste no es jurídico. 110

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Respecto a las jurisprudencias que invoqué, ninguna resultó aplicable, aun cuando no me dijeron los motivos para esta consideración. En cuanto a los requisitos de las notificaciones por lista, éstos fueron cumplidos en la lista, aun cuando en la razón del expediente no aparecieran, pues el juez federal se allegó de copia certificada de la lista donde se aprecia que todos y cada uno de los requisitos que falta en la razón del expediente, sí están en la lista. Curiosamente a esta lista tiene acceso el actuario demandado y yo no tengo acceso. En otras palabras, la supuesta lista puede ser alterada por parte del actuario, sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Además, como los requisitos formales de las notificaciones que se omitieron en las listas, se cumplen en la razón de autos, no importan aquéllos porque: “…se reiteraran en las razones del actuario que obran en los autos del incidente de suspensión, ya que de hacerlo, en realidad habría una duplicidad de notificación, a saber, la publicada por lista de acuerdos, y la que aparecería en las razones levantadas por el actuario en el expediente de suspensión, lo que es inadmisible…”. Estos mismos tribunales, cuando se trata de emplazamiento realizado por un diligenciario o actuario del 111

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fuero común, donde se deja instructivo, exigen, conforme a su jurisprudencia, que obre copia del instructivo en el expediente para poder verificar que la autoridad del fuero común cumplió con todos los requisitos legales. Sin embargo, cuando ellos notifican, no necesitan asentar razones que satisfagan los requisitos legales mínimos indispensables, pues con poner “El Actuario” es suficiente para que se presuma que quien realizó la notificación, es un abogado con nombramiento de actuario y cuál es su nombre. Concluyen diciendo que la falta de requisitos formales “…por sí sola no acarrea la invalidez de notificaciones por lista… [porque] si bien es verdad no precisó a cuál de las partes notificaba por lista el diferimiento de la audiencia incidental y la resolución que niega la suspensión definitiva, pues dejó un espacio en blanco, también lo es que ello no genera que no se hayan verificado las notificaciones por lista de las citadas resoluciones al quejoso, ya que si no existe señalamiento expreso de la parte a notificar, y no hay otro tipo de notificación personal de alguna de ellas, debe entenderse que se verificaron al peticionario, a los terceros perjudicados y al ministerio público adscrito al juzgado federal”. Me sorprendió el significado de las palabras “doy fe” 112

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pero me dejó atónito el significado de un espacio vació. Esta resolución no admite impugnación, así que no la impugné. Además, tengo la posibilidad de promover un incidente de modificación de la suspensión.

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LOS INFORMES La Ley de Amparo establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, únicamente les está permitido, mediante oficio, señalar delegados para concurrir a la audiencia, rendir pruebas, alegar y hacer promociones. Como excepciones a tal principio están las siguientes: 1. El Presidente de la República, puede ser representado por el Procurador General de la República, por los secretarios de Estado o jefes de departamentos administrativos. 2. Los titulares de las dependencias del Ejecutivo de la Unión pueden ser suplidos por los funcionarios a quienes los reglamentos otorguen esa atribución. 3. En los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular puede representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento. Con base en lo anterior considero que los informes que rindieron diversos funcionarios a nombre de las autoridades administrativas responsables “en ausencia del 114

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titular”, no deben tenerse por tales. Para tal efecto analizo las leyes que regulan a cada una de las autoridades para determinar quién debe suplir las faltas del titular, cito los artículos y establezco que el funcionario que rindió el informe no tiene facultades legales para hacerlo. También establezco que los informes están incompletos pues los titulares que representan a los órganos colegiados a los que les atribuí los actos; niegan los actos, pero no como representante de dicho órgano colegiado, sino como si los actos fueran atribuidos al presidente. En otras palabras, yo demandé a una empresa porque expidió un reglamento y el presidente de la empresa me contesta que él no ha expedido ningún reglamento. Esta treta es muy socorrida por seudoabogados, picapleitos, coyotes, tinterillos o rábulas; sin embargo, nunca pensé que esta táctica también fuera utilizada por empleados y funcionarios, que reciben su sueldo del erario y que por la función pública que realizan, sus actos tienen la presunción de estar apegados a derecho. Por otra parte, como una de las autoridades intentó controvertir mis conceptos de violación, invoco una tesis de nuestro más alto tribunal donde establece que el juez de distrito no está obligado a analizar las razones que expongan las autoridades en sus informes, ya que la motivación debe obrar en el acto mismo. 115

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Pongo de manifiesto que los informes que rindió la cámara de diputados y la cámara de senadores, no pueden suplir el informe que debe rendir el Congreso de la Unión, que está integrado por estas cámaras. En efecto, conforme al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder legislativo está depositado en un congreso general que se compone de dos cámaras, por lo que dicho congreso, como tal, no rindió informe. Además, los funcionarios que rindieron informes a nombre de las referidas cámaras, carecen de representación jurídica para hacerlo conforme a las leyes que regulan a estas autoridades. Finalmente, solicito al juez de distrito que imponga la multa que contempla el artículo 149 de la Ley de Amparo, a las autoridades que no rindieron sus informes o falsearon los hechos o no se refirieron a todos los actos reclamados. Cuando presento este escrito el procedimiento está suspendido, por lo que el juez federal ordena que se reserve; al reanudarse el procedimiento, dicho funcionario establece que se agregue a los autos para valorarlo al momento de dictar sentencia. Al momento de que dicta ésta, dicho juez no valora mi escrito, ni toma en cuenta la cita de artículos, ni la solicitud de imponer multa a la autoridad, porque decide sobreseer (cesar en una 116

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instrucción sumaria; y por extensión dejar sin curso ulterior un procedimiento) en el juicio de amparo.

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LAS PRUEBAS También mientras está suspendido el procedimiento, mediante sendos escritos ofrezco pruebas. En el primero ofrecí las documentales privadas consistente en las constancias expedidas por los bancos que establecen que no tengo ningún adeudo y por lo tanto ordena al notario del banco (bueno que trabaja para el banco) la liberación de la hipoteca. En el segundo, ofrecí como hecho notorio las páginas de Internet que tienen el Buró de Crédito, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Señalé que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Consejo de la Judicatura Federal tienen sitios en la red y que los órganos del Poder Judicial de la Federación tienen acceso a la Web, pues están obligados a publicar las listas de notificaciones en la red de información de Internet. También, como hecho notorio, señalé que las siglas: “.gob” y “.mx” significan respectivamente, gobierno y México, lo que quiere decir que las páginas de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son páginas oficiales y por lo mismo, tiene el valor de documentos públicos. Precisé que si estas autorida118

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des fueron las que rehusaron recibir los oficios, existe la presunción que se negaran a darme cualquier documento que demuestre la inconstitucionalidad de sus actos. De igual forma, ofrecí cuatro disquetes que contienen guardadas las páginas web de los sitios oficiales de las indicadas autoridades y la impresión de las mismas. Señalé que se trata de documentos públicos porque provienen de sitios oficiales e invoqué una tesis de un tribunal colegiado de circuito para sostener mi afirmación. Para el caso de que estas pruebas fueran objetadas ofrecí el cotejo o compulsa de las mismas con las páginas web de la red de Internet, solicitando al juez que señalara día y hora para el desahogo de tal probanza y estableciera la manera en que se desahogaría. El juez federal acuerda admitir las pruebas documentales, pero omite acordar la admisión de los hechos notorios, las páginas de Internet, los cuatro disquetes y el cotejo o compulsa. Tal omisión no es impugnable mediante el recurso de queja, de acuerdo con el criterio de dos tribunales colegiados de circuito, que establecen que lo procedente es dirigir un escrito al juez para que acuerde las pruebas que omitió; en consecuencia, elaboro la promoción y la presento. 119

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La respuesta a este escrito me dejó anonadado. El juez de distrito me tiene por ofreciendo las “...pruebas de su parte las que menciona en su escrito de mérito, sin perjuicio de ser relacionadas con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional...”. Debo entender que mis pruebas consistentes en los hechos notorios, las páginas de Internet, los cuatro disquetes y el cotejo o compulsa, fueron admitidas. Sin embargo, para esta última me requirió que “...presente ante este órgano jurisdiccional... y aporte todos los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo la prueba que solicita, con el apercibimiento que de no presentar todos los elementos necesarios se declarará desierta la aludida prueba...”. En primer lugar, este funcionario no me dice cuáles son los elementos técnicos necesarios para el desahogo de la prueba, ¿computadora?, ¿conexión a Internet?, ¿línea telefónica? Además, en caso de llevarlos ¿cómo se desahogará la prueba?, ¿dejo los “elementos técnicos” a disposición del juzgado hasta que se acuerde el desahogo de la prueba? Afortunadamente contra los autos que causan perjuicio no reparable en la sentencia procede el recurso de queja, (pues como ya vi, contra los autos que revocan las propias determinaciones no procede la queja) 120

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aun cuando la gravedad y trascendencia de los mismos queda a “criterio” del tribunal colegiado. Como la compulsa de documentos en las paginas Web no está regulada específicamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los autos de los jueces de distrito que ordenan la preparación y desahogo de estas pruebas son impugnables mediante el recurso de queja. Invoco la jurisprudencia donde está contenido este criterio y formulo los siguientes agravios. Primero: Ofrecí las páginas de Internet como hechos notorios y el juez federal las admitió, por lo que tácitamente aceptó que en el órgano jurisdiccional a su cargo existe conexión a la red de información de Internet y que tiene acceso a la misma. Ahora resulta incongruente que me requiera que aporte “...todos los elementos técnicos…” para el desahogo de la prueba de cotejo o compulsa. Segundo: Por principios de equidad y justicia, el juez está obligado a precisar los requerimientos que realiza, pues de otra manera el particular no sabe cómo cumplirlos. En efecto, al no señalarme cuáles son los elementos técnicos que el juez necesita para el desahogo de esta probanza, me encuentro imposibilitado para cumplir con el requerimiento. 121

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Tercero: Si el juez pretende que aporte todos lo elementos para lograr una conexión a Internet. Tal apercibimiento me deja en total estado de indefensión, ya que si bien puedo llevar una computadora al juzgado y conectarme a Internet mediante un servidor previamente contratado; para ello necesito ocupar la línea telefónica y la corriente de luz, pues no puedo llevar ni la una, ni la otra. Cuarto: Además, esta prueba fue ofrecida para el caso de que algunas de las partes objetara de falsos los disquetes o las hojas impresas. Por lo que el juez estaba obligado a señalar la manera en que debía desahogarse y correr traslado con tales pruebas a las autoridades que se les imputa, concediéndoles término para que objetaran las pruebas, y sólo en el caso de que manifestaran que los documentos impresos y disquetes son falsos, debía ordenar el desahogo del cotejo. Quinto: Como vicio formal de la resolución hago valer que no consta el nombre del secretario a pesar de que las resoluciones deben estar firmadas por dicho secretario. Firma significa “nombre y apellido, o título, de una persona, que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad, para expresar que se aprueba su contenido, o para obligarse a lo que en él se dice”. 122

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La interposición de esta queja vuelve a suspender el procedimiento. El tribunal colegiado declara fundado el recurso de queja, y ordena al juez de distrito que señale día y hora para el desahogo de la prueba de cotejo en alguna de las computadoras del juzgado que cuente con conexión a Internet, y que requiera la asesoría de los técnicos en computación que tiene el Poder Judicial de la Federación. Parece que empiezo a obtener un poquito de justicia. Decido comparecer al desahogo de esta prueba, es decir, al cotejo de los documentos y de los disquetes. Tomando en consideración que el juez de distrito solicitó la presencia del Jefe de Servicios Informáticos, presento un escrito con el siguiente cuestionario: 1) ¿Las páginas de Internet pueden cambiar de un día a otro? 2) ¿Qué significan las siglas “www”? 3) ¿Qué significan las siglas “gob”? 4) ¿Qué significan las siglas “com”? 5) ¿Qué significan las siglas “mx”? 6) ¿Quién puede emplear las siglas “gob”? 7) ¿Quién puede emplear las siglas “com”? 8) ¿Quién puede emplear las siglas “mx”? 9) Los disquetes floppy 3.5 ¿pueden dañarse fácilmente? 10) La información contenida en los disquetes floppy 3.5 ¿pueden perderse fácilmente? Exhibo con mi escrito dos cajas de disquetes floppy 123

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3.5, con diez disquetes cada una, para que en caso de que el profesional conteste afirmativamente a las preguntas 1, 9 y 10; y que las páginas que ofrecí como prueba hayan variado o que los disquetes se encuentren dañados, se guarden las páginas de Internet en los nuevos disquetes. Gracias a esta promoción, los técnicos guardan durante toda la mañana las páginas de Internet; el juez sale de su privado, un par de veces, a ver el desahogo de la prueba, y la secretaria permanece en su escritorio alejada de la computadora donde se está desahogando la prueba. El cuestionario se contesta y se les pregunta a los ingenieros si las páginas que se guardaron en los disquetes que se ofrecieron con la prueba son las mismas. Ellos manifiestan que sí, pero que estas páginas no tienen gráficos, pero que ellos guardaron en los nuevos disquetes estas páginas. A pesar de que estuve toda la mañana en el juzgado al pendiente del desahogo de la prueba (ya que ni el juez, ni la secretaria estuvieron presentes) cuando solicito me den una copia de la diligencia en la que yo participé, me contestan: Solicítela por escrito.

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LA SENTENCIA Al salir del juzgado, para hablar por un teléfono público, pues todavía me niego a caer en la moda de los celulares; compro una tarjeta telefónica donde por medio de mis impuestos se costeó un aviso publicitario donde aparece: “Consejo de la Judicatura Federal “Garantizando que los mexicanos tengan... “*jueces y magistrados federales mejor capacitados “*Juzgados y tribunales más cercanos “*Una justicia federal realmente pronta, completa e imparcial “PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN” Al ver este anuncio, recuerdo todo lo que ha pasado en este juicio de amparo y me pregunto: ¿Cómo sería la administración de justicia antes del Consejo de la Judicatura Federal que nos garantiza jueces federales mejor capacitados, una justicia pronta, completa e imparcial? ¡No quiero ni pensarlo!… pero… ¿De dónde sacaron mis maestros la idea de que el juicio de amparo solucionaba problemas?, y ¿qué los jueces y magistrados federales estaban capacitados? 125

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Comienzo a perder las esperanzas de que mi juicio llegue a buen fin, pues los magistrados que deberán remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otro juicio consideraron que los bancos no son autoridades. De manera que si el juez de distrito decide seguir el criterio de sus superiores decretará el sobreseimiento, pero sin analizar mis conceptos de violación. Con un fallo de sobreseimiento, que seguramente será confirmado por el tribunal colegiado, pierdo cualquier oportunidad para llevar mi asunto ante el más alto tribunal. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me otorga el derecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de los recursos de revisión contra sentencias que dicten jueces de distrito en audiencias constitucionales cuando el acto reclamado sea una ley que se tilda de inconstitucional, y tal circunstancia es confirmada por el Ley de Amparo. También es cierto que conforme a un acuerdo general de dicha corte, el derecho fue reducido a los casos que la propia corte determinó. Entre los que no están las sentencias que declaran la improcedencia del juicio de amparo. Este tipo de sentencia conforme al acuerdo general de la corte, deben ser revisadas por el tribunal colegiado de circuito, quién decide en última 126

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instancia, si procede o no el recurso de revisión ante la mencionada corte. ¿Qué defensa tengo contra el acuerdo de carácter general que modifica la Constitución y la ley? Ninguno, pues la defensa contra actos de autoridad es el juicio de amparo que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el acuerdo fue emitido por ella. Ahora comprendo porqué el constituyente no le dio facultades reglamentarias al Poder Judicial de la Federación; es sumamente peligroso que quien juzga en última instancia pueda emitir normas de carácter general. Cuando me notificaron la sentencia, ya no me angustié al comprobar que el juez de distrito sobreseyó, pues consideré que tenía tres medios para lograr que mi asunto fuera del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: Uno, dirigir el recurso al más alto tribunal señalando las causas por las que consideraba que no se actualizaban los supuestos de su acuerdo, y pedir la atracción del asunto; dos, impugnar mediante el recurso de reclamación el auto que admitiera mi recurso de revisión; y tres, promover la incompetencia. Con la certeza de que todavía tenía medios de defensa, comencé a leer la sentencia, pues el juez de dis127

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trito en considerandos separados fue sobreseyendo por cada uno de los actos reclamados. No está por demás recordar que al igual que las otras resoluciones, únicamente se me notificaron los puntos resolutivos y para conocer las causas, motivos y sinrazones de la misma, tuve que pedir copia certificada ante el juzgado, lo cual me reduce el término para elaborar el recurso de revisión. Pero parece que ya la corte dijo que esto es correcto. No estoy seguro, pero prefiero no investigarlo. Con relación a los actos de los bancos, a éstos no se les tuvo como autoridades responsables porque “...de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la Ley de la Materia, no revisten el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo...”. Conforme a mis escasos conocimientos jurídicos, lo anterior equivale a que los bancos no son autoridades porque no son autoridades, con independencia de que la ley les otorga facultades reservadas a estas últimas, pues no se puede analizar la ley, ya que las facultades que otorgó la norma fueron conferidas a entes particulares que no son autoridades. Por cuanto hace a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México, sobreseyó porque rindieron informe justificado negando la existencia de los actos reclamados. 128

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Tuvo por rendidos los informes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, del Secretario de Gobernación y del Buró de Crédito. Por lo que se refiere al Secretario de Hacienda y Crédito Público, no se le tuvo por rendido porque “...la autoridad que lo firmó no se encuentra legitimada para tal efecto y se presumen ciertos los actos que se le reclaman...”. Sin embargo, el juez de distrito no analizó que impugné tales informes y que establecí motivos legales para no tomarlos en consideración porque fueron rendido por personas diferentes de los titulares de los órganos de gobierno, es decir, se encontraban en el mismo supuesto que los informes que rindió el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, el juez de distrito hizo la declaratoria de que las causales de improcedencia son de orden público y estudio preferente (y yo que pensaba que el orden público era administrar justicia, pero ya veo mi error, el orden público es denegarla) para considerar que las leyes derogadas que impugné “...dejaron de tener vida jurídica desde el momento mismo en que entró en vigor la Ley para Regular las Sociedades de Información

Crediticia...”.

Además,

no

acredité

que:

“...hubieran causado alguna afectación a su esfera jurídica [pues debió aportar] pruebas suficientes que acre129

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ditaran su interés jurídico respecto a la aplicación en su perjuicio de los precitados preceptos legales y reglas generales...”; por lo que no acreditó su interés jurídico. Hasta donde yo entiendo si digo que el quejoso no aportó pruebas suficientes, esto quiere decir que aporte pruebas insuficientes, pero aporté pruebas, las cuales no fueron valoradas, ni tomadas en consideración. Una vez que el juez de distrito terminó de sobreseer todos los actos reclamados de los que pudo encontrar causales de improcedencia, entró al análisis de los actos reclamados al Buró de Crédito. Lo primero que hizo fue “...precisar que el juicio de garantías, es posible definirlo como el medio de defensa del gobernado frente a los actos que considere inconstitucionales del gobernante, considerado éste último en su sentido más amplio, es decir, como el detentador de la fuerza y el poder público...”. Parece que el juez de distrito y yo estamos de acuerdo que el juicio de amparo es un medio de defensa contra los actos de autoridad, la pregunta es: ¿por qué existen tantos actos arbitrarios en un país que cuenta con un medio para evitarlos? Después el juez definió quién era parte “...desde el punto de vista jurídico, como la persona o personas que intervienen en los negocios jurídicos, y que como consecuencia de ello, ejercitan una acción, oponen una ex130

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cepción o interponen un recurso, es decir, lo que caracteriza a la “parte”, es el interés de obtener una sentencia favorable...”. Parece que continuamos con el entendimiento, yo soy parte porque pretendo obtener una sentencia favorable y todas las autoridades responsables también pretenden lo mismo, aunque ellas tienen una doble posibilidad de lograrlo, pues mientras para mí una sentencia favorable es únicamente la que ampara; para ellas, puede ser tanto la que niega el amparo, como la que sobresee. De hecho, para cualquier autoridad es preferible el segundo sentido. Posteriormente, el juez de distrito citó el artículo que “...precisa quiénes son partes en el juicio de garantías...”; para concluir que “...un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, es la existencia de un acto emitido por una autoridad, por lo que resulta adecuado definir lo que para efectos del amparo debe entenderse por ‘autoridad’...”. Citó el artículo que se limita “...a enumerar las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos que pueden ser materia del juicio de amparo...”. Después concluyó diciendo que: “...podemos definir a la ‘autoridad’ como la persona u organismo que legalmente o de hecho dispone de la fuerza pública para imponer sus determinaciones y que afecta a través de un acto o una disposición legislativa 131

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la esfera jurídica de los gobernados, es decir, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser su fuente de naturaleza pública...”. Hasta aquí parece que coincidimos, aun cuando los atributos de fuerza para imponer determinaciones ya no son características de los actos de autoridad, conforme a la jurisprudencia que el propio resolutor federal citó. Una vez que definió el concepto de autoridad, el juez de distrito declaró que: “...Es posible también distinguir por exclusión, el acto de autoridad, de los actos de particulares, en contra de los cuales, el juicio de amparo es improcedente...”, y citó la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que me basé para considerar que los actos del Buró de Crédito son actos de autoridad. Con base en esta definición de autoridad, el juez de distrito consideró que el primer acto de aplicación lo hice “...consistir en esencia en que el llamado ‘Buró de Crédito’ haya recibido información de diversos otorgantes de crédito, relativa a su historial crediticio, y que como consecuencia se le haya incluido en la correspondiente base de datos...”. Tal acto no es de autoridad 132

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porque tanto de mi demanda, como de las constancias que obran en el expediente se desprende que: “...el quejoso señala como ‘autoridad responsable’ al Buró de Crédito, y de las mismas se advierte que dicha figura no existe como tal...”. En efecto, se trata de “...actos provenientes de dos sociedades de información crediticia, a las cuales específicamente les reconoce el carácter de empresas privadas... [por tanto] no forman parte de la administración pública, y en consecuencia no tienen el carácter de autoridades..., [pues] la sola denominación de las mencionadas empresas, nos indica que se encuentran regidas por el derecho privado, es decir, para que nacieran a la vida jurídica debieron primero haber satisfecho los requisitos que para constituir una sociedad anónima establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, y además, de acuerdo con el objeto social de las mismas (información crediticia), lo que dispone también el artículo 5º de la Ley para Regular las Sociedades de Información...”. Aquí comienzan los desacuerdos, pues precisamente lo que estoy reclamando es que la ley le otorgó atributos de autoridad a un ente particular, y el juez me dice que por tratarse de un particular no puede tener atributos de autoridad, que es precisamente es lo que estoy reclamando. 133

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Continúa diciendo el juez de distrito, que las sociedades de información crediticia tienen como funciones: “...recopilar, manejar, entregar o enviar la información relativa al historial crediticio de las personas físicas o morales, sin que dicha función esté autorizada a otras actividades, ya que las mismas están establecidas de manera limitativa y no enunciativa, además, para que dichas sociedades puedan prestar el servicio que constituye su objeto, deben contar con la autorización del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad que a su vez, deberá oír al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, situación que no implica de modo alguno que la autorización otorgada a las mencionadas sociedades de información crediticia para su operación, pueda considerarse como que se les autorice para ejercer funciones de autoridad...”. Entonces: ¿tener el monopolio de la información comercial de cuarenta millones de mexicanos no implica un acto de autoridad? Concluye el juez de distrito diciendo que los actos que reclamo: “...no pueden considerarse de ningún modo como actos de autoridad, aunado a que, como ya se precisó, tales actos fueron realizados por empresas de naturale134

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za privada, que por definición carecen de facultad de imperio, entendida ésta como la potestad necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de justicia [pues las empresas] se limitan únicamente a recopilar, manejar, entregar o enviar la información relativa al historial crediticio de las personas físicas o morales, según sea el caso, y que ha sido proporcionada a su vez, por los ‘usuarios’, los que la propia ley en cita en su artículo 2, fracción XII, define como: ‘... Usuario, en singular o plural, las Entidades Financieras o las empresas Comerciales que proporcionen información o realicen consultas a la sociedad’, lo que demuestra también, que la información proporcionada a la sociedad de información crediticia se almacena de la proporcionada por terceros, a quien en todo caso, debe imputarse la correcta o incorrecta veracidad de la información que le envían...”. Con base en lo anterior sobresee en el juicio de garantías. Entonces, si yo presento pruebas falsas ante el ministerio público para que una persona sea aprehendida, conforme al criterio del juez federal, esta autoridad no sería responsable de la orden de aprehensión, pues la veracidad de los datos sería responsabilidad de los particulares que no tienen imperio. ¡No cabe duda que 135

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siempre que se leen resoluciones de jueces de distrito se aprende algo nuevo! Por lo que se refiere a las leyes reclamadas, el juez de distrito consideró como no hay acto de aplicación, pues emanan “...de una sociedad de información crediticia, la que como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, no tiene el carácter de autoridad, no es posible considerarlo como un acto de aplicación, ya que el mencionado reporte emana de una persona de derecho privado, y por otra parte, para que dicho reporte sea elaborado, es necesaria la autorización expresa del solicitante, por lo que resulta evidente que en la especie no existe acto de aplicación alguno que le cause perjuicio al quejoso, aunado a que el mismo no causa ninguna afectación a su esfera jurídica, por no tratarse de un acto emanado de una autoridad...”. Después citó jurisprudencia y en el siguiente considerando reitera su criterio diciendo que “...al no existir el acto de aplicación reclamado, no es dable proceder a su estudio, porque si se impugnó su constitucionalidad por haber producido actos de aplicación, y tocante a éstos se sobreseyó el juicio, desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre el citado ordenamiento legal, habida cuenta que la estrecha vinculación que existe entre la ley y el acto concre136

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to de aplicación impide examinar al uno prescindiendo del otro, de suerte que el sobreseimiento del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende la ley impugnada mediante el juicio de amparo, imponiéndose por ello sobreseer, en su totalidad en el presente juicio de garantías...”. Citó jurisprudencias y terminó con los puntos resolutivos.

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LA CUADRAGÉSIMA CLASE Maestro: ¡Buenas tardes! Alumno: Maestro, yo no entendí que son los conceptos de violación. Maestro: ¡Felicidades! Eres la única persona que puso atención a la clase pasada. Tengo 12 años de abogado y todavía no termino de entender que son los conceptos de violación y lo más importante cómo se formulan. “Recuerden en primer lugar que en el juicio de amparo la demandada es una autoridad. Esto provoca que litiguemos en contra del Estado cuando tramitamos un juicio de amparo. “Ahora, los actos de autoridad deben fundarse en una ley y los hechos que motivan la aplicación deben adecuarse a los supuestos previstos en la norma.” Alumno: ¿Eso es la garantía de fundamentación y motivación? Maestro: Sí. La garantía de exacta aplicación de la ley implica que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. “El problema es que por una ficción legal, los actos de autoridad se presumen válidos.” Alumno: ¿Cómo? 138

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Maestro: Nuestros actuales estados de Derecho basan su actuación en una constitución y todos los actos deben dimanar de ella. El problema es que para poder sostener lo anterior, todos los actos deben considerarse apegados a la norma y quién sostenga lo contrario tiene la obligación de demostrarlo. Alumno: A ver si entendí. El gobernante siempre actúa bien y si yo digo que actúa mal, debo demostrarlo. Maestro: Sí. Siempre que cambies las palabras bien y mal por conforme a derecho. La actuación de un estado de derecho no es valorativa sino jurídica. Alumno: Oiga, maestro, pero en México donde estamos acostumbrados a que los gobernantes actúen con las patas. ¿No debería existir la presunción contraria? Maestro: En primer lugar, la expresión de “actúen con las patas” no es muy correcta. Alumno: ¡Perdón! Maestro: En segundo lugar, si presumieras que todos los actos de autoridad son ilegales o inconstitucionales, no podría existir un estado de derecho porque no existiría certidumbre de nada. Por eso es necesario que los actos del gobierno tenga la presunción de validez. Alumno: Entonces, ¿todo lo que hacen los políticos está apegado a la constitución? 139

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Maestro: Presuntivamente. Pero, para demostrar que el acto de autoridad no es constitucional tengo el juicio de amparo. El problema es que debo demostrar que el acto viola mis garantías a través de los conceptos de violación. “Recuerden que en un juicio donde soy actor, para que prosperen mis pretensiones debo demostrar con pruebas fehacientes los hechos en que fundo mis acciones. En amparo es lo mismo, pero aquí no se ofrecen pruebas para demostrar la inconstitucionalidad, sino que ésta se demuestra a través de los conceptos de violación. “¿Por qué? “¡Vamos! No se queden callados.” Alumnos: Porque el acto reclamado, su existencia, se demuestra con los informes que rinden las autoridades, pero la inconstitucionalidad debo probarla con… Maestro: ¡Razonamientos! Por eso cuesta tanto trabajo formular conceptos de violación, porque son razonamientos basados en la constitución que demuestran la equivocación de la autoridad. Alumnos: Entonces, ¿por qué los requisitos? Los razonamientos sólo requieren sujetarse a las leyes de la lógica. Maestro: En efecto, los conceptos de violación 140

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adoptan la forma de un silogismo donde la premisa mayor es la ley, la premisa menor el acto reclamado y la conclusión es la discrepancia entre aquélla con éste. “Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en su jurisprudencia que los conceptos de violación deben señalar la norma infringida, la parte del acto que la infringía y los razonamientos que demuestran por qué el acto infringe los preceptos legales. Ese es el famoso silogismo jurídico que estudiaron en sus clases de Introducción al Estudio del Derecho. En otras palabras, la corte trató los conceptos de violación que establecía la Ley de Amparo como si se tratara de agravios. El agravio se integra por hecho violatorio, derechos violados y conceptos de violación o razonamientos que demuestran la violación de la ley por parte de la autoridad. “Actualmente, la corte aceptó que esta forma rígida no está en la Ley de Amparo y que no se necesita realizar escrupulosamente el silogismo para formular conceptos de violación, sino que basta con que en alguna parte de la demanda se exprese con claridad la causa de pedir.” Alumno: ¿Entonces cómo los elaboramos? Maestro: Yo les aconsejo que siempre precisen el acto y las leyes violadas; y expongan con claridad sus ra141

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zones, incluso es preferible ser abundante. Alumno: ¡No entiendo! Maestro: Veamos unos ejemplos. Solicito al ayuntamiento que pavimente mi calle y después de tres meses el ayuntamiento no me responde. ¿Qué hago? Alumno: ¿Pido amparo? Maestro: Sí. ¿Cuál es el artículo constitucional que establece el derecho de petición? Alumno: El octavo. Maestro: Sí, conforme a este artículo todas las autoridades están obligadas a responder cualquier petición que se hace por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Ya sabemos que debemos poner el nombre del quejoso, la autoridad responsable, en este caso no hay tercero perjudicado. Alumno: ¿Por qué no hay tercero perjudicado? Maestro: La corte ya sostuvo que en el derecho de petición no hay tercero perjudicado porque nadie está legitimado para impedir que la autoridad responda una petición. Hay jurisprudencia al respecto, pero además es algo lógico. ¿A quién le interesaría que la autoridad no contestara una petición? “Sigamos, el acto reclamado será la omisión de responder la petición. En los antecedentes tendremos que narrar bajo protesta de decir verdad con que fecha 142

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presentamos nuestra petición, en que consistió y que no hubo respuesta de la autoridad. “Llegamos a la parte más importante, ¿Cómo formularíamos los conceptos de violación? “¿Cuál sería la premisa mayor o artículo violado?” Alumno: El octavo. Maestro: Entonces diríamos que conforme al artículo octavo constitucional, los ciudadanos tenemos derecho a que las autoridades respondan a las peticiones que hacemos, siempre y cuando sean de manera pacífica y respetuosa. A la par que los ciudadanos tenemos este derecho subjetivo público, las autoridades tienen la obligación de respondernos en breve términos el acuerdo que haya recaído a la petición. “Podemos citar el artículo e invocar jurisprudencia. “¿Cuál sería la premisa menor o los hechos?” Alumna: El acto reclamado. Maestro: En este caso la omisión de responder. Entonces diríamos: El presente caso con fecha tal solicite al ayuntamiento lo siguiente. Aquí podemos transcribir la petición o hacer un resumen de ella. “Continuaríamos exponiendo que no obstante que transcurrieron tres meses, la autoridad no ha dado respuesta a mi petición. Lo anterior infringe el artículo octavo constitucional que establece que en breve término la 143

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autoridad debe dar una respuesta a mi petición por lo que considero que se ha infringido esta garantía en mi perjuicio.” Alumno: Así de sencillo. Maestro: En este caso sí, pero no se te olvide que debemos investigar que quiere decir breve término. Por eso es necesario consultar la jurisprudencia. Con base en ella establece que nuestro máximo tribunal interpreto la expresión breve término en un máximo de tres meses y por eso ha transcurrido con exceso el término señalado para dar una respuesta. Alumno: Podría poner otro ejemplo. Maestro: Sí. Pero antes vean que hay que citar los artículos e investigar jurisprudencia para poder formular conceptos de violación y lo más importante: redactarlos con claridad para que el juez o los magistrados o los ministros entiendan que estamos pidiendo. “Veamos una orden de aprehensión. ¿Cuáles son los requisitos para dictar una orden de aprehensión?” Alumno: Que haya datos de probable responsabilidad de la persona en contra de quién se dicta. Maestro: Antes que eso. Alumno: Que se haya comprobado el cuerpo del delito. Maestro: Y que exista una denuncia o querella. Esos 144

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son los requisitos que establece el artículo 16 constitucional. Además, debe dictarse por un juez. “La manera simplista de formular conceptos de violación en contra de una orden de aprehensión es decir que se viola este artículo porque no está demostrado el cuerpo del delito, ni hay datos que hagan probable la responsabilidad del quejoso. Sin embargo, para realmente hacer razonamientos que demuestren lo anterior tenemos que analizar el Código Penal donde se basaron para emitir la orden. “Tenemos que buscar el artículo que establece la comprobación del cuerpo del delito, y verificar que el juez haya satisfecho esos requisitos. Debemos analizar qué pruebas valoró el juez y analizar si conforme a los artículos que establecen el valor de las pruebas, dichas probanzas merecen valor probatorio o no. También debemos estudiar con que pruebas se demostró la probable responsabilidad. “No pongan cara de espanto. Los abogados debemos analizar el expediente para poder formular conceptos de violación. El análisis del expediente es lo que nos permitirá determinar si la autoridad actuó como indica la ley o no. “Veamos, ¿cómo comprobamos el delito de homicidio?” 145

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Alumno: Con el muerto. Maestro: ¿Cosemos el muerto al expediente? Alumno: No. Maestro: Entonces, ¿cuáles son las pruebas con las que debemos acreditar el tipo penal?, vamos muchachos, ¿demuestren que estudiaron derecho penal? Alumno: El levantamiento del cadáver. Alumna: La autopsia. Alumno: El reconocimiento del occiso por un familiar. Maestro: ¡Así me gusta! Ya dijeron tres pruebas. Lo que debemos verificar es si las mismas fueron valoradas correctamente, si se desahogaron conforme a derecho, para poder impugnarlas. Alumna: ¡Ya entendí! Los actos de autoridad deben sujetarse a la ley. Para impugnarlos debemos analizar como se desarrollaron para determinar dónde están las infracciones. Maestro: Bien. Por eso es tan importante que estudien la ley y los actos antes de formular conceptos de violación. De manera apriorística no puedo darles ninguna fórmula para realizarlos porque cada caso es diferente. Alumno: ¿Qué pasa si no formulo bien mis conceptos de violación? Maestro: En las materias donde hay suplencia de la 146

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queja, el juez de distrito se encarga de analizar los actos y determinar si están apegados a derecho. En las materias que impera el estricto derecho, si no formulamos buenos conceptos de violación los actos reclamados subsisten por no haberlos impugnado adecuadamente. Por eso hay tantos amparos que se niegan aun cuando los actos recamados sean ilegales. Alumno: ¿Pero eso no hace una justicia argumentativa? Maestro: ¿A qué te refieres? Alumno: A que los actos de autoridad subsisten si no convenzo al juez de distrito de que el acto viola mis garantías. Maestro: Los jueces y magistrados federales son personas capaces y no se trata de convencer, sino de demostrar. Alumno: Pero, usted dijo que en el amparo los hechos se demuestran con el informe de la autoridad y es con razonamientos con lo que debo “demostrar” la inconstitucionalidad. Por eso insisto en que nuestra justicia se basa en argumentos y no en ley. Maestro: En parte tiene razón. Pero no es que la justicia sea argumentativa, sino que el juzgador está a expensas de lo que le digan las partes. Mira, durante mucho tiempo la corte sostuvo que el arresto decretado 147

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por un juez civil no era violatorio de garantías, pues no era una pena, etcétera. Un día un litigante dijo, como se trata de una sanción administrativa decretada por una autoridad civil, aplica por analogía el artículo 21 que establece que el arresto administrativo es únicamente por 36 horas. Ustedes ya conoce la jurisprudencia, gracias a la cual, ya no se decretan arresto por 10 días. “Como vez, depende de ustedes que formulen buenos argumentos para que los jueces hagan buenas interpretaciones. ¿Dudas?, ¿preguntas? Nos vemos la clase siguiente.”

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EL RECURSO DE REVISIÓN Después de leer la sentencia, comprendí por qué en mi país existen tantas injusticias. Las leyes son excelentes, probablemente también las jurisprudencias, pero si quiénes las aplican no saben interpretarlas, buscando el respeto al ser humano, de nada sirven las normas. A este juez no le importó que toda la información crediticia de una persona sea recopilada, manejada e incluso vendida, pues son particulares los que realizan esta tarea, aun cuando sea al amparo de leyes que expidió el Congreso de la Unión. Lo que quizá no sepa él, ni tampoco lo sepan los lectores, ni los magistrados, ni los ministros, es que en este Buró de Crédito, también están sus datos, sus compras y movimientos bancarios, los cuales son monitoreados mensualmente. Ahora tengo que elaborar el recurso de revisión. En éste no se hacen valer conceptos de violación, sino agravios. La diferencia entre uno y otro es tan sutil… mi maestro me decía que el agravio se integra por el hecho violatorio, los derechos violados y el concepto de violación… Parece que no existe mucha diferencia entre los conceptos de violación y los agravios. Sin embargo, para que éstos sean eficaces, procedentes, suficien149

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tes, fundados, etc., deben reunir determinados requisitos, a saber: Atacar la sentencia del juez de distrito, basarse en un precepto legal o en una jurisprudencia, redacción clara, entendible y lo más importante… deben convencer a los magistrados para que revoquen la sentencia. Para elaborar agravios con estas características debo analizar cuales son los problemas de la sentencia que pretendo recurrir. El sobreseimiento que decretó el juez de distrito me provocó tres problemas: 1. De las causales de improcedencia no quiere conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Los tribunales colegiados pueden confirmar la sentencia invocando otra causal de improcedencia. 3. Debo desvirtuar las causales de improcedencia que invocó el juez. El argumento principal que tengo contra la sentencia es que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy clara al establecer que las causales de improcedencia deben ser claras e inobjetables. Por tal motivo, cuando existe una causal de improcedencia que tiene intima relación con el fondo del negocio, dicha causal de improcedencia debe desestimarse y entrar al estudio del asunto. En consecuencia, si reclamé toralmente que la ley que regula al denominado “Buró de Crédito”, permite que esta persona de 150

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derecho privado se comporte con características propias de autoridad, y el juez de distrito decidió sobreseer porque dicho “Buró de Crédito” no es una autoridad, es evidente que el juez federal resolvió el problema de fondo, pero sin analizar mis conceptos de violación. En otras palabras, yo grite: “Señor juez de distrito, ampáreme contra la ley que permite que el “Buró de Crédito” se comporte como una autoridad, sin serlo”. Por su parte, el señor juez de distrito me contestó: “No puedo ampararte, porque el “Buró de Crédito” no es una autoridad. Como no es una autoridad, no puedo analizar la ley que lo regula para comprobar si ésta le permite actuar como autoridad”. Por este motivo, en el recurso de revisión subsiste el problema planteado en la demanda, pues para decirme que el juez de distrito estuvo en lo correcto para sobreseer, deben sostener que el “Buró de Crédito” conforme a la ley que lo regula no es autoridad. Al sostener esto existiría pronunciamiento respecto al problema planteado. Esta es la principal causa que hago valer para que mi recurso sea del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como causas adicionales, sostengo que conforme al propio acuerdo que ella emitió, la procedencia de la revisión depende de que subsista 151

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el problema de constitucionalidad. En el caso concreto sigue sin resolverse el problema de la constitucionalidad de la Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia, ya que yo sostuve que esta ley permite que el “Buró de Crédito” actúe como autoridad y el juez resolvió no analizar la ley porque dicho “Buró de Crédito” no es autoridad. En efecto, el acuerdo establece que es competencia del tribunal colegiado de circuito, el conocimiento de los amparos en revisión cuando: “… en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.”. En mi caso, al sobreseer, se abordó el problema de fondo, pues se determinó que el “Buró de Crédito” no es autoridad. Finalmente, solicito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción con base en los problemas que planté en mi demanda. Considero que la anterior petición sólo puede ser contestada o desechada por dicha corte, con lo que me aseguro que la revisión sea remitida al más alto tribunal… Al menos eso creí… pero no me adelanto. Una vez resuelto el primer problema, comienzo a 152

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pensar como resolver el segundo. Debo realizar razonamientos fundados en ley que patenticen la procedencia del juicio de amparo. Con el fin de evitar que el órgano revisor estudiara mis agravios por partes o “mutilados”, como había hecho el juez federal al sobreseer por partes cada uno de los actos reclamados, expuse que primero explicaría de manera sencilla en qué consiste el problema jurídico y su solución, para después explicar con constancias, leyes y jurisprudencias cual es el fundamento del agravio. Para hacer más gráfica esta manera de proceder, cité la jurisprudencia que indica que para que se estudien los agravios basta con expresar la causa de pedir y expuse la manera en que redactaré mis agravios. El primer agravio que hago valer es contra vicios formales, ya que el juez de distrito “realizó” las siguientes omisiones en la sentencia: no motivó las causales de improcedencia; ni analizó las pruebas que ofrecí; ni analizó todos los informes justificados; ni las causas por las que los impugné; ni analizó las consideraciones que en mi demanda de amparo realicé para considerar que no habían cesado los efectos de los artículos 33, 33A y 33B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni de las Disposiciones de Carácter General a las que se Sujetaran las Sociedades de Información Crediticia para 153

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Proporcionar su Base de Datos a Otras Sociedades de Información Crediticias; ni analizó los diversos razonamientos que realicé en mi demanda para demostrar que se trataba de actos de autoridades; ni resolvió la cuestión efectivamente planteada. Como las omisiones del juez de distrito deben ser reparadas por el tribunal revisor conforme a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que estos motivos son suficientes para revocar la sentencia que sobreseyó, y entrar al estudio de los conceptos de violación. Lo explico en otras palabras, señalando que en el juicio de amparo no existe la figura de reenvío, expongo las causales de improcedencia que invocó el juez de distrito y las omisiones en que incurrió. Finalmente, cito la jurisprudencia que establece la sustitución del órgano revisor cuando el juez de distrito omite analizar el acto reclamado. Formulo el segundo, con base en la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas, pues en México tenemos la garantía de igualdad; en consecuencia, si se permiten los monopolios, los dueños de éstos adquieren un poder sobre los demás. Manifiesto que los actos que reclamé tienen como característica esencial que constituyen un monopolio o práctica monopólica; por lo que debe revocarse la sentencia sujeta a revisión 154

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y entrar a estudiar el fondo del asunto, ya que al tratarse de actos monopólicos, el juicio de amparo resulta procedente, con independencia de que el monopolio esté en manos de particulares o hayan cesado los efectos de los actos reclamados porque la ley que los creó fue derogada por una nueva ley que les permite seguir ejerciendo el monopolio, pues quedó demostrado que el propio Buró de Crédito reconoció en su informe justificado que: “...en la actualidad la única Sociedad de Información Crediticia vigente en nuestro país es Trans Unión de México, S. A. (denominación correcta de mi representada y no como solo ‘Buró de Crédito’, como se conoce popularmente)...”. Tal confesión que rindió esta sociedad al contestar el primer concepto de violación hace prueba en su contra y demuestra que existe un monopolio de información crediticia en México. Como tercer agravio, de carácter general, expongo que el problema toral de fondo de mi demanda fue que las normas jurídicas que permiten la existencia del denominado Buró de Crédito, están facultando a un ente privado, con atributos que son propios de la autoridad y en contra de los cuales no existe ningún medio de defensa posible. Por tal motivo no podía decretarse el sobreseimiento aduciendo que los actos reclamados no 155

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son actos de autoridad. El cuarto agravio lo hago consistir en que los ordenamientos que impugné están dirigidos a particulares, sin embargo, les otorgan facultades propias de la autoridad. No obstante, al controvertir esta situación, el juez de distrito resuelve que no puede analizar la ley porque no hay actos de aplicación de la misma, ya que tales actos son de particulares. Esta circunstancia permite que el Congreso de la Unión pueda facultar a cualquier particular a realizar actos de autoridad mediante una ley sabiendo que ésta no puede ser impugnada porque se trata de actos de particulares. Sostengo que de admitir el proceder del juez federal implicaría que con argucias legales, las autoridades evitaran que sus actos pudieran ser impugnados por medio del juicio de amparo, ya que bastaría que faculten a cualquier particular a realizar los actos inconstitucionales, para que éstos no puedan ser revisados. Finalmente, para controvertir de manera general las causales de improcedencia establezco que conforme a jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama la constitucionalidad de una ley a través de su primer acto de aplicación lo procedente es que, verificada la existencia del acto, el juez de distrito analice la constitucionalidad de la ley 156

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reclamada. En el caso concreto, no se cumplió con esta circunstancia, pues dicho juez sobreseyó respecto de los actos de aplicación y posteriormente, al no existir los actos de aplicación porque los hizo desaparecer, también sobreseyó por la ley. Una vez que terminé de controvertir de manera general el sobreseimiento decretado y demostré la procedencia del juicio, continúo combatiendo de manera específica cada una de las causales de improcedencia porque de no hacerlo mis agravios serían inoperantes por no controvertir todas las razones que expuso el juez federal para decretar el sobreseimiento. Hay muchas tesis y jurisprudencias que así lo indican. Por cuanto hace al sobreseimiento decretado a favor de los bancos porque éstos no eran autoridades, el primer argumento es que la resolución carece de motivación, pues no explicó los motivos o razones por los que consideró que tales entes, en el caso concreto, no eran autoridades. En otras palabras, el sobreseimiento es contrario a derecho porque no se encuentra motivado, ya que, según el juez, los bancos no son autoridades porque no son autoridades. La explicación jurídica la hago descansar en el artículo de la Ley de Amparo que ordena que en las sen157

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tencias de amparo deben citarse los fundamentos legales. Como en virtud de este agravio, el órgano revisor debe realizar la motivación que omitió el juez de distrito y pudiera decir que los bancos no son autoridad por determinados motivos; expongo en el segundo agravio que el sobreseimiento decretado resulta incongruente porque el resolutor federal estableció que los bancos no son autoridades conforme a la Ley de Amparo. Sin embargo, más adelante también dijo que dicha Ley de Amparo no establece que es una autoridad; en consecuencia, su resolución en esta parte no está fundada. Establezco que los bancos son entes que de hecho establecen relaciones de supra a subordinación con el particular porque son personas morales que deben crearse con la autorización del Estado y entre sus facultades está establecer su normatividad a través de contratos de adhesión. En consecuencia, las relaciones que se dan entre los bancos y el particular son relaciones de supra a subordinación porque aquéllos tiene facultades para expedir sus contratos de adhesión, esto es, al tratarse de potencias económicas tienen la posibilidad de imponer su voluntad, e invoco jurisprudencias y tesis de la corte. Otro motivo para considerar a los bancos como au158

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toridades es que las relaciones de los particulares con las instituciones de crédito están reguladas por las siguientes leyes: La Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley de Sociedades de Información Crediticia, entre otras. Estas leyes facultan a los bancos para emitir su propia normatividad. Es decir, la Ley los está dotando de facultades administrativas cuyo ejercicio es irrenunciable porque es pública la fuente de esa potestad. Un tercer motivo por el que considero que las instituciones de crédito son autoridades, es que están facultadas a emitir actos unilaterales, como son dar a conocer al Buró de Crédito todas las comunicaciones comerciales que tiene con sus clientes y a reportarlas periódicamente. Con esto están generando actos a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, ya que están dando a conocer comunicaciones privadas, que provocan que ningún banco quiera sostener comunicaciones comerciales conmigo, lo cual constituye una práctica monopólica. Finalmente, como para dar información al Buró de Crédito, los bancos no necesitan acudir a los órganos judiciales, ni precisan del consenso de la voluntad del 159

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afectado, sus actos son verdaderos actos de autoridad, pues ellos deciden quién les debe y cuánto, sin tener que recurrir a los tribunales a demostrar su derecho. Con tal informe al Buró de Crédito, los bancos afectan la esfera jurídica del particular y sin necesidad de su consenso, pues éste es “obtenido” mediante contratos de adhesión en donde la voluntad del particular no intervino para su elaboración. Con base en las anteriores cuatro características, cuando los bancos rinden informe al Buró de Crédito del comportamiento crediticio de sus clientes están actuando como una autoridad, ya que sin necesidad de recurrir a órganos jurisdiccionales, deciden que una persona les debe, cuánto les debe y cuánto lleva de atraso. Una vez que tomaron estas decisiones ejecutan la sentencia al pasar la información al Buró de Crédito donde permanecerá durante ochenta y cuatro meses. Con esto se modifica la situación jurídica de la persona, ya que durante este lapso, este sujeto no podrá obtener ningún crédito. En otras palabras, los bancos son autoridad para los efectos del amparo porque ejercen facultades decisorias que están atribuidas en la ley y constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable. Con base en los anteriores argumentos, sostengo 160

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que el juzgador de amparo estaba obligado a determinar: Si la norma legal faculta o no, a un ente a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del gobernado. En el caso concreto, los bancos reconocieron que enviaron la información de comunicaciones comerciales que tuve con ellos al Buró de Crédito calificando tales comunicaciones y determinando quién les debe y quién no. Esto resulta violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que de manera clara establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano, sino que debe recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos. El hecho de que los bancos estén facultados para molestarnos en nuestra persona, familia, papeles y derechos, al rendir informes sobre toda la vida privada de las personas, sin tener que ir a juicio ante tribunales previamente establecidos, origina que sus actos revistan todas las características de los actos de autoridad. En el caso concreto, los bancos sin mediar juicio están autorizados por la ley a emitir actos unilaterales, consistentes en el envío de información de personas que han mantenido comunicaciones comerciales con ellos, sin que el particular tenga consenso o audiencia respecto de tal infor161

Vicisitudes de un litigante bisoño

mación. Esta información que envían se vuelve del dominio público y es manejada a través del Buró de Crédito, quién en su informe justificado aceptó que vende esta información. Lo anterior, afecta mis derechos de la personalidad, mis derechos de crédito y la inviolabilidad de mis comunicaciones, esto es, tales actos sí están afectando mi esfera jurídica, pues están disponiendo de información que me pertenece, sin mi consentimiento. No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establezca que es necesario el consentimiento de la persona, pues en primer lugar, la información fue enviada con anterioridad a esta ley, y en segundo lugar, una persona no puede negarse a firmar un contrato de adhesión si quiere gozar del servicio. Por lo que el supuesto consenso no existe, ya que los servicios que prestan los bancos están regulados mediante contratos de adhesión. Continúo en mi tercer agravio controvirtiendo esta causal de improcedencia, pues como el órgano revisor se tendrá que ocupar de analizar la misma, no puedo correr el riesgo de que decida motivar el sobreseimiento y no entrar al análisis de fondo. Por tal razón, vuelvo a reiterar que desde que presenté mi demanda, le atribuí a las instituciones de crédito la calidad de autoridades; 162

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esta circunstancia provoca que sea materia de fondo determinar si estos entes jurídicos son o no autoridad para efectos del juicio de amparo. Con base en lo anterior el juez de distrito no debió sobreseerme con relación a las instituciones de crédito. Un último argumento con relación a que los bancos sí son autoridades porque están dotados por la ley de atributos que les permiten modificar la situación jurídica de las personas. Las instituciones de crédito están facultadas por la ley para elaborar sus contratos de adhesión y para aplicarlos, con lo que crean, modifican o extinguen unilateralmente situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Lo anterior ocasiona que el particular y el banco no estén en un plano de igualdad, sino en un nivel de supra a subordinación, al imponer el banco su voluntad sin mi consenso. Cito una jurisprudencia que apoya mis razonamientos y finalizo diciendo que los actos que le reclamo a las instituciones de crédito violan mis garantías de inviolabilidad de comunicaciones, audiencia, seguridad jurídica, justicia pronta y expedita. Una vez que terminé con los agravios en contra del sobreseimiento decretado a los bancos, procedo a controvertir el sobreseimiento a favor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 163

Vicisitudes de un litigante bisoño

Antes que nada ataco la omisión del juez de estudiar si el vicepresidente jurídico de esta autoridad tiene facultades para representarla. En otras palabras, si en el juicio de amparo las autoridades responsables no pueden ser representadas, el informe justificado que rindió el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no puede tenerse como tal, porque esta persona carece de la legitimación necesaria para rendirlo. En consecuencia, el juez de distrito no podía concederle valor y mucho menos decretar el sobreseimiento con base en la negativa contenida en dicho informe. Explico jurídicamente lo anterior citando la disposición que establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, salvo los casos particulares que contiene el artículo, en los que no se encuentra comprendida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Transcribo los artículos en los que se basó el vicepresidente jurídico de dicha comisión y deduzco lo que de ellos se desprende para concluir que el Presidente de la Comisión tiene la representación legal de la misma, que tal facultad puede ser ejercida mediante acuerdo delegatorio y que en sus ausencias temporales, dicho presidente es suplido por el vicepresidente que designe. Sin embargo, del acuerdo delega164

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torio no se desprende que el vicepresidente jurídico esté autorizado a rendir informes justificados, pues sólo tiene facultades para representar a la comisión en sus funciones de derecho privado. En efecto, un ente público puede acudir por medio de apoderado a defender sus derechos civiles o patrimoniales porque está actuando como particular, e incluso, con tal carácter puede solicitar amparo, en defensa de sus intereses, con el fin de que mediante una sentencia de carácter declarativa, se definan sus derechos controvertidos. Lo que no puede hacer, es rendir un informe justificado en representación de una autoridad, mediante un simple poder para defender sus intereses particulares, esto es, un poder para comparecer a procedimientos judiciales, administrativos o laborales. Cito la ley, la doctrina y la jurisprudencia que considero aplicables para concluir que el informe que rindió el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ausencia de la autoridad responsable, mediante un acuerdo delegatorio para comparecer a procedimientos judiciales, administrativos o laborales, no puede tenerse como tal, ya que la autoridad responsable no puede ser representada en el juicio de garantías, como ente particular. Además de lo anterior, como el indicado vicepresi165

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dente rindió informe justificado en ausencia del presidente de la indicada comisión; debió señalar el acuerdo delegatorio en virtud del cual dicho presidente lo designó para suplir su ausencia temporal. Siguiendo con este sobreseimiento; formulo otro agravio en el sentido de que el informe que rindió el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue incompleto y no abarcó todos los actos reclamados; en consecuencia, no podía servir para decretar el sobreseimiento. La explicación conforme a constancias de autos la realizo transcribiendo en lo conducente los capítulos de autoridad y actos reclamados, tanto de mi demanda, como de mi aclaración, para poner en evidencia cuáles fueron los actos que reclamé. Después transcribo el informe que rindió el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actuando en su calidad de presidente y como representante legal de la indicada comisión. Concluyo que el vicepresidente únicamente rindió informe en su carácter de presidente y como si los actos se le hubieran imputado a él exclusivamente. Sin embargo, los actos reclamados fueron imputados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto de su presidente; respecto de la cual, fue omisa en negarlos o afirmarlos, y mucho menos acompañó pruebas 166

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que los demostraran. Por tales motivos, los actos reclamados deben tenerse por demostrados de manera presuntiva y no es posible decretar el sobreseimiento respecto de los mismos porque la autoridad responsable hubiera negado los actos. Continuo formulando otro agravio en contra de este sobreseimiento, pues aun en el supuesto de que el informe lo hubiera rendido el legal representante de la autoridad y dicho informe contemplara todos los actos, aun así, no era procedente sobreseer porque existen pruebas suficientes para desvirtuar la negativa que rindió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En efecto, de las copias cotejadas de las páginas web que tiene la referida comisión se desprende que tiene relaciones con el Buró de Crédito, lo que hace presumir la existencia de los actos que supuestamente negó, ya que reconoce que el buró se creó en mil novecientos noventa y seis y la manera en que opera, la información que tiene, etcétera. Otra agravio para desvirtuar la negativa del informe que rindió el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo hago consistir en que conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y a la Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia, dicha comisión tiene como obligación legal la 167

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inspección y la vigilancia de las sociedades de información crediticia. En consecuencia, existe una presunción legal de que dicha comisión sí participó en la creación y vigilancia del Buró de Crédito. Además, como la comisión mencionada es la autoridad que está encargada de la inspección y vigilancia del Buró de Crédito, es responsable de los malos manejos que realice dicho Buró de Crédito, ya que éstos implican que no ha cumplido correctamente con sus obligaciones. Por lo que al negar los actos reclamados pretende eludir su responsabilidad, pues por ley está obligada a realizar los actos que de ella reclamé. En el siguiente agravio manifiesto que si fuera cierto el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estaría demostrado que el Buró de Crédito está operando al margen de la ley, pues no cuenta con las autorizaciones necesarias para funcionar. En efecto, si el Buró de Crédito reconoce que funciona desde mil novecientos noventa y cinco, y conforme a la ley se necesitan las opiniones o autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es evidente que está demostrada la ilegalidad de dicho Buró de Crédito. En consecuencia, la negativa de los actos reclamados, lejos de conllevar el sobreseimiento, provoca que los actos reclamados al Buró de Crédito de mil novecientos noventa y 168

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seis a la fecha sean inconstitucionales, pues de la constitución en escritura pública de la sociedad de información crediticia denominada Buró de Crédito, no se desprende que tenga las autorizaciones y opiniones que legalmente necesita para poder funcionar. Continuó con el sobreseimiento decretado a favor del gobernador de Banco de México, pues este funcionario aceptó algunos actos y negó otros. Primero preciso cuáles son los actos que reclamé, y cuáles son los que esta autoridad aceptó, para concluir que respecto de estos actos no era procedente el sobreseimiento. En otras palabras, a pesar de que el gobernador de Banco de México negó la existencia de los actos reclamados, como una argucia legal no propia de una autoridad, lo cierto es que más adelante en su informe aceptó su existencia. Por tal motivo, el juez federal no podía decretar el sobreseimiento respecto de estos actos considerando que la autoridad responsable negó su existencia. Además, como al gobernador de Banco de México le reclamé disposiciones de carácter general que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, es evidente que no tengo que probar su existencia, pues las leyes no están sujetas a prueba. En el caso concreto señalé que existieron disposiciones de carácter general 169

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publicadas en el Diario Oficial de la Federación emitidas por Banco de México y respecto de las cuales la autoridad responsable negó tal emisión, a pesar de que se trata de normas que resultan obligatorias por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. Respecto a los actos que negó el Banco de México, manifiesto que reclamé una omisión por lo que al negarla, la autoridad quedó obligada a demostrar el acto positivo que dijo realizó. De otra manera, el gobernador de Banco de México negó los actos reclamados, pero a dicho Banco de México le reclamé una omisión, la cual hice consistir en que no expidió disposiciones de carácter general que regularan la creación de las sociedades de información crediticia de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos. Por tal motivo, si la autoridad negó este acto, evidentemente, está afirmando; motivo por el cual, fue incorrecto que el juez sobreseyera respecto de tal omisión que reclamé. Continúo formulando agravios en contra de este sobreseimiento, sosteniendo que tal negativa está desvirtuada por las presunciones legales que derivan tanto de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, como de la Ley que Regular las Sociedades de Información Crediticia. 170

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Otro agravio para demostrar que existen pruebas suficientes para desvirtuar la negativa que rindió Banco de México, lo hago consistir en que al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este banco tiene una pagina Web donde reconoce la creación del Buró de Crédito, la manera en que opera, en que consiste, etcétera. Sigo impugnando la negativa de esta autoridad. Sostengo que en caso de que fuera cierto el informe de Banco de México, esto demostraría que el Buró de Crédito está operando al margen de la ley, pues no cuenta con las autorizaciones necesarias para funcionar. Como ya dije en los agravios en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si el Buró de Crédito reconoce que funciona desde mil novecientos noventa y cinco y conforme a la ley se necesitaban las opiniones o autorizaciones del Banco de México, es evidente que está demostrada la ilegalidad de dicho buró. En consecuencia, la negativa de los actos reclamados, lejos de conllevar el sobreseimiento, provoca que los actos reclamados al Buró de Crédito de mil novecientos noventa y seis a la fecha sean inconstitucionales. Como a Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les reclamé los mismos actos que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es evi171

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dente que si esta última omitió rendir su informe justificado, como el propio juez federal lo consideró, tales actos se tienen por presuntivamente ciertos. Como consecuencia con tal presunción se demuestran los actos reclamados a las primeras dos autoridades mencionadas Finalizo estos agravios diciendo que demostrada la existencia de los actos reclamados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe concedérseme el amparo porque ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tales autoridades tengan facultades para crear un Buró de Crédito. En consecuencia, al carecer de facultades constitucionales para emitir el acto y no justificar contar con facultades legales, sus actos resultan inconstitucionales en sí mismos. En el siguiente agravio impugno que el juez federal señalara que las cámaras de diputados y de senadores, rindieron sus informes justificados. En efecto, la primera está representada por el Presidente de la mesa directiva y no está representada por el Director General de Asuntos Jurídicos. Esta última persona fue quien rindió el informe. En consecuencia, dicha cámara no rindió su informe justificado. Por lo que se refiere a la Cámara de Senadores, ésta 172

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está representada por el presidente de la mesa directiva; en consecuencia, el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos carece de personalidad para rendir el informe justificado. Por tal motivo el juez de distrito no podía tener por rendido este informe. Por lo que se refiere al sobreseimiento en relación con disposiciones legales derogadas, vuelvo a indicar que desde que plantee mi demanda de garantías, establecí que estos actos los reclamaba porque la información que obtuvo el Buró de Crédito respecto de mi persona, fue durante la vigencia de estas disposiciones, y con base en tal información, sigue emitiendo reportes de crédito que me perjudican. En este orden de ideas, si el problema a dilucidar era si los actos que se hicieron al amparo de tales disposiciones, siguen produciendo sus efectos jurídicos; es evidente que el juez de distrito no podía decretar el sobreseimiento por cesación de efectos, ya que tal cuestión era materia del fondo del asunto conforme a jurisprudencia definida de nuestro más alto tribunal. Consecuentemente, resulta contrario a derecho y a las constancias de autos que el juez de distrito sostenga que tales disposiciones legales no me ocasionaron perjuicio, ya que como quedó acreditado, la información que obtuvo el Buró de Crédito de mis cuentas y comu173

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nicaciones comerciales fue al amparo de tales normas derogadas. Además, el hecho de que tales normas, sean sustituidas por otras normas, y se permita que subsistan actos de la autoridad surgidos al amparo de normas derogadas, presenta un problema de retroactividad que también fue planteado en la demanda, el cual no se analizó. Continuó controvirtiendo la causal consistente en que no acredité mi interés jurídico. Hago valer que el juez de distrito no motivó el sobreseimiento, pues se concretó a decir que no acredité mi interés jurídico y que no aporté pruebas suficientes que lo acreditaran. Sin embargo, en ninguna parte de la sentencia hay un análisis de mis pruebas, es más, ni siquiera las menciona en los resultandos, mucho menos en los considerandos, lo que implica que el juez de distrito no estudió las pruebas con las que acredité mi interés jurídico. Por tal motivo, toca a este alto tribunal entrar al análisis de todas y cada una de mis pruebas para determinar, con fundamento en ellas y analizando mis conceptos de violación, si los actos del Buró de Crédito afectan o no mis intereses jurídicos y violentan mis garantías constitucionales. Con relación a que el Buró de Crédito no es autoridad, sostengo que solicité amparo porque esta sociedad, conforme a la Ley que Regula las Sociedades de 174

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Información Crediticia, tiene atributos de autoridad. Por tanto, es incongruente que el juez de distrito resuelve que no puede analizar si la ley le confiere atributos de autoridad a dicho Buró de Crédito porque el mismo no es una autoridad. Otro agravio para sostener que el juez de distrito violó la Ley de Amparo, ya que sin precisar los actos reclamados, ni motivar correctamente su resolución, ni resolver la cuestión efectivamente planteada, decidió sobreseer respecto de los actos reclamados al Buró de Crédito, sin advertir que el problema de fondo era precisamente analizar si los actos de dicho Buró de Crédito reunía o no las características de actos de autoridad. Vuelvo a refutar el sobreseimiento con relación al Buró de Crédito sosteniendo que el artículo 16, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la garantía de privacidad, pues establece que las comunicaciones privadas son inviolables. El constituyente no distinguió que tipo de comunicaciones, por lo que debemos entender que todas. Con base en esta garantía, el historial crediticio de una persona es parte de los derechos de la privacidad, ya que nadie puede enterarse de las comunicaciones de una persona. Por tal motivo, si la ley autoriza la creación del Buró de Crédito, que tiene como finalidad al175

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macenar y procesar todas las comunicaciones comerciales de las personas, es evidente que está vulnerando las garantías individuales de los gobernados y por tanto, sus actos revisten el carácter de autoridad. En otras palabras, si el Buró de Crédito se dedica a almacenar las comunicaciones comerciales de las personas, está violando el artículo 16 de la Constitución Federal, pues cuando el constituyente otorgó la garantía de que “las comunicaciones privadas son inviolables”, no realizó ninguna distinción. En consecuencia, si el constituyente no distinguió que tipos de comunicaciones eran inviolables, es evidente que nosotros no podemos distinguir y cualquier comunicación comercial resulta inviolable. En este orden de ideas, si la ley autoriza al Buró de Crédito a recopilar comunicaciones comerciales, es evidente que la ley está autorizando a un ente particular a realizar actos de autoridad que violan garantías individuales, pues la ley autoriza a que las comunicaciones comerciales sean procesadas por un Buró de Crédito. También hago valer como agravio que al rendir su informe justificado el propio Buró de Crédito reconoció que vende la información que obtiene de otras empresas y que no es responsable de tal información que obra 176

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en su base de datos porque la información no es suya, pues es responsabilidad de las empresas que se la dieron. Como puede apreciarse, resulta incongruente que el Buró de Crédito pueda vender algo que no le pertenece. Esta incongruencia está en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Sin embargo, conforme a derecho nadie puede vender lo que no es de su propiedad, y el que vende algo es responsable del objeto de la venta. En consecuencia, si el Buró de Crédito tiene facultades para vender, está obligado a responder de la información que vendió y si la Ley en lugar de hacerlo responsable de esta información lo vuelve irresponsable resulta una Ley violatoria de garantías que no puede tolerarse en un estado de derecho. Como vigésimo agravio sostengo que resulta incongruente que el juez de distrito diga que el Buró de Crédito no tiene responsabilidad de la información que tiene en su base de datos, porque los responsables son los bancos, a quiénes debí reclamarles tal información, pero antes de hacer este razonamiento, el juez federal decidió sobreseer respecto de los actos que le reclamé a los bancos, bajo el argumento de que éstas no son autoridades. Como se aprecia, el proceder del juez federal es in177

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congruente porque sobresee respecto de los actos que posteriormente admite que me perjudican, y con base en ese sobreseimiento decide sobreseer respecto de los actos que reclamé al Buró de Crédito porque éste no es responsable de la información que recibió de los bancos. Tal proceder me deja en total estado de indefensión y resulta denegatorio de justicia. Como el sobreseimiento decretado a favor del Buró de Crédito es la parte medular de la sentencia, decido seguir formulando agravios. Si bien al declarar fundado cualquiera de los expuestos se revocaría la sentencia de sobreseimiento; también la sentencia puede confirmarse por diversa causal. Por eso es conveniente exponer todos los argumentos para evitar que la sentencia se confirme. Pensando de esta manera, expongo como agravio que el juez de distrito sobreseyó porque consideró que el Buró de Crédito no es autoridad, pero en el mismo considerando reconoció que dicho buró tiene que contar con la autorización del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto es, el propio resolutor federal acepta que el Buró de Crédito sólo puede funcionar cuando tiene la autorización de tres autoridades, no obstante, 178

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decide sobreseer porque se trata de un ente privado. Otro más, aunque pueda resultar repetitivo. El juez de distrito estableció que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negaron haber autorizado la creación del Buró de Crédito, más adelante sostuvo que dicho Buró de Crédito necesita contar con tales autorizaciones. Tal incongruencia es suficiente para revocar la sentencia sujeta a revisión y concederme el amparo, ya que el propio juez está reconociendo la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Un nuevo agravio en el sentido de que el juez de distrito se basó en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para resolver que las labores que realiza el Buró de Crédito no me causan perjuicio, a pesar de que estoy impugnando que esta ley es inconstitucional. En consecuencia, el juez federal no puede decirme que la ley no es inconstitucional porque determinados artículos de la ley establecen las facultades del Buró de Crédito, ya que precisamente son estas facultades las que estoy impugnando de inconstitucionales. De otra manera, impugno que una ley es inconstitucional y el juez de distrito me sobresee con base en disposiciones de la propia ley cuya inconstitucionalidad estoy demandado. 179

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Tal proceder resulta incongruente, ilógico, antijurídico y denegatorio de justicia, ya que impugno una ley porque viola mis garantías constitucionales y el juez federal, en lugar de analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobresee basándose en disposiciones de la ley que tacho de inconstitucional. Otro argumento más, es que las leyes reclamadas son actos de autoridad, sin embargo, si tales leyes sólo regulan entes privados, como consideró el a quo federal, la consecuencia de ello es que tal ordenamiento sólo va a ser aplicado por particulares y la autoridad jamás podrá aplicarlo. En consecuencia, de admitir el criterio del juez de distrito, el legislador ordinario estaría facultado a vulnerar cualquier garantía individual, con el simple hecho de que para hacerlo facultara por ley a un ente privado, con lo que evitaría que los ciudadanos pudiéramos impugnar la ley mediante el juicio de amparo, ya que no existiría acto de autoridad que pudiera impugnarse. En efecto, si la ley reclamada únicamente regula a un ente privado, nadie podría reclamar la inconstitucionalidad de la ley que lo creó porque los actos que emite no son actos de autoridad, con lo cual se colocarían leyes por encima de la constitución, lo que es jurídicamente incorrecto. 180

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Por este motivo, entre mis conceptos de violación señalé que esta ley establece que los informes que emita el Buró de Crédito no tienen valor probatorio en juicio, lo que implica que el legislador ordinario, por una argucia legal, está colocando una ley por encima de la constitución y evitando que ésta pueda ser cuestionada ante el Poder Judicial. Lo anterior es así, porque si los actos que emite el Buró de Crédito no pueden ser cuestionados en juicio, porque conforme a la ley carecen de valor, es evidente que la inconstitucionalidad de este ordenamiento jamás podrá ser cuestionada. Un nuevo agravio es que los actos que reclamé del Buró de Crédito son actos de autoridad y constituyen el primer acto de aplicación de las normas jurídicas que estoy tildando de inconstitucionales. En mi ampliación de demanda de amparo señalé expresamente que recibí correspondencia proveniente de un banco donde establece que se me niega el crédito por estar en el Buró de Crédito. Con esto demuestro fehacientemente que el reporte de crédito que me fue enviado por correo electrónico ha sido enviado a otras personas, lo que vulnera mi garantía de inviolabilidad de las comunicaciones. De la misma manera, el Buró de Crédito reconoce 181

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que recopila, almacena, procesa, analiza y vende información, pero dice que no puede categorizar a las personas, sin embargo, en la página web que tiene en Internet claramente señala que se trata de una “lista negra”, de ahí que no puede admitirse que ella no decide a quien poner o no. Por este motivo, al tener una “lista negra” está modificando mi situación jurídica. Penúltimo agravio, es que el Buró de Crédito, al rendir su informe justificado, aceptó que se constituyó el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco y dijo que fue con base en las disposiciones que emitió Banco de México, pero de la escritura constitutiva que aportó para acreditar su personalidad el representante del Buró de Crédito, no se desprende que esta sociedad haya contado con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni con la opinión de Banco de México, ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo que independiente de la inconstitucionalidad de las normas jurídicas reclamadas, lo cierto es que dicha sociedad no cumplió con las disposiciones legales y por lo mismo, no puede tener ninguna facultad que derive de la ley y sus actos deben ser nulificados por medio del presente juicio de amparo. El agravio final lo realizo en contra del sobreseimiento respecto de las leyes reclamadas porque, en primer lu182

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gar, analizó los actos de aplicación de la Ley y después su inconstitucionalidad. Sin embargo, existe criterio definido de nuestro más alto tribunal en el sentido de que para analizar la inconstitucionalidad de una ley, el orden que debe seguirse es al contrario. Primero debe analizarse la constitucionalidad de la Ley y después los actos de aplicación. Por tal motivo, el juez Federal violó la técnica que rige en el juicio de garantías al dedicarse a sobreseer en los primeros seis considerandos respecto de todos los actos reclamados, y una vez que hizo desaparecer todos los actos, a través de los sobreseimientos, sobresee respecto de la ley porque no hay acto de aplicación. El anterior proceder del juez resulta denegatorio de justicia, pues lejos de abordar el estudio del problema jurídico planteado, se dedicó a dividirlo para buscar causales de improcedencia, que supuestamente se actualizan, por cada uno de los actos reclamados y de esta manera dejó de analizar el problema de inconstitucionalidad planteado desde la demanda. En ciento veintidós hojas expuse los agravios anteriores.

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LA CUADRAGÉSIMA QUINTA CLASE Alumno: Maestro, tengo una duda. Maestro: ¡Felicidades! ¡Yo tengo muchas! Si tú nada más tienes una, ya vas de gane. ¿No crees? Alumno: Tengo una duda con relación a la materia. Maestro: Insisto yo tengo muchas. Alumno: Mi duda es de la clase pasada. Maestro: Así ya cambia. ¿Cuál es tu duda? Alumno: Sobre los recursos. Vimos varios casos contra los que procede el recurso de queja; pero no entiendo contra que procede la reclamación y cuál es la diferencia de ésta, con la revisión. Maestro: Menos mal. Yo pensé que era algo grave. Les decía en la clase pasada que el amparo directo se tramita ante un tribunal colegiado de circuito. ¿Alguien recuerda como están integrados estos órganos jurisdiccionales? Alumno: Por tres magistrados. Maestro: ¿Cómo deben ser sus resoluciones? Alumno: De manera colegiada. Maestro: ¿Qué quiere decir colegiada? Alumno: Que son los tres los que deciden. Maestro: ¡Exacto! ¿Qué hace el presidente? 184

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Alumno: Se encarga del trámite. Maestro: ¿Qué es el trámite? No tantos… No se amontonen… Uno por uno… Ahí está el problema. No entendieron que es el trámite y en lugar de preguntar… seguí explicando y de no ser por su compañera que tuvo el valor de preguntar, se quedan con la duda y cuando necesiten impugnar un acuerdo del presidente de un tribunal colegiado no saben que hacer. “Partamos de los conocimientos que ya tienen. Son tres magistrados los que integran un tribunal colegiado. ¿Creen que sería práctico que las admisiones de la demanda, los requerimientos a la autoridad responsable, los turnos, las órdenes de emplazamiento, fueran dictadas y firmadas por los tres?” Alumnos: No. Maestro: ¿Quién lo hace? Alumno: El presidente. Maestro: ¿Quién nombra el presidente? Alumno: El Consejo de la Judicatura. Maestro: No. El Consejo de la Judicatura nombra a los magistrados, pero al presidente de cada tribunal colegiado lo nombran sus integrantes de entre ellos mismos al iniciar el año. Contra los autos que dicte este magistrado presidente, procede el recurso de reclamación, que resolverán los tres actuando como órgano colegia185

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do. ¿Quedó claro? Alumno: SÍ. Pero entonces, ¿la revisión contra que procede? Maestro: Contra las sentencias que en primera instancia dictan los jueces de distrito, y contra la sentencia de los tribunales colegiados que analizan problemas de inconstitucionalidad. Alumno: ¡Eso es lo que no entiendo! Maestro: Es un poco difícil. Lo que sucede es que el amparo directo fue creado como un juicio de una sola instancia que se tramitaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, nuestro máximo tribunal quedó como tribunal de constitucionalidad y los tribunales colegiados ocuparon el lugar de la corte en los problemas de legalidad. De manera que podemos establecer que la revisión es la segunda instancia de un juicio de amparo. En amparo directo donde por regla general se discuten problemas de legalidad, concretamente la exacta aplicación de la ley, por parte de una autoridad jurisdiccional, la revisión procede únicamente si hay un problema de constitucionalidad. Alumno: ¿Qué actos son estos? Maestro: Muy sencillo. Los actos jurisdiccionales son los juicios. Tú demanda ante un juez o ante una junta o ante un tribunal administrativo. El demandado contesta 186

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ofrecen pruebas, se oyen alegatos y finalmente se dicta sentencia, la cual puede ser apelada. Contra esta sentencia procede el amparo directo. Alumno: ¿Y de esta revisión contra una sentencia de amparo en la vía directa conoce la Suprema Corte de Justicia? Maestro: Sí, siempre que en la demanda de amparo se haga valer la inconstitucionalidad de una ley y el tribunal colegiado se pronuncie al respecto. Pero también procede el recurso de revisión contra la sentencia que dictan los jueces de distrito en los juicios de amparo en la vía indirecta, cuando se reclama la inconstitucionalidad de leyes. De este recurso de revisión conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras palabras cuando el juez de distrito o el tribunal colegiado dictan una sentencia en al amparo indirecto o directo donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley, procede el recurso de revisión ante la corte. Alumno: Entonces, ¿por qué nos dijo que en algunos casos los tribunales colegiados conocen de la revisión cuando se está impugnando una ley de inconstitucional? Alumno: Tengo la misma duda. Yo leí la Ley de Amparo y no establece ningún caso en que los tribunales colegiados conozcan de una revisión donde se reclame 187

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la inconstitucionalidad de una ley. Alumno: Los libros que nos recomendó como bibliografía no dicen que los tribunales colegiados puedan conocer en revisión de inconstitucionalidad de leyes. Maestro: ¡Bueno! Parece que ya les interesó la materia. ¡Los felicito! ¿Qué dijeron? El maestro se equivocó. Pero les falló. Es verdad todo lo que dicen. La Ley de Amparo no establece ningún caso en que un tribunal colegiado conozca del recurso de revisión en el caso de que se haya reclamado la inconstitucionalidad de una ley. Tampoco es un tema tratado por los autores. De hecho, es un tema que apenas tiene unos tres años de que surgió. “En las reformas constitucionales acaecidas en el golpe de estado de 1995, el constituyente permanente modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación.” Alumno: ¿Cuál golpe de estado? Maestro: Normalmente, consideramos un golpe de estado cuando el ejército desconoce que el presidente es su máximo jefe. En Perú, el presidente Fujimori, disolvió al congreso que en su opinión era corrupto. Esto también fue calificado como un golpe de estado, pues el poder ejecutivo disolvió al poder legislativo. En México sucedió algo parecido, ustedes son jóvenes y no re188

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cuerdan que durante 70 años todos los puestos de elección popular fueron ocupados por los miembros del PRI. En aquellos años el presidente enviaba una iniciativa de reformas a la constitución y ésta se aprobaba más pronto que rápido. Esto acabó el día que elegimos presidente a Vicente Fox, pues como los miembros del Congreso de la Unión ya no eran mayoría del partido del presidente, las reformas constitucionales ya no se hicieron al vapor. Desgraciadamente, para esta fecha nuestra Carta Magna había sufrido más de 400 reformas. Estoy convencido que si cualquiera de los constituyentes pudieran leer la constitución, no la reconocerían como la que aprobaron. “El último presidente que tuvo un Congreso de la Unión formado con la mayoría de los miembros de su partido fue Ernesto Zedillo, quien al tomar posesión del cargo envió una iniciativa de reformas a la constitución reestructurando al Poder Judicial de la Federación. Para comenzar redujo el número de ministros de 26 a 11 y creó el Consejo de la Judicatura. En esta reforma se dotó a la corte con facultad para emitir acuerdos generales con el fin de remitir los expedientes a los tribunales colegiados de circuito en aquellos casos en que hubiera sentado jurisprudencia, con el fin de desahogar la carga de trabajo. 189

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“Hasta aquí no existe problema, pues la corte en cada caso determinaría los asuntos, respecto de los cuales, no quiere conocer y los remitiría a los tribunales colegiados. El problema es que la Suprema Corte emitió un acuerdo en el que determinó que los tribunales colegiados son competentes para conocer del recurso de revisión cuando se reclama la constitucionalidad de una ley en los casos que enumera en el acuerdo.” Alumno: ¡Eso es lo que no entendí! La competencia de las autoridades está en la constitución y en la ley. ¿Puede estar en un acuerdo? Maestro: En mi opinión, la competencia no puede estar basada en un acuerdo. Sin embargo, ¿ante quién impugnarías el acuerdo? Alumno: En revisión. Maestro: Estas en el recurso de revisión. No procede revisión sobre revisión. Alumno: En reclamación. Maestro: El acuerdo fue dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue emitido por el presidente y por lo mismo no procede la reclamación. “El acuerdo en si no se puede impugnar, pero a lo mejor su aplicación sí. El auto del presidente del tribunal colegiado que admita la revisión puede impugnarse 190

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mediante el recurso de reclamación. En éste podemos alegar la incompetencia, pero una vez que el pleno del tribunal se declare competente para conocer del asunto, no existe ningún medio de defensa, incluso hay jurisprudencia en el sentido de que la determinación de un tribunal colegiado declarando su competencia con base en este acuerdo es inimpugnable.” Alumno: Pero, ¿Se puede hacer todo esto? Maestro: Ya se pudo. Alumno: ¿Pero es constitucional? Maestro: En mi opinión no. Pero, ¿ante quién promoverás el amparo? Alumno: ¿Cómo? Maestro: Los actos que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser cuestionados a través del juicio de amparo. Por lo mismo el acuerdo no puede impugnarse. Pero regresemos a la revisión y a la reclamación. Alumno: Ya entendí. La revisión abre la segunda instancia y los autos que se dicten en ésta pueden impugnarse mediante reclamación. Maestro: Mejor no pude explicarlo. ¡Muy bien! Alumno: Pero, entonces la competencia para conocer de la constitucionalidad de leyes depende exclusivamente de la corte. 191

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Maestro: Es pregunta o afirmación. Alumno: Afirmación. Maestro: Sí. Tienes razón. Con estos acuerdos la corte es soberana para dictaminar qué casos analiza y cuáles no. Y contra eso no se puede hacer nada. Alumno: Debe haber algún medio. Maestro: Ya terminó la clase. Pero a quién encuentre la manera de impugnar este acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablo de un medio de defensa jurídico, lo exento con diez. ¡Nos vemos la siguiente clase! Alumno: ¿Qué tiempo nos da para estudiar el problema? Maestro: Hasta un día antes del examen final.

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LA RECLAMACIÓN Tal y como lo sospechaba, el acuerdo del presidente del tribunal colegiado admitió el recurso de revisión; lo que no me imaginaba es que el auto me fuera notificado personalmente. Así que mi primo me llevó copia del auto que le notificaron. ⎯Aquí habla de un acuerdo que le da competencia. ¿Cuál acuerdo? ⎯Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la faculta a emitir acuerdos generales para remitir a los tribunales colegiados de circuito los asuntos en que haya sentado jurisprudencia, emitió un acuerdo donde establece de qué asuntos ya no quiere conocer, porque hay muchas jurisprudencias, por lo que su solución corresponde a los tribunales colegiados ⎯¿Se puede hacer eso? ⎯Ya se pudo. ⎯Pero ¿es jurídico? ⎯Así cambia la respuesta. El acuerdo no resiste ningún análisis, pues desde el punto de vista gramatical el acuerdo es para remitir, si checas el “tumba burros” re193

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mitir significa que se envía algo, lo que implica que ya se recibió. En cambio, el acuerdo ordena a los tribunales que ya no envíen determinados asuntos. “Conforme a una interpretación sistemática, la competencia para conocer del recurso de revisión en amparo donde el tema sea la inconstitucionalidad de una ley o reglamento, sigue siendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual no debe emitir un acuerdo, con base en la constitución, que vulnere otro precepto de tal constitución. “De acuerdo con una interpretación exegética, no podemos considerar que la intención del constituyente permanente al dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una facultad para remitir expedientes, tenga como fin vulnerar la constitución ¿o sí?” ⎯¿Entonces que hacemos? ⎯¿Hacemos? ⎯¿Qué vas a hacer? ⎯Impugnar el auto admisorio con base en el acuerdo. ⎯¿No vas a impugnar el acuerdo? ⎯No puedo. Mira, si bien jurídicamente no puede sostenerse el acuerdo, no hay manera de impugnarlo, pues se trata de un problema de competencia y ningún inferior puede sostenerle competencia al superior. 194

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⎯Entiendo, como los tribunales colegiados son órganos jurisdiccionales inferiores a la Suprema Corte, no pueden impugnar el acuerdo. ⎯Así es, y como el acuerdo lo emitió el máximo tribunal, no hay otro tribunal que pueda nulificarlo. ⎯¿Juicio político? ⎯Ya no quiero pensar en eso. Lo único que quiero es que se reconozca el derecho a la privacidad que tenemos todos los mexicanos. ⎯También te están requiriendo para que autorices la publicación de tu nombre en la sentencia que se emita. ⎯¿Qué?, ¡ya no leen los escritos! ⎯Sí, ya habías dado tu autorización. ⎯Ese va a ser mi primer agravio contra vicios formales. ⎯¿Cómo? ⎯Sí, la omisión de acordar la petición de la autorización, pues una vez realizada, el presidente del tribunal debe pronunciarse respecto de tal solicitud, es decir, debe acordarla o desecharla diciéndome por qué. Lo que no puede es requerirme a que dé una autorización que ya obra en autos. ⎯¿No puede? ⎯Está bien, no debe. ⎯Y todo ese rollo que te aventaste respecto a la 195

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procedencia del recurso ante la corte. Nada te dijo. ⎯Segunda violación formal. El presidente omitió analizar los fundamentos jurídicos y razones por los cuales el conocimiento de la presente revisión es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afortunadamente, con el uso de las computadoras puedo copiar rápidamente todo el capítulo de procedencia que realicé en el recurso de revisión y copiarlo al recurso de reclamación, para poner en evidencia, qué omitió analizar el presidente. ⎯¿Te lo tenían que analizar? ⎯Por los principios jurídicos y de justicia más elementales, las autoridades están obligadas a resolver sobre las peticiones, ¿o no? ⎯Sí, pero se trata de los magistrados. ⎯Igual, están sujetos a las leyes. Oye, ya viste que citaron mal el punto e inciso del acuerdo. ⎯¿A poco? ⎯Sí, pusieron punto quinto inciso A), pero dicho punto contiene cuatro fracciones y hay cuatro incisos A). Puedo alegar falta de fundamentación. ⎯Son los tribunales federales. ⎯Exacto, si ellos conceden el amparo por falta de fundamentación y motivación, incluso en autos de formal prisión, lo menos que pueden hacer es fundar sus 196

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acuerdos. ¿No crees? ⎯Recuerda que estamos en México. ⎯Mira, el mismo problema de todos los acuerdos, firma el presidente asociado por “el secretario de acuerdos”. ⎯¿Estás seguro? ⎯Mira, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es muy clara al establecer que las resoluciones del presidente de un tribunal colegiado deben ser firmadas junto con un secretario de acuerdos. Por definición gramatical firma es el nombre y apellido de una persona puesta de mano propia que esta pone con rúbrica al pie de un documento; en consecuencia, si al pie del documento no está el nombre de la secretaria de acuerdos, tampoco puede estar su firma. ⎯En términos lógicos y gramaticales así es, pero ¿también en lo jurídico será así? ⎯Claro que sí, de que te sirve una rúbrica si no tiene el nombre. El nombre es un requisito indispensable de una firma lo que conocemos como firmas, son las rúbricas que casi siempre son garabatos o escrituras mal trazadas, pero no pueden ser firmas. Es como decir que poner una raya es lo mismo que un nombre. ⎯¿Estás seguro? ⎯Claro que sí. El significado de una palabra no pue197

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de variar porque las personas lo desconozcan. Además, estamos frente a documentos oficiales que necesitan que un funcionario los avale con su firma y en ésta debe obrar el nombre. ⎯Y con esos argumentos crees que te revoquen el auto. ⎯No, esos son agravios para controvertir vicios de forma. Faltan los agravios respecto del fondo. ⎯¿Cuáles van a ser? ⎯Primero, que el presidente dijo que tenía competencia legal, pero se funda en un acuerdo, lo que quiere decir que su competencia no nace de la ley, sino de un acuerdo. Por diferencias ontológicas no es lo mismo, la ley que el acuerdo; pues aquélla emana del Congreso de la Unión y éste de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ⎯¿Estás seguro? ⎯Claro, revisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y dime dónde establece la competencia de un tribunal colegiado para que conozca del recurso de revisión en un juicio de amparo donde el acto reclamado sea la inconstitucionalidad de una ley. ⎯Sí, tienes razón. 198

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⎯Además, si te fijas, el presidente del tribunal colegiado está interpretando a la inversa el acuerdo. ⎯¿Por qué? ⎯El acuerdo dice que la resolución no debió pronunciarse en relación con la constitucionalidad por haberse sobreseído; y él lo interpreta que por haberse decretado el sobreseimiento, no existe pronunciamiento respecto a la constitucionalidad. ⎯Barájamela más despacio. ⎯El requisito de competencia para un tribunal colegiado es que el juez de distrito no se pronuncie respecto del fondo. En el presente caso el problema principal era determinar si el Buró de Crédito era autoridad o no; motivo por el cual si el juez de distrito para sobreseer dijo que no era autoridad existió pronunciamiento respecto del fondo; con independencia del sobreseimiento. En consecuencia, no se actualiza el supuesto del acuerdo. ⎯¿Estás seguro? ⎯Sí, mira, conforme a las propias jurisprudencias que invoqué en mi recurso, el juez de distrito no podía sobreseer porque la causal de improcedencia tenía íntima relación con el fondo. “Ahora, el acuerdo de la corte no puede prever que haya jueces que no acaten su jurisprudencia; es por eso por lo que la sentencia que dictó el juez de distrito no se 199

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ubica en ninguno de los supuestos del acuerdo, pues respecto del Buró de Crédito no existe ninguna jurisprudencia.” ⎯Con este agravio creo que puede revocarse el auto. ⎯Todavía tengo dos más. ⎯A ver. ⎯Los dos son problemas lógicos. Si el tribunal colegiado declara su competencia, está prejuzgando con el fondo del asunto, pues está determinando que el juez de distrito no se pronunció respecto del fondo. ⎯No entiendo. ⎯El problema que planteo en la presente reclamación es determinar si el juez de distrito se pronunció o no respecto del fondo del asunto, pues es la única manera de mantener su competencia, pero esta circunstancia no puede hacerla porque es materia de fondo y entonces estaría prejuzgando, lo que ocasionaría que incurrieran en responsabilidad. ⎯¡Tanto así! ⎯Sí, por eso creo que lo más sano para los magistrados es remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ⎯¿Cuál es el segundo? ⎯Primero, termino con éste, si el tribunal declara in200

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fundada la reclamación aceptó su competencia y para mantenerla debe confirmar el sobreseimiento, lo que implica que resolverían en la reclamación, la materia de la revisión, lo que no es jurídicamente posible. En efecto, en el presente asunto el sobreseimiento y el fondo están íntimamente relacionados; en consecuencia, si el tribunal considera que el sobreseimiento es incorrecto, para hacer esto tuvo que resolver el fondo; por tal motivo, invadiría la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando impedido legalmente a remitir los autos al más alto tribunal. ⎯¿El segundo? ⎯Recuerda que realicé una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, la única que puede desecharla es la autoridad a quién va dirigida. ⎯Tienes toda la razón. ⎯Además, para facilitar la resolución de la reclamación y el envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, voy a acompañar a la reclamación un CD, donde consta en formato “Word 97”, “rtf” y “solo texto” los archivos de la demanda de amparo, de la aclaración, de la ampliación, de la impugnación de los informes justificados de las autoridades responsables, los escritos de ofrecimientos de pruebas, el recurso de revi201

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sión y del recurso de reclamación. ⎯¿Para qué? ⎯Para facilitar el trabajo. Por lo menos la oficial judicial que se encarga de transcribir los recursos me lo agradecerá. ⎯¿Cuándo tendrás el recurso? ⎯Mañana mismo. Al conocer el fallo de la reclamación, por parte del tribunal colegiado de circuito, comprendí que el asunto estaba perdido y que la única posibilidad que tenía de obtener justicia era llevar el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿o no? Los magistrados en 69 hojas me dijeron lo siguiente: La primera hoja fue el resumen de lo acontecido en el juicio, es decir, la presentación del recurso de revisión, el auto admisorio y la interposición de la reclamación. Las siguientes 52 hojas fueron la transcripción del auto recurrido y de mis agravios. Otras 3 hojas para resumir mis agravios y en las 12 restantes comenzaron el estudio de los mismos. Después de resumir de nueva cuenta mis agravios; por lo que hace a la omisión de acordar mi autorización de que mi nombre apareciera en la sentencia, tesis o jurisprudencias que emitieran, me dijeron: 202

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Que era infundado porque: “…si todavía no existe resolución firme acerca de que si este tribunal colegiado es o no competente para conocer o no de la revisión, pues tal aspecto incluso lo cuestiona el inconforme en sus agravios, es obvio que primero este tribunal debe resolver en su oportunidad, al emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión si tiene o no tal competencia y, si es así, entonces se determinará lo procedente acerca de tenerse por hecha la manifestación del recurrente, por lo que la falta de acuerdo expreso en tal sentido no lo agravia, ya en el caso de que este órgano colegiado decida en su oportunidad que no es competente, no puede tenerse por hecha esa autorización, precisamente por carecer de competencia para conocer de la revisión”. Me surgen varías dudas: si no podían acordar mi asentimiento con la publicación de datos, ¿por qué se me requirió para que la realizara?; ¿cuál es el momento para determinar la competencia cuando ésta se cuestiona?; ¿el recurso dónde se cuestiona?, o ¿cuándo tenga que declararse competente para conocer del asunto cuestionado? Con relación al agravio de que no se citó correctamente el artículo del acuerdo; el tribunal me dijo que: “…en el punto quinto del mismo, únicamente existe un 203

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inciso marcado o identificado con el inciso A)…” El acuerdo a que se refiere dice: “QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: “I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los jueces de distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: “A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. “Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba 204

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conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia;... “C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de las mismas, si resulta innecesaria la intervención de la Suprema Corte por no darse ninguno de los casos precisados en los puntos primero y segundo de este acuerdo, como los que de manera ejemplificativa se enuncian a continuación:... “3. En materia administrativa, cuando el tema esencial de fondo sea: “a) Práctica de una visita domiciliaria; “b) Multas y arrestos administrativos; “c) Procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes; “d) Procedimiento administrativo de ejecución; “e) Afectación de la actividad de los concesionarios del servicio público de transporte; “f) Cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública; y “g) Fianzas...” Supongo que yo debo entender que se trata del inciso A) de la fracción 1 y que el inciso a) de la fracción 3 no importa. Por lo que se refiere a que el tribunal carece de 205

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competencia legal porque fundó su competencia en un acuerdo y no en una ley; los magistrados me dijeron que: “…en el análisis que se hace al auto reclamado, que es a lo que debe constreñirse esta resolución, no se advierte que este tribunal colegiado sea incompetente, dado que, por regla general, de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias de sobreseimiento dictadas por jueces de distrito en la audiencia constitucional, corresponde conocer a los tribunales colegiados, sin que este tribunal se adentre por ahora, a resolver en forma definitiva sobre su alegada incompetencia, porque sobre la misma habrá de pronunciarse el Pleno del Tribunal al dictar la resolución que debe recaer al recurso de revisión”. En otras palabras, yo no puedo impugnar el auto que determinó la competencia del tribunal, pues ésta será determinada por el tribunal cuando falle el asunto (decir resuelva sería un eufemismo) y yo no pueda impugnarla. Ahora sí, me siento en total estado de indefensión. Sin embargo, al leer la contestación con respecto a la omisión de estudiar las razones para que el recurso de revisión fuera competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que quedaron transcritas en trece 206

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hojas de la sentencia, me sentí como niño de cinco años, al que sus padres le contestan: “porque lo digo yo, por eso”, sin que el infante tenga ninguna posibilidad de réplica, ya que los magistrados se limitaron a decir: “…es infundado el argumento expuesto, porque al darse cuenta al Presidente de este tribunal colegiado con el escrito en el que se interpone el recurso, y destaca el acuerdo relativo, en el que se sostiene que este tribunal es competente para conocer de dicha revisión, de esta manera, se dio respuesta a los argumentos a que alude el recurrente; es decir, si el inconforme expuso que este órgano colegiado es incompetente para conocer de la revisión y en el auto reclamado se expresan los motivos y preceptos legales para sostener lo contrario, es claro que con esos motivos y fundamentos se dio respuesta a los aludidos por el inconforme…”. ¡Y no vuelvas a preguntar!, porque ya se te contestó, omitieron decir, pero a estas alturas del juicio, ya puedo entender todo lo que quieren decir. Pero nada me preparó para lo siguiente, estos magistrados me dijeron: Que la ley “…no exige que debe hacerse constar el nombre del secretario de acuerdos que firme con el magistrado presidente; pues únicamente indica como atribución del presidente, que firme las resoluciones del 207

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tribunal con el magistrado ponente y secretario de acuerdos, esto es, que consten sus firmas, se insiste, mas no sus nombres. “Además, es un hecho público y notorio que en la práctica forense es común estampar como firma el nombre, el nombre y apellidos, una simple rúbrica o cualquier otra escritura distintiva y propia de quién firma; es decir, que existe liberalidad acerca de la forma en que firma cada persona, por lo tanto, la firma de una persona, en la práctica, puede hacerse de muy diversas maneras, lo que aunado a que no existe una norma jurídica que obligue a que la secretaria de acuerdos de este tribunal deba asentar su nombre y apellidos al imprimir su firma, hace infundado el agravio en el que se sostiene lo contrario. “No obsta para lo anterior lo que alega el recurrente con base en la definición del diccionario que cita; pues debe tenerse en cuenta que la misma podría ser aplicable en el lenguaje común, pero no constituye un ordenamiento jurídico obligatorio para los particulares ni para las autoridades, incluido este órgano colegiado, además de que, como se ha señalado, dicha definición está en contra de la forma en que generalmente firman los gobernados y las autoridades, que, como se ha mencionado, lo hacen escribiendo de su puño y letra los 208

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rasgos distintivos de su elección, por lo que en ese sentido también debe decirse, que firma, como irónicamente lo aduce el recurrente, puede ser cualquier garabato, puesto que por uso y costumbre, cada persona tiene la firma que decide, y esto se debe a que al respecto no existe una norma jurídica que imponga el deber de firmar en determinada forma.” ¡Ezta rrezpuezta mhe dego vruto! Para eztoz MAJESstrados el dixionario no ez norrma ke loz ovlige. Ez desir qe podemoz ezkrivir komo noz dhe lha jana, puez la lei no dyse qe devamos ezkryvyr vyen, cin faltaz dhe orrtografía. Lha firrma ez el nomvre prohpio i lha rruvrica, perro puhede cer que zólo cea la rrúvrica, sin el nomvre, dephemde de la práktica. El provlema ez ke una rrúvrica no es atrivuivle a naiden. Respecto de los demás agravios los magistrados se limitaron a decir que eran “…infundados en parte e inoperantes en los demás…” porque el presidente citó los preceptos legales que le confieren competencia y citó el acuerdo que faculta a los tribunales a emitir la resolución correspondiente, ya que de la lectura de la sentencia recurrida se advertía que se actualizaban causales de improcedencia. “…Y si bien, al dictarse en el recurso de revisión la resolución que corresponda, pudiera llegar a concluirse que el juez de distrito en alguna parte 209

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de su fallo no se percató de que una o varías de las causales de improcedencia están involucradas estrechamente con cuestiones de fondo, por lo que debió desestimarla o desestimarlas; no menos cierto es que como el auto en el que se admite el recurso de revisión, es un acuerdo de mero trámite, en el que el examen que se hace es preliminar, al no causar estado ese auto, el tribunal colegiado actuando en Pleno, está facultado, en forma válida, para reexaminar si es competente o no para conocer de la revisión; por ello, en el auto de inicio, únicamente se provee sobre su admisión o desechamiento, sin hacer pronunciamiento respecto a las cuestiones que tienen que ver con el fondo de lo planteado en el recurso que están sujetas a lo que se resuelva en su oportunidad respecto del mismo. “Por lo tanto, los argumentos en los que el inconforme alega que este tribunal es incompetente y por lo mismo debe conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos por ahora deben desestimarse, porque en el recurso de reclamación no debe emprenderse en definitiva tal estudio, pues éste es propio en la resolución que se dicte por el Pleno de este tribunal colegiado una vez que se dé trámite, se liste y decida lo que proceda en el recurso de revisión hecho valer.” Me citan una jurisprudencia emitida por la otrora 210

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Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: “RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE”. Y concluyen diciendo: “Por otra parte, la falta de acuerdo expreso a la petición de que el presente asunto debe ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no le agravia, porque si está sub júdice la determinación definitiva acerca de que este tribunal es competente o no para conocer del mismo, sólo en el caso que decida que es incompetente legalmente para ello, podrá remitirse el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” Después de terminar de leer, comprendí que ante este tribunal el asunto estaba irremediablemente perdido. Los magistrados no iban a revocar la determinación de declararse competentes (atribución legítima de los magistrados para la resolución del asunto) a pesar de que les demostrara que eran incompetentes (faltos de conocimientos), pues para sostener su “criterio” era suficiente que dijeran que por el momento no era procedente resolver mis agravios o que los mismos no eran procedentes, aunque sin explicar por qué.

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LA ÚLTIMA CLASE Maestro: Hoy es la última clase. Pasado mañana es el examen, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Alumno: Maestro, ¿es difícil litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Maestro: Antiguamente bastaba que impugnaras una ley de inconstitucional cubriendo los requisitos que establecía la corte en su jurisprudencia para que pudieras llevar el asunto al máximo tribunal. En la actualidad, con el acuerdo que delega la competencia a los tribunales colegiados de circuito se vuelve casi imposible. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la tarea que dejé? “Supongo que no. Yo les dije que a quién me dijera la manera jurídica de impugnar el acuerdo de la corte que delega competencia a los tribunales colegiados de circuito para conocer de asuntos donde el quejoso impugnó la inconstitucionalidad de una ley, ¿recuerdan? Ofrecí un diez para el que me diera la respuesta. “Nadie investigó, bueno, aunque hubieran investigado no hay solución posible y para demostrárselos les voy a contar un caso práctico sobre una persona que intentó llevar ante la corte el recurso de revisión contra una sentencia de sobreseimiento. 212

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“Una persona impugnó la ley que regula al buró de crédito. El problema que planteo en su demanda fue que el buró de crédito, por las características que la ley le otorgó se convertía en una autoridad. El juez de distrito decidió sobreseer porque el buró de crédito no era autoridad conforme a la ley.” Alumno: ¿Cómo? Cuando las causales de improcedencia tienen íntima relación con el fondo debe entrarse a analizar el fondo. Usted nos lo dijo. ¿No es cierto? Maestro: Yo les cité la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tienes razón, pero déjenme continuar con la historia. “Contra esta sentencia interpuso recurso de revisión que dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explicó por qué procedía el recurso. Básicamente porque el juez al sobreseer resolvió el fondo del asunto y no existía jurisprudencia con relación al buró de crédito. ¿Adivinen a donde remitió el recurso el juez de distrito que iba dirigido a la corte?” Alumno: Pues a la corte. Maestro: No. Lo dirigió al tribunal colegiado de circuito. ¿Adivinen que hizo el presidente del tribunal? Alumno: Lo remitió a la corte. Maestro: No. Lo admitió. El litigante hizo valer recurso de reclamación aduciendo violaciones formales y de 213

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fondo. Básicamente planteo los problemas de que el acuerdo que delega competencia está en contra de la constitución y de la ley, y que el tribunal para conocer del asunto debe ser competente y que para mantener su competencia debe confirmar el sobreseimiento, pues de otra manera sería incompetente. Sin embargo, los magistrados confirmaron el auto admisorio. ¿Qué otro recurso puede hacerse valer contra la declaración de competencia? Alumno: Podría ser un incidente de incompetencia. Maestro: Es una idea jurídica. ¿Recuerdan ante quién se promueve este incidente? Alumna: La incompetencia por declinatoria se presenta ante el tribunal que se estima incompetente y la inhibitoria se presenta ante el órgano jurisdiccional que se estima competente. Maestro: ¡Muy bien! Están listos para el examen. Regresando al relato. El incidente de incompetencia por declinatoria fue desechado por el presidente del tribunal colegiado, diciendo que, cito: ‘…no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por las razones que enseguida se exponen…’. Transcribió los artículos que establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisión donde subsista el problema de constitucionalidad y con214

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tinuó: ‘…para que pueda presentarse un conflicto competencial, que deba resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester la existencia de dos tribunales de circuito en el que uno de ellos conozca de un juicio de garantías, de la revisión o de cualquier otro asunto en materia de amparo, y que al estimar que con arreglo a la ley no es competente para conocer de él, lo declare así y envíe los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que en su concepto lo sea y en caso de que éste considere que es incompetente, comunique su resolución al tribunal que se haya declarado incompetente, remitiendo los autos a la Superioridad; es decir, debe existir una negativa a aceptar la competencia propuesta e insistir en que el competente es el tribunal que originalmente se declaró incompetente, para que se dé el conflicto competencial…’ circunstancias que no acontece porque ‘…el incidente planteado no reúne los requisitos…’ pues como esta persona ya interpuso reclamación y ésta fue resuelta concluye que ‘…sin que ello implique que deba desestimarse su alegada incompetencia, porque sobre la misma habrá de pronunciarse el Pleno de este Tribunal, al momento de dictar la sentencia correspondiente en el presente recurso de revisión…’ y ordena glosar ‘…los autos originales del juicio de amparo indirecto… en dos tomos, para los efectos legales 215

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procedentes…’.” Alumno: Es que debió tramitar la inhibitoria. Maestro: También presentó el incidente de incompetencia por inhibitoria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, narró hechos, expuso argumentos, ofreció pruebas. Nada más para que se den una idea. El incidente de incompetencia tenía 63 hojas y debe presentarse con 18 copias; lo que da un total de 1134 copias y 236 hojas de las pruebas. Adivinen que hizo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alumno: ¿Se la desechó? Maestro: ¡Qué comen, qué adivinan! Sí, desechó: ‘…por notoriamente improcedente el incidente…’ porque no existe ningún precepto legal que autorice a los pobres mortales para promover la incompetencia por inhibitoria, salvo el caso de la elección de la vía que prevé el artículo 56 de la Ley de Amparo. Alumno: ¿Ahí acabó el asunto? Maestro: No. Como también solicitó el ejercicio de la facultad de atracción y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: ‘…hágase saber al promovente, que conforme al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene expedito su derecho para formular la misma solicitud ante los demás integrantes de este Alto Tribunal, a fin de que 216

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si alguno lo estima pertinente, haga suya la petición de ejercicio de la facultad de atracción prevista en el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo…’. Maestro: ¿Qué hizo? Alumno: Muy simple, formulé una petición a cada uno de los ministros donde expuse: el precepto constitucional que me faculta a realizarla, narré el acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuse los antecedentes, es decir, narré todo lo que pasó en el juicio, señalando el expediente donde obran las pruebas que demuestran mi dicho. “Primero, narré el tiempo que llevó mi juicio: ‘Tengo un año y medio de solicitar justicia ante los tribunales federales’. Después expuse las razones por las que solicité amparo: ‘porque consideré que no podía tolerarse que los bancos intercambiaran información y vulneraran la privacidad de las personas mediante la ley que creó al Buró de Crédito, ya que la privacidad es un derecho elemental y está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. “Establecí los requerimientos que cumplí a lo largo del juicio y las diversas anomalías que ocurrieron en el procedimiento: ‘Durante ese tiempo cumplí requerimientos del juez de distrito en el sentido de que precisara el domicilio de las autoridades responsables y quiénes son 217

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los titulares de las mismas, que proporcionara el domicilio del tercero perjudicado, porque si bien el domicilio donde se constituyó el actuario es el del banco, ahí no reciben notificaciones; impugné informes que no fueron rendidos por el funcionario que conforme a la ley tiene la representación de la autoridad y al fallar el juez federal no tomó en cuenta tales impugnaciones. Fui testigo de que los actuarios que asientan las razones de notificación no escriben su nombre y que al intentar nulificar una notificación con estas características, primero el juez de distrito y después los magistrados de circuito me dijeron que esta formalidad no importaba’. “También narré como el juez y los magistrados no hicieron caso de las jurisprudencias que cité a lo largo del juicio: ‘He citado jurisprudencia definida de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el juez de distrito y ante los magistrados de circuito, solicitando su aplicación y exponiendo las razones por las que considero aplicables y en respuesta los órganos jurisdiccionales han citado tesis en sus resoluciones, sin expresar correctamente los datos de publicación y sin decirme porqué las que invoqué no son aplicables’. “Manifesté las incongruencias más grandes cometidas en las resoluciones: ‘Durante el transcurso del juicio de amparo se me ha dicho que la obligación de citar 218

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correctamente la jurisprudencia sólo es para el quejoso y no para la autoridad, que la firma es un garabato, que el auto de presidencia es revocable, pero no mediante una reclamación, sino exclusivamente cuando el pleno lo determine, que no es obligatorio el uso del diccionario, etcétera’. “Al recordar todo lo que aconteció en el juicio de amparo, me doy cuenta de que resulta agotador solicitar justicia en mi país y así lo manifesté: ‘Me encuentro cansado de formular peticiones, fundarlas, apoyarlas en razonamientos, proponer interpretaciones, impugnar acuerdos, impugnar informes, aducir razones, citar la ley y la jurisprudencia y no obtener una respuesta jurídica por parte de los órganos que imparten justicia.’ “Para que quede constancia, narré cuáles fueron mis dos últimos recursos: ‘Mis últimos recursos jurídicos para que este asunto fuera del conocimiento de este alto tribunal fue promover un incidente de incompetencia por inhibitoria y ejercer mi derecho de petición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación’; y la suerte que corrieron: ‘Ambos recursos fueron desechados por improcedentes mediante un auto de presidencia de fecha …, el que me fue dado a conocer por conducto del… Tribunal Colegiado… de Circuito mediante una transcripción plagada de comillas que dificultan la lectura’. 219

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“Volví a leer la resolución que me notificaron y me di cuenta de que nadie puede protegerme de la ignorancia y de la prepotencia: ‘Aun cuando ya sé que para dicho… Tribunal Colegiado… de Circuito, no existe ordenamiento legal que lo obligue a utilizar el diccionario; sin embargo, recibir resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde existen faltas de ortografía en los signos de puntuación me preocupa, pues ni siquiera tengo un medio de defensa legal que me proteja contra la falta del uso del diccionario, es decir, ninguna ley puede protegerme de la ignorancia’. “Me doy cuenta que para el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo mismo actuar con un secretario de acuerdos, que con subsecretario de acuerdos: ‘En dicho auto de presidencia, (donde quién dio fe de la actuación fue el subsecretario de acuerdos, aun cuando conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código Federal de Procedimientos Civiles, quién debió dar fe era el Secretario de Acuerdos. Ignoro si existe un acuerdo donde se deleguen facultadas del secretario al subsecretario), básicamente se desechó mi recurso, por lo siguiente’; y narró cuáles fueron las respuestas del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘...es de concluirse que debe desecharse, por notoriamente impro220

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cedente, el incidente que se plantea, pues en materia de amparo no existe precepto legal alguno que autorice a las partes para promover dicha inhibitoria, salvo el caso en que la elección de la vía, directa o indirecta, constituya la materia de la contienda competencial, conforme al artículo 56 de la Ley de Amparo...’ Y la petición que formulé porque carezco de legitimación, sin decirme porqué la tesis que invoque no es aplicable. “Me di cuenta que ya no quiero enfrentar mis conocimientos jurídicos con los juzgadores, pues ellos tienen la sartén por el mango y como dijera Alberto Cortez: ‘…y el mango también’. ‘Ya no quiero discutir jurídicamente si el uso del diccionario y de la ortografía son obligatorios para los órganos jurisdiccionales, si el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede actuar con un subsecretario o tiene que actuar con un secretario, si una petición que formulo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser desechada por su presidente, si un acuerdo de presidencia debe abarcar todos los planteamientos del quejoso o basta con citar jurisprudencia para dejar de responder al peticionario de garantías’; en ese momento me doy cuenta de que ya no me interesa el duelo intelectual sino únicamente una respuesta y no evasivas del presidente: ‘pues en este momento lo único que deseo 221

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es obtener una respuesta de su parte a la petición que formulé desde mi recurso de revisión y que reiteré tanto en mi recurso de reclamación, como en los incidentes de incompetencia por declinatoria y por inhibitoria. Y no recibir una negativa implícita como la que me dio el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que: “...tiene expedito su derecho para formular la misma solicitud ante los demás integrantes de este Alto Tribunal...”; de donde debo entender que él no quiso ejercer la facultad de atracción’. “En consecuencia, ya no exigí, como lo hacen los ciudadanos ante las autoridades, sino supliqué y rogué, como lo hacen los vasallos ante el rey: ‘A usted señor (a) Ministro (a) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atenta manera le suplico, le ruego y le pido que ejerza su facultad de atracción en el amparo en revisión… que se tramita ante el… Tribunal Colegiado… de Circuito, tomando como base las razones que expuse en dicho recurso, que he reiterado en el recurso de reclamación y en los incidentes de incompetencia por declinatoria e inhibitoria que he propuesto y cuyas copias obran en el expediente... Tales razones también quedaron precisadas en el punto tres del capítulo de antecedentes de esta petición’. “En ese momento me di cuenta de que más que re222

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yes, las autoridades de mi país se sienten dioses o por lo menos semidioses, y ante esta actitud, lo único que queda para intentar obtener un poco de justicia es postrarse: ‘En caso de que no quiera ejercer su facultad de atracción, de rodillas le pido me dé la razón para ello. La contestación que le pido ya no está basada en la ley, ni en la constitución, sino que es un acto elemental de cortesía y educación, pues si alguien me formula una pregunta, lo menos que puedo hacer como ser humano es darle una respuesta coherente a su interrogante’. “Con estas palabras finalicé el escrito.” Alumno: ¿Usted es el litigante? Maestro: Si. Alumno: ¿Qué pasó? Maestro: Les voy a leer parte de una sentencia de reclamación: “…tampoco asiste la razón al recurrente en cuanto señala que el proveído presidencial impugnado no fue autorizado por ningún secretario…” “Yo jamás dije eso, lo que dije fue: “El acuerdo impugnado establece: ‘Así lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado… Doy fe.’ “De la anterior transcripción se desprende que el auto recurrido no fue autorizado por ningún secretario, ya 223

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que no aparece el nombre del mismo. Lo anterior con independencia de que en el expediente pudiere existir alguna firma ilegible, pues al pie de la resolución no aparece a quién correspondería; en consecuencia, se está faltando a las formalidades mínimas esenciales para que un acto tenga validez. En efecto, sostener que basta la frase ‘doy fe’ para considerar que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando en compañía de un secretario que autoriza, sería presumir que se cumplió con una formalidad esencial para dictar una resolución, sin que exista un responsable en el dictado de la misma. “En efecto, como se aprecia, no aparece el nombre de la secretaria de acuerdos que dio fe, en consecuencia, tampoco pueden contener la firma, ya que ésta se forma con el nombre y apellido de una persona y su rúbrica. Sin que pueda sostenerse que las firmas ilegibles o garabatos (escrituras mal trazadas; ‘Diccionario de la Lengua Española’ de la Real Academia Española, vigésima primera edición, página mil doscientos veintiuno) que aparecen puestas al final de la resolución son firmas, pues por definición ésta consta del nombre y apellido de una persona con rúbrica y las firmas ilegibles o garabatos no pueden considerarse firmas si no están acompañadas del nombre y apellido de quienes reali224

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zaron las mismas. “Lo anterior es así, porque el significado de una palabra no puede variar porque las personas desconozcan el mismo, es decir, que si la gente acostumbra ‘firmar’ sin poner su nombre, la autoridad no puede realizar tal cosa, ya que ella está obligada a acatar la ley, y por tanto, a firmar como lo ordena la definición de firma, ya que es la única manera de hacerse responsable de su actuación. En efecto, no olvidemos que todos los actos que emite una autoridad deben estar firmados por un funcionario competente que los avale y no puede considerarse que una rúbrica, sin el nombre de la persona, sea una firma, ya que se ignora quién es el responsable.” “Sin embargo, los ministros haciendo caso omiso de estos agravios se limitaron a decir: “…que contrario a lo que sostiene el recurrente, el proveído presidencial impugnado, sí fue autorizado por un secretario, en tanto la leyenda ‘Doy fe’ está referida a la determinación del Presidente de este Alto Tribunal que se contiene en dicho acuerdo así como a su firma, lo que de suyo implica la intervención de un secretario en la actuación judicial correspondiente, habida cuenta que al calce del mismo aparecen dos firmas ilegibles, las que evidentemente corresponden al Ministro Presidente y al secretario que dio fe de dicho acto.’ 225

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“No obsta a lo anterior, lo argumentado por el promovente en el sentido de que conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo ‘firma’ significa ‘nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento’, por lo que para estimar que el acuerdo impugnado fue firmado por el secretario que dio fe, no basta con que éste haya estampado ‘una firma ilegible o rúbrica’, sino que era menester que se preciara su nombre y apellido. “Lo anterior es así, pues al margen del significado gramatical del vocablo ‘firma’, en la práctica común se entiende como tal, el conjunto de signos manuscritos que identifican a la persona que suscribe un documento, o bien, que interviene en el acto que da origen a su elaboración, por lo que la mención expresa del nombre y apellido del secretario que da fe de una actuación judicial, no puede estimarse como un requisito de validez, máxime que ello no se consigna expresamente en los artículos 60 y 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues lo que dichos numerales prevén, es que en todo acto (judicial) del que deba dejarse constancia en autos, deberá intervenir el secretario, quien ‘lo autorizará con su firma’. “Por tanto, al no existir disposición legal alguna que 226

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expresamente señale que los actos judiciales que deban ser autorizados por el secretario, deben contener el nombre y apellido de éste, es dable concluir, que la ausencia de tales elementos, por sí misma, no puede generar la invalidez de dichos actos, cuestión tal que se corrobora sí se toma en consideración que en términos de lo previsto en el artículo 219 del citado ordenamiento legal, ‘las resoluciones judiciales (entendiéndose como tales los decretos, autos y sentencias) sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario’.” Alumno: ¿Es correcta la expresión de “Así lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado… Doy fe.”? Maestro: En opinión de la Real Academia Española: No. El enclítico “lo” no puede usarse en un verbo y dejar de usarse en otro cuando hay coordinación, lo correcto es: “Así lo proveyó y lo firmó”. Y del contenido de la frase no puede saber si es una o son dos personas que escriben. Alumno: ¿Qué pasó con las peticiones? Maestro: Las resolvieron como si se tratara de un re227

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curso de reclamación y una vez que el tribunal colegiado de circuito confirmó el sobreseimiento. Alumno: ¿En serio? Maestro: Si. Les leo: ‘…es imposible que alguno o algunos de los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 8, fracción III, de la Ley de Amparo, soliciten al Pleno de este Alto Tribunal que ejerza su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión… del índice del …Tribunal Colegiado… de Circuito, dado que las resoluciones que emiten los tribunales colegiados de circuito en las que deciden confirmar o revocar el sobreseimiento decretado por los jueces de distrito en la audiencia constitucional, mediante el estudio concreto de las cuestiones relativas, constituyen decisiones inatacables y, por ende, lo decidido por el aludido tribunal colegiado de circuito en el recurso de revisión … ya no puede ser analizado por este Alto Tribunal.’ “Invocan otra jurisprudencia, para volver a decir que: ‘…al no ser jurídicamente posible que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión…del índice del… Tribunal Colegiado… de Circuito, es incuestionable que el presente recurso de reclamación ha quedado sin materia, en tanto que a nada práctico 228

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conduciría pronunciarse sobre la legalidad del proveído impugnado, pues no debe soslayarse que la pretensión del recurrente es que este Alto Tribunal conozca del aludido recurso de revisión.’ “Además, en la reclamación ni siquiera se tomaron la molestia de transcribir completas mis razones, ni la parte donde humillándome, les supliqué una respuesta, ya no legal, humana.” Alumnos: ¿En serio? Maestro: Si. Aquí está la copia de la resolución. Bienvenidos a la realidad. ¡Nos vemos en el examen!

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LA EJECUTORIA A pesar de que dirigí el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que solicité a los ministros que en uso de su facultad de atracción resolvieran el asunto; todo fue inútil. La sentencia de sobreseimiento fue confirmada por el tribunal colegiado y para conocer los motivos tuve que solicitar copias del expediente. Como mi primo ya no quiso traer las copias certificadas del expediente, tuve que ir al juzgado a recogerlas. Dos secretarias (oficiales judiciales para hablar con propiedad) me llevaron a una papelería para que me hicieran un presupuesto. El encargado me cobró a cuarenta centavos la copia, a pesar de que en la otra papelería que está a la vuelta del juzgado cobran la copia a diez centavos. Supongo que debe existir algún tipo de trato entre dichas secretarias y el papelero. No tengo pruebas de ello, pero con lo que me ha pasado, ya estoy capacitado para creer cualquier cosa. Finalmente, si no pude hacer nada contra los ministros, ni contra los magistrados y ni contra los jueces; es evidente que tampoco puedo hacer nada contra los empleados del juzgado, pues ellos son los que van a certificar las copias que me salieron tres veces más caras y que cuando las revisé, 230

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pude constatar que tienen medias hojas en blanco, hojas ilegibles, hojas dobladas y hojas reducidas. No obstante, estas anomalías, la secretaria del juzgado certificó que coincidían fielmente con su original. ¿O debo pensar que así está el expediente? Cuando salgo del juzgado me detengo en un cartel que dice: “¿Tienes problemas frente a la justicia federal?” Claro que los tengo. Sigo leyendo: “El Consejo de la Judicatura Federal pone a tu alcance los servicios gratuitos de defensa y asesoría jurídica a través del Instituto Federal de Defensoría Pública”; empezaba a ilusionarme de que existía alguna posibilidad de quejarme, pero el servicio gratuito lo están ofreciendo para asesoría y defensa, no para quejas contra los integrantes de la justicia federal. Termina el anuncio con un “Acércate y cuéntanos tu caso”. Supongo que cuando termine de escribir este relato les puedo enviar un ejemplar para contarles mi caso. Ya con las copias pude enterarme del “fallo” del Tribunal Colegiado de Circuito. La sentencia constó de 679 páginas. Cuando vi el tamaño de la resolución, pensé que a lo mejor yo estaba equivocado. Quizá los magistrados hicieron un estudio que me demostrara mi error así que, con sumo interés me puse a leer. En la página 10 terminan los resul231

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tandos, es decir, el resumen del juicio. En las siguientes 8 hojas el tribunal colegiado de circuito se declara competente para conocer del asunto, sin hacer el estudio de las causas y las razones expuestas por mí para considerar que son incompetentes, con lo cual me empiezo a preocupar pues el principal problema es determinar su competencia, ya que el sobreseimiento está íntimamente relacionado con el fondo y en lugar de hacer este estudio, los magistrados se limitaron a citar las partes del acuerdo y jurisprudencias, y a decir que: “…corresponde a este órgano colegiado abordar el estudio de los agravios relacionados con ese sobreseimientolas (sic) y, en su caso examinar las diversas causales de improcedencia que (sic) formularon las partes cuyo estudio omitió el juez de distrito o la que advierta de oficio, lo cual justifica la competencia de este tribunal colegiado, máxime que la finalidad del acuerdo 5/2001, es la de evitar saturar de manera innecesaria con asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” Sigo leyendo la declaración de que el recurso fue interpuesto en tiempo, transcripción de la sentencia y transcripción de mis agravios. Llego a la página 365 donde los magistrados establecen que para una mejor comprensión del asunto es pertinente narrar y transcribir diversas promociones del 232

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juicio de amparo, comienzan a enumerar los incisos con la letra A y terminan con la letra Z. Supongo que no siguieron porque se les acabó el alfabeto. Voy en la página 383. Ahora resumen las consideraciones de la sentencia, inciso a) al h), página 393; después 59 incisos resumiendo mis agravios, página 467. Aquí me surge una pregunta. Si están transcritos la sentencia y mis agravios, ¿para qué resumirlos? Prefiero no sacar ninguna conjetura. Ahora el resumen de los actos reclamados que también quedaron transcritos en los resultandos, llego a la página 475 donde el tribunal establece: “Por cuestión de método, los agravios se examinarán en un orden diverso al progresivo”. Declaran que son ineficaces los agravios resumidos en los incisos del 36) al 51): “…que se examinarán en forma conjunta por la relación que entre ellos existe…” Vuelven a resumirlos e incluso realizan transcripciones de los agravios, (las mismas que hicieron en el primer resumen) terminan el resumen en la página 498 y el tribunal colegiado de circuito declara que el examen de las causales de improcedencia es de orden público y estudio preferente, después definen qué es el Buró de Crédito con base en los documentos que ofrecí como prue233

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bas, concretamente las páginas de Internet, cuando terminan las transcripciones, sostienen que: “Cabe establecer desde ya, que aun cuando se tuviera por cierto el hecho de que, en la actualidad, en México sólo ‘Trans Unión de México’, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia, y ‘Dun & Bradstreet’, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia, se ocupan de recopilar, manejar, entregar o enviar información relacionada con el historial crediticio de las personas, físicas y morales, respectivamente, ello no implica, en modo alguno, el que se procure o mantenga un monopolio, dado que no se prohíbe que otras empresas, que reúnan los requisitos legales, previa solicitud que al efecto formulen, puedan obtener la autorización correspondiente del gobierno federal.” A ver si entendí, que yo acapare un producto con apoyo en la ley y con el beneplácito de los bancos y grandes empresas, no implica monopolio, pues siempre existe la posibilidad de que otra empresa (a la cual evidentemente no apoyarían ni los bancos, ni las grandes empresas) pueda manejar la información que yo tengo. ¿Entendí bien? Posterior a esta declaración, dicen que fue correcto que el juez de distrito estableciera que el Buró de Crédito no es autoridad para efectos del juicio de garantías, 234

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¿acaso determinar esto no era problema de fondo? Citan las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubros: “AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES” y “AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS”. Posteriormente transcribieron partes de las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias para concluir: “…la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el concepto tradicional de autoridad (que se basaba en la disponibilidad de la fuerza pública)”. Precisamente, por eso solicité amparo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que autoridad era aquella persona que con base en la ley puede modificar la situación jurídica de las personas. Continúan: “…el análisis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó, tanto en Pleno como Sala (Segunda), para determinar si a un ente en específico debe reconocérsele carácter de autoridad, se basó en casos en 235

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los que intervino un órgano del Estado (ya sea que perteneciera a la administración centralizada o bien, a la descentralizada –organismo paraestatal o de participación estatal), pero siempre se patentizó que autoridad no lo era un particular…”. Supongo que la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, los permisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las opiniones de Banco de México, que reclamé en mi demanda son actos de particulares. Además, en las sentencias de la corte hablaron que el director de una escuela tenía atributos de autoridad frente al alumno cuando lo expulsaba. Citan las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: “AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO”. Transcriben diversas partes de las copias certificadas de los instrumentos donde constan las constituciones de Trans Unión de México, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia y “Dun & Bradstreet”, Sociedad Anónima, Sociedad de Información Crediticia, para de236

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terminar que: “…sin que en la especie se pueda determinar la legalidad o ilegalidad de su constitución, por no ser esa la materia del juicio de garantías, ni atribución de la autoridad jurisdiccional en amparo”. Yo reclame en mi demanda de amparo que la constitución de estas sociedades no se apegaba a lo previsto ni en la constitución, ni en la ley, y precisamente, reclame que constitucionalmente no pueden permitirse este tipo de sociedades. Siguen diciendo que: “Dichas sociedades anónimas se rigen por el derecho privado, si bien han de apegarse a lo dispuesto por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, entre otros ordenamientos, sin que ello implique que se trata de órganos del Estado, esto es, son particulares y no pueden tener carácter de autoridades, por todo lo expuesto.” No sé en qué parte “expusieron”, pues hasta donde he leído, no aparece el estudio. Además, el artículo 1º de Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, establece que sus disposiciones son de orden público, que es lo contrario a derecho privado. Los magistrados vuelven a resumir mis agravios al establecer que: 237

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“El recurrente expresa que lo que planteó en la demanda, en cuanto se relaciona con el fondo del asunto, impedía, en su apreciación, que el juez de distrito sobreseyera en el juicio”. Parece que nos estamos entendiendo, pero lo siguiente me dejó helado. “Como ya se determinó, las empresas que constituyen el popularmente denominado ‘Buró de Crédito’, son particulares, sociedades anónimas, constituidas sociedades de información crediticia, de conformidad con la normatividad aplicable (primero de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia)…”. El precepto que citaron establece: “ARTÍCULO 1º. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia. Sus disposiciones son de orden público y observancia general en el territorio nacional”. Siguen diciendo los magistrados: “…lo que es evidente y no requiere un análisis que se vincule con los actos reclamados y, por lo tanto, que atienda a las argumentaciones del recurrente, luego, los aspectos que cita como fondo no pueden examinarse, dado que el sobreseimiento debe prevalecer y su naturaleza impide, jurídicamente, estudiar el asunto.” Ya no entiendo, pido amparo porque la ley dice que 238

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es de orden público algo que no lo es, y el tribunal colegiado me dice que en efecto, ese “algo” es derecho privado, por tanto, no es orden público, pero que por esa razón no puede estudiarme el asunto. Rematan los señores magistrados diciendo que: “El hecho de que las sociedades de información crediticia necesiten, para su creación y funcionamiento, de la autorización del gobierno federal, no implica ‘per se’ que gocen de carácter de autoridades, cuenta habida que para fijar esa calidad, es menester que los organismos o instituciones formen parte de la administración pública centralizada o descentralizada, de la cual no forma parte el denominado ‘Buró de Crédito’, por ser un ente particular, como ya se dijo.” También reclamé esa autorización del gobierno federal ¿o no? Sí, en mi demanda dije: “VIII. La Autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se constituyera la Sociedad de Información Crediticia, denominada “Buró de Crédito”, en el año de dos mil dos.” Terminan esta primera parte del estudio de agravios diciendo: “El resto de los argumentos se vincula con la inconstitucionalidad del ordenamiento jurídico cuestionado, por 239

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lo cual resulta inatendible, dado el sentido del fallo (sobreseimiento) que debe prevalecer, atento a todo lo considerado con antelación.” Volví a leer de nuevo lo “considerado con antelación”; otra vez y a menos que ya no sepa leer no advertí donde estaban estas consideraciones. Después resumieron de nueva cuenta el agravio que sintetizaron en el inciso 9), para decirme: “En la sentencia controvertida se estimó (considerando segundo) que no había lugar a tener como autoridades responsables a {dos bancos}, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo, por no revestir el carácter de autoridades responsables (foja…); en el considerando sexto del propio fallo, se dijo: ‘…Los artículos 103 y 107 constitucionales consagran los principios rectores del juicio de amparo, sin embargo, no definen lo que para efectos del mismo debe entenderse como ‘autoridad’, definición que la encontramos en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los mencionados preceptos constitucionales…’ (foja…). “Se tiene entonces, que es inexacta la aseveración del recurrente, en el sentido de que la sentencia sea incongruente por fundar el sobreseimiento del considerando segundo (relacionado con {dos bancos}) en el numeral 11 de la Ley de Amparo y que, con posteriori240

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dad en el considerando sexto se indique que ese precepto ‘no establece qué es una autoridad para efectos del amparo’, cuenta habida que en la sentencia recurrida (considerando sexto) no se mencionó que el artículo 11 de la Ley de Amparo no define qué debe entenderse por autoridad, sino que, conforme a lo transcrito, se aseguró que ese numeral proporciona el concepto de autoridad, inclusive se transcribió el mismo, así, carece de sustento lo argüido por el inconforme, ya que no se da la incongruencia que alega, y si el sobreseimiento se apoya en el artículo 11 de la ley de la materia, por estimar que las entidades señaladas como responsables (bancos) no son autoridades, deviene acertado el fundamento, luego, es inaplicable la tesis que invoca.” En el “estudio” de los primeros agravios los magistrados dijeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio una definición de autoridad, citaron jurisprudencia y partes de la ejecutoria para “explicar” qué es una autoridad. Ahora me dicen que estas tesis no son aplicables porque el artículo 11 de la Ley de Amparo define qué es una autoridad y que la tesis que invoqué (no sé a que tesis se refieran porque cite varias), no es aplicable. A estas alturas de la lectura tomo un descanso.

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Vuelvo a continuar, ahora los magistrados declaran que son ineficaces los agravios identificados en los incisos 8) y del 10) al 18), vuelven a resumirlos en cinco hojas, ya voy en la 535. Después transcriben la consideración del juez, menos de media hoja y los magistrados declaran: “Aun cuando escueto debe prevalecer lo dicho por el juez de distrito, en cuanto apreció que ‘de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la ley de la materia’, los bancos no revisten el carácter de autoridades responsables; en el juicio de garantías se refiere…”. Transcriben el artículo y vuelven a citar la tesis con rubro: “AUTORIDADES AMPARO.

LO

PARA

SON

EFECTOS

AQUELLOS

DEL

JUICIO

DE

FUNCIONARIOS

DE

ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO”. Otra vez deducen lo que quiere decir la tesis y concluyen: “Así, los bancos que señaló el peticionario en la demanda de amparo, aunque son instituciones de crédito con concesión federal para operar en materia bancaria, no tienen el carácter de autoridad para los efectos 242

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del juicio de amparo en particular, al carecer de imperio cuando proporcionan o reciben información respecto del historial crediticio que el quejoso tiene en el ‘Buró de Crédito’, por tratarse de empresas privadas. “Se tiene en consideración que las instituciones de crédito para funcionar se rigen por los artículos 8 y 9 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, requieren autorización del gobierno federal, que se otorga en forma discrecional {empiezo a creer que es arbitraria} por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para solicitar y en su caso, obtener tal autorización, debe tratarse de una sociedad anónima de capital fijo, organizada en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles”. A continuación, transcriben los artículos citados para concluir que: “Como se observa, un banco o institución de crédito es una persona moral constituida acorde a la Ley General de Sociedades Mercantiles y que cuenta, además, con autorización del gobierno federal para organizarse y operar como institución de banca múltiple, esto es, se trata de un particular. “Consecuentemente, no puede dársele carácter de autoridad, porque los bancos son, ante todo, personas 243

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morales que se rigen por el derecho privado, aunque existan leyes específicas que deban atender, es decir, son particulares. “Destaca el hecho de que los bancos o instituciones de crédito no pertenecen ni a la administración estatal o centralizada, ni a la paraestatal, que se forma con organismos descentralizados y empresas de participación estatal.” Vuelven a transcribir artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para… ignoro para qué, pues, las copias certificadas de la sentencia que están numeradas, advierto que faltan diez páginas, pues de la 550 sigue la 561. Como la primera hoja referida termina con cita de artículos y la segunda comienza con cita, al parecer de la ejecutoria que dio origen a una tesis que invoqué, casi pasan desapercibidas las diez hojas que faltan. Continúan diciendo los magistrados: “De la tesis que se trata, que también invoca el quejoso, se desprende que en materia de contratos de suministro de energía no hay libertad de contratación, sino que los contratos deben celebrarse sólo conforme a las tarifas que fija la Secretaría de Industria y Comercio (hoy Secretaría de Energía) y en forma previa deben some244

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terse a su aprobación por esta secretaría con facultad de revisar unas (tarifas) y otros (contratos) a fin de modificarlos. “En la especie, no se trata de un contrato de suministro de energía eléctrica, sino de una autorización para dar y obtener información crediticia de una persona en particular, tampoco hay tarifa que fije alguna secretaría por la firma de tal autorización, cuando más, las partes pueden convenir que sea el solicitante del crédito quien cubra el monto que por investigar sobre su situación crediticia ante el Buró de Crédito, realice la institución bancaria a la que se pide un crédito, lo que es distinto, además, no se constriñe a los bancos a que deban presentar para su aprobación por alguna secretaría algún ‘formato’ de autorización, así que los bancos pueden hacerse de la autorización, sin mayor formalidad que aquélla que implique sujeción a lo que refiere el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y, se insiste, no establece el peticionario cuál prueba constituye el ‘contrato de adhesión’ a que alude. “En todo caso, si un banco, para decidir si ha de otorgar o no un crédito, pide al solicitante que le autorice a investigar su historial crediticio conforme al numeral 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 245

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Crediticia, ello no le da carácter de autoridad, pues todo deriva de una relación entre particulares. De igual modo, que un particular como los bancos, al pedir la autorización en cita a quien acude a solicitarle un servicio bancario (crédito, por ejemplo), lo haga empleando un formato específico, no implica que tiene carácter de autoridad y si quien pide el crédito se niega a proporcionar esa autorización, y ello lleva a que el banco no gestione o dé por concluido cualquier trámite relacionado con el servicio bancario respectivo, tampoco otorga carácter de autoridad al particular, ya que en derecho privado, las partes pueden o no ponerse de acuerdo sobre alguna cuestión y su falta no da a cualquiera de ellas la calidad de autoridad. “Luego, la tesis en examen y su contenido no tienen el alcance pretendido por el recurrente.” Vuelve la cita de tesis. Ahora tienen los rubros: “BANCOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD, PARA

EL

JUICIO

DE

AMPARO”

y

“INSTITUCIONES

BANCARIAS. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL

AMPARO

POR

RECIBIR

EL

PAGO

DE

CONTRIBUCIONES”. Por el contenido anterior deduzco que en esta parte de la sentencia me analizaron el siguiente agravio que 246

Enrique Antonio Pedraza

transcribo, sin hacer mayor cometario. “1. El sobreseimiento decretado en el considerando segundo, resulta incongruente porque el resolutor federal establece que los bancos no son autoridades para efectos del juicio de amparo, en términos de lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el considerando sexto de la sentencia que se impugna, el propio juez federal dice que el artículo 11 de la Ley de Amparo no establece qué es una autoridad para efectos del amparo, sino que el legislador se limitó a enumerar las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos materia del juicio de amparo. “En este orden de ideas, si el juez de distrito reconoce que el artículo 11 de la Ley de Amparo, no establece un concepto de autoridad, es evidente que no puede servir de fundamento para decir que los bancos no son autoridades. “2. En otras palabras, si el juez de distrito reconoce que para saber qué es una autoridad para efectos del juicio de amparo es necesario recurrir a la jurisprudencia; por tanto, no es posible que sobresea diciendo que los bancos no son autoridades en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues en tal precepto no existe el concepto de autoridad. “En efecto, si para saber qué es una autoridad para 247

Vicisitudes de un litigante bisoño

efectos del juicio de amparo, es necesario recurrir a la jurisprudencia, es evidente que el juez no puede decir qué es una autoridad con sólo citar algún artículo de la Ley de Amparo. “3. Explicando jurídicamente lo anterior. “El artículo 11 de la Ley de Amparo establece: “ARTÍCULO 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. “Del contenido de este precepto legal no se desprende que exista el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. “El juez federal estableció que las instituciones de crédito no eran autoridades para efectos del juicio de amparo conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Amparo. “Como se aprecia, la afirmación del juez de distrito para decretar el sobreseimiento no está fundada en el artículo que citó, por tal motivo la casual de improcedencia no está fundada. “En efecto, para determinar qué debemos entender por autoridad es pertinente citar las siguientes tesis: “Novena Época “Instancia: Segunda Sala “Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 248

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Gaceta “Tomo: XIV, Noviembre de 2001 “Tesis: 2a. CCIV/2001 “Página: 39 “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. “En el caso concreto, los actos reclamados a los bancos satisfacen todos los requisitos para ser considerados actos de autoridad. “a) En efecto, las instituciones de crédito son entes que de hecho establecen relaciones de supra a subordinación con el particular por los siguientes motivos: Este 249

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tipo de personas morales deben crearse con la autorización del Estado y entre sus facultades está establecer su normatividad, a través de contratos de adhesión; en consecuencia las relaciones que se dan entre los bancos y el particular son relaciones de supra a subordinación, porque aquéllos tiene facultades para expedir sus contratos de adhesión, esto es, al tratarse de potencias económicas tienen la posibilidad de imponer su voluntad. “Los anteriores razonamientos están fundados en las siguientes jurisprudencia y tesis: “Novena Época “Instancia: Segunda Sala “Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta “Tomo: XVI, Agosto de 2002 “Tesis: 2a./J. 91/2002 “Página: 245 “COMISIÓN DETERMINACIÓN

FEDERAL

DE

MEDIANTE

LA

ELECTRICIDAD. CUAL

APERCIBE

LA AL

CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación por la cual la Comisión Federal de Electricidad apercibe de realizar o realiza el 250

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corte del suministro de energía eléctrica a los consumidores, constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías, en virtud de que, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a través de dicho acto extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal del gobernado, pues aunque la relación existente entre el particular y la referida comisión deriva de un contrato de adhesión, ello no significa que ambas partes se encuentren en un mismo plano, como particulares, sino en un nivel de supra a subordinación, al imponer el referido organismo su voluntad sin el consenso del afectado. Es decir, la citada comisión ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que dicho ente al emitir tal acto, es una autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior no implica que en todos los casos la indicada comisión deba ser considerada como autoridad para tales efectos, sino sólo cuando ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas por ley y que afecten la esfera de derechos del gobernado.’ “Séptima Época 251

Vicisitudes de un litigante bisoño

“Instancia: Tercera Sala “Fuente: Semanario Judicial de la Federación “Tomo: 67 Cuarta Parte “Página: 28 “ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE. SON DE ADHESIÓN. Es inadmisible el supuesto de considerar a la celebración de los contratos de suministro de energía eléctrica, conforme a las normas jurídicas de carácter dispositivo que consagran el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación, que incluye por un lado la libertad de contratar o no, y, por otro, la libertad de definir el contenido del contrato celebrado; siendo que, en realidad, en tales contratos, que la doctrina denomina como contratos de adhesión, o sea, ‘aquellos en los que una sola de las partes fija las condiciones del contrato a las que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo’ (Planiol Marcel, Traité de Droit Civil, tomo II, párrafo 972, 9a. edición, 1923), como son, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, el de seguros, el de distribución de agua, el de suministro de gas y de electricidad, las ofertas al público, etcétera, que no tienen los trazos del contrato clásico, no existe la igualdad de los contratantes, como se hace suponer según la teoría de la autonomía de la voluntad, pues por un lado se encuentra un particular y por el otro una potencia 252

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económica, la mayor de las veces, que impone las condiciones generales que se proponen a todo el público, en los mismos términos, y que son sometidas a su aceptación o rechazo; excluyendo toda posibilidad de admitir que las partes puedan, por su voluntad y aún por mutuo acuerdo, variarlas o modificarlas; máxime cuando esas condiciones generales son impuestas por disposiciones legales de carácter imperativo o coactivo y de eminente interés público y de servicio social, que impiden, restringen o modifican la autonomía de la voluntad de los contratantes. Así, la Ley de la Industria Eléctrica (en relación con los artículos 27, párrafo sexto, y 73, fracción X, de la Constitución), en su artículo 3º, eleva a la categoría de orden público la generación, transformación, distribución, exportación, importación, compraventa, utilización y consumo de energía eléctrica, y las demás actividades relativas a estos objetos, al decir ‘Se consideran de utilidad pública todos los actos relacionados con la industria eléctrica’; y en su artículo 36, expresamente ordena: ‘La venta de energía eléctrica sólo podrá efectuarse de conformidad con tarifas fijadas y contratos aprobados por la secretaría, la que estará facultada en los términos del reglamento, para revisar unas y otros a fin de modificarlos, o de fijar nuevas tarifas y aprobar nuevos contratos para la mejor satisfacción 253

Vicisitudes de un litigante bisoño

del servicio de que se trate’. Luego entonces, en materia de contratos de suministro de energía eléctrica no hay libertad de contratación, sino que, como lo previene el artículo 36 citado, los contratos no sólo deben celebrarse conforme a las tarifas fijadas por la Secretaría de Industria y Comercio, sino que deben ser sometidos previamente a la aprobación de ésta, la cual tiene, además, la facultad de revisar unas y otros a fin de modificarlos. Por lo tanto, en esta clase de contratos no prevalece la autonomía de la voluntad de las partes sobre las normas jurídicas de carácter estatutario que deben regir las relaciones de los contratantes, como lo son un particular y la Comisión Federal de Electricidad, organismo descentralizado. Y tan es así, que la misma Ley de la Industria Eléctrica, en sus artículos 46, fracción I, y 49, establece una sanción administrativa a las ‘empresas’ que venden energía eléctrica, cuando cobran cuotas diferentes a las señaladas en las tarifas o contratos de suministro de energía eléctrica aprobados por la secretaría, y dispone que la imposición de dicha sanción no libera al usuario de la obligación de pagar la energía consumida indebidamente. Así pues, existiendo disposiciones legales de carácter imperativo y de eminente interés público que excluyen toda posibilidad legal de que las partes modifiquen libremente el precio de la 254

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energía sin violar dichas normas, si ambos contratantes, contraviniendo las disposiciones legales, de común acuerdo modifican el precio señalado en sus contratos, efectuando un descuento sobre el importe de la energía, fijado en la tarifa oficial número seis en vigor desde el día dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, ni ese convenio ni su cumplimiento voluntario por ambas partes, generan a favor de los particulares su pretendido derecho de seguir pagando el fluido con el aludido descuento, y no conforme a la susodicha tarifa; porque según los artículos 6º, 8º, y 10 del Código Civil Federal, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público; los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, salvo que la ley ordene lo contrario; y contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.’ “b) Las relaciones que los particulares establecen con los bancos están fundadas en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Ley de Sociedades de Información Crediticia, entre otras. Todas estas leyes facultan a los bancos para emitir su propia normativi255

Vicisitudes de un litigante bisoño

dad, por lo que la ley los está dotando de facultades administrativas cuyo ejercicio es irrenunciable, ya que emanan de las leyes que crean a los bancos y regulan su existencia, esto es la naturaleza de la que emana la facultad de emitir normas, es de naturaleza pública, porque es pública la fuente de esa potestad que está basada en la ley. “c) Las instituciones de crédito están facultadas a emitir actos unilaterales como son dar a conocer al Buró de Crédito todas las comunicaciones comerciales que tiene con sus clientes y a reportarlas periódicamente; con esto están generando actos a través de los cuales cree, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, ya que en primer lugar está dando a conocer comunicaciones privadas que producen que ningún banco quiera sostener comunicaciones comerciales conmigo. Lo cual además constituye una práctica monopólica. “d) Para dar información al Buró de Crédito, los bancos no necesitan acudir a los órganos judiciales, ni precisan del consenso de la voluntad del afectado. En efecto, los bancos deciden quién les debe y cuánto sin tener que recurrir a los tribunales a demostrar su derecho, no obstante, lo cual, pueden rendir tal informe al Buró de Crédito, afectando la esfera jurídica del particular y sin 256

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necesidad de su consenso, pues éste es ‘obtenido’ mediante contratos de adhesión en donde el consenso o voluntad del particular no intervino para su elaboración. “En este orden de ideas, por las características precisadas, cuando un banco rinde informe al Buró de Crédito del comportamiento crediticio de sus clientes, o sea, hace pública todas las comunicaciones comerciales de los particulares, está actuando como una autoridad, ya que sin necesidad de recurrir a órganos jurisdiccionales, decide que una persona le debe, cuánto le debe y cuánto lleva de atraso. Una vez que tomó estas decisiones ejecuta la sentencia al pasar la información al Buró de Crédito donde permanecerá durante ochenta y cuatro meses y con esto se modifica la situación jurídica de la persona, ya que durante este lapso, esta persona no podrá obtener ningún crédito. “En otras palabras, los bancos son autoridad para los efectos del amparo porque ejercen facultades decisorias que están atribuidas en la ley y constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable. “Acorde con esto el juzgador de amparo está obligado a determinar si la norma legal faculta o no a un ente a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del gobernado. “En el caso concreto yo reclamé a dos instituciones 257

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de crédito, Banco… y Banco…, la información que proporcionaron de mi historial crediticio al Buró de Crédito. En efecto, dado que la demanda de garantías es un todo no puede perderse de vista que la información que tiene el Buró de Crédito que me perjudica fue proporcionada por tales bancos. “Tan es así, que aparece el siguiente informe justificado: “… apoderado de BANCO… “SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, pero no es violatorio de garantías constitucionales... lo CIERTO es que dicha información fue rendida por el DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL BANCO…, en diciembre de mil novecientos noventa y cinco... “De lo anterior se desprende que las instituciones de crédito están aceptando la existencia de los actos reclamados y con ello aceptan que se trata de actos unilaterales que afecta mi esfera jurídica y modifican mi situación jurídica, sin necesidad de recurrir a los órganos judiciales, ni tener mi consenso. “En efecto, de lo antes narrado se desprende que los bancos enviaron la información de comunicaciones comerciales que tuve con ellos al Buró de Crédito, pero además están facultados a calificar tales comunicaciones y establecer quién les debe y quién no, lo que resul258

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ta violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera clara establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano, sino que debe recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos. “El hecho de que los bancos estén facultados para molestarnos en nuestra persona, familia, papeles y derechos, al rendir informes sobre toda la vida privada de las personas, sin tener que ir a juicio ante tribunales previamente establecidos, origina que sus actos revistan todas las características de los actos de autoridad. “Lo anterior es así, pues en el caso concreto, los bancos sin mediar juicio están autorizados por la ley a emitir actos unilaterales consistentes en el envío de información de personas que han mantenido comunicaciones comerciales con ellos, sin que el particular tenga consenso o audiencia respecto de tal información. Esta información que envían se vuelve del dominio público y es manejada a través del Buró de Crédito quién en su informe justificado aceptó que vende esta información; con tal información se afectan mis derechos de la personalidad, mis derechos de crédito y la inviolabilidad de mis comunicaciones, esto es, tales actos sí están afectando mi esfera jurídica, pues están disponiendo de información sin mi consentimiento. 259

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“No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establezca, que es necesario el consentimiento de la persona, pues en primer lugar, la información fue enviada con anterioridad a esta ley y en segundo lugar, uno no puede negarse a firmar un contrato de adhesión si quiere gozar de un servicio, por lo que el supuesto consenso no existe, ya que los servicios que prestan los bancos están regulados mediante contratos de adhesión que no requieren el consentimiento del particular.” Ignoro si con lo dicho por los magistrados se resolvieron los agravios que realicé, pues me faltan diez hojas de la sentencia que no sé si son de transcripciones o de estudio. Declaran los magistrados que es ineficaz el agravio sintetizado en el inciso 19) y después de volver a resumirlo en dos hojas. Transcriben el informe del Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para después transcribir diversos artículos de la ley que regula dicha comisión, y siete hojas después, decirme que este funcionario sí puede representar a la comisión, ya que: “…la concatenación del propio precepto evidencia que aun cuando pudiera estimarse que no con puridad 260

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jurídica o técnica legislativa, en ese artículo se abarca como opción para la defensa de los intereses de la comisión, el que pueda rendirse el informe de ley (previo y justificado) en los juicios de amparo, es decir, no se le aparta u omite, sino que lo enuncia como parte de las facultades del presidente de que se habla; de otro modo dicho, se conjuntan en un mismo artículo las facultades para representar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como ente desprovisto de imperio, cuando acuda a algún procedimiento judicial, administrativo o laboral… y además, el poder rendir el informe de ley tratándose del juicio de garantías (que también es procedimiento judicial), en el que, obviamente, la comisión es designada como autoridad responsable (parte), al que asistirá, sin duda, con el imperio legal que le compete.” ¡Auxilio! De lo que me duelo es que el legislador no lo previó y que se están dando mayores alcances al precepto legal y los magistrados lo aceptan, pero me dicen que no importa. Me declaran infundado el agravio sintetizado en el inciso 20), el cual vuelven a resumir. También transcriben parte de mi demanda, del auto que ordenó que precisara las autoridades, el cumplimiento del mismo, así como el auto admisorio, para decirme que el presidente no tenía obligación de expresarse respecto a los actos 261

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atribuidos a la comisión que representa, dado que en la aclaración se tuvo como autoridad únicamente al presidente. Cuando aclaré mi demanda dije: “El requerimiento fue en el sentido de qué precisara a que autoridad de la 1) Comisión Nacional Bancaria y de Valores… señalé como autoridad responsable. “En principio debo indicar que estoy señalando a los titulares que representan a tales autoridades, aclarando lo siguiente: “Por cuanto hace a la primera autoridad, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a los artículos 1, 14 y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su representación está a cargo de un Presidente. Tales preceptos establecen: “Artículo 1. Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley. “Artículo 14. El Presidente es la máxima autoridad administrativa de la Comisión y será designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 262

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“Artículo 16. Corresponde al Presidente de la Comisión: “I. Tener a su cargo la representación legal de la Comisión y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las asignadas por esta Ley u otras leyes a la Junta de Gobierno; “En este orden de ideas, señalo como autoridad responsable al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.” Lo anterior, porque es principio de derecho que el representante de una sociedad responde por los actos de la sociedad y no puede desconocer los actos que realizó la sociedad que representa. Además, en la demanda de amparo señalé: “I. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México, reclamo la autorización para la creación de la empresa privada denominada ‘Buró Nacional de Crédito’ en el año de mil novecientos noventa y seis; posteriormente denominada ‘Buró de Crédito’, sin tener facultades constitucionales o legales para autorizar su creación. “II. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México reclamo el permitir que la empresa denominada 263

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‘Buró de Crédito’ operara de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos, sin tener fundamento legal o constitucional.” Y fue a solicitud del juez de distrito que aclaré mi demanda. En caso de que sea cierto lo que dicen los magistrados; que por la aclaración de demanda ya no reclamé actos de la comisión, sino exclusivamente de su presidente, me parece que la administración de justicia pone trampas al justiciable. Aun cuando circulen manuales del justiciable hechos por el Consejo de la Judicatura Federal. Primero me piden que aclare la autoridad y al señalar que los actos que reclamo de la autoridad lo hago a través de quién legalmente la representa, me dicen que ya no reclame actos de la autoridad, sino exclusivamente del representante de la autoridad. El estudio que realizaron de los agravios sintetizado en el inciso 21) y 22) que volvieron a resumir, y donde transcribieron los actos que reclamé a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los artículos 33, 33A y 33B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, lo transcribo en su integridad. “En los preceptos transcritos no aparece que la responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores (su 264

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presidente), durante la vigencia de esos numerales, tuviera que autorizar ‘la creación de la empresa privada denominada ‘buró nacional de crédito’, en tanto del artículo 33 en cita, sólo se desprende que la prestación de servicios consistentes en proporcionar información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga realizadas por entidades financieras, solamente podrá llevarse a cabo por sociedades de información crediticia que obtenga autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión del Banco de México. “El numeral referido no incluye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la autorización que requiere para funcionar una sociedad de información crediticia, al especificar que la misma atañe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tampoco establece que fuese necesaria su opinión, en virtud de que esta se exige de Banco de México, en consecuencia, la negativa del acto reclamado consistente en ‘La autorización para la creación de la empresa privada denominada ‘Buró de Crédito’, sin tener facultades constitucionales o legales para autorizar su creación’ (que se marcó en la demanda con el número I), en los términos en que se expuso en el escrito de origen, no puede desvirtuarse con prueba alguna, en oposición a lo que arguye el incon265

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forme. “No impide concluir lo dicho, que el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, controvertido, preveía: ‘…Las sociedades de información crediticia que se autoricen de conformidad con este artículo estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria, a la que deben cubrir las cuotas que por tales conceptos determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’ en tanto no implica injerencia alguna de la comisión en la autorización para funcionar como sociedad de información crediticia. “Por identidad de razón, tampoco es dable tener por desvirtuada la negativa de la autoridad respecto del acto reclamado consistente en ‘permitir que la empresa denominada ‘Buró de Crédito’, operara de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos, sin tener fundamento legal o constitucional’. “El que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga a su cargo la inspección y vigilancia de las sociedades de información crediticia, no presume la existencia del acto reclamado en los términos propuestos por el quejoso, esto es, el permitir que el denominado ‘Buró de Crédito’ funcionara en el periodo aludido (mil novecientos noventa y seis a dos mil dos), sin fundamento legal o constitucional, cuenta habida que, en el mejor de 266

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los casos, la vigilancia e inspección correspondía ejercer a la autoridad en cita se apoyaba en los preceptos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, toda vez que se encontraban vigentes, por no haber sido declaradas inconstitucionales o ilegales, máxime que no es atribución de la comisión conforme a la normatividad aplicable en la época a que se alude, el intervenir en la instalación de una sociedad de información crediticia, tampoco en su operatividad, por limitarse su facultad a la inspección y vigilancia de la misma, sin que ello pueda desprenderse un alcance mayor como el pretendido por el recurrente. “En lo atinente a la autorización para que se constituyera en dos mil dos el ‘Buró de Crédito’, de igual modo es incorrecto tener por desvirtuada la negativa con los propios ordenamientos legales, como sostiene el recurrente. “El artículo 6 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, prevé: “Artículo 6. Para constituirse y operar como Sociedad de Información Crediticia se requerirá autorización del Gobierno Federal, misma que compete otorgar a la Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles. 267

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“Por autorizar se entiende ‘(de autor.) tr. Conferir a uno autoridad o facultad para hacer algo. Dar fe en un documento el escribano o el notario. Confirmar algo valiéndose de la autoridad, palabras o sentencia de un autor. Abonar, aprobar. Permitir. Dar lustre e importancia a una persona o cosa’, según el concepto que se encuentra en el Diccionario para juristas de Juan Palomar de Miguel, ‘Mayo Ediciones’, Sociedades de Responsabilidad Limitada, México, Distrito Federal, mil novecientos ochenta y uno, página ciento cuarenta y nueve. “Por su parte, opinión, se encuentra definido como: ‘(lat. Opinio) f. Parecer o concepto que se forma acerca de una cosa cuestionable. Concepto o fama que se tiene de una persona o cosa’ (Juan Palomar de Miguel, obra citada, página novecientos cuarenta y uno). “La diferencia conceptual de autorización y opinión implica alcances jurídicos distintos, de ahí que el legislador empleó tales vocablos para denotar atribuciones independientes, aun cuando ambas tiendan a un mismo objeto: la constitución de una sociedad de información crediticia. “Acorde a lo pretérito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha de emitir su opinión (al igual que Banco de México), luego, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 268

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en su caso, autorizará la constitución y operación como sociedad de información crediticia, a aquella que reúna los requisitos que al efecto se indican en la propia ley. “Entonces, es inexacto que autorizar y opinar tengan igual connotación jurídica para los efectos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, o que puedan emplearse como sinónimos, puesto que, como ya se vio, su alcance es diverso, en tanto da lugar a atribuciones diferentes para cada organismo público implicado. “Consecuentemente, si la autoridad responsable, conforme a la ley aplicable, debe opinar y no está facultada para autorizar, hizo bien en negar la existencia del acto reclamado en los términos en que se propuso en el ocurso inicial, sin que, de ningún modo, se desvirtúe. “En lo referente a los actos que consisten en la información que tiene el buró del historial crediticio del peticionario y los actos por los que obtuvo esa información, que negó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la presunción legal que arguye el inconforme se obtiene de la norma aplicable, en oposición a lo que sostiene, no desvirtúa la negativa categórica de la responsable, toda vez que la vigilancia e inspección que, en su caso, le atañe, no se extiende al grado de que de ello de269

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penda la información y cada uno de los actos que el ‘Buró de Crédito’ realice para obtenerla. “No obsta a todo lo dicho, que en autos se encuentre glosada copia cotejada de las páginas web que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en que consta que son páginas oficiales de gobierno mexicano, se establece cómo se creó el buró y la forma en que opera, ya que aun cuando la comisión en cita tiene relación con el ‘Buró de Crédito’, de ningún modo prueba la existencia de los actos reclamados, por estar acotadas las facultades de esa comisión respecto del buró en la propia ley, así que a tales documentos no puede otorgárseles mayor alcance que aquél que jurídicamente les corresponde, ni aun porque se hayan ofrecido también como hechos notorios; aunado a ello, en todo caso, el que la comisión conviniera en que el buró se creó en mil novecientos noventa y seis, la forma en que trabaja y la información que tiene, no es dable atribuirlo a la existencia de los actos reclamados, mientras que la ley es la que establece esos extremos y se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces, es comprensible que no escape al conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que implique certeza alguna de los actos que se le atribuye, sobre todo por las razones expuestas con antelación. 270

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“Es infundado el agravio que se marcó con el número 22), en el que se sostiene que si los actos reclamados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (a su presidente) no existen, se demostraría que el ‘Buró de Crédito’ opera al margen de la ley por no contar con las autorizaciones necesarias para funcionar, pues si el buró labora desde mil novecientos noventa y cinco, y conforme a la ley necesita ‘las opiniones o autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores’, es evidente su ilegalidad, y no lleva al sobreseimiento, sino a que los actos reclamados al ‘Buró de Crédito’ de mil novecientos noventa y seis a la fecha son inconstitucionales, ya que de la ‘constitución en escritura pública de la sociedad’ no se desprende que tenga las autorizaciones y opiniones necesarias. “Lo anterior es así, puesto que si, como se dijo en párrafos pretéritos, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no es quién compete dar la autorización necesaria para la creación o constitución de una sociedad de información crediticia en términos de las leyes reclamadas, indudable resulta que la legalidad de ese acto (constitución) no depende de la autorización en cita, luego, no es dable vincularla en forma expuesta por el recurrente ni derivar de una opinión la inconstitucionalidad o ilegalidad de la creación o constitución de una 271

Vicisitudes de un litigante bisoño

sociedad de información crediticia.” Después de leer esta parte de la sentencia comprendo por qué Sócrates bebió la cicuta, pues ante los ataques de los sofistas que manejaban las palabras para demostrar hechos falsos, a él sólo le quedaba decir: “Yo sólo sé, que no sé nada… lo que me distingue de los demás sofistas que creen saberlo todo”. Sin embargo, ante la imposibilidad material de poder controvertir los argumentos de los sofistas por carecer del poder necesario para hacerlo, únicamente podía morir. Ante la imposibilidad de demostrar lo evidente, sólo me queda escribirlo. Estos mismos magistrados que para demostrarme que fue legal la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recurrieron a un diccionario, fueron los mismos que me dijeron que no existía ley que los obligara a recurrir al diccionario. Ahora recurren a un diccionario jurídico de dudosa procedencia para demostrarme que si la ley pide que antes de la autorización que dé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se requiere una opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta no es necesaria para dar aquélla, pues una y otra son diferentes. Además, el quejoso (yo, ser mortal que pago impuestos para que ellos cobren) no emplea 272

Enrique Antonio Pedraza

un lenguaje preciso, entonces no pude controvertir la falta de opinión. Cuando se trata de negarme la razón por la ausencia de firmas, me dicen que esa precisión del lenguaje está en contra de “su práctica” y para negarme la razón en cuanto a la negativa de un informe, me dicen que no precise bien los vocablos. Como se aprecia, los magistrados que administran justicia pueden cambiar de criterio en un mismo asunto y el particular que los mantiene con sus impuestos tiene que aceptar ambas situaciones porque no tiene ninguna opción. Como ya es costumbre, declaran infundados los agravios marcados con los incisos 25) a 27), los cuales vuelven a resumir en las hojas 611 a 614, para decirme que: “Al existir similitud entre los argumentos que se analizan, y el que se marcó con el inciso 21), dada la identidad de razón que rige en la especie, por economía procesal se tienen por reproducidos los argumentos que se esgrimieron al desestimar el agravio 21) de referencia, pues los preceptos legales que sirven de apoyo a tal estudio en lo relativo a Banco de México indican que habrá de emitir opinión y no autorización, como infundadamente sostiene el inconforme.” A ver si entiendo: Para crear el Buró de Crédito en 273

Vicisitudes de un litigante bisoño

1996 la ley exigió una opinión del Banco de México, como los magistrados reconocieron, esta opinión era previa a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como marcaba la ley; pero el hecho de que faltara esta opinión no vicia la autorización. Cuando usted amable lector en cualquier trámite tiene que recabar una opinión antes de que le den una autorización, ¿sin la opinión, le dan la autorización?, ¿la falta de opinión no vicia la autorización? Además, el término de economía procesal según mis clases de derecho se refería a evitar el desahogo de dos pruebas iguales o a reducir los términos cuando ya se hubieran agotado las promociones y resultaran innecesarios. Pongo ejemplo: ambas partes ofrecen la prueba pericial o la de inspección judicial, el juez puede desahogarlas en una misma diligencia por economía procesal; el término para presentar alegatos está corriendo, pero ambas partes ya presentaron sus alegatos, el juez puede dar por terminado el plazo por economía procesal. Pero en mis clases de derecho, jamás me dijeron que al dictarse una sentencia podían dejar de resolverse cuestiones propuestas por el litigante por “economía procesal”. Pueden estudiarse en conjunto agravios que estén íntimamente relacionados, pero no omitir su estudio por “economía procesal”. 274

Enrique Antonio Pedraza

Supongo que esta figura jurídica de la “economía procesal” al dictar una sentencia se debe a que como mi país está en crisis económica desde hace algunos decenios, debemos economizar en todo… incluso en administrar justicia. Vuelven a calificar de infundado el agravio 28) para resumirlo y decirme que: “Es verdad que en el fallo que se revisa, se decidió tener por no rendido el informe justificado que firmó el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en suplencia y por ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, ‘quién a su vez actúa en representación del Presidente de la República’, dado que el suscriptor no se encuentra legitimado para ello y, en consecuencia, se presumieron ciertos los actos reclamados a tales autoridades… “No obstante, la presunción legal de certeza de los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que derivó de no tener por rendido el informe justificado respectivo, la misma no es apta ni suficiente para desvirtuar la negativa que formularon Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en torno a los actos que por igual se atribuyen a esas tres autoridades. 275

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“Aunque es cierto que el peticionario reclamó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: ‘la autorización para la creación de la empresa privada denominada ‘Buró nacional de crédito’ en el año de mil novecientos noventa y seis; posteriormente denominada ‘Buró de Crédito’, sin tener facultades constitucionales o legales para autorizar su creación’; y ‘el permitir que la empresa denominada ‘Buró de Crédito’, operara de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos, sin tener fundamento legal o constitucional’, la presunción que origina la falta de informe (decretada jurídicamente por el juez primario), no tiene el alcance de desvirtuar la negativa categórica y expresa que refirieron las restantes autoridades (Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores), en tanto que, por una parte, como ya se expuso con antelación, no atañe a estas últimas autorizar o permitir la operación del ‘Buró de Crédito’, y sí corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar la creación de una sociedad de información crediticia, ello no implica, indefectiblemente, que existan los actos reclamados a aquellas autoridades en la forma en que fueron propuestos. De otro modo dicho, que se presuman los actos imputados a una autoridad no lleva a tener por ciertos los mismos 276

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actos en lo que hace a autoridades distintas, cuando conforme a la legislación aplicable no corresponde a éstas la atribución que se controvierte.” Sólo les faltó agregar a los magistrados, aun cuando los actos reclamados a las autoridades que negaron los actos, sean previos y necesarios para que la autoridad pudiera emitir el acto que se tuvo por cierto. Además, que está plenamente demostrada su existencia en autos y es un hecho notorio que el Buró de Crédito funciona desde 1996, y para hacerlo necesitaba tanto las opiniones de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Empiezo la página 618, con el ánimo de que sólo faltan 50 hojas, donde los magistrados declaran inoperante el agravio sintetizado en el inciso 30), para acabar su resumen en la 620, para decir que: “La inoperancia radica en que, con independencia de que sea correcto o no que el juez federal tuviera por rendido el informe justificado de las Cámaras de Diputados y Senadores, que integran al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (atento a la legitimación que para rendirlo correspondiera a quien suscribe cada uno de dichos informes), lo cierto es que ningún 277

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efecto práctico produciría el analizar ese aspecto en la presente instancia y ello, por el contrario, retrasaría la resolución del asunto, con la consecuente dilación del fallo, en detrimento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, máxime si se tiene en cuenta que la consecuencia jurídica mayor sería tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello beneficie en algo al recurrente, puesto que, por una parte, las leyes no son objeto de prueba, y no hay duda de la existencia de los artículos 33, 33A y 33B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de quince de enero de dos mil dos, que se atribuyen a las cámaras que integran el Congreso de la Unión.” A continuación, invocan dos jurisprudencias. No cabe duda que tenía razón mi maestro de derecho penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la justicia será pronta y expedita, en ninguna parte dice que sea buena. ¡En aras de la prontitud debe sacrificarse el estudio! Además, al Congreso de la Unión le imputé que no tenía facultades para expedir las leyes que fueron publi278

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cadas en el Diario Oficial de la Federación. Acto que al presumirse cierto, sería suficiente para una concesión de amparo, ¿o no? Continúan los magistrados en la página 623 diciéndome que: “Por lo que se refiere a los actos consistentes en ‘la constitución en escritura pública de la sociedad de información crediticia denominada ‘Buró de Crédito’ y toda la información que respecto a mi ‘historial crediticio tiene al (sic) ‘Buró de Crédito’, cabe precisar que si bien, de inicio y ante la falta de pronunciamiento sobre los mismos en el informe justificado, según se desprende de la lectura de los mismos (fojas…), se presumen ciertos tales actos en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, también resulta verdad que esa presunción se desvirtúa, dado que el Congreso de la Unión (integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados) atañe el proceso legislativo previo a una ley y su aprobación, con lo que culmina su actividad, pero en modo alguno le corresponde diverso hacer, como lo es la constitución en escritura pública de una sociedad de información crediticia y ‘la información’ que respecto de una persona, en el caso el quejoso, obtenga y conserve o maneje una sociedad de información crediticia, con independencia de que al corresponder al quejoso 279

Vicisitudes de un litigante bisoño

la carga de la prueba sobre la inconstitucionalidad de los actos, y dada la falta de ésta en el tema de que se trata, hace inoperante el argumento en examen. Sobresale el hecho de que tales actos los reclamó de todas las autoridades responsables.” Veamos si entendí. El congreso aceptó que participó en la constitución en escritura pública del Buró de Crédito, porque no se refirió a tal acto y por lo mismo se presume. Los magistrados aceptan que las facultades del congreso no comprenden este acto, por lo que es inconstitucional en sí mismo, no obstante, me arrojan la carga de la prueba para demostrar su inconstitucionalidad. ¡No cabe duda que cada línea de esta sentencia encierra nuevas sorpresas! Por estas mismas razones, los magistrados declaran inoperante el agravio 29) y continúan declarando infundado el 49), que vuelven a resumir, sin embargo, las razones expuestas en estos “estudios” son contrarias a las expuestas en el “estudio” de los agravios 21) y 22), que ya transcribí. Para clarificar las contradicciones también reproduzco esta parte de la sentencia. “En el considerando tercero el juez federal apreció, en síntesis, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del Vicepresidente Jurídico, y el Gobernador de Banco de México negaron la existencia de 280

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los actos que se les atribuyen, sin prueba que desvirtúe esa negativa, luego, también se sobreseyó en el juicio, pero con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; aludió a la jurisprudencia de rubro: ‘INFORME

JUSTIFICADO.

NEGATIVA

DE

LOS

ACTOS

ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES' ⎯se marcó con la letra b)⎯ (foja 204, tomo II). “En el considerando sexto se dijo: ‘…Por otra parte de la lectura del precepto legal antes transcrito, así como de los artículos 6º y 7º del ordenamiento legal en cita, se advierte que las funciones desempeñadas por las llamadas ‘sociedades de información crediticia’, son las de recopilar, manejar, entregar o enviar la información relativa al historial crediticio de las personas físicas y morales, sin que dicha institución esté autorizada a otras actividades (sic), ya que las mismas están establecidas de manera limitativa y no enunciativa, además, para que dichas sociedades puedan prestar el servicio que constituye su objeto, deben contar con la autorización del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad que a su vez, deberá oír al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, situación que no implica de modo alguno que la autorización otorgada a las mencio281

Vicisitudes de un litigante bisoño

nadas sociedades de información crediticia para su operación, pueda considerarse como que se les autorice para ejercer funciones de autoridad’. “Como se observa, el juez federal no fijó en el considerando sexto que se requería de la autorización de Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la creación de ‘Buró de Crédito’, como sin fundamento arguye el recurrente, así que no existe ilegalidad en el fallo que se revisa, por el contrario, dijo que a Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se les oye en forma previa a la autorización respectiva. “Es menester reiterar que, como se expuso en párrafos pretéritos, es el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quién otorga la autorización para que opere una sociedad de información crediticia, conforme el artículo 6 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, transcrito también en párrafos anteriores, y que se tiene aquí por reproducido con apoyo en el principio de economía procesal.” ¡Vuelve ese principio de “economía procesal” al dictarse una sentencia! Entonces, en qué quedamos, la autorización presume o no las opiniones que son previas. Y si las socieda282

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des de información crediticia exceden sus facultades ¿Qué hago?, recordemos que conforme a la ley sus documentos carecen de valor probatorio en juicio. Entonces, ¿a quién acudo para defender mis derechos? Evidentemente, los tribunales federales no son opción para obtener justicia. Los magistrados declaran: “…ineficaces los agravios que se marcaron con los números 23), 24), 31), 32), 33), 34), 35), 52), 53), 54), 55), 56), 57) y 58),…” y vuelven a resumirlos en ocho hojas. Supongo que los carteles que aparecen en todos los órganos jurisdiccionales federales en el sentido de que “Hay que hacer más con menos”, implican que debe gastarse papel inútilmente al transcribir agravios para después resumirlos en incisos y volver a sintetizarlos en el estudio. Voy en la página 644 donde los magistrados vuelven a transcribir los actos reclamados a Banco de México, el informe que rindió, llegó a la página 648 para encontrarme con que: “Banco de México negó los actos que se le atribuyen, y al relacionar esa negativa con la aclaración posterior inmersa en el propio informe, se obtiene que aceptó que expidió disposiciones de carácter general a las que se sujetan las sociedades de información crediticia 283

Vicisitudes de un litigante bisoño

para proporcionar su base de datos a otras, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación de diciembre de mil novecientos noventa y seis, así como las reglas generales a las que se sujetan las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y los usuarios, que aparecieron en el órgano de difusión aludido el dieciocho de marzo de dos mil dos, sin que ello lleve a tener por cierto el acto consistente en ‘la omisión… para que emitiera disposiciones de carácter general que regularan la creación de las sociedades de información crediticia de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos’, puesto que de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, no corresponde a Banco de México la creación de las mismas, sino que sólo da su opinión, en forma previa a que, en su caso, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal otorgue la autorización correspondiente, en esa medida, la negativa de la autoridad no puede aislarse como pretende el recurrente, a fin de tenerlo por cierto, con base en silogismos o lógica, sino que al vincularse con el resto del informe, se pone de manifiesto que a tal autoridad no atañe emitir disposiciones de carácter general para regular la creación de las sociedades de información crediticia, pues la norma respectiva pone de manifiesto 284

Enrique Antonio Pedraza

que Banco de México tiene como función emitir las disposiciones de carácter general a las que deben sujetar sus actividades las sociedades de información crediticia, cuestión evidentemente diferente de la pretensión del inconforme.” Tienen razón los señores magistrados al establecer que utilizo lógica y silogismos en mi recurso y por lo mismo pregunto: ¿Cómo la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia que se promulgó en el 2002, puede desvirtuar actos de 1996 a 2002? Banco de México aceptó que en este último periodo expidió disposiciones de carácter general a las que se sujetan las sociedades de información crediticia para proporcionar base de datos a otras y las reglas generales a las que se sujetan las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y los usuarios. Hasta este momento, yo sabía que sólo el Congreso de la Unión podía expedir leyes y que la facultad reglamentaria estaba reservada al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Como Banco de México aceptó que expidió disposiciones generales, es evidente que no existió omisión de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos, pues estuvieron en vigor las disposiciones anotadas, que estuvieron vigentes antes de la Ley para Regular las Socieda285

Vicisitudes de un litigante bisoño

des de Información Crediticia. En consecuencia, que esta prevea que para la creación de una sociedad de información crediticia se requiere la opinión de Banco de México, no dilucida el problema de qué pasó antes ¿o sí? Supongo que para efectos jurídicos, el hecho de que Banco de México reconociera que emitió disposiciones de carácter general para regular a las sociedades de información crediticia, no implica que participara en la creación de tales sociedades. Perdón, apreciable lector, me adelanté en mis comentarios a fin de ilustrarme los magistrados me transcriben el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y 12 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para decir: “Se combate el proceso de creación de las disposiciones de carácter general a las que se sujetarán las sociedades de información crediticia para proporcionar su base de datos a otras sociedades de información (veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis) y las reglas a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios (dieciocho de marzo de dos mil dos). Tal cuestionamiento se basa en la existencia de un reporte de crédito especial que, en concepto del particular in286

Enrique Antonio Pedraza

conforme, constituye el acto de aplicación en su perjuicio de las normas que tilda de inconstitucionales, ese acto lo atribuye al que de manera popular se denomina ‘Buró de Crédito’.” No. Parece que no me adelanté. Ahora los magistrados analizarán los actos del Buró de Crédito que fueron cometidos al amparo de leyes y disposiciones de carácter general que emitieron autoridades a las cuales no puedo reclamarles nada, porque los actos que me molestan son de particulares. ¿No sería eso lo que pasó en el 68? Francotiradores apostados en los edificios abrieron fuego y el ejército respondió, pero… ¿quién envió a los francotiradores? Al parecer éstos no eran miembros, ni del ejército, ni de la policía, aun cuando al parecer fueron órdenes de la autoridad. Lo mismo pasa en mi caso, el Buró de Crédito se crea con base en leyes y disposiciones de carácter general que emitieron autoridades a las cuales no les puedo reclamar sus actos porque quien los realiza es un particular. ¡Qué cerca estamos del fascismo en las democracias y no nos damos cuenta! Continúo con mi lectura de la sentencia, página 652: “Como quedó de manifiesto en párrafos pretéritos, [tan pretéritos que no recuerdo haberlos leído] ‘Buró de Crédito’, o las empresas (sociedades anónimas) que lo 287

Vicisitudes de un litigante bisoño

constituyen, no son autoridades para los efectos del amparo, luego, no existe acto de aplicación desplegado por autoridad alguna, que permita al peticionario acudir al juicio de garantías de modo eficaz, [coincido en que el juicio de amparo no es un medio eficaz para defender garantías individuales] así que el sobreseimiento debe prevalecer, si bien, en lo que hace a los actos precisados en este análisis, por las razones [¿Cuáles razones? Hasta aquí no he leído ninguna] aducidas en la presente instancia. “Insiste el quejoso [o sea yo] en que el reclamo de los artículos 33, 33A y 33B de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, obedece a que con base en ellos ‘Buró de Crédito’ obtuvo la información que ahora le perjudica, sostiene también que la aptitud para poder impugnar esas normas se generó con el reporte especial de crédito que imputa al llamado ‘Buró de Crédito’, [eso es lo que yo dije] empero, al no ser dicho buró autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, resulta que no puede alegarse que se afecte la esfera jurídica del peticionario, [eso dicen los magistrados] en forma tal que valide el que acuda al juicio de garantías [supongo que nuestra vida privada no es algo que amerite defensa constitucional] así que también respecto de ello debe prevalecer el sobreseimiento.” 288

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Después de eso, los magistrados me dicen que estos artículos ya están derogados por lo que también por ese motivo no pueden estudiarlos. Continúan transcribiendo el desahogo de la prueba de cotejo de las páginas de Internet del Buró de Crédito, de Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, parte de la diligencia y parte de las páginas de Internet para concluir que: “El término ‘lista negra’ aparece en las preguntas más frecuentes que se formulan a ‘Buró de Crédito’. ‘¿Si pago mis créditos, me borran de la lista negra?’, empero, no significa admisión por parte de las sociedades de información crediticia de que se trata, de que sea una relación con el efecto que pretende el recurrente, inclusive, con independencia de cómo se llame a la relación que se forma en el historial crediticio de las personas. “Al tratarse de un acto de autoridad, cuenta habida que ni los bancos ni las sociedades anónimas que constituyen el ‘Buró de Crédito’, señaladas como responsables, son autoridades para los efectos del juicio de amparo, por las razones ya expresadas, inconcuso deviene que no pueden analizarse los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de los preceptos controvertidos, que aduce el recurrente, por referirse a cuestiones de fondo del asunto y sabido es que el sobreseimiento ex289

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cluye su estudio, [precisamente porque era un análisis de fondo no podía decretarse el sobreseimiento] y por lo que hace a aquellos que se vinculan con aspectos del acto para poner en evidencia que son de autoridad, se reproducen aquí las consideraciones que ya se vertieron con antelación [¿Cuáles?] al respecto, en obvio de repeticiones y por economía procesal.” Empiezo a comprender la velocidad de lectura de los señores ministros, pues me imagino que los magistrados deben tener el mismo método que aquéllos; veamos, la sentencia tiene 679 páginas. De transcripciones, resumen de constancias, síntesis de transcripciones, precisión de actos reclamados, cita de jurisprudencias y artículos legales son: 649 aproximadamente y las treinta hojas restantes son el estudio. Esto implica que en realidad lean el cinco por ciento de lo que se escribe, lo que explica el número de asuntos que resuelve o falla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados califican de ineficaces y vuelven a resumir los primeros 7 agravios de mi recurso de revisión, donde en esencia controvertí que no podía sobreseerse el juicio porque determinar si Buró de Crédito era autoridad para efectos del amparo era un problema de fondo para decirme: “Se concluye en esa forma, cuenta habida que di290

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chos agravios (marcados con incisos del 1) al 7) constituyen lo que el recurrente denomina ‘agravios para controvertir de manera general el sobreseimiento’ (foja 9), y en el caso, ya se contestaron las argumentaciones que esgrimió como ‘agravios para controvertir de manera específica cada casual de improcedencia’, en las que se atendieron las manifestaciones que de modo particular y amplio adujo, ello al resolver este asunto [agravios marcados con incisos del 8) al 58)], en consecuencia, es incuestionable que al contestarse en lo particular, se respondieron los planteamientos atinentes (en lo general), por lo cual, atento al principio de economía procesal, se tiene aquí por reproducido lo que se dijo en forma específica sobre cada una de esas manifestaciones, como si a la letra se insertara.” Intentaré recordar mis clases de lógica. Si yo digo una proposición general, como por ejemplo los animales comen carne; con independencia de que esta proposición sea falsa o verdadera, de ella pueden deducirse proposiciones lógicas particulares como el caballo es animal; luego entonces, el caballo come carne. Estas proposiciones constituyen un silogismo aun cuando éste sea falso. Una preposición verdadera sería: los animales viven, el caballo es un animal; luego entonces el caballo vive. 291

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Este es el método deductivo. El inductivo procede al contrario. El caballo vive, el cerdo vive, el pato vive; estos tres seres son animales; luego entonces, los animales viven. Planteo en mi demanda que el sobreseimiento no se puede dar porque involucra el estudio de fondo. Proposición genérica. Luego establezco que las consideraciones por las que el juez de distrito me sobreseyó son incorrectas y doy razones para cada una. Proposiciones particulares. El colegiado estudia cada causal de improcedencia y me dice que estuvieron correctas, luego entonces no tiene por qué estudiar la genérica. Lo anterior equivale a contestarme la pregunta: ¿Qué come el tigre? Diciéndome: el pato come pasto, el cerdo come desperdicios, el perro come carne, luego entonces todos comen y como todos comen, no tengo que decirte qué come el tigre. En otras palabras, todas y cada una de las causales de improcedencia que invocó el juez de distrito son correctas; por tanto, no tengo que estudiar por qué estas causales de improcedencia involucran el estudio de fondo, pues las mismas se dan. ¡No cabe duda! El Poder Judicial de la Federación está a la vanguardia de la lógica. Finalizan los magistrados diciendo que es infundado 292

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el agravio marcado como 59), ya que: “En oposición a lo que alega el recurrente el texto de las tesis que invoca se desprende que el proceder del juez federal fue correcto, de ahí lo infundado de su argumento, máxime que en relación con la tesis mencionada en último término, de rubro: ‘LEYES. CUANDO SE CONTROVIERTE EN AMPARO LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS DEBE ABORDAR EL ESTUDIO DE SU CONSTITUCIONALIDAD, ANTES DE PRONUNCIARSE SOBRE

LA

COMPETENCIA

DE

LA

AUTORIDAD

APLICADORA’ (de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), no es aplicable, en virtud de que prevé el supuesto en el que, además de la inconstitucionalidad de una norma, se cuestiona la competencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, así, es dable primero examinar lo concerniente a la constitucionalidad de la ley y, sólo en el caso de que la norma se apegue a la Norma Fundamental, se procederá al estudio del aspecto de competencia de la autoridad, pero ello únicamente una vez que es superado cualquier obstáculo relativo a la improcedencia del juicio, es decir, el análisis de la constitucionalidad de la ley, y el posterior sobre la competencia de la autoridad, ocurren 293

Vicisitudes de un litigante bisoño

en el caso en que no se actualice alguna causal de improcedencia que, por conllevar al sobreseimiento en el juicio, impida el análisis de fondo, de ahí su inaplicabilidad en la especie, dado que, conforme quedó de manifiesto, procede confirmar el sobreseimiento en el juicio.” Transcriben dos jurisprudencias y finalizan: “En esa tesitura, como los agravios resultaron en una parte ineficaces, en otra infundados e inoperantes en lo restante, sin que proceda la suplencia de la deficiencia de la queja, al tratarse de materia administrativa en que opera el estricto derecho, lo que toca es confirmar el fallo recurrido.” Después de leer esta sentencia sólo me queda estar de acuerdo con Carlos Monsivais en el sentido de que: “Si Kafka hubiera nacido en México, probablemente sería un escritor costumbrista” y como dijera un amigo, “por cierto, muy limitado”. En efecto, sus fantasías no superarían la realidad mexicana.

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EL EXAMEN Maestro: ¿Qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto en contestar el examen? Fuiste el último y eras de los que más participaba. Alumno: El examen lo terminé hace mucho, me quedé al final para preguntarle: ¿El juicio que nos narró en la última clase es verdad? Maestro: Sí. Tengo copias certificadas que lo prueban. Alumno: Entonces, ¿de qué sirve estudiar derecho? Maestro: Es una buena pregunta. Acompáñame, te voy a contar otro juicio. “Sucede que mi empleador, al igual que la mayoría de los empleadores de nuestro país, decidió pagarme mediante depósitos bancarios en cuenta de cheques. Los funcionarios bancarios se encargaron de informarnos las ‘maravillas’ que obtendríamos al formar parte de la ‘selecta cartera de clientes’ del banco para el que trabajaban. Producto de estas ‘maravillas’ obtuve una tarjeta de crédito que por el transcurso de más de diez años manejé sin ningún problema, pues a pesar de que muchas veces tuve que pagar recargos, gastos por cobranza, etcétera, nunca dejé de liquidar mis deudas. 295

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“Como ningún banco me quiere prestar dinero porque estoy en ‘la lista negra’ del Buró de Crédito y como cualquier persona trabajadora que viven en un país que está en constantes crisis económicas, tengo que organizar mis pagos para que a mi familia no le falte lo indispensable, y esperar el aguinaldo para salir de deudas. “Faltando escasos quince días para recibir esta prestación de fin de año y poder pagar la tarjeta de crédito, debido a que me retrasé en el pago, el banco decide descontarme el saldo de mi tarjeta de mi cuenta de cheques donde cobro mi sueldo, con lo cual mi salario de quince días dejó de existir. “¿Sabes lo que significa esto? Probablemente no, porque eres muy joven, pero puedes imaginarte que sucedería si tu papá perdiera su quincena o se la robaran. “El problema de este hurto es que lo cometen los famosos ladrones de ‘cuello blanco’ al amparo de las leyes y el particular esta desamparado ante tales disposiciones legales. Sin embargo, como yo soy abogado, recurrí al juicio de amparo para conseguir que la ley que permite estos robos sea declarada inconstitucional. “Acudí a una sucursal del banco para solicitar un corte parcial de mi estado de cuenta. La persona que me atendió de manera déspota me pidió que le dijera 296

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por qué la quería; al explicarle los motivos, de manera prepotente me la entrega como esperando un reclamo. No acostumbro pelearme, prefiero ocupar la manera civilizada de reñir, que es el litigio ante tribunales. Sin embargo, este funcionario estaba tan ocupado en sentirse superior que olvidó pedirme copia de mi credencial o que firmara un acuse de recibo. Esta circunstancia me da más tiempo para interponer mi demanda de amparo, ya que puedo esperar que llegue el estado de cuenta por correo. “Primer problema a dilucidar es con base en qué ley el banco puede ‘cobrarse a lo chino’, pues en el estado de cuenta únicamente aparece una leyenda: ‘cargo por cobranza’. “Vuelvo a enfrentarme al problema de investigar la ley, aunque ahora tengo el tiempo a mi favor, pues yo todavía ‘no conozco’ el acto. “Los bancos están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito que al igual que la ley que creó al Buró de Crédito, adolece de fundamentación. Encuentro que los bancos tienen como vigilante a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que los artículos que contenía derechos a favor de los usuarios, o sea, de nosotros pobres mortales, están derogados por la Ley de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros. 297

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“Investigo si la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene algún derecho que me proteja de las arbitrariedades de los bancos. Los artículos que se referían a derechos de los usuarios están derogados por la mencionada Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. ¡Qué maravilla!, en un solo ordenamiento jurídico están contenidos todos los derechos de los usuarios de servicios financieros. Comienzo a leer esta ley, leo, continúo leyendo y termino de leer. No hay derechos para los usuarios de los servicios financieros.” Alumno: ¿En serio? Maestro: Sí. Vivimos en un país donde los usuarios de los bancos no tenemos ningún derecho. Continúo con mi historia. “Recuerdo los años lejanos en que un Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro... a partir de este momento los bancos tuvieron regulación constitucional, el sexenio siguiente fue de una crisis tremenda, los índices inflacionarios sólo fueron superados por el aumento de las colegiaturas de la escuela donde estudié derecho... “Al siguiente sexenio los bancos regresaron a la iniciativa privada, fueron saneados financieramente, pero al regresarlos a la iniciativa privada, el gobierno, es de298

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cir, el constituyente permanente, integrado por Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, ‘olvidaron’ poner un freno a la voracidad de los nuevos banqueros. Gracias a este olvido cuando surgió el ‘error de diciembre’ los bancos alcanzaron valores extraordinarios que tuvo que pagar el pueblo de México, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que el sentido del humor mexicano llamó ‘ROBAPROA’.” “Primera interrogante: ¿Puedo reclamar la omisión del legislador? Considero que si la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y la Ley de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros, declaran que otorgarán derechos a los usuarios y los protegerán, pero de su contenido no se advierten estas circunstancias, es evidente que existe una incongruencia legal, que redunda en una inconstitucionalidad. En efecto, cualquier abogado sabe que el orden jurídico debe constituir un todo y no puede haber lagunas, de tal manera que si el legislador las crea al señalar que otorgara derechos, pero omite otorgarlos, es procedente su reclamo por medio del juicio de amparo. “Así que el primer acto reclamado en la demanda será una omisión por parte del legislador. Ahora ya sé que debo señalar a los titulares, al órgano y dar su domicilio. 299

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“Del estudio de las tres leyes advertí que otorgaban el derecho a los bancos para crear sus propios contratos de adhesión. ¡Eureka! Aquí está la clave. Después de las tiendas de raya en donde el trabajador tenía la obligación de comprar, el siglo veinte inventó estos contratos de adhesión, que la empresa fija unilateralmente y el particular sólo puede aceptarlos o rechazarlos. Cuando vamos al mercado podemos regatear, escoger la compra e incluso, si tenemos educación, podemos platicar con ‘las marchantas’. Cuando vamos al supermercado no podemos regatear, ni escoger el contenido de las compras, pues la mayoría de las mercancías ya están empaquetadas, ni podemos hablar con los dueños, aun cuando tengamos educación. La razón es muy simple, cuando vamos a los modernos almacenes estamos celebrando contratos de adhesión. “Con el fin de evitar los abusos de los grandes comerciantes que eran cada vez más frecuentes, hace como treinta años se creó la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, esa ley y esta procuraduría, no pueden “controlar” a los bancos, ya que éstos tienen su propia legislación especial que los autoriza a realizar sus propios contratos de adhesión. Aquí surge el segundo acto para impugnar: La facultad de los bancos para elaborar sus 300

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contratos de adhesión. Con esto coloco al banco en calidad de autoridad. “Para impugnar los contratos de adhesión me baso en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las relaciones derivadas de un contrato de adhesión, no son de coordinación, sino de subordinación. “También impugno el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio que expidió la junta de gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En nuestro país parece que cualquier persona puede expedir reglamentos, estatutos, acuerdos, en fin, normas jurídicas, sin necesidad de satisfacer más requisito que el legislador lo dote de esta facultad normativa. “Segunda interrogante: ¿Cómo reclamo los contratos de adhesión? Ante todo como la ley establece que tales contratos ‘podrán’ (facultad potestativa de la autoridad que por regla general implica que no se haga) ser revisados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es evidente que tengo que reclamar por un lado la aprobación de este contrato de adhesión, y por el otro, la omisión de revisar el contenido de dicho contrato, 301

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pues ignoro si esta comisión ejerció su facultad potestativa. “Centro mi atención en el contrato de adhesión, y advierto que el artículo 5º constitucional establece que no deben existir contratos que violen garantías individuales. Ya tengo el precepto de la constitución con el que enfrentar las leyes que reclamo. Además, que está el principio de supremacía constitucional, es decir, que no puede haber ley, reglamento, circular, acuerdo, estatuto o contrato por encima de la constitución. “Una vez precisados los actos reclamados y las autoridades responsables, procedo a realizar la protesta de los hechos que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Como estoy reclamando tres leyes federales procedo a narrar la fecha que se expidieron y que en sus primeros artículos establecieron que pretendían defender los derechos de los usuarios de los servicios financieros, sin embargo, en ninguna de ellas están establecidos tales derechos; esta circunstancia ocasiona que sean leyes incongruentes y como consecuencia de ello inconstitucionales. “Estas leyes autorizan a los bancos a elaborar sus propios contratos de adhesión, es decir, que emitan sus propias normas jurídicas a las que deben sujetarse los usuarios. Tales contratos obligan a renunciar a las garan302

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tías individuales más elementales, so pena de no tener los servicios de los bancos. Como en la actualidad la mayoría de los empleadores deciden pagar a sus trabajadores a través de cuenta de cheques o tarjetas de débito, los pobres mortales que vivimos de nuestro trabajo, tenemos que aceptar los contratos de adhesión denigrantes que realizan estas instituciones. En efecto, en el contrato que te comento, el banco a través de la figura del contrato de mandato adquiere mi autorización para que cualquiera de mis adeudos, fundados o no, procedentes o no, ciertos o no, sean cubiertos con los saldos que haya en cualquiera de mis cuentas. “Terminados los antecedentes, procedo a elaborar el consabido capítulo de procedencia del juicio de amparo en el que vuelvo a razonar que conforme a la Ley de Amparo, este juicio procede contra leyes como son: la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; contra reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general como lo es el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y contra actos que provengan de un ente dotado por la ley de atributos de la autoridad que le permitan modificar la situación jurídica de las per303

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sonas. Como los bancos están facultados para elaborar sus contratos de adhesión y a aplicarlos, con tal proceder crean, modifican o extinguen unilateralmente situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, ya que las instituciones de crédito están en un plano de superioridad ante el particular, pues tienen la facultad de imponer su voluntad sin el consenso del cuenta-habiente, lo que implica que el banco ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en ordenamientos legales, por lo que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Invoco otra vez las tesis y jurisprudencias que sustentan mis razonamientos. “También establezco que estoy reclamando actos que violan mis garantías de audiencia, seguridad jurídica, justicia pronta y expedita, pues los ordenamientos que estoy reclamando autorizan a los particulares a hacerse justicia por propia mano, sin mediar acto de autoridad, sin respetar la garantía de audiencia, ni de legalidad, ni de fundamentación, ni de motivación; por lo que el juicio de amparo es procedente al reclamar violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Para finalizar este capítulo, expongo que existe una 304

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violación directa a la constitución, ya que el Estado permite que existan contratos que violan garantías individuales. “Vuelvo a fijar la competencia en el lugar donde vivo, pues ahí tuvieron ejecución los actos reclamados; esto con el fin de evitar algún requerimiento o declaratoria de incompetencia. “Invoco los preceptos constitucionales violados y formulo mis conceptos de violación que en resumen fueron: “Primero: La falta de fundamentación de los decretos que expidieron las leyes reclamadas, ya que el Congreso de la Unión es una autoridad que debe acatar la constitución; máxime que las facultades del órgano legislativo federal están delimitadas en dicha Carta Magna. Tan es así, que el juicio de amparo procede cuando las autoridades federales invadan las facultades reservadas a las autoridades locales o viceversa. “Segundo: En caso de que el Congreso de la Unión tuviera facultad para expedir las tres leyes que estoy impugnando, es evidente que no puede trasladar esta facultad a otro órgano, pues la constitución se la otorgó a él. Por este motivo, resultan inconstitucionales las facultades normativas otorgadas tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como a la Junta de Gobierno 305

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de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por lo que se refiere a las facultades de iniciar normas conferidas al Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, éstas también resultan inconstitucionales porque la facultad de iniciar leyes corresponde exclusivamente al Presidente de la República, a los Diputados y a los Senadores al Congreso de la Unión, y a las legislaturas de los estados. “Tercero: La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, infringe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a expedir su estatuto orgánico, cuando la facultad de expedir reglamentos, estatutos o disposiciones de carácter general en la esfera administrativa está reservada al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque éste tiene la representación popular de que carece aquélla. “Cuarto: Establezco que en los contratos de adhesión no existe libertad para definir su contenido; por tanto, el banco que lo elabora está colocado en un plano de superioridad frente al particular, es decir, estos contratos adquieren el carácter de imperativos o coercitivos y de eminente interés público y de servicio social, 306

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pues impiden, restringen o modifican la autonomía de la voluntad de los contratantes, ya que excluyen toda posibilidad legal de que las partes modifiquen libremente el contenido de tales contratos. Sostengo que el contrato de adhesión constituye la imposición unilateral de la voluntad de quién lo elabora, en contra de quién va a contratar, esto es, el banco o institución de crédito que lo hace está colocado en un plano de superioridad, frente a las personas que tienen la necesidad de contratar los servicios. Máxime que la ley autoriza a los bancos a elaborar sus contratos de adhesión y establece que los servicios que prestan, únicamente pueden realizarse por instituciones de crédito. En efecto, el particular que intente prestar un servicio bancario incurre en un delito. “Con base en lo anterior, considero que con el fin de respetar la garantía de igualdad, de evitar las discriminaciones por la condición económica y que ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley, es procedente que el Congreso de la Unión regule los contratos de adhesión con el fin de que la parte que los elabora no se coloque en un plano de superioridad frente al particular; por tanto, resulta inconstitucional que el órgano legislativo faculte a los bancos a elaborar sus contratos de adhesión. Máxi307

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me que la constitución prohíbe los contratos, pactos o convenios que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad. “Quinto: Considero que el Congreso de la Unión es el único ente dotado para establecer el contenido de los contratos de adhesión. Por tanto, los artículos que delegan esta facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la Comisión para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros resultan inconstitucionales. “Sexto: Como las autoridades responsables no fijaron límites para los contratos de adhesión, el banco estableció que: ‘EL CLIENTE, [o sea yo] autoriza expresamente a [banco] y al efecto, le confiere el mandato [normalmente este contrato se realiza ante la presencia de un notario o ante dos testigos] más amplio que en derecho proceda en cualquiera de sus cuentas cualesquiera adeudos que resulten en su contra, con motivo de lo pactado en este contrato, así como, a su vencimiento, los adeudos que por cualquier concepto hubiere contraído EL CLIENTE con [banco], como también los intereses ordinarios o moratorios y penas convencionales que se causen por dichos adeudos’. Y pensar que yo creí que las tiendas de raya eran cosa del siglo XIX. “El contenido de esta cláusula es tan claro que no 308

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necesito explicarte porque viola las garantías de igualdad, de prohibición de contratos que restrinjan la libertad, la prohibición de hacerse justicia por propia mano, la garantía de inembargabilidad del salario mínimo, etcétera. En mi demanda razoné porqué violaban cada una de estas garantías. “Séptimo: Considero que la creación de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Protección para los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros, incrementa el presupuesto de egresos y como consecuencia de ello también incrementa la manera en que tengo que contribuir con los impuestos, lo que resulta violatorio de garantías, pues para remediar problemas entre particulares están los tribunales. Por tanto, la creación de autoridades debe obedecer a una necesidad social, y no a un mero capricho de los tres poderes de la unión. “Como ya sé los problemas que representa solicitar la suspensión después de iniciado el juicio, ahora solicito la suspensión desde que elaboro mi demanda para el efecto de que el banco no vuelva a aplicar la cláusula que lo autoriza ‘a cobrarse a lo chino’; hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo. “Además, para demostrar mi interés jurídico y los actos reclamados ofrezco como pruebas el estado de 309

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cuenta de la tarjeta de crédito, el estado de cuenta de cheques y el contrato de adhesión. Cito las disposiciones legales que considero aplicables y formulo mis puntos petitorios.” Alumno: Muy buena demanda. Maestro: La experiencia ayuda a elaborar demandas; pensé que era imposible que el juez de distrito negara mis peticiones. Alumno: ¿Ganó el juicio? Maestro: Una vez que presenté mi demanda de amparo esperé la notificación del auto admisorio; la sorpresa que me llevé fue grande. “No cabe duda que el juez de distrito también tenía más experiencia para evitar juicios en contra de los bancos. Debido al sistema computarizado para el turno de asuntos que existe en las oficialías de partes, esta demanda también fue del conocimiento del mismo juez que conocía de mi demanda contra actos del Buró de Crédito. Aun cuando no se trata de dos asuntos iguales, ni siquiera similares, en virtud de que el quejoso es el mismo y los actos reclamados son iguales, pues ambos son inconstitucionalidad de leyes, aun cuando las leyes son diferentes, para el cerebro electrónico de la computadora que regula los turnos se trata de dos asuntos en los que debe conocer el mismo juez federal. 310

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“Con la amplia experiencia del juez de distrito en asuntos donde los bancos figuran como autoridades responsables, decidió desecharme la demanda de amparo por lo que hace a los bancos, ello sin tomar en cuenta las jurisprudencias que invoqué en el sentido de que se trataba de actos de autoridad y da a entender que no leyó la demanda. “En el incidente de suspensión, el juez federal decide negarme la medida cautelar solicitada porque ésta no procede contra actos de particulares. Mi pregunta fue: ¿cuáles actos de particulares? Al admitir la demanda la desechó contra estos actos de particulares. “¿Qué procede contra el desechamiento parcial de una demanda?” Alumno: La revisión es contra el desechamiento total y la queja contra el parcial Maestro: Sí. Contra el desechamiento parcial de una demanda de amparo procede el recurso de queja, así que vuelvo a elaborar otro recurso. Primero su procedencia con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después los agravios. “Otra vez alegué que el juez de distrito omitió estudiar los planteamientos de la demanda, que para desecharla debe existir una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia, y la causal que invocó el 311

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juez no satisface tales requisitos porque para analizar si los funcionarios son autoridades es necesario analizar la ley que regula sus actos. Tal cuestión es propia del fondo del asunto. “Reclamé violación directa a un precepto constitucional que impide que existan contratos que violen garantías individuales, que al desecharme la demanda por las autoridades ejecutoras, el juicio de amparo es improcedente porque la ley que estoy reclamando es heteroaplicativa, que si los bancos no son autoridades, automáticamente adquieren el carácter de terceros perjudicados, por lo que deben ser emplazados.” Alumno: ¿Qué resolvieron? Maestro: Espera. También impugné la suspensión provisional, mediante el recurso de queja. A través de ésta impugné tanto la negativa de concederme la suspensión provisional, como el hecho de que el juez de distrito estableciera la celebración de la audiencia incidental en un término tan breve que me impide impugnar la suspensión provisional, por lo que considero que este recurso debe resolverse a pesar de que se haya celebrado la audiencia incidental. “Otra razón para resolver el asunto es que debido al desechamiento parcial de la demanda, ya no hay actos que suspender. En efecto, si el juez de distrito no ad312

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mitió la demanda por lo que se refiere a las autoridades ejecutoras, es evidente, por simple lógica, ya no existen actos de ejecución que suspender. “Los agravios en contra de la negativa de suspensión los hice consistir en lo siguiente: Debido a la cercanía entre la fecha en que se me notificó la suspensión provisional y la fecha fijada para la audiencia incidental, donde se resolverá en definitiva dicha suspensión, el juez de distrito me impide ejercer el presente recurso de queja, pues cuando lo interpongo, ya se falló el incidente, otorgando o negando la suspensión definitiva, por lo que la suspensión provisional deja de surtir sus efectos. “Otro agravio lo hice consistir en que como la demanda fue desechada por cuanto hace a las autoridades ejecutoras, el incidente carece de materia; sin embargo, como impugné este auto admisorio, al revocarse el mismo, tendrá que volver a resolverse sobre la suspensión. “También hice valer que la resolución provisional fue firmada exclusivamente por el juez de distrito y no por el secretario, ya que en la resolución no existe el nombre de este último y por definición: “firma. (De firmar) f. Nombre y apellido, o título, de una persona, que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad, para ex313

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presar que se aprueba su contenido, o para obligarse a lo que en él se dice. //

Nombre y apellido, o título,

acompañado o no de rúbrica, y puesto al pie de un documento...”. “Finalmente, hice valer que el juez federal no resolvió los planteamientos que realicé al solicitar la suspensión provisional.” Alumno: ¿Qué pasó? Maestro; El tribunal colegiado al fallar la queja contra la suspensión provisional, decidió declararla fundada por la ausencia de firma del secretario. ¡Aunque no lo creas! Este tribunal colegiado por mayoría de votos sostuvo que la firma constaba de nombre propio y rúbrica, por lo que al faltar aquél, el auto debía revocarse y pronunciarse uno nuevo en el que se hiciera constar la presencia del secretario. El voto particular dijo que como al inicio del acto se señaló el nombre del secretario, esto era suficiente para satisfacer el requisito de que la firma consta del nombre propio y de rúbrica. “El juez de distrito se limitó, al cumplimentar esta ejecutoria de la queja, a dictar un nuevo acuerdo en el mismo sentido pero firmado por la secretaria (ahora si puso su nombre), con la misma fecha que el anterior y dejó subsistente todo lo actuado. Por este motivo me inconforme con el cumplimiento, ya que no se puede 314

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dejar insubsistente un acuerdo y dictar el nuevo acuerdo, en la misma fecha que el nulificado, pues por simple lógica, la fecha es diferente y la nulidad de un acto en los procedimientos provoca la nulidad de los subsecuentes.” Alumno: ¿En serio? Maestro: Sí. Ignoro que pasó con esta inconformidad porque al enterarme que la segunda queja fue declarada infundada, este juicio carecía por completo de materia. “El mismo tribunal colegiado consideró que el desechamiento de la demanda fue correcto porque para estos magistrados es notorio y manifiesto que los bancos no son autoridades, y aunque el quejoso controvierta esta circunstancia en su demanda, el desecharla no implica resolver el fondo. Claro está que para llegar a esta conclusión, no estudiaron ni abordaron los problemas que formulé en la demanda, ni las jurisprudencias que cité. “Después me dijeron que el juez ‘admitió’ mi demanda y que tuvo por ‘no designadas como autoridades responsables a los bancos’, lo que ocasiona que este tribunal colegiado no puede ordenar al juez federal que ‘admita’ mi demanda. Unos párrafos más adelante sostienen que: ‘...si bien es cierto que el juez federal en 315

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el auto recurrido no dijo expresamente que desechaba parcialmente la demanda de garantías promovida por el quejoso, respecto de las instituciones bancarias que éste designó como autoridades ejecutoras; también lo es, que sólo la admitió parcialmente, pues tuvo por no designadas con tal carácter a las mismas...’.” Alumno: ¿Cuál es la diferencia entre desechar parcialmente o admitir parcialmente?; ¿Cómo se resolvería una queja fundada contra el desechamiento o la admisión parciales?; ¿se ordena levantar el desechamiento parcial, pues la demanda está admitida y no puede ordenarse nueva admisión? Maestro: Realmente no sé. “Después me dijeron que un contrato no es un acto de autoridad, pero sin señalarme porqué la ejecución forzosa del mismo, tampoco es un acto de autoridad. Esto último era lo que estaba reclamando y tenía como antecedente el contrato de adhesión “Respecto al emplazamiento de los bancos como terceros perjudicados, este tribunal considero que: ‘Además, si el quejoso considera que de no tenerse como autoridades responsables a Banco... deben intervenir en el juicio de amparo como terceros perjudicados, deberá expresar tal situación ante el juez federal, pues a él corresponde y no al juez, señalar a quienes tengan el 316

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carácter de terceros perjudicados.’ “Y en relación con todos los planteamientos que realicé respecto al contrato de adhesión, me dijeron que: ‘... constituye el problema de fondo planteado, del que no se ocupó el juez de distrito… [por lo que al no desvirtuar] las consideraciones substanciales expuestas por el juez de distrito en el auto recurrido, los agravios que expreso son inoperantes, pues combate cuestiones de fondo que no fueron analizadas por el juez federal.’” Alumno: De veras, ya no entiendo. Maestro: ¡Bienvenido al club! Si combato la omisión, me dicen que no hay omisión porque no era el momento de pronunciarse sobre el fondo. Si les digo que por tratarse del fondo no debió desecharse la demanda por lo que hace a los bancos; me dicen que sí es manifiesta la causal de improcedencia por lo que fue correcto el desechamiento. Si les expongo las razones por la que los bancos son autoridades, me dicen que es materia de fondo. “Para acabar con las incongruencias me dijeron: ‘...es inoperante el agravio consistente en que al no admitir el juez federal la demanda de garantías, respecto a las autoridades ejecutoras resolvió el fondo del asunto; porque este recurso debe contraerse a examinar el motivo que expuso el citado juez de distrito para 317

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tener por no designadas como autoridades a los bancos... [y que] la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional. “Además, puede ser que las propias autoridades ordenadoras realicen la aplicación de la ley que se impugne de inconstitucional, o bien, que el quejoso ignore quiénes son las autoridades ejecutoras. “’En este orden de ideas se concluye, que la circunstancia de que el juicio de garantías no se designen autoridades ejecutoras, cuando se impugna de inconstitucional una ley, no trae como consecuencia que el juicio sea improcedente.’” Alumno: Ahí acabó el juicio. Maestro: Sí, porque el juez de distrito sobreseyó en este juicio precisamente porque ‘...al no existir el acto de aplicación, no es procedente entrar a su estudio, en virtud de la vinculación existente entre la ley y el acto concreto de aplicación, lo cual impide estudiar uno prescindiendo del otro...’” Alumno: Es increíble que en un asunto pueda decirse 318

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primero que la inconstitucionalidad de una ley puede analizarse sin que existan actos de ejecución y después, que la inconstitucionalidad de una ley no puede analizarse sin que haya actos de aplicación. Maestro: Estoy de acuerdo contigo. Alumno: ¿Interpuso revisión? Maestro: No. Sé reconocer cuándo un asunto está terminado, pues en virtud de que no se llamaron a las autoridades ejecutoras, resulta inútil interponer revisión, si los magistrados del tribunal colegiado que conocerían de esta revisión ya se pronunciaron en la queja en el sentido de que los bancos no son autoridades responsables y que yo debía designarlos como terceros perjudicados. Así que dejé transcurrir el término y recibí una notificación donde establece que si en un plazo de trescientos días no recogía mis papeles, serán destruidos junto con el expediente. Alumno: ¿Qué pasaría si denunciara un delito y ofreciera el expediente como prueba?; recuerdo que nos dijo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los delitos cometidos por funcionarios tienen: ‘... plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años...’”. Maestro: Lo sé. Antes de tres años no puede depurarse ningún archivo porque no han prescrito los delitos o 319

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faltas que pudiera haber cometido el funcionario en su actuación. Alumno: Maestro, pero en todo caso ¿de qué sirve lo que nos enseñó? Maestro: De mucho. Yo les enseñé el Derecho, tal y como debe ser. Toca a ustedes cambiar la realidad con el derecho. A partir de estas controversias sobre las firmas, en los juzgados de distrito de aquí y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ponen el nombre del secretario que da fe.

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EPÍLOGOS Primero. Después de estos juicios acudí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar denuncia por los mismos actos y hechos por los que solicite amparo. En respuesta, un director general, por órdenes de una subprocuradora, me dijo: “En tal virtud, me permito comunicarle que del estudio y análisis realizados a su escrito de queja y anexos, se desprende que la problemática planteada no surte la competencia de este Organismo Nacional, toda vez que en el Juzgado… de Distrito en el estado de…, dentro del Juicio de Amparo… promovido por usted, se dirimieron los hechos en cuestión, por lo tanto, se trata de un asunto jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, fracción II de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 2º, fracción IX, inciso a) de su Reglamento Interno. “Sin embargo, en vía de orientación, en caso de que considere que existen irregularidades cometidas en su contra por parte de los servidores públicos del Poder Ju321

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dicial de la Federación, se le sugiere que acuda en forma personal o presente su inconformidad por escrito enviado por correo certificado, ante el Ministro… Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo domicilio… toda vez que es la autoridad encargada de conocer las denuncias formuladas con motivo de la posible responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a dicha Institución, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura Federal pueda resolver lo que en Derecho proceda” Volví a explicarles que la queja no era contra el Poder Judicial de la Federación, sino contra el Congreso de la Unión y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos porque permitieron la creación del Buró de Crédito, a lo que me respondieron: “De lo antes expuesto se observa que este Organismo Nacional no contó con elementos suficiente que evidenciaran violaciones a Derechos Humanos, cometidas en su perjuicio por el Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que mediante la autorización que usted 322

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otorgó al usuario que le proporcionó el crédito original, autorizó a las Sociedades de Información Crediticia a proporcionar información. En este orden de ideas, no se configuran actos que surtan la competencia de este Organismos Nacional, según lo indica el artículo 125, fracción II del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “No obstante lo anterior, se le sugiere que si considera que existen irregularidades con respecto a su información contenida en los registros que aparecen en la base de datos de la Sociedad de Información Crediticia, en contra de los usuarios empresas comerciales, podrá dirigirse con el licenciado…, Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Puebla, con domicilio…, a efectos de que presente la reclamación correspondiente. “Asimismo, si considera que existen irregularidades con respecto a su información contenida en los registros que aparecen en la base de datos de la Sociedad de Información Crediticia, en contra de los usuarios entidades financieras, se le sugiere acudir con el licenciado…, Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el estado de Puebla, cuyo domicilio se ubica…, para interponer la reclamación respectiva.” 323

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En contestación a este escrito, solicité al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos que me dijera que “Derechos Humanos” defendía dicha comisión, a través de un cuestionario que en ejercicio de mi derecho de petición formulé. La contestación fue la siguiente: “Al respecto, hago de su conocimiento que de la valoración que se realizó a su escrito se llegó a la conclusión de que no se surten actos materia de la competencia de este Organismo Nacional en términos de lo establecido en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 6°, fracción I y II, incisos a) y b) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 2°, fracción VI y VII y 9° de su Reglamento Interno. “Lo anterior, en virtud de que como usted refiere en su escrito, el Buró de Crédito tiene el carácter de particular, de tal manera que su actuación no actualiza ninguna de las hipótesis normativas previstas en los referidos numerales, a efecto de que este Organismo Nacional pueda pronunciarse al respecto. “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que si bien es cierto refiere que conforme al artículo 6°, fracción II, inciso b) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Nacional tie324

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ne competencia para conocer de quejas contra particulares, también lo es que tal competencia se circunscribe al hecho de que los particulares cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, lo cual no está acreditado que acontezca en la especie. “A mayor abundamiento, cabe señalar que de conformidad con lo que se dispone en el artículo 7, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismos Nacional no puede conocer de asuntos relativos a consultas formuladas por particulares sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y legales. “No obstante, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le orienta, si lo estima pertinente, acuda con el licenciado…, Procurador del Ciudadano en el estado de Puebla, cuyas oficinas se ubican…, a efecto de que se le brinde asesoría jurídica y en su caso, haga valer las acciones legales a que tenga derecho ante las autoridades competentes.” Me dirigí al director para informarle de que la petición fue formulada al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el cual recibe un sueldo gracias a los impuestos que pago. A esta observación me contesto: 325

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“Relativo a su requerimiento a efectos de que el Presidente de la Comisión Nacional suscriba la respuesta a sus escritos, el artículo 15, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la facultad de delegar funciones en términos del Reglamento Interno, por su parte, el artículo 24, fracción V, de la citada ley señala que los Visitadores Generales tienen las facultades y obligaciones que les confiere el Presidente de la Comisión Nacional necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. “Aunado a lo anterior, el artículo 67, fracción VI, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dispone las atribuciones de las Direcciones Generales de las Visitadurías, de atender a los quejosos que tengan dudas o peticiones relacionadas con el trámite de asuntos ante la Comisión Nacional, en tanto que la fracción XIII, de dicho ordenamiento legal confiere dichas atribuciones encomendadas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sus Visitadores. “Por otra parte, respecto a sus demás señalamientos, se reitera lo informado mediante oficios… “Por lo anterior, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Huma326

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nos, se le orienta, si lo estima pertinente, acuda a con el licenciado…, Delegado Regional en Puebla del Instituto Federal de la Defensoría Pública, cuyas oficinas se ubican en…, a efectos de que se le brinde asesoría jurídica y en su caso, haga valer las acciones legales a que tenga derecho ante las autoridades competentes.” Todavía no me decido a impugnar la inconstitucionalidad de la ley y el reglamento citados en esta última resolución. Segundo. Acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar denuncia respeto de estos hechos y por conducto de uno de sus funcionarios, dicha comisión, me dijo que iba a estudiar mi caso, sin que a la fecha tenga respuesta. Tercero. Las denuncias de contradicciones de tesis que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron declaradas inexistentes con excepción de una. Cuarto. La contradicción de tesis consistente en si es necesario que en la firma esté el nombre de la persona fue re327

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suelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de tres horas de discusión, los ministros concluyeron que no es necesario poner el nombre y apellido de propia mano en la firma, “siempre que existan elementos que permitan identificarla con su autor”. Quinto. Acudí al “Buró de Crédito” a suplicar que me borraran de la “lista negra” porque ya había pagado. Después de tres meses mi nombre desapareció de la “lista negra” y todos mis datos fueron dados a los bancos para que me ofertaran tarjetas de crédito, seguros, etc. Ahora tengo el problema de que soy sujeto de crédito y como todas las instituciones de crédito conocen mi sueldo intenta venderme cualquier cosa. Sexto. El “Buró de Crédito” resultó tan efectivo para conseguir que la gente pague, sin necesidad de juicio, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quiere que los contribuyentes morosos ingresen a la “lista negra”. ¡El gobierno necesita la ayuda del particular para ejercer su función pública! Séptimo. 328

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El Departamento de “Español al día” de la Real Academia Española estudia si es procedente incluir la acepción de la palabra firma que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el diccionario.

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ÍNDICE

PREFACIO ............................................................................. 9 PRIMER DÍA......................................................................... 11 LA SORPRESA.................................................................... 22 LA SÉPTIMA CLASE ........................................................... 31 EL ANÁLISIS ....................................................................... 41 LA DÉCIMA TERCERA CLASE .......................................... 48 LA ADMISIÓN ...................................................................... 52 LA AMPLIACIÓN ................................................................. 58 LA VIGÉSIMA CLASE ......................................................... 62 LA SUSPENSIÓN................................................................. 69 LA CORRESPONDENCIA ................................................... 86 LA SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN) ................................. 92 LOS INFORMES................................................................. 114 LAS PRUEBAS .................................................................. 118 LA SENTENCIA ................................................................. 125 330

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LA CUADRAGÉSIMA CLASE ........................................... 138 EL RECURSO DE REVISIÓN ............................................ 149 LA CUADRAGÉSIMA QUINTA CLASE............................. 184 LA RECLAMACIÓN ........................................................... 193 LA ÚLTIMA CLASE ........................................................... 212 LA EJECUTORIA ............................................................... 230 EL EXAMEN ....................................................................... 295 EPÍLOGOS ......................................................................... 321 ÍNDICE................................................................................ 330

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